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Zonas protegidas de Corrientes desmontadas por dragados
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Grupos ecologistas exigen que se detenga el dragado del Riachuelo por el impacto ambiental
Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente enviaron una carta al gobernador Gustavo Valdés exigiendo la paralización de la obra sobre el curso del Riachuelo. Aseguran que es ilegal y exigen medidas contra funcionarios.
Desde hace varias semanas se vienen generando fuertes reclamos contra las obras de dragado que la Provincia viene realizando sobre el Riachuelo en la zona de San Luis del Palmar. Aseguran que se desmontan zonas protegidas y hay un fuerte impacto negativo en el medio ambiente.
Ahora 22 organizaciones, fundaciones, colectivos y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país apoyaron el reclamo. A través de una carta al gobernador Gustavo Valdés exigen la inmediata paralización de los desmontes de las selvas ribereñas del Riachuelo y el dragado de su cauce.
En la misiva los ecologista expresaron su enojo al afirmar que “en momentos en los cuales enfrentamos enormes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques.
Para el ecologista Emilio Spataro (Amigos de la Tierra Argentina), “la absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el ICAA y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A.”, declaró recordando que desde el 11 de septiembre todo esto fue denunciado penalmente en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de la Dra. Graciela Fernádez Contarde, sin que hasta la fecha se hayan producido imputaciones ni medidas judiciales.
Por otra parte desde Guardianes del Iberá Sergio Mendez declaro que “la obra nunca tuvo ningún sentido en beneficio de los afectados de las inundaciones, todo lo contrario en las últimas lluvias se evidencio como el suelo desnudo de la ribera, producto del desmonte y de los movimiento de sedimentos, fue a parar al río, profundizando los problemas de escurrimiento que el dragado supuestamente debía resolver. Por todo el daño generado y la arbitrariedad de las decisiones del ICAA es que vamos a seguir movilizándonos hasta que haya una respuesta política ante tanta destrucción ambiental.”.
A su vez exigieron la inmediata separación de su cargo de Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
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Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente enviaron una carta al gobernador Gustavo Valdés exigiendo la paralización de la obra sobre el curso del Riachuelo. Aseguran que es ilegal y exigen medidas contra funcionarios.
Desde hace varias semanas se vienen generando fuertes reclamos contra las obras de dragado que la Provincia viene realizando sobre el Riachuelo en la zona de San Luis del Palmar. Aseguran que se desmontan zonas protegidas y hay un fuerte impacto negativo en el medio ambiente.
Ahora 22 organizaciones, fundaciones, colectivos y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país apoyaron el reclamo. A través de una carta al gobernador Gustavo Valdés exigen la inmediata paralización de los desmontes de las selvas ribereñas del Riachuelo y el dragado de su cauce.
En la misiva los ecologista expresaron su enojo al afirmar que “en momentos en los cuales enfrentamos enormes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques.
Para el ecologista Emilio Spataro (Amigos de la Tierra Argentina), “la absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el ICAA y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A.”, declaró recordando que desde el 11 de septiembre todo esto fue denunciado penalmente en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de la Dra. Graciela Fernádez Contarde, sin que hasta la fecha se hayan producido imputaciones ni medidas judiciales.
Por otra parte desde Guardianes del Iberá Sergio Mendez declaro que “la obra nunca tuvo ningún sentido en beneficio de los afectados de las inundaciones, todo lo contrario en las últimas lluvias se evidencio como el suelo desnudo de la ribera, producto del desmonte y de los movimiento de sedimentos, fue a parar al río, profundizando los problemas de escurrimiento que el dragado supuestamente debía resolver. Por todo el daño generado y la arbitrariedad de las decisiones del ICAA es que vamos a seguir movilizándonos hasta que haya una respuesta política ante tanta destrucción ambiental.”.
A su vez exigieron la inmediata separación de su cargo de Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
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Fiesta del desmonte en Salta
Greenpeace representó “la fiesta del desmonte” y denunció que el salteño “Urtubey es cómplice de los criminales”
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Contexto Tucumán
Provincia/Región: Salta
Con una intervención callejera en el ingreso de la Casa de Salta, activistas de Greenpeace representaron la fiesta del desmonte liderada por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey.
“La fiesta del desmonte suele ser exclusiva para los empresarios y productores agrícolas que, con el aval de los funcionarios, destruyen a su antojo los bosques salteños, a pesar de estar protegidos por la Ley Nacional de Bosques. Por eso, hoy quisimos mostrar la fiesta, para denunciar públicamente la impunidad con la que se manejan en relación a nuestros bosques. Mientras las lluvias inundan a Anta, la fiesta del desmonte continúa.”, expresó Diego Salas, director de desarrollo de Greenpeace.
Según la organización ecologista, en el norte argentino se concentra el 80% de la deforestación del país, en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
En el caso de Salta, ya fue deforestado el 30% de sus bosques nativos. De acuerdo a datos oficiales, se destruyeron 1.406.005 hectáreas entre 1998 y 2017 en la provincia, 70 veces la superficie de CABA. Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, la mitad de los desmonte en Salta fueron ilegales.
A pesar de que tanto la Nación como la Provincia dictaron resoluciones que suspenden los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas y obligan a la remediación de las zonas afectadas, la deforestación continúa avanzando.
Tres de las 32 fincas son casos que ya habían sido denunciados en 2014 (1), las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).
“A pesar de sus promesas de detener el desmonte ilegal en su provincia, el gobernador Urtubey continúa siendo cómplice de estos criminales. Por eso, le exigimos que cumpla su rol y controle el cumplimiento de la normativa vigente, aplique multas significativas y los obligue a reforestar”, señaló Salas.
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agricultura industrial,
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ecosistemas,
política ambiental,
Salta
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Denuncian desmonte en emblemático cerro tucumano
Denuncian el desmonte de una hectárea de bosque nativo en el cerro San Javier
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Integrantes de la organización "No destruyan mi Cerro" registraron cómo quedó el lugar luego de que sacaran ejemplares de árboles autóctonos para extender fincas de limones.
"Me largué a llorar por ver tanto daño", confiesa Estela Figueroa, integrante de la organización "No Destruyan Mi Cerro", en diálogo con eltucumano.com. Esa sensación de angustia le causó ver alrededor de una hectárea completamente desmontada en la margen noroeste del río Anta Yacu para extender fincas de limones y aumentar la productividad.
Si bien los cálculos no son exactos, Estela estima que alrededor de una hectárea -que previamente contaba con árboles autóctonos como tipas y lapachos-, fue arrasada por los dueños de una finca aledaña.
"Siempre me voy a correr por el cerro y hace tiempo que no pasaba por ese lugar. Cuando he visto todo lo han hecho me he puesto a pensar cómo hago para llegar al dueño de la finca, no tengo idea de quiénes son", relata.
La organización "No destruyan mi Cerro" fue creada en el año 2011 justamente para evitar el avance del desmonte, no sólo en el pedemonte, sino también sobre las márgenes del río. "Es un peligro, porque cuando llueva y ese río traiga agua se va a inundar todo", agrega.
Según el relato de Estela, "el daño es muy grande" y han utilizado hasta el último centímetro del margen del río para establecer cultivos. "Si mal no recuerdo, por ley debe haber una distancia entre la margen del rio y la siembra", puntualiza. "Todo lo que han arrasado del monte, está puesto contra el barranco. Si vas por el río, ves la montaña de troncos y madera tirada que eran árboles con raíces. Cuando llueva, yo no sé que va a pasar. Por lógica, lo que han hecho está mal", concluyó.
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San Juan: crece la depredación de la fauna y flora
La depredación de la fauna y flora silvestre
Fecha de Publicación: 04/10/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A pesar de los controles en áreas protegidas de la provincia, crece la caza furtiva y la comercialización de animales autóctonos y las talas ilegales del monte
En San Juan está prohibida la caza de animales silvestres en peligro de extinción como también la pesca en épocas de veda y la tala de árboles autóctonos que se convierten en leña. La protección de las áreas protegidas está enmarcada en la ley 606-L y el organismo provincial tiene la misión del control preventivo para disuadir a los depredadores y actuar frente el delito consumado.
Sin embargo, los hechos que la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encarga de publicitar como exitosos, no parecen reflejar la realidad. Es habitual observar en el Gran San Juan y departamentos alejados, la exhibición de jaulas con pájaros exóticos que se venden impunemente. Asimismo se promociona en corralones la leña proveniente del monte natural.
Todo indica que la normativa vigente, y de la forma que se la aplica, es demasiado permisiva por tratarse de un delito contravencional reprimido hasta con 2 años de prisión y por ello excarcelable para quien cace animales de la fauna protegida o los comercialice. Pero también se secuestran armas y municiones de guerra a los cazadores, agravando la situación de los detenidos in fraganti.
La opinión pública siempre coincide en las críticas que se hacen a los operativos por el celo que pone la repartición y la Justicia que interviene, en mantener en reserva el nombre de los delincuentes y los lugares donde se vendían las piezas incautadas. Tampoco se conocen estadísticas que indiquen cómo terminan los procedimientos, con las sanciones aplicadas incluyendo a las reincidencias, que son muchas según las redes sociales.
Distan mucho estas actuaciones si se las compara con un simple arrebatador detenido que termina en la justicia de Flagrancia. Sin duda es necesario replantear la legislación contra los depredadores del ambiente natural protegido y sancionar duramente a los traficantes que ofrecen hasta por Internet las aves capturadas. La depredación incluye a la "muerte ecológica" provocada por un apropiador cuando libera un animal que ya no puede sobrevivir en su hábitat natural tras haber vivido en cautiverio.
El tráfico ilícito mundial de flora y fauna mueve anualmente unos 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilegal detrás del de las drogas y armas, según un informe de la ONU. En nuestro país se calcula en casi 100 millones por año ese movimiento clandestino. Son referencias válidas para actuar de inmediato endureciendo las penas.
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Fecha de Publicación: 04/10/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A pesar de los controles en áreas protegidas de la provincia, crece la caza furtiva y la comercialización de animales autóctonos y las talas ilegales del monte
En San Juan está prohibida la caza de animales silvestres en peligro de extinción como también la pesca en épocas de veda y la tala de árboles autóctonos que se convierten en leña. La protección de las áreas protegidas está enmarcada en la ley 606-L y el organismo provincial tiene la misión del control preventivo para disuadir a los depredadores y actuar frente el delito consumado.
Sin embargo, los hechos que la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encarga de publicitar como exitosos, no parecen reflejar la realidad. Es habitual observar en el Gran San Juan y departamentos alejados, la exhibición de jaulas con pájaros exóticos que se venden impunemente. Asimismo se promociona en corralones la leña proveniente del monte natural.
Todo indica que la normativa vigente, y de la forma que se la aplica, es demasiado permisiva por tratarse de un delito contravencional reprimido hasta con 2 años de prisión y por ello excarcelable para quien cace animales de la fauna protegida o los comercialice. Pero también se secuestran armas y municiones de guerra a los cazadores, agravando la situación de los detenidos in fraganti.
La opinión pública siempre coincide en las críticas que se hacen a los operativos por el celo que pone la repartición y la Justicia que interviene, en mantener en reserva el nombre de los delincuentes y los lugares donde se vendían las piezas incautadas. Tampoco se conocen estadísticas que indiquen cómo terminan los procedimientos, con las sanciones aplicadas incluyendo a las reincidencias, que son muchas según las redes sociales.
Distan mucho estas actuaciones si se las compara con un simple arrebatador detenido que termina en la justicia de Flagrancia. Sin duda es necesario replantear la legislación contra los depredadores del ambiente natural protegido y sancionar duramente a los traficantes que ofrecen hasta por Internet las aves capturadas. La depredación incluye a la "muerte ecológica" provocada por un apropiador cuando libera un animal que ya no puede sobrevivir en su hábitat natural tras haber vivido en cautiverio.
El tráfico ilícito mundial de flora y fauna mueve anualmente unos 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilegal detrás del de las drogas y armas, según un informe de la ONU. En nuestro país se calcula en casi 100 millones por año ese movimiento clandestino. Son referencias válidas para actuar de inmediato endureciendo las penas.
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En Salta, Urtubey sigue permitiendo el desmonte
Denuncian el desmonte ilegal de 700 hectáreas en bosques protegidos
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Salta
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Misiones: desmienten desmonte en comunidad mbya
Ante denuncias, desmienten desmonte en comunidad mbya
Fecha de Publicación: 23/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
En la jornada de ayer se viralizó un mensaje donde se denunciaba la intrusión y tala de árboles para un emprendimiento turístico privado en la comunidad mbya Nuevo Amanecer de Puerto Libertad, más precisamente en el Sendero El Yaguareté que pasa por dentro de la aldea.
En ese contexto, autoridades de Ecología junto con guardaparques se acercaron hasta el lugar y mantuvieron reuniones con los referentes de la comunidad aborigen para verificar las denuncias vertidas a través de las redes sociales. “En el lugar no se está desarrollando ningún empredimiento. Estuvimos allí y labramos un acta de constatación que da cuenta de esto”, dijeron los guardaparques.
En tanto desde la cartera de Ecología precisaron que “no dimos ninguna autorización para la instalación de cabañas ni nada por el estilo”.
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Fecha de Publicación: 23/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
En la jornada de ayer se viralizó un mensaje donde se denunciaba la intrusión y tala de árboles para un emprendimiento turístico privado en la comunidad mbya Nuevo Amanecer de Puerto Libertad, más precisamente en el Sendero El Yaguareté que pasa por dentro de la aldea.
En ese contexto, autoridades de Ecología junto con guardaparques se acercaron hasta el lugar y mantuvieron reuniones con los referentes de la comunidad aborigen para verificar las denuncias vertidas a través de las redes sociales. “En el lugar no se está desarrollando ningún empredimiento. Estuvimos allí y labramos un acta de constatación que da cuenta de esto”, dijeron los guardaparques.
En tanto desde la cartera de Ecología precisaron que “no dimos ninguna autorización para la instalación de cabañas ni nada por el estilo”.
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Desmonte de cerro irracional en Comodoro Rivadavia
Vecinos procupados por el desmonte del cerro en el barrio Castelli
Fecha de Publicación: 22/09/2018
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Vecinos del barrio Castelli de esta ciudad, se oponen al desmonte de un cerro para la edificación de viviendas, ya que argumentan que no se efectuó el estudio de impacto ambiental. Luis Perea, uno de los habitantes del sector, informó en Actualidad 2.0 que “se iba a quitar el 80% del cerro y están trabajando máquinas privadas” contratadas por la Cooperativa de Viviendas 20 de Julio, quienes gestionaron en el 2010 ante la municipalidad, el pedido de esas tierras.
“La Cooperativa es la 20 de Julio que presentó un expediente solicitando 20 lotes, eso luego pasa por planeamiento urbano, pero nunca pasó por Medio Ambiente, donde ellos tienen planificado los 20 lotes sobre el cerro que está al costado de la Ruta Nº3”, informó.
Además, insistió en que los vecinos están preocupados por el medio ambiente, “ya que el estudio de impacto no fue respetado”, y remarcó que “tenemos el agravante de que el terreno está al lado del Arroyo Belgrano”.
Perea aclaró que “se iba a quitar el 80% del cerro y están trabajando máquinas privadas. Sin previa autorización del municipio empezaron a desmontar el cerro y no tienen el estudio de impacto ambiental, es como si mañana fuera a cualquier lado e hiciera lo que tenga ganas”, consideró.
“Me he apersonado a la secretaría de Medio Ambiente para ver si tenían el estudio de impacto ambiental, y tengo certezas de que no lo presentaron y no hay autorización del municipio”, remarcó.
Por último, sostuvo que “cuando estaban desmontando el cerro no se acercó nunca la policía pero cuando los chicos ponían un cartel para manifestar la problemática, vino la policía para ver qué pasaba”. Por tal motivo, afirmó que “la postura es no al desmonte del cerro”.
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Fecha de Publicación: 22/09/2018
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Vecinos del barrio Castelli de esta ciudad, se oponen al desmonte de un cerro para la edificación de viviendas, ya que argumentan que no se efectuó el estudio de impacto ambiental. Luis Perea, uno de los habitantes del sector, informó en Actualidad 2.0 que “se iba a quitar el 80% del cerro y están trabajando máquinas privadas” contratadas por la Cooperativa de Viviendas 20 de Julio, quienes gestionaron en el 2010 ante la municipalidad, el pedido de esas tierras.
“La Cooperativa es la 20 de Julio que presentó un expediente solicitando 20 lotes, eso luego pasa por planeamiento urbano, pero nunca pasó por Medio Ambiente, donde ellos tienen planificado los 20 lotes sobre el cerro que está al costado de la Ruta Nº3”, informó.
Además, insistió en que los vecinos están preocupados por el medio ambiente, “ya que el estudio de impacto no fue respetado”, y remarcó que “tenemos el agravante de que el terreno está al lado del Arroyo Belgrano”.
Perea aclaró que “se iba a quitar el 80% del cerro y están trabajando máquinas privadas. Sin previa autorización del municipio empezaron a desmontar el cerro y no tienen el estudio de impacto ambiental, es como si mañana fuera a cualquier lado e hiciera lo que tenga ganas”, consideró.
“Me he apersonado a la secretaría de Medio Ambiente para ver si tenían el estudio de impacto ambiental, y tengo certezas de que no lo presentaron y no hay autorización del municipio”, remarcó.
Por último, sostuvo que “cuando estaban desmontando el cerro no se acercó nunca la policía pero cuando los chicos ponían un cartel para manifestar la problemática, vino la policía para ver qué pasaba”. Por tal motivo, afirmó que “la postura es no al desmonte del cerro”.
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La mitad de los desmontes son ilegales y afectan a los pobres
En Argentina la mitad de los desmontes son ilegales y reina la impunidad: otra cara del modelo agroexportador
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Misiones: autoridades sancionan el desmonte cuestionado
Ecología sancionó por apeo ilegal que afectó a comunidad mbya
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Grave denuncia de desmonte en Misiones
Frenan desmonte en comunidad Mbya
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Córdoba sigue perdiendo monte
Creció el desmonte en 2017
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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Caputo suma denuncias por desmonte ilegal
Más denuncias contra Caputo
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
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Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
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Polémica autovía en Córdoba sería autorizada con cambios
Autovía de Punilla: inminente dictamen a favor, aunque con varios cambios
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
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Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
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Destruyeron bosques protegidos por dragar un río
Por trabajos de dragado en el Riachuelo destruyeron zonas protegidas
Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Profesionales de la conservación ambiental denunciaron trabajos de una empresa que estarían produciendo un importante daño ambiental y que abarcan terrenos del Parque Provincial San Cayetano. Aseguran que las obras están avanzando con el desmonte de bosques resguardados y afectando a espacios cuidados para la preservación de aves y otras especies.
Hace más de un año que una empresa se encuentra realizando obras hídricas en la ribera del arroyo Riachuelo con el fin de generar canales que eviten las inundaciones en la localidad de San Luis del Palmar y alrededores. Actualmente los trabajos están en su segunda etapa y según denunciaron ambientalistas, está produciendo un daño importante afectando también a terrenos del Parque Provincial San Cayetano.
En diálogo con ellitoral.com.ar, Sofía Zalazar quien es bióloga y parte del Club de Observadores de Aves (COA), informó que se trata de un desmonte desde el kilómetro 0 del Riachuelo hasta el 20 del parque provincial, en un área donde hay bosques nativos de clasificación roja y amarilla, es decir, de importante valor de conservación.
“Estas obras cuentan con la supervisión del ICAA que no realizó los informes correspondientes para trabajar en un área protegida violando legislaciones nacionales provinciales y tratados internacionales de conservación”, explicó.
En el espacio, además de estar el parque del cual la provincia tiene el mandato de asegurar su integridad ecológica, existe un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) una herramienta internacional que se centra en el cuidado e investigación de sitios para la protección de especies de aves y la biodiversidad.
Además es una zona sometido a trabajos de investigación de poblaciones de monos aulladores y otros mamíferos por parte del CONICET y la UNNE que también utiliza el lugar para trabajos de tesinas y salidas de campo.
La bióloga contó que las excavaciones realizadas por la empresa, que están planificadas abarcar hasta el kilómetro 40, sólo traerán una solución a corto plazo ya que la arena que es dragada es puesta a un costado y tras una lluvia o crecida podrá volver a tapar los canales. “No es una solución sustentable porque el río está en constante movimiento”, aseguró y agregó la necesidad de que se trabaje en actividades de planificación urbana para que el agua corra más rápido.
Ella junto a un grupo de profesionales e investigadores entregaron una nota al defensor del Pueblo de la provincia César Vallejos Tressens, donde detallaron los prejuicios del trabajo realizado sobre el arroyo y donde manifestaron que además del impacto ambiental, se “destruye el suelo, elimina el hábitat de especies nativas y mata un número enorme y desconocido de individuos de flora y fauna terrestre y acuática”.
En la nota solicitan a Vallejos Tressens que se detenga la obra inmediatamente; se rehabilite, recupere y restauren los ecosistemas afectados y se restablezcan la llanura de la inundación del arroyo.
Zalazar aclaró que si no hay una respuesta pronta de las autoridades y no se paralice las obras, se tomarán medidas judiciales al respecto. Por el momento, los profesionales organizados por el tema seguirán buscando adhesiones a través de petitorios a la comunidad y agotando las diferentes instancias de un trabajo que, según aseguraron, posee múltiples daños ambientales.
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Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Profesionales de la conservación ambiental denunciaron trabajos de una empresa que estarían produciendo un importante daño ambiental y que abarcan terrenos del Parque Provincial San Cayetano. Aseguran que las obras están avanzando con el desmonte de bosques resguardados y afectando a espacios cuidados para la preservación de aves y otras especies.
Hace más de un año que una empresa se encuentra realizando obras hídricas en la ribera del arroyo Riachuelo con el fin de generar canales que eviten las inundaciones en la localidad de San Luis del Palmar y alrededores. Actualmente los trabajos están en su segunda etapa y según denunciaron ambientalistas, está produciendo un daño importante afectando también a terrenos del Parque Provincial San Cayetano.
En diálogo con ellitoral.com.ar, Sofía Zalazar quien es bióloga y parte del Club de Observadores de Aves (COA), informó que se trata de un desmonte desde el kilómetro 0 del Riachuelo hasta el 20 del parque provincial, en un área donde hay bosques nativos de clasificación roja y amarilla, es decir, de importante valor de conservación.
“Estas obras cuentan con la supervisión del ICAA que no realizó los informes correspondientes para trabajar en un área protegida violando legislaciones nacionales provinciales y tratados internacionales de conservación”, explicó.
En el espacio, además de estar el parque del cual la provincia tiene el mandato de asegurar su integridad ecológica, existe un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) una herramienta internacional que se centra en el cuidado e investigación de sitios para la protección de especies de aves y la biodiversidad.
Además es una zona sometido a trabajos de investigación de poblaciones de monos aulladores y otros mamíferos por parte del CONICET y la UNNE que también utiliza el lugar para trabajos de tesinas y salidas de campo.
La bióloga contó que las excavaciones realizadas por la empresa, que están planificadas abarcar hasta el kilómetro 40, sólo traerán una solución a corto plazo ya que la arena que es dragada es puesta a un costado y tras una lluvia o crecida podrá volver a tapar los canales. “No es una solución sustentable porque el río está en constante movimiento”, aseguró y agregó la necesidad de que se trabaje en actividades de planificación urbana para que el agua corra más rápido.
Ella junto a un grupo de profesionales e investigadores entregaron una nota al defensor del Pueblo de la provincia César Vallejos Tressens, donde detallaron los prejuicios del trabajo realizado sobre el arroyo y donde manifestaron que además del impacto ambiental, se “destruye el suelo, elimina el hábitat de especies nativas y mata un número enorme y desconocido de individuos de flora y fauna terrestre y acuática”.
En la nota solicitan a Vallejos Tressens que se detenga la obra inmediatamente; se rehabilite, recupere y restauren los ecosistemas afectados y se restablezcan la llanura de la inundación del arroyo.
Zalazar aclaró que si no hay una respuesta pronta de las autoridades y no se paralice las obras, se tomarán medidas judiciales al respecto. Por el momento, los profesionales organizados por el tema seguirán buscando adhesiones a través de petitorios a la comunidad y agotando las diferentes instancias de un trabajo que, según aseguraron, posee múltiples daños ambientales.
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Salta lava su cara con la "Agencia de Protección Ambiental"
Ya funciona la Agencia de Protección Ambiental de Salta
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La Agencia actuará garantizando el cumplimiento de las Leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La agencia creada por el gobernador de Salta, trabaja para que se cumplan las leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia dependiente del Ministerio de Producción. Tendrá la misión de prevenir, controlar y sancionar a quien produzca daños al ambiente en la provincia. Está ubicada en la capital, Santiago del Estero 2245, y opera durante días hábiles.
"Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos", destacó Juan Manuel Urtubey.
Ignacio Goitia, designado Director Ejecutivo de APAS dijo “Apuntamos a que el trabajo de la Agencia cuente con el involucramiento y aporte de asociaciones civiles para garantizar a los salteños un ambiente sustentable” y anticipó que planifican reuniones en este sentido para las cuales ya se cursaron invitaciones distintas asociaciones.
El funcionario adelantó que el trabajo estará enfocado en la lucha contra el desmonte y la tala ilegal; y al resto de las infracciones detalladas en las leyes ambientales de la provincia, por medio de acciones preventivas, controles coordinados con las fuerzas de seguridad y aplicación de sanciones. Además velará por el cumplimiento de las remediaciones y compensaciones impuestas a los infractores.
También se recopilará información para crear estadísticas y conformar las bases de datos necesarias para un mejor conocimiento de la situación y de los infractores ambientales en la provincia. El trabajo se realizará con participación y colaboración de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente.
Asimismo, el gobernador invitó a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. "En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes, finalizó Urtubey.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La Agencia actuará garantizando el cumplimiento de las Leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La agencia creada por el gobernador de Salta, trabaja para que se cumplan las leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia dependiente del Ministerio de Producción. Tendrá la misión de prevenir, controlar y sancionar a quien produzca daños al ambiente en la provincia. Está ubicada en la capital, Santiago del Estero 2245, y opera durante días hábiles.
"Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos", destacó Juan Manuel Urtubey.
Ignacio Goitia, designado Director Ejecutivo de APAS dijo “Apuntamos a que el trabajo de la Agencia cuente con el involucramiento y aporte de asociaciones civiles para garantizar a los salteños un ambiente sustentable” y anticipó que planifican reuniones en este sentido para las cuales ya se cursaron invitaciones distintas asociaciones.
El funcionario adelantó que el trabajo estará enfocado en la lucha contra el desmonte y la tala ilegal; y al resto de las infracciones detalladas en las leyes ambientales de la provincia, por medio de acciones preventivas, controles coordinados con las fuerzas de seguridad y aplicación de sanciones. Además velará por el cumplimiento de las remediaciones y compensaciones impuestas a los infractores.
También se recopilará información para crear estadísticas y conformar las bases de datos necesarias para un mejor conocimiento de la situación y de los infractores ambientales en la provincia. El trabajo se realizará con participación y colaboración de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente.
Asimismo, el gobernador invitó a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. "En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes, finalizó Urtubey.
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Piden frenan desmontes costeros en Corrientes
Solicitan que se detenga el desmonte en la zona del arroyo Riachuelo
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial
El mortífero avance de la frontera agrícola argentina
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Córdoba: dos ex secretarios de Ambiente a juicio
Confirman la elevación a juicio de la causa contra ex secretarios de Ambiente
Fecha de Publicación: 05/08/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Es por la acción judicial interpuesta por la ONG Adarsa, ante la autorización de proyectos de loteos, que implicaban desmonte en área natural protegida.
La Cámara de Acusación de Córdoba rechazó ayer miércoles un Recurso de Apelación interpuesto para evitar la elevación a juicio de una causa en la que se acusa a dos ex secretarios de Ambiente de la Provincia de haber autorizado proyectos de loteos que preveían desmonte.
De esa forma, se confirmó que irá a Juicio la acción judicial que había sido interpuesta en abril pasado por la ong Adarsa (Amigos del Río San Antonio) contra los ex funcionarios Federico Luis Bocco y Raúl Costa. En la presentación además, se los denunció por el cambio de uso de suelo en un área natural protegida y abuso de autoridad, al haber incumplido con la convocatoria a una Audiencia Pública.
Cabe recordar que tras la actuación judicial, el juez Esteban Díaz Reyna decidió elevar a Juicio la causa penal contra los ex secretarios de la cartera ambiental. Según el dictamen del Juez, a los imputados se les atribuye haber autorizado los proyectos de loteo “El Dorado II” y “El Dorado III”, en la localidad de San Antonio de Arredondo, que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por tratarse de zonas amarillas de bosque nativo.
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Fecha de Publicación: 05/08/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Es por la acción judicial interpuesta por la ONG Adarsa, ante la autorización de proyectos de loteos, que implicaban desmonte en área natural protegida.
La Cámara de Acusación de Córdoba rechazó ayer miércoles un Recurso de Apelación interpuesto para evitar la elevación a juicio de una causa en la que se acusa a dos ex secretarios de Ambiente de la Provincia de haber autorizado proyectos de loteos que preveían desmonte.
De esa forma, se confirmó que irá a Juicio la acción judicial que había sido interpuesta en abril pasado por la ong Adarsa (Amigos del Río San Antonio) contra los ex funcionarios Federico Luis Bocco y Raúl Costa. En la presentación además, se los denunció por el cambio de uso de suelo en un área natural protegida y abuso de autoridad, al haber incumplido con la convocatoria a una Audiencia Pública.
Cabe recordar que tras la actuación judicial, el juez Esteban Díaz Reyna decidió elevar a Juicio la causa penal contra los ex secretarios de la cartera ambiental. Según el dictamen del Juez, a los imputados se les atribuye haber autorizado los proyectos de loteo “El Dorado II” y “El Dorado III”, en la localidad de San Antonio de Arredondo, que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por tratarse de zonas amarillas de bosque nativo.
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Desmonte, desertificación y pobreza en el Chaco salteño
La desertificación condena al Chaco salteño a la pobreza
Fecha de Publicación: 01/08/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Rivadavia tiene más de 200.000 hectáreas degradadas. El ganado criollo no tiene pasturas.El ambiente acorrala a familias campesinas. El 80% de los jóvenes emigra a centros urbanos.
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia le abrió un sumario por desarbustar sin permiso 24 hectáreas con las que los ingresos de su ganadería de subsistencia pasaron de 4.000 a 16.000 pesos por mes.
La superficie que desbajeró para poder sostener su hacienda con pasturas representa el 7% de las 350 hectáreas que un grupo de propietarios de Buenos Aires le donó en Capitán Pagé, a pocos kilómetros de Los Blancos, por los derechos posesorios que ella había heredado de su padre en la finca El Palo Santo.
La cesión, escriturada el 9 de octubre de 2013, no fue un acto de caridad, sino el resultado de un acuerdo en el que la campesina chaqueña renunció a reclamos por la ocupación anterior de tierras que los donantes (seis condóminos) adquirieron en 2008 sobre la ruta 81.
A los criollos nadie les regala nada. Están marginados hasta en las leyes de la Nación, y por eso más de uno se autorreconoció como aborigen para no terminar desterrado.
Por si fuesen pocos sus pesares, el ordenamiento territorial que se sancionó con la supuesta finalidad de garantizar manejos más racionales y sostenibles del ambiente los condena a seguir inmersos en la pobreza generacional de Rivadavia.
Argemina Gutiérrez viajó dos veces a la capital salteña con uno de sus hijos para gestionar un permiso en la Secretaría de Medio Ambiente, pero no se lo dieron porque su finca está pintada de amarillo en el mapa de ordenamiento territorial. "Ella hizo un cambio de uso de suelo sin autorización y por eso tiene abierto un sumario", señaló la jefa del Programa de Fiscalización y Control del organismo ambiental de la Provincia, Silvina Borelli, tras recordar que la ley de ordenamiento territorial prohíbe desmontes o desbajerados en las superficies categorizadas con mediano valor de conservación (amarillo).
Borelli precisó que hay cerca de 500 expedientes en trámite contra pequeños, medianos y grandes productores. "La ley provincial 7.543 de ordenamiento territorial de bosques rige para todos por igual", subrayó la funcionaria, y explicó que en áreas de mediano valor de conservación solo están permitidos aprovechamientos forestales y planes de manejo. Para estos últimos, los interesados deben presentar proyectos que luego de evaluaciones en campo se aprueban o rechazan.
Manejo recomendado
En su descargo, Argemina Gutiérrez sostuvo que no hizo ningún cambio en el uso del suelo de su propiedad, sino una mejora de manejo de la actividad con la que a duras penas subsiste. "Lo que hice en mi tierra fue un desarbustado recomendado por el INTA", afirmó la puestera chaqueña, en referencia a un rolado selectivo de baja intensidad (RBI) con el que raleó un poco de duraznillo para poder sembrar pasto.
El ingeniero agrónomo Fernando Cenci, quien asesoró a la puestera en su defensa, aseguró que "el desmalezado del monte y la implantación de pasturas equilibró la armonía vegetal que tenía el ambiente original de la zona hace un siglo". Según el profesional, la fracción en la que se ordenó a Argemina suspender las actividades se considera de mediano valor de conservación, pero no se aclara cuál es el valor a conservar. "Según el mapa que categoriza a la provincia de Salta, el catastro se encuentra en el amarillo social, ya que no tiene limitantes de pendiente, suelo ni otro factor que impida una producción ganadera sustentable con prácticas de manejo adecuadas", recalcó Cenci.
El paisaje común de sus espacios peridomésticos está definido hoy por grandes peladares y madrejones que cada vez tienen menos capacidad de reserva de agua, por los suelos que arrastra la erosión hídrica y se sedimentan en sus lechos. Cenci, quien asistió en implantaciones de pasturas a un medio centenar de puesteros de la zona, advirtió que los procesos de enlame “van en aumento tanto en intensidad como en superficie”.
En el municipio de Santa Victoria Este, otras 460 familias criollas conviven en iguales condiciones con más de 90 comunidades originarias de las etnias wichi, chorote, toba, tapiete y chulupí. En el extenso espacio de los ex lotes fiscales 55 y 14 se expresa otro de los problemas centrales del Chaco salteño: los conflictos de tierras. La inmensa mayoría de criollos no cuenta con títulos de propiedad, aunque sus posesiones se remontan a tres e incluso más generaciones. El Estado poco hizo en un siglo para regularizar la situación dominial de sus puestos. “Yo pude obtener mi título de propiedad por un acuerdo que firmé para poder estar tranquila, producir y vivir dignamente de mi actividad, como querían mis padres y mis abuelos, pero no me dejan hacer nada”, lamentó Argemina Gutiérrez.
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Fecha de Publicación: 01/08/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Rivadavia tiene más de 200.000 hectáreas degradadas. El ganado criollo no tiene pasturas.El ambiente acorrala a familias campesinas. El 80% de los jóvenes emigra a centros urbanos.
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia le abrió un sumario por desarbustar sin permiso 24 hectáreas con las que los ingresos de su ganadería de subsistencia pasaron de 4.000 a 16.000 pesos por mes.
La superficie que desbajeró para poder sostener su hacienda con pasturas representa el 7% de las 350 hectáreas que un grupo de propietarios de Buenos Aires le donó en Capitán Pagé, a pocos kilómetros de Los Blancos, por los derechos posesorios que ella había heredado de su padre en la finca El Palo Santo.
La cesión, escriturada el 9 de octubre de 2013, no fue un acto de caridad, sino el resultado de un acuerdo en el que la campesina chaqueña renunció a reclamos por la ocupación anterior de tierras que los donantes (seis condóminos) adquirieron en 2008 sobre la ruta 81.
A los criollos nadie les regala nada. Están marginados hasta en las leyes de la Nación, y por eso más de uno se autorreconoció como aborigen para no terminar desterrado.
Por si fuesen pocos sus pesares, el ordenamiento territorial que se sancionó con la supuesta finalidad de garantizar manejos más racionales y sostenibles del ambiente los condena a seguir inmersos en la pobreza generacional de Rivadavia.
Argemina Gutiérrez viajó dos veces a la capital salteña con uno de sus hijos para gestionar un permiso en la Secretaría de Medio Ambiente, pero no se lo dieron porque su finca está pintada de amarillo en el mapa de ordenamiento territorial. "Ella hizo un cambio de uso de suelo sin autorización y por eso tiene abierto un sumario", señaló la jefa del Programa de Fiscalización y Control del organismo ambiental de la Provincia, Silvina Borelli, tras recordar que la ley de ordenamiento territorial prohíbe desmontes o desbajerados en las superficies categorizadas con mediano valor de conservación (amarillo).
Borelli precisó que hay cerca de 500 expedientes en trámite contra pequeños, medianos y grandes productores. "La ley provincial 7.543 de ordenamiento territorial de bosques rige para todos por igual", subrayó la funcionaria, y explicó que en áreas de mediano valor de conservación solo están permitidos aprovechamientos forestales y planes de manejo. Para estos últimos, los interesados deben presentar proyectos que luego de evaluaciones en campo se aprueban o rechazan.
Manejo recomendado
En su descargo, Argemina Gutiérrez sostuvo que no hizo ningún cambio en el uso del suelo de su propiedad, sino una mejora de manejo de la actividad con la que a duras penas subsiste. "Lo que hice en mi tierra fue un desarbustado recomendado por el INTA", afirmó la puestera chaqueña, en referencia a un rolado selectivo de baja intensidad (RBI) con el que raleó un poco de duraznillo para poder sembrar pasto.
El ingeniero agrónomo Fernando Cenci, quien asesoró a la puestera en su defensa, aseguró que "el desmalezado del monte y la implantación de pasturas equilibró la armonía vegetal que tenía el ambiente original de la zona hace un siglo". Según el profesional, la fracción en la que se ordenó a Argemina suspender las actividades se considera de mediano valor de conservación, pero no se aclara cuál es el valor a conservar. "Según el mapa que categoriza a la provincia de Salta, el catastro se encuentra en el amarillo social, ya que no tiene limitantes de pendiente, suelo ni otro factor que impida una producción ganadera sustentable con prácticas de manejo adecuadas", recalcó Cenci.
El paisaje común de sus espacios peridomésticos está definido hoy por grandes peladares y madrejones que cada vez tienen menos capacidad de reserva de agua, por los suelos que arrastra la erosión hídrica y se sedimentan en sus lechos. Cenci, quien asistió en implantaciones de pasturas a un medio centenar de puesteros de la zona, advirtió que los procesos de enlame “van en aumento tanto en intensidad como en superficie”.
En el municipio de Santa Victoria Este, otras 460 familias criollas conviven en iguales condiciones con más de 90 comunidades originarias de las etnias wichi, chorote, toba, tapiete y chulupí. En el extenso espacio de los ex lotes fiscales 55 y 14 se expresa otro de los problemas centrales del Chaco salteño: los conflictos de tierras. La inmensa mayoría de criollos no cuenta con títulos de propiedad, aunque sus posesiones se remontan a tres e incluso más generaciones. El Estado poco hizo en un siglo para regularizar la situación dominial de sus puestos. “Yo pude obtener mi título de propiedad por un acuerdo que firmé para poder estar tranquila, producir y vivir dignamente de mi actividad, como querían mis padres y mis abuelos, pero no me dejan hacer nada”, lamentó Argemina Gutiérrez.
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Caputo sigue sumando causas por desmontes ilegales
Otra denuncia contra Caputo, ahora por desmontes ilegales en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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