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Arauco: tierras, selva y conflictos en Misiones

 


Arauco concentra 264.000 hectáreas en Misiones en medio de denuncias de comunidades y campesinos

La forestal chilena es el mayor propietario privado de tierras de la provincia y defiende su gestión como sustentable, mientras comunidades Mbya Guaraní, familias campesinas y organizaciones ambientales denuncian el reemplazo de la selva paranaense, disputas territoriales e incendios.

La multinacional forestal de capitales chilenos Arauco concentra en Misiones 264.111 hectáreas de patrimonio forestal propio, una superficie equivalente a más de seis veces la Ciudad de Buenos Aires, que la convierte en el mayor propietario privado de tierras de la provincia. Su expansión, sin embargo, sigue atravesada por denuncias de comunidades Mbya Guaraní y familias campesinas, disputas por la tierra y cuestionamientos ambientales por el reemplazo de la selva paranaense por plantaciones de pinos y eucaliptos.
La empresa opera en la Argentina desde 1996 y tiene su centro de actividades en Misiones, aunque también trabaja en el Delta del Paraná y en otras provincias. A partir de la forestación con especies exóticas, desarrolló una cadena integrada que produce celulosa, madera, paneles y energía. Gran parte de su producción se exporta: la celulosa se vende sobre todo a Asia y Europa, y la compañía afirma que sus productos llegan a más de 3.500 clientes en los cinco continentes.

La mirada de la empresa
En su Reporte de Sustentabilidad 2025, Arauco se refiere a sus plantaciones como bosques y sostiene que, gestionadas de manera responsable, no solo producen materiales renovables, sino que también capturan carbono, conservan la biodiversidad y protegen servicios ecosistémicos. La compañía asegura además que integra “conservación, restauración y manejo forestal responsable” y que resguarda áreas de alto valor ambiental dentro de su patrimonio.

La selva que ya no está
Las organizaciones ambientales ofrecen otra lectura. Según Greenpeace, cerca de 120.000 hectáreas de las plantaciones de la empresa en Misiones reemplazaron a la selva paranaense, uno de los ecosistemas más biodiversos del país. La propia compañía reconoció que, entre 1994 y 2003, cuando operaba como Alto Paraná S.A., desmontó 20.811 hectáreas de vegetación nativa para nuevas plantaciones, a las que se suman otras 100.000 hectáreas compradas a terceros que ya habían sido desmontadas.
Para las organizaciones, los monocultivos de pino compactan y acidifican los suelos, alteran los ciclos del carbono y del nitrógeno y vuelven al territorio más vulnerable a los incendios, que en las plantaciones se propagan con mayor velocidad e intensidad que en el monte nativo. Tras el fuego, el pino rebrota con rapidez y coloniza las áreas quemadas, lo que dificulta la recuperación de la selva.

Comunidades Mbya Guaraní en conflicto
Las disputas por el territorio tienen como protagonistas a varias comunidades indígenas. Santiago Ramos, cacique de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, cerca de Garuhapé, denunció que en 2022 un incendio consumió las plantas medicinales y los frutales nativos de su comunidad, y atribuyó la sequía de arroyos y nacientes al consumo de agua de las plantaciones. También aseguró que análisis propios detectaron contaminación en el arroyo que llega desde la plantación y que la denuncia ante el Estado provincial no tuvo respuesta.
En 2023, Greenpeace se sumó a los reclamos de las comunidades Puente Quemado II y Guazurarí, cerca de Puerto Libertad, cuyos territorios fueron relevados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia Indígena, y denunció que la empresa mantiene plantaciones dentro de ellos. Para Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de la organización, era “hora de terminar con su impunidad”.

Denuncias de familias campesinas
Los conflictos alcanzan también a familias campesinas. En septiembre de este año, en Puerto Argentino 3, en el municipio de San Pedro, la organización Rebelión o Extinción Misiones denunció el incendio de la vivienda de una familia rural días después de que personal de la empresa y de la Policía provincial le indicaran que dejara de trabajar la tierra, y aseguró que en el último mes se habían quemado diez casas en el marco del conflicto. La organización pidió investigar el origen de los incendios. No se conoce una respuesta pública de la empresa ni de las autoridades provinciales a estas denuncias.
La Ley de Bosques 26.331 establece que todo proyecto de desmonte o de manejo de bosques nativos debe reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras.

Otra forma de producir
Frente a ese modelo, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) muestra una alternativa. La organización ganó un juicio a la empresa por 600 hectáreas, donde hoy produce alimentos agroecológicos, una experiencia que retrata el documental La Tierra Explota, de Juan Pablo Lepore, estrenado en septiembre. Según el director, en esas tierras trabajan hoy personas que antes eran empleadas de la forestal y que pasaron de aplicar agrotóxicos a producir de forma agroecológica, en una disputa concreta sobre para qué y para quiénes es la tierra.


Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Misiones
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Arauco (Reporte de Sustentabilidad 2025); Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Chaco arma una brigada judicial contra los desmontes

 


La Justicia federal suma fiscales, gendarmes y ambientalistas para frenar desmontes en Chaco

La jueza federal Zunilda Niremperger creó un equipo interinstitucional que vigilará con satélites, drones y allanamientos el cumplimiento de la cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco, donde el bosque nativo sigue cayendo pese a la prohibición.

La Justicia federal de Chaco creó un equipo especial que reúne a fiscales, funcionarios provinciales y nacionales, gendarmes, guardaparques y ambientalistas con un objetivo concreto: frenar los desmontes ilegales en los bosques nativos de la provincia. La decisión fue tomada por la jueza federal Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a pedido de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la organización que impulsa la causa penal conocida como la “mafia de los desmontes”.
El nuevo organismo lleva el nombre de Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco. Según la resolución judicial, su función es “garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente”, que prohíbe los desmontes en el territorio chaqueño.

Quiénes lo integran
El equipo suma a representantes de distintos niveles del Estado. Por el Ministerio Público Fiscal Federal participan los fiscales Juan Gabriel Giménez y Agustina Dragell. Por la provincia, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro, y el director de Bosques, Gustavo García. La autoridad ambiental nacional envió al ingeniero forestal Eduardo Manghi, y la Administración de Parques Nacionales estará representada por Néstor Arriola, intendente del Parque Nacional Copo, y Sergio Arias Valdecantos, director de la Regional Norte. Completan la mesa el comandante general de Gendarmería Nacional Claudio Brilloni y Fabián Maggi, de la asociación de abogados ambientalistas.
“Es la primera vez que se conforma un comité de esta naturaleza para controlar los desmontes ilegales”, destacó Maggi, que calificó la resolución como muy trascendente.

Satélites, drones y allanamientos
La resolución fija tareas concretas. Los integrantes deberán intercambiar información a partir del monitoreo satelital, sistemas de alerta temprana y vigilancia en el territorio. Gendarmería tendrá que reforzar sus recursos humanos, técnicos y operativos, y evaluar la incorporación de personal, vehículos y drones, mientras que el Ministerio de Seguridad provincial deberá fortalecer las dependencias policiales con funciones rurales y ambientales.
Cada alerta será comunicada a la Dirección de Bosques de la provincia, y el Ministerio Público Fiscal intervendrá ante posibles delitos o incumplimientos de la cautelar. El esquema prevé además una intervención judicial urgente cuando sea necesario ordenar allanamientos o decomisos de maquinaria. La Dirección de Bosques y la fiscalía federal deberán presentar informes periódicos: el primero, en la primera quincena de febrero de 2027, y luego cada tres meses.

Una cautelar que va y viene
La medida que el equipo deberá custodiar tiene una historia accidentada. Fue dictada por la propia Niremperger en agosto de 2024, poco después de que la asociación de abogados ambientalistas presentara una denuncia penal por un presunto entramado de corrupción público-privada en el otorgamiento de permisos de desmonte, que involucra a funcionarios, legisladores y empresarios. En aquel momento, la jueza suspendió los desmontes autorizados que aún no se habían ejecutado y prohibió otorgar nuevos permisos.
La cautelar fue prorrogada en 2025, pero luego levantada en forma parcial, con el argumento de que una nueva ley provincial cambiaba el escenario. En mayo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión al hacer lugar a los recursos de la fiscalía y de los ambientalistas, al considerar que no se había explicado por qué la nueva norma reducía el riesgo ambiental. Los jueces invocaron el principio precautorio y señalaron que se habían detectado desmontes ilegales incluso con la medida vigente.

El bosque sigue cayendo
La creación del equipo responde a una realidad que la prohibición judicial no logró detener. En septiembre, la asociación denunció el desmonte de unas 1.800 hectáreas de bosque nativo a pocos metros del Parque Provincial Loro Hablador, dentro del paisaje de conservación del yaguareté y del corredor del Chaco Seco. La Dirección de Bosques secuestró topadoras y cadenas tras la primera denuncia, pero la tala continuó. Según estimaciones de Aves Argentinas, el desmonte liberó más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono.
De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, entre enero y septiembre de 2026 se perdieron 9.339 hectáreas de bosque en Chaco, dentro de un total de más de 73.000 hectáreas en las cuatro provincias del norte más afectadas. El Gran Chaco, el segundo bosque más extenso de Sudamérica después de la Amazonia, es también uno de los que más rápido desaparece.
Los ambientalistas esperan que la iniciativa se traduzca en una protección real del bosque. La primera evaluación llegará en febrero, con el informe inicial.


Fecha de Publicación
: 07/11/2026
Provincia/Región: Chaco 
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo; Portal Economía Sustentable; Diario Tiempo Argentino

Activistas frenan un desmonte en Orán y alerta por Salta

 


Salta: frenan topadora en Orán y denuncia un aumento del 70% en los desmontes

Activistas bloquearon una máquina en una finca del norte salteño donde ya se arrasaron 700 hectáreas de bosque nativo, mientras la provincia acelera la deforestación y el Gobierno nacional impulsa cambios en la Ley de Bosques.

Activistas de Greenpeace Argentina frenaron el miércoles 4 de noviembre una topadora que desmontaba bosque nativo en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Orán, en el norte de Salta, sobre una franja boscosa entre las márgenes del río Bermejo. Según la organización, en ese predio ya se deforestaron unas 700 hectáreas, detectadas mediante imágenes satelitales y sobrevuelos.
Los activistas se interpusieron entre la máquina y el bosque, instalaron un cepo en las palancas de manejo para bloquearla y colocaron una faja de clausura con la leyenda “crimen ambiental”. También desplegaron un cartel dirigido al presidente Javier Milei con la consigna de que la Ley de Bosques no se toca. Las fuentes no informaron el nombre de la finca, su propietario ni la categoría de conservación del área desmontada.

Salta, en alza
La acción se da en un año en que la deforestación en la provincia se aceleró. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, Salta registró entre enero y septiembre un 70% más de desmontes que en el mismo período del año anterior, con unas 20.122 hectáreas perdidas entre las yungas y el Chaco salteño. La provincia es la segunda con mayor pérdida de bosque del norte del país, detrás de Santiago del Estero, en una región donde ya se desmontaron más de 73.000 hectáreas en lo que va del año.
“La deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. Según la organización, cerca del 80% de las áreas forestales se encuentran en categorías donde no se pueden autorizar desmontes.
El contexto provincial también cambió. En diciembre de 2024, la Legislatura salteña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que, según las organizaciones ambientales, redujo en unas 300.000 hectáreas la superficie de categoría III y habilitaría el desmonte de más de 700.000 hectáreas. Durante el debate, el oficialismo defendió la actualización como una obligación prevista por la Ley de Bosques, que debía haberse realizado en 2019, y sostuvo que el nuevo mapa busca “fomentar el uso sustentable del medio ambiente”. Organizaciones ambientalistas y comunidades originarias cuestionaron la falta de consulta.

La Ley de Bosques en la mira
El reclamo apunta también al Gobierno nacional, que impulsa una reforma de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Según Greenpeace, los cambios modificarían los artículos 13 y 14, que regulan las autorizaciones de desmonte y las restricciones en las áreas de mayor valor de conservación, y ampliarían del 20% al 80% la superficie de bosques nativos donde podrían autorizarse desmontes.
A eso se suma el financiamiento. El proyecto de Presupuesto 2027 destina a la protección de los bosques nativos apenas alrededor del 4% de los fondos que exige la ley, en un contexto de ejecución muy baja de las partidas en los últimos años. “Destruir bosques es un ecocidio que debe prohibirse y convertirse en un delito penal”, sostuvo Cruz, quien convocó a la ciudadanía a defender la norma y a reclamar la penalización de los desmontes e incendios forestales.

Una pérdida acumulada
Los números de largo plazo ayudan a dimensionar el problema. Según datos de la Dirección Nacional de Bosques citados por la organización, entre 1998 y 2024 desaparecieron más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos en la Argentina, y cerca del 75% de esa pérdida se concentró en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, las provincias del Gran Chaco. La destrucción del hábitat pone en riesgo a especies emblemáticas como el yaguareté, del que se estima que quedan menos de 20 ejemplares en esa región. Por esa razón, en 2019 Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema contra las cuatro provincias y el Estado nacional, que todavía no tiene sentencia. A la pérdida por desmontes se suman, además, las más de 60.000 hectáreas de bosque afectadas por los incendios de la última temporada en la Patagonia.
Hasta el momento, ni el gobierno salteño ni el nacional respondieron públicamente a la denuncia ni informaron si el desmonte frenado en Orán contaba con autorización. Mientras tanto, la acción de Greenpeace vuelve a poner en el centro del debate a una ley que, a casi dos décadas de su sanción, enfrenta un nuevo intento de reforma.


Fecha de Publicación
: 06/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae; Diario Página/12; Portal Flipr; Prensa Mercosur; Portal Economía Sustentable

Denuncian desmontes en territorio vilela en Santiago

 


Santiago del Estero: denuncian desmontes autorizados en territorio de la comunidad vilela El Tunal

Integrantes de la comunidad indígena, junto al MOCASE-VC y Greenpeace, denuncian que la Dirección de Bosques provincial autorizó el desmonte de unas 200 hectáreas de monte nativo sin consulta previa, en tierras cuya ocupación tradicional reconoció el INAI.

La comunidad indígena El Tunal, del pueblo vilela, denunció que topadoras avanzan sobre el monte nativo de su territorio, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Quimilí, en el norte de Santiago del Estero. Según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), que acompaña a las familias, los trabajos cuentan con una autorización de la Dirección de Bosques provincial a favor de la firma Agropecuaria Tomay S.A., otorgada sin informar ni consultar previamente a la comunidad.
Greenpeace se sumó al reclamo y difundió el 19 de octubre que el desmonte ya había alcanzado una superficie considerable. “Las topadoras ya avanzaron sobre cerca de 200 hectáreas de bosque nativo”, advirtió la organización. Pidió frenar los trabajos de inmediato y que la provincia proteja la vida de quienes defienden el monte. También envió una nota a la Dirección de Bosques y Fauna santiagueña y lanzó una campaña de firmas en defensa de los bosques nativos.

Un territorio reconocido por el Estado
El conflicto se da en tierras que el propio Estado nacional reconoció como de ocupación indígena. En 2019, El Tunal obtuvo su personería jurídica y quedó inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Al año siguiente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio por concluido, mediante la Resolución 95/2020, el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto por la Ley 26.160. Ese relevamiento reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad sobre unas 3.132 hectáreas georreferenciadas.
El relevamiento no equivale por sí solo a un título de propiedad comunitaria, pero sí acredita la posesión ancestral de las familias. El MOCASE-VC sostiene, además, que la empresa beneficiada por la autorización no tendría títulos ni posesión sobre los lotes afectados.

De la topadora frenada al regreso de las máquinas
El reclamo lleva varias semanas. A fines de agosto, integrantes de la comunidad lograron detener una topadora que había ingresado en uno de los últimos sectores de monte nativo del territorio, y difundieron el hecho en redes sociales. Días después, según la denuncia, la maquinaria volvió con una orden atribuida a las autoridades provinciales de Bosques y con personas que custodiaban las tareas. El MOCASE-VC y Greenpeace denunciaron la presencia de personas armadas en la zona.
La organización campesina presentó reclamos ante organismos provinciales, la Policía y el INAI, y exigió la suspensión de los trabajos. “Exigimos inmediato freno a las autorizaciones otorgadas”, reclamó el movimiento. Pidió además revisar los permisos, realizar estudios de impacto ambiental y llevar adelante la consulta pública que, según afirma, nunca se hizo.
No es la primera vez que el territorio queda bajo amenaza. En 2023 hubo denuncias por desmontes en el mismo sector, y las tareas se detuvieron tras los reclamos. En 2018, organizaciones vinculadas al MOCASE ya habían denunciado el ingreso de policías y particulares, en una causa por presunta usurpación iniciada a partir de la denuncia de un empresario.

Lo que dice la ley
El caso pone en discusión el cumplimiento de la Ley 26.331 de Bosques Nativos:
- su artículo 19 exige que los proyectos de desmonte reconozcan y respeten los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras;
- su artículo 26 obliga a garantizar instancias de participación y consulta pública antes de autorizar el cambio de uso del suelo.
A esto se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con jerarquía legal en la Argentina a través de la Ley 24.071, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas que los afecten.
Según Greenpeace, la provincia no cumplió con esas exigencias al otorgar el permiso. Hasta el momento no se conocen respuestas públicas de la Dirección de Bosques ni de la empresa sobre las denuncias.

La provincia que más desmonta
El episodio ocurre en el distrito que encabeza la deforestación en el país. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, en 2025 se desmontaron 51.149 hectáreas de bosque nativo en Santiago del Estero, la cifra más alta de la Argentina. La pérdida de monte en el Gran Chaco no solo libera carbono y destruye hábitats: también empuja a comunidades indígenas y campesinas a defender con el cuerpo territorios de los que dependen para vivir.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal La Noticia Web; Diario Tiempo Argentino; Portal Reporte 24; Portal Economía Sustentable

Ya hay desmontadas más de 73.000 hectáreas en el año

 


Más de 73.000 hectáreas de bosque nativo desmontadas en el norte argentino en nueve meses

Un relevamiento satelital de Greenpeace registró desmontes en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa entre enero y septiembre, mientras se discute la flexibilización de la Ley de Bosques.

Entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. El dato surge de un relevamiento de Greenpeace basado en la comparación de imágenes satelitales de alta resolución. La superficie equivale a la del Parque Nacional Calilegua o a unas cuatro veces la de la Ciudad de Buenos Aires.
Santiago del Estero vuelve a encabezar la lista, con 35.368 hectáreas, el 48,3% del total, sobre todo en el bosque chaqueño semiárido. Le sigue Salta, con 20.122 hectáreas (27,5%) entre las yungas y el Chaco salteño. Más atrás quedan Chaco, con 9.339 (12,7%), y Formosa, con 8.395 (11,5%), donde la pérdida alcanza humedales y bosques secos. Los desmontes se concentran en el Gran Chaco, y su avance profundiza la crisis climática y acelera la pérdida de biodiversidad.

Un ritmo que no se detiene
Los números muestran que el desmonte siguió durante el invierno. En julio, la misma organización había informado que en el primer semestre se habían arrasado 40.862 hectáreas en esas cuatro provincias. Santiago del Estero encabezaba la lista, con 20.727 hectáreas, seguida por Salta, con 11.960, un nivel que en esa provincia duplicaba el del mismo período del año anterior. Con esos datos, entre julio y septiembre se sumaron más de 32.000 hectáreas, un promedio cercano a 10.800 por mes.
El salto más llamativo se dio en Chaco, que pasó de 3.800 hectáreas en el primer semestre a 9.339 al cierre de septiembre: en solo tres meses desmontó más que en los seis anteriores. En ese trimestre, Santiago del Estero sumó unas 14.600 hectáreas; Salta, unas 8.200, y Formosa, unas 4.000.
Para Greenpeace, las sanciones vigentes no logran frenar el fenómeno. “Las multas económicas no están sirviendo para frenar los desmontes ilegales”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización. Según Giardini, los empresarios agropecuarios incorporan las multas como un costo más de producción. También apuntó contra los gobiernos provinciales, a los que acusó de controlar poco, flexibilizar sus normas y autorizar desmontes donde no están permitidos, y habló de “una clara complicidad de los gobiernos provinciales”.

La Ley de Bosques en discusión
El relevamiento se conoce en medio del debate por la modificación de la Ley de Bosques (26.331) que impulsa el Gobierno nacional, y de recortes en los fondos destinados a la conservación. Giardini calificó de inadmisible la flexibilización de la norma y advirtió que provocaría un aumento significativo de la deforestación. También recordó que la Argentina está lejos de cumplir el compromiso de deforestación cero para 2030, asumido en la Cumbre Climática de Glasgow de 2021.
La propuesta de reforma ya había despertado objeciones técnicas a comienzos de año. El Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco advirtió que, entre otros cambios, eliminaría la autorización previa obligatoria para desmontar en las áreas de categoría III, o verde. Además, habilitaría desmontes en zonas de categoría II, o amarilla. Para esa entidad, las modificaciones debilitarían los controles y la evaluación ambiental, y representarían un retroceso contrario a los principios precautorio y de no regresión.

El yaguareté, en la cuerda floja
El desmonte también amenaza a una de las especies más emblemáticas del país. En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las cuatro provincias y el Estado nacional por la destrucción del hábitat del yaguareté en el Gran Chaco, donde se estima que sobreviven menos de 20 ejemplares. La presentación sostiene, además, que esos desmontes violan la ley nacional de bosques. El máximo tribunal se declaró competente, pero todavía no dictó sentencia.
La organización reclama defender la Ley de Bosques y penalizar los desmontes y los incendios forestales. Además, impulsa la iniciativa “República de los Siete Bosques”, que invita a la ciudadanía a sumarse a una red de monitoreo territorial y resistencia pacífica frente a la pérdida de bosques.
A poco más de tres años de la meta de deforestación cero comprometida para 2030, el Gran Chaco argentino sigue perdiendo superficie a un ritmo que, según los datos satelitales, no da señales de desacelerarse.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Chaco On Line, InfoBariloche, Greenpeace Argentina, Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco

Desmontan 1.800 hectáreas junto al Parque Loro Hablador

 


Denuncian el desmonte de 1.800 hectáreas de bosque protegido junto al Parque Loro Hablador, en Chaco

Aves Argentinas detectó por satélite la destrucción de bosque nativo en una zona donde la ley prohíbe desmontar, que continuó aun después de que las autoridades secuestraran topadoras en el predio.

Unas 1.800 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas en el Chaco Seco, en un predio que linda con el Parque Natural Provincial Loro Hablador, en el departamento Almirante Brown. La denuncia la presentó Aves Argentinas ante las autoridades provinciales, a partir del análisis de imágenes satelitales, y la organización advierte que la superficie afectada podría ser todavía mayor.
“La gravedad del caso es extrema”, señaló la entidad en su presentación. El desmonte ocurrió en una zona que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia clasifica en la categoría II, de color amarillo. Según la Ley Nacional de Bosques, esa categoría corresponde a áreas de valor de conservación medio, donde se admiten usos sostenibles como el aprovechamiento forestal controlado, el turismo o la investigación, pero no el desmonte, es decir, la eliminación total del bosque para cambiar el uso del suelo.

Un sitio clave para la biodiversidad
La ubicación del predio agrava el daño. Además de lindar con el Parque Loro Hablador, el área integra la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero, y forma parte de un corredor de conectividad entre ambas áreas protegidas. Esos corredores permiten el desplazamiento de la fauna en una región cada vez más fragmentada por el avance de la frontera agropecuaria.
En ese bosque habitan especies emblemáticas y amenazadas. El tatú carreta y el pecarí quimilero son Monumentos Naturales Provinciales; el loro hablador, que da nombre al parque, cuenta con protección provincial, y el yaguareté, Monumento Natural Nacional, tiene en este sector parte de su Paisaje Óptimo de Conservación. El lugar está reconocido además como Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA), y Aves Argentinas propuso que se lo designe como Área Clave para la Biodiversidad.
La organización estimó que la destrucción de ese bosque podría liberar más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono. El cálculo toma un valor de unas 290 toneladas por hectárea, a partir del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales que la Argentina presentó en 2019 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y no incluye el carbono almacenado en el suelo, por lo que se trata de una estimación conservadora.

Las topadoras siguieron
El caso ya había llegado a las autoridades. El 8 de septiembre, personal de la Dirección de Bosques del Chaco, junto con la Policía Rural, secuestró en el lugar cuatro topadoras y dos cadenas de 100 metros, herramientas típicas del desmonte. Sin embargo, según la denuncia, las imágenes del satélite Sentinel-2 posteriores al operativo indican que la destrucción continuó, por lo que las medidas no habrían alcanzado para frenarla. El relevamiento tiene fecha de corte el 22 de septiembre.
Ese mismo día, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia restableció la medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia, en el marco de la causa conocida como “Mafia del Desmonte”, iniciada por la Fiscalía Federal por presuntos permisos irregulares de cambio de uso del suelo y recategorizaciones en áreas protegidas. Esa suspensión había sido dictada en agosto de 2024 por el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, que en agosto de este año la levantó tras la aprobación de un nuevo ordenamiento territorial. La Cámara revocó esa decisión al considerar que un cambio normativo no demuestra por sí solo que el riesgo haya desaparecido.

Los reclamos
Aves Argentinas pidió una inspección urgente del predio, el cese de cualquier tarea de desmonte, limpieza, quema o habilitación productiva y que se mantenga el secuestro de la maquinaria. También reclamó monitoreo satelital permanente, la publicación de las autorizaciones y actuaciones administrativas vinculadas al terreno, la restauración del bosque y que se informe al juzgado federal. Para el parque y los predios vecinos, solicitó reforzar controles y patrullajes y crear un sistema de alerta temprana.
La organización tiene un convenio con la Subsecretaría de Ambiente provincial para la conservación de estos sitios, y aclaró que ese acuerdo no implica avalar la destrucción del bosque. Hasta el momento, el gobierno chaqueño no respondió públicamente a la denuncia.
El caso se suma a una larga historia de pérdida de bosques en el Gran Chaco, uno de los frentes de deforestación más activos del Sur Global, donde las normas de protección conviven con desmontes que avanzan incluso en las zonas donde están prohibidos.


Fecha de Publicación
: 19/10/2026
Provincia/Región: Chaco
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Aves Argentinas, Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Denuncian desmontes en territorio wichí de Salta

 


Denuncian el desmonte de más de 3.300 hectáreas en territorio wichí y apuntan al gobierno de Salta

Greenpeace y comunidades wichí de Tartagal acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el arrasamiento de monte nativo en tres fincas, sin dar respuesta a los pedidos de informes.

Las topadoras avanzan sobre el monte nativo del norte de Salta y las comunidades wichí de la zona de Tartagal reclaman respuestas que no llegan. Organizaciones ambientalistas y referentes indígenas acusaron al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas de bosque en apenas dos meses, en territorios que esas comunidades usan para vivir y sostener su cultura.
La comparación de imágenes satelitales del 7 de julio y del 23 de septiembre de 2026 muestra la pérdida de unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Según Greenpeace, en ese mismo período se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, sobre la ruta nacional 86.

Tres fincas en la mira
La organización identificó las propiedades donde avanzaron las máquinas. La finca Tonono figura a nombre de Martín Morales; Alcoba pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier, y Caraguatá es propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas pidieron hace más de un mes informes oficiales sobre los permisos. Las comunidades quieren saber quién autorizó los trabajos. Hasta ahora, según fuentes del caso, la Secretaría de Ambiente provincial no respondió.

Cementerios, chaguar y agua
El impacto recae sobre diez comunidades wichí. Basilia Pérez, referente de la zona, documentó con fotos y videos la destrucción de panales, nidos y plantas de chaguar, la planta cuya fibra se usa en los tejidos tradicionales wichí y que forma parte de los recursos de subsistencia de las familias. “Necesitamos que pare el desmonte”, reclamó. También habló de las fumigaciones: “Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones”.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada junto a las viviendas dejaría aislado el cementerio de la comunidad. En Arenales, también sobre la ruta 86, los pobladores deben trasladar agua potable desde unos 40 kilómetros. De acuerdo con la denuncia, algunos de los bidones que usan habían contenido agrotóxicos, y los recipientes de una donación de UNICEF nunca llegaron. Greenpeace advirtió además que algunas familias serían presionadas para ceder monte a cambio de la perforación de un pozo de agua.

Un historial de pérdida
El caso se inscribe en una historia larga. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron en Salta 714.052 hectáreas. La tendencia reciente tampoco es alentadora. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, Salta perdió 11.960 hectáreas de bosque entre enero y junio de 2026, el doble que en el mismo período de 2025, y concentró cerca de un tercio de las 40.862 hectáreas desmontadas en el norte argentino durante el primer semestre.
En 2024, la organización ya había denunciado audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para autorizar desmontes en 30 fincas, por casi 26.000 hectáreas, y estimó que la propuesta provincial en debate podía habilitar la deforestación de unas 720.000 hectáreas. Todo ello ocurre bajo la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, que obliga a las provincias a ordenar sus bosques por categorías de conservación y prohíbe desmontar en las zonas de mayor valor.

Un contexto nacional adverso
Greenpeace vinculó la situación con el escenario nacional. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales y la intención del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Bosques, una reforma que, según Cruz, es inadmisible porque aumentaría significativamente la deforestación. La organización reclama, en cambio, aplicar la norma de forma estricta y avanzar en la penalización de la destrucción de bosques nativos.
La organización recordó además que Argentina asumió en la cumbre climática de Glasgow, en 2021, el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Mientras tanto, las comunidades wichí siguen esperando que alguien les explique quién autorizó la destrucción del monte del que dependen.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo, Greenpeace Argentina

Desmontaron 3.300 hectáreas sobre territorio wichí en Salta

 


Arrasaron más de 3.300 hectáreas de bosques en Salta y avanzan sobre territorios de comunidades wichí

Topadoras con cadenas destruyen desde agosto bosque nativo en tres fincas cercanas a Tartagal, al punto de llegar a pocos metros de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. Greenpeace y organizaciones wichí denuncian que un cambio reciente en el ordenamiento territorial de Salta habilitó el avance sobre tierras reconocidas como de ocupación ancestral indígena.

Más de 3.300 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas desde principios de agosto en el área rural de Tartagal, al norte de Salta, en un desmonte que afecta directamente a tres comunidades wichí y que, según Greenpeace, pone en riesgo el sustento de otras siete más. La organización documentó con fotos y video a dos topadoras que, mediante inmensas cadenas, destruyen el bosque y el territorio de comunidades sobre la ruta nacional 86, en las cercanías de la ciudad.

Tres fincas, tres empresas
Los denunciantes identificaron a las fincas responsables: "Tonono", de Martín Morales; "Alcoba", de la empresa Desdelsur S.A., propiedad de las familias Macera y Blaquier; y "Caraguatá", de la empresa agropecuaria Estancia Tres Lagunas S.A. "Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí", manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Las máquinas, a metros de las casas
En la zona de Finca Tonono, las máquinas con cadenas llegaron hasta las inmediaciones de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. "Las máquinas con cadenas actualmente continúan deforestando. Finca Tonono está prácticamente encima de la comunidad Pozo Nuevo. Hoy los wichis mandaron fotos de que llegan hasta pocos metros de las casas", señaló Cruz. Los habitantes lograron evitar que las topadoras ingresaran a un pequeño cementerio ubicado cerca de las viviendas, aunque el lugar sigue amenazado: "esta comunidad logró salvar de las topadoras un pequeño cementerio que tienen ahí, cerca de las casas. Hasta cuándo no sabemos, porque ese espacio está delimitado para desmontar", sostuvo Cruz. Según la referente de Greenpeace, Desdelsur lleva desmontadas más de 27.000 hectáreas en los últimos años en la zona.

Un cambio normativo que abrió la puerta
Pozo Nuevo y Tonono habían estado categorizadas como "zona amarilla" dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una clasificación que impedía avanzar con el desmonte. Pero a fines de 2024 hubo una reforma a ese ordenamiento por la cual esos sectores pasaron a la categoría "amarillo oscuro", que sí permite cambios en el uso del suelo. Según un informe previo de Greenpeace, la aprobación del nuevo ordenamiento habilitó en total la deforestación de 721.568 hectáreas en la provincia, una cifra que la organización ya denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que viola la Ley Nacional de Bosques. Cruz advirtió además sobre el alcance futuro de la norma: "con el nuevo ordenamiento, Salta tendría posibilidad de desmontar más de 100 mil hectáreas por año". Según el relevamiento satelital de la organización, en los primeros seis meses de 2026 ya se habían desmontado 11.960 hectáreas en la provincia, el doble que en el mismo período del año anterior.

Territorios reconocidos, pero no respetados
Cruz calificó de ilegítimo el avance sobre estos territorios por tratarse de comunidades que cuentan con un relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): "esta deforestación es ilegítima porque viven ahí comunidades wichis que son los verdaderos dueños, cuentan con su carpeta de relevamiento que hizo el INAI, pero la provincia de Salta no respeta esa territorialidad ancestral que tienen". Entre las comunidades que la organización identifica como afectadas por el nuevo ordenamiento en la zona están Pozo Nuevo, Cañitas, Paraíso, Arenales, Tonono, Pacará, Hoktek Toi, Kilómetro 16, Kilómetro 20 y Monte Veo.

Denuncias sin respuesta
Las comunidades presentaron denuncias ante la Justicia para intentar frenar el avance de las máquinas, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. Según relató Cruz, el propio fiscal de Tartagal informó que debía intervenir la Policía, pero el operativo no se concretó por falta de combustible para los vehículos. "Se desconoce qué es lo que la Provincia autorizó porque no dieron explicación ni a los wichis ni a organismos como Greenpeace, que presentamos notas y ya denunciamos esto hace más de un mes", afirmó. La organización lanzó además una convocatoria para sumarse a la "República de los Siete Bosques", una plataforma que busca construir una comunidad protectora de los bosques frente a distintas amenazas, con inscripción abierta en sietebosques.org.

Un patrón que se repite en el norte del país
La organización recordó que Argentina todavía está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, y cuestionó en ese marco los intentos de flexibilizar aún más la Ley de Bosques a nivel nacional. "Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos", sostuvo Cruz. Un informe anterior de la organización, de principios de 2025, ya había señalado que casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte argentino durante 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco: el 75% de esa superficie correspondió a Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, con 149.649 hectáreas deforestadas, equivalentes a unos 210.000 campos de fútbol.


Fecha de Publicación: 05/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: El Diario AR, Nuevo Diario de Salta

Autorizan un desmonte en territorio indígena en Santiago

 


Santiago del Estero: autorizan un desmonte en territorio indígena de la Comunidad El Tunal

Semanas después de que sus integrantes frenaran el ingreso de una topadora, la Comunidad El Tunal, del Pueblo Vilela, denunció que la Dirección de Bosques provincial autorizó formalmente a una empresa agropecuaria a desmontar uno de los últimos sectores de monte nativo de su territorio, reconocido oficialmente por el Estado como de ocupación tradicional indígena.

La Comunidad El Tunal, perteneciente al Pueblo Originario Vilela, denunció que continúan los desmontes en parte de su territorio comunitario en el norte de Santiago del Estero, pese a los reclamos presentados ante las autoridades provinciales. Según informó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), la Dirección de Bosques de la provincia autorizó a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. a avanzar con las tareas, luego de que a fines de agosto la propia comunidad lograra frenar el ingreso de una topadora que había comenzado a desmontar en el lugar.

Una autorización después de la resistencia
De acuerdo con la organización, tras aquel freno inicial se presentó en el territorio una persona con una orden atribuida a la directora de Bosques de la provincia, Noelia Zanichelli, mediante la cual se autorizaba a la empresa a realizar el desmonte. "Ante el desconocimiento total de la comunidad, se han radicado las denuncias correspondientes, sin embargo desde las autoridades de control, se hace oído sordo", sostuvo el MOCASE-VC en una publicación difundida en redes sociales. Según la denuncia, las máquinas continúan trabajando en el lugar. La organización afirmó además que las topadoras están custodiadas por personas armadas, una acusación que no fue acompañada de documentación pública sobre la identidad de esas personas ni sobre actuaciones judiciales vinculadas al episodio.

Un territorio que el propio Estado reconoció como indígena
El Tunal está ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero. En 2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluyó el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad, y reconoció su ocupación actual, tradicional y pública sobre una superficie de aproximadamente 3.132 hectáreas, con delimitación georreferenciada y documentación histórica y antropológica incluida. Ese antecedente es central en el conflicto actual: mientras un organismo nacional registró oficialmente la ocupación tradicional del territorio, otro organismo provincial autorizó allí una actividad de desmonte.

Las preguntas que plantea la comunidad
El MOCASE-VC cuestionó los criterios utilizados por la Dirección de Bosques para otorgar la autorización y planteó interrogantes sobre la participación de la comunidad en el proceso: "¿por qué no se ha sometido a consulta pública? ¿Por qué no se mide el impacto ambiental, social, cultural, político que provoca autorizando en territorio indígena un desmonte?", preguntó la organización. La Ley Nacional de Bosques Nativos exige que los desmontes cuenten con autorización de la autoridad competente y una evaluación de impacto ambiental previa, además de contemplar mecanismos de participación pública y acceso a la información. En el caso específico de comunidades indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece además el derecho a ser consultadas mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas administrativas que puedan afectarlas directamente. La comunidad sostiene que desconocía la autorización y exige "inmediato freno a las autorizaciones otorgadas, revisión de las mismas, estudios correspondientes sobre los impactos en territorios".

Un conflicto que no es aislado
El caso de El Tunal se suma a un patrón que distintas organizaciones vienen documentando desde hace años en la provincia. Según datos de Greenpeace Argentina, Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes del país: solo en un período de seis meses se deforestaron más de 40.000 hectáreas en el norte argentino. El MOCASE-VC vinculó además este conflicto puntual con la pérdida de monte nativo y los efectos del cambio climático, y pidió que se evalúen las consecuencias ambientales, sociales y culturales de las actividades autorizadas en territorios de comunidades originarias.


Fecha de Publicación: 03/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Detectan por satélite desmonte ilegal en Rancul

 


El monitoreo satelital en La Pampa detectó la deforestación no autorizada de caldenales dentro del área protegida por la Ley de Bosques


Sistemas de teledetección e inspecciones de gestión ambiental analizan la pérdida del bosque nativo de caldén por la expansión no planificada de la frontera agropecuaria.

Un informe derivado del sistema de alerta temprana satelital de la provincia de La Pampa confirmó el desmonte no autorizado de 342 hectáreas de bosque nativo en el departamento Rancul. Las imágenes de sensores remotos permitieron constatar la erradicación mediante maquinaria pesada de especímenes de caldén (Prosopis caldenia), una especie endémica que conforma la ecorregión del Espinal. La deforestación ilegal sobre parcelas catalogadas en categorías de conservación de la Ley de Bosques N.º 26.331 no solo configura una infracción gravísima a la normativa ambiental, sino que genera un impacto negativo inmediato sobre la biodiversidad terrestre, la dinámica del carbono y la protección del suelo en una zona de alta vulnerabilidad a la erosión eólica.

Mecanismos de degradación y pérdida de funciones ecofisiológicas
El caldenal actúa como una barrera biológica y estabilizadora del suelo frente a las condiciones de aridez del semiárido pampeano. La remoción de la cobertura arbórea madura destruye el horizonte orgánico y quiebra el entramado radicular que previene la degradación edáfica. Sin la protección del dosel arbóreo, los vientos dominantes aceleran la erosión eólica y despojan al terreno de sus nutrientes principales, reduciendo significativamente la capacidad de retención de agua. Asimismo, la eliminación súbita de este estrato arbóreo interrumpe el proceso de fijación biológica de carbono atmosférico y destruye el hábitat de nidificación y refugio de mamíferos y aves amenazadas que habitan en los relictos del Espinal.
Para desglosar las variables técnicas y las consecuencias ecológicas derivadas de este desmonte no autorizado, se destacan los siguientes puntos:
- Erosión eólica y empobrecimiento edáfico: Exposición directa del suelo a la acción del viento tras la pérdida de la vegetación leñosa.
- Fragmentación del bioma del Espinal: Pérdida de conectividad biológica entre parches de bosque maduro de caldén.
- Infracción al Ordenamiento Territorial: Alteración de categorías de conservación fijadas por la legislación nacional y provincial.

Fiscalización científica y marcos de aplicación normativa
La detección mediante monitoreo satelital por parte de los organismos de fiscalización provinciales demuestra la efectividad de las herramientas geoespaciales para la fiscalización del territorio. Informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Dirección General de Recursos Naturales ratifican que la tala no planificada en el distrito semiárido compromete el equilibrio hídrico regional. Las autoridades ambientales han dispuesto el cese de las actividades en el predio, la formulación de las actuaciones sumarias correspondientes y la exigencia de planes de recomposición del daño ambiental conforme a las sanciones previstas por la ley.

Gobernanza ambiental para la restauración del bosque nativo
Frente a la persistencia de desmontes ilegales, resulta indispensable profundizar la fiscalización remota e intensificar las multas operativas a los infractores. Garantizar el cumplimiento estricto del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y promover la restauración ecológica de las hectáreas degradadas son acciones prioritarias para frenar la desertificación y resguardar el patrimonio natural de La Pampa.


Fecha de Publicación: 15/09/2026
Provincia/Región: La Pampa
Fuentes originales consultadas: InfoPico, Agencia Télam, La Nación, La Arena, INTA
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Crisis ambiental y desmonte en el Gran Chaco Salteño

 


Alerta socioambiental en el Gran Chaco por el avance incesante de la deforestación y la pérdida de biodiversidad

Informes regionales de fiscalización ambiental y reportes periodísticos exponen la fragilidad del bioma chaqueño ante la persistencia de cambios no autorizados en el uso del suelo y el impacto en las comunidades.


La ecorregión del Gran Chaco Salteño y su entramado socioambiental contiguo enfrentan una situación crítica marcada por el desmonte sistemático, la fragmentación del hábitat nativo y la pérdida irrecuperable de bienes comunes naturales. Según coberturas especializadas difundidas por el diario Nuevo Diario de Salta y agencias de noticias del Norte Grande argentino, el avance continuo de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos de alto valor de conservación continúa operando bajo modalidades ilegales o amparadas en recategorizaciones territoriales cuestionadas por la justicia federal. La tala indiscriminada no solo vulnera la estructura biológica de especies arbóreas autóctonas como el quebracho y el algarrobo, sino que desencadena un severo impacto social sobre las comunidades campesinas y los pueblos originarios que dependen de la recolección, la apicultura y la caza para su subsistencia diaria.

Impactos hidrológicos, suelo y erosión de la biodiversidad
El Gran Chaco representa el segundo ecosistema forestal más extenso de América del Sur y el mayor bosque seco continuo del continente. La eliminación acelerada de la cobertura vegetal nativa altera de manera directa el balance hídrico de la cuenca del Río Juramento-Salado y el Río Bermejo. Sin la intercepción foliar ni el entramado radicular de los árboles autóctonos, los suelos sufren un proceso severo de compactación y salinización, incrementando drásticamente el riesgo de inundaciones devastadoras durante la estación de lluvias y acelerando la desertificación en los periodos de sequía estival. Asimismo, la destrucción de estos corredores biológicos acorrala a grandes mamíferos en peligro de extinción, como el yaguareté, el tatú carreta y el oso hormiguero gigante, empujándolos al aislamiento genético y a la desaparición local.
Para desglosar los ejes prioritarios sobre la problemática del desmonte en la región chaqueña, se destacan los siguientes eches estructurales:
- Inobservancia del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): Desmonte de parcelas clasificadas en Categoría I (Rojo) y II (Amarillo) donde la ley prohíbe de forma estricta el cambio de uso de suelo.
- Vulneración de derechos comunitarios e indígenas: Falta de titulación comunitaria y avance de la maquinaria agrícola sobre territorios ancestrales habitados por comunidades Wichí, Qom y familias criollas.
- Pérdida del servicio de captura de carbono: La quema y posterior despeje de biomasa libera miles de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, anulando la capacidad de mitigación climática de la región.

Exigencia de controles, multas efectivas y restitución de bosques
Asambleas socioambientales, entidades académicas y organizaciones de derechos humanos exigen de manera urgente a las autoridades provinciales y nacionales un endurecimiento real de los controles de fiscalización en territorio. Una de las demandas centrales apunta a la tipificación del delito penal ambiental por deforestación ilegal, dado que las multas administrativas vigentes suelen ser absorbidas por las empresas agrícolas como un costo operativo más dentro de la inversión del proyecto. Asimismo, se demanda la suspensión inmediata de todas las autorizaciones de desmonte vigentes hasta tanto se consolide un proceso de participación ciudadana vinculante y se implemente un plan de restauración ecológica obligatoria para los predios ilegalmente talados.

Defender el Chaco para la resiliencia climática del norte argentino
Preservar el Gran Chaco no constituye únicamente un imperativo biológico, sino un requisito estratégico para la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria y la estabilidad climática de todo el Norte Grande. Detener la topadora y promover modelos productivos sostenibles —como el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) y el desarrollo de economías forestales no maderables— resulta indispensable para garantizar la permanencia digna de las comunidades rurales en su territorio. Garantizar la intangibilidad del bosque nativo es el único camino para asegurar un futuro de equidad socioambiental en la región.


Fecha de Publicación: 09/09/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes originales consultadas: Nuevo Diario de Salta, Agencia Télam, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta
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Arroyo San Lorenzo.Denuncian desmontes en zona roja

 



Alerta ambiental: denuncian desmontes en zona roja de bosques nativos por obras licitadas por Hídrica de la Provincia

Fecha de Publicación
: 25/08/2026
Fuente: Portal SL24
Provincia/Región: Santa Fe


 Maquinaria pesada avanza sobre la vegetación autóctona en la intersección de la Autopista Rosario–Santa Fe y el Arroyo San Lorenzo, en el marco de trabajos de canalización licitados por el área de Recursos Hídricos de la Provincia para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, los registros oficiales de IDESF y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sitúan al área en Categoría I (Rojo), donde rige una prohibición absoluta de tala y remoción para resguardar la cuenca y la biodiversidad. 
Una fuerte controversia ambiental se generó en la cuenca del Arroyo San Lorenzo, a la altura del puente de la Autopista Rosario–Santa Fe, tras la difusión de registros en video que muestran la erradicación y tala de masa forestal nativa en el sector ribereño. Las tareas, que se ejecutan a partir de un proyecto licitado por el área de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe con el propósito de realizar canalizaciones preventivas frente a las crecidas por el fenómeno de El Niño, quedaron bajo cuestionamiento debido a que el sector intervenido posee la máxima protección legal ambiental y está tipificado como zona roja de conservación.
El marco normativo vigente establece que la protección de estos ecosistemas se rige a nivel nacional por la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y, a nivel provincial, por la Ley Nº 13.372, mediante la cual se aprobó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) con el objetivo de regular, proteger y conservar los recursos forestales.

Obras licitadas por Hídrica y la alerta sobre el semáforo ambiental
La intervención licitada por la cartera hídrica santafesina busca garantizar el escurrimiento de las aguas hacia la desembocadura. No obstante, el sistema de zonificación ambiental de Santa Fe clasifica las coberturas forestales en tres categorías estrictas: InstalarSistemas De Purificación De Agua
- Categoría I (Rojo): Zonas de muy alto valor ambiental y de conservación prioritaria. No se pueden tocar ni desmontar bajo ninguna circunstancia, ya que cumplen un rol insustituible en la protección de los recursos hídricos, el suelo y la fauna autóctona.
- Categoría II (Amarillo): Zonas de valor medio donde se admiten planes de manejo sostenible, turismo o actividades productivas autorizadas.
- Categoría III (Verde): Áreas de bajo valor de conservación donde es viable el cambio de uso del suelo mediante autorización formal.
Al ingresar al visor cartográfico de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe (IDESF), se constata que la franja ribereña del Arroyo San Lorenzo contigua a la autopista se encuentra delimitada en color rojo, lo que prohíbe de forma expresa cualquier afectación o retiro del bosque nativo.

Controles, exigencias legales y función de la masa ribereña
La normativa forestal estipula que cualquier obra en áreas lindantes o autorizadas exige de manera ineludible la presentación y aprobación previa de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), además de guías de tránsito oficiales para el traslado del material forestal removido. ContratarServicios De Gestión Forestal Sostenible
Especialistas en ambiente y gestión del agua advierten que arrasar con la vegetación de ribera puede resultar contraproducente para el control hídrico. Los bosques nativos en las márgenes de los arroyos funcionan como barreras de contención natural y esponjas biológicas: retienen sedimentos, reducen la fuerza destructiva del caudal durante lluvias extraordinarias y evitan la erosión de las barrancas, impidiendo que el cauce pierda sustentabilidad estructural.
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Reclamo ciudadano para salvar el patrimonio natural de Tandil

 


Denuncian avances ilegales y daños al patrimonio en las sierras de Tandil 

Fecha de Publicación
: 24/08/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil volvió a denunciar intervenciones que, según sostiene, incumplen las normas que protegen el área serrana. El último caso fue registrado el 19 de agosto e incluye trabajos de desmonte, construcción y la destrucción de una pirca histórica.
El Plan de Desarrollo Territorial establece distintas restricciones según la altura. Desde los 200 metros sobre el nivel del mar, el sector rural está considerado Zona Natural Protegida, mientras que a partir de los 280 metros el territorio es catalogado como no urbanizable.
La organización sostiene que, pese a estas disposiciones, el avance de construcciones sobre las laderas se incrementó durante los últimos años. Según registros visuales, en 2010 la zona presentaba pocas edificaciones, mientras que para febrero de 2026 ya podían observarse alrededor de diez nuevas viviendas.
La situación más reciente fue detectada en un sector ubicado por encima de los 280 metros. Allí se realizaron tareas de desmonte y edificación que, de acuerdo con la Asamblea, afectaron una pirca, estructura de piedra considerada parte del patrimonio histórico y arqueológico local.
La protección de estas construcciones está contemplada tanto por una ordenanza municipal como por el propio Plan de Desarrollo Territorial.
Desde la organización cuestionaron la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos. “Los años van dejando cero respuestas y mucha impunidad”, señalaron los integrantes de la Asamblea.
Además, advirtieron que la expansión urbana sobre las sierras genera un impacto acumulativo sobre el paisaje y el ambiente.
Frente a este panorama, la Asamblea convocó a la comunidad a una presentación sobre la situación del área serrana. El encuentro será el jueves 27 de agosto, a las 18, en la Sala A del Centro Cultural Universitario, ubicado en Yrigoyen 662, con entrada libre y gratuita.
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Pueblos indígenas van a la justicia por desmontes en Salta

 


Comunidades indígenas denunciaron penalmente los desmontes en el norte

Fecha de Publicación
: 22/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Referentes indígenas explicaron que recorrieron al Ministerio Público Fiscal después de esperar por dos semanas respuestas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Referentes de las comunidades indígenas ubicadas sobre la ruta nacional 86, en la jurisdicción del municipio de Tartagal, se presentaron ante la Fiscalía Penal 2, a cargo de Gonzalo Vega, a denunciar los desmontes que se están llevando a cabo en la zona rural de esa localidad y solicitar que se ordene su cese urgente.
Las poblaciones indígenas habían advertido de los movimientos de topadoras en la zona al iniciar agosto. En aquel momento Salta/12 requirió información a la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero la respuesta fue que debía presentar un pedido de acceso a la información.
Representantes de las comunidades también pidieron información a este organismo, pero tampoco obtuvieron información documentada sobre los supuestos permisos para el desmonte que serían realizados por Martín Morales y la empresa DesdelSur.
En la zona, alejada de toda posibilidad de registro y sin inspección alguna, pobladores registraron con sus teléfonos celulares una cadena que rodea al monte que todavía queda en pie y que es llevada por una de las picadas abiertas. Las comunidades afirmaron que estas cadenas se utilizan para arrancar la vegetación.
Estas cadenas de gran tamaño son enganchadas a topadoras que avanzan paralelas por las picadas abiertas y van destruyendo la vegetación, además de la fauna que no alcance a escapar de este avance. Cada eslabón de la cadena puede medir entre 25 y 40 centímetros y pesar hasta 40 kilogramos.
El ruido es perturbador. “Uno de acá de la zona fue ayer a ver qué es lo que hay y dice que ahí están topadores en cadenas y la gente de Pozo Nuevo se siente como un niño que no tiene padre o la madre. Y se escucha el ruido… que caen árboles, la tierra se mueve y están hay cementerio y mucho polvo, es que no hay viento y la gente de Pozo Nuevo respira el polvo que queda en el aire”, describió Basilia Pérez, una de las mujeres que acompañan a las comunidades que denuncian el desmonte sin encontrar eco alguno en los organismos oficiales. El testimonio es de hace una semana.

La denuncia
Basilia, junto a Marcelino Pérez, de la comunidad wichí Lapacho 2, de Tartagal, otros referentes de las comunidades indígenas y la representación legal de la abogada Cecilia Jezieniecky, denunciaron ante la Fiscalía Penal 2 de la ciudad norteña las actividades de desmonte en la zona de Pozo Nuevo, que afecta de manera directa a la comunidad aborigen de Arenales, en Finca Tonono. El desmonte está, aparentemente, a cargo del empresario Martín Morales, y en Finca Alcoba, a cargo de la empresa DesdelSur en la zona que va desde los parajes Alcoba a Cañitas.
En la denuncia se detalló que las actividades se realizan aparentemente en las matrículas 29.217, 29.218, y 29.219 del departamento San Martín las que afectan de manera directa a las comunidades de Alcoba y Cañitas, a tan solo 500 metros, y a las comunidades de Tonono y Pacará.
Asimismo, los denunciantes afirmaron que el 1° de agosto recorrieron la zona de Alcoba y el 8 de agosto, la de Pozo Nuevo. En esas ocasiones lograron relevar “una fuerte preocupación y desesperación de las comunidades indígenas, quienes denuncian encadenados y máquinas topadoras”.
Sostuvieron que esta actividad es ilegal “en tanto por ser bosque nativo categoría amarilla la actividad de desmonte no se encuentra permitida”.
La cuestión es que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia permite un área de producción/conservación (o APC) que en el mapa está pintada de marrón y que se puede trocar en verde, amarillo o rojo, dependiendo del porcentaje de desmonte que se permite en la zona, y los permisos que se otorgan.
En la denuncia, los firmantes manifestaron que el bosque nativo rodeado por las topadoras es de “alto valor ambiental y cultural. Su desmonte o cambio de uso para introducción de ganadería pone en riesgo nuestras comunidades, el ambiente y nuestra salud”. Y pidieron al fiscal que “se ordene frenar la actividad hasta tanto el Estado implemente un proceso de consulta libre, previa e informada en las comunidades afectadas por dicha actividad”.
En este punto añadieron que el 3 de agosto solicitaron información sobre la actividad en Finca Alcoba a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin tener respuesta alguna. Agregaron que este organismo “no tiene equipo en la zona de Tartagal y tiene grandes dificultades para dar una intervención rápida frente a los conflictos socio ambientales”.
Explicaron que por esto acudieron a la fiscalía a cargo de Gonzalo Vega, con el propósito de que “intervenga y pueda poner un freno a la actividad”.

Los sospechosos de siempre
Según las imágenes satelitales que la organización ambientalista Greenpeace envió a Salta/12, en solo 5 días se desmontaron al menos 200 hectáreas en la zona.
La reticencia oficial a actuar ante las denuncias de las comunidades indígenas, no es una novedad. Hace 14 años, en la zona de Cuchuy, (en la jurisdicción de General Ballivián, también del departamento San Martín), referentes indígenas denunciaron los desmontes. En aquel momento, desde el área de Ambiente se afirmó que no existía ningún desmonte. Un año después, y solo por un operativo realizado por la ex AFIP, se reveló un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas, realizado por empresarios que además tenían a personas en condiciones de trabajo esclavo.
Desde 2013 hasta la actualidad, el desmonte ilegal por el cual fueron responsabilizados los hermanos José y Darío Karlen, continúa en una contienda judicial sin que se haya pagado una multa que actualmente supera los 21 mil millones de pesos. 
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Chaco. Informe desnuda la complicidad estatal con el desmonte

 


Cómo se eludió la Ley de Bosques para desmontar 500.000 hectáreas

Fecha de Publicación
: 21/08/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chaco


Un estudio científico devela cómo la burocracia de Chaco facilitó la destrucción sistemática de medio millón de hectáreas de bosque nativo.
El Gran Chaco argentino, segundo pulmón verde de Sudamérica, sufre un ecocidio silencioso desde despachos estatales. Una investigación liderada por Matías Mastrángelo (Conicet) y Vera Krause (Universidad de Berlín), publicada en la revista Nature Sustainability, devela que la provincia de Chaco auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido entre 2009 y 2024.
El hallazgo clave es que esta devastación no requirió modificar la Ley Nacional de Bosques (Ley 26.331); en cambio, se empleó una red de decretos y trámites administrativos para eludir la norma y dar vía libre a las topadoras.
El estudio auditó 142 000 documentos públicos provinciales, incluidos 15 042 permisos forestales, 127 632 guías de madera y decisiones oficiales. Así, se identificaron seis maniobras administrativas precisas que permitieron eludir la protección federal:
- Recategorización de predios: Cambio de zonificación express para catalogar áreas protegidas (rojas o amarillas) como aptas para desmonte (verdes).
- Planes silvopastoriles desvirtuados: Permisos de ganadería integrada ejecutados como tala rasa y sustitución vegetal completa.
- Sobreexplotación maderera: Extracción forestal permitida por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.
- Blanqueo comercial: Legalización de madera clandestina para abastecer industrias de carbón y tanino.
- Multas ínfimas: Sanciones insignificantes que operaron como meros costos de producción.
- Ordenamiento territorial restrictivo: Reformas al mapa provincial (OTBN) para reducir la protección estricta.
Esta estructura facilitó que el Impenetrable chaqueño concentrara el 90 % del desmonte registrado.

Graves impactos y multas inútiles
Las consecuencias ecológicas y sociales son urgentes. La destrucción de este bosque árido y frágil degrada suelos, liquida sumideros de carbono clave para mitigar el cambio climático y vulnera los territorios de las comunidades Wichí, Qom y Moqoit, que denuncian el asedio de su hábitat. El desmonte desplaza además una biodiversidad única, hogar del yaguareté, el tatú carreta y árboles centenarios como el quebracho colorado.
El desmonte ilegal devino en un negocio redondo. En 2024, un productor pagaba su multa ambiental vendiendo quebracho de solo una hectárea desmontada, reteniendo ganancias de 126.5 dólares por hectárea. Además, "autorizaciones especiales" permitieron que el 55 % de la madera de carbón y tanino proviniera de desmontes clandestinos.
Andrés Nápoli, director de la FARN, advierte que estas medidas provinciales violan principios ambientales fundamentales de no regresión y progresividad, consolidando un retroceso preocupante que promueve un negocio ilícito.

Causa judicial y riesgo comercial
La contundencia de las pruebas operó como combustible judicial. La causa "La Mafia del Desmonte" escaló a la Justicia Federal por denuncias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Se investiga a exministros, directores de bosques y empresarios por asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Pese a que la Cámara Federal dictó cautelares para frenar las topadoras, la tala ilegal continúa.
El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.
“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.
Este ecocidio compromete el comercio chaqueño. El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que rige a fines de 2026, prohíbe importar carne y soja de tierras deforestadas después de 2020. Al quedar demostrado científicamente el desmonte ilegal bajo amparo estatal, Chaco arriesga perder de forma inminente sus valiosos mercados de exportación.
El caso chaqueño expone a nivel global cómo la connivencia entre la burocracia estatal y la codicia agraria puede desmantelar las leyes de protección y poner en jaque ecosistemas vitales para mitigar el cambio climático global.
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Avance del desmonte en tierras ancestrales salteñas

 


Denuncian un desmonte en territorio de uso ancestral de comunidades originarias

Fecha de Publicación
: 04/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades indígenas del norte denunciaron el desmonte por parte de la empresa Desdelsur SA.
Marcelino Pérez representó con sus palabras la desigualdad inserta en la política que permite el desmonte en territorio indígena: “ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.
La denuncia del referente de la comunidad wichí Lapacho 2, que se encuentra a unos tres kilómetros de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), hizo así referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria. En principio, y por los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.
La empresa “líder en producción ganadera”, como indican notas comerciales, desmontó unas 27 mil hectáreas entre 1993 y 2018, de acuerdo al informe de 2019 “El Sacrificio de los Bosques del Gran Chaco”, de Greenpeace, que incluye comparaciones de imágenes satelitales.
Los feedlots (o corral de engorde) son cotidianos en el paisaje con el que conviven las comunidades de la zona, pero la carne que se produce en estos predios no es para consumo local, sino para la exportación. Por eso estiman que las cuatro topadoras que arrasan el monte nativo tienen como propósito preparar las tierras para expandir la producción.
En el monte arrasado había especies de chañar, mistol, algarrobo, cuyos frutos son de consumo de los habitantes indígenas; también había plantas medicinales de uso ancestral. El chaguar, que sirve para las artesanías, prácticamente es inexistente en la actualidad, “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.
Se suma la pérdida de la fauna, que también proveía alimento a las comunidades. Es parte de las causas de la desnutrición crónica, cuando no las muertes de niños y niñas por deshidratación. Así lo entienden Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena.
Además, los referentes expusieron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas que lanzan herbicidas alcanzan las viviendas de las comunidades.

Sin información
Según los datos que surgen de las audiencias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue en 2014, para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la Finca Puesto Alcoba, matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
En aquel momento la empresa solicitaba, además, un “plan de ordenamiento predial”, dado que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una forma de convertir a verde (apto para desmonte), lo que era rojo y amarillo (a conservar), y viceversa.
Pero “con el nuevo ordenamiento (la zona en cuestión) queda en el área de producción/conservación”, dijo a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.
Se desconoce si hubo autorización del gobierno o readecuación de las tierras dentro de la zona que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes, o al sistema de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), como se rebautizó a una nueva modalidad.
Frente a la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte -dado que no hay registros públicos accesibles sobre los permisos para desmontar-, en la comunidad empezaron a recolectar firmas con el propósito de pedir esa información sobre los permisos que según el referente de Desdesur, ya dio el gobierno provincial.
La comunidad intenta obtener esos datos lo antes posible y no en 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador
“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de (la Comunidad) Pacará”, contó Marcelino Pérez. Allí surge la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades tanto Pacará como Tonono. Se cree que esta conversación se basa en que estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (que si bien fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral a las comunidades) y pueden hacer los reclamos.
Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más. “Están las de kilómetro 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez. A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba, Finca Las Cañitas, además de los puestos de criollos repartidos en la zona.
“Él (Santiago) se reúne y le promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Y entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, contó Pérez.
Sin embargo, esa oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte, se endurece en caso de que no se llegue a un acuerdo: “Les dicen que ya están preparados 200 milicos”, para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.
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Blog del Foro Ambiental Córdoba

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