Contaminación por plaguicidas en el Río Salado: un estudio alerta sobre la fauna acuática en Santa Fe

Fecha de Publicación: 13/10/2025
Fuente: Portal AireDigital
Provincia/Región: Litoral Argentino


Especialistas advierten sobre los peligros de los agroquímicos en la fauna acuática y en la salud pública de Santa Fe y la región.
Un reciente estudio realizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet ha encendido las alarmas sobre la contaminación por plaguicidas en la fauna acuática de Santa Fe, revelando hallazgos preocupantes en los ecosistemas de la región.
El análisis de los sábalos en el río Salado, realizado como parte de esta investigación, mostró que el 100% de los ejemplares estudiados contenían residuos de agroquímicos, incluyendo glifosato, glufosinato y cipermetrina, en concentraciones que superan los límites internacionales establecidos para estos compuestos. En una entrevista en Aire con el doctor Rafael Lajmanovich, experto del Laboratorio de Ecotoxicología de la UNL, se abordaron las implicancias de estos resultados y las posibles consecuencias para los ecosistemas y la salud humana.
Lajmanovich explicó que este tipo de contaminación no es una novedad, sino una confirmación de un problema crónico derivado del uso intensivo de químicos en el modelo productivo de la región. "Estamos hablando de un modelo que lleva más de 30 años produciendo en base a químicos, y esos químicos están llegando a concentraciones peligrosas para los ecosistemas", afirmó. Según el especialista, lo que antes eran trazas de plaguicidas ahora se traduce en niveles de concentración que comienzan a ser alarmantes, tanto para los animales como para las personas.

La toxicidad crónica: un riesgo a largo plazo
El especialista detalló que los efectos de estos agroquímicos no son de toxicidad aguda, como podría ocurrir en un accidente, sino de toxicidad crónica, lo que significa que los animales y las personas expuestas a estos contaminantes durante años pueden sufrir consecuencias graves a largo plazo. "Estos productos actúan como disruptores endocrinos, inductores de tumores y otros efectos nocivos, que pueden incluso trasladarse a las generaciones siguientes", explicó. Los efectos, en muchos casos, no son inmediatamente visibles, pero sus implicancias a largo plazo podrían ser devastadoras.
Impacto en la salud humana: ¿un riesgo para los consumidores?
Uno de los puntos más preocupantes es el riesgo que representa el consumo de fauna acuática contaminada para las personas. El estudio sugiere que aquellos grupos vulnerables, como pescadores o comunidades que dependen del consumo de pescado como fuente principal de alimentación, son los más afectados. Lajmanovich indicó que, si bien los efectos sobre la salud humana por el contacto con el agua o la fauna acuática son difíciles de medir, el riesgo está principalmente en el consumo repetido de estos productos a lo largo del tiempo.
El estudio sugiere que aquellos grupos vulnerables, como pescadores o comunidades que dependen del consumo de pescado como fuente principal de alimentación, son los más afectados.
"El trabajo trata sobre el riesgo que representaría para los consumidores el consumo prolongado de estos animales contaminados. Los efectos no son inmediatos, pero la exposición continua a lo largo de la vida podría ser peligrosa", aseguró el experto.

Regulaciones y monitoreos: ¿está haciendo algo el Estado?
A pesar de los evidentes riesgos para la salud y el medio ambiente, Lajmanovich lamentó la falta de acción concreta por parte de los organismos estatales para abordar este problema. "Es esencial que los organismos estatales se encarguen de los monitoreos continuos, porque el trabajo de los científicos, aunque valioso, es limitado y depende de recursos que actualmente son escasos", destacó. En este sentido, el especialista subrayó la necesidad urgente de actualizar las regulaciones sobre el uso de plaguicidas y de implementar políticas públicas eficaces para mitigar esta contaminación.
"Las leyes que regulan el uso de estos agroquímicos en Santa Fe datan de 1996 y están claramente desactualizadas para enfrentar los problemas actuales. A pesar de los intentos por modificar estas normativas, hasta el momento no se ha logrado un cambio significativo", señaló Lajmanovich.
El problema en el Río Salado: concentraciones peligrosas
El estudio se centró en la región del río Salado, particularmente en áreas de las ciudades de San Justo, Esperanza, Santo Tomé y la desembocadura del río. Se detectaron niveles elevados de plaguicidas en los sedimentos, lo que refuerza la hipótesis de que los sábalos, al ser animales que se alimentan de los sedimentos del fondo del río, están expuestos a una mayor concentración de estos contaminantes. "El sedimento es crucial porque nos cuenta la historia del lugar, mientras que el agua solo refleja una foto del momento", explicó Lajmanovich.
El experto realizó un llamado a la acción. Es urgente que tanto los científicos como los organismos gubernamentales trabajen de manera coordinada para continuar con los estudios, actualizar las normativas y proteger la salud de los ecosistemas y de la población. "Es necesario que estos estudios sean públicos, para que la sociedad esté informada sobre los riesgos que enfrentamos. Si bien el trabajo de los científicos es fundamental, los recursos para continuar con estas investigaciones son cada vez más limitados", señaló.
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El ecocidio continúa de una manera silenciosa

Fecha de Publicación: 01/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


Un informe de la UNR alerta sobre el aumento de las quemas en los últimos tres meses y la falta de responsables. Hubo audiencia pública por el tema en el Concejo.
Desde principio de año ya se quemaron más de 30 mil hectáreas en la zona del humedal del Delta del Paraná. El dato se desprende de un informe realizado por el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se señala la existencia de condiciones climáticas como alta humedad y un nivel del río superior a años anteriores, que suponen “una barrera para la dispersión de los incendios”. Sin embargo, advierten sobre un aumento en los focos de incendio durante el último trimestre que da cuenta de una vinculación con la actividad humana. “Aún no pudimos resolver, a lo largo de los últimos cinco años, quien enciende el fuego”, cuestionó Matías De Bueno, secretario de Política Ambiental de la UNR. 
El tema se puso en debate en una audiencia pública en el Concejo, de la que participaron distintos actores y se reclamaron medidas de prevención sobre el humedal. Las organizaciones sociales remarcan que la situación nunca mermó y advierten que los incendios van a seguir ocurriendo. “Los factores siguen siendo los mismos”, sostuvo Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales.
El estudio arrojó que, desde principio de año, se registraron incendios sobre una superficie aproximada de 30.327 hectáreas, en los humedales que forman parte del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) del Delta del Paraná. Según el informe, el primer bimestre del año comenzó con una fuerte actividad ígnea que afectó unas 12.976 hectáreas, para luego descender notoriamente: durante los siguientes cuatro meses se registraron 2.618 hectáreas incendiadas. Sin embargo, a partir de julio los incendios retomaron y el cuarto bimestre del año finalizó con 10.929 hectáreas de humedal incendiadas. En septiembre, los incendios registrados encienden las alarmas: en apenas 25 días se detectaron 13.188 hectáreas arrasadas por fuego.
En el relevamiento también se señala que la altura del río Paraná es mejor a la de años atrás, aunque sin recuperar sus niveles promedios. Esas condiciones climáticas (mayor humedad, precipitaciones y nivel del río superior) suponen “una barrera para la dispersión de los incendios” en la zona. 
A pesar de eso, el aumento considerable del fuego durante los últimos tres meses “dejaría en evidencia que están vinculados a la actividad humana”. Además, la mejora hídrica favoreció el crecimiento de la vegetación y, en consecuencia, una mayor cantidad de material “potencialmente combustible” en la zona, lo que deja una alerta encendida para el resto del año.
Además de la cuestión ambiental, el informe también pone el foco en el debilitamiento de las políticas públicas orientadas a prevenir y controlar los incendios. Por ejemplo, la eliminación del fondo fiduciario que alimentaba de recursos al Sistema Nacional de manejo del fuego (SNMF). A eso se le suma la disminución en la asignación del presupuesto desde 2023, que se agrava con la subejecución de esa partida: en 2024 solo se ejecutó un 22% de lo asignado y, en lo que va del 2025, se ejecutó un 30,7%. Con ese trasfondo, desde el Centro de Estudios Territoriales entienden que, sin recursos, la estrategia de manejo del fuego queda reducida a una reacción tardía.
“La magnitud y recurrencia de los incendios en el Delta del Paraná evidencian que ninguna provincia, por sí sola, puede enfrentar de manera eficaz el problema. El carácter interjurisdiccional del humedal exige articular esfuerzos entre las provincias involucradas y el Estado nacional, bajo un esquema de cooperación técnica, financiera y operativa”, expresa el informe. “Solo a través de una gobernanza compartida, con presupuestos adecuados y mecanismos de gestión conjunta, será posible garantizar la protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen de estos humedales”, agrega.

¿Quién prende?
Para De Bueno, el informe da cuenta no solo de que la problemática de los incendios nunca cesó, sino que se va a seguir produciendo. “El ecocidio continúa silenciosamente y podemos prever que se van a seguir produciendo incendios. Este año se quemaron más de 30 mil hectáreas, que son doscientas veces el Parque Independencia”, lamentó en diálogo con Rosario/12. “Creemos que podemos tener, por lo menos hasta fin de año, unas 20 mil hectáreas más de incendios. Por eso entendemos que se debería elaborar un plan de trabajo entre los distintos actores, en vistas de resolver esa pregunta: ¿quién prende el fuego?”, añadió.
El dirigente consideró que la ausencia de responsables es una de las grandes deudas de los últimos años. “Aún no pudimos resolver ni quién prende el fuego, ni por qué. Ese es el mayor fracaso que nosotros vemos en la Justicia”, expresó y agregó: “Creemos que se deben destinar los recursos necesarios para poder llevar adelante las investigaciones, porque actualmente son muy escasos. Están trabajando las jurisdicciones locales, que no dan abasto. Y el poco interés del gobierno nacional en la política ambiental no colabora con esta situación”.
En ese marco, el referente ambiental de la UNR habló de “retrocesos”, más que de avances, desde la temporada de incendios iniciada en 2020. “Hubo un grave retroceso sobre todo desde la jurisdicción federal. Hay menos financiamiento para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En la Justicia, en lugar de tener mayores certezas, tenemos las absoluciones de la mayoría de los imputados dentro de los procesos federales, y pocos avances en los juzgados provinciales”, describió. “Nuestra propuesta concreta es que tenemos todavía tres meses por delante y podemos evitar que esto se siga profundizando”, completó.

Audiencia pública
Los resultados del informe se presentaron el pasado jueves, en una audiencia pública que puso el foco en el estado de las causas judiciales que investigan a los responsables de los incendios en las islas. La actividad fue impulsada por el concejal de Ciudad Futura, Julián Ferrero, que además preside la Comisión de Ecología en el Concejo. Uno de los convocados a exponer en la jornada fue el fiscal federal Claudio Kishimoto, con el fin de brindar los detalles de las causas en curso. Para el edil se trató de un “hecho histórico e inédito” para la ciudad.
“No es muy habitual que un fiscal acuda al Concejo para explicarle a la gente y la ciudadanía cuál es el estado de avance de las causas y mucho menos cuando se trata de causas que revisten esta complejidad, con tantos intereses en juego, e incluso problemas jurisdiccionales”, describió Ferrero a Rosario/12. 
“Fue una jornada para discutir en conjunto. Son pocas las veces en que podemos reunirnos todos los actores en un lugar, independientemente de nuestros pensamientos o trayectorias. Desde funcionarios, vecinales, la universidad, la militancia socioambiental y también los sectores ganaderos, que expresaron su posición sobre el tema”, añadió.
El concejal remarcó que la importancia de la jornada también radica en visualizar que los incendios continúan ocurriendo. “Las islas siguen siendo un territorio en disputa y los niveles de protección son muy bajos. Hoy en la isla casi que se puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando se respeten algunos parámetros. Es importante controlar lo que se puede hacer en un ecosistema que es vital para la región”, expresó.
“Hoy son tímidas las políticas públicas o acciones que implementa tanto el gobierno de Santa Fe como Entre Ríos. Siempre lo fueron. Cuesta ver un gobierno, independientemente de la fuerza política a cargo, que tenga voluntad de asignar recursos específicos a este tema. Y a nivel nacional el desfinanciamiento de políticas orientadas a la conservación de los ecosistemas es absoluto”.

Las organizaciones
En la audiencia se hicieron presentes distintas organizaciones ambientales, que desde años vienen monitoreando lo que sucede en las islas y peleando por la sanción de una ley que proteja los humedales del país. “La conclusión que sacamos es que los incendios se van a seguir repitiendo, es algo que nunca dejó de pasar. Los factores siguen siendo los mismos”, dijo Martínez a Rosario/12. 
“Hay una realidad que todos reconocen y es la ausencia de control estatal. Victoria detenta la jurisdicción de un enorme territorio sobre el que no garantiza el cumplimiento de la ley. Es un Estado que ni siquiera llega tarde, nunca llega”, cuestionó.
Para el integrante de la Multisectorial Humedales, uno de los principales aspectos sigue siendo la falta de presencia del Estado respecto al ordenamiento territorial, productivo y ambiental en la zona. “No se trabaja con drones, hay pocas lanchas. Vemos que no hay nunca una reacción rápida del Estado para que esto no suceda”, expresó y agregó: “Siempre se pone como excusa la falta de recursos. Podemos empezar por cobrarles multas a quienes hacen los terraplenes ilegales, porque si no tenemos un estado bobo que absorbe todas las pérdidas sin dar ninguna respuesta. Por eso, creemos que esto va a seguir sucediendo”.
Por último, el dirigente consideró que la sociedad sigue acompañando el reclamo ambiental y aseguró que la militancia ambiental en los últimos años deja aprendizajes: “El apoyo a la causa está vigente. Hoy todos sabemos lo que es un humedal y como sociedad fuimos aprendiendo mucho en el camino. A la gente le importa lo que está pasando y se supone que son los funcionarios quienes deben resolver esto. En ese tiempo las organizaciones hemos institucionalizado algunos procesos más locales y eso es positivo. A nivel nacional tenemos un gobierno que es negacionista en la materia y eso es una novedad. Por eso es importante mantener una militancia presente en estos temas”. 
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El dragado del Paraná ¿sin control?: el silencio ambiental detrás de la hidrovía más importante del país

Fecha de Publicación: 03/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Litoral Argentino


La reciente admisión del Estado argentino sobre la ausencia total de registros ambientales vinculados al dragado del Paraná expone un vacío institucional alarmante. Durante más de dos décadas, no se realizaron estudios de impacto ni procesos de consulta ciudadana sobre una de las obras de infraestructura más relevantes del país.
La Subsecretaría de Ambiente, antes Ministerio, reconoció ante la Justicia que no cuenta con antecedentes técnicos sobre el ensanchamiento ni sobre las modificaciones de traza en el río. Esta revelación surgió en el marco de una causa ambiental impulsada por organizaciones ciudadanas que buscan frenar el avance de un modelo extractivo sin controles.
El hecho de que no existan evaluaciones técnicas ni intervenciones estatales significa que el Paraná estuvo sometido a una explotación intensiva sin garantías de protección ambiental. Se trata de un río clave para la biodiversidad, la provisión de agua y la actividad económica de miles de comunidades ribereñas.
La situación es aún más grave si se considera que todo ocurrió en un escenario marcado por crisis hídricas y bajantes históricas. Las obras de dragado y redragado avanzaron sin análisis actualizado de sus impactos ecológicos y sociales, ni instancias de debate público.

Dragado del Paraná sin estudios, un riesgo colectivo
El caso emblemático es el del paso “Las Hermanas”, frente a Ramallo, donde las intervenciones se realizaron sin ningún tipo de monitoreo ambiental. Esto dejó expuestos humedales, especies migratorias y actividades productivas que dependen del equilibrio del río.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas también advirtió irregularidades en la licitación prevista para 2025, lo que obligó a posponer el proceso. Ese documento fue clave para que la Cámara Federal exigiera la entrega de información ambiental hasta ahora inexistente.
El problema no se limita a la falta de estudios. En paralelo, el desmantelamiento del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable eliminó uno de los pocos mecanismos de fiscalización independientes. Esa decisión dejó al Paraná sin monitoreo efectivo y sin garantías mínimas de cumplimiento de la legislación vigente.
La ausencia del Estado en la regulación de la hidrovía no solo compromete la biodiversidad del río, sino que también vulnera derechos humanos básicos, como el acceso al agua segura y la participación ciudadana en decisiones que afectan bienes comunes.

Hidrovía del Paraná: impactos y desafíos
La hidrovía del Paraná constituye el corredor fluvial más importante de Sudamérica. Por allí circula gran parte de las exportaciones de granos, minerales y combustibles, lo que la convierte en un eje estratégico para la economía nacional. Sin embargo, la presión sobre el ecosistema alcanzó niveles críticos.
El dragado constante modifica la profundidad y el curso del río, alterando los ciclos naturales de sedimentos. Esto impacta directamente sobre los humedales, fundamentales para la regulación climática y para la absorción de excesos de agua en períodos de crecidas.
Otro problema es la pérdida de hábitats para peces y aves migratorias, que dependen del río y sus márgenes para alimentarse y reproducirse. La reducción de estas poblaciones amenaza tanto la biodiversidad regional como la seguridad alimentaria de comunidades que dependen de la pesca artesanal.

Otros factores que se deben tener en cuenta
A ello se suma la erosión de las costas y el avance de especies invasoras, favorecidas por los cambios artificiales en el flujo de agua. El visón americano y el caracol dorado son ejemplos de cómo la alteración de los equilibrios naturales facilita la proliferación de especies que desplazan a las nativas.
La hidrovía también plantea un dilema social y económico: si bien impulsa el comercio exterior, sus costos ambientales recaen sobre poblaciones locales que ven reducida la calidad de su agua, su seguridad frente a inundaciones y sus posibilidades productivas sostenibles.
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Se registraron nuevos incendios en las islas del Paraná e investigan si fueron intencionales

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Litoral Argentino


Los bomberos trabajaron por sofocar una decena de focos ígneos. También se identificaron llamas en algunos puntos de los ingresos a Rosario 
Los incendios volvieron a afectar este martes a las islas del Delta del Paraná ubicadas frente a la ciudad de Rosario. Las autoridades investigan si se trató de una maniobra intencional, al igual que los distintos focos ígneos detectados dentro de la ciudad, sobre todo en los accesos y cercanías a la avenida Circunvalación. 
De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el secretario de Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, indicó que se detectaron decenas de focos ígneos en las islas entrerrianas, en especial en áreas próximas a la ruta 174 que une la ciudad con Victoria. El funcionario relató que el monitoreo realizado señaló la aparición de puntos críticos desde el pasado domingo hasta este martes, frente a localidades como San Lorenzo, Granadero Baigorria y Rosario, incluso muy próximos al puente Rosario-Victoria y en el área de Pueblo Esther.
De Bueno remarcó que la recurrencia, ubicación y características de los focos demuestra que no fueron incendios accidentales. “Es imposible que sean espontáneos, hay un responsable”, aseguró y describió que todas las evidencias apuntan a maniobras provocadas con el objetivo de quemar pastizales y residuos en zonas de difícil acceso para el control y monitoreo.
En las inmediaciones de la propia ciudad, la problemática se reiteró a lo largo de la Circunvalación, con al menos cinco focos registrados entre el acceso sur y la intersección de la traza con calle Conscripto Bernardi, poco después del arroyo Saladillo. En esos puntos, los automovilistas que circulaban por la avenida advirtieron sobre la presencia de un humo denso que obstruía la visibilidad y presentaba riesgos para el tránsito vehicular.
El bombero Juan José Roger precisó a la prensa local que uno de los focos más grandes se produjo en la Avenida del Rosario y Belgrano, en otro de los accesos principales a la ciudad y próximo a la Circunvalación. Roger advirtió que la combinación de temperaturas elevadas y el uso recurrente de predios abiertos como vertederos no oficiales incrementa la frecuencia e intensidad de los incendios. Por esta razón, pidió a la población abstenerse de arrojar residuos y colaborar con las tareas preventivas para frenar este tipo de episodios.
Por su parte, el coordinador de Protección Civil de Santa Fe, Aníbal Gómez, aportó: “Estamos en monitoreo constante junto a Entre Ríos, Buenos Aires y la Agencia Federal de Emergencias. Si los focos avanzan y el humo afecta más a la ciudad, se iniciarán de inmediato los trabajos de extinción”.
El último registro de este tipo de siniestros se generó el pasado 10 de julio. Desde la costa local de Rosario y Granadero Baigorria, se observaron con nitidez enormes columnas de humo gris elevándose desde el humedal entrerriano. De acuerdo con la información suministrada por Pablo Aceñolaza, director de Áreas Protegidas de Entre Ríos, en esa oportunidad, se identificaron cinco focos activos en distintos sectores del Delta frente a Rosario. Tres de estos ocurrieron en la zona sur de la traza, a una distancia de 7 y 8 kilómetros del margen del río Paraná, mientras que los otros dos afectaron áreas más septentrionales, uno a 5 kilómetros y el restante a unos 19 kilómetros, adentrado en el territorio de las islas.
Las imágenes satelitales confirmaron la magnitud del incidente y permitieron precisar la localización exacta de los puntos con mayor actividad ígnea. Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, explicó que al menos tres focos importantes fueron detectados gracias a la tecnología satelital y que trabajaron en conjunto con la coordinación con organismos de Defensa Civil y Medio Ambiente de Entre Ríos. 
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Advierten que los humedales son indispensables para filtrar la contaminación del Paraná

Fecha de Publicación: 08/08/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


El sistema depura los contaminantes derivados de las actividades humanas. Pero su capacidad no es infinita, es más eficiente y barato conservarlo que repararlo después
La contaminación es hoy uno de los grandes problemas ecológicos del planeta y la cuenca del río Paraná no está exento: recibe todos los efluentes cloacales de las ciudades asentadas sobre sus orillas, residuos químicos de la industria y del sector agropecuario que afectan la calidad de sus aguas. Ante esto, la naturaleza tiene una solución que funciona sin costo: el macrosistema de humedales del corredor fluvial Paraná que actúa como un filtro natural para retener y depurar las partículas contaminantes.
Así lo advierte un trabajo de la Fundación Humedales/ Wetlands International denominado "Riñones del planeta. Humedales: los depuradores naturales del agua" presentado esta semana.
“El Paraná, con su caudal promedio de16 mil metros cúbicos por segundo, tiene un alto potencial de dilución, y los humedales de su llanura de inundación fluvial suman numerosos procesos fisicoquímicos que contribuyen a la depuración de los contaminantes del agua. Pero ese potencial no es infinito y los niveles de contaminación en algunas de sus cuencas asociadas son altamente alarmantes”, advirtió Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/ Wetlands International.

Humedales, “riñones” de la naturaleza
Los humedales tienen una capacidad natural para depurar el agua a través de procesos físicos, químicos y biológicos que facilitan la retención, transformación y eliminación de contaminantes y exceso de nutrientes: por eso, el delta del Paraná actúa como filtro o “riñón” natural del agua de la Cuenca del Plata, la segunda más grande de Sudamérica.
Según Jezabel Primost, doctora en Ciencias Exactas y autora del trabajo, dentro del bello paisaje de los humedales del Paraná “ocurren procesos poco valorados que mejoran la vida humana como la depuración natural del agua. Estos ecosistemas son filtros vivos, máquinas naturales que procesan sustancias continuamente de manera gratuita y perfecta. Para hacerlo, deben estar en buen estado”.
Gastón Fulquet, coordinador regional del programa Corredor Azul de Fundación Humedales/Wetlands International, destacó que “conservar la conectividad entre el río y sus humedales asociados es fundamental para la salud ecosistémica y también para la salud de las personas, que usamos y disponemos de esas aguas”.
“Así como los bosques son considerados los pulmones del planeta, los humedales son los riñones, órganos a los que sólo les prestamos atención cuando empiezan a fallar”, detalló Boscarol.

Contaminantes en el Paraná
La contaminación es un problema global que escaló a niveles preocupantes. Los casi 30 millones de personas que habitan en torno a la Cuenca del Plata en Brasil, Paraguay y Argentina dependen de esa agua para consumo humano y usos productivos.
Sin embargo, las principales ciudades costeras del Paraná no cuentan con plantas de tratamiento de efluentes cloacales y en la mayoría de los casos las vuelcan al río después de un simple filtrado. Los agroquímicos utilizados en el campo, los residuos industriales e hidrocarburos, así como los plásticos y microplásticos también terminan en el río. Además las cenizas de los incendios en las Islas y sus humedales, además de contaminar el aire dejan la materia orgánica convertida en cenizas que se suman a los contaminantes que recibe el agua.
Una publicación reciente de Rafael Lajmanovich, científico del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, demostró que la cuenca del arroyo entrerriano Las Conchas, afluente del Paraná, aloja niveles críticos de contaminación por vertidos de contaminantes agroindustriales. “La concentración más alta de glifosato en América del Sur se detectó en los sedimentos de este arroyo, lo que destaca las graves consecuencias ambientales de la escorrentía agrícola en la región”, dice la investigación.
La aparición frecuente de algas con cianobacterias en la cuenca es otro ejemplo de contaminación, más evidente en períodos de déficit hídrico: “Cuando las bajantes coinciden con altas temperaturas y con el exceso de materia orgánica que les sirve de nutrientes, se producen floraciones de cianobacterias, reconocibles por la proliferación de algas verde esmeralda, que son neurotóxicas y altamente nocivas para la salud, detalló Fulquet.

Una solución basada en la naturaleza
La depuración natural del agua que ocurre en los humedales es una función de la naturaleza que contribuye al bienestar humano. Pero esta capacidad no es infinita y su buen funcionamiento depende del estado de conservación y capacidad de resiliencia frente a acciones humanas.
El costo de dañar esa función natural y reemplazarla con procedimientos artificiales es elevado ya que las plantas de depuración usan procesos de decantación y/o filtración, y agregan químicos para su potabilización. “El esfuerzo y costo de la depuración artificial es proporcional a la calidad del agua que ingresa a la toma. Los humedales contribuyen a que estos costos sean menores”, argumentó Boscarol.
El trabajo de la Fundación Humedales/Wetlands International contribuye a un mejor conocimiento y conservación de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales. “Es una herramienta con base científica y lenguaje accesible que invita a una reflexión sobre el papel fundamental que cumplen los humedales”, concluyó la autora.
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La nutria gigante vuelve a nadar en Argentina tras más de 40 años extinta 

Fecha de Publicación: 03/07/2025
Fuente: Agencia EFE Verde
Provincia/Región: Litoral Argentino


Nima, una nutria gigante (Pteronura brasiliensis) nacida en el Zoo Aquarium de Madrid en 2020 encabeza el primer grupo familiar de esta especie reintroducida en el Gran Parque Iberá (Argentina), tras más de cuatro décadas de extinción en el país y gracias a un proyecto
Su reintroducción junto con su pareja Coco y dos crias marca un avance sin precedentes en la restauración ecológica del humedal argentino y pone en valor la cooperación entre instituciones in situ y ex situ, informó el zoológico madrileño en un comunicado.
La acción ha sido liderada por la Fundación Rewilding Argentina con el respaldo de zoológicos europeos, como parte del Programa Europeo de Conservación de la Nutria Gigante (EEP), coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).
Desde su traslado en enero de 2023, Nima y Coco vivieron en un recinto de presuelta del Parque Nacional Iberá, donde aprendieron comportamientos naturales esenciales como la pesca y el cuidado parental. Su adaptación culminó con la liberación definitiva, tras más de dos años de preparación.

Una candidata perfecta nacida en Madrid
“Nima tenía un carácter tímido y no muy sociable con los humanos, lo cual para el proyecto de reintroducción hacía de ella una candidata perfecta”, explica Eva Martínez, veterinaria del Zoo de Madrid. “Este es uno de los finales más felices que perseguimos en los zoológicos: lograr que una especie amenazada vuelva a la naturaleza”.
La última vez que se avistó un grupo familiar de nutrias gigantes en Argentina fue en 1986. Según Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina, su retorno es clave para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos: “La nutria gigante es el principal depredador de estos humedales, y su dieta piscívora contribuye al mantenimiento saludable de los sistemas hídricos”.
El proyecto de reintroducción se inició en 2017 y ha requerido una planificación meticulosa. Incluyó la búsqueda de parejas reproductoras, el diseño de protocolos sanitarios, el acondicionamiento de recintos y el desarrollo de un arnés especial para el seguimiento post-liberación.

Genética diversa y hábitat restaurado
“La clave de un proyecto de este tipo no está solo en criar, sino en asegurar líneas genéticas variadas y ejemplares saludables”, subraya María Delclaux, responsable de conservación del Zoo de Madrid. La especie está clasificada como En Peligro por la UICN, y su declive se debe principalmente a la pérdida y degradación de hábitat.
Recuperar ese hábitat ha sido una de las prioridades de Rewilding Argentina, que desde 2010 lidera proyectos de restauración ecológica a gran escala. En Iberá, más de 158.000 hectáreas han sido donadas por la fundación para garantizar el entorno necesario para especies emblemáticas como el yaguareté, el oso hormiguero y ahora, la nutria gigante.
La reintroducción de Nima es un símbolo de esta restauración y del esfuerzo conjunto entre organizaciones, gobiernos y comunidades locales. Su historia representa la posibilidad de revertir extinciones locales mediante acciones concretas y cooperación internacional.

Participación global para una especie amenazada
El regreso de la nutria gigante a Argentina no habría sido posible sin la colaboración entre la Administración de Parques Nacionales, el gobierno de Corrientes, Rewilding Argentina, Projeto Ariranha de Brasil y los zoológicos miembros de EAZA.
Entre los participantes en esta primera reintroducción se encuentran el Zoo de Givskud (Dinamarca), el Zoo de Budapest (Hungría), el Zoo de Eskilstuna (Suecia), Doué La Fontaine (Francia), Zoo de Halle (Alemania) y Los Ángeles Zoo (EE. UU.), entre otros. Actualmente, EAZA mantiene una población de 104 nutrias gigantes en 29 instituciones europeas.
Además, ya se planea la futura incorporación de Tama, hermana de Nima, nacida también en Madrid. El objetivo es formar nuevos grupos familiares y continuar con el proceso de recuperación de esta especie emblemática de los humedales sudamericanos.

El Gran Parque Iberá: un santuario para la fauna silvestre
El Gran Parque Iberá, con más de 700.000 hectáreas protegidas, se ha convertido en el epicentro del rewilding en América Latina. Allí se han reintroducido especies como el pecarí, el ocelote, el venado de las pampas y el emblemático yaguareté.
Desde 2007, el proyecto ha integrado conservación activa y desarrollo local, incluyendo a las comunidades en actividades de ecoturismo, educación ambiental y monitoreo científico.
Para saber más

Datos clave sobre la nutria gigante
- Nombre científico: Pteronura brasiliensis
- Clasificación UICN: En Peligro (EN)
- Longitud/Peso: Hasta 1,8 metros / 25–35 kg
- Población estimada: 6.560 individuos en Sudamérica
- Presente en: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Guayana Francesa, Paraguay
- Extinta en Argentina: Desde la década de 1980
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El peligro acecha en el río Paraná: confirmaron los niveles de glifosato más altos de Sudamérica en uno de sus afluentes

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


El registro científico de la contaminación de los cursos de agua de Entre Ríos que desembocan en el Paraná se presentó en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental
Encontrar en uno de los arroyos que desembocan en el río más importante de Argentina la concentración con glifosato más alta de Sudamérica, debería encender alguna alarma que derive en acciones urgentes. Por esa razón, el grupo de científicos que realizó éste y otros descubrimientos preocupantes en relación a la contaminación extrema de los cursos de agua que confluyen en el río Paraná, fueron divulgados recientemente en una revista científica y en un foro internacional de salud socioambiental.
Tal como lo vienen haciendo desde hace años, el biólogo Rafael Lajmanovich junto a un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali), realizaron nuevos estudios que confirmaron la contaminación extrema de cuatro cursos de agua ubicados en Entre Ríos y que desembocan en el río Paraná.
Las conclusiones que fueron recientemente publicadas en la revista científica Water Environment Research, se presentaron ante el auditorio del VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en Rosario, bajo la consigna “El rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria”.

Reconocimiento
La investigación fue aceptada previamente por un comité de expertos, para ser publicada en la prestigiosa revista de divulgación científica como el “paper” titulado “Impacto ecotoxicológico de la agroindustria en los arroyos de una cuenca sudamericana: renacuajos anfibios como indicadores de salud ambiental”.
El propósito del trabajo de investigación fue “evaluar la contaminación compleja causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en cuatro arroyos de Entre Ríos, Argentina (Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas), siendo el primero la principal fuente de agua de la reserva de conservación riparia (ribereña) subtropical Parque Escolar Rural Enrique Berduc ”.

Agroquímicos y medicamentos
En el paper se demostró que “las industrias agrícolas contribuyen a la contaminación del agua, liberando agroquímicos, materia orgánica, nutrientes y medicamentos veterinarios”.
El estudio tuvo como objetivo “evaluar la calidad del agua y los efectos ecotoxicológicos de un arroyo que recibe efluentes agroindustriales de la producción lechera a escala industrial y la escorrentía pluvial de las actividades agrícolas”.
Abordó además un análisis integral de parámetros fisicoquímicos, metales, pesticidas, medicamentos veterinarios y aspectos microbiológicos en tres sitios de muestreo ubicados aguas arriba, cerca de una descarga de drenaje lechero y también aguas abajo. Se evaluaron bioensayos de ecotoxicidad crónica letal y biomarcadores en larvas de Rhinella arenarum.
La exposición de Lajmanovich en el congreso de salud sociambiental, contó con la presentación de imágenes actuales e impactantes de grandes cañerías volcando efluentes en los arroyos de la cuenca del Paraná, así como de fauna con malformaciones.

Arroyos peligrosos
Concretamente en los arroyos Las Tunas y Crespo en Entre Ríos “se documentaron condiciones de extrema toxicidad: cocteles de agrotóxicos, coloración negra, olor pútrido, oxígeno disuelto por debajo de niveles críticos y niveles de Escherichia coli miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática. En bioensayos, el 100% de los renacuajos expuestos murieron tras 24 horas”, de acuerdo a lo explicado por Lajmanovich.Lajmanovich resaltó que “este estudio está dedicado a Daniel Verzeñassi, activista ambiental y miembro del Foro Ecologista de Paraná, por su labor social y sus esfuerzos para detener el uso de pesticidas agrícolas en alimentos y seres humanos” .
El equipo de investigadores estuvo conformado por Ana Cuzziol Boccioni, Rafael Lajmanovich, María Rosa Repetti, Andrés Attademo, Cristina Zalazar, Agustina Manassero, Karen Russell-White, María Lancelle, Ayelén Muchiutti, Evelina J. León y Paola Peltzer. Los científicos integran distintas cátedras y laboratorios del Conicet, la UNL, el Inta, y el Inali. El grupo de científicos reunió diferentes disciplinas como la química, la biología y la microbiología, entre otras.
“Tuvimos el objetivo de estudiar en profundidad un fenómeno que veníamos ya dilucidando hace muchos años, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que es la contaminación de los cursos de agua, sobre todo los arroyos, que desaguan en el río Paraná”, indicó el biólogo.

De larga data
De acuerdo a lo manifestado por el investigador la contaminación se registra desde hace muchos años. “Desde 2008 teníamos antecedentes de estudios en el arroyo Las Tunas; ya para esa época, estaba muy contaminado. Tuvimos unos antecedentes recientes en el arroyo Salto (cerca de Diamante), que también tenía altísimo grado de contaminación y alta cantidad de residuos de pesticidas”.
Agregó que “después realizamos estudios en el arroyo Los Troncos de Santa Fe, que como todos, vuelca en el Paraná. Ahí también detectamos gran contaminación y mortandad de fauna. Y tomando en cuenta lo que había ocurrido este verano con los volcados clandestinos y varios fenómenos de volcados en distintos cursos de agua que terminaban en el arroyo Espinillo y luego en el arroyo Las Conchas, decidimos estudiar toda la cuenca del arroyo Las Conchas; unas 200 mil hectáreas”. 
El biólogo apuntó que los resultados “fueron alarmantes. Con unos niveles de toxicidad extremadamente altos, en especial se destaca el arroyo Las Tunas, donde se encuentran los mayores cocteles contaminantes, agroquímicos y una gran contaminación bacteriana. Es un proceso de contaminación de muchos años. En los otros sitios parecería ser algo más reciente, pero está impactando gravemente”.

Siempre el glifosato
Destacó que “todo está inmerso en un sistema productivo con acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Y eso encontramos en el arroyo Las Conchas, donde confluyen estos arroyos. El sedimento del arroyo Las Conchas presentó la mayor concentración de glifosato registrada en Sudamérica (5002 µg/kg) y los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en los tratamientos sin diluir".
“Estos hallazgos resaltan la alarmante degradación ambiental que amenaza el concepto ‘Una sola salud’, enfatizando la necesidad de prácticas sustentables y un control severo por parte de la ciencia y el gobierno para proteger y restaurar ecológicamente las fuentes de agua dulce”.

Conclusiones
“Se encontró mala calidad del agua cerca de los puntos de descarga industrial, caracterizada por niveles elevados de amonio, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y altas concentraciones de metales que excedían las pautas ambientales”, explicó el resumen de la investigación.
También advirtió que “en todos los sitios, se detectaron aspectos microbianos, coliformes totales y coliformes fecales, junto con detergentes, residuos de pesticidas e ivermectina en altas concentraciones, que exhibieron perfiles diversos. Los bioensayos de toxicidad crónica mostraron mortalidad en larvas de anfibios”.
Finalmente el estudio puso énfasis en “la urgente necesidad de mejorar la gestión y la normativa de efluentes en la región para proteger las fuentes de agua dulce y subterránea, la fauna acuática y la salud humana”.
Ahora resta esperar para ver quién recoge el guante de esta realidad que hace tiempo viene siendo denunciada desde diferentes sectores ambientalistas y que la ciencia avaló con sus estudios.
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Fiscal federal solicitó a Prefectura muestras periódicas del río Uruguay

Fecha de Publicación: 28/05/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La fiscal federal Josefina Minatta inició de oficio una investigación sobre el proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a Colón.
Muestras del río Uruguay. La fiscal federal Josefina Minatta, con jurisdicción en Concepción del Uruguay, inició de oficio una investigación vinculada al proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre la ribera oriental del río Uruguay y frente a la ciudad entrerriana de Colón. La iniciativa empresarial generó preocupación en ambas márgenes del río ante el hermetismo de las autoridades y la posible afectación al ambiente.
“En Botnia, nos dijeron en La Haya que no habíamos podido comprobar la contaminación y en realidad no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para comparar. Por eso ahora es importante para mí hacer un monitoreo del estado del río y del ambiente en general para tener registro y ante un eventual conflicto más severo contar con elementos”, explicó Minatta al medio El Entre Ríos, sobre los fundamentos de su actuación preliminar.
En este sentido, la Fiscalía solicitó información a organismos ambientales nacionales y provinciales. “Hicimos un pedido de informes a las Secretarías de Ambiente de Provincia y de Nación, quienes no tenían ninguna información al respecto”, remarcó la fiscal, en referencia a la falta de documentación formal sobre el emprendimiento del lado uruguayo.

Muestras independientes y testimonios de vecinos: primeras medidas en marcha
Con el objetivo de obtener datos independientes que permitan monitorear la situación ambiental antes de que se avance con el emprendimiento, Minatta ordenó una serie de medidas. “Le encomendamos a Prefectura la realización de muestras periódicas del río. Más allá de que la CARU va recogiendo muestras, queríamos tener una fuente independiente”, subrayó.
Al mismo tiempo, el equipo de la fiscalía comenzó a tomar declaraciones testimoniales de los vecinos de Colón, una de las localidades argentinas potencialmente más expuestas a los efectos de una eventual contaminación del río. Las medidas forman parte de una estrategia preventiva que busca sentar antecedentes y evitar que se repita lo ocurrido durante el conflicto por la pastera Botnia.
No obstante, la mayor dificultad hasta el momento es la falta de información oficial sobre el proyecto. “La empresa todavía no presentó los papeles ante el organismo uruguayo pertinente, por lo que no contamos con estudios de impacto ambiental para evaluar cuál sería el perjuicio. Cuando los presenten, vamos a activar todos los mecanismos para que cancillería pueda solicitarlos”, indicó Minatta.

Posibles delitos y consecuencias legales: la fiscal no descarta imputaciones
La fiscal federal explicó que, una vez que se disponga de información técnica concreta, se podrá avanzar en la evaluación de responsabilidades. Asesorada por especialistas en derecho ambiental y ecología, Minatta identificó riesgos que podrían derivarse del funcionamiento de la planta. “Se va a tomar una cierta cantidad que podría ser perjudicial para el río y a la vez habrá una devolución de material tratado que podría ser contaminante”, advirtió.
En ese contexto, anticipó que podrían configurarse delitos ambientales en caso de comprobarse perjuicios al ecosistema del río Uruguay. Los delitos que se evalúan en forma preliminar incluyen “alguna violación a la Ley de Residuos Peligrosos o daño sobre el río”, figuras previstas en el Código Penal y en legislación ambiental argentina.
Asimismo, Minatta no descartó que haya funcionarios argentinos que “podrían ser imputados” en el caso de que se determine “algún incumplimiento de sus funciones”, por omitir acciones de control o gestión en defensa del medioambiente.
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Secar el humedal

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


En los últimos días se conoció la información de que el gobierno nacional cedió tres fracciones de tierra a la vera del corredor vial que une Rosario con Victoria (ruta nacional 174). El convenio firmado entre Vialidad Nacional y entidades agropecuarias definió otorgar dos parcelas para la Sociedad Rural de Victoria y una para la Comunidad Islera Asociación Civil a los efectos del montaje de un sistema de mangas y corrales para el embarque y desembarque de hacienda en pie en la zona de islas. Hasta ahora, el municipio de Victoria, centralizaba estas operaciones y cobraba un canon por dicha tarea. A partir de esta resolución, serán los propios privados los encargados de realizar esta logística de ingreso / egreso, gestión en la que fue clave el papel del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que jugó activamente en favor de estos sectores de fuerte peso en el negocio ganadero.
La noticia encierra una aguda disputa que se viene dando desde hace tiempo por las tierras que conforman el Delta del Paraná. De hecho, diversas organizaciones socio-ambientales vienen denunciando una acelerada transformación de estos territorios, que en muchos casos tiene que ver con las consecuencias del dragado sin control que se ha realizado en el cauce del río Paraná, y las prolongadas bajantes que, producto de los efectos del cambio climático, han venido agudizándose en los últimos años, poniendo en riesgo unos de los reservorios de biodiversidad más importantes de Argentina: los humedales del Delta del Paraná.
El Delta del Paraná es un extenso territorio de 17.000km2, con una inmensa biodiversidad que conjuga una multiplicidad de paisajes con una comunidad islera que ha desarrollado allí históricamente modos de vida respetuosos con el medio.
Es sabido también que la ganadería no es un fenómeno nuevo en las islas. Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento de la actividad ha ido impactando de un modo más notorio en el ambiente de las mismas. De hecho, algunos estudios indican que en 2007 llegaron a haber más de 1,5 millones de cabezas de ganado y que luego de la gran inundación de ese año, la cifra se redujo sensiblemente. En esa ocasión, la imposibilidad de efectuar un retiro rápido del ganado le terminó costando la vida a miles de animales y más de un productor se replanteó la posibilidad de seguir trasladando animales a territorios inestables como son las planicies inundables que conforman las áreas de humedales, a pesar de las facilidades de acceso que permitió la construcción de la conexión vial entre Rosario - Victoria a áreas que antes eran prácticamente inaccesibles.
El fenómeno obedece a causas estructurales que tienen que ver con un modelo productivo centrado en la producción de materias primas con eje en la producción de soja (que beneficia centralmente a los grandes terratenientes y a las multinacionales que tienen hoy control del comercio exterior), que producto del corrimiento de la frontera agrícola ha ido desplazando a áreas más periféricas actividades como la ganadería, que en muchos casos ha tenido que refugiarse en zonas en donde los costos de la tierra son menores y las condiciones de las pasturas pueden resultar convenientes para este tipo de actividad.
En un informe que realizáramos en el año 2022 en el medio de una de las crisis ambientales más profundas de los últimos años generadas por las quemas en las islas, constatábamos solo del registro visual de la foto satelital la existencia de más de 365 establecimientos dedicados a la actividad ganadera, lo que indicaba un repunte de este tipo de actividad productiva. Los períodos prolongados de sequía, las bajantes del río Paraná y sobre todo los taponamientos de las principales bocas que alimentan de agua al humedal que se han ido obstruyendo producto de la acumulación de los sedimentos arrojados en las tareas de dragado, vienen transformando aceleradamente las condiciones de este territorio y han despertado nuevamente el interés de grandes terratenientes y productores que ven en esto una nueva oportunidad para ampliar sus negocios. Además, se sabe que una parte importante de estos territorios son tierras fiscales, que en muchos casos han sido usurpados de forma ilegal sin que el Estado tomara acciones para evitarlo, ni que se hagan públicos los datos catastrales que permitirían además verificar responsabilidades en caso de incendios, como los producidos en el año 2020.
En el registro de movimientos de la Draga “Pinta” perteneciente a la empresa belga Jan de Nul, que tiene aún la concesión de las tareas de dragado del canal de navegación principal de nuestro río Paraná, puede observarse con claridad el tipo de maniobra que se realiza para arrojar el material removido sobre la costa de las islas, y lo que posteriormente por el propio escurrimiento de las aguas, se va desplazando y acumulando en las bocas de los riachos y arroyos interiores. El municipio de Victoria junto a un sinnúmero de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, pescadores, actividades turísticas, han solicitado en varias oportunidades al gobierno de Entre Ríos que gestione la remoción de los sedimentos en las bocas de acceso a los riachos que se depositan por el refulado de arena del canal principal.
En momentos de bajante del río Paraná, hay sólo tres bocas que alimentan el humedal de Victoria: la Boca de la Azotea, la Boca del Bobo (arroyo Careaga) y las Cuatro Bocas (Boya 500 – Paranasito), ubicadas entre Puerto San Martín y Diamante. Estas entradas son fundamentales para mantener el flujo de agua dulce hacia el humedal y, en consecuencia, asegurar el bienestar del ecosistema y las comunidades costeras.
Sería lógico preguntarse, por qué el gobernador Frigerio que con toda premura y en un verdadero trámite express logró que el gobierno nacional le cediera las tierras necesarias para facilitar nuevos accesos desde la ruta en beneficio de la actividad ganadera, y que además ha estado sumamente activo en apoyo al proceso de licitación que el gobierno de Milei ha planteado para reprivatizar, entregar a manos extranjeras y profundizar el dragado del canal de navegación principal del río Paraná (en el que además pidió se incluya al Paraná Guazú – Bravo – Talavera como parte principal de la Vía Navegable Tronca), sigue haciendo oídos sordos a los reiterados reclamos respecto del dragado de las bocas que garantizan el agua en el humedal.
¿Es una acción deliberada para agudizar la situación de crisis hídrica que presenta desde hace años gran parte de humedal con el objetivo de lograr que una parte significativa de ese 1,7 millón de hectáreas puedan utilizarse con fines productivos?
Es sabido que la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos cuenta con las dragas para poder hacerlo. Sucede en este sentido, algo similar a lo que reiteradamente se ha denunciado en relación a las dragas de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que desde hace años se encuentran en estado de total abandono, para justificar luego que es necesario que las tareas de dragado sean realizadas por empresas extrajeras.
Es sabido, que renombrados terratenientes de la zona, han venido comprando tierras en los últimos años, a precios exiguos por tratarse de zonas inundables. ¿El gobierno de la provincia estará al tanto que su inacción puede terminar multiplicando el valor de esas tierras si su puesta en producción se asegura por la ausencia de anegamientos?. ¿Querrá garantizar un negocio en beneficio de unos pocos a un costo ambiental incalculable?
¿El gobernador sabrá que el recurso ictícola, que es sostén de muchas familias isleras, está en serio riesgo? ¿Conocerá que especies como el dorado, la boga y el surubí, precisan de este tipo de lugares para garantizar el desove y la reproducción de las especies?
No es la primera vez que intereses privados buscan apropiarse de estos territorios para transformarlos y dotarlos de condiciones similares a la existente en nuestra pampa húmeda: modificar las condiciones naturales para asegurar la expansión de la ganadería e incluso de la agricultura extensiva.
Es un proceso que algunos estudios definen como de “pampeanización”, cuyo ejemplo más burdo fue el llevado adelante hace algunos años por la multinacional holandesa Bema Agri, que durante 10 años alteró unas 10.000 hectáreas en la zona de islas frente a Villa Constitución, construyó 19km de terraplenes para secar un perímetro en donde incluso llevó maquinaria para poder sembrar soja y maíz. Finalmente la justicia le impidió continuar por infringir la protección de un área natural y las ordenanzas y leyes provinciales.
Tengamos en cuenta además, que gran parte del descontrol de los incendios que tanto afectaron a nuestra zona en los últimos años, también tiene que ver con este fenómeno: los endicamientos, el descenso del nivel de agua, hace que muchos riachos y cursos de agua menores que actuaban de “cortafuegos naturales” hayan desaparecido. Por lo tanto, los riesgos de que los focos de incendio se expandan rápidamente es mucho mayor, y las consecuencias ya las conocemos.
La intención del gobierno nacional de avanzar con la profundización del dragado del canal de navegación troncal del río Paraná, al que intentó llevar a 44 pies antes de que se frustrara el escandaloso proceso de licitación (aunque ya se sabe que volverá a intentarlo en los próximos meses), agudizará las condiciones críticas en las que ya se encuentra actualmente el humedal. Recordemos que este intento de privatización y entrega del río Paraná fue recientemente denunciado por más de 180 organizaciones que formaron parte de la épica “Remada Contracorriente” que recorrió 1.200 km en defensa del agua, la vida y la soberanía en el mes de marzo del presente año.
Solo comparar una imagen satelital actual con la de algunas décadas atrás, nos permite tomar dimensión de la dramática reducción de las superficies en las que antes había agua y ahora crecen pasturas propias de nuestra pampa que el propio ganado ha ido trasladando hacia este territorio en el que otrora reinaban los juncos y camalotes.
Para los 40.000 habitantes de la ciudad de Victoria, el acceso al agua resulta vital. Sin embargo, como ya pudo verificarse en momentos de bajantes del nivel del río, se ha estado cada vez más al límite en la posibilidad de asegurar la provisión de agua. Sucede que la Laguna Grande, que cada vez es más chica, es la que se comunica con el Riacho Victoria en donde se encuentra la toma de agua de la ciudad.
La situación es cada vez más urgente, y si las tareas de profundización del dragado del río Paraná con el que pretende avanzar el gobierno nacional de Milei en beneficio de las agroexportadoras se hace efectiva, y siguen sin tomarse las medidas necesarias para desobstruir las bocas de acceso que garantizan niveles de irrigación adecuados para el humedal, no solo se estará poniendo en riesgo la diversidad de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, sino que, como ya se vio en anteriores bajantes, se pondrá en riesgo la garantía de acceso a un elemento vital como el agua para la vida y se hará cada vez más crítica la situación de sectores como el de la pesca artesanal, la agricultura familiar y la apicultura, que ya están al borde del colapso.
Continuar la pelea en defensa del agua, la vida y la soberanía es la única posibilidad para dar vuelta esta situación. Está en nuestras manos lograr que la victoria sea colectiva y en beneficio de todos.

Por Pablo Payró  - Arquitecto, docente de Diseño del Paisaje y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná
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De patos a liebres: el Litoral, un terreno liberado para la caza indiscriminada

Fecha de Publicación: 13/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Litoral Argentino


El gobierno de Pullaro habilitó la matanza de especies Picazo, Sirirí Pampa y Colorado. Antes había hecho lo propio Entre Ríos. Denuncian una "caja negra" con los cotos hechos por extranjeros.
A pesar de la acumulación de denuncias de asociaciones ambientalistas y animalistas, la temporada de caza en el Litoral está a pleno. A las irregularidades detectadas en la liberación reciente de estas prácticas en Entre Ríos, se sumó una nueva demanda en Santa Fe al considerar que los animales autóctonos se encuentran en peligro porque las autoridades no cumplen con la Ley Nacional de Fauna (N° 22.421) que estipula la realización de varios estudios como requisito previo a la habilitación de estas actividades. La región es uno de los destinos más buscados por los cazadores extranjeros. Negocio privado para muy pocos y peligro para el ecosistema y las especies de la zona.
La acción judicial se presentó el 31 de marzo en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Rosario: exige la prohibición inmediata de la caza de patos hasta que no se realicen los estudios de las poblaciones de las especies que el gobierno de Maximiliano Pullaro habilitó a matar. El 29 de abril, en el Día del Animal, a través de la Resolución 94 el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe autorizó la caza del Pato Picazo, Sirirí Pampa y Sirirí Colorado desde el 1º de mayo al 31 de julio en los departamentos 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, General Obligado, San Justo y San Javier.
Tiempo pudo saber que el expediente judicial, iniciado por las ONGs Mundo Aparte, Capibara y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), apenas tuvo movimientos. Ya entrada la temporada de caza, desde el juzgado se limitaron a solicitarle a los demandantes formalidades como la presentación en original de las actas de designación de sus autoridades. “La Ley Nacional N° 22.421, que protege a todas las especies autóctonas, les concede a las provincias la potestad de decidir sobre sus propios recursos y, como excepción, la posibilidad de determinar una temporada de caza de algunas especies, pocas, en un determinado período de tiempo”, explica Gabriel Bonomi, referente de CEYDAS, quien precisa que “en el Decreto 666/97 ya se indicaba que se deben realizar estudios poblacionales de las especies que se autoriza a matar, para saber qué se está matando y en qué condiciones están esas poblaciones. El gobierno de Santa Fe no ha hecho ningún tipo de estudio. El último debe tener más de dos décadas. Hoy nada fundamenta la caza en la provincia”.
Una de las abogadas que elaboró la demanda, Alicia Pezzetta, precisa que “la resolución de Santa Fe que habilita la caza dice que hay que reemplazar las municiones de plomo por otras opciones, como por ejemplo acero, pero la realidad es que no se consiguen habitualmente esas municiones. Después nadie controla ni qué especies se cazan ni qué municiones se usan ni la cantidad de piezas por cazador. La provincia habilita algo que después no va a poder controlar”.
De hecho, el año pasado el ministro de Ambiente santafesino, Enrique Estévez, fue duramente cuestionado luego de que trascendieran fotos de una decena de cazadores de Estados Unidos en un coto de San Javier, posando junto a varios cadáveres de patos protegidos por ley. La munición “repercute en otras especies que en el agua pueden confundir las perdigonadas con piedritas y alimentarse con plomo. Además, los cazadores, como lo hacen por divertimento, luego ofrecen estas piezas contaminadas a la gente de la zona lo que implica un peligro a la salud pública».

Mientas tanto, en Entre Ríos…
La Resolución N°997 del 2024, a cargo del Gobierno de Entre Ríos,habilitó la matanza de nueve tipos de aves, ademas de liebres. A pocos días del inicio de la temporada 2025, se realizó allí una audiencia pública en la que solo hubo expositores invitados por el Ejecutivo de Rogelio Frigerio, que dieron cuenta de ciertos estudios financiados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc), una parte más que interesada en la materia.
A pesar de haber pedidos de información pública sobre las empresas de turismo cinegético que están inscriptas en la provincia, hasta hoy no se conocen quiénes son los operadores y si existe algún estudio. Bonomi advierte: «las especies que los gobiernos de Pullaro y de Frigerio autorizan matar no son plagas, no son perjudiciales, no son abundantes y no son exóticas. La única razón que tienen para autorizar la matanza es el negocio para favorecer a los cotos de caza”.
Varias fuentes consultadas, que prefirieron no ser reveladas, coincidieron en señalar que la falta de controles sobre los cotos de caza del Litoral, legales e ilegales, confluyen en “una caja negra para la política” a costa de la matanza de aves autóctonas y la contaminación por plomo. Cada extranjero paga miles de dólares a “empresarios” locales para que los cazadores se muevan a sus anchas por estos paraísos naturales.  «
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El Litoral se une por el Paraná: pactan medidas para proteger su biodiversidad

Fecha de Publicación: 06/05/2025
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Litoral Argentino


La Provincia junto a Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones acordó la creación de un Sistema de Licencia Única de Pesca Deportiva, la armonización de vedas extendidas, y la unificación de criterios de fiscalización y monitoreo, entre otras medidas.
En la historia del río Paraná se abre una nueva etapa en la gestión ambiental del Litoral argentino, se logró un acuerdo inédito entre las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, en el que se implementarán medidas para proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sustentable, estableciendo criterios comunes para la emisión de permisos, el control y la regulación de la actividad pesquera.
Firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y sus pares de las provincias que participaron de la Junta de Gobernadores de la Región Litoral, esta decisión establece la creación de un Sistema de Licencia Única de Pesca Deportiva, la armonización de vedas extendidas, y la unificación de criterios de fiscalización y monitoreo. También se fijarán tallas mínimas unificadas para la captura de peces y se acordará un tamaño estándar para redes de pesca comercial.
Hasta ahora, cada provincia definía de manera independiente estos criterios, lo que generaba contradicciones que dificultaban tanto la protección de las especies que habitan los distintos tramos del Paraná como el desarrollo sostenible de las actividades comerciales vinculadas al río. La decisión firmada en la Junta de Gobernadores de la región Litoral es el resultado de una serie de encuentros previos entre las áreas técnicas de ambiente y desarrollo productivo de las diferentes provincias, realizados en el marco de la Reunión del Comité de Manejo de las Pesquerías (COMAPEL).
Este paso reafirma que desde el interior del país podemos diseñar una agenda de desarrollo que articule producción y cuidado del ambiente, con políticas de consenso y de largo plazo”, expresó el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez.
Estos acuerdos buscan garantizar la reproducción y conservación de las especies ícticas del Paraná, proteger su biodiversidad y asegurar que la actividad pesquera -tanto deportiva como comercial- se mantenga dentro de márgenes sustentables. El nuevo sistema también facilita la tarea de los organismos de control, al acercar diferencias normativas que hasta ahora dificultaban una supervisión efectiva.
La implementación se encuentra en desarrollo y representará una respuesta concreta a una deuda histórica con el Paraná. Además de resguardar los ecosistemas fluviales, fortalece la integración territorial y robustece el carácter sostenible del desarrollo de las provincias.
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Ambientalistas reclaman que termine la contaminación del río Uruguay

Fecha de Publicación: 27/03/2025
Fuente: El Diario (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos - Litoral Argentino


Un grupo ambientalista del Río Uruguay reclama más información y políticas activas para determinar la contaminación del lugar.
A mediados de febrero, las playas del lago de Salto Grande y el río Uruguay en Entre Ríos, se vieron contaminadas por un fenómeno de cianobacterias que tiñó el agua de verde fosforescente, especialmente tras observar carpinchos cubiertos por estas algas.
Aunque el agua volvió posteriormente a sus parámetros normales, el problema persiste como una preocupación latente para ambientalistas y comunidades ribereñas.
El grupo ambientalista Brote Nativo presentó una solicitud formal al municipio, invocando leyes de acceso a la información pública, para conocer las políticas ambientales relacionadas con el fenómeno.
En su demanda, buscan detalles sobre la regulación de agrotóxicos, el tratamiento de efluentes cloacales y la contaminación industrial, principales factores que contribuyen al crecimiento de las cianobacterias.
Silvia Burgos, de la Asamblea Ambiental de Concordia, señaló en diálogo con el portal “Diario Junio” que la contaminación por agrotóxicos, desechos cloacales e industriales aumenta cada año, intensificando la proliferación del “verdín” en la región.
Este fenómeno no solo afecta la recreación y el turismo, sino también a la pesca y el sustento de las familias ribereñas.
Por otro lado, el avance de las cianobacterias afecta gravemente la calidad del agua, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
Además, los ambientalistas insisten en que el municipio y los gobiernos deben tomar medidas concretas para mitigar esta problemática, antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles.

¿Qué podemos hacer para prevenir esta situación?
La mejor medida de prevención es observar atentamente el agua y la arena. Si el agua presenta una coloración verdosa, o de acumulaciones de material similar a espuma, se recomienda evitar el contacto directo.
Las principales vías de exposición son la ingesta de agua directa o el contacto directo con la piel. A mayor cantidad de agua ingerida ya sea de una sola vez o en pequeñas cantidades, mayor es el riesgo de intoxicación.
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Preocupada por la «planta de hidrogeno verde» y la contaminación del río Uruguay, la diputada Osuna pide informes

Fecha de Publicación: 05/03/2025
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos - Litoral Argentino


La Diputada Entrerriana acompañada de un importante número de legisladores presentó la iniciativa para frenar la contaminación del Río Uruguay. Mediante un Proyecto de Resolución se solicitan informes sobre dos sucesos que amenazan a las condiciones del río Uruguay, a quienes habitan la región. El proyecto cuyo expediente es el 7933-D-2024 exige al Poder Ejecutivo Nacional información de manera completa y detallada sobre diversas cuestiones. En primer lugar, se informe sobre gestiones argentinas frente al proyecto uruguayo de instalación de planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sobre la costa del río, en la localidad de Paysandú, frente a las ciudades entrerrianas de Colón, San José y Pueblo Liebig. Por otro lado, en la iniciativa se requiere informes sobre contaminación de cianobacterias (verdín), que afecta la costa del río Uruguay, exigiendo estudios que orienten la prevención y control de la situación, cuya consecuencia afecta a bañistas y a la fauna y flora nativa de la región.
“Es imprescindible que la población tenga conocimiento del estado actual del agua del Río Uruguay, si hay riesgo para la salud humana, como también la posibilidad de una futura contaminación que genera gran preocupación e incertidumbre”, señaló la diputada.
Con respecto a la Proyecto pertenece a la multinacional HIF de producción de metanol y gasolina en Paysandú, se ignora por completo los posibles impactos sobre la ribera argentina donde, a menos de dos kilómetros, se encuentran ciudades entrerrianas.
“Mantuve reuniones con organizaciones de vecinos de la zona. Escuchamos sus preocupaciones y reclamos sobre la afectación de la economía, salud, cultura y la biodiversidad de la región”, informó Osuna.
La sustentabilidad ambiental y ecológica del río Uruguay es fundamental para sostener la vida humana y natural de la provincia de Entre Ríos. La posibilidad de la instalación de una planta de producción de combustibles, sumado a la presencia de algas y microorganismos contaminantes, tensiona la salud de un curso de agua de gran relevancia para el Cono Sur, que se constituye como un recurso natural estratégico por ser una fuente de agua dulce no renovable.
La Diputada destacó que, en la norma legislativa se cita a los responsables de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG). Todo para que ambos organismos binacionales, que cuentan con representantes de la Provincia de Entre Ríos, brinden explicaciones presenciales ante la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo es tener un intercambio con los legisladores y que los representantes brinden su parecer sobre estos asuntos.
La Diputada Nacional Blanca Osuna impulsa desde su banca el seguimiento y solución de problemas que pueden afectar el ambiente ribereño, la vida humana, animal, vegetal y el desarrollo productivo.
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Contaminación del Paraná: advierten que los buques se quedan sin serenos

Fecha de Publicación: 26/02/2025
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


El Litoral repasó días atrás que un derrame de hidrocarburos en Fray Luis Beltrán obligó a paralizar la planta potabilizadora. Y que hubo una respuesta oficial a un pedido de informes del Senado. Ahora se señala un nuevo riesgo para la zona portuaria.
"Tan solo tres de los últimos 60 buques contrataron un sereno" en el movimiento portuario de Timbúes, en el departamento San Lorenzo, desde que está vigente un decreto del gobierno nacional que desreguló distintos aspectos de la navegación fluvial y convirtió en opcional para cada firma la contratación de ese personal en tierra.
El dato es parte de las advertencias que formuló el senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) respecto del nuevo marco de exigencias (menores) para los barcos de ultramar que surcan el río Paraná, contenido en el decreto 37/25 del presidente de la Nación Javier Milei, que también tiene las firmas del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Excluir a los serenos de buque tiene consecuencias", expresó el legislador en un escrito, que aquí El Litoral reproduce parcialmente y comenta. El envío del representante por San Lorenzo llegó luego de que este medio publicara la respuesta que recibió el Senado de Santa Fe a un pedido de informes suyo, que solicitó precisiones sobre un derrame de petróleo de un buque del transporte de granos llamado "Princesa María", con bandera de las Islas Marshall.

Proyecto y preocupación
"El 19 de septiembre pasado, ingresé en la Cámara de Senadores un pedido de informes por un hecho gravísimo que ocurrió en el río Paraná, en el Puerto de Vicentin de la ciudad de San Lorenzo", señala Traferri y sigue: "ese proyecto, votado por unanimidad, requería información sobre el derrame de hidrocarburos producido por el buque granelero de bandera de las Islas Marshall, llamado "Princesa María", que obligó a detener la producción de agua potable para la Ciudad de Fray Luis Beltrán".
"Más allá de la respuesta que llega ahora desde el gobierno provincial, me parece que es necesario llamar la atención sobre otro aspecto que puede hacer que este tipo de incidentes se repita cada vez más", dice el senador que va luego directo al punto que lo preocupa: ¿Quién cumple ahora la función que hasta ahora tenían lo serenos de buques?. El detalle no es menor porque en el derrame de líquidos oleosos en el sur santafesino no hubo aviso al servicio municipal de agua potable. Nadie advirtió de la mancha viscosa que apareció en la superficie del río, junto al buque: fueron los empleados de la planta potabilizadora los que dieron la voz de alerta al notar que flotaban hidrocarburos en el agua cruda en las primeras piletas de tratamiento ya dentro del establecimiento potabilizador. (De todos modos, para cuando sucedió ese incidente, en septiembre de 2024 aún regía la obligación de contratar serenos de buques).
Traferri manifestó su preocupación por "la decisión del gobierno nacional de quitar la obligatoriedad de contratar serenos de buque" y aseguró que tan solo en el puerto de Timbúes en el departamento que representa sobre 60 barcos solo 3 los contrataron desde que está vigente el reciente decreto mencionado.
"Esta acción del gobierno nacional seguramente terminará con la exclusión de esta figura, ya que los barcos buscarán ahorrarse el costo de su contratación (monto exiguo para los presupuestos que manejan), prescindiendo de los serenos. Pero el impacto será grande. Porque ellos son los encargados de detectar y denunciar eventuales derrames de líquidos, acciones de contaminación, contrabando, trata de personas o narcotráfico", subraya.
"Entonces, por un lado, se afecta las fuentes laborales de muchísimas personas, principalmente en nuestra región. Y, por otro, nuestro río, ese gran recurso natural que tenemos, queda a merced de ser contaminado como en este caso. Y se facilitan otros delitos como la trata de personas y el narcotráfico", afirma.
De inmediato concluye: "Vamos a trabajar para que el gobierno nacional revierta esta decisión, porque estamos convencidos de la necesidad de cuidar los empleos y el ambiente. Y sería bueno que el gobierno provincial acompañe este reclamo".

Nueva normativa
El primer artículo del decreto señalado aprueba el "Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre" o Reginave que está anexado a la norma dictada por la Casa Rosada. Dice que la autoridad de aplicación es la como antes la Prefectura Naval Argentina, que queda autorizada a establecer "normas operativas y complementarias" y "celebrar los acuerdos que hagan posible los servicios reglamentarios y de certificación de buques, de conformidad con las disposiciones y recomendaciones establecidas por la Organización Marítima Internacional , en el marco de lo dispuesto por el "Código para las Organizaciones Reconocidas".
A continuación, en el artículo cuarto se sustituye la Sección 2 del Capítulo II del Título II del Anexo "Reglamentación del Régimen de la Seguridad Portuaria" del Decreto N°890 del 25 de abril del 1980 por el siguiente: "Sección 2 - De los serenos de buques: Funciones".
Desde fines de enero consisten en "la vigilancia general de los buques amarrados en puerto, como asimismo de la carga o mercaderías depositadas en muelles, riberas y plazoletas". En el ítem siguiente se crea el título "Libertad de los buques de tomar serenos" y añade: "La contratación de serenos por parte de toda embarcación será opcional".
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