Denuncian el desmonte de más de 3.300 hectáreas en territorio wichí y apuntan al gobierno de Salta

Greenpeace y comunidades wichí de Tartagal acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el arrasamiento de monte nativo en tres fincas, sin dar respuesta a los pedidos de informes.

Las topadoras avanzan sobre el monte nativo del norte de Salta y las comunidades wichí de la zona de Tartagal reclaman respuestas que no llegan. Organizaciones ambientalistas y referentes indígenas acusaron al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas de bosque en apenas dos meses, en territorios que esas comunidades usan para vivir y sostener su cultura.
La comparación de imágenes satelitales del 7 de julio y del 23 de septiembre de 2026 muestra la pérdida de unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Según Greenpeace, en ese mismo período se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, sobre la ruta nacional 86.

Tres fincas en la mira
La organización identificó las propiedades donde avanzaron las máquinas. La finca Tonono figura a nombre de Martín Morales; Alcoba pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier, y Caraguatá es propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas pidieron hace más de un mes informes oficiales sobre los permisos. Las comunidades quieren saber quién autorizó los trabajos. Hasta ahora, según fuentes del caso, la Secretaría de Ambiente provincial no respondió.

Cementerios, chaguar y agua
El impacto recae sobre diez comunidades wichí. Basilia Pérez, referente de la zona, documentó con fotos y videos la destrucción de panales, nidos y plantas de chaguar, la planta cuya fibra se usa en los tejidos tradicionales wichí y que forma parte de los recursos de subsistencia de las familias. “Necesitamos que pare el desmonte”, reclamó. También habló de las fumigaciones: “Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones”.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada junto a las viviendas dejaría aislado el cementerio de la comunidad. En Arenales, también sobre la ruta 86, los pobladores deben trasladar agua potable desde unos 40 kilómetros. De acuerdo con la denuncia, algunos de los bidones que usan habían contenido agrotóxicos, y los recipientes de una donación de UNICEF nunca llegaron. Greenpeace advirtió además que algunas familias serían presionadas para ceder monte a cambio de la perforación de un pozo de agua.

Un historial de pérdida
El caso se inscribe en una historia larga. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron en Salta 714.052 hectáreas. La tendencia reciente tampoco es alentadora. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, Salta perdió 11.960 hectáreas de bosque entre enero y junio de 2026, el doble que en el mismo período de 2025, y concentró cerca de un tercio de las 40.862 hectáreas desmontadas en el norte argentino durante el primer semestre.
En 2024, la organización ya había denunciado audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para autorizar desmontes en 30 fincas, por casi 26.000 hectáreas, y estimó que la propuesta provincial en debate podía habilitar la deforestación de unas 720.000 hectáreas. Todo ello ocurre bajo la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, que obliga a las provincias a ordenar sus bosques por categorías de conservación y prohíbe desmontar en las zonas de mayor valor.

Un contexto nacional adverso
Greenpeace vinculó la situación con el escenario nacional. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales y la intención del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Bosques, una reforma que, según Cruz, es inadmisible porque aumentaría significativamente la deforestación. La organización reclama, en cambio, aplicar la norma de forma estricta y avanzar en la penalización de la destrucción de bosques nativos.
La organización recordó además que Argentina asumió en la cumbre climática de Glasgow, en 2021, el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Mientras tanto, las comunidades wichí siguen esperando que alguien les explique quién autorizó la destrucción del monte del que dependen.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo, Greenpeace Argentina

Arrasaron más de 3.300 hectáreas de bosques en Salta y avanzan sobre territorios de comunidades wichí

Topadoras con cadenas destruyen desde agosto bosque nativo en tres fincas cercanas a Tartagal, al punto de llegar a pocos metros de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. Greenpeace y organizaciones wichí denuncian que un cambio reciente en el ordenamiento territorial de Salta habilitó el avance sobre tierras reconocidas como de ocupación ancestral indígena.

Más de 3.300 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas desde principios de agosto en el área rural de Tartagal, al norte de Salta, en un desmonte que afecta directamente a tres comunidades wichí y que, según Greenpeace, pone en riesgo el sustento de otras siete más. La organización documentó con fotos y video a dos topadoras que, mediante inmensas cadenas, destruyen el bosque y el territorio de comunidades sobre la ruta nacional 86, en las cercanías de la ciudad.

Tres fincas, tres empresas
Los denunciantes identificaron a las fincas responsables: "Tonono", de Martín Morales; "Alcoba", de la empresa Desdelsur S.A., propiedad de las familias Macera y Blaquier; y "Caraguatá", de la empresa agropecuaria Estancia Tres Lagunas S.A. "Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí", manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Las máquinas, a metros de las casas
En la zona de Finca Tonono, las máquinas con cadenas llegaron hasta las inmediaciones de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. "Las máquinas con cadenas actualmente continúan deforestando. Finca Tonono está prácticamente encima de la comunidad Pozo Nuevo. Hoy los wichis mandaron fotos de que llegan hasta pocos metros de las casas", señaló Cruz. Los habitantes lograron evitar que las topadoras ingresaran a un pequeño cementerio ubicado cerca de las viviendas, aunque el lugar sigue amenazado: "esta comunidad logró salvar de las topadoras un pequeño cementerio que tienen ahí, cerca de las casas. Hasta cuándo no sabemos, porque ese espacio está delimitado para desmontar", sostuvo Cruz. Según la referente de Greenpeace, Desdelsur lleva desmontadas más de 27.000 hectáreas en los últimos años en la zona.

Un cambio normativo que abrió la puerta
Pozo Nuevo y Tonono habían estado categorizadas como "zona amarilla" dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una clasificación que impedía avanzar con el desmonte. Pero a fines de 2024 hubo una reforma a ese ordenamiento por la cual esos sectores pasaron a la categoría "amarillo oscuro", que sí permite cambios en el uso del suelo. Según un informe previo de Greenpeace, la aprobación del nuevo ordenamiento habilitó en total la deforestación de 721.568 hectáreas en la provincia, una cifra que la organización ya denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que viola la Ley Nacional de Bosques. Cruz advirtió además sobre el alcance futuro de la norma: "con el nuevo ordenamiento, Salta tendría posibilidad de desmontar más de 100 mil hectáreas por año". Según el relevamiento satelital de la organización, en los primeros seis meses de 2026 ya se habían desmontado 11.960 hectáreas en la provincia, el doble que en el mismo período del año anterior.

Territorios reconocidos, pero no respetados
Cruz calificó de ilegítimo el avance sobre estos territorios por tratarse de comunidades que cuentan con un relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): "esta deforestación es ilegítima porque viven ahí comunidades wichis que son los verdaderos dueños, cuentan con su carpeta de relevamiento que hizo el INAI, pero la provincia de Salta no respeta esa territorialidad ancestral que tienen". Entre las comunidades que la organización identifica como afectadas por el nuevo ordenamiento en la zona están Pozo Nuevo, Cañitas, Paraíso, Arenales, Tonono, Pacará, Hoktek Toi, Kilómetro 16, Kilómetro 20 y Monte Veo.

Denuncias sin respuesta
Las comunidades presentaron denuncias ante la Justicia para intentar frenar el avance de las máquinas, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. Según relató Cruz, el propio fiscal de Tartagal informó que debía intervenir la Policía, pero el operativo no se concretó por falta de combustible para los vehículos. "Se desconoce qué es lo que la Provincia autorizó porque no dieron explicación ni a los wichis ni a organismos como Greenpeace, que presentamos notas y ya denunciamos esto hace más de un mes", afirmó. La organización lanzó además una convocatoria para sumarse a la "República de los Siete Bosques", una plataforma que busca construir una comunidad protectora de los bosques frente a distintas amenazas, con inscripción abierta en sietebosques.org.

Un patrón que se repite en el norte del país
La organización recordó que Argentina todavía está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, y cuestionó en ese marco los intentos de flexibilizar aún más la Ley de Bosques a nivel nacional. "Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos", sostuvo Cruz. Un informe anterior de la organización, de principios de 2025, ya había señalado que casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte argentino durante 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco: el 75% de esa superficie correspondió a Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, con 149.649 hectáreas deforestadas, equivalentes a unos 210.000 campos de fútbol.


Fecha de Publicación: 05/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: El Diario AR, Nuevo Diario de Salta

Santiago del Estero: autorizan un desmonte en territorio indígena de la Comunidad El Tunal

Semanas después de que sus integrantes frenaran el ingreso de una topadora, la Comunidad El Tunal, del Pueblo Vilela, denunció que la Dirección de Bosques provincial autorizó formalmente a una empresa agropecuaria a desmontar uno de los últimos sectores de monte nativo de su territorio, reconocido oficialmente por el Estado como de ocupación tradicional indígena.

La Comunidad El Tunal, perteneciente al Pueblo Originario Vilela, denunció que continúan los desmontes en parte de su territorio comunitario en el norte de Santiago del Estero, pese a los reclamos presentados ante las autoridades provinciales. Según informó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), la Dirección de Bosques de la provincia autorizó a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. a avanzar con las tareas, luego de que a fines de agosto la propia comunidad lograra frenar el ingreso de una topadora que había comenzado a desmontar en el lugar.

Una autorización después de la resistencia
De acuerdo con la organización, tras aquel freno inicial se presentó en el territorio una persona con una orden atribuida a la directora de Bosques de la provincia, Noelia Zanichelli, mediante la cual se autorizaba a la empresa a realizar el desmonte. "Ante el desconocimiento total de la comunidad, se han radicado las denuncias correspondientes, sin embargo desde las autoridades de control, se hace oído sordo", sostuvo el MOCASE-VC en una publicación difundida en redes sociales. Según la denuncia, las máquinas continúan trabajando en el lugar. La organización afirmó además que las topadoras están custodiadas por personas armadas, una acusación que no fue acompañada de documentación pública sobre la identidad de esas personas ni sobre actuaciones judiciales vinculadas al episodio.

Un territorio que el propio Estado reconoció como indígena
El Tunal está ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero. En 2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluyó el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad, y reconoció su ocupación actual, tradicional y pública sobre una superficie de aproximadamente 3.132 hectáreas, con delimitación georreferenciada y documentación histórica y antropológica incluida. Ese antecedente es central en el conflicto actual: mientras un organismo nacional registró oficialmente la ocupación tradicional del territorio, otro organismo provincial autorizó allí una actividad de desmonte.

Las preguntas que plantea la comunidad
El MOCASE-VC cuestionó los criterios utilizados por la Dirección de Bosques para otorgar la autorización y planteó interrogantes sobre la participación de la comunidad en el proceso: "¿por qué no se ha sometido a consulta pública? ¿Por qué no se mide el impacto ambiental, social, cultural, político que provoca autorizando en territorio indígena un desmonte?", preguntó la organización. La Ley Nacional de Bosques Nativos exige que los desmontes cuenten con autorización de la autoridad competente y una evaluación de impacto ambiental previa, además de contemplar mecanismos de participación pública y acceso a la información. En el caso específico de comunidades indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece además el derecho a ser consultadas mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas administrativas que puedan afectarlas directamente. La comunidad sostiene que desconocía la autorización y exige "inmediato freno a las autorizaciones otorgadas, revisión de las mismas, estudios correspondientes sobre los impactos en territorios".

Un conflicto que no es aislado
El caso de El Tunal se suma a un patrón que distintas organizaciones vienen documentando desde hace años en la provincia. Según datos de Greenpeace Argentina, Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes del país: solo en un período de seis meses se deforestaron más de 40.000 hectáreas en el norte argentino. El MOCASE-VC vinculó además este conflicto puntual con la pérdida de monte nativo y los efectos del cambio climático, y pidió que se evalúen las consecuencias ambientales, sociales y culturales de las actividades autorizadas en territorios de comunidades originarias.


Fecha de Publicación: 03/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

El monitoreo satelital en La Pampa detectó la deforestación no autorizada de caldenales dentro del área protegida por la Ley de Bosques


Sistemas de teledetección e inspecciones de gestión ambiental analizan la pérdida del bosque nativo de caldén por la expansión no planificada de la frontera agropecuaria.

Un informe derivado del sistema de alerta temprana satelital de la provincia de La Pampa confirmó el desmonte no autorizado de 342 hectáreas de bosque nativo en el departamento Rancul. Las imágenes de sensores remotos permitieron constatar la erradicación mediante maquinaria pesada de especímenes de caldén (Prosopis caldenia), una especie endémica que conforma la ecorregión del Espinal. La deforestación ilegal sobre parcelas catalogadas en categorías de conservación de la Ley de Bosques N.º 26.331 no solo configura una infracción gravísima a la normativa ambiental, sino que genera un impacto negativo inmediato sobre la biodiversidad terrestre, la dinámica del carbono y la protección del suelo en una zona de alta vulnerabilidad a la erosión eólica.

Mecanismos de degradación y pérdida de funciones ecofisiológicas
El caldenal actúa como una barrera biológica y estabilizadora del suelo frente a las condiciones de aridez del semiárido pampeano. La remoción de la cobertura arbórea madura destruye el horizonte orgánico y quiebra el entramado radicular que previene la degradación edáfica. Sin la protección del dosel arbóreo, los vientos dominantes aceleran la erosión eólica y despojan al terreno de sus nutrientes principales, reduciendo significativamente la capacidad de retención de agua. Asimismo, la eliminación súbita de este estrato arbóreo interrumpe el proceso de fijación biológica de carbono atmosférico y destruye el hábitat de nidificación y refugio de mamíferos y aves amenazadas que habitan en los relictos del Espinal.
Para desglosar las variables técnicas y las consecuencias ecológicas derivadas de este desmonte no autorizado, se destacan los siguientes puntos:
- Erosión eólica y empobrecimiento edáfico: Exposición directa del suelo a la acción del viento tras la pérdida de la vegetación leñosa.
- Fragmentación del bioma del Espinal: Pérdida de conectividad biológica entre parches de bosque maduro de caldén.
- Infracción al Ordenamiento Territorial: Alteración de categorías de conservación fijadas por la legislación nacional y provincial.

Fiscalización científica y marcos de aplicación normativa
La detección mediante monitoreo satelital por parte de los organismos de fiscalización provinciales demuestra la efectividad de las herramientas geoespaciales para la fiscalización del territorio. Informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Dirección General de Recursos Naturales ratifican que la tala no planificada en el distrito semiárido compromete el equilibrio hídrico regional. Las autoridades ambientales han dispuesto el cese de las actividades en el predio, la formulación de las actuaciones sumarias correspondientes y la exigencia de planes de recomposición del daño ambiental conforme a las sanciones previstas por la ley.

Gobernanza ambiental para la restauración del bosque nativo
Frente a la persistencia de desmontes ilegales, resulta indispensable profundizar la fiscalización remota e intensificar las multas operativas a los infractores. Garantizar el cumplimiento estricto del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y promover la restauración ecológica de las hectáreas degradadas son acciones prioritarias para frenar la desertificación y resguardar el patrimonio natural de La Pampa.


Fecha de Publicación: 15/09/2026
Provincia/Región: La Pampa
Fuentes originales consultadas: InfoPico, Agencia Télam, La Nación, La Arena, INTA
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Alerta socioambiental en el Gran Chaco por el avance incesante de la deforestación y la pérdida de biodiversidad

Informes regionales de fiscalización ambiental y reportes periodísticos exponen la fragilidad del bioma chaqueño ante la persistencia de cambios no autorizados en el uso del suelo y el impacto en las comunidades.


La ecorregión del Gran Chaco Salteño y su entramado socioambiental contiguo enfrentan una situación crítica marcada por el desmonte sistemático, la fragmentación del hábitat nativo y la pérdida irrecuperable de bienes comunes naturales. Según coberturas especializadas difundidas por el diario Nuevo Diario de Salta y agencias de noticias del Norte Grande argentino, el avance continuo de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos de alto valor de conservación continúa operando bajo modalidades ilegales o amparadas en recategorizaciones territoriales cuestionadas por la justicia federal. La tala indiscriminada no solo vulnera la estructura biológica de especies arbóreas autóctonas como el quebracho y el algarrobo, sino que desencadena un severo impacto social sobre las comunidades campesinas y los pueblos originarios que dependen de la recolección, la apicultura y la caza para su subsistencia diaria.

Impactos hidrológicos, suelo y erosión de la biodiversidad
El Gran Chaco representa el segundo ecosistema forestal más extenso de América del Sur y el mayor bosque seco continuo del continente. La eliminación acelerada de la cobertura vegetal nativa altera de manera directa el balance hídrico de la cuenca del Río Juramento-Salado y el Río Bermejo. Sin la intercepción foliar ni el entramado radicular de los árboles autóctonos, los suelos sufren un proceso severo de compactación y salinización, incrementando drásticamente el riesgo de inundaciones devastadoras durante la estación de lluvias y acelerando la desertificación en los periodos de sequía estival. Asimismo, la destrucción de estos corredores biológicos acorrala a grandes mamíferos en peligro de extinción, como el yaguareté, el tatú carreta y el oso hormiguero gigante, empujándolos al aislamiento genético y a la desaparición local.
Para desglosar los ejes prioritarios sobre la problemática del desmonte en la región chaqueña, se destacan los siguientes eches estructurales:
- Inobservancia del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): Desmonte de parcelas clasificadas en Categoría I (Rojo) y II (Amarillo) donde la ley prohíbe de forma estricta el cambio de uso de suelo.
- Vulneración de derechos comunitarios e indígenas: Falta de titulación comunitaria y avance de la maquinaria agrícola sobre territorios ancestrales habitados por comunidades Wichí, Qom y familias criollas.
- Pérdida del servicio de captura de carbono: La quema y posterior despeje de biomasa libera miles de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, anulando la capacidad de mitigación climática de la región.

Exigencia de controles, multas efectivas y restitución de bosques
Asambleas socioambientales, entidades académicas y organizaciones de derechos humanos exigen de manera urgente a las autoridades provinciales y nacionales un endurecimiento real de los controles de fiscalización en territorio. Una de las demandas centrales apunta a la tipificación del delito penal ambiental por deforestación ilegal, dado que las multas administrativas vigentes suelen ser absorbidas por las empresas agrícolas como un costo operativo más dentro de la inversión del proyecto. Asimismo, se demanda la suspensión inmediata de todas las autorizaciones de desmonte vigentes hasta tanto se consolide un proceso de participación ciudadana vinculante y se implemente un plan de restauración ecológica obligatoria para los predios ilegalmente talados.

Defender el Chaco para la resiliencia climática del norte argentino
Preservar el Gran Chaco no constituye únicamente un imperativo biológico, sino un requisito estratégico para la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria y la estabilidad climática de todo el Norte Grande. Detener la topadora y promover modelos productivos sostenibles —como el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) y el desarrollo de economías forestales no maderables— resulta indispensable para garantizar la permanencia digna de las comunidades rurales en su territorio. Garantizar la intangibilidad del bosque nativo es el único camino para asegurar un futuro de equidad socioambiental en la región.


Fecha de Publicación: 09/09/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes originales consultadas: Nuevo Diario de Salta, Agencia Télam, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta
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Denuncian avances ilegales y daños al patrimonio en las sierras de Tandil 

Fecha de Publicación: 24/08/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil volvió a denunciar intervenciones que, según sostiene, incumplen las normas que protegen el área serrana. El último caso fue registrado el 19 de agosto e incluye trabajos de desmonte, construcción y la destrucción de una pirca histórica.
El Plan de Desarrollo Territorial establece distintas restricciones según la altura. Desde los 200 metros sobre el nivel del mar, el sector rural está considerado Zona Natural Protegida, mientras que a partir de los 280 metros el territorio es catalogado como no urbanizable.
La organización sostiene que, pese a estas disposiciones, el avance de construcciones sobre las laderas se incrementó durante los últimos años. Según registros visuales, en 2010 la zona presentaba pocas edificaciones, mientras que para febrero de 2026 ya podían observarse alrededor de diez nuevas viviendas.
La situación más reciente fue detectada en un sector ubicado por encima de los 280 metros. Allí se realizaron tareas de desmonte y edificación que, de acuerdo con la Asamblea, afectaron una pirca, estructura de piedra considerada parte del patrimonio histórico y arqueológico local.
La protección de estas construcciones está contemplada tanto por una ordenanza municipal como por el propio Plan de Desarrollo Territorial.
Desde la organización cuestionaron la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos. “Los años van dejando cero respuestas y mucha impunidad”, señalaron los integrantes de la Asamblea.
Además, advirtieron que la expansión urbana sobre las sierras genera un impacto acumulativo sobre el paisaje y el ambiente.
Frente a este panorama, la Asamblea convocó a la comunidad a una presentación sobre la situación del área serrana. El encuentro será el jueves 27 de agosto, a las 18, en la Sala A del Centro Cultural Universitario, ubicado en Yrigoyen 662, con entrada libre y gratuita.
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Comunidades indígenas denunciaron penalmente los desmontes en el norte

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Referentes indígenas explicaron que recorrieron al Ministerio Público Fiscal después de esperar por dos semanas respuestas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Referentes de las comunidades indígenas ubicadas sobre la ruta nacional 86, en la jurisdicción del municipio de Tartagal, se presentaron ante la Fiscalía Penal 2, a cargo de Gonzalo Vega, a denunciar los desmontes que se están llevando a cabo en la zona rural de esa localidad y solicitar que se ordene su cese urgente.
Las poblaciones indígenas habían advertido de los movimientos de topadoras en la zona al iniciar agosto. En aquel momento Salta/12 requirió información a la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero la respuesta fue que debía presentar un pedido de acceso a la información.
Representantes de las comunidades también pidieron información a este organismo, pero tampoco obtuvieron información documentada sobre los supuestos permisos para el desmonte que serían realizados por Martín Morales y la empresa DesdelSur.
En la zona, alejada de toda posibilidad de registro y sin inspección alguna, pobladores registraron con sus teléfonos celulares una cadena que rodea al monte que todavía queda en pie y que es llevada por una de las picadas abiertas. Las comunidades afirmaron que estas cadenas se utilizan para arrancar la vegetación.
Estas cadenas de gran tamaño son enganchadas a topadoras que avanzan paralelas por las picadas abiertas y van destruyendo la vegetación, además de la fauna que no alcance a escapar de este avance. Cada eslabón de la cadena puede medir entre 25 y 40 centímetros y pesar hasta 40 kilogramos.
El ruido es perturbador. “Uno de acá de la zona fue ayer a ver qué es lo que hay y dice que ahí están topadores en cadenas y la gente de Pozo Nuevo se siente como un niño que no tiene padre o la madre. Y se escucha el ruido… que caen árboles, la tierra se mueve y están hay cementerio y mucho polvo, es que no hay viento y la gente de Pozo Nuevo respira el polvo que queda en el aire”, describió Basilia Pérez, una de las mujeres que acompañan a las comunidades que denuncian el desmonte sin encontrar eco alguno en los organismos oficiales. El testimonio es de hace una semana.

La denuncia
Basilia, junto a Marcelino Pérez, de la comunidad wichí Lapacho 2, de Tartagal, otros referentes de las comunidades indígenas y la representación legal de la abogada Cecilia Jezieniecky, denunciaron ante la Fiscalía Penal 2 de la ciudad norteña las actividades de desmonte en la zona de Pozo Nuevo, que afecta de manera directa a la comunidad aborigen de Arenales, en Finca Tonono. El desmonte está, aparentemente, a cargo del empresario Martín Morales, y en Finca Alcoba, a cargo de la empresa DesdelSur en la zona que va desde los parajes Alcoba a Cañitas.
En la denuncia se detalló que las actividades se realizan aparentemente en las matrículas 29.217, 29.218, y 29.219 del departamento San Martín las que afectan de manera directa a las comunidades de Alcoba y Cañitas, a tan solo 500 metros, y a las comunidades de Tonono y Pacará.
Asimismo, los denunciantes afirmaron que el 1° de agosto recorrieron la zona de Alcoba y el 8 de agosto, la de Pozo Nuevo. En esas ocasiones lograron relevar “una fuerte preocupación y desesperación de las comunidades indígenas, quienes denuncian encadenados y máquinas topadoras”.
Sostuvieron que esta actividad es ilegal “en tanto por ser bosque nativo categoría amarilla la actividad de desmonte no se encuentra permitida”.
La cuestión es que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia permite un área de producción/conservación (o APC) que en el mapa está pintada de marrón y que se puede trocar en verde, amarillo o rojo, dependiendo del porcentaje de desmonte que se permite en la zona, y los permisos que se otorgan.
En la denuncia, los firmantes manifestaron que el bosque nativo rodeado por las topadoras es de “alto valor ambiental y cultural. Su desmonte o cambio de uso para introducción de ganadería pone en riesgo nuestras comunidades, el ambiente y nuestra salud”. Y pidieron al fiscal que “se ordene frenar la actividad hasta tanto el Estado implemente un proceso de consulta libre, previa e informada en las comunidades afectadas por dicha actividad”.
En este punto añadieron que el 3 de agosto solicitaron información sobre la actividad en Finca Alcoba a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin tener respuesta alguna. Agregaron que este organismo “no tiene equipo en la zona de Tartagal y tiene grandes dificultades para dar una intervención rápida frente a los conflictos socio ambientales”.
Explicaron que por esto acudieron a la fiscalía a cargo de Gonzalo Vega, con el propósito de que “intervenga y pueda poner un freno a la actividad”.

Los sospechosos de siempre
Según las imágenes satelitales que la organización ambientalista Greenpeace envió a Salta/12, en solo 5 días se desmontaron al menos 200 hectáreas en la zona.
La reticencia oficial a actuar ante las denuncias de las comunidades indígenas, no es una novedad. Hace 14 años, en la zona de Cuchuy, (en la jurisdicción de General Ballivián, también del departamento San Martín), referentes indígenas denunciaron los desmontes. En aquel momento, desde el área de Ambiente se afirmó que no existía ningún desmonte. Un año después, y solo por un operativo realizado por la ex AFIP, se reveló un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas, realizado por empresarios que además tenían a personas en condiciones de trabajo esclavo.
Desde 2013 hasta la actualidad, el desmonte ilegal por el cual fueron responsabilizados los hermanos José y Darío Karlen, continúa en una contienda judicial sin que se haya pagado una multa que actualmente supera los 21 mil millones de pesos. 
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Cómo se eludió la Ley de Bosques para desmontar 500.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chaco


Un estudio científico devela cómo la burocracia de Chaco facilitó la destrucción sistemática de medio millón de hectáreas de bosque nativo.
El Gran Chaco argentino, segundo pulmón verde de Sudamérica, sufre un ecocidio silencioso desde despachos estatales. Una investigación liderada por Matías Mastrángelo (Conicet) y Vera Krause (Universidad de Berlín), publicada en la revista Nature Sustainability, devela que la provincia de Chaco auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido entre 2009 y 2024.
El hallazgo clave es que esta devastación no requirió modificar la Ley Nacional de Bosques (Ley 26.331); en cambio, se empleó una red de decretos y trámites administrativos para eludir la norma y dar vía libre a las topadoras.
El estudio auditó 142 000 documentos públicos provinciales, incluidos 15 042 permisos forestales, 127 632 guías de madera y decisiones oficiales. Así, se identificaron seis maniobras administrativas precisas que permitieron eludir la protección federal:
- Recategorización de predios: Cambio de zonificación express para catalogar áreas protegidas (rojas o amarillas) como aptas para desmonte (verdes).
- Planes silvopastoriles desvirtuados: Permisos de ganadería integrada ejecutados como tala rasa y sustitución vegetal completa.
- Sobreexplotación maderera: Extracción forestal permitida por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.
- Blanqueo comercial: Legalización de madera clandestina para abastecer industrias de carbón y tanino.
- Multas ínfimas: Sanciones insignificantes que operaron como meros costos de producción.
- Ordenamiento territorial restrictivo: Reformas al mapa provincial (OTBN) para reducir la protección estricta.
Esta estructura facilitó que el Impenetrable chaqueño concentrara el 90 % del desmonte registrado.

Graves impactos y multas inútiles
Las consecuencias ecológicas y sociales son urgentes. La destrucción de este bosque árido y frágil degrada suelos, liquida sumideros de carbono clave para mitigar el cambio climático y vulnera los territorios de las comunidades Wichí, Qom y Moqoit, que denuncian el asedio de su hábitat. El desmonte desplaza además una biodiversidad única, hogar del yaguareté, el tatú carreta y árboles centenarios como el quebracho colorado.
El desmonte ilegal devino en un negocio redondo. En 2024, un productor pagaba su multa ambiental vendiendo quebracho de solo una hectárea desmontada, reteniendo ganancias de 126.5 dólares por hectárea. Además, "autorizaciones especiales" permitieron que el 55 % de la madera de carbón y tanino proviniera de desmontes clandestinos.
Andrés Nápoli, director de la FARN, advierte que estas medidas provinciales violan principios ambientales fundamentales de no regresión y progresividad, consolidando un retroceso preocupante que promueve un negocio ilícito.

Causa judicial y riesgo comercial
La contundencia de las pruebas operó como combustible judicial. La causa "La Mafia del Desmonte" escaló a la Justicia Federal por denuncias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Se investiga a exministros, directores de bosques y empresarios por asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Pese a que la Cámara Federal dictó cautelares para frenar las topadoras, la tala ilegal continúa.
El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.
“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.
Este ecocidio compromete el comercio chaqueño. El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que rige a fines de 2026, prohíbe importar carne y soja de tierras deforestadas después de 2020. Al quedar demostrado científicamente el desmonte ilegal bajo amparo estatal, Chaco arriesga perder de forma inminente sus valiosos mercados de exportación.
El caso chaqueño expone a nivel global cómo la connivencia entre la burocracia estatal y la codicia agraria puede desmantelar las leyes de protección y poner en jaque ecosistemas vitales para mitigar el cambio climático global.
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Denuncian un desmonte en territorio de uso ancestral de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 04/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades indígenas del norte denunciaron el desmonte por parte de la empresa Desdelsur SA.
Marcelino Pérez representó con sus palabras la desigualdad inserta en la política que permite el desmonte en territorio indígena: “ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.
La denuncia del referente de la comunidad wichí Lapacho 2, que se encuentra a unos tres kilómetros de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), hizo así referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria. En principio, y por los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.
La empresa “líder en producción ganadera”, como indican notas comerciales, desmontó unas 27 mil hectáreas entre 1993 y 2018, de acuerdo al informe de 2019 “El Sacrificio de los Bosques del Gran Chaco”, de Greenpeace, que incluye comparaciones de imágenes satelitales.
Los feedlots (o corral de engorde) son cotidianos en el paisaje con el que conviven las comunidades de la zona, pero la carne que se produce en estos predios no es para consumo local, sino para la exportación. Por eso estiman que las cuatro topadoras que arrasan el monte nativo tienen como propósito preparar las tierras para expandir la producción.
En el monte arrasado había especies de chañar, mistol, algarrobo, cuyos frutos son de consumo de los habitantes indígenas; también había plantas medicinales de uso ancestral. El chaguar, que sirve para las artesanías, prácticamente es inexistente en la actualidad, “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.
Se suma la pérdida de la fauna, que también proveía alimento a las comunidades. Es parte de las causas de la desnutrición crónica, cuando no las muertes de niños y niñas por deshidratación. Así lo entienden Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena.
Además, los referentes expusieron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas que lanzan herbicidas alcanzan las viviendas de las comunidades.

Sin información
Según los datos que surgen de las audiencias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue en 2014, para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la Finca Puesto Alcoba, matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
En aquel momento la empresa solicitaba, además, un “plan de ordenamiento predial”, dado que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una forma de convertir a verde (apto para desmonte), lo que era rojo y amarillo (a conservar), y viceversa.
Pero “con el nuevo ordenamiento (la zona en cuestión) queda en el área de producción/conservación”, dijo a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.
Se desconoce si hubo autorización del gobierno o readecuación de las tierras dentro de la zona que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes, o al sistema de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), como se rebautizó a una nueva modalidad.
Frente a la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte -dado que no hay registros públicos accesibles sobre los permisos para desmontar-, en la comunidad empezaron a recolectar firmas con el propósito de pedir esa información sobre los permisos que según el referente de Desdesur, ya dio el gobierno provincial.
La comunidad intenta obtener esos datos lo antes posible y no en 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador
“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de (la Comunidad) Pacará”, contó Marcelino Pérez. Allí surge la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades tanto Pacará como Tonono. Se cree que esta conversación se basa en que estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (que si bien fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral a las comunidades) y pueden hacer los reclamos.
Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más. “Están las de kilómetro 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez. A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba, Finca Las Cañitas, además de los puestos de criollos repartidos en la zona.
“Él (Santiago) se reúne y le promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Y entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, contó Pérez.
Sin embargo, esa oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte, se endurece en caso de que no se llegue a un acuerdo: “Les dicen que ya están preparados 200 milicos”, para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.
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Santa Fe lanza sistema para certificar producción sin deforestación: clave para la UE y la competitividad

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Portal MiradorProvincial
Provincia/Región: Santa Fe

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó a CyD Litoral que la herramienta responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y destacó que también servirá para fortalecer la competitividad de la producción santafesina. 
El Gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS) en la Expo Rural de Palermo 2026, una iniciativa para certificar la producción agropecuaria libre de deforestación. El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacó que esta herramienta pública y gratuita responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y fortalecerá la competitividad de los productores santafesinos.

Santa Fe lanza un sistema público para certificar productos libres de deforestación
El gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente en el marco de la Expo Rural de Palermo 2026 el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), una iniciativa pública, gratuita y voluntaria que busca certificar que los productos agropecuarios de la provincia provienen de establecimientos libres de deforestación. Esta condición cobra cada vez mayor relevancia para el acceso a los mercados internacionales, especialmente en Europa.
La medida responde directamente a las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, que a través del Reglamento EUDR 1115/2023, ha establecido que determinados productos agropecuarios solo podrán ingresar a su mercado si acreditan que no hubo deforestación en los predios desde diciembre de 2020. «Europa quiere contribuir a la no deforestación global y eso implica nuevos requisitos para los países exportadores. Santa Fe decidió transformarlo en una oportunidad para sus productores», explicó Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia.
El funcionario destacó que el desarrollo del programa es fruto de un trabajo conjunto iniciado en la gestión anterior, con el acompañamiento de consultores europeos y la propia Unión Europea. Un diagnóstico sobre la situación ambiental de la provincia, elaborado en este marco, confirmó que Santa Fe posee una sólida política de protección de bosques, incluso anterior a la Ley Nacional de Bosques. El estudio reveló que apenas el 0,4% de las partidas catastrales de la provincia presenta situaciones que podrían entrar en conflicto con la normativa europea. «Eso nos ubica en una posición privilegiada respecto de otras provincias y también en comparación con buena parte de América Latina», sostuvo Mántaras, resaltando la ventaja competitiva de la provincia en la zona núcleo productiva.

Un certificado que agrega valor y abre puertas internacionales
El programa Santa Fe Produce Sustentable permitirá a los productores obtener un certificado oficial que acredite el cumplimiento de los criterios ambientales requeridos por los compradores internacionales. Inicialmente, estará enfocado en las cadenas de carnes y cueros, pero el gobierno provincial planea expandirlo progresivamente a otras producciones clave para la economía regional, como el arroz, las frutillas, la miel y diversos cultivos.
Para Mántaras, el alcance de esta iniciativa va más allá del simple cumplimiento de una norma europea. «Lo importante es generar información y acreditar atributos de nuestros productos. Cuanto más podamos demostrar cómo producimos, mayores oportunidades tendremos de acceder y consolidarnos en los mercados», afirmó, subrayando la importancia de la diferenciación y el valor agregado en los precios que pueden obtener los productos santafesinos.
El secretario resaltó el carácter inédito y público de la herramienta. «La mayoría de estos sistemas son privados y promovidos por las propias cadenas comerciales. Nosotros queremos que los productores santafesinos tengan una alternativa gratuita, transparente y respaldada por información oficial», dijo, asegurando la equidad y accesibilidad para todos los eslabones de la cadena agropecuaria.

¿Cómo funciona la plataforma de certificación?
El proceso de certificación se realiza de manera totalmente digital a través del módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS). El productor, utilizando su identidad digital, ingresa el número de RENSPA y las partidas inmobiliarias de su establecimiento. La plataforma valida automáticamente esta información con los registros del Catastro provincial y la cruza con los datos oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Si los datos cumplen con los requisitos establecidos, el sistema emite el certificado Santa Fe Produce Sustentable, que queda vinculado tanto al RENSPA como a las partidas declaradas. Mántaras hizo hincapié en la sencillez del procedimiento y el amplio interés que despertó la herramienta durante su presentación en Palermo, tanto entre autoridades nacionales como representantes de frigoríficos exportadores y organismos internacionales. «Queremos darle tranquilidad al productor porque es un sistema sencillo, voluntario y gratuito, pensado para facilitar el acceso a estas certificaciones», señaló.

La provincia se prepara para un posible escenario de «El Niño»
Durante la entrevista, el secretario Ignacio Mántaras también abordó el escenario climático esperado para la próxima primavera y verano, ante los pronósticos que anticipan un posible desarrollo del fenómeno El Niño. Explicó que la provincia trabaja desde hace meses en un esquema preventivo y coordinado entre distintas áreas del Gobierno para reducir los riesgos productivos e hídricos en el territorio santafesino.
«Santa Fe, por su ubicación y su sistema hídrico, suele ser una de las provincias más expuestas cuando aparecen estos fenómenos. Por eso estamos trabajando con mucha anticipación», indicó Mántaras. Entre las medidas implementadas, se mencionaron jornadas de capacitación para productores, la elaboración de manuales con recomendaciones específicas para diferentes sectores como la agricultura (incluyendo estrategias de siembra y manejo de perfiles de humedad), ganadería (con foco en la invernada y el feedlot), lechería, apicultura y horticultura. Además, se desarrollan nuevas herramientas para agilizar el traslado de hacienda en situaciones de emergencia.
Se destacó la implementación del Registro de Oferentes Productivos (ROPECA), una plataforma que permitirá vincular rápidamente a los productores afectados por contingencias climáticas con establecimientos que dispongan de campos, servicios o infraestructura para afrontar la situación.
Finalmente, Mántaras adelantó que la provincia avanza en un sistema de alerta temprana, diseñado para unificar la información entre organismos públicos, gobiernos locales y los propios productores. «No buscamos generar alarma, sino conciencia. La clave es llegar preparados, con información compartida y protocolos claros para actuar de manera coordinada cuando sea necesario», concluyó, enfatizando la importancia de una respuesta articulada frente a los desafíos del clima.
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La deforestación ya arrasó dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un relevamiento de Greenpeace detectó que entre enero y junio se desmontaron 40.862 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La organización volvió a reclamar que se penalice la destrucción de bosques.
La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 40.862 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La superficie afectada equivale a casi dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento fue realizado mediante la comparación de imágenes satelitales y estima que entre enero y junio de este año la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.
Desde Greenpeace volvieron a reclamar la penalización de la destrucción de bosques y advirtieron por el avance de los desmontes en algunas provincias.
“Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Aún más grave, el gobierno de Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Reclaman sanciones más duras contra los desmontes
Según la organización, las sanciones económicas no lograron detener la pérdida de bosques. “Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, afirmó Giardini.Y sumó: “Además, hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”.
Argentina mantiene elevados niveles de deforestación pese al compromiso asumido por el país durante la Cumbre Climática de Glasgow, realizada en 2021, donde adhirió al objetivo de alcanzar la Deforestación Cero para 2030.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, señaló el integrante de Greenpeace. Desde la organización convocaron a la ciudadanía a reclamar por la protección de los bosques a través de su plataforma oficial.
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Qué se pierde cuando desaparecen los bosques: el impacto invisible que va más allá del desmonte

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Cada desmonte deja mucho más que un paisaje vacío, también se pierden funciones esenciales para regular el clima, almacenar agua, proteger la biodiversidad y sostener la producción y la vida cotidiana.
En 2025, el norte de la Argentina perdió 210.702 hectáreas de bosque nativo entre desmontes e incendios, un 40% más que el año anterior, según el informe anual de Greenpeace Argentina elaborado a partir de imágenes satelitales. De ese total, 94.204 hectáreas correspondieron a desmontes realizados con maquinaria en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, mientras que 116.498 hectáreas ardieron en incendios forestales.
El dato se inscribe en una tendencia de largo plazo: la Argentina tenía alrededor de 35 millones de hectáreas de bosque nativo en 1987 y, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Bosques de la Nación, perdió cerca de 7 millones de hectáreas entre 1998 y 2024, lo que la ubica entre los 15 países con mayor pérdida de bosques del mundo.
Esa contabilidad es necesaria, pero no alcanza para explicar el impacto completo. Un bosque no es solo un conjunto de árboles ni una reserva de madera. Es una infraestructura natural que trabaja todo el tiempo, incluso cuando nadie la ve: capta agua, modera temperaturas, conserva suelos, almacena carbono, aloja especies y mantiene procesos que terminan influyendo sobre la producción de alimentos, la disponibilidad hídrica, la frecuencia de inundaciones y la calidad de vida en ciudades que pueden estar a cientos de kilómetros.
A ese conjunto de beneficios se lo conoce como servicios ecosistémicos. El concepto fue difundido por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, un estudio internacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir cómo los cambios en los ecosistemas afectan el bienestar humano. La definición que dejó ese trabajo es simple: son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas.
En términos concretos, esos servicios incluyen aquello que la naturaleza provee de manera directa, como alimentos, madera, fibras, agua o plantas de uso medicinal; aquello que regula, como el clima, las crecidas de los ríos, la erosión, la polinización o la calidad del aire; y aquello que sostiene, como la formación de suelo, el ciclo de nutrientes y los hábitats donde vive la biodiversidad. También incorporan valores culturales, recreativos y simbólicos vinculados con el paisaje y las formas de vida.
La dificultad es que muchos de esos servicios no tienen precio visible. No aparecen en una factura de luz, en el costo de una vivienda ni en el valor final de un alimento. Sin embargo, cuando se deterioran, el costo se traslada a otros lugares: obras de contención más caras, pérdidas por inundaciones, menor productividad de suelos, caída de polinizadores, aumento de temperaturas locales, problemas en la provisión de agua o pérdida de recursos para comunidades que dependen del bosque para su vida diaria. La pérdida ambiental, entonces, no queda encerrada en el lugar donde se produjo el desmonte.

Los servicios que no se ven
Para Alejandro Brown, presidente de la Fundación ProYungas, los bosques deben entenderse dentro de una trama más amplia de ecosistemas naturales, junto con pastizales, humedales y arbustales. “Los bosques, como otros ecosistemas naturales, brindan una serie de servicios ambientales. Participan en la regulación climática, evapotranspiran, generan humedad, contribuyen a la formación de microclimas y también cumplen una función de regulación térmica”, explicó Brown.
“Los bosques fijan carbono. Secuestran parte del carbono que liberan la actividad agroindustrial y las ciudades, y lo acumulan en los troncos y en el suelo. Por eso, cuando se convierte un bosque, no solo se interrumpe esa acumulación, sino que, al usar o quemar esa madera, también se libera parte de ese carbono”, señaló el presidente de Fundación ProYungas.
En las Yungas del noroeste argentino, donde la niebla forma parte del régimen ambiental, la cobertura forestal cumple otra función. “En regiones montañosas, los bosques tienen un papel importante en la regulación hídrica de las cuencas. Ayudan a favorecer la percolación del agua durante las lluvias, reducen el escurrimiento superficial y hacen menos abrupto el crecimiento de arroyos y ríos”, dijo Brown. Y agregó: “En el noroeste argentino, donde hay bosques nublados y neblina frecuente, el bosque ayuda a captar y filtrar esa agua, que luego pasa a engrosar arroyos y napas profundas”.
La biodiversidad es otro servicio que suele quedar reducido a una imagen de especies emblemáticas. Pero el funcionamiento de un bosque depende de organismos visibles y no visibles: aves, mamíferos, insectos, hongos, microorganismos del suelo, polinizadores y controladores naturales de plagas. La pérdida de cobertura no elimina solo individuos; también fragmenta relaciones. Cuando se reduce un hábitat, disminuyen corredores, refugios, sitios de reproducción y fuentes de alimento. Esa alteración puede afectar la polinización de cultivos, el control biológico de insectos y la fertilidad de los suelos.
Brown también puso el foco en el vínculo entre bosques y comunidades. “En comunidades que viven asociadas al bosque, una parte importante de ellas indígenas, tanto en la Patagonia como en el norte grande de la Argentina, los bosques generan muchas cosas. Aportan especies que se utilizan para la salud, recursos para economías informales, producción de artesanías, madera o palos para construcciones rurales, fuego, carbón y materia prima para la vida cotidiana”, afirmó.
La ley de bosques, sancionada en 2007, fue una herramienta central para ordenar la conservación de bosques nativos mediante categorías de protección. Sin embargo, su implementación convive con tensiones entre conservación, producción, financiamiento, fiscalización y decisiones provinciales. “La ley de bosques fue importante para dar visibilidad y poner en valor los bosques en la Argentina, pero con la ley no alcanza. Para conservar la cobertura forestal se necesitan herramientas que permitan que otras actividades productivas vean en la conservación una herramienta que potencia su sustentabilidad y que eso sea valorado por el mercado”, sostuvo Brown.

Más allá de los árboles
Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International, plantea que los humedales entran en la conversación con menor reconocimiento público que los bosques, aunque cumplen funciones decisivas para el agua, el carbono y la biodiversidad. “Los bosques tienen buena prensa. Todo el mundo sabe qué es un bosque, que producen oxígeno y que están amenazados por el avance de la frontera agropecuaria. También se reconoce su importancia para la captura de carbono. En resumen, se los suele llamar los pulmones del planeta”, planteó Boscarol. “Con los humedales pasa algo distinto: en el imaginario colectivo se los asocia a pantanos, ciénagas y mosquitos. Durante cientos de años se los rellenó o secó para convertirlos en tierras aptas para la agricultura o la urbanización”, agregó. ´
“A los humedales hay que valorarlos por las funciones que cumplen como reguladores de inundaciones. Actúan como esponjas que retienen el agua en casos de lluvias extremas y desbordes de los ríos, y evitan que se acumule en zonas bajas sembradas o urbanizadas. También son depósitos de agua dulce y contribuyen a su depuración”, explicó la coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International.
Los datos internacionales muestran la escala de esa transformación. El informe Perspectiva Mundial sobre los Humedales 2025, conocido por su nombre en inglés Global Wetland Outlook 2025 y elaborado en el marco de la Convención sobre los Humedales, estimó que desde 1970 se perdió el 22% de los humedales del mundo. El mismo informe advirtió que su deterioro compromete beneficios asociados al agua, la protección contra inundaciones, el carbono, la producción de alimentos y los medios de vida.
Boscarol remarcó que estos ambientes son hábitat de una porción relevante de especies del planeta. “Los humedales son hábitat de aproximadamente el 40% de las especies mundiales y del 12% de todas las especies animales. Más del 40% de las especies de peces son de agua dulce y encuentran en los humedales un hábitat permanente o un lugar para cumplir parte de su ciclo de vida. También unas 4.000 especies de anfibios dependen de los humedales para su subsistencia”, señaló.
En términos climáticos, los humedales almacenan una parte significativa del carbono terrestre, en particular en turberas, manglares, marismas y otros sistemas donde la acumulación de materia orgánica se mantiene durante largos períodos. “Los humedales ayudan a regular el clima porque almacenan carbono y protegen frente a los impactos cada vez más graves del calentamiento del planeta”, indicó Boscarol. Y agregó: “No se trata de comparar si los bosques o los humedales son más importantes para la vida en el planeta, sino de reconocer la necesidad de conservar ambos”.
La metáfora que propone Boscarol apunta a explicar una función que suele advertirse tarde. “Los humedales no se pueden equiparar a órganos como los pulmones o el corazón, pero sin duda son los riñones del planeta: los ignoramos hasta que comienzan a fallar y se sufren las consecuencias de no haberlos tenido en consideración”, afirmó.

¿Desde lejos no se ve?
El impacto de la deforestación no se limita al territorio donde ocurre. Estudios del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de la organización Amazon Conservation, describen el fenómeno de los “ríos voladores”: enormes volúmenes de vapor de agua generados por la evapotranspiración de la selva amazónica que viajan por la atmósfera hacia el sur del continente y se condensan en forma de lluvia sobre Paraguay, el norte argentino y la cuenca del Río de la Plata. Ese flujo de humedad es uno de los factores que sostiene la disponibilidad de agua para la agricultura en la región pampeana, de acuerdo con un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre la crisis de la selva amazónica. La reducción de la masa forestal disminuye la cantidad de árboles disponibles para sostener ese ciclo, lo que, según el análisis de MAAP difundido en 2025, intensifica las sequías en distintos puntos de Sudamérica, en particular durante la temporada seca.
En la Argentina, ese mecanismo se combina con otro más directo: la pérdida de cobertura forestal en las cabeceras de cuenca reduce la capacidad de los suelos para retener agua de lluvia, lo que incrementa el escurrimiento superficial y puede agravar crecidas en zonas bajas situadas río abajo, muchas veces alejadas de la región donde se produjo el desmonte. A esto se agrega el efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero: según el informe de Greenpeace Argentina, el sector agropecuario y los cambios de uso del suelo representan cerca del 38% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una proporción que conecta la deforestación regional con la discusión climática global asumida por el país en la Cumbre de Glasgow de 2021, donde se comprometió a alcanzar la “deforestación cero” hacia 2030.
Ese escenario se da en un contexto de debate sobre el principal instrumento de protección forestal del país. El 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Mayo —el espacio de diálogo integrado por funcionarios del Gobierno nacional y gobernadores— dio a conocer una propuesta para modificar la Ley 26.331, que, según organizaciones del sector forestal y ambientalistas, reduciría el nivel de protección vigente, entre otros puntos, al eliminar la autorización previa obligatoria para desmontes en zonas clasificadas en la categoría de menor restricción. La iniciativa generó el rechazo de entidades agrupadas en la Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas, entre las que participa la Red Agroforestal Chaco (REDAF). Además, motivó una presentación de Greenpeace Argentina ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la organización advirtió que el 80% de los desmontes registrados en 2025 en Santiago del Estero se realizaron en zonas donde la ley vigente prohíbe la deforestación.
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Extranjeros vienen pidiendo permisos para degradar el monte en casi 80 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 17/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata de la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus socios a dos hermanos estadounidenses. Viene solicitando autorizaciones desde 2007. Ahora pidió avanzar sobre unas 11 mil hectáreas, entre cambios de uso de suelo y deforestación.
En más de una década la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus integrantes a dos hermanos ciudadanos estadounidenses, pidió autorización de la provincia para desmontar casi 80 mil hectáreas en los departamentos Anta y Orán. No obstante, de ese monto quedan al menos 30 mil hectáreas que, según la revisión de imágenes satelitales, aún no se han deforestadas.
El lunes último en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la convocatoria a una audiencia pública para el “cambio de uso de suelo y plan de manejo silvopastoril con fines de agro ganadería” en 8.175,84 hectáreas, y en 3.729,25 hectáreas con fines de agricultura bajo el “Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MGBI)”.
La modificación del uso de suelo en la finca El Chaguaral (ubicada en Orán) será debatida el 7 de agosto de 2026 a las 11 en la despensa y comedor “Los Hermanos Torres”, local ubicado en la Manzana 4 sobre ruta provincial 5 en la intersección con la ruta provincial 13.
Si bien los pedidos de la empresa para cambio de uso de suelo suman desde 2007 un total de 79.972,75 hectáreas, el total sobre el que se actuó hasta el momento sería menor.
Según el relevamiento realizado en el compilado de las normas publicadas en la provincia, en 2007 la empresa pidió permiso para desmontar 30.962 hectáreas de tierras para ganadería en la finca El Álamo del departamento Rivadavia. En este caso no se llegó a deforestar esa superficie por el freno puesto por quien era la secretaria de Ambiente, Catalina Buliubasich, quien renunció a este cargo tras poner límite a los desmontes en la provincia. Por esta decisión solamente habrían sido desmontadas 3.300 hectáreas de ese permiso.
En 2010 se había solicitado un desmonte para ganadería de 11.432 hectáreas en la finca denominada Estancia El Guayacán, en Anta.
En 2014 la empresa pidió habilitar el desmonte de 7.993 hectáreas en la finca El Chaguaral. En marzo de 2020, solicitó modificar 5.724,74 hectáreas en el mismo predio. En aquel momento y a raíz de la pandemia de la covid-19, la audiencia se suspendió, y volvió a publicarse para fines de ese año.
En 2024 la empresa solicitó el desmonte de 11.955,92 hectáreas también en la finca El Chaguaral. Este año, en tanto, se sumaron 11.905,09 hectáreas para hacer el desmonte en la misma finca.
La organización Greenpeace informó que pudo observar que el desmonte solicitado en 2024 aún no fue concretado. Se especula que la empresa espera el permiso de este nuevo pedido de desmonte para unir ambas superficies, que suman casi 24 mil hectáreas, en una sola acción.

“Ecocidio legalizado”
El coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó ante Salta/12 que el área cuyo uso será ahora modificado estaba en amarillo en el anterior mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
De haber continuado la anterior cartografía, Quebracho Colorado, que tiene a los hermanos estadounidenses Gabel en su conformación societaria, no tendría la posibilidad de modificar el suelo. Se lo posibilita el cambio del mapa y el actual ordenamiento, que dispone una nueva área marrón que permite permutar áreas verdes y amarillas.
“El gobierno de Salta está por autorizar un mega desmonte que paradójicamente es de la misma superficie de la deforestación en la finca de los (empresarios) Karlen, uno de los desmontes ilegales más grande de la historia. Este será un ecocidio legalizado a partir del nuevo ordenamiento provincial, que violando la Ley Nacional de Bosques retrocedió en protección de bosques en favor de los terratenientes”, sostuvo Giardini al sintetizar en una frase que el de Quebracho Colorado es “un (caso) Karlen legalizado”.
La referencia es en torno al desmonte ilegal que la ex AFIP encontró en la finca de los Karlen en 2013. La deforestación se había realizado ilegalmente sobre más de 11 mil hectáreas en el departamento San Martín. Desde entonces transcurrieron 13 años en los que el desmonte se judicializó y en ese marco se firmó un acuerdo de restauración que los empresarios incumplieron. Por eso, hoy les pesa una multa de más de 21 mil millones de pesos para que ese bosque pueda recomponerse.

Palabras que marean
El concepto de cambio de uso de suelo, manejo de bosque o uso silvopastoril se entiende como una estrategia para suavizar la palabra “desmonte” ante la sociedad, en medio de un debate que parece lejos de acabarse.
Según el informe Monitoreo de la Superficie del Bosque Nativo de la República Argentina 2024, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, “se consideraron como pérdida de bosque nativo sólo aquellas áreas con posible uso silvopastoril (SP) donde se realiza desarbustado y remoción de cobertura arbórea en un grado de intensidad elevado, tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial, ya que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven comprometidos los servicios ambientales que brindan”.
En el mismo informe se reconoce al concepto de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) como una alternativa para planificar la actividad ganadera y forestal dentro del bosque nativo que permita conjugar el objetivo productivo con la dinámica del bosque e interacción de sus componentes.
“En la práctica no he visto que (el MBGI) sea diferente al manejo silvo pastoril”, dijo Giardini, quien sostuvo que el hecho de que una superficie mantenga árboles en pie y pasturas, no implica que sea un bosque desde la perspectiva biológica.
Con el manejo de bosque con ganadería se insertan pasturas foráneas dentro de la superficie y frente a este panorama, el ambientalista afirmó que “no está medida cuanta biodiversidad se pierde”.
Una de las suposiciones que hizo es que quizás en una zona de estricto cumplimiento el manejo integrado podría llegar a funcionar, si es que realmente se hace rotar al ganado y se deja crecer bosque nativo para restaurar lo perdido. Pero una de las patas flojas en cuanto al cuidado del ambiente en Salta siempre fue el monitoreo y control de la deforestación.
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Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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