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Sin extraordinarias para los humedales

 


Ley de Humedales: el diputado Estévez lamentó que el proyecto no se haya incluido en extraordinarias

Fecha de Publicación
: 05/12/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


"Pareciera que el gobierno no quiere que haya una ley de Humedales", dijo el legislador socialista, ya que el proyecto no fue incluido por el poder Ejecutivo en el decreto que convoca a sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero
El diputado nacional Enrique Estévez lamentó que el Poder Ejecutivo no haya incluido en el decreto que convoca a sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero el proyecto de ley de Humedales.
“Pareciera que el gobierno no quiere que haya una ley de Humedales”, señaló el legislador del Partido Socialista, tras recordar que “diez días atrás se había logrado un dictamen unificado en la comisión de Ambiente y Recursos Naturales luego de meses de debate”.
En ese sentido, el diputado nacional por la provincia de Santa Fe agregó: “Desde el socialismo presentamos nuestro proyecto de ley de Humedales, pero dejando de lado una mirada individual aportamos para que saliera un dictamen unificado, fruto del consenso, que tenga todas las miradas, porque estamos convencidos que hay que tratar este proyecto cuanto antes”.
“Esta legislación es otra deuda pendiente con el medio ambiente, en un contexto donde ni la Justicia ni los gobiernos nacional y provinciales toman cartas en el asunto”, remarcó Estévez.
“Necesitamos una legislación que asegure la conservación y protección de los humedales. Después va a ser tarde”, insistió.
“Debemos frenar urgente este ecocidio en nuestros humedales, porque resulta urgente pensar en una agenda verde y establecer políticas ambientales concretas para proteger nuestros recursos naturales de la especulación inmobiliaria o del sistema extractivista de producción”, completó el dirigente socialista.
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Comisión dictaminó sobre el proyecto de ley de Humedales

 


Avanza en el Congreso la ley para proteger humedales

Fecha de Publicación
: 24/11/2020
Fuente: TV Pública
Provincia/Región: Nacional


La ley de humedales que permitirá preservar espacios afectados por los incendios forestales, como las más de 400 mil hectáreas afectadas solo este año, avanza en el Congreso.
La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de Humedales, que aún debe ser avalado por otras cuatro comisiones para posibilitar su llegada al recinto. El dictamen de mayoría consiguió la firma del Frente de Todos y de Unidad Federal para el Desarrollo; en tanto el grueso de los integrantes de Juntos por el Cambio y Consenso Federal lo hicieron en disidencia parcial.
Como contrapartida, en un dictamen de minoría se encolumnaron tres diputados del PRO y un radical.
En la continuidad del trámite legislativo, el proyecto debe ser analizado por las comisiones de Agricultura y Ganadería; Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.
El presidente de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso (Frente de Todos), destacó el trabajo de siete meses, en el que se escucharon a todos los sectores involucrados “y buscamos los consensos políticos necesarios para que la iniciativa avance”.
“No tenemos otro planeta, este es el único, y vamos a defenderlo desde la política y desde el Estado -agregó Grosso-. La Ley de Humedales tiene que dejar de ser un sueño para ser realidad”.
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Un humedal sobre el que Racing y Boca quieren construir


Laguna de Rocha: el humedal sobre el que todos quieren construir

Fecha de Publicación
: 08/10/2020
Fuente: Sudestada
Provincia/Región: Buenos Aires


Racing Club quiere construir un predio deportivo en la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha, ubicada en el partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires. En su página web confirmó que ya tiene la habilitación. Sin embargo, no hay evidencia de que eso haya sucedido en la causa judicial. Además, las construcciones que se realizaron estos últimos años ocasionaron inundaciones en los barrios aledaños y muchos vecinos perdieron sus casas.
La reserva en donde el Club Atlético Racing quiere instalar un predio deportivo abarca nueve ecosistemas distintos, aloja peces anfibios e invertebrados, reptiles y más de 162 especies aves. En un estudio sobre la Laguna de Rocha realizado por el profesor Dante Tegli y becarios del Instituto Superior de Formación Docente Nº 35, se detalla que “comprende un ambiente de lagunas y bañados, ricos por la diversidad biológica que sustentan. Es posible encontrar flora y fauna típica de Las lagunas pampeanas y no constituye un espejo de agua único, sino una concatenación de espejos pequeños y medianos, que abarca 300 hectáreas, rodeada por 700 hectáreas de bosques y prados silvestres”.
Además, es considerada un humedal que cuenta con muchas funciones ambientales. Según un informe realizado por RAMSAR (la Convención Relativa a los Humedales de importancia internacional), este tipo de zonas son esenciales para la supervivencia humana. También ayudan a mitigar las inundaciones, proteger las costas, almacenar y secuestrar el carbono.
Respecto a la importancia de los humedales Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) declaró para Sudestada: “ Se trata de un humedal en la Cuenca Matanza Riachuelo en la que rige una orden de saneamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Los humedales precisamente hacen una gran contribución a esa obligación, dado que los humedales depuran y filtran las aguas”.
“Este tipo de construcciones no tienen que permitirse en áreas de humedal. Especialmente en áreas urbanizadas como aquella en la que se emplaza la Laguna de Rocha. El Conurbano Bonaerense es fuertemente deficitario en espacios verdes, no debe cederse un metro más de estos espacios”, agregó.
En respuesta a las críticas por querer construir en un lugar de importancia ambiental, el presidente de Racing Club, Victor Blanco, afirmó a Sudestada que el fallo de la Corte Suprema de Buenos Aires y la Universidad de La Plata -a la que se contrató para hacer el seguimiento ambiental- muestran que no ocasionará ningún tipo de daño a lo ambiental. “Tampoco podemos quedarnos con caprichos de un grupo de ambientalistas”, afirmó.

Cuando lo ambiental también es social
Al lado de la Laguna de Rocha está ubicada la ciudad 9 de Abril, que pertenece al partido de Esteban Echeverria, y su población está en creciente aumento. Al estar tan cerca del humedal los barrios aledaños se inundan. En ese sentido, Tegli explicó que con las construcciones esta situación se agravó: “El desbordamiento del agua se produce por el relleno del terreno, el humedal actúa naturalmente como amortiguadores del agua de lluvias. Toda modificación antrópica repercute negativamente sobre el ambiente”.
Sudestada habló con Fernanda Muscoso, vecina del barrio Transradio y referente del comedor FORTE, sobre las problemáticas que sufren los barrios aledaños: “Nosotros nos volvimos a inundar el año pasado en octubre. El agua llegó hasta la mitad de la casa y  para el lado del riachuelo tapó casas enteras. Cada vez que sucede tenemos que empezar de cero. Nosotros levantamos la casa dos veces. Todavía no pude poner ventanas ni revoque”.
La inundación del año pasado salió en varios canales de televisión y los vecinos contaron desesperados su situación a los medios. Fernanda aseguró que no funcionaban las bombas que desagotan el agua y el municipio les decía que no estaba tan inundado. Al tiempo la gente empezó a salir sola porque el agua les estaba llegando al cuello. “No queríamos salir solos, porque al estar todo tapado no se sabe por dónde camina y te podes caer en la zanja. Después de esto apareció la ayuda. Además algunos vecinos habían llamado a los medios y vino Canal 13”, relató Fernanda.
A su vez, la vecina destacó que después del incidente el municipio dio un cheque a cada familia de $7000, repartieron colchones, algunas frazadas y alimentos no perecederos. “Yo con $7000 solo pude rellenar un metro por dos de un galponcito que tengo para guardar la mercadería del comedor y también compré un poquito de ladrillo”.
Con respecto a estas inundaciones el presidente de Racing opinó: “Esteban Echeverría se inunda sin ninguna obra. No estoy de acuerdo con que nuestra construcción vaya a ocasionar inundaciones” Y agregó que la cancha la van a levantar y el terreno no se va a inundar. ”Si hubiera una inundación el predio quedaría como una isla”.

¿Racing puede construir?
El 23 de junio, Racing lanzó un comunicado en su página web en el que afirmaba que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le acercó al doctor Daniel Fernando Soria, presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el informe final sobre la viabilidad de la construcción, donde no hubo consultas ni oposiciones.
A su vez, Blanco expresó que la Corte dio el fallo definitivo que permite que Racing pueda comenzar a construir. Angel Varchetta, subsecretario de medio ambiente del Municipio de Esteban Echeverria, en exclusiva para Sudestada aseveró: “El Municipio no puede oponerse a una orden del juzgado”. Sin embargo, cuando se le expresó que no hay información en la causa judicial de que eso haya sucedido contestó que por lo menos para la primera parte del proceso no necesitan habilitación porque que tienen el impacto ambiental habilitado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. “Hay una enmienda, eso me dijeron. No creo que sea fácil encontrarla”, afirmó.
No obstante, en la causa judicial no hay información alguna de que se haya levantado la medida cautelar que prohíbe cualquier construcción en la reserva. Tampoco está la habilitación para que Racing pueda construir. Cuando se le preguntó a Victor Blanco sobre esta autorización expresó que se comprometía a mostrarla. Días después, sobre la misma consulta derivó a este medio con a}el abogado Mariano Cuneo Libarona. Sin embargo, ninguno presentó los documentos que probarían lo que dicen.
En ese sentido, Varchetta aseveró: “La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires le dió la razón a Racing”. Además, argumentó: “nosotros no nos podemos oponer a una orden del juzgado”.
Gonzalo Permuy Vidal, abogado de la Asociación 18 de Octubre, que es la que representa a la Laguna de Rocha en la causa judicial afirmó a Sudestada: “A nosotros no nos consta que Racing tenga autorización para construir. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires no nos notificó nada, no tenemos conocimiento de autorización alguna -y agregó que no están discutiendo si Racing construye o no- nuestra discusión es anterior, es considerar que ese lugar tiene una protección especial”.
La protección a la que se refirió el abogado es la medida cautelar dictada en 2015 que prohíbe la construcción en el lugar, ya que suspende los efectos de la  Ley 14.516, que excluía las parcelas de Racing y Boca de la protección, debido a su inconstitucionalidad. Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este proceso, esta medida continua. En los expedientes públicos de la causa no hay ninguna información de que esta medida se haya modificado ni de que el club esté habilitado para la construcción.
Por otro lado, un hecho relevante de la causa sucedió en febrero de 2019. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires había dispuesto levantar la medida cautelar que suspendía la Ley. No obstante, la asociación “18 de Octubre” apeló a un recurso extraordinario federal y la situación volvió para atrás. Debido a esto la Corte revocó la sentencia y desestimó el pedido de levantamiento de la medida cautelar. Y por ende, se entiende que la protección continua y que no se puede construir en la reserva.
Sin embargo como Victor Blanco afirmó en los medios que está habilitado a construir, el 27 de junio el abogado Permuy denunció la decisión de Racing de seguir adelante con las obras y recordó la suspensión del levantamiento de la medida cautelar.
En respuesta a esto, el abogado que representa a Racing, German Hector Ramirez, declaró: “Ninguna observación corresponde efectuar a mi representada, que se encuentra dando cumplimiento a las exigencias dispuestas por V.E. sin realizar ninguna obra en el predio”.

Ver Informe Completo

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Corrientes: visión productivista para conservar los humedales

 


Proponen un techo del 15% para la protección de humedales en la provincia

Fecha de Publicación
: 23/09/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


El Senado provincial creó una comisión para definir con criterio científico qué parte del territorio provincial corresponde a los humedales y trabajar en una normativa propia para su protección.
La Cámara de Senadores aprobó la creación de una comisión que busca disponer lineamientos que regulen el manejo sustentable de los humedales de Corrientes.
La finalidad es crear una ley que proteja los intereses socio-productivos de la provincia, frente a las iniciativas que se debaten en el Congreso nacional.
Para esto buscan trabajar con la iniciativa presentada por el diputado nacional Jorge Vara, que propone hasta un 15% de máximo de protección en pos de garantizar la preservación ambiental, pero generando un equilibrio con la estructura socio-productiva y evitar conflictos con las facultades interjurisdiccionales, garantizando el derecho de la provincia a disponer del uso de sus suelos.
Noel Breard, senador provincial, explicó en diálogo con El Litoral que la idea es “consultar con científicos y técnicos especializados para sancionar la mejor ley posible”, pero bajo una clara definición de qué son los humedales y cuánta porción del territorio del suelo correntino se corresponde con dicho criterio.
“Un 70% del territorio correntino está conformado de alguna forma semipermanente o permanente de agua”, precisó Breard y  reconoció que “la necesidad de trabajar de forma local estas cuestiones vino del disparador del debate nacional, los distintos proyectos presentados atentan contra el sistema competitivo de la provincia”.
Tanto oficialismo como oposición coincidieron en la necesidad de “contar con opiniones técnicas para sancionar la mejor ley de humedales para todos los correntinos”.
 Desde el Senado provincial remarcan la importancia de partir por definir qué son los humedales para generar una normativa local que ponga un techo a los presupuestos mínimos de conservación, para que “no se avasalle el federalismo y la autonomía de las provincias”.
Actualmente en el Congreso hay un total de 10 proyectos, 3 en Senadores y 7 en Diputados. Desde el inicio del debate en el país, Corrientes sostuvo una postura de firme rechazo por la posible injerencia negativa que tendría en la autonomía provincial. El Senado provincial  apela al contenido del artículo 124 de la Constitución Nacional que indica que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de sus territorios y al 41 le da potestad a la Nación de dictar normas para cuotas mínimas de protección de ambiente.
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¿Quienes se oponen a la ley de humedales?

 


Quiénes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales

Fecha de Publicación
: 01/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.
Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanción de una ley de presupuestos mínimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad. La ley fue frustrada dos veces en los últimos años por la acción de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservación de los ecosistemas humedos no dudan en señalar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate, son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.
Los incendios de los últimos meses en el Delta del Paraná volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por daños ambientales tienen vínculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga limites al ecocidio. En ese marco, las cámaras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder político provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.
En Argentina el área de humedales alcanza cerca de 21,5 por ciento del territorio nacional, según la organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracción de litio, la ganadería --que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja-- y también se construyen countries, motivo por el cuál también existe lobby, aunque en una proporción menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.
Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad, que son capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones, se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este año se presentaron seis proyectos, de los cuáles el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que más avanzó. Sin embargo, más rápido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.
Dentro del Congreso, el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la lógica territorial que impera en el debate. En ese marco, como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la desición política del Poder Ejecutivo resulta determinante. Ante ese escenario, Grosso se mostró optimista y afirmó ante Página/12 que "hay un compromiso de todo el arco político a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley", y agregó: "Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisión política de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo está destruyendo".
En las distintas provincias las presiones para que no avance proyecto, son variadas. Corrientes es uno de los ejemplos más significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia --de la que forman parte, entre otras, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA)-- lanzaron una declaración en contra del proyecto, ya que consideran “preocupantes los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia, y de una gran extensión de la Argentina”. En el mismo escrito, estas entidades señalaron que los proyectos que se debaten en el Congreso “poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe”.
Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechazó la normativa que pretende regular la actividad y sus representantes afirmaron que tendrá "implicancias negativas hacia el sistema productivo" del nordeste del país.
Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y ,en menor medida, a la ganadería.  Jetter afirmó: “en nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes”. A su vez, el gerente de Copra consideró que los proyectos de ley podrían “restringir actividades o poner exagerados controles” sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Martín Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hectáreas.
Por su parte, José Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores más grandes de arroz del país. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consistía en represar el arroyo Ayuí, destruyendo así las selvas ribereñas y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo público para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logró ser frenado, el empresario continuó expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acuíferas, y hoy Copra es una fuerte detractora de la ley.
Según explicó en diálogo con Página/12 Adriana Arzolin, licenciada en química con un posgrado en impactos ambientales y miembro de la Fundación Humedales, “el proceso de sojización y de la expansión de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ahí siempre hubo cría de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido". "Lo que hacen, entonces, es prender fuego los terrenos en los que ahora están los animales para renovar los pastos que son su alimento”, aseguró la especialista.
Otro empresario poderoso que está imputado por la justicia federal de Paraná por estar detrás de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hectáreas en el Delta y miles más en la provincia de Entre Ríos. Por otra parte, en la provincia mesopotámica también fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N°4 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imputó a seis personas acusadas de “provocación dolosa de incendios, con peligro para los bienes”.
Según Arzolin “es importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ningún tipo de regulación. El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producción. Ahora se está haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables”. “Lo que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qué actividad y con qué intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habrá algunos muy frágiles en los que no se podrá hacer nada y otros que podrán seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas”, explicó.
Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indicó que “hay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien común. Las reservas naturales son de todos, no de un puñado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos". Luego Arzolin agregó que "por supuesto que luego habrá que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dará una solución absoluta, pero será una herramienta más que es sumamente necesaria".
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Ley de Humedales: buscan consenso en Diputados

 


Diputados buscan llegar a un consenso sobre la ley de humedales

Fecha de Publicación
: 29/08/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La comisión de Recursos Naturales y Ambiente de Diputados analizó las iniciativas que plantean la protección de los humedales, en medio de los incendios en el Delta del Paraná.
La comisión de Recursos Naturales y Conservaciones del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados comenzó a avanzar en el análisis de los nueve proyectos de ley de humedales que buscan establecer presupuestos mínimos para la protección del ambiente, con la intención de lograr un dictamen único de todas las fuerzas políticas.
El presidente de la comisión, Leonardo Grosso adelantó la voluntad del Frente de Todos de conseguir un acuerdo con todas las fuerzas políticas y dijo que se analiza "con asesores los nueve proyectos presentados por los legisladores de diferentes extracción política". "Vamos a empezar a ahondar criterios en busca de avanzar en el tratamiento de una ley de humedales", precisó el legislador.
La intención de los diputados es consensuar un dictamen único para facilitar su sanción en la cámara baja, donde existe una marcada paridad entre el oficialismo y la oposición.
En la comisión, hay proyectos de ley para proteger los humedales que fueron presentados por Grosso, los diputados de Juntos por el Cambio, Brenda Austin, de Consenso Federal, Graciela Camaño, del Frente de Todos, Germán Martínez, de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, y del socialismo Enrique Estévez.
En tanto, la comisión de Recursos Naturales realizó la tercera reunión informativa, en la que expusieron especialistas en medio ambiente y representantes de emprendimientos inmobiliarios. El debate se realiza mientras persiste la preocupación por los incendios en las islas del delta del Paraná.
Santiago Bolo Bolaño administrador de la estancia y reserva natural "El Cachapé" en el este del Chaco, dijo que necesitan "de los humedales y del ambiente tal cual está con sus recursos. La ley de humedales tendría que ser visible por los servicios que todos esos ambientes brindan", y pidió frenar "el avance de los grandes proyectos inmobiliarios" .
La diputada provincial entrerriana y exlegisladora nacional, Gracia Jaroslavsky, sostuvo que esta ley debe "implicar un cambio de cultura donde se tenga claro el camino para proteger los humedales" y señaló que "la naturaleza nos está gritando claramente que no estamos haciendo las cosas bien".
Jerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales UBA y primer intendente del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, señaló que "se debe buscar la mejor ley progresista" y consideró que "no se debe modificar el ambiente para que se adapte a nosotros".
En tanto, el presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Damián Tabakman, afirmó que están "comprometidos con una inversión sustentable", por lo que pidieron que "la clasificación de humedales se realice de la manera más racional posible para crear un marco que permite la inversión".
En tanto, el secretario de la Cooperativa Apícola APINOC de la provincia de Córdoba, Eduardo Martínez, expresó su respaldo "a los proyectos que están ligados a la biodiversidad, la ampliación de una zona a la reserva natural del Uritorco y a los que se vienen trabajando".
Cecilia Martínez, miembro de la Cooperativa de Junqueros Isla Esperanza, manifestó que "nos han venido a invadir y arrasar nuestra forma de vida" y destacó que "los humedales son todo para nosotros, nos representan ya que sabemos lo que significan para el ecosistema y su diversidad".
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Crítica desde el INTA al proyecto de Humedales

 

Humedales. Especialistas del INTA criticaron el proyecto oficial

Fecha de Publicación
: 27/08/2020
Fuente: Página Política
Provincia/Región: Nacional


“Es de una estrechez de criterio que sorprende”, se dijo en relación a que se pretenda implementar un régimen para el uso de “bienes inmuebles” y que su regulación dependa exclusivamente de Producción. Piden definición respecto de a quién y para qué entregarán tierras.
Sigue el debate del Régimen para el Uso Sustentable de Bienes del Estado de dominio público o privado, en humedales e islas de la provincia de Entre Ríos.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, con el articulado y sin la explicitación de fundamentos, en el contexto de la emergencia planteada por los incendios que no cesan y provocan una profunda crisis ambiental y sanitaria.
La iniciativa ya tuvo modificaciones importantes en un borrador que analizan los senadores de las comisiones de Legislación General, que preside la legisladora de Creer Entre Ríos, Claudia Gieco; y de Producción que conduce el dirigente del PRO, jefe del interbloque de Cambiemos, Francisco Morchio. Los cambios fueron en coincidencia con planteos de la Mesa de Enlace: eliminar el Estudio de Impacto Ambiental que preveía el artículo 3; y listar los departamentos contemplados en la norma, listado que dejó afuera a la costa del Uruguay y a Islas del Ibicuy de la costa del Paraná.
Otra voz escuchada por los senadores en comisión fue la de especialistas del INTA. Presentó sus observaciones el ingeniero agrónomo Ernesto Massa que acercó también los comentarios del licenciado Roberto Bó, del Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigación del Conicet.
Fue en general una mirada muy crítica de la iniciativa que tiene en debate el Senado. A grandes rasgos se cuestiona que la autoridad de aplicación sea exclusivamente la mirada de la Producción; además se aconseja la definición respecto de a qué tipo de productores y con qué fin se cede el uso de tierras. Se aconseja la expresa prohibición, por ley, del uso de agroquímicos aun cuando el borrador especifica que la agricultura autorizada debe ser “ecológica”. Además, se sugiere definir con claridad qué se entiende por “sustentable” cuando se habla de un régimen para un uso con esas características de humedales e islas.
“La sustentabilidad no es sólo económico-productiva sino también sociocultural y ecológica”, apuntó Bó que instó a tenerlo en cuenta ya que “si se mantiene en buen estado, permite que ocurran y se conserve nuestro patrimonio sociocultural y económico-productivo”. “A esto habría que tenerlo muy en cuenta, salvo que se piense en hacer negocios a corto plazo”, planteó.
Consideró “de una estrechez de criterio que sorprende” que el régimen aluda al uso de “bienes inmuebles”. Especificó que al hablar de las tierras en cuestión no se alude “sólo a espacios físicos sino a bienes naturales comunes que brindan servicios ecosistémicos como el agua y que deben usarse en forma efectivamente sustentable porque afectan la calidad de vida humana y, en general, y pertenecen a todos y no sólo al propietario o arrendatario”.

Producción y qué más
Se subrayó la necesidad de ampliar la autoridad de aplicación del régimen a sancionar. “Lamentablemente, el peso de los organismos encargados de la Producción (o, eventualmente de otros aspectos relacionados con el desarrollo de infraestructuras de comunicación, energéticas, emprendimientos inmobiliarios, etcétera), siempre fue mayor que el de lo organismos encargados no sólo de la parte ambiental sino, incluso de la sociocultural que, al menos, deberían tener el mismo peso. Esto obviamente ocurre porque se priorizan los ingresos económicos a cualquier otra cosa”, se observó desde el INTA que señala que en el proyecto “lamentablemente, no se dice nada de todo esto y esta visión estrecha se ve magnificada porque lo único que queda claro es que ingresen divisas a la provincia”.
Con respecto a los requisitos que contemple la Secretaría de Ambiente, para autorizar un proyecto en humedales o islas, se instó a contemplar “las realidades diferenciales que tienen los humedales” y si la evaluación de ese proyecto está a cargo “efectivamente de un organismo independiente y con probada capacidad científico-técnica (o que, al menos tenga la posibilidad de supervisar y dar la última palabra)”. En este marco, además, se apuntó que una ley como la que se debate debiera garantizar el control, la eventual aplicación de sanciones y explicitar características mínimas respecto del recurso humano capacitado y suficiente para monitorear y controlar el cumplimiento por parte de adjudicatarios.

A quiénes y para qué
Para Massa, “los productores que quieran acceder” debieran cumplir con el requisito de “ser preferentemente pequeños o medianos ganaderos, con tradición de producción ganadera islera y además que no posean tierras para producir”. “Deberían presentar planes de producción que sean revisados por la Autoridad de Aplicación Ampliada que para el integrante de INTA debiera ser “una Comisión Interministerial donde existan representantes de organismos públicos como universidades, INTA, Secretaria de Ambiente, Ganadería, Tierras Fiscales, Agricultura Familiar, Senasa, Fucofa, etc”.
Apunta también que no está clara la gestión del “uso gratuito” de tierras para residentes históricos prevista en el proyecto, “única parte referida al bienestar general”, no se obvió recalcar.
Para Bó, esa población “no sólo se lo merece sino que, seguramente, por su experiencia de vida y su conocimiento del funcionamiento ecológico de los humedales, probablemente serían los únicos que puedan hacer un uso efectivamente sustentable”. Se concluye, al respecto, que la norma no consigna “cuál, dónde, cómo y de qué tamaño” son las unidades productivas a las que se alude.

Letra muerta
Tras apuntar algunas propuestas respecto de qué fines debieran tener los recursos reunidos por el Estado ante el “uso oneroso” de los humedales, el integrante del GIEH insta a fijar políticas sobre las que se ha escrito, hecho y dicho mucho.
“No se dice nada sobre la necesidad de que parte de esos fondos deben ir a las necesarias tareas de promoción, monitoreo y control para asegurar la conservación de la diversidad ecológica, la integridad ecológica y a la salud ecológica de los humedales. Tampoco se dice nada de cómo esto va a favorecer la conservación de la diversidad sociocultural, entendida como los particulares modos de vida, actividades tradicionales, aspectos arqueológicos, antropológicos, religiosos, de los pobladores locales”, se cuestiona en la presentación hecha ante los senadores.
“En definitiva, esta ley no toma conceptos abordados por el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) ni del Plan Provincial para el Desarrollo sustentable del Delta entrerriano, lamentablemente procesos abonados con fondos públicos que se encuentran cajoneados e ignorados al menos en los últimos cuatro años”, concluyeron los especialistas.
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Humedales: el campo no quiere EIA

 

El campo no quiere estudio de impacto ambiental en humedales

Fecha de Publicación
: 24/08/2020
Fuente: Página Política
Provincia/Región: Nacional


La Mesa de Enlace pidió que se elimine el requisito previsto en el proyecto del Ejecutivo para regular el uso de islas y humedales. Un nuevo borrador, que se debate en el Senado, ya no lo incluye. Además, se listan los departamentos alcanzados, sólo de la costa del Paraná. Pero no aparece Islas.
Las organizaciones del campo, nucleadas en la Mesa de Enlace, fueron convocadas para fijar posición ante el Senado respecto del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para un Régimen de Uso Sustentable de las islas y humedales entrerrianos.
La iniciativa, presentada en el marco de la crisis sanitaria y ambiental por los incendios, fue girada para su tratamiento a las comisiones de Legislación General, que preside la senadora Claudia Gieco, del Frente Creer Entre Ríos; y a la Comisión de Producción, que encabeza el dirigente del PRO, Francisco Morchio.

Dos textos
La reunión con el campo tuvo lugar el 13 de agosto. Dos días antes, el día 11, los senadores de las dos comisiones escucharon a las organizaciones ambientalistas con el proyecto del Ejecutivo en consideración. Pero el texto sufrió cambios en un borrador, con nueva redacción, que fue el eje del encuentro con la Mesa de Enlace.
En una carta a Morchio, Federación Agraria, Sociedad Rural, Farer y Fedeco consideraron innecesario el estudio de impacto ambiental que contemplaba la redacción del artículo 3. La nota está fechada el 18 de agosto, cumpliendo con el pedido de los senadores de que “hagan sus aportes” pero la nueva redacción ya no menciona el requisito.
En el borrador se habla en cambio de un listado de actividades permitidas (ganadería extensiva, apicultura, amarre de barcazas, ecoturismo, agricultura ecológica y pesca) las que “quedarán sujetas a los criterios ambientales que establezca la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos”. Ya no hay estudio de impacto ambiental lo que para la Mesa de Enlace constituye “más burocracia y costos, a los ya esforzados pobladores de las islas”.

Mapa, costas y departamentos
Otro cambio al proyecto inicial del Ejecutivo es en el artículo 1º. En lugar de hablar de un Régimen en general, para las islas y humedales, la nueva redacción lista los departamentos de la provincia alcanzados por la ley.
Según supo Página Política, el campo hizo sus planteos al respecto y pidió que no figuren, en el listado, la costa del Uruguay y que se excluya, en la costa del Paraná, al departamento Islas.
El nuevo texto contempla los departamentos del “dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria y Gualeguay”. Toda la costa del Paraná, a excepción del Islas, aun cuando el Decreto Nº 1096, que declaró la emergencia ambiental ante los incendios, sí lo incluía.
El proyecto sigue en debate de las comisiones, con impugnaciones planteadas por parte de especialistas del INTA y de las organizaciones ambientalistas. Mientras tanto, se avanza a nivel nacional con proyectos en el Congreso de la Nación; con iniciativas del Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Ambiente; y con la necesidad de cumplir con lo resuelto por la Corte Suprema que demanda respuestas ante los incendios. Todos esos caminos, a nivel nacional, suspenden el dictado de más normas en Entre Ríos sin articulación con el Ejecutivo Nacional y con las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.
La Mesa de Enlace, por las dudas, ya dijo lo suyo. Y fue escuchada.
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El proyecto de humedales "preocupa" a las mineras

 

Toma impulso proyecto de humedales que inquieta al Gobierno y empresarios

Fecha de Publicación
: 17/08/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional - San Juan


La iniciativa comenzó a debatirse en comisión y de avanzar podría afectar la actividad minera local.
El comienzo del debate el martes de la semana pasada en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de ley para proteger los humedales, que son los grandes reservorios de agua dulce, trajo preocupación en el Gobierno provincial y en los empresarios vinculados al sector minero. Es porque, entre otros aspectos, la iniciativa plantea la confección de un inventario nacional y la determinación de áreas de preservación en las que no se podrán llevar adelante algunas actividades, como podría ser la minería. Por el tema ya hubo dos encuentros con la participación de funcionarios del área y legisladores nacionales por San Juan.
Los humedales son las áreas en las que se acumula el agua o se inundan en algunos períodos y son importantes para el desarrollo de la flora y la fauna y para prevenir las consecuencias del cambio climático. Pero, a raíz de la quema en las últimas semanas de los humedales en el Delta del Paraná, con focos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación apuró el tratamiento en comisión de una ley de "Presupuestos Mínimos Para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales". En el caso de San Juan, según dijo Laura Asandri, directora de Articulación Institucional de la Secretaría de Ambientales, las principales zonas de humedales son el Parque Sarmiento, en Zonda; las Lagunas de Guanacache, en Sarmiento; y las vegas en la cordillera sanjuanina.
La preocupación que existe, aunque en el Gobierno son cautos con el tema, es que si avanza la iniciativa y se llegan a determinar zonas en las que no se podrán llevar adelante actividades económicas, como la minería, puedan llegar a afectarse la llegada de nuevos proyectos. Y justo cuando por la pandemia y para reactivar la economía hacen falta la llegada de inversiones, el proyecto legislativo puede llegar a desalentar el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Desde el Ministerio de Minería de San Juan dijeron que se está convocando a todos los sectores interesados en el tema, incluidos todos los legisladores nacionales, para avanzar en un debate y tomar una posición común frente al tratamiento legislativo.
Desde la Cámara Minera, Mario Hernández, que participó en la última reunión, dijo que "en primer lugar creo que los recursos de las provincias deben ser administrados por las provincias pero, además, en esta etapa los diputados deberían estar más abocados al tratamiento de proyectos que tengan que ver con el desarrollo y la inversión y no con estos temas. Ya hay legislación sobre los recursos hídricos y hay que dejar que las provincias controlen sus propios recursos".
Asandri agregó que "la legislación no debe ser una traba para el desarrollo sustentable, sino que debe permitir el desarrollo productivo de las distintas regiones".
El último encuentro tuvo lugar el martes en la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, con la participación de funcionarios del Ministerio de Minería, de la Secretaría de Ambiente, Cámara Minera de San Juan y los seis diputados nacionales por San Juan.
En la actualidad hay al menos tres proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación y la intención en el debate en comisión es unificar una sola iniciativa, para que luego se trate en el recinto.

Mecanismo
Para que el proyecto avance en Diputados, primero debe tratarse en la Comisión de Recursos Naturales del cuerpo. Luego, cuando la iniciativa tenga despacho favorable, recién podrá ser tratada en el recinto en una sesión. Los diputados por San Juan pueden intervenir en las dos etapas.
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Inicia debate sobre la Ley de humedales



Ley de humedales: arranca debate en Congreso en medio de quemas intencionales

Fecha de Publicación
: 06/08/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El parlamento nacional pone en tratamiento una iniciativa que busca terminar con una actividad que pone en peligro la biodiversidad del Delta del Paraná y que involucra a tres provincias.
Hay imágenes que hablan. Y otras que gritan. La quema de pastizales en el delta del Paraná es una de esas postales que cada vez preocupa en mayor medida. Los números son claros: ya son más de 8 mil los focos de incendio que se registraron en lo que va del año. Un número muy por encima de lo acostumbrado.
Como respuesta a esta problemática, el Congreso iniciará hoy el debate de la ley de humedales sobre las distintas iniciativas presentadas que buscan la conservación ecológica y ambiental de un reservorio vital de biodiversidad.
Como novedad en el tema, el proyecto del diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, establece multas de hasta 843 millones de pesos y la tipificación de la quema de humedales como un delito penal sancionable con seis años de prisión. “Los intereses económicos de algunos empresarios no pueden estar por encima de los intereses colectivos porque los daños son irreparables”, sostuvo el legislador que está a cargo de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja.
Nadie lo expone en público. Pero se trata de un conflicto que más allá de su importancia real vuelve a enfrentar al campo con el Gobierno y que, en consecuencia, requiere cierta muñeca a la hora de su implementación. “El fuego deja en evidencia que el campo siempre hace lo que quiere. Y en pandemia se nota más. Ya ni siquiera es desinterés por la vida del otro, sino desprecio”, asegura, filoso, un concejal del Frente de Todos de un distrito del norte bonaerense.
La problemática atraviesa distintos municipios de Buenos Aires (de San Nicolás hasta San Fernando), Santa Fe y Entre Ríos. Y, pese a que el reclamo es universal, la quema no se detiene. Incluso luego de que el Ministerio de Ambiente de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, estableciera en junio la prohibición de toda quema en la zona hasta fin de año.
Llama la atención en ese sentido que autoridades locales de Victoria, en Entre Ríos, aseguren desconocer el origen de los incendios cuando los propietarios tienen escriturados sus campos. Ese fue uno de los principales reclamos que hicieron valer este fin de semana las más de 2 mil personas que cortaron el puente entre Rosario y Victoria.
Sumado al impacto en la biodiversidad, desde algunos sectores ya se habla de ecocidio, las consecuencias negativas de la quema de pastizales también impactan en Santa Fe y Rosario, donde ya se volvió costumbre la nube de humo que sobrevuela el centro de ambas ciudades. Lo que deriva, muchas veces, en necesidad de atención médica.
En respuesta a esta situación, el Concejo Municipal de Rosario realizará mañana una sesión extraordinaria en una de las islas del Delta del Paraná para debatir una serie de proyectos que condenan las quemas intencionales de pastizales. El propio intendente Pablo Javkin se presentará como querellante en las causas que involucran a propietarios de terrenos que se vienen incendiando y pidió que “los responsables estén presos”.
El reclamo también toma fuerza en San Nicolás y San Pedro donde tanto Manuel Passaglia como Cecilio Salazar, respectivamente, activaron denuncias públicas y penales. Sin embargo, la Fiscalía Federal de San Nicolás archivó esta semana la investigación de oficio por incendios en la zona de islas según indica la resolución porque “si bien se pudo constatar la existencia de los incendios suscitados sobre las islas de San Pedro, de las diligencias realizadas se ha podido determinar que los mismos, por su dimensión, no originaron un peligro concreto”. De todos modos, el municipio labrará las contravenciones pertinentes.
La situación en el Delta del Paraná difiere con la realidad que atraviesa el municipio de Tigre en materia de biodiversidad debido a la ordenanza aprobada en 2019, tras varios años de reclamos, sobre la preservación de los humedales. “Hoy estamos viviendo el futuro en relación a estas problemáticas. Podemos ser espejo para otros distritos”, asegura María Paz Mazzola, directora general de Gestión Ambiental.
En esa línea, la posibilidad de avanzar con la ley de humedales implica un paso hacia adelante en la preservación del medio ambiente. Una causa que dejó de ser interés del futuro y que ya es presente.
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Otro proyecto para proteger los humedales



De qué se trata el proyecto de Ley de Humedales que presentó un diputado santafesino  

Fecha de Publicación
: 29/07/2020
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Nacional


Enrique Estévez explicó que el 21,5% del país está compuesto por Humedales, que son esquemas que no se vuelven a reconstruir. Es por esto que presentaron un nuevo proyecto de Ley luego de dos que no fueron aprobados en Diputados en ocasiones anteriores.
El Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe , Enrique Estévez, presentó un proyecto de Ley de Humedales que garantice recursos y herramientas de gestión para proteger a estos ecosistemas, que cubren el 21,5% del territorio argentino. "Hace muchos años que las quemas de pastizales se volvieron una catástrofe ambiental. Se está matando la flora y fauna de los lugares y por eso se pelea por una ley", indicó en diálogo con Aire de Santa Fe. Sin embargo, destacó que nunca antes se vieron los niveles de fuego como en los últimos días.
"El proyecto de ley fue trabajado colectivamente con organizaciones ambientales, universidades públicas y especialistas en la materia", precisó Estévez, quien afirmó que proyectos similares fueron presentados al Senado de la Nación con anterioridad, obtuvieron media sanción, pero se detuvieron en la Cámara de Diputados.
"La ley establece la realización de un inventario nacional de Humedales que será construido de manera participativa", aclaró el diputado santafesino. "Se va a tratar de catalogar las actividades que se pueden o no hacer en estos ecosistemas", aseguró. Leer más ? Ley de Humedales: un diputado santafesino presentó un nuevo proyecto y se vuelve a abrir el debate La entrevista al diputado nacional Enrique Estévez

Fuentes de vida
Según se especifica en el documento “Recomendaciones y fundamentos para una ley de presupuestos mínimos de Humedales”, elaborado por un conjunto de organizaciones ambientalistas, estos ecosistemas se destacan por la gran cantidad y diversidad de beneficios (bienes y servicios ecosistémicos) que aportan a la sociedad, entre los cuales están el abastecimiento de agua, la amortiguación de las inundaciones, la reposición de aguas subterráneas, la estabilización de costas, la protección contra las tormentas, la retención y exportación de sedimentos y nutrientes, la retención de contaminantes y la depuración de las aguas. Leer más ? Quema de pastizales: aseguran que Santa Fe no da a basto y que Entre Ríos no responde También proveen hábitat, alimento y refugio para el sostén de la diversidad biológica y son ecosistemas de importancia respecto al cambio climático, tanto para los procesos de mitigación (algunos intervienen en el secuestro y almacenamiento de carbono de manera tal que constituyen el principal reservorio de este elemento), como para los 20 procesos de adaptación dado que actúan como “infraestructura natural” para reducir el riesgo de fenómenos extremos como tormentas, inundaciones y sequías.

Documento ambientalista
En un documento publicado hace pocos días, las organizaciones plantean “superar la falsa antinomia entre proteccionismo/desarrollismo a fin de contar con un marco normativo que asegure un desarrollo sostenible sobre la base de un equilibrio entre sus componentes ecológicos, socioculturales y económicos. “Es fundamental que una Ley de Humedales genere las condiciones para el desarrollo de un inventario a nivel nacional que viabilice la delimitación y caracterización de todos los humedales del país. Es fundamental que se le asigne la responsabilidad de su desarrollo a un organismo público, que se formalicen las instancias de colaboración científico técnicas e institucionales y que se dote a los responsables y los colaboradores de los recursos necesarios para su concreción”, señalaron.
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Alertan del estado de los Humedales en su día



Humedales y biodiversidad en riesgo

Fecha de Publicación
: 04/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Alertan por su destrucción y contaminación. En el país ocupan 60 millones de hectáreas. El extractivismo y los countries son sus principales amenazas.
Barrios cerrados, agronegocio y minería de litio. Son tres de las actividades que más atentan contra los humedales, reservorios naturales de agua que son vitales para regular las inundaciones, preservar la biodiversidad y evitar el calentamiento global. En el Día Mundial de los Humedales, organizaciones sociales, pueblos indígenas y académicos exigen el freno a su destrucción. Los humedales abarcan el 21 por ciento del territorio nacional, 60 millones de hectáreas y aún no hay una ley específica que los proteja.
 Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como "esponja" y regulan el caudal de agua. Absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), el Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires), la Laguna de los Pozuelos y las Salinas Grandes (Jujuy), entre otros. Almacenan el 30 por ciento del carbono terrestre (son fundamentales para mitigar los efectos de la crisis climática y el calentamiento global).
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocio (ganadería, arrozales, soja), minería (sobre todo de litio) hasta de grandes empresas inmobiliarias (los countries suelen ubicarse, y destruir, humedales).
Patricia Pintos es investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de La Plata. Explica que décadas atrás los humedales eran catalogados como espacios marginales o exentos de valor, pero a medida que en esos lugares se observaron sus potencialidades económicas comenzaron a ser ecosistemas altamente amenazados. “Se multiplicaron proyectos de agricultura comercial, emprendimientos inmobiliarios para el segmento ABC1 y proyectos de minería. Estos cambios son portadores, cada vez más, de un sinnúmero de conflictos ecológico-distributivos, que en su origen incluyen a los poderes públicos responsables de otorgar los permisos, y cada vez más al Poder Judicial y a las organizaciones sociales en las calles”, afirma.
Una investigación de Pintos, “Urbanismo privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del Río Luján”, contabilizó al menos 66 barrios privados que ocupan 9065 hectáreas en la cuenca baja del río Luján (Pilar, Campana, Escobar y Tigre).
Diego Domínguez vive en la zona de las islas de Tigre. Es investigador del Conicet, parte del Observatorio de Humedales y de la Cooperativa Isla Esperanza, que reúne a junqueros, habitantes históricos del lugar, los “campesinos” de las islas. Enumera dos problemas graves y básicos de los humedales del Delta del Paraná. La contaminación: “Millones de litros de glifosato y otros agrotóxicos en el río. Vivimos rodeados de agua y tenemos que buscar bidones en la ciudad para tomar”. Esa agua con agrotóxicos va al Río de La Plata, de dónde se provee de agua la Ciudad de Buenos Aires.
El segundo mayor problema es la disputa por el agua y la tierra. Y allí tienen protagonismo los countries. Domínguez precisa nombres propios: Eduardo Costantini (Consultatio-Nordelta), Jorge O'Reilly (Eidico), los hermanos Hugo y Adrián Schwartz (Colony Park) y el Grupo Soldati, entre otros. Denuncia que hay un plan sostenido por distintos gobiernos y empresarios para vaciar la región de isleños, sus históricos habitantes, y dejar vía libre a los barrios cerrados.
Clemente Flores es parte del Pueblo Kolla y uno de los voceros de la Mesa de Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy), región que también es parte de los humedales de Argentina, ya no con islas y frondosa vegetación, sino con llanuras de sal y agua dulce. Desde hace más de una década luchan contra las mineras de litio, que quieren explotar las salinas. “Trabajamos y vivimos acá. Cuidamos el territorio para las futuras generaciones, mientras los gobiernos favorecen la depredación empresaria”, afirma Flores. También recuerda que están vigentes los derechos indígenas (Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT, entre otros), que obligan a que el Estado consulte a los pueblos originarios ante cada afectación que pudieran tener. Denuncia que jueces y fiscales no están haciendo cumplir la ley, y así favorecen a las mineras.
El Programa Humedales Sin Fronteras es un colectivo de organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Países Bajos que trabajan por la sustentabilidad de la Cuenca del Plata. Por Argentina participan Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Taller Ecologista, Casa Río y Fundación Cauce. Recuerdan que también hay humedales en riesgo en el Gran Buenos Aires (Reserva Santa Catalina, Lomas de Zamora) y también vinculan actividades extractivas como el fracking con la destrucción de humedales: para las petroleras en Vaca Muerta se extraen arenas silíceas del lecho del Río Paraná, a la altura de la ciudad entrerriana de Diamante. En Chubut también hay humedales en riesgo, por ejemplo el conocido “mallín de los Cual” (de la comunidad Mapuche-Tehuelche Cual) en la localidad de Gan Gan, amenazado por un proyecto de explotación de plata y plomo.
“Hace falta voluntad política de frenar los avances empresarios y la apropiación de las islas. El estado municipal, provincial y nacional deben poner un freno a la destrucción y apropiación indebida de los humedales”, reclama Domínguez. Y recuerda lo que en tiempos de lluvia luego todos lamentan: “Menos humedales es igual a más inundaciones”.
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Humedales siguen siendo territorio de disputas



Humedales, la próxima frontera

Fecha de Publicación
: 08/10/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El Banco Mundial, el FMI y otros organismos internacionales con lógica privatizadora miran con gran interés su relevancia estratégica clave.
El agua es un recurso natural renovable y «finito» y, mientras nuestros humedales representan la tercera reserva mundial más grande de agua dulce,el Banco Mundial, el FMI y otros organismos internacionales con lógica privatizadora miran con gran interés su relevancia estratégica clave.
Una de las primeras preocupaciones que tiene todo país es proteger sus fronteras, como el mejor recurso para cuidar su territorio y básicamente su soberanía, al igual que los recursos naturales. Y si bien se han alzado voces de alerta y denuncias sobre los peligros que tienen como consecuencia las faraónicas obras de empresas multinacionales de explotación agrícola forestal en territorio mesopotámico, lo cierto es que los organismos del Estado hasta ahora han perdido la batalla por imponer un marco de regulación y resguardo.
A inicios de su mandato, el presidente Mauricio Macri había prometido una ley nacional de humedales, esto nunca se concretó. En 2016, la Cámara de Senadores se negó a votar el proyecto, el principal artífice de la negativa fue el productor y senador entrerriano Alfredo De Angeli.
Sin embargo, la Corte Suprema acaba de emitir un fallo histórico en defensa de este recurso vital para la existencia de cualquier tipo de vida, ordenó frenar la construcción de un barrio privado en Entre Ríos y proteger los reservorios de agua dulce. Cabe destacar que sólo en la cuenca baja del río Luján, zona dereiteradas inundaciones, existen al menos 66 barrios privados que ocupan 9000 hectáreas de humedales. El máximo tribunal abordó, en 22 páginas, la función vital en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes que ejercen los humedales.
Mientras se prevé que para el 2025 la demanda de agua potable será un 56% mayor que el suministro de la misma, seis mil personas, en su mayoría niños menores de cinco años, mueren cada día en el mundo debido a enfermedades causadas por el agua contaminada y el saneamiento deficiente, según un informe de las Naciones Unidas.
La biodiversidad que lbergan estos reservorios de agua dulce también genera medios de vida para mucha gente, permitiendo el aprovechamiento de la humedad para la agricultura, la pesca, el pastoreo, la actividad forestal y el turismo. Gran cantidad de lagunas, esteros, y pantanos se esparcen y ayudan a todos los países de la región a mitigar los efectos de la desertificación, y sobre todo a conservar la biodiversidad.
Hace unos años elaboramos el Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo Productivo Sostenible del Delta Entrerriano, con una fuerte actividad territorial. Esta labor, producto del trabajo colectivo, es una herramienta para la defensa y protección del Delta del Paraná representado por humedales, que ocupa 17.500 km2 de superficie. Su mayor parte, el 80% se encuentra localizado en el territorio entrerriano, el 15% en la Provincia de buenos Aires y el 5% restante en
la provincia de Santa Fe. Junto a la sociedad civil también participaron diferentes organismos públicos como el Senasa, la Secretaría de Ambiente de la provincia, el Ministerio de Turismo de Entre Ríos, la Secretaría de Ambiente de Santa Fe, la Dirección de Ganadería, la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria, la Dirección Provincial de Vialidad, el Ministerio de Salud, el INTA Paraná, el INTI, el Ministerio de Planeamiento, la Dirección de Recursos Naturales, el Senado provincial, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Minería, el Servicio Administrativo Contable de la Gobernación y Coordinación de Pescadores, entre otros. En dicho trabajo resaltamos el uso irracional del este recurso junto con su desperdicio y la contaminación a la que se somete constantemente, provocando la disminución de la disponibilidad de agua utilizable, afectando a los ecosistemas vinculados, alterando la flora y la fauna que cobija y perjudicando a las futuras generaciones argentinas.
Los humedales son vitales para la supervivencia humana, son uno de los entornos más productivos del mundo y cunas de diversidad biológica. Estos factores los eleva a la categoría de "riñones del planeta". El factor prevención es fundamental para tener una buena salud renal en la dimensión ambiental. Mientras este proceso madure, resultaría muy justificado cuidar los recursos naturales y mejorar las condiciones necesarias para las próximas generaciones que la necesitarán. A finales del siglo, los humedales serán la próxima frontera entre la vida y la muerte.
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Encuentro por el Inventario Nacional de Humedales

Ambiente convocó a más de 50 especialistas en el marco del Inventario Nacional de Humedales

Fecha de Publicación
: 02/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional


La cartera de Ambiente organizó un encuentro para recopilar experiencias de identificación, delimitación y clasificación de humedales en el marco del Inventario Nacional.
Los días 11 y 12 de junio se realizaron reuniones de coordinación de proyectos de inventario de humedales con más de 50 especialistas de diversas regiones del país donde se repasaron las lecciones aprendidas en estas experiencias, sus resultados y la replicabilidad de los trabajos en otras áreas de la Argentina.
En el encuentro se analizó una propuesta de marco conceptual y lineamientos metodológicos para el Inventario Nacional de Humedales, basada en las definiciones operativas acordadas en el taller organizado por la Secretaría Ambiente nacional en 2016. Asimismo, se intercambiaron experiencias sobre los proyectos de inventario realizados en la cuenca Olaroz–Cauchari y la subcuenca Río Rosario en Jujuy; el Chaco semiárido en Salta; el Arroyo Yaguarí, Corrientes; la cuenca del Río Mendoza, Mendoza; la cuenca del Río Santa Cruz, en Santa Cruz; los partidos Luján, Pilar y Escobar en la provincia de Buenos Aires; el delta del Paraná, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y la cuenca Matanza Riachuelo, Buenos Aires.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, señaló que “los trabajos del Inventario Nacional de Humedales profundizan los esfuerzos iniciados para contar con un Sistema de Información Ambiental Nacional, integrado y federal, para cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente”. Agregó que, “esta herramienta jerarquiza la valoración de los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio y la regulación de las actividades, permitiendo consolidar políticas de conservación y uso sustentable para apoyar un desarrollo sustentable en el país”.
Sobre los trabajos del inventario, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, expresó: “En los últimos años hemos publicado el primer relevamiento de escala nacional (Regiones de Humedales de la Argentina) y un récord de proyectos de mayor detalle en distintas zonas del país. Estos trabajos fueron realizados junto con los máximos especialistas en la materia, generando las condiciones para integrar los humedales en la planificación del desarrollo y ampliar las áreas protegidas en estos ambientes, como en el caso de los Parques Nacionales Iberá y Ciervo de los Pantanos, y el Sitio Ramsar Reserva Natural Villavicencio”.
Participaron de la reunión la directora nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges y representantes de organismos de gestión (OPDS, ACUMAR y CONAE), centros de investigación (INTA, INA y CONICET-IADIZA), universidades (UNSaM, UNTu, UNJu, UNL, UNPA y UBA) y organizaciones de la sociedad civil (Fundación Humedales).
La actividad contó con el apoyo del proyecto “Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del Desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y ejecutado por la cartera ambiental junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Inventario Nacional de Humedales
Los humedales incluyen una variedad de ecosistemas que se caracterizan por la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial, así como de organismos y suelos asociados a estas condiciones. La Argentina cuenta con una gran abundancia y diversidad de humedales, que incluyen vegas, lagunas, turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras intermareales, entre otros.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación está liderando el proceso de Inventario Nacional de Humedales, entendiendo al mismo como una herramienta de información que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (Ley n.º 25675) y la Convención sobre los Humedales (Leyes n.º 23919 y n.º 25335). Su relevamiento presenta fuertes desafíos desde el punto de vista técnico por las características de estos ecosistemas, su variabilidad temporal y alta conectividad con otros ecosistemas, entre otros aspectos. Para abordar esta complejidad se desarrollan reuniones de expertos y experiencias demostrativas, en un ámbito de trabajo conjunto y colaborativo con especialistas y organismos de gestión, académicos y de conservación.
En el año 2016 se realizó el taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales”, donde más de 50 especialistas acordaron una definición operativa para realizar los trabajos de inventario.
En 2017 se culminaron los trabajos del proyecto “El Inventario de los Humedales de Argentina: Una Herramienta para la Implementación de la Convención de Ramsar”, financiado por la Iniciativa Humedales para el Futuro de la Convención sobre los Humedales, implementado por la Fundación Humedales/Wetlands International en colaboración con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Universidad Nacional de San Martín y especialistas de distintas instituciones científicas. Con su publicación se presentó el primer nivel del Inventario Nacional de Humedales, las Regiones de Humedales de la Argentina.
En 2018 se publicaron los resultados de las experiencias demostrativas de inventario de humedales a mayor nivel de detalle. Éstas se desarrollaron con el doble objetivo de generar información sobre humedales en áreas prioritarias y contribuir a las definiciones metodológicas del Inventario Nacional. Además, se realizó una reunión de expertos, preparatoria de la reunión de coordinación de 2019.
Los resultados del Inventario Nacional de Humedales pueden consultarse bajo formatos de gobierno abierto a través del Informe del Estado del Ambiente, la página web de la Secretaría de Ambiente y la Infraestructura de Datos Espaciales de Ambiente: http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=12865

Red de Sitios Ramsar
La Argentina suscribió la Convención sobre los Humedales de Ramsar, un acuerdo internacional para promover su conservación y uso racional. El tratado cuenta con una Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar), en la cual se incluyen aquellos humedales reconocidos por sus características sobresalientes en base a criterios ecológicos, biológicos y físicos.
En nuestro país se han designado 23 Sitios Ramsar, que abarcan más de 5 millones y medio de hectáreas. Su administración se encuentra a cargo de las jurisdicciones provinciales, y de la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley n.° 22351. La cartera ambiental nacional asiste a la mismas en la elaboración de planes de manejo, capacitación, evaluación y monitoreo. También apoya acciones de concientización, información y educación ambiental.
En los últimos años, el país asumió a nivel internacional la representación de la región de América del Sur ante el Comité Permanente de la Convención de Ramsar y la coordinación de la Iniciativa Regional de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata. También participa de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos.
Este liderazgo en los foros multilaterales se tradujo a nivel nacional en la aplicación, por primera vez, de los instrumentos elaborados por la Convención para el monitoreo y evaluación de los Sitios Ramsar. En tal sentido, se promovió la actualización de la información de base mediante las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y se realizó un análisis de la efectividad de los Sitios Ramsar para preservar sus condiciones ecológicas mediante instrumentos estandarizados (R-METT). También se han ofrecido oportunidades de capacitación y acceso a fondos internacionales, a la vez que han participado del desarrollo de planes de manejo (SR Delta del Paraná) y el Primer Foro de Humedales del Litoral Argentino.
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Humedales abandonados a su suerte por el gobierno



Humedales: lapidario informe de la Auditoría de la Nación sobre la inacción del gobierno

Fecha de Publicación
: 21/06/2019
Fuente: Dos Ambientes Noticias Verdes
Provincia/Región: Nacional


Ni presupuesto, ni trabajo de campo, ni estrategia, ni información pública. Nada. Ese es el resumen de lo (no) hecho por el gobierno nacional en los últimos años en relación al estudio y la conservación de los Humedales, ecosistemas cada vez más valorados a nivel internacional por los variados y ricos servicios ambientales que prestan a su entorno. Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación publicado el pasado 11 de junio donde se describe el grado de desidia y falta de trabajo de las áreas competentes en el tema, entre las cuáles se destaca la secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.
“Durante el período auditado (entre 2015 y 2017) no hay evidencia de trabajo coordinado entre la Secretaría y la Conadibio (Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica). Tampoco se observa que la conservación de los Humedales haya sido tratada en las subcomisiones” señala la auditoria, que agrega que al día de hoy la Conadibio “no poseía información concreta ni informe preliminar” sobre la situación de los Humedales, a pesar de que este debía ser entregado en diciembre pasado.
La Auditoría también relevó que por ahora sólo se publicó el primer nivel del inventario nacional de humedales (todavía faltan el dos y el tres) “a pesar de que es el instrumento esencial para la elaboración y aplicación de políticas de cuidado”. Al mismo tiempo se señala que “no existe en el presupuesto nacional una partida específica para la realización de este inventario ni hay planificación específica para su realización” y se observa “una falta de lineamientos comunes para todo el territorio nacional”. Tampoco se detectaron “criterios técnicos utilizados para la selección y priorización de las provincias donde se realizaron las pruebas piloto”.

Sitios Ramsar
Respecto a los sitios Ramsar, lugares considerados como humedales de importancia internacional , la Auditoria expresó que las instancias gubernamentales “no realizaron una evaluación rigurosa de los sitios” ni tampoco desarrollaron un sistema de evaluación ni de monitoreo para establecer su grado de conservación ni para relevar su dinámica. El organismo de control agregó que la información suministrada por esas áreas “posee inconsistencias y en algunos casos es insuficiente” ya que de los 23 expedientes solicitados sólo se suministró información sobre tres sitios.
“La falta de información ocasiona que no se tenga un expediente detallado de cada sitio Ramsar, dificulta su monitoreo e impide realizar un seguimiento”, dice el informe, que denuncia a estas acciones como “una restricción significativa de acceso a la información pública”.

Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales tampoco hizo lo que tenía que hacer ya que no incluyó ni estrategias ni acciones concretas de defensa de los sitios Ramsar bajo su jurisdicción. Además, según la auditoria, los parques nacionales que poseen sitios Ramsar no tienen personal suficiente para su cuidado y conservación.
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En Ambiente definen metodología del Inventario de Humedales

El Ministerio de Ambiente avanza en el Inventario Nacional de Humedales
 
Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional


Una reunión de especialistas que buscan definir las metodologías del Inventario Nacional de Humedales tuvo lugar ayer en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La cartera —a cargo de Sergio Bergman— es la institución que lidera el proceso de construcción del inventario, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (N.° 25675) y la Convención sobre los Humedales.
La complejidad y heterogeneidad de los ecosistemas de humedales determinan la necesidad de un desarrollo conceptual y metodológico específico para implementar los relevamientos en las diversas regiones del país. En ese sentido, la cartera ambiental convocó a especialistas de los ámbitos científico técnicos con el objetivo de establecer el marco conceptual y los lineamientos metodológicos del inventario.
En el encuentro, los expertos abordaron diversos aspectos técnicos y operativos, incluyendo cuestiones asociadas a la terminología, escalas y enfoques. También propusieron y debatieron sobre las estrategias y desafíos de su implementación, analizando las capacidades existentes en el país para la ejecución de los trabajos. Asimismo, remarcaron la continuidad del proceso con relación a los talleres y experiencias demostrativas anteriormente realizados, como plataforma para la profundización de las tareas de inventario y la consolidación de una red de instituciones involucradas.
El secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, presente en la reunión, destacó que “la generación de información pública de calidad es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio”. Enfatizó además “el compromiso del ministro Bergman, y de todo el Gobierno nacional, para contar con un relevamiento de los humedales en el país, acorde al mejor conocimiento y tecnologías disponibles, para fortalecer las políticas de conservación y uso sustentable de estos ecosistemas”.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló a su turno que “las recientes publicaciones del Informe del Estado del Ambiente y el Inventario Nacional de Glaciares, entre otros, dan cuenta de la relevancia de estos instrumentos para profundizar la coordinación de acciones con las provincias y los diversos sectores involucrados”. Finalmente explicó que “la mesa de expertos tendrá continuidad con un taller participativo que permitirá consolidar los consensos metodológicos para la realización del inventario en todo el país”.
Participaron en el encuentro: Patricia Kandus y Priscilla Minotti, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín; Rubén Quintana, de CONICET, Elizabeth Mazzoni, de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Carlos Ramonell, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral; Clara Rubio, del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas; y José Volante, de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
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Diputados: proyecto de Ley de humedales en tratamiento



Diputados da luz verde a la Ley de Humedales

Fecha de Publicación
: 11/06/2017
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional


La Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados nacional comenzó a tratar el proyecto de ley de humedales, aprobado el 30 de noviembre de 2016 en el Senado, informó a AIM la asesora parlamentaria María de los Ángeles Pérez. Por el momento, la iniciativa no contendría modificaciones y se volvería a debatir a fin de mes. De todos modos, deberá sortear los obstáculos que interponga el oficialismo, que no estaría de acuerdo con el avance del texto.
Pérez, asesora del presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Julio Solanas (FPV, Entre Ríos), confirmó a AIM que el proyecto de ley comenzó a tratarse esta semana en reunión de asesores de la comisión de Asuntos Marítimos. Ahora, la iniciativa pasó para su tratamiento a los diputados, quien comenzarían su estudio en la última semana de junio.
Pérez adelantó a esta Agencia que el proyecto no tiene modificaciones hasta el momento, pero no se descartan cambios entre los diputados.
Cabe aclarar que la iniciativa tuvo una primera instancia de debate entre los asesores de la Comisión de Asuntos Marítimos y, ahora, tendrá que someterse a estudio de los diputados integrantes de ese órgano. De avanzar, tendrá que tratarse también en la Comisión de Agricultura, a la cual tiene giro. Si se aprueba, estará en condiciones de aprobarse en sesión. De todos modos, el proyecto deberá sortear el escollo del oficialismo, que no estaría de acuerdo con el avance del texto.

Qué dice el proyecto
La iniciativa establece los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales. Además, pretende preservar los beneficios ecosistémicos que brindan a la sociedad, entendiéndolos como espacios que dependen de la inundación constante o recurrente, o la saturación del sustrato en la superficie o cerca de ella.
De acuerdo a la normativa la autoridad nacional de aplicación, junto con las autoridades provinciales competentes, llevarán a cabo el registro de los humedales en un plazo no mayor a tres años.
El proyecto de ley es autoría de los senadores Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur), María Magdalena Odarda (CC-ARI) y Jaime Linares (FAP-GEN).
La iniciativa perdido estado parlamentario en una oportunidad, y luego se volvió a presentar a fines de 2015. Recién a fines de 2016 obtuvo media sanción, luego de modificaciones y disidencias entre los legisladores.
Una de las modificaciones que generó más polémica entre la sociedad y organizaciones ambientalistas fue la eliminación de uno de los puntos más importantes que tenía el proyecto, y que preveía la cuestión de la moratoria. Este artículo estipulaba un plazo de cinco años a partir de la aprobación de la ley para llevar a cabo el ordenamiento. El peligro concreto es que mientras tanto se puedan impulsar actividades que produzcan daños difíciles de revertir. El ejemplo más claro es el de las actividades inmobiliarias sobre la región del delta.
Al quitar este punto de la ley habrá uno seis años en los que se podrán realizar actividades sin regulación.
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Ocho medidas para prevenir las inundaciones



Inundaciones: las ocho medidas para prevenirlas a largo plazo

Fecha de Publicación
: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".

De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.

Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".

Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.

Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".

Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".

Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".

Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".

Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.

Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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