Extranjeros vienen pidiendo permisos para degradar el monte en casi 80 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 17/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata de la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus socios a dos hermanos estadounidenses. Viene solicitando autorizaciones desde 2007. Ahora pidió avanzar sobre unas 11 mil hectáreas, entre cambios de uso de suelo y deforestación.
En más de una década la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus integrantes a dos hermanos ciudadanos estadounidenses, pidió autorización de la provincia para desmontar casi 80 mil hectáreas en los departamentos Anta y Orán. No obstante, de ese monto quedan al menos 30 mil hectáreas que, según la revisión de imágenes satelitales, aún no se han deforestadas.
El lunes último en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la convocatoria a una audiencia pública para el “cambio de uso de suelo y plan de manejo silvopastoril con fines de agro ganadería” en 8.175,84 hectáreas, y en 3.729,25 hectáreas con fines de agricultura bajo el “Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MGBI)”.
La modificación del uso de suelo en la finca El Chaguaral (ubicada en Orán) será debatida el 7 de agosto de 2026 a las 11 en la despensa y comedor “Los Hermanos Torres”, local ubicado en la Manzana 4 sobre ruta provincial 5 en la intersección con la ruta provincial 13.
Si bien los pedidos de la empresa para cambio de uso de suelo suman desde 2007 un total de 79.972,75 hectáreas, el total sobre el que se actuó hasta el momento sería menor.
Según el relevamiento realizado en el compilado de las normas publicadas en la provincia, en 2007 la empresa pidió permiso para desmontar 30.962 hectáreas de tierras para ganadería en la finca El Álamo del departamento Rivadavia. En este caso no se llegó a deforestar esa superficie por el freno puesto por quien era la secretaria de Ambiente, Catalina Buliubasich, quien renunció a este cargo tras poner límite a los desmontes en la provincia. Por esta decisión solamente habrían sido desmontadas 3.300 hectáreas de ese permiso.
En 2010 se había solicitado un desmonte para ganadería de 11.432 hectáreas en la finca denominada Estancia El Guayacán, en Anta.
En 2014 la empresa pidió habilitar el desmonte de 7.993 hectáreas en la finca El Chaguaral. En marzo de 2020, solicitó modificar 5.724,74 hectáreas en el mismo predio. En aquel momento y a raíz de la pandemia de la covid-19, la audiencia se suspendió, y volvió a publicarse para fines de ese año.
En 2024 la empresa solicitó el desmonte de 11.955,92 hectáreas también en la finca El Chaguaral. Este año, en tanto, se sumaron 11.905,09 hectáreas para hacer el desmonte en la misma finca.
La organización Greenpeace informó que pudo observar que el desmonte solicitado en 2024 aún no fue concretado. Se especula que la empresa espera el permiso de este nuevo pedido de desmonte para unir ambas superficies, que suman casi 24 mil hectáreas, en una sola acción.

“Ecocidio legalizado”
El coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó ante Salta/12 que el área cuyo uso será ahora modificado estaba en amarillo en el anterior mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
De haber continuado la anterior cartografía, Quebracho Colorado, que tiene a los hermanos estadounidenses Gabel en su conformación societaria, no tendría la posibilidad de modificar el suelo. Se lo posibilita el cambio del mapa y el actual ordenamiento, que dispone una nueva área marrón que permite permutar áreas verdes y amarillas.
“El gobierno de Salta está por autorizar un mega desmonte que paradójicamente es de la misma superficie de la deforestación en la finca de los (empresarios) Karlen, uno de los desmontes ilegales más grande de la historia. Este será un ecocidio legalizado a partir del nuevo ordenamiento provincial, que violando la Ley Nacional de Bosques retrocedió en protección de bosques en favor de los terratenientes”, sostuvo Giardini al sintetizar en una frase que el de Quebracho Colorado es “un (caso) Karlen legalizado”.
La referencia es en torno al desmonte ilegal que la ex AFIP encontró en la finca de los Karlen en 2013. La deforestación se había realizado ilegalmente sobre más de 11 mil hectáreas en el departamento San Martín. Desde entonces transcurrieron 13 años en los que el desmonte se judicializó y en ese marco se firmó un acuerdo de restauración que los empresarios incumplieron. Por eso, hoy les pesa una multa de más de 21 mil millones de pesos para que ese bosque pueda recomponerse.

Palabras que marean
El concepto de cambio de uso de suelo, manejo de bosque o uso silvopastoril se entiende como una estrategia para suavizar la palabra “desmonte” ante la sociedad, en medio de un debate que parece lejos de acabarse.
Según el informe Monitoreo de la Superficie del Bosque Nativo de la República Argentina 2024, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, “se consideraron como pérdida de bosque nativo sólo aquellas áreas con posible uso silvopastoril (SP) donde se realiza desarbustado y remoción de cobertura arbórea en un grado de intensidad elevado, tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial, ya que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven comprometidos los servicios ambientales que brindan”.
En el mismo informe se reconoce al concepto de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) como una alternativa para planificar la actividad ganadera y forestal dentro del bosque nativo que permita conjugar el objetivo productivo con la dinámica del bosque e interacción de sus componentes.
“En la práctica no he visto que (el MBGI) sea diferente al manejo silvo pastoril”, dijo Giardini, quien sostuvo que el hecho de que una superficie mantenga árboles en pie y pasturas, no implica que sea un bosque desde la perspectiva biológica.
Con el manejo de bosque con ganadería se insertan pasturas foráneas dentro de la superficie y frente a este panorama, el ambientalista afirmó que “no está medida cuanta biodiversidad se pierde”.
Una de las suposiciones que hizo es que quizás en una zona de estricto cumplimiento el manejo integrado podría llegar a funcionar, si es que realmente se hace rotar al ganado y se deja crecer bosque nativo para restaurar lo perdido. Pero una de las patas flojas en cuanto al cuidado del ambiente en Salta siempre fue el monitoreo y control de la deforestación.
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Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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Condenan a un senador nacional por desmonte ilegal: deberá pagar más de 100 millones

Fecha de Publicación: 02/07/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Formosa


Se trata de Francisco Paoltroni, enemistado con Villarruel. La Cámara formoseña confirmó un fallo que lo obliga a pagar una voluminosa multa por daños ambientales. Había intentado no pagar por ser legislador.
El senador nacional Francisco Paoltroni, de extracción libertaria pero distanciado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue condenado y deberá pagar una multa de más de 100 millones de pesos por daños ambientales en la provincia de Formosa, de donde es oriundo.
Paoltroni había recurrido el fallo de primera instancia que le imponía ese castigo económico y presentó varios argumentos para no pagar, entre ellos la inmunidad parlamentaria. Pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial formoseña ratificó la decisión de primera instancia y arguyó que el hecho de ser legislador nacional no es obstáculo para la ejecución de la multa.
La sanción le fue impuesta al senador por el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia norteña, por operaciones de desmonte ilegal en establecimientos rurales de su propiedad.
Paoltroni enfrenta además otros reclamos judiciales, vinculados a cheques rechazados, y fue objeto de una investigación tras un allanamiento de la Gendarmería Nacional que detectó un camión cargado de cigarrillos por un valor millonario.
El gobierno formoseño quedó así habilitado para continuar con el procedimiento de ejecución para cobrar la multa impuesta al senador nacional.
El legislador y empresario mantuvo un fuerte cruce con la vicepresidenta Villarruel, al mismo tiempo titular del Senado, cuando presentó un proyecto para intervenir la Provincia, que naufragó por falta de consenso en el propio oficialismo para su tratamiento sobre tablas.
“Las caretas se van cayendo”, dijo entonces Paoltroni, acusando a la vice de actuar en connivencia con el gobierno de Gildo Insfrán en Formosa. El senador dijo más de una vez que Insfrán lo somete a una persecución.
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La Justicia ratificó la protección de los bosques nativos del Chaco y frenó nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había flexibilizado la suspensión de los cambios de uso de suelo en la provincia. El fallo fue celebrado por organizaciones ambientalistas.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la protección judicial de los bosques nativos del Chaco al anular por unanimidad la decisión que había permitido flexibilizar la suspensión de los desmontes en la provincia. Asimismo, reestableció la prohibición de otorgar nuevos permisos para cambiar el uso de suelo.
La medida implica, en los hechos, que vuelve a regir plenamente la cautelar dictada en 2024 para frenar el avance sobre los bosques nativos.
Además del impacto inmediato sobre los desmontes en Chaco, el fallo sienta un precedente para otros conflictos ambientales del país. La Cámara reafirmó que los principios de prevención y precaución deben guiar las decisiones judiciales cuando están en juego bienes colectivos como los bosques nativos, incluso cuando todavía no se hayan producido daños irreversibles.
La decisión fue celebrada por la ONG Aves Argentinas, que destacó que la sentencia reafirma que los principios del derecho ambiental no son simples declaraciones teóricas sino herramientas concretas que deben orientar las decisiones judiciales y administrativas.
Entre los aspectos más relevantes, el tribunal fortaleció la aplicación de los principios precautorio, preventivo, de no regresión, in dubio pro natura y de tutela judicial efectiva. En otras palabras, dejó sentado que los jueces no deben esperar a que el daño ambiental se produzca para intervenir cuando existen indicios de que puede ocurrir.
Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. La Cámara sostuvo que la sanción de nuevas normas provinciales —en este caso las leyes 4005-R y 4152-R— no constituye por sí sola una razón suficiente para levantar una medida cautelar ambiental. Para hacerlo, señaló, debe demostrarse que los cambios normativos no reducen el nivel de protección alcanzado previamente, algo que no quedó acreditado en este caso.
La Cámara también rechazó el argumento de que la intervención de la Justicia federal implicara una intromisión en competencias provinciales y recordó que el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano. Además, cuestionó que los controles quedaran en manos de organismos cuyos funcionarios están bajo investigación por presuntas irregularidades en la autorización de desmontes.
Para Aves Argentinas, el fallo pone en evidencia problemas estructurales detrás de la deforestación ilegal, como controles deficientes, sanciones poco efectivas y fallas en la fiscalización de la actividad forestal. La organización señaló además que monitoreos satelitales independientes detectaron desmontes incluso durante la vigencia de la cautelar judicial.
La entidad también rechazó la idea de que la conservación de los bosques sea incompatible con el desarrollo económico. Sostuvo que actividades como el aprovechamiento forestal sostenible, la apicultura, el turismo de naturaleza y la restauración ecológica pueden generar empleo e ingresos sin comprometer los ecosistemas.
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Mendoza endurece las multas por desmontes ilegales de flora y bosques nativos

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: Portal MendoVoz
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno modernizó el sistema de cálculo de sanciones ambientales. El nuevo esquema eleva los montos y evalúa la gravedad del impacto, los antecedentes del infractor y el valor de conservación de la zona afectada.
La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente aprobó una nueva metodología para el cálculo de infracciones vinculadas a desmontes de flora nativa y bosques nativos realizados sin autorización.
La medida busca actualizar un sistema de sanciones que había quedado desfasado frente a la complejidad de los casos detectados y a la magnitud de los daños ambientales que pueden producir este tipo de intervenciones, especialmente en un contexto de cambio climático, donde las especies nativas cumplen un rol central para amortiguar los efectos de las lluvias intensas, las inundaciones, las olas de calor y los procesos de degradación del suelo.
La actualización fue impulsada por el Departamento de Flora Nativa y aprobada mediante el proyecto denominado “Modernización de cálculo de infracciones de desmonte de flora nativa y bosque nativo”, con el objetivo de incorporar criterios técnicos y ambientales que permitan graduar las sanciones de manera más precisa y homogénea.
El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó que la medida responde a una necesidad detectada durante las tareas de control y fiscalización que desarrolla el organismo. “Era necesaria una actualización. La metodología anterior no contemplaba de manera suficiente las distintas variables que intervienen en una afectación de flora nativa o bosque nativo, por lo que avanzamos en una herramienta más objetiva y ajustada a la realidad ambiental de cada caso”.
La nueva metodología reemplaza un esquema basado en valores establecidos por la Resolución Nº 419/18, cuyos montos máximos habían quedado desactualizados en relación con el daño ambiental generado. “Se contemplan de manera integral factores como la ubicación de la infracción, la gravedad de la afectación, la presencia de especies protegidas o la reincidencia de los responsables”, explicó Funes Pinter.
Funes Pinter señaló que uno de los cambios más importantes es la incorporación de criterios vinculados al valor de conservación de los ambientes afectados. “La Ley Nacional de Bosques establece tres categorías: I, II y III, también identificadas como rojo, amarillo y verde. La Categoría I, o roja, es la de máxima protección. La Categoría II, o amarilla, permite un uso sostenible. Y la Categoría III, o verde, funciona más como una zona de amortiguación o buffer”, explicó. 
El funcionario precisó que estas categorías pasan a tener incidencia directa en la determinación de las sanciones. “Existen distintos agravantes. Por ejemplo, si se usa fuego, si se realiza rolado, dónde se hace la intervención y qué categoría de bosque tiene el área afectada. Si se trata de una zona de bosque de máxima protección, no se puede desmontar de ninguna manera”.

Más factores para medir el daño
La nueva fórmula también considera el tipo de cobertura vegetal afectada, la capacidad de recuperación natural del ecosistema, la presencia de especies de flora o fauna amenazadas y otras características ecológicas que permiten dimensionar el impacto de la intervención. 
“Influyen otros factores, como el tipo de cobertura vegetal, la capacidad de restauración del sitio —si es alta o baja— y si en el lugar hay flora o fauna amenazada o con alguna categoría especial de protección. Todos esos elementos pueden funcionar como agravantes o atenuantes y ahora se tienen en cuenta dentro de la fórmula, además de la superficie afectada”, concluyó Funes Pinter. 
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Advierten que el embargo a los Karlen no remedia el desmonte en el norte salteño 

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


La Justicia amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo contra Juan José y Daniel Darío Karlen por el incumplimiento de un acuerdo de restauración ambiental firmado tras el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en el norte salteño.
El doctor en Biología Enrique Derlindati sostuvo que la provincia vuelve a mostrar una falla estructural: la ausencia de datos, monitoreo y voluntad real de recomposición. También cuestionó las “zonas marrones” del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que podrían habilitar nuevas áreas de desmonte.
El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y elevó la cautelar de poco más de $171 millones a $21.805 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747. La medida busca garantizar fondos suficientes ante una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental, luego de años de incumplimientos al acuerdo homologado en 2018. Según los informes de la Justicia, desde entonces no existe evidencia concreta de restauración activa. Por el contrario, se detectaron actividades productivas incompatibles con las restricciones judiciales, como actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y falta de avances en la recuperación del bosque nativo.
Pero para el especialista en ambiente Enrique Derlindati, el caso no se agota en el monto del embargo. Lo que queda expuesto es una falla más profunda: una provincia que no toma datos, no monitorea, no controla y después pretende hablar de restauración.

“No es sólo plantar árboles”
Uno de los puntos centrales del análisis de Derlindati es la diferencia entre restaurar un ecosistema y realizar acciones aisladas de reforestación. “Restaurar es más complejo que plantar árboles. En realidad, no se debería plantar árboles. En una restauración, plantar árboles es casi la etapa final, si es que se hace”, explicó.
Para el especialista, el primer paso debió haber sido mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo: clausurar el área desmontada. “El mejor método para restaurar es la clausura. Se debería haber clausurado el bosque. Esas 11 mil hectáreas deberían haberse dejado en recuperación, quizás con algún enriquecimiento o formando islas de recuperación, pero básicamente clausurarlo y dejar que la naturaleza actúe”, señaló.
Derlindati explicó que, si esa medida se hubiera aplicado desde el inicio, después de ocho años ya podría observarse un proceso visible de recuperación.
“En ocho años ya tenés un arbustal y un bosque, al menos el inicio de un bosque en recuperación. Eso es restaurar, no es reforestar ni nada de esas cosas que suelen publicarse”, remarcó.
La diferencia no es menor, porque restaurar un bosque nativo no significa colocar plantines para una foto ni cumplir con una formalidad administrativa, sino que implica permitir que vuelva a funcionar un sistema complejo.

Ocho años sin recuperación efectiva
La causa judicial señala que el acuerdo de restauración ambiental fue firmado en 2018. Desde entonces, distintos relevamientos realizados entre 2019 y 2026 indicaron que no hubo evidencia concreta de restauración activa.
Para Derlindati, las consecuencias son directas: “No aumentó la superficie de bosque, no hay recuperación de la biodiversidad, no hay nada de eso. Más si lo que se hizo fue mantener actividades agropecuarias en ese sector”, sostuvo.
El paso del tiempo, advirtió, no juega a favor del ambiente cuando no hay clausura ni seguimiento, porque cada año perdido reduce las posibilidades de recomposición y profundiza la degradación del ecosistema.
También la Justicia consideró acreditado el peligro en la demora, atento a que, en su resolución, el juzgado entendió que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del bosque nativo.

Sin datos no hay restauración
El planteo más duro de Derlindati apunta a una falencia estructural del Estado provincial: la falta de información. “Lo grave acá, y es lo que siempre repito, es que tampoco hay información. No se sabe, no hay una línea de base, tengo entendido que no hay ningún tipo de relevamiento en la zona, nadie hizo nada”, cuestionó.
Según explicó, cualquier plan serio de restauración debía comenzar con una medición inicial del estado del ambiente luego del desmonte. A partir de allí, debían realizarse controles periódicos para saber si el ecosistema se recuperaba o no. “Se tendrían que haber tomado los datos de la zona tal cual se la dejó y anualmente, o bianualmente, o cada cinco años, tomar datos y ver si se está recuperando o no. No podemos hablar de ningún tipo de restauración y de recuperación si no sabemos qué está pasando en el ambiente”, afirmó.
La ausencia de datos vuelve imposible evaluar avances, exigir cumplimiento o corregir errores. Derlindati sostuvo que esta situación no es exclusiva del caso Karlen, sino parte de una forma de gestionar los conflictos ambientales en Salta. “Ahí es donde siempre las políticas públicas, sobre todo en esta provincia, fallan: en la falta de datos”, afirmó.
El especialista vinculó este déficit con otros casos sensibles de la provincia: “Hablemos de Karlen, hablemos de los pozos de petróleo, hablemos de Tolar Grande y los Ojos de Mar. Cualquiera de las situaciones, cualquiera de las catástrofes ambientales, porque ya son catástrofes de las que hablamos, no hay datos. Entonces no podemos saber hacia dónde van, si hay restauración, si hay recuperación, no podemos saber nada”, advirtió.
Para Derlindati, esa falta de información debería generar una reacción social mucho más fuerte:

Un embargo millonario, pero no reparador
La ampliación del embargo preventivo fue presentada como una medida destinada a garantizar recursos para una eventual ejecución forzada de la restauración.
Derlindati consideró que se trata de una medida importante, aunque insuficiente. “Me parece ejemplificadora la multa, si es que realmente es de cerca de 22 mil millones de pesos. Es una penalización importante, pero no repara”, sostuvo.
Si bien técnicamente se trata de un embargo preventivo y no de una multa definitiva, el especialista marcó una diferencia clave: asegurar dinero no equivale a recomponer el ambiente. “No hay remediación, no hay reparación, no hay valorización del daño ambiental. Es una penalización jurídica nada más”, afirmó.
Para que la medida tenga un impacto real, Derlindati sostuvo que debe traducirse en acciones concretas sobre el territorio. “Sería bueno que se encuentre la forma de que haya una remediación efectiva. Y para que esa remediación sea efectiva deberían convocar a profesionales que saben hacerlo, y en la provincia los tenemos”, planteó.

El nuevo ordenamiento bajo sospecha
El caso se conoce mientras se encuentra vigente el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una herramienta clave para definir qué zonas deben conservarse, cuáles pueden tener usos productivos y cuáles podrían quedar habilitadas para desmontes. Derlindati fue crítico del rumbo que tomó ese proceso, ya que según explicó, las bases técnicas iniciales del ordenamiento contenían restricciones importantes. Sin embargo, luego el proceso habría cambiado de dirección.
“Las bases iniciales técnicas del ordenamiento estaban muy bien, se plantearon un montón de restricciones, pero después comenzó a ir en la dirección que siempre conocemos”, sostuvo. El especialista señaló que, tras ese cambio, quedaron como referentes ambientales que impulsaron la incorporación de las llamadas “zonas marrones” o áreas condicionadas al uso de tecnología.
La advertencia de Derlindati cobra mayor peso frente a los antecedentes provinciales. En una Salta atravesada por desmontes ilegales, causas judiciales, acuerdos incumplidos y restauraciones demoradas, cualquier flexibilización normativa puede convertirse en una señal peligrosa.
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Ampliaron a $21 mil millones un embargo por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 09/06/2026
Fuente: Página12
Provincia/Región: Salta


El desmonte ilegal fue detectado por la AFIP en 2014 junto a una situación de trata laboral. El Ministerio Público Fiscal llegó a un acuerdo de restauración que los dueños de las tierras incumplieron recurrentemente.
La administración de justicia salteña hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de 21.800 millones de pesos el embargo preventivo sobre dos catastros rurales del norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
La jueza en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal, Viviana Yance, resolvió en tal sentido tras el pedido del procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez Román.
La ampliación de la medida cautelar ambiental es en contra de los hermanos Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.
Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, y detectado por la ex AFIP en 2014, en un operativo a raíz de denuncias sobre personas que estaban en situación de trata laboral.
El embargo original era de 171 millones de pesos. A cambio, durante la gestión como procurador General del ahora juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals, en 2018 se había acordado la reparación del monte.
Pero desde entonces fueron insistentes las denuncias sobre incumplimientos del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental, y también las resoluciones judiciales que daban cuenta de la situación.
La última decisión judicial elevó el embargo preventivo original que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal -catastros 30.746 y 30.747- del departamento San Martín con el fin de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.
Los informes del CIF sostienen, además, que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.
Como vinieron denunciando comunidades indígenas de la zona y hasta la asociación ambientalista Greenpeace en estos últimos años, e el Ministerio Público Fiscal confirmó ahora que “entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo”.
El Juzgado consideró acreditado el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.

Uso judicial para dilatar
En su presentación, ella con asistencia de la Relatoría Ambiental, a cargo de Juan Sebastián Lloret, el procurador García Castiella señaló también que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, y aseguró que en efecto, esto demoró el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental. Asimismo, advirtió que el paso del tiempo agrava el daño ambiental y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que se considera necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración.
El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y que debía extenderse por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y a las comunidades indígenas de la zona.
“En ese acuerdo, que se firmó con la Procuración General de la Provincia, se buscaba una salida concertada de justicia restaurativa que permitiera la recomposición de un paisaje de bosque nativo con trabajo local e indígena, y la regularización de los ocupantes”, explicó Lloret.
Asimismo, indicó que la intención, a partir de allí, era “paulatinamente pasar a actividades agropecuarias bajo un monte protegido por el color amarillo del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), con beneficios económicos, ambientales y climáticos para la sociedad del departamento San Martín”.
Ante la posterior reticencia a cumplir, la fiscal de Tartagal requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal, este pedido fue concedido por la jueza Viviana Yance, que intimó a los hermanos Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.
Contra ello, los Karlen interpusieron un planteo de nulidad que fue rechazado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, por la Sala Segunda de la Cámara Civil, con el voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, destacó la actualización de la multa, pero advirtió en la penalización de los desmontes ilegales.
“Si bien es muy importante que se actualice la multa a uno de los mayores desmontes ilegales de la historia, la nula restauración del bosque y la demora en el pago de las sanción económica, demuestran que es necesario avanzar con la penalización de la destrucción de bosques”, aseguró. 
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Arrasó con un bosque patagónico de arrayanes y deberá pagar casi 67 millones de pesos

Fecha de Publicación: 04/06/2026
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Neuquén


Un brutal desmonte clandestino frente al lago Correntoso, en la localidad de Villa La Angostura, derivó en una sanción económica sin precedentes. La Justicia comprobó la destrucción de especies protegidas por el avance de topadoras y ordenó a los dueños del lote un estricto plan de remediación para intentar salvar el ecosistema patagónico.
La intervención de la maquinaria pesada y las motosierras sobre un terreno ubicado en la zona costera derivó en una de las penalidades económicas más duras de los últimos años en la región cordillerana. Tras una exhaustiva inspección en el lugar, las autoridades confirmaron la destrucción de flora protegida y el avance de obras sin ningún tipo de aval oficial.
Desde el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura ratificaron la firmeza de la sanción y explicaron que los informes técnicos incorporados al expediente resultaron lapidarios. Según detallaron los voceros del tribunal, los especialistas calificaron el hecho como un "daño ambiental puntual permanente" debido a la enorme gravedad de las alteraciones provocadas sobre el frágil equilibrio del bosque andino.

El costo de arrasar con la naturaleza
El descubrimiento del desmonte encendió todas las alarmas en el municipio local. Los inspectores que recorrieron la propiedad verificaron la apertura de un camino interno y movimientos de suelo que afectaron una superficie superior a los 1300 metros cuadrados. Todo este despliegue se ejecutó en la clandestinidad más absoluta y sin presentar la documentación correspondiente en las oficinas públicas.
El saldo de esta incursión furtiva fue devastador para la vegetación de la zona. Las actas labradas documentaron la extracción ilegal de quince arrayanes adultos y cuatro coihues jóvenes. Al describir el escenario, las fuentes judiciales indicaron que "muchos otros árboles nativos quedaron con sus raíces totalmente expuestas" y advirtieron sobre el altísimo riesgo de muerte que enfrenta la flora tras las profundas excavaciones realizadas en el predio.

Castigo económico y reparación obligada
Frente a la magnitud del daño, el Tribunal Municipal de Faltas decidió aplicar todo el rigor de la normativa vigente declarando a los propietarios como responsables solidarios de múltiples infracciones. La sumatoria de las faltas por daño ambiental, tala de especies protegidas, desobediencia a las intimaciones previas e irregularidades urbanísticas derivó en una sanción exacta de 66.950.000 pesos.
El fallo judicial obliga a los infractores a ir mucho más allá del simple pago de la multa económica. Desde el juzgado fueron categóricos al sostener que los dueños del lote "deberán cumplir con todas las tareas de remediación y recomposición que determine la Dirección de Ambiente", una directiva que busca garantizar que el terreno intervenido recupere al menos una parte de su fisonomía y vitalidad original.
Para asegurar el cumplimiento de esta restauración integral, la sentencia impone exigencias innegociables. Los responsables tendrán que adquirir y plantar veinte nuevos ejemplares de especies autóctonas bajo la estricta supervisión de los equipos técnicos. Las autoridades adelantaron que mantendrán un monitoreo constante sobre la propiedad y exigirán el ingreso irrestricto de los inspectores hasta verificar que se respete cada punto de la medida impuesta para mitigar el impacto ecológico.
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La mafia que arrasó 150.000 hectáreas de bosques en Chaco para abastecer a Mercedes Benz y Volvo queda al descubierto 

Fecha de Publicación: 27/05/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Chaco


La Cámara de Casación Penal volvió a frenar todos los desmontes en Chaco. La medida cautelar se enmarca en una causa que investiga a funcionarios provinciales y empresas que promovieron un avance sistemático sobre 150.000 hectáreas de bosque nativo con fines económicos.
Según publicó el periodista Sebastián Premici en el sitio EconomiaSustentable.com, la decisión judicial no es arbitraria. Responde a una denuncia presentada en 2024 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
La causa destapó un esquema de recategorizaciones territoriales, permisos precarios y uso de testaferros para triangular operaciones. Todo diseñado para que grandes empresas del sector forestal y la industria del tanino pudieran desmontar sin trabas.

Las grandes tanineras y empresas forestales en el banquillo
Los imputados son jugadores pesados del negocio forestal, tanto locales como extranjeros. En el listado aparecen MSU SA (Manuel Santos de Uribelarrea Duhau), CIAGRO (Luis y Carlos Calvo), y Triad.
Esta última empresa tuvo en su directorio a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, aunque no está imputado en esta causa.
También figuran Vicentin (ex Nardelli-Padoan, ahora del Grupo Grassi), Indunor del grupo italiano Silvateam (familia Battaglia y Norinver S.A), y Unitan (familia López Mato).
"La necesidad insaciable de quebracho que tienen las tanineras es el motor de todas las maniobras delictivas que denunciamos", sostuvo el abogado Fabián Maggi, impulsor de la querella.
Maggi agregó: "Ese extractivismo descontrolado genera las desigualdades, el despojo y las condiciones infrahumanas de explotación que padecen las familias campesinas e indígenas de Chaco".

Por qué el tanino mueve este negocio millonario
La deforestación se hace para ampliar la frontera agropecuaria y producir carbón. Pero la actividad más lucrativa es la extracción de tanino del árbol de quebracho, según informó EconomiaSustentable.com.
Ese tanino se exporta a grandes marcas automotrices que lo usan para el tratamiento del cuero de los asientos de sus vehículos de alta gama.
Lo más grave: empresas como Indunor y Unitan siguen abasteciéndose de desmontes ilegales. Así lo denunció la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas en una presentación judicial de fines de 2024.
El tanino extraído en Chaco termina en los asientos de cuero de marcas como Mercedes Benz, Volvo, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot y Citroen.

Cómo funcionó la mafia de los permisos
La medida cautelar se había implementado en 2024. Tras presiones del sector privado, la jueza Zunilda Niremperger (la misma que la había dictado) cambió de criterio y la levantó.
La semana pasada, la Cámara de Casación intervino y restableció la prohibición de desmontar en toda la provincia chaqueña.
"En el caso del delito ambiental, la vida misma de los seres vivos está en juego", argumentó el tribunal. Agregó que "la intervención del derecho penal en materia ambiental no puede ser entendida como una intromisión expansiva, sino como una herramienta excepcional dentro de un sistema amplio de tutela".
La mafia requirió de una estructura de puerta giratoria. Empresarios vinculados a funcionarios de la Dirección de Bosques de Chaco entre 2011 y 2024, y viceversa.
La maniobra incluyó modificaciones sistemáticas de permisos de uso del suelo y cambios en zonas protegidas. Un esquema de legalidad fraguada que llevó a la tala de 150.000 hectáreas, según informó EconomiaSustentable.com.

Los 15 dueños que concentraron el 20% de los desmontes
La investigación judicial determinó un dato clave: de 1335 permisos otorgados entre 2011 y 2021, solo 785 propietarios se beneficiaron.
A los 15 mayores dueños, la Dirección de Bosques les permitió desmontar 38.053 hectáreas. Eso representa más de 2.500 hectáreas por propietario en promedio.
Ese puñado de empresarios concentró el 20% del total de superficie habilitada para desmontes en una década.
Uno de los funcionarios señalados como articulador fue Miguel Ángel López. Luego pasó a formar parte del plantel de lobby de la empresa taninera Unitan, según documentación de la querella.
El otro funcionario involucrado fue Emanuel Carrocino. Ambos operaron desde la Dirección de Bosques provincial, según informó EconomiaSustentable.com.

Quiénes son los 4 grandes jugadores del desmonte
De los 15 propietarios con más superficie habilitada, diez fueron sociedades anónimas. En conjunto, concentraron aproximadamente el 15% del total.
Las cuatro empresas de mayor superficie fueron:
    Cuenca del Salado S.A (Grupo Andreoli, dueños de más de 100.000 hectáreas): habilitada para 7.400 hectáreas
    MSU S.A (Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, con más de 140.000 hectáreas agrícolas): habilitada para 4.312 hectáreas
    CIAGRO S.A (familia Luis y Carlos Calvo): habilitada para más de 3.100 hectáreas
    Triad SA (vinculada a Santiago Bausili): habilitada para 2.700 hectáreas
Vicentin, cuyos dueños al momento de las operaciones eran las familias Padoan y Nardelli, desmontó 4.500 hectáreas a través de personas físicas y jurídicas vinculadas.
Entre los imputados también figura Las Guindas S.A, de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), con permisos por 1.331 hectáreas.

El gestor que tramitó el 42% de todos los permisos
De 848 permisos otorgados entre 2014 y 2021, 353 permisos (42%) fueron gestionados por Hernán Halavacs.
En 2024, Halavacs ocupaba el cargo de ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco. Fue echado por el gobernador Leandro Zdero tras estallar el escándalo.
La investigación reveló otro dato explosivo: la concentración de gestiones en una sola persona evidencia un cuello de botella pensado para facilitar el control del esquema.

Cómo las tanineras se abastecen de desmontes ilegales
Las empresas forestales deberían aprovisionarse solo de planes de manejo sostenible, tal como establece la Ley 26.331. Pero en Chaco, las tanineras se abastecen casi exclusivamente de desmontes legales e ilegales.
"El objetivo siempre fue el tanino", explicó Maggi en diálogo con Economía Sustentable. "Luego existe mucha influencia del sector carbonero. Encontramos fuertes componentes de importación de carbón desde Europa y Estados Unidos".
Las grandes empresas como Unitan e Indunor accedieron a la madera vía una red de intermediarios. Un informe incorporado al expediente judicial destapó el siguiente circuito:
Alejandro Carlos Ibañez recibió en 2013 un permiso sobre 45 hectáreas. Por ese permiso obtuvo 485 guías de transporte forestal. De ellas, 231 tuvieron como destino a Indunor y 117 a Unitan.
En otro caso, Simón José Hupaluk recibió en 2021 una autorización sobre 41 hectáreas. Las 9 guías que obtuvo terminaron en Unitan.
"Las tanineras se suministran de madera proveniente de desmontes ilegales", concluyó la querella en su presentación.

Por qué siguen desmontando pese a la medida cautelar
Lo más grave: las mismas sociedades imputadas seguirían desmontando a pesar de la vigencia de la medida cautelar.
En una reciente presentación judicial, Maggi dejó constancia que Indunor y Unitan "persisten en su conducta sistemática de saqueo del bosque nativo en abierta violación a la medida cautelar vigente".
"Toda la producción se sustenta en la sobreexplotación a una tasa varias veces mayor a la escasa repoblación. A este ritmo, el bosque va camino a su desaparición como ecosistema funcional en los próximos 30-50 años", advirtió Maggi.
Otro dato clave: más del 80% de los productos forestales que ingresaron a las tanineras de Chaco en los últimos 16 años lo hicieron sin guía forestal emitida por el gobierno provincial.
Es decir: en forma absolutamente ilegal, según Maggi.

Del quebracho chaqueño a los autos de lujo en Europa
Los documentos de la causa penal revelaron 1.109 envíos de exportación realizados por Indunor desde Argentina en 2024.
Los cuatro principales compradores fueron Silvateam Brasil, Silvateam Perú, Silvateam USA y Ledoga. Todas empresas del mismo grupo italiano.
También aparece "Industria de Peles Minuano", fabricante de cuero con sede en Brasil. Esta empresa realizó 17 envíos a DK Leather Seats, una compañía de Malasia que suministra tapicería de cuero para asientos de autos de alta gama.
Los clientes finales del tanino extraído mediante desmontes en Argentina son Honda, Volvo, Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Citroen y Mercedes Benz, según informó EconomiaSustentable.com.
Según Globalwits (empresa china de análisis de comercio exterior), el circuito está perfectamente trazado: quebracho de Chaco → tanino argentino → cuero brasileño → asientos malayos → autos europeos y asiáticos.

Qué viene ahora: pericias oficiales del Conicet
El fallo de Casación Penal fue un empujón anímico para quienes llevan la causa. Ahora queda consolidar el corpus de imputados y avanzar sobre medidas de prueba claves.
"Vamos por la realización de una pericia oficial que nos permita demostrar, de manera judicial, el daño interjurisdiccional de los desmontes", explicó Maggi.
El Ministerio Público Fiscal ya envió un oficio al Conicet. El organismo remitió la nómina de especialistas en la materia.
La pelota queda del lado de la jueza Zunilda Niremperger (la misma que había dictado la cautelar y luego la levantó). Deberá definir el equipo del Conicet encargado de la pericia oficial.
Esa pericia será clave para cuantificar el daño ambiental y consolidar las imputaciones contra funcionarios y empresas que arrasaron 150.000 hectáreas de bosque nativo en una década.
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Día Mundial de la Abeja: crece la preocupación por fumigaciones y desmontes en Chaco

Fecha de Publicación: 23/05/2026
Fuente: Portal LibertadDigital
Provincia/Región: Chaco


Eduardo Riquel, presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, habló en Radio Libertad en el marco del Día Mundial de la Abeja y analizó la situación de la producción de miel en el Chaco, las amenazas que enfrenta el sector y el crecimiento de la exportación de miel orgánica.
En el marco del Día Mundial de la Miel, el presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, Eduardo Riquel, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan las abejas y la producción apícola en el Chaco.
Fumigaciones, desmontes, cambio climático y enfermedades aparecen entre las principales amenazas que ponen en riesgo tanto la producción de miel como el equilibrio ambiental. "El peor enemigo de la naturaleza es el hombre", resumió el dirigente apícola durante una entrevista con Radio Libertad.
Riquel recordó que el 20 de mayo fue declarado Día Mundial de la Abeja por la ONU por dos motivos: el nacimiento de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna nacido en Eslovenia en 1734, y la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de estos insectos para el ecosistema.
"Las abejas polinizan el 75% de las plantas y cultivos que producen frutos, verduras y semillas que consumimos diariamente", explicó. En ese sentido, remarcó que proteger a las abejas significa también cuidar la producción de alimentos y la biodiversidad.
El referente apícola advirtió que desde 2010 la situación de las abejas se agravó de manera notable, principalmente por el avance de la agricultura intensiva y el uso de agroquímicos. "El avance de la agricultura con venenos es una de las principales amenazas. Hemos tenido colmenares enteros destruidos por fumigaciones", afirmó.
Según detalló, muchos productores incluso debieron abandonar la actividad tras perder todas sus colmenas por aplicaciones aéreas de pesticidas. Además, explicó que el crecimiento agrícola también trae aparejado desmontes masivos. "Cuando avanza la agricultura también avanza el desmonte y se pierden especies que generan flores y néctar para las abejas", señaló.

El impacto del cambio climático
Otro de los problemas que preocupa al sector es el cambio climático, que altera los ciclos naturales y afecta directamente la disponibilidad de flores. "Hemos tenido años de sequías extremas donde había flores, pero parecían flores plásticas porque no tenían néctar", relató.
Las abejas dependen del néctar y del polen para sobrevivir, por lo que la falta de recursos naturales impacta de lleno en la producción y supervivencia de las colmenas.
Riquel también mencionó la presencia de la varroa, un ácaro considerado uno de los principales enemigos sanitarios de las abejas. "Si el productor no cura en tiempo y forma, sabe que va a perder la colmena", explicó.
Este parásito se alimenta de la hemolinfa de las abejas y facilita el ingreso de enfermedades que pueden terminar destruyendo colonias enteras.

El Impenetrable, nuevo polo apícola del Chaco
En cuanto a la producción provincial, el dirigente aseguró que históricamente el sudoeste chaqueño era una de las zonas más fuertes para la apicultura, aunque en los últimos años el escenario cambió. "Hoy el Impenetrable avanzó muchísimo en producción apícola", destacó.
Según indicó, desde Tres Isletas hacia el norte se produce miel de muy buena calidad y en importantes volúmenes. Incluso resaltó el crecimiento de la miel orgánica chaqueña. "Chaco pasó a ser primera en exportación de miel orgánica" , afirmó.
Ese crecimiento se dio, explicó, gracias a proyectos impulsados de manera conjunta entre productores y empresas privadas.

El consumo interno creció, pero golpea la crisis
Respecto al consumo local, Riquel señaló que la situación económica impactó en las ventas, aunque aseguró que en los últimos años aumentó la conciencia sobre los beneficios de la miel. "Antes la gente consumía miel solamente cuando le dolía la garganta. Hoy entienden que es un alimento saludable", sostuvo.
De todas maneras, reconoció que el precio que recibe el productor quedó retrasado frente al aumento de costos. "El valor de la miel históricamente equivalía a dos o tres litros de gasoil, pero hoy quedó muy por debajo", explicó.
Pese al contexto económico, destacó que el consumo interno mejoró gracias a campañas de promoción como la Semana de la Miel, que se realiza desde 2017.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Apicultores insistió en la necesidad de tomar conciencia sobre el rol fundamental que cumplen las abejas en el ecosistema. "Tenemos que cuidarlas y protegerlas porque son esenciales para la vida", concluyó.
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Justicia federal anuló el fin de la prohibición de desmontes y ordenó que se dicte otro fallo

Fecha de Publicación: 21/05/2026
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el levantamiento parcial de la prohibición de desmontes en el Chaco y ordenó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictar una nueva resolución en el marco de la causa conocida como "la Mafia del Desmonte". Además, el máximo tribunal penal federal dispuso reactivar la investigación contra el empresario forestal Alesio Nardelli por presunta desobediencia a la medida cautelar y por estrago rural.
La decisión fue adoptada el 15 de mayo por la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. El tribunal hizo lugar, por mayoría, a los recursos de casación presentados por el Ministerio Público Fiscal y por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, querellante en la causa federal FRE 3086/2024 por presunta corrupción forestal en la provincia.
La medida cautelar que ahora vuelve a tener vigencia había sido dictada el 19 de agosto de 2024 por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia. En aquella resolución, la magistrada ordenó la suspensión total de los desmontes en todo el territorio chaqueño, incluyendo tanto los permisos ya otorgados y aún no ejecutados como la emisión de nuevas autorizaciones.
Posteriormente, la cautelar fue prorrogada en dos oportunidades, aunque más tarde la misma jueza resolvió levantar parcialmente la prohibición. Esa decisión fue confirmada en diciembre de 2025 por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, resolución que ahora quedó anulada tras la intervención de Casación.
Con este nuevo fallo, el tribunal ordenó que se dicte una nueva resolución ajustada a los planteos formulados por la fiscalía y la querella ambientalista. Además, dispuso que continúe la investigación penal contra Nardelli por supuestamente incumplir la prohibición judicial de desmontar mientras la medida cautelar se encontraba vigente.
La causa conocida como "la Mafia del Desmonte" investiga presuntas maniobras irregulares vinculadas a autorizaciones forestales y desmontes ilegales en el Chaco, en un expediente que involucra tanto a empresarios del sector como a funcionarios y que mantiene en discusión el impacto ambiental sobre los bosques nativos de la provincia.
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El Impenetrable bajo agua: siembra desmonte, cosecharás inundación

Fecha de Publicación: 12/05/2026
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Chaco


Las lluvias extraordinarias en El Impenetrable chaqueño evidencian la crisis climática y la necesidad de preservar los bosques como servicios ecosistémicos. Productores locales denuncian la pérdida de la producción de alimentos y materias primas, mientras que las organizaciones denuncian la deforestación por el avance del agronegocio. Un caso testigo frente a la embestida del Gobierno contra la Ley de Protección de Bosques Nativos.
“Nunca en esta parte del Chaco se vio este tipo de inundación. En esta época no suele llover.” Roberto Benítez vive en la localidad de Juan José Castelli, en el portal de El Impenetrable chaqueño. En 15 hectáreas, junto a su padre Epifanio, cultiva alfalfa, sandías, melones y zapallos. Pero los zapallos, que ahora estaría cultivando, quedaron sumergidos en el agua por la lluvia extraordinaria de 240 milímetros que se registró el 20 de abril pasado. Las precipitaciones afectaron a unas 500 familias que se dedican a la horticultura, estima el productor. Menciona como una de las causas el desmonte. Organizaciones socioambientales cuestionan la intención del gobierno nacional y de las provincias de modificar la Ley de Bosques.
El 70 por ciento de Castelli, una ciudad de 50.000 habitantes situada a 260 kilómetros al norte de Resistencia, quedó bajo agua. El agricultor menciona que, en el último año, vivieron con crudeza los efectos de la desertificación y que el avance de la siembra con agrotóxicos pone en riesgo su producción. “Cada vez estamos yendo más al norte, donde todavía no hay pooles de siembra”, relata. La zona donde vive se caracteriza por la producción hortícola y abastece a ciudades como Resistencia. Pero advierte que no sabe hasta cuándo podrán seguir produciendo. Destaca también que trabajan gran parte de la producción en forma agroecológica.
Setenta kilómetros al norte, en el límite con Formosa, se sitúa El Espinillo; otra localidad de El Impenetrable. El 20 de abril cayeron allí 320 milímetros de lluvia. En ese pueblo vive la comunidad qom Pozo Los Ranchos. Son aproximadamente 20 familias, que se dedican a la cría de chivos y gallinas para el autoconsumo, a la apicultura y a la cestería con hojas de palma. “Nos afectó muchísimo el tema de las lluvias”, asegura Alcira Pérez, joven artesana de la comunidad. Recuerda que, en enero 2018, vivieron otra situación similar: parajes como El Espinillo, Campo de Mayo, Las Hacheras, La Armonía y Pozo La Gringa se anegaron en pocas horas por lluvias de 300 milímetros. Y apunta a la deforestación como la causa de estos desastres.
Tiene 30 años y a lo largo de su vida vio como se perdieron algarrobos y quebrachos blancos: especies autóctonas del monte chaqueño. Cuenta que deforestan para el aprovechamiento de la madera “pero no hacen un manejo sostenible, queda todo ralo y por eso queda mucho el agua”. A la vuelta de su casa, en su lote, aún perviven las especies devoradas por el desmonte. Por eso, explica, ella no se inundó, pero sus vecinos sí.
Desde niña aprendió el oficio de la cestería, que para el Pueblo Qom tiene un sentido económico, espiritual y ancestral. La técnica de tejer canastos y otros objetos con hojas de palma secas se transmite de generación en generación. Pero la crisis climática también afecta ese trabajo, en particular los procesos de recolección y de secado de las hojas. “Necesitamos varios días de sol para el secado pero eso se dificulta en estos meses”, comenta.
La palma que usan para la cestería también sirve como abono natural. “El cambio climático nos afecta en lo económico, tratamos de paliar la situación porque no tenemos ayuda”, señala. “Nuestro trabajo es y ha sido un camino de dignidad y sanación y, a pesar de la situación de la economía argentina, la gente sigue eligiendo nuestro arte”, agrega.

Inundaciones, cambio climático y alimentos en peligro
El Impenetrable abarca cerca de 4.000.000 de hectáreas de bosque nativo de la región chaqueña semiárida. Se ubica principalmente en el noroeste de Chaco, pero incluye también el este de Salta, el oeste de Formosa y el noreste de Santiago del Estero.
Las familias que habitan esa región viven de lo que da la tierra. “Hay zonas donde las veredas de las rutas tienen puestos, se mueven las microeconomías, hay mano de obra, gente trabajando”, describe Benítez y marca que son unas 500 familias que se dedican a la horticultura en la zona y fueron afectadas por la inundación. El productor explica que las parcelas que se trabajan se fueron achicando en los últimos años. Antes, la producción era mayor, pero el clima, la caída del consumo y la inflación repercutieron en las posibilidades de producción y generaron la necesidad de buscar otros territorios, más al norte de la provincia.
En el caso de El Espinillo, peligra la miel del monte chaqueño. Por la deforestación, las abejas se van del lugar en busca de alimento. La comunidad Pozo Los Ranchos también trabaja agroecológicamente, cuidando la tierra, y reivindicando la economía pluripopular, que tiene tres componentes: trabajo, sustentabilidad y reforestación. Pero la deforestación, cuenta Pérez, no incluye mantenimiento sostenible ni capacitaciones para reforestar. “Eso produce el cambio climático”, indica.
Consultado sobre si hubo previsiones acerca de las lluvias, Benítez asegura que no. Y explica: “Confiamos en los pronósticos, pero eso cambió. De la noche a la mañana aparecimos con 30 o 40 centímetros de agua adentro de la casa, en un lugar donde nunca había pasado”. Entre las razones de la inundación, Benítez enumera tres: el desmonte, la falta de previsión al hacer obras públicas y el cambio climático.
Lo ocurrido coincide con la intención manifiesta del gobierno nacional y de las provincias que conforman el Consejo de Mayo de modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331). El proyecto propone exceptuar del pedido de autorización para el desmonte en las zonas clasificadas como “Verde” (de alto índice de conservación del bosque nativo), permite los desmontes en las zonas “Amarillas” (índice medio de conservación) y solo los prohíbe en las zonas “Rojas” (bajo nivel de conservación).
En 2025, Greenpeace denunció 167.684 hectáreas deforestadas en Chaco entre noviembre de 2020, cuando el Poder Judicial chaqueño suspendió los desmontes, y julio de 2025. Los datos fueron obtenidos a partir de datos oficiales y de un relevamiento satelital de la organización.
Desde la agrupación Somos Monte señalan, en un documento al que accedió Tierra Viva: “En el Chaco el monte nativo ha estado siempre sujeto a valoraciones materiales. Esta visión de apropiación, explotación y usufructo muchas veces está divorciada de toda jurisprudencia y sentido humanitario”. Agregan que la crisis climática se profundiza por el cambio de uso de los suelos, el desmonte y el avance de la frontera agrícola-ganadera.
“La depredación de la naturaleza para el negocio de un puñado de ricos no nos va a sacar de la pobreza y tenemos ejemplos de sobra. Ya lo vimos en los 90 con la soja transgénica y el glifosato. Son promesas de desarrollo vacías que solo nos dejan más pobres, contaminados y otra vez endeudados”, expresan.

“Sin bosques, perdemos todos”
“El desmonte le duele a la sociedad ahora porque ve por la tele que a la gente también le afecta”, asegura Somos Monte. La organización se refiere a las imágenes que llegaron a las ciudades a través de la televisión y las que la sufrieron en el propio centro de Castelli.
“Ahora también se inundaron ‘los del centro’ y no sólo los de los ‘barrios bajos’, como siempre. La gente afectada por la inundación ahora debe sentir lo que sienten los animales, vegetales y hongos del monte cuando llega la topadora. Angustia, miedo, pérdida de biodiversidad. Corridos, cercados, desplazados”, afirman.
La organización socioambiental va directo a las causas. Las calles llenas de agua, los campos anegados, los caminos intransitables tienen un origen: la tala indiscriminada de especies nativas y el cambio del uso del suelo para actividades extractivas. “Sistemas hidrológicos enteros se ven afectados reduciendo la disponibilidad y la calidad del agua, los eventos meteorológicos severos incrementan su intensidad y/o duración, afectando cultivos e innumerables economías familiares, comunidades enteras son desplazadas o forzadas a la marginación o vulnerabilidad socioambiental. A la larga, sin bosques, perdemos todos”.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), citan desde Somos Monte, una hectárea de bosque chaqueño absorbe 300 milímetros de agua por hora, mientras que una con pasturas 100 milímetros y una con soja hasta 30 milímetros.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) emitió, el 29 de abril, la Resolución 573/26, en la que rechaza la modificación a la Ley de Bosques. Diecisiete provincias se manifestaron en contra de la reforma; dos (Catamarca y Entre Ríos) se abstuvieron y cinco no se presentaron. Entre las ausentes, figura Chaco. El dictamen del Cofema señala también que realizó un proceso de consulta entre ONGs, universidades, institutos científicos, cámaras y profesionales. Recibieron 60 ponencias: el 90 por ciento en contra del desguace de la ley.
De aprobarse la reforma impulsada por el Gobierno, solo el 10 por ciento de las superficies de los ordenamientos territoriales de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero quedarán protegidas bajo la Categoría I de la Ley de Bosques. La iniciativa contradice el compromiso de Argentina sobre Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 durante la COP 26 de las Naciones Unidas en Glasgow. Greenpeace denunció el riesgo que esta reforma implicaría ante la Corte Suprema de la Nación.
“Una modificación que flexibilice los criterios o habilite recategorizaciones de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no solo socava el principio de no regresión ambiental, sino que también convierte al OTBN en un instrumento político negociable, y abre puertas a la aparición de fronteras extractivas legalizadas como tal, como ser la ganadería, la agricultura y la minería”, indica Somos Monte.
Y menciona que la ley actual no solo protege los bosques en términos cuantitativos, sino que regula indirectamente muchos de los servicios ecosistémicos que emergen de la existencia de estos bosques. Por ejemplo, la retención de humedad y estructura de los suelos, la existencia misma de agua en regiones semiáridas debido a la formación de vapor de agua, la regulación de la temperatura, la captura de carbono y la generación de oxígeno, entre otros.

“Los desastres climáticos pasan por un mal manejo del ser humano”
“Así como tenemos inundación, también tenemos fríos extremos, cosa que era inusual. A veces pasamos de la inundación a la plena sequía. No tenemos nunca un clima estable”, señala Benítez sobre el impacto climático y asegura que el problema comenzó a notarse hace diez años en El Impenetrable.
Tras las lluvias, queda la ayuda entre los propios horticultores y la escasa respuesta estatal. Los productores elevaron un petitorio ciudadano al municipio de Castelli para que atienda a los pequeños productores. También hubo colectas solidarias de vecinos y vecinas autoconvocados.
Benítez, que perdió el 80 por ciento de su producción, asegura: “Vamos a pelearla como podemos, ya vivimos una situación similar, pero con la extrema sequía. Es doloroso, esto nos excede a todos, el desastre climático es enorme”, lamenta. Y pide conciencia porque “la naturaleza está cambiando, los climas son otros y los desastres climáticos pasan por un mal manejo del ser humano”.
Somos Monte se expresa en el mismo sentido: “La forma de pensar a la naturaleza como recurso proviene de una mirada puramente colonial y extractivista. Lo que tenemos como resultado es una tendencia casi irrefrenable al desmonte, más cuando se lo plantea como negocio, restándole toda importancia de servicio ambiental y cultural, sin preocupación por conservar áreas estipuladas por ley”.
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Comunidad indígena denuncia a una multinacional por arrasar con más de 300 hectáreas de su territorio 

Fecha de Publicación: 09/05/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Misiones


El 5 de mayo fue detenido por la policía local el mburuvicha —cacique— Santiago Ramos de la comunidad Mbya Guaraní Tekoa Puente Quemado II, acusado por usurpación del territorio que habitan. El traslado se efectuó hasta la comisaría de Garuhapé y más tarde, con despliegue de diez patrulleros, también fueron llevados ocho miembros de la misma comunidad, más un grupo de mujeres y niños, con la intención de interrogarlos y tomar sus datos. La ONG EMIPA (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen) calificó el hecho como "desalojo encubierto" y llamó a movilizarse en contra de la medida.
Según consignó la periodista Karina Ocampo para el sitio EconmíaSustentable.com, en horas de la tarde y después de la importante presión social ejercida por parte de organizaciones y miembros de la sociedad civil, los detenidos fueron liberados. La ONG XR (Rebelión o Extinción) Misiones reveló que se les habían tomado las huellas dactilares, que a los hombres se les secuestró sus celulares, les generaron causas judiciales, y fueron apartados de las mujeres y los niños.
Por su parte, Francisco Rodriguez, el Responsable de Asuntos Guaraníes, en comunicación con el jefe de la comisaría afirmó que no hubo orden de desalojo, y que "solo fueron demorados". El caso quedó en manos del Dr. Leonardo Manuel Balanda Gómez, Juez de Instrucción N° 1, de la Cuarta Circunscripción Judicial, Puerto Rico, Misiones. Un comunicado emitido por el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes habla de una denuncia por "una supuesta intrusión" y proponen la creación de una mesa de diálogo.
Las tierras de ese lote y varias más fueron hechas sin el relevamiento territorial —afirmó Rodriguez—, entiendo que no se avanzó en la compra de esos territorios lastimosamente. La presunta intrusión la denunció el señor Ruff.
El cacique Santiago Ramos había acusado al empresario forestal Alfredo Ruff, dueño de un aserradero en el departamento de Cainguás, municipio de Aristóbulo del Valle, por el desmonte de áreas prohibidas, sin tener en cuenta el relevamiento territorial y el derecho a la consulta previa, libre e informada, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En febrero pasado el cacique Ramos también había realizado un video en el que denunciaba a la empresa de recursos forestales Arauco por su responsabilidad en el incendio y plantación de pinos; monocultivo que desde 2022 invadió las 333 hectáreas que rodean a la comunidad, a quienes les corresponden 659 hectáreas, según relevamiento territorial. Llevado el caso a juicio, el propósito del cacique era talar los pinos para volver a plantar árboles nativos y comestibles con el objetivo de asegurar su alimento, tal como consigna EconomíaSustentable.com.
La ONG Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) responsabiliza además al Gobierno de Misiones y al organismo de Asuntos Guaraníes por complicidad. "El hecho —a días de haber llevado el caso de esta Comunidad Mbya ante la ONU por su lucha territorial contra la multinacional Arauco—, resulta tan absurdo como ilegítimo, porque nadie es usurpador en su propio territorio. El lote en cuestión se encuentra dentro del relevamiento territorial en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación ancestral de la Comunidad".
Desde la organización socioambiental XR de Misiones cuentan que la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II se encuentra a 22 km hacia dentro de la ruta nacional N°12, que no tienen luz ni agua, y que hace más de ocho años que piden agua potable, pero que "les niegan el derecho porque los presionan para irse de ahí". También aseguran que hay más comunidades afectadas pero que son pocas las denuncias porque Arauco tiene prácticas directas de amedrentamiento: "entra con la camioneta y te prende fuego la casa".

Otra geografía, similar accionar
Según EconomíaSustentable.com, en Puerto Iguazú, la comunidad Mbya Guaraní Fortín MBororé enfrenta presiones similares, pero en este caso, vinculadas al desarrollo turístico e inmobiliario, al encontrarse en una región de alto valor comercial por su cercanía a las Cataratas del Iguazú. Las 270 hectáreas que tenían unas 300 familias se redujeron, entre el desmonte y la ocupación. Antonio Moreira, miembro de la comunidad, cuenta que se separaron en cinco partes y los líderes quedaron enemistados. Frente a la colocación de un cerco, los damnificados no tuvieron a quién recurrir.
—A nosotros no nos dijeron nada, solo entraron, pusieron los alambrados, y ahora ya llegaron hasta cerca de la casa de mi mamá. Pero tampoco sé cómo se manejan los líderes de la comunidad con el municipio, porque nadie vino a intervenir, esperamos que hicieran algo pero hasta ahora, nada. A ellos los están manipulando para que se peleen entre sí, y así mantenerlos ocupados en pavadas, mientras ellos hacen sus trabajos sucios.
En los últimos años hubo un avance de proyectos privados, cuenta Moreira. Según su testimonio, quienes fueron a alambrar dijeron que eran de la Municipalidad y colocaron cámaras de seguridad en el predio. Tampoco les respondieron desde la Dirección de Asuntos Guaraníes de Puerto Iguazú.
La comunidad que alguna vez fue cazadora y recolectora abandonó la caza, se adaptó a cierta modernidad y también modificó sus hábitos alimentarios cuando ingresaron los ultraprocesados. Con esfuerzo sostienen sus costumbres, encontraron una opción de desarrollo en el turismo comunitario al recibir personas que quieren acercarse a la comunidad y conocer la forma en que viven. Antonio Moreira los guía en paseos en bicicleta a través de la selva y les cuenta acerca de sus costumbres. Dice que todavía se dedican al cultivo de alimentos, con una huerta redonda, pero también tienen problemas de agua.
—Ya no tenemos nuestra vertiente de donde sacábamos el agua. Ahora estamos haciendo un pozo de agua en la casa de mi mamá. Perdimos un buen pedazo de monte y ahora ya limpiaron todo, están construyendo. Pero la tierra de mis padres no me la van a poder sacar tan fácil —asegura.
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El Gobierno apunta contra el agro y los desmontes por el agravamiento de las inundaciones en Tucumán

Fecha de Publicación: 02/05/2026
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán


El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, advirtió que el sector agropecuario tiene "buena parte de responsabilidad" al desviar cauces naturales. También cuestionó la falta de controles en Catamarca y el avance de urbanizaciones sobre zonas inundables.
En un diagnóstico crudo sobre la recurrente problemática de las inundaciones en la provincia, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, aseguró que la infraestructura por sí sola no puede resolver el colapso hídrico si no se revisan profundamente el uso del suelo, el desmonte y las intervenciones privadas en el campo.
Para el funcionario, el cambio climático ha dejado obsoletos los estudios hidráulicos de décadas pasadas, pero la mano del hombre ha acelerado los daños. "Las lluvias no son las mismas que antes. Los estudios deben ser actualizados a esta nueva realidad", sentenció.

El impacto del sector agropecuario
Nazur fue tajante al señalar que ciertas prácticas en el ámbito rural están alterando el escurrimiento natural del agua, perjudicando a terceros y a la red vial. Según el ministro, la ambición por expandir zonas de cultivo ha llevado a la desaparición de arroyos.
“El agro produce un gran impacto, cerrando cursos de agua o desviando cauces para riego. Vemos que arroyos que antes pasaban por una finca, meses después pasás por ahí y ya no están”, denunció el titular de Obras Públicas.
Si bien reconoció que el Estado puede fallar en sus controles, insistió en que existe una responsabilidad compartida que los privados deben asumir, especialmente ante la práctica de "liberar zonas de cultivo" a costa de los cauces naturales.

El factor externo y la falta de control en Catamarca
La situación en el sur tucumano también fue objeto de análisis, particularmente respecto al río Marapa, cuyo caudal alcanzó los extraordinarios 600 metros cúbicos el último verano. Nazur vinculó este fenómeno directamente con la provincia vecina.
“El agua que colapsa al Marapa viene de Catamarca. En esa provincia no existe ningún control sobre el uso y el manejo del suelo”, afirmó, aunque aclaró que Tucumán no busca deslindar sus propias obligaciones.
Otro de los ejes de conflicto detectados es la construcción de barrios sobre paleocauces (antiguos lechos de ríos) y márgenes del río Salí. Nazur calificó esto como un "problema cultural" heredado de gestiones anteriores que no priorizaron el ordenamiento territorial.
"Hay barrios en la Capital y en el área metropolitana que están al lado del río, en zonas inundables", advirtió, señalando que la Fiscalía de Estado ya interviene en los casos de ocupaciones irregulares en estas áreas críticas.

Balance de gestión: "No se cayó ningún puente"
Pese a las críticas por los anegamientos, el ministro defendió la solidez de la infraestructura actual, comparándola con las crisis de 2015 y 2017.
Mantenimiento anual: Aseguró que ahora se trabaja todo el año y no solo antes de las lluvias. Como ejemplo, citó la extracción de 40.000 metros cúbicos de sedimentos del Canal Sur.
Resistencia estructural: “Pese a los volúmenes extraordinarios de agua, esta vez no se cayó ni se rompió un solo puente y eso demuestra que se está trabajando”, destacó.
 Finalmente, Nazur lamentó la falta de inversión del Gobierno Nacional en rutas estratégicas como la 157 y la 40, las cuales presentan serias dificultades durante la temporada estival.
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