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Agroquímicos investigados por la justicia en Pergamino
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Investigan afectación por agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 05/03/2020
Fuente: el Enfiteuta
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia quiere conocer la normativa sobre el uso de agroquímicos en seis municipios vecinos de Pergamino.
Afecciones pulmonares, casos extraordinariamente masivos de cáncer, problemas de tiroides o erupciones en la piel son enfermedades frecuentes en Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida, tres barrios de Pergamino afectados por los agroquímicos en el agua.
La denuncia del grupo Madres de Barrios Fumigados de ese municipio llegó a la Justicia, que puso el ojo en la situación del distrito comandado por el macrista Javier Martínez. La lucha la encabezó la abogada Sabrina Ortiz, quien, al igual que su esposo y sus hijos, padece diversos trastornos a causa de las fumigaciones con pesticidas.
El juez federal de San Nicolás, Javier Villafuerte Ruzo, ordenó a Martínez que realice nuevas pruebas en el agua que consumen los pobladores de estos barrios, complementarios a los que ya habían encarado el INTA o el INTI, arrojando el resultado más temido: el nivel de sustancias tóxicas en el agua de esa zona era brutal. Exactamente son 18 plaguicidas, además de glifosato, con serio riesgo para la salud.
Sin embargo, el fiscal Matías di Lello no se conforma y quiere saber ahora si la situación se repite en distritos vecinos a Pergamino. Por ello pidió informes a los alcaldes de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Colón, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, que deberán responder de manera perentoria.
En concreto, la fiscalía requirió datos sobre prácticas relacionadas a la aplicación de agroquímicos y la utilización de productos fitosanitarios (aéreas y manuales), y si existen zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en hogares linderos al área donde se realiza de manera regular la aplicación de pesticidas.
En Pergamino, génesis de la denuncia, la oposición en el Concejo Deliberante asegura que existe una marcada inacción del municipio para hacer cumplir las ordenanzas sobre uso de fitosanitarios, lo que obligó a que actuara la Justicia Federal.
El edil Álvaro Reynoso (Frente de Todos) aseveró al medio La Tecla que “no hay suficientes recursos humanos para controlar las fumigaciones, son dos funcionarios para controlar toda la superficie del Municipio”.
Por su parte, el intendente Martínez rechazó las denuncias de incumplimiento de entrega de agua envasada a los barrios damnificados. El alcalde dijo que “hay una medida judicial, que nos ordenó entregar agua en bidones, y la cumplimos a rajatabla”. Añadió que “algunas de las ciudades a las que ahora la Justicia les va a pedir informes, no tienen siquiera ordenanza, como la tiene Pergamino desde hace tiempo”.
El jefe comunal insistió en que el agua que se bebe en esos barrios es potable, apta para consumo humano, basándose siempre en un informe de la Autoridad del Agua, que contradice los datos arrojados por estudios de instituciones del prestigio del INTA o el INTI. Por otra parte, jura y perjura el mandamás que se realizan los controles para cumplir con la zona de amortiguamiento y exclusión determinada por el juez Villafuerte Ruzo en su distrito, que alcanza a los 1.095 metros para la fumigación terrestre y los 3.000 para la aérea.
La abogada patrocinante, Sabrina Ortiz, tiene una visión diferente de la del Municipio pergaminense. En tal sentido dijo que “en pueblos cercanos hubo problemas, donde todavía no se aplica la medida cautelar. Ahí han habido varias denuncias y ni siquiera se está respetando lo que dice la ordenanza municipal”. Añadió que “desde diciembre se tomaron las muestras del agua en los barrios afectados, como ordenó la Justicia, y se está a la espera de los resultados”.
Por último, afirmó: “Tenemos un panorama nada alentador si tenemos en cuenta los resultados anteriores. En concreto, de veinte pozos en Pergamino hay nueve agrotóxicos, más niveles de arsénico nueve veces superiores a lo que está permitido por la Organización Mundial de la Salud”.
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Fecha de Publicación: 05/03/2020
Fuente: el Enfiteuta
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia quiere conocer la normativa sobre el uso de agroquímicos en seis municipios vecinos de Pergamino.
Afecciones pulmonares, casos extraordinariamente masivos de cáncer, problemas de tiroides o erupciones en la piel son enfermedades frecuentes en Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida, tres barrios de Pergamino afectados por los agroquímicos en el agua.
La denuncia del grupo Madres de Barrios Fumigados de ese municipio llegó a la Justicia, que puso el ojo en la situación del distrito comandado por el macrista Javier Martínez. La lucha la encabezó la abogada Sabrina Ortiz, quien, al igual que su esposo y sus hijos, padece diversos trastornos a causa de las fumigaciones con pesticidas.
El juez federal de San Nicolás, Javier Villafuerte Ruzo, ordenó a Martínez que realice nuevas pruebas en el agua que consumen los pobladores de estos barrios, complementarios a los que ya habían encarado el INTA o el INTI, arrojando el resultado más temido: el nivel de sustancias tóxicas en el agua de esa zona era brutal. Exactamente son 18 plaguicidas, además de glifosato, con serio riesgo para la salud.
Sin embargo, el fiscal Matías di Lello no se conforma y quiere saber ahora si la situación se repite en distritos vecinos a Pergamino. Por ello pidió informes a los alcaldes de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Colón, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, que deberán responder de manera perentoria.
En concreto, la fiscalía requirió datos sobre prácticas relacionadas a la aplicación de agroquímicos y la utilización de productos fitosanitarios (aéreas y manuales), y si existen zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en hogares linderos al área donde se realiza de manera regular la aplicación de pesticidas.
En Pergamino, génesis de la denuncia, la oposición en el Concejo Deliberante asegura que existe una marcada inacción del municipio para hacer cumplir las ordenanzas sobre uso de fitosanitarios, lo que obligó a que actuara la Justicia Federal.
El edil Álvaro Reynoso (Frente de Todos) aseveró al medio La Tecla que “no hay suficientes recursos humanos para controlar las fumigaciones, son dos funcionarios para controlar toda la superficie del Municipio”.
Por su parte, el intendente Martínez rechazó las denuncias de incumplimiento de entrega de agua envasada a los barrios damnificados. El alcalde dijo que “hay una medida judicial, que nos ordenó entregar agua en bidones, y la cumplimos a rajatabla”. Añadió que “algunas de las ciudades a las que ahora la Justicia les va a pedir informes, no tienen siquiera ordenanza, como la tiene Pergamino desde hace tiempo”.
El jefe comunal insistió en que el agua que se bebe en esos barrios es potable, apta para consumo humano, basándose siempre en un informe de la Autoridad del Agua, que contradice los datos arrojados por estudios de instituciones del prestigio del INTA o el INTI. Por otra parte, jura y perjura el mandamás que se realizan los controles para cumplir con la zona de amortiguamiento y exclusión determinada por el juez Villafuerte Ruzo en su distrito, que alcanza a los 1.095 metros para la fumigación terrestre y los 3.000 para la aérea.
La abogada patrocinante, Sabrina Ortiz, tiene una visión diferente de la del Municipio pergaminense. En tal sentido dijo que “en pueblos cercanos hubo problemas, donde todavía no se aplica la medida cautelar. Ahí han habido varias denuncias y ni siquiera se está respetando lo que dice la ordenanza municipal”. Añadió que “desde diciembre se tomaron las muestras del agua en los barrios afectados, como ordenó la Justicia, y se está a la espera de los resultados”.
Por último, afirmó: “Tenemos un panorama nada alentador si tenemos en cuenta los resultados anteriores. En concreto, de veinte pozos en Pergamino hay nueve agrotóxicos, más niveles de arsénico nueve veces superiores a lo que está permitido por la Organización Mundial de la Salud”.
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Centrales nucleares experimentables que preocupan
Experimento nuclear chino en "Atucha III"
Fecha de Publicación: 29/02/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Buenos Aires
La construcción de la central atómica es calificada como un laboratorio de pruebas porque no hay en funcionamiento ningún proyecto similar en el mundo.
La demorada construcción de la Central Nuclear Atucha III a sólo 118 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un dato que en el plano internacional puede ser criticable por la cercanía a un área muy poblada y con tanta biodiversidad, más si se piensa en los desastres ambientales causados por los accidentes en Chernobyl y Fukushima, además de algunos chinos que se mantienen en secreto. Pero es mucho más preocupante que la nueva usina argentina se convierta en un laboratorio de pruebas como, señalan los especialistas, por la serie de incógnitas que encierra una tecnología que todavía no funciona en ningún lugar del mundo, incluyendo a China.
Es que el acuerdo firmado en 2013 entre el Gobierno argentino y China National Nuclear Corporation, una firma estatal controlada por el Partido Comunista, prevé instalar un reactor que nunca ha sido probado a pesar de que hay seis obras proyectadas, incluyendo dos en Pakistán y la bonaerense emplazada en Zárate. A diferencia de los reactores operados actualmente por la Comisión Nacional de Energía Atómica que emplean uranio natural y agua pesada con probada eficacia, el nuevo chino denominado Hualong One utiliza uranio enriquecido y agua liviana, lo que implica un cambio rotundo de tecnología que desplaza la participación de la industria nacional.
Desde el punto de vista estratégico y político tampoco se explica avanzar en una nueva central nuclear cuando Argentina tiene un potencial energético sustentado en la gran producción de gas de Vaca Muerta y un desarrollo hidroeléctrico que permitiría triplicar la actual generación si las condiciones financieras permitieran iniciar los trabajos. Vale preguntarse lo que podría hacerse localmente con el presupuesto de 8.000 millones de dólares que costaría Atucha III, no obstante la generosidad china de financiar la obra a 20 años de plazo con ocho de gracia.
Pese al freno que de hecho le puso al proyecto nuclear el gobierno de Mauricio Macri, por efecto de la crisis económica, todo indicaría que Atucha III sigue en evaluación como también es inamovible la relación oficial con Pekín en el caso de la Estación Espacial China levantada en Neuquén, según lo ha ratificado el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, no obstante que nadie sabe cuáles son las actividades de esa base tecnológica, operada exclusivamente por personal militar oriental. Por eso se impone una aclaración oficial para una y otra situación.
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Fecha de Publicación: 29/02/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Buenos Aires
La construcción de la central atómica es calificada como un laboratorio de pruebas porque no hay en funcionamiento ningún proyecto similar en el mundo.
La demorada construcción de la Central Nuclear Atucha III a sólo 118 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un dato que en el plano internacional puede ser criticable por la cercanía a un área muy poblada y con tanta biodiversidad, más si se piensa en los desastres ambientales causados por los accidentes en Chernobyl y Fukushima, además de algunos chinos que se mantienen en secreto. Pero es mucho más preocupante que la nueva usina argentina se convierta en un laboratorio de pruebas como, señalan los especialistas, por la serie de incógnitas que encierra una tecnología que todavía no funciona en ningún lugar del mundo, incluyendo a China.
Es que el acuerdo firmado en 2013 entre el Gobierno argentino y China National Nuclear Corporation, una firma estatal controlada por el Partido Comunista, prevé instalar un reactor que nunca ha sido probado a pesar de que hay seis obras proyectadas, incluyendo dos en Pakistán y la bonaerense emplazada en Zárate. A diferencia de los reactores operados actualmente por la Comisión Nacional de Energía Atómica que emplean uranio natural y agua pesada con probada eficacia, el nuevo chino denominado Hualong One utiliza uranio enriquecido y agua liviana, lo que implica un cambio rotundo de tecnología que desplaza la participación de la industria nacional.
Desde el punto de vista estratégico y político tampoco se explica avanzar en una nueva central nuclear cuando Argentina tiene un potencial energético sustentado en la gran producción de gas de Vaca Muerta y un desarrollo hidroeléctrico que permitiría triplicar la actual generación si las condiciones financieras permitieran iniciar los trabajos. Vale preguntarse lo que podría hacerse localmente con el presupuesto de 8.000 millones de dólares que costaría Atucha III, no obstante la generosidad china de financiar la obra a 20 años de plazo con ocho de gracia.
Pese al freno que de hecho le puso al proyecto nuclear el gobierno de Mauricio Macri, por efecto de la crisis económica, todo indicaría que Atucha III sigue en evaluación como también es inamovible la relación oficial con Pekín en el caso de la Estación Espacial China levantada en Neuquén, según lo ha ratificado el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, no obstante que nadie sabe cuáles son las actividades de esa base tecnológica, operada exclusivamente por personal militar oriental. Por eso se impone una aclaración oficial para una y otra situación.
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Denuncian que siguen fumigando escuelas en Buenos Aires
Empiezan las clases y la denuncia por aplicación de agroquímicos en escuela de La Porteña no se ha tratado
Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos se manifestaron preocupados por la falta de respuesta a sus denuncias efectuadas por la fumigación en inmediaciones de la Escuela 33. Tras cuatro meses de silencio y el expediente sin tratar, decidieron recurrir a la Defensoría del Pueblo. Lamentaron que la ciudad esté atrasada en políticas de aplicación y que se haya naturalizado una práctica no saludable.
A pocos días del inicio del ciclo escolar, padres de alumnos que asisten a la Escuela 33 y la comunidad de La Porteña en general, manifestaron su preocupación ante la falta de respuesta o avances en torno a los reclamos por la aplicación de agroquímicos en el lugar.
De acuerdo al detalle que brindaron los voceros Silvia Gómez, Lucía Mestre y Marcelo Tello, se va a cumplir medio año de la problemática, ya que la inquietud los llevó a empezar a juntarse en septiembre del 2019, presentando la primera denuncia ante el Municipio el 4 de octubre.
Esto llevó a que Héctor Creparula, de la Dirección de Medio Ambiente, junto a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria Analía Alonso y al responsable de Asuntos Agrarios Igancio Diribarne, inspeccionaran el lugar un par de veces, resultando “negativo” el primer monitoreo.
Sin embargo, el pasado 5 de enero pudieron retirar el expediente, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, en el finalmente que se le da la razón a los denunciantes por confirmar las fumigaciones a cero metros de la Escuela 33.
Además, como por internet se puede hacer el seguimiento de un recurso judicial también se enteraron que el que ellos presentaron el 5 de diciembre se encuentra en el Juzgado de Faltas 2 en estado “no tratado”.
“Han pasado varios meses y no se ha sancionado, no se ha multado, ni siquiera el Intendente habló del tema”, lamentó Gómez, asegurando es una situación urgente como para que no se trate y que nunca escucharon a Miguel Lunghi hacer ninguna referencia al tema. Por este motivo y frente al apremio del tiempo es que optaron por hacer una presentación ante la Defensoría del Pueblo.
Agotando instancias
Actualmente el campo que linda con la institución educativa está cultivado con girasol y los vecinos no saben si se ha vuelto a aplicar en esas inmediaciones o no. De todas formas, Mestre recalcó que si bien la preocupación inmediata es por los alumnos y maestros de la escuela, no hay que olvidar que están rodeados de campos donde se realiza agricultura convencional y continúan con las aplicaciones de herbicidas, fungicidas y fertilizantes.
“Verlo o no verlo es circunstancial, sabemos que estamos siendo fumigados”, aseveró.
Ante esta realidad, la semana pasada se presentaron en la dependencia dirigida por Paula Lafourcade. En primera instancia se presentaron como “Asamblea de Vecinos La Porteña, por un ambiente saludable”, que es como se conformaron para trabajar en comisiones, y mediante una carta actualizaron sobre su situación.
“Le pedimos su intervención el derecho nuestro y nuestros hijos por un ambiente saludable, luego a pedido de la Defensora tomamos copia del expediente y se lo llevamos”, explicó.
El grupo se mostró conforme con la respuesta de Lafourcade, ya que antes de la presentación que realizaron ya había manifestado apoyo al reclamo. “Sentimos la mejor predisposición”, destacaron. “Por lo pronto, tenemos fe en que va a poder destrabar esto que desde principio de diciembre está estancado”, dijeron expectantes.
“Tandil está atrasada”
Al comparar los avances percibidos en otras localidades de la Provincia, incluso algunas vecinas como Olavarría que se unió a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), determinaron que Tandil está muy atrasada “en las distancias o el desarrollo de un ‘cordón verde’”.
“Hay un montón de alternativas”, ofrecieron, destacando que no están en contra de nadie, sino que quieren la salud para todos, ahora puntualmente preocupados por los niños y docentes que van a esa Escuela.
En este sentido revelaron que están trabajando en conjunto con los vecinos de Gardey, que también vienen luchando hace tiempo por las aplicaciones de agroquímicos.
“Recordemos que el artículo 10 de la ordenanza actual permite el uso de todos estos herbicidas en espacios públicos”, resaltó Mestre. “Es terrible”, coincidieron los tres voceros, lamentando que en la Plaza del centro, como en todo el resto de la ciudad, estén presentes estos productos.
“Lo más preocupante es que en el caso de las piletas de Gardey el responsable de Asuntos Agrarios, Ignacio Diribarne, haya dicho que el riesgo esté reducido a la mínima potencia porque el cloro desactiva los agroquímicos”, enfatizó Gómez. Al respecto, desestimó esa conjetura, ya que no resulta una hipótesis confirmada científicamente en ningún caso.
Los vecinos decidieron darle una entidad al grupo para que se sepa que esta lucha no es circunstancial, sino que van a sostenerse en el tiempo, siempre clamando por un ambiente saludable.
Prácticas naturalizadas
Por su parte, Marcelo Tello, es docente en establecimientos rurales y ve con mucha intranquilidad que las fumigaciones sean cuestiones ya naturalizadas. “Alrededor de las escuelas incluso hay familias que trabajan de aplicadores y a la vez son víctimas de las aplicaciones”, contó.
Asimismo, se refirió a la falta de conciencia existente ante el modelo productivo imperante, que ni siquiera se cuestiona. “En Tandil no se deja abierta la posibilidad a buscar otras alternativas, mientras que otros Municipios han avanzado”, dijo.
Exteriorizó, entonces, que tanto en el cuidado del medioambiente como el de la salud de las poblaciones están avanzando en todo el país. “Acá no se nos escucha”, advirtió, señalando que el derecho como ciudadanos es proteger estas cuestiones, lamentando que los chicos estén tan expuestos.
Vale mencionar que la Mesa de Escuelas Rurales fue la entidad convocada para “dar calma” a la colectividad y no generar paranoia ante las denuncias y el estado público que tomó el tema, sin embargo a los vecinos les llamó la atención que no haya sido convocada la comunidad en general.
Además, les sorprendió la ausencia de médicos, ambientalistas, biólogos o cualquier persona experta en la temática, dentro de esa mesa para que sean capaces de brindar una “visión más completa”.
“El discurso resumido que nos dieron fue que la aplicación de fitosanitarios es una de las tareas que se tienen que realizar en los espacios rurales y que, ejerciendo buenas prácticas agrícolas, no hay riesgos”, explicó Silvia Gómez que como madre de alumnos sí pudo presenciar el encuentro.
Cabe recordar que el compromiso del grupo los ha llevado a interiorizarse e informar sobre los distintos aspectos y consecuencias de la fumigación con pesticidas, al punto de discernir con las “buenas prácticas agrícolas” que promueven desde los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.
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Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos se manifestaron preocupados por la falta de respuesta a sus denuncias efectuadas por la fumigación en inmediaciones de la Escuela 33. Tras cuatro meses de silencio y el expediente sin tratar, decidieron recurrir a la Defensoría del Pueblo. Lamentaron que la ciudad esté atrasada en políticas de aplicación y que se haya naturalizado una práctica no saludable.
A pocos días del inicio del ciclo escolar, padres de alumnos que asisten a la Escuela 33 y la comunidad de La Porteña en general, manifestaron su preocupación ante la falta de respuesta o avances en torno a los reclamos por la aplicación de agroquímicos en el lugar.
De acuerdo al detalle que brindaron los voceros Silvia Gómez, Lucía Mestre y Marcelo Tello, se va a cumplir medio año de la problemática, ya que la inquietud los llevó a empezar a juntarse en septiembre del 2019, presentando la primera denuncia ante el Municipio el 4 de octubre.
Esto llevó a que Héctor Creparula, de la Dirección de Medio Ambiente, junto a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria Analía Alonso y al responsable de Asuntos Agrarios Igancio Diribarne, inspeccionaran el lugar un par de veces, resultando “negativo” el primer monitoreo.
Sin embargo, el pasado 5 de enero pudieron retirar el expediente, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, en el finalmente que se le da la razón a los denunciantes por confirmar las fumigaciones a cero metros de la Escuela 33.
Además, como por internet se puede hacer el seguimiento de un recurso judicial también se enteraron que el que ellos presentaron el 5 de diciembre se encuentra en el Juzgado de Faltas 2 en estado “no tratado”.
“Han pasado varios meses y no se ha sancionado, no se ha multado, ni siquiera el Intendente habló del tema”, lamentó Gómez, asegurando es una situación urgente como para que no se trate y que nunca escucharon a Miguel Lunghi hacer ninguna referencia al tema. Por este motivo y frente al apremio del tiempo es que optaron por hacer una presentación ante la Defensoría del Pueblo.
Agotando instancias
Actualmente el campo que linda con la institución educativa está cultivado con girasol y los vecinos no saben si se ha vuelto a aplicar en esas inmediaciones o no. De todas formas, Mestre recalcó que si bien la preocupación inmediata es por los alumnos y maestros de la escuela, no hay que olvidar que están rodeados de campos donde se realiza agricultura convencional y continúan con las aplicaciones de herbicidas, fungicidas y fertilizantes.
“Verlo o no verlo es circunstancial, sabemos que estamos siendo fumigados”, aseveró.
Ante esta realidad, la semana pasada se presentaron en la dependencia dirigida por Paula Lafourcade. En primera instancia se presentaron como “Asamblea de Vecinos La Porteña, por un ambiente saludable”, que es como se conformaron para trabajar en comisiones, y mediante una carta actualizaron sobre su situación.
“Le pedimos su intervención el derecho nuestro y nuestros hijos por un ambiente saludable, luego a pedido de la Defensora tomamos copia del expediente y se lo llevamos”, explicó.
El grupo se mostró conforme con la respuesta de Lafourcade, ya que antes de la presentación que realizaron ya había manifestado apoyo al reclamo. “Sentimos la mejor predisposición”, destacaron. “Por lo pronto, tenemos fe en que va a poder destrabar esto que desde principio de diciembre está estancado”, dijeron expectantes.
“Tandil está atrasada”
Al comparar los avances percibidos en otras localidades de la Provincia, incluso algunas vecinas como Olavarría que se unió a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), determinaron que Tandil está muy atrasada “en las distancias o el desarrollo de un ‘cordón verde’”.
“Hay un montón de alternativas”, ofrecieron, destacando que no están en contra de nadie, sino que quieren la salud para todos, ahora puntualmente preocupados por los niños y docentes que van a esa Escuela.
En este sentido revelaron que están trabajando en conjunto con los vecinos de Gardey, que también vienen luchando hace tiempo por las aplicaciones de agroquímicos.
“Recordemos que el artículo 10 de la ordenanza actual permite el uso de todos estos herbicidas en espacios públicos”, resaltó Mestre. “Es terrible”, coincidieron los tres voceros, lamentando que en la Plaza del centro, como en todo el resto de la ciudad, estén presentes estos productos.
“Lo más preocupante es que en el caso de las piletas de Gardey el responsable de Asuntos Agrarios, Ignacio Diribarne, haya dicho que el riesgo esté reducido a la mínima potencia porque el cloro desactiva los agroquímicos”, enfatizó Gómez. Al respecto, desestimó esa conjetura, ya que no resulta una hipótesis confirmada científicamente en ningún caso.
Los vecinos decidieron darle una entidad al grupo para que se sepa que esta lucha no es circunstancial, sino que van a sostenerse en el tiempo, siempre clamando por un ambiente saludable.
Prácticas naturalizadas
Por su parte, Marcelo Tello, es docente en establecimientos rurales y ve con mucha intranquilidad que las fumigaciones sean cuestiones ya naturalizadas. “Alrededor de las escuelas incluso hay familias que trabajan de aplicadores y a la vez son víctimas de las aplicaciones”, contó.
Asimismo, se refirió a la falta de conciencia existente ante el modelo productivo imperante, que ni siquiera se cuestiona. “En Tandil no se deja abierta la posibilidad a buscar otras alternativas, mientras que otros Municipios han avanzado”, dijo.
Exteriorizó, entonces, que tanto en el cuidado del medioambiente como el de la salud de las poblaciones están avanzando en todo el país. “Acá no se nos escucha”, advirtió, señalando que el derecho como ciudadanos es proteger estas cuestiones, lamentando que los chicos estén tan expuestos.
Vale mencionar que la Mesa de Escuelas Rurales fue la entidad convocada para “dar calma” a la colectividad y no generar paranoia ante las denuncias y el estado público que tomó el tema, sin embargo a los vecinos les llamó la atención que no haya sido convocada la comunidad en general.
Además, les sorprendió la ausencia de médicos, ambientalistas, biólogos o cualquier persona experta en la temática, dentro de esa mesa para que sean capaces de brindar una “visión más completa”.
“El discurso resumido que nos dieron fue que la aplicación de fitosanitarios es una de las tareas que se tienen que realizar en los espacios rurales y que, ejerciendo buenas prácticas agrícolas, no hay riesgos”, explicó Silvia Gómez que como madre de alumnos sí pudo presenciar el encuentro.
Cabe recordar que el compromiso del grupo los ha llevado a interiorizarse e informar sobre los distintos aspectos y consecuencias de la fumigación con pesticidas, al punto de discernir con las “buenas prácticas agrícolas” que promueven desde los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.
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Kicillof, el tema agroquímicos requiere políticas públicas
El gobierno bonaerense promoverá políticas públicas en materia de aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Así lo aseguró el titular de la cartera agropecuaria provincial, Javier Rodríguez. Por otro lado, el funcionario se refirió al reclamo de las entidades del campo de bajar la presión impositiva
Para el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el tema de aplicación de agroquímicos deberá ser “abordado mediante políticas públicas” para dar respuestas a las necesidades del sector agrícola local. Y para cumplir dicho objetivo, se promoverá la creación de un Observatorio Científico-Técnico.
Según Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la administración anterior de Cambiemos “abandonó esta agenda”, y estimó que este tipo de cuestiones tiene que “ser abordado por la política pública”.
Atento a que sigue sin aplicarse y en suspenso la Resolución 246, promovida en el 2018, que establecía áreas de amortiguamiento en las aplicaciones, la gestión de Rodríguez propone evaluar la situación a través de la creación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, el cual estará integrado en principio por representantes de organismos y entidades de carácter científico-técnico de orden público.
En ese espacio, conformado por especialistas, se buscará profundizar el intercambio de información técnica y la evaluación de trabajos en materia de aplicaciones, y también sobre sus resultados y efectos.
Además, el funcionario provincial comentó que actualmente en el principal distrito del país conviven “setenta municipios que tienen normativas diferentes y otros tantos que no tienen legislaciones específicas y se rigen por la Ley 10.699, reglamentada en 1991”.
Al respecto, el titular de la cartera agraria consideró que el objetivo del gobierno provincial será “generar recomendaciones hacia los municipios, contar con un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
Protestas y movilizaciones
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se planteó que en las protestas realizadas por productores agropecuarios, donde se pide una baja de la presión impositiva, “hay una fuerte politización, con movilizaciones y asambleas donde suele haber referentes políticos directos de la oposición”, comentó Javier Rodríguez, quien explicó además que su cartera mantiene el “diálogo abierto” con todas las entidades y señaló: “Cuando hablamos con los productores, las cosas que escuchamos son distintas”.
Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector
“Hay algunos sectores, de índole autoconvocados o autorreferenciados, que están más dispuestos a una protesta. Nosotros vemos que ahí hay una fuerte politización y que atrás de eso suele haber referentes políticos directos de la oposición que, en todo caso, están tratando de tener en alguna parte minúscula del sector algún tipo de apoyatura política”, manifestó el ministro Rodríguez, en declaraciones a Télam.
El referente agropecuario de la gestión de Axel Kicillof, tras ser consultado por las protestas que se suceden en reclamo por el aumento de la presión impositiva, explicó que el gobierno bonaerense mantiene “el diálogo con todas las organizaciones y entidades”, y con agendas de trabajo sobre las que se está trabajando.
Por ello, más allá de las movilizaciones y protestas, Rodríguez consideró: “Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector”.
Por último, Rodríguez sostuvo: “Venimos teniendo con Federación Agraria y Coninagro un muy buen diálogo y construyendo una agenda en conjunto. También sucede lo mismo con los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), con los cuales se está haciendo un repaso de una agenda amplia de trabajo para los próximos cuatro años. Sabemos que en algunos casos tienen posiciones diferentes, pero en la agenda de trabajo que hemos construido hay muchas coincidencias".
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Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Así lo aseguró el titular de la cartera agropecuaria provincial, Javier Rodríguez. Por otro lado, el funcionario se refirió al reclamo de las entidades del campo de bajar la presión impositiva
Para el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el tema de aplicación de agroquímicos deberá ser “abordado mediante políticas públicas” para dar respuestas a las necesidades del sector agrícola local. Y para cumplir dicho objetivo, se promoverá la creación de un Observatorio Científico-Técnico.
Según Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la administración anterior de Cambiemos “abandonó esta agenda”, y estimó que este tipo de cuestiones tiene que “ser abordado por la política pública”.
Atento a que sigue sin aplicarse y en suspenso la Resolución 246, promovida en el 2018, que establecía áreas de amortiguamiento en las aplicaciones, la gestión de Rodríguez propone evaluar la situación a través de la creación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, el cual estará integrado en principio por representantes de organismos y entidades de carácter científico-técnico de orden público.
En ese espacio, conformado por especialistas, se buscará profundizar el intercambio de información técnica y la evaluación de trabajos en materia de aplicaciones, y también sobre sus resultados y efectos.
Además, el funcionario provincial comentó que actualmente en el principal distrito del país conviven “setenta municipios que tienen normativas diferentes y otros tantos que no tienen legislaciones específicas y se rigen por la Ley 10.699, reglamentada en 1991”.
Al respecto, el titular de la cartera agraria consideró que el objetivo del gobierno provincial será “generar recomendaciones hacia los municipios, contar con un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
Protestas y movilizaciones
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se planteó que en las protestas realizadas por productores agropecuarios, donde se pide una baja de la presión impositiva, “hay una fuerte politización, con movilizaciones y asambleas donde suele haber referentes políticos directos de la oposición”, comentó Javier Rodríguez, quien explicó además que su cartera mantiene el “diálogo abierto” con todas las entidades y señaló: “Cuando hablamos con los productores, las cosas que escuchamos son distintas”.
Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector
“Hay algunos sectores, de índole autoconvocados o autorreferenciados, que están más dispuestos a una protesta. Nosotros vemos que ahí hay una fuerte politización y que atrás de eso suele haber referentes políticos directos de la oposición que, en todo caso, están tratando de tener en alguna parte minúscula del sector algún tipo de apoyatura política”, manifestó el ministro Rodríguez, en declaraciones a Télam.
El referente agropecuario de la gestión de Axel Kicillof, tras ser consultado por las protestas que se suceden en reclamo por el aumento de la presión impositiva, explicó que el gobierno bonaerense mantiene “el diálogo con todas las organizaciones y entidades”, y con agendas de trabajo sobre las que se está trabajando.
Por ello, más allá de las movilizaciones y protestas, Rodríguez consideró: “Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector”.
Por último, Rodríguez sostuvo: “Venimos teniendo con Federación Agraria y Coninagro un muy buen diálogo y construyendo una agenda en conjunto. También sucede lo mismo con los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), con los cuales se está haciendo un repaso de una agenda amplia de trabajo para los próximos cuatro años. Sabemos que en algunos casos tienen posiciones diferentes, pero en la agenda de trabajo que hemos construido hay muchas coincidencias".
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Anulan el sobreseimiento de empresarios contaminadores
Contaminación en el Puerto: anulan el sobreseimiento de acusados de arrojar residuos peligrosos
Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Casación ordenó devolver las actuaciones a su origen. El hecho investigado ocurrió en septiembre de 2016.
Dos personas acusadas de arrojar desde un buque amarrado en el puerto residuos peligrosos al agua deberán afrontar una nueva instancia judicial luego de que la Cámara Federal de Casación dejara sin efecto la absolución dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones. El hecho que generó la investigación se dio en septiembre de 2016 cuando personal de Prefectura Naval Argentina observó el vertido de una sustancia oscura y un líquido desangrasante desde el buque Messina I.
A partir de la investigación pertinente, la toma y análisis de muestras y escucha de testigos se procesó a Juan Vicente Taranto -presidente de la empresa- y de César Ricardo Toletti -técnico de mantenimiento- por el delito de contaminación con residuos peligrosos.
Luego de la apelación de los abogados defensores la Cámara Federal de Apelaciones resolvió el sobreseimiento de los acusados “por no encuadrar la conducta investigada en una figura penal”. Frente a ello, el fiscal general Daniel Adler acudió a la instancia superior para revisar la resolución, cuestionó pruebas no valoradas y dejó en claro que existe un resguardo constitucional al medio ambiente.
La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón: anuló los sobreseimientos y devolvió las actuaciones a su origen. “El no resguardo del medio ambiente, evitando la contaminación, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado en razón de verse afectados derechos humanos protegidos por tratados internacionales”, señala el fallo.
Para los magistrados de la Cámara de Apelaciones los hechos bajo análisis resultaban alcanzados por el derecho administrativo sancionador, pero descartaron que pueda tomar intervención el derecho penal. Frente a ello, Adler sostuvo que estaba dado el tipo penal del artículo 55 de la ley 24.051, que prevé penas para quien envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Los residuos fueron tirados al mar a través del desagote de líquidos de sentina, que es aquel espacio de los buques donde se recolectan todos los líquidos aceitosos de tuberías, juntas y bombas que pudieren derramarse como consecuencia de la normal operación de la planta motriz. Esos líquidos pueden ser purificados –mediante separadores de materia oleosa-, y quedan a bordo los productos contaminantes, que son retirados en puerto para su tratamiento y eliminación.
“Esa es la obligación esencial que tiene todo navío para preservar el medio ambiente”, apuntó Adler al dictaminar, y reparó en que los acusados “decidieron voluntariamente no cumplir, en el entendimiento de que el deliberado achique de la sentina hacia el espejo de agua sin el tratamiento convierten al vertido en su conjunto en un residuo peligroso”.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar la toma de muestras en el espejo de agua y en la sentina del buque evidenciaron que eran coincidentes. Y esto además se encuentra acreditado dado que en el puerto hay una única empresa habilitada para la extracción de residuos, que reveló que desde el 2015 la empresa Messina SA no contrató ningún servicio.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal “aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento, cargando con ese pasivo ambiental a la sociedad toda, en tanto su decisión lesiona el patrimonio de todos los seres humanos, pues el líquido vertido tiene efectos acumulativos”. "Aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento", agregó.
Los argumentos fueron compartidos por el fiscal ante Casación, Raúl Omar Pleé, quien señaló que los hechos se tuvieron por acreditados. Y reparó con cita en doctrina que “para que se configure el delito no se requiere la efectiva lesión del bien jurídico tutelado sino la generación de un peligro común”. Y más adelante sumó que la maniobra investigada generó un impacto ambiental, independientemente de que se haya concretado o no el peligro. “Prefectura Naval Argentina redujo los resultados dañosos del actuar de los imputados, cuando llevando a cabo maniobras de limpieza removió 50 litros de hidrocarburos del agua”, destacó y observó que esto no fue tenido en cuenta por los jueces de la Cámara a la hora de resolver.
Por qué se trata de un hecho contaminante
Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público Fiscal fue señalar “una arbitraria valoración de la prueba” que consta en el expediente. Y marcaron que están dadas las condiciones que surgen de la normativa para que su conducta pueda ser encuadrada legalmente: que exista un componente definido como “residuo peligroso”; que se compruebe una acción definida como envenenar, adulterar o contaminar; que esa acción genere un impacto -en este caso- en el agua o el ambiente en general; que la acción y su impacto deben ser peligrosos para la salud.
Para el juez Daniel Antonio Petrone, cuyo voto fue acompañado por el de sus colegas Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, no pueden pasarse por alto los exámenes de las sustancias vertidas por el buque, realizados por profesionales de la Prefectura, que concluyen en que deben ser consideradas como “residuos peligrosos” en la categoría Y9 del Anexo I de la ley 24.051. “Su vertido en forma directa implica necesariamente una contaminación del medio ambiente”, apuntó más adelante. Y al mismo tiempo infirió que la maniobra de achique de la sentina fue “deliberada”, al contemplar que se realizó de madrugada, horario en que la oscuridad dificulta visualizar la sustancia en el agua, y por otro lado, se intentó disipar la mancha con un líquido desengrasante.
Sobre la pretendida falta de acreditación del daño o contaminación, citó un fallo de Casación en el que Gustavo Hornos opinó que “el daño al medio ambiente mediante el uso de los residuos peligrosos previstos en la norma daña al ecosistema y afecta, al menos de modo potencial, la salud de los habitantes”.
El medio ambiente y su jerarquía constitucional
A su turno, la jueza Ana María Figueroa dio un marco a las actuaciones y señaló que las cuestiones vinculadas al medioambiente “pertenecen a una rama del derecho que posee jerarquía constitucional y agrupa cuestiones de sensible interés social, vinculadas con la defensa de un bien colectivo –ambiente- y con la calidad de vida, desarrollo sustentable, la salud pública y la protección de futuras generaciones”.
En esta línea, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo –en el marco de la causa por los daños derivados de la contaminación del Río Matanza- que “el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la obligación de recomponer el daño ambiental configuran la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Figueroa remarcó que “la protección estatal al medio ambiente conduce a que sean adoptadas todas aquellas decisiones que permitan proteger el derecho a un ambiente sano, cuya titularidad no sólo es de las generaciones actuales, sino también de las futuras”. Y sumó: “Debe garantizarse el juzgamiento de las acciones desplegadas por empresas o particulares que puedan poner en riesgo el derecho de toda la sociedad a vivir en un ambiente sano”.
“El derecho a la vida y la seguridad e integridad física no admiten un análisis al margen de la protección del medio ambiente. Su goce no es posible en tanto haya una amenaza al entorno en el que desarrollan las vidas los habitantes afectados”, sostuvo Figueroa.
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Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Casación ordenó devolver las actuaciones a su origen. El hecho investigado ocurrió en septiembre de 2016.
Dos personas acusadas de arrojar desde un buque amarrado en el puerto residuos peligrosos al agua deberán afrontar una nueva instancia judicial luego de que la Cámara Federal de Casación dejara sin efecto la absolución dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones. El hecho que generó la investigación se dio en septiembre de 2016 cuando personal de Prefectura Naval Argentina observó el vertido de una sustancia oscura y un líquido desangrasante desde el buque Messina I.
A partir de la investigación pertinente, la toma y análisis de muestras y escucha de testigos se procesó a Juan Vicente Taranto -presidente de la empresa- y de César Ricardo Toletti -técnico de mantenimiento- por el delito de contaminación con residuos peligrosos.
Luego de la apelación de los abogados defensores la Cámara Federal de Apelaciones resolvió el sobreseimiento de los acusados “por no encuadrar la conducta investigada en una figura penal”. Frente a ello, el fiscal general Daniel Adler acudió a la instancia superior para revisar la resolución, cuestionó pruebas no valoradas y dejó en claro que existe un resguardo constitucional al medio ambiente.
La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón: anuló los sobreseimientos y devolvió las actuaciones a su origen. “El no resguardo del medio ambiente, evitando la contaminación, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado en razón de verse afectados derechos humanos protegidos por tratados internacionales”, señala el fallo.
Para los magistrados de la Cámara de Apelaciones los hechos bajo análisis resultaban alcanzados por el derecho administrativo sancionador, pero descartaron que pueda tomar intervención el derecho penal. Frente a ello, Adler sostuvo que estaba dado el tipo penal del artículo 55 de la ley 24.051, que prevé penas para quien envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Los residuos fueron tirados al mar a través del desagote de líquidos de sentina, que es aquel espacio de los buques donde se recolectan todos los líquidos aceitosos de tuberías, juntas y bombas que pudieren derramarse como consecuencia de la normal operación de la planta motriz. Esos líquidos pueden ser purificados –mediante separadores de materia oleosa-, y quedan a bordo los productos contaminantes, que son retirados en puerto para su tratamiento y eliminación.
“Esa es la obligación esencial que tiene todo navío para preservar el medio ambiente”, apuntó Adler al dictaminar, y reparó en que los acusados “decidieron voluntariamente no cumplir, en el entendimiento de que el deliberado achique de la sentina hacia el espejo de agua sin el tratamiento convierten al vertido en su conjunto en un residuo peligroso”.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar la toma de muestras en el espejo de agua y en la sentina del buque evidenciaron que eran coincidentes. Y esto además se encuentra acreditado dado que en el puerto hay una única empresa habilitada para la extracción de residuos, que reveló que desde el 2015 la empresa Messina SA no contrató ningún servicio.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal “aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento, cargando con ese pasivo ambiental a la sociedad toda, en tanto su decisión lesiona el patrimonio de todos los seres humanos, pues el líquido vertido tiene efectos acumulativos”. "Aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento", agregó.
Los argumentos fueron compartidos por el fiscal ante Casación, Raúl Omar Pleé, quien señaló que los hechos se tuvieron por acreditados. Y reparó con cita en doctrina que “para que se configure el delito no se requiere la efectiva lesión del bien jurídico tutelado sino la generación de un peligro común”. Y más adelante sumó que la maniobra investigada generó un impacto ambiental, independientemente de que se haya concretado o no el peligro. “Prefectura Naval Argentina redujo los resultados dañosos del actuar de los imputados, cuando llevando a cabo maniobras de limpieza removió 50 litros de hidrocarburos del agua”, destacó y observó que esto no fue tenido en cuenta por los jueces de la Cámara a la hora de resolver.
Por qué se trata de un hecho contaminante
Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público Fiscal fue señalar “una arbitraria valoración de la prueba” que consta en el expediente. Y marcaron que están dadas las condiciones que surgen de la normativa para que su conducta pueda ser encuadrada legalmente: que exista un componente definido como “residuo peligroso”; que se compruebe una acción definida como envenenar, adulterar o contaminar; que esa acción genere un impacto -en este caso- en el agua o el ambiente en general; que la acción y su impacto deben ser peligrosos para la salud.
Para el juez Daniel Antonio Petrone, cuyo voto fue acompañado por el de sus colegas Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, no pueden pasarse por alto los exámenes de las sustancias vertidas por el buque, realizados por profesionales de la Prefectura, que concluyen en que deben ser consideradas como “residuos peligrosos” en la categoría Y9 del Anexo I de la ley 24.051. “Su vertido en forma directa implica necesariamente una contaminación del medio ambiente”, apuntó más adelante. Y al mismo tiempo infirió que la maniobra de achique de la sentina fue “deliberada”, al contemplar que se realizó de madrugada, horario en que la oscuridad dificulta visualizar la sustancia en el agua, y por otro lado, se intentó disipar la mancha con un líquido desengrasante.
Sobre la pretendida falta de acreditación del daño o contaminación, citó un fallo de Casación en el que Gustavo Hornos opinó que “el daño al medio ambiente mediante el uso de los residuos peligrosos previstos en la norma daña al ecosistema y afecta, al menos de modo potencial, la salud de los habitantes”.
El medio ambiente y su jerarquía constitucional
A su turno, la jueza Ana María Figueroa dio un marco a las actuaciones y señaló que las cuestiones vinculadas al medioambiente “pertenecen a una rama del derecho que posee jerarquía constitucional y agrupa cuestiones de sensible interés social, vinculadas con la defensa de un bien colectivo –ambiente- y con la calidad de vida, desarrollo sustentable, la salud pública y la protección de futuras generaciones”.
En esta línea, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo –en el marco de la causa por los daños derivados de la contaminación del Río Matanza- que “el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la obligación de recomponer el daño ambiental configuran la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Figueroa remarcó que “la protección estatal al medio ambiente conduce a que sean adoptadas todas aquellas decisiones que permitan proteger el derecho a un ambiente sano, cuya titularidad no sólo es de las generaciones actuales, sino también de las futuras”. Y sumó: “Debe garantizarse el juzgamiento de las acciones desplegadas por empresas o particulares que puedan poner en riesgo el derecho de toda la sociedad a vivir en un ambiente sano”.
“El derecho a la vida y la seguridad e integridad física no admiten un análisis al margen de la protección del medio ambiente. Su goce no es posible en tanto haya una amenaza al entorno en el que desarrollan las vidas los habitantes afectados”, sostuvo Figueroa.
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Buenos Aires: Justicia pide informes sobre agroquímicos
La Justicia interviene en el uso de agroquímicos y pide informes a seis municipios bonaerenses
Fecha de Publicación: 20/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Tras la decisión del gobierno de Axel Kicillof de mantener la suspensión de la ley 246/18, el fiscal Di Lello quiere averiguar si los distritos ejercen algún tipo de control sobre la aplicación de pesticidas.
El fiscal federal Matías Di Lello solicitó un informe a seis municipios de la provincia de Buenos Aires para saber en qué medida controlan el uso de agroquímicos en territorio donde la ley lo prohíbe. La orden judicial se da a días de que el gobierno bonaerense ratifique la suspensión de la resolución 246/18.
Se trata de los municipios de Colón, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento y Ramallo, todos cercanos a la ciudad de Pergamino, foco de la polémica por el uso de glifosato.
Di Lello busca sumar información acerca del impacto de los agroquímicos en la provincia y corroborar que los municipios estén ejerciendo algún tipo de control sobre su aplicación.
Sucede que la justicia viene recibiendo denuncia tras denuncia por la contaminación ambiental y las enfermedades que recaen sobre la población, a razón de las fumigaciones cerca de los centros urbanos.
El año pasado, Pergamino fue foco de debate sobre el uso de agrotóxicos, luego de que el Juzgado Federal de San Nicolás condenara a un productor rural, un ingeniero agrónomo y un empleado de un campo por fumigar cerca de la ciudad, cuando la ley lo prohíbe. Sucede que, tras una investigación, se determinó que el agua de la localidad bonaerense estaba contaminada con al menos 18 tipos de agroquímicos.
Según el dictamen del fiscal Di Lello, se busca determinar “zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en las cercanías en donde se aplican los pesticidas”.
Los municipios tienen un plazo de 15 días para enviar sus informes y además demostrar que se están capacitando funcionarios y personal para el uso y consecuencias de los agroquímicos.
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Fecha de Publicación: 20/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Tras la decisión del gobierno de Axel Kicillof de mantener la suspensión de la ley 246/18, el fiscal Di Lello quiere averiguar si los distritos ejercen algún tipo de control sobre la aplicación de pesticidas.
El fiscal federal Matías Di Lello solicitó un informe a seis municipios de la provincia de Buenos Aires para saber en qué medida controlan el uso de agroquímicos en territorio donde la ley lo prohíbe. La orden judicial se da a días de que el gobierno bonaerense ratifique la suspensión de la resolución 246/18.
Se trata de los municipios de Colón, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento y Ramallo, todos cercanos a la ciudad de Pergamino, foco de la polémica por el uso de glifosato.
Di Lello busca sumar información acerca del impacto de los agroquímicos en la provincia y corroborar que los municipios estén ejerciendo algún tipo de control sobre su aplicación.
Sucede que la justicia viene recibiendo denuncia tras denuncia por la contaminación ambiental y las enfermedades que recaen sobre la población, a razón de las fumigaciones cerca de los centros urbanos.
El año pasado, Pergamino fue foco de debate sobre el uso de agrotóxicos, luego de que el Juzgado Federal de San Nicolás condenara a un productor rural, un ingeniero agrónomo y un empleado de un campo por fumigar cerca de la ciudad, cuando la ley lo prohíbe. Sucede que, tras una investigación, se determinó que el agua de la localidad bonaerense estaba contaminada con al menos 18 tipos de agroquímicos.
Según el dictamen del fiscal Di Lello, se busca determinar “zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en las cercanías en donde se aplican los pesticidas”.
Los municipios tienen un plazo de 15 días para enviar sus informes y además demostrar que se están capacitando funcionarios y personal para el uso y consecuencias de los agroquímicos.
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Pinamar: el impacto que nadie quiere ver en los médanos
Las 4x4 y los cuatriciclos en Pinamar, una amenaza para el medio ambiente que casi nadie tiene en cuenta
Fecha de Publicación: 19/02/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La temporada récord de visitantes implica más vehículos en el último paisaje de médanos vírgenes. ¿Qué impacto tiene?
Un poco de viento y la arena se levanta. El paso de un UTV y la arena se levanta. Pasa una 4x4. Otra atrás. Se adelanta un cuatriciclo. Siempre la arena se levanta. Parece el Dakar?. Todos los días. Todo el día.
La Frontera tiene la arena más caliente de la costa. Y está en Pinamar?. La aridez de los médanos conviven con el Aperol de los turistas. Pero también con la combustión de los amantes de la velocidad.
En medio de una temporada "estallada" de gente, cientos de visitantes llegan hasta el extremo norte de esta ciudad para ganar más espacio y clavar sus gazebos.
¿Qué pasa con la potencia de esas ruedas sobre la arena? Las autoridades poco hablan de la forma en que los entornos naturales están entregados a los motores, el ruido y la combustión.
Nada impide por ahora, en tiempos de Greta Thunberg y conciencia ecológica, que las 4x4 invadan los médanos como si no fueran ecosistemas frágiles. El debate recién empieza.
Más allá de los controles del Municipio de Pinamar, que desde el día 1 de 2020 estableció nuevas reglas, multas y corredores seguros para los más de 12.000 cuatriciclos que invaden la ciudad desde Costa Esmeralda hasta Cariló?, aún no hay medidas que excedan la prevención de accidentes y pongan el foco en estos vehículos desde lo ambiental.
"Hasta acá nomás. Te lo digo por vos. Te vas a quedar enterrado y sacarte es un quilombo", aconseja uno de los policías (no es un agente de tránsito) a un turista que pretendía pasar en auto. Inmediatamente, el conductor retrocede.
Kota Beach, El Más Allá y Nómade son los tres paradores que reclutan a los turistas que sólo pueden acceder a La Frontera en 4x4, UTV o cuatriciclos.
Estos médanos privados, a 100 metros del mar, son una pista natural privilegiada para probar la potencia de los últimos modelos de los vehículos de playa. Lo hacen a través de los corredores seguros, que están rodeados de los gazebos de los turistas.
Previo al paso hacia los médanos hay varios controles policiales. Chequean que no haya cuatriciclos y UTV sin patentes, conductores que no tienen licencia o no usan casco. No hay folleto, cartel ni "recomendación" que hable del impacto ambiental de las cuatro ruedas.
Hace un año se demolieron los balnearios de cemento y pasaron a ser sustentables. ¿Se evalúa del mismo modo frenar los motores para cuidar el medio ambiente?
Belén, una turista que llegó desde Bariloche, lo exige. Está tomando mate en un médano de La Frontera con su marido y su hija. Están casi escondidos. Lejos de los corredores seguros. Pero igual se escucha el ruido de los motores.
“Me parece que está mucho más controlado este año. Por ahora no vi accidentes. Pero sí, el tema del daño que pueden producir en la arena es algo que no me preocupaba hasta que este año escuché del tema. Los vecinos de acá siempre lo dijeron y creo que se tiene que reducir la circulación y concientizar sobre la contaminación. No sólo el casco”, dice.
Por otro lado, Jorge Guzmán, de San Miguel, está arriba de uno de los esos cuatriciclos. "La Frontera es el único territorio virgen donde se puede disfrutar de andar así. Hay mucha presencia policial. Algunos no van por los carriles que corresponde pero los turistas, entre nosotros, nos explicamos cómo debe ser", dice a este diario, sin mención al impacto ecológico. Algo que no tiene por qué saber. Al usar su cuatriciclo no está infringiendo ninguna ley.
El uso de estos vehículos se encuentra en pleno debate en el Concejo Deliberante. La "grieta" está, justamente, entre los costos y beneficios de una actividad que es parte de la identidad pinamarense pero que hoy se cuestiona.
"Pinamar desde sus orígenes se relacionó con la naturaleza y la aventura. Compartir momentos al aire libre en los médanos, los bosques y la playa se fue convirtiendo en parte de su estilo de vida. Los cuatriciclos, motos, 4x4 y actualmente los UTV se hicieron uso y costumbre ayudados por la falta de regulación normativa y la poca fiscalización de esta actividad. Poniendo el enfoque en el cuidado de nuestro medio ambiente y atractivos naturales, comenzamos a trabajar en diferentes problemáticas que ocasionan este tipo de vehículos: la erosión en los médanos y playa, destrucción de la flora y fauna, ruidos molestos, accidentes viales", dice a Clarín Gabriela Ferretti, concejal de Propin (propuesta Pinamar).
Lo primero que se logró fue la sanción de una ordenanza que prohibiera la circulación en la zona de playa. Después, el uso de casco, seguido del registro habilitante específico para UTV. "Mucho después -detalla- llegó el medioambiente. Cuando se aprobó una ordenanza para sancionar a los vehículos que ocasionaran ruidos molestos por los caños de escapes libres y/o modificados (que afecta a las aves en la zona del bosque)".
Ahora, desde su bloque presentaron un proyecto que busca producir un cambio cultural entre los turistas de Pinamar. "Tenemos la obligación de ir reduciendo progresivamente el uso de estos vehículos. Pero los cambios culturales llevan un tiempo para que sean internalizados sin mayores inconvenientes", detalla Ferretti. Algo que ya se está poniendo a prueba esta temporada con sus playas libres de humo.
Además de la actitud de los visitantes, el otro punto a tener en cuenta es que estas pistas naturales están en una zona de médanos y bosques que son propiedad privada.
¿La posible solución al límite de terrenos con dueño? "Si se decide continuar con la actividad, lo ideal sería que se desarrolle algún tipo de circuito cerrado seguro donde puedan circular estos vehículos con estrictas medidas de control, como ocurre en otras ciudades con médanos en el mundo", cierra.
Consultados por Clarín, desde el municipio reconocieron que este tipo de turismo, el de quienes llegan en estos vehículos a La Frontera, es sinónimo de contaminación.
“Está comprobado por estudios. Lo dice la ciencia. Un vehículo en un médano contamina. Desde la erosión de las ruedas sobre la arena, desde el ruido, desde el combustible que eventualmente puede llegar al mar. El tema es que no está medido cuánto contamina. A diferencia de que sabemos, por ejemplo, cuántos litros de agua contamina una colilla de cigarrillo”, dice a Clarín Fabian de la Serna, biólogo y director de Frente Marítimo.
¿Desde este año se avanzó con normas sobre estos vehículos pero desde la Seguridad Vial, se va a tomar alguna medida desde un enfoque ambientalista?
“Sin dudas. Trabajamos en conjunto los departamentos de Seguridad, Ambiente y Frente Marítimo. Desde la ordenanza no hay una mención a lo ambiental en sí, pero es algo que atraviesa a todas nuestras acciones. Estamos empezando por la Educacion Vial, es la primera temporada con la nueva normativa. También comenzaremos con la Educación Medioambiental. Necesitamos generar conciencia ecológica. Lo iremos logrando de a poco. Seguramente también restringiremos el paso de estos vehículos por los médanos . Tenemos que estudiarlo bien”, agrega.
De la Serna dice que el boom de las ruedas en los médanos "empezó en los 90, con la llegada de las camionetas 4x4 a Pinamar". Desde entonces, su impacto no está medido.
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Fecha de Publicación: 19/02/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La temporada récord de visitantes implica más vehículos en el último paisaje de médanos vírgenes. ¿Qué impacto tiene?
Un poco de viento y la arena se levanta. El paso de un UTV y la arena se levanta. Pasa una 4x4. Otra atrás. Se adelanta un cuatriciclo. Siempre la arena se levanta. Parece el Dakar?. Todos los días. Todo el día.
La Frontera tiene la arena más caliente de la costa. Y está en Pinamar?. La aridez de los médanos conviven con el Aperol de los turistas. Pero también con la combustión de los amantes de la velocidad.
En medio de una temporada "estallada" de gente, cientos de visitantes llegan hasta el extremo norte de esta ciudad para ganar más espacio y clavar sus gazebos.
¿Qué pasa con la potencia de esas ruedas sobre la arena? Las autoridades poco hablan de la forma en que los entornos naturales están entregados a los motores, el ruido y la combustión.
Nada impide por ahora, en tiempos de Greta Thunberg y conciencia ecológica, que las 4x4 invadan los médanos como si no fueran ecosistemas frágiles. El debate recién empieza.
Más allá de los controles del Municipio de Pinamar, que desde el día 1 de 2020 estableció nuevas reglas, multas y corredores seguros para los más de 12.000 cuatriciclos que invaden la ciudad desde Costa Esmeralda hasta Cariló?, aún no hay medidas que excedan la prevención de accidentes y pongan el foco en estos vehículos desde lo ambiental.
"Hasta acá nomás. Te lo digo por vos. Te vas a quedar enterrado y sacarte es un quilombo", aconseja uno de los policías (no es un agente de tránsito) a un turista que pretendía pasar en auto. Inmediatamente, el conductor retrocede.
Kota Beach, El Más Allá y Nómade son los tres paradores que reclutan a los turistas que sólo pueden acceder a La Frontera en 4x4, UTV o cuatriciclos.
Estos médanos privados, a 100 metros del mar, son una pista natural privilegiada para probar la potencia de los últimos modelos de los vehículos de playa. Lo hacen a través de los corredores seguros, que están rodeados de los gazebos de los turistas.
Previo al paso hacia los médanos hay varios controles policiales. Chequean que no haya cuatriciclos y UTV sin patentes, conductores que no tienen licencia o no usan casco. No hay folleto, cartel ni "recomendación" que hable del impacto ambiental de las cuatro ruedas.
Hace un año se demolieron los balnearios de cemento y pasaron a ser sustentables. ¿Se evalúa del mismo modo frenar los motores para cuidar el medio ambiente?
Belén, una turista que llegó desde Bariloche, lo exige. Está tomando mate en un médano de La Frontera con su marido y su hija. Están casi escondidos. Lejos de los corredores seguros. Pero igual se escucha el ruido de los motores.
“Me parece que está mucho más controlado este año. Por ahora no vi accidentes. Pero sí, el tema del daño que pueden producir en la arena es algo que no me preocupaba hasta que este año escuché del tema. Los vecinos de acá siempre lo dijeron y creo que se tiene que reducir la circulación y concientizar sobre la contaminación. No sólo el casco”, dice.
Por otro lado, Jorge Guzmán, de San Miguel, está arriba de uno de los esos cuatriciclos. "La Frontera es el único territorio virgen donde se puede disfrutar de andar así. Hay mucha presencia policial. Algunos no van por los carriles que corresponde pero los turistas, entre nosotros, nos explicamos cómo debe ser", dice a este diario, sin mención al impacto ecológico. Algo que no tiene por qué saber. Al usar su cuatriciclo no está infringiendo ninguna ley.
El uso de estos vehículos se encuentra en pleno debate en el Concejo Deliberante. La "grieta" está, justamente, entre los costos y beneficios de una actividad que es parte de la identidad pinamarense pero que hoy se cuestiona.
"Pinamar desde sus orígenes se relacionó con la naturaleza y la aventura. Compartir momentos al aire libre en los médanos, los bosques y la playa se fue convirtiendo en parte de su estilo de vida. Los cuatriciclos, motos, 4x4 y actualmente los UTV se hicieron uso y costumbre ayudados por la falta de regulación normativa y la poca fiscalización de esta actividad. Poniendo el enfoque en el cuidado de nuestro medio ambiente y atractivos naturales, comenzamos a trabajar en diferentes problemáticas que ocasionan este tipo de vehículos: la erosión en los médanos y playa, destrucción de la flora y fauna, ruidos molestos, accidentes viales", dice a Clarín Gabriela Ferretti, concejal de Propin (propuesta Pinamar).
Lo primero que se logró fue la sanción de una ordenanza que prohibiera la circulación en la zona de playa. Después, el uso de casco, seguido del registro habilitante específico para UTV. "Mucho después -detalla- llegó el medioambiente. Cuando se aprobó una ordenanza para sancionar a los vehículos que ocasionaran ruidos molestos por los caños de escapes libres y/o modificados (que afecta a las aves en la zona del bosque)".
Ahora, desde su bloque presentaron un proyecto que busca producir un cambio cultural entre los turistas de Pinamar. "Tenemos la obligación de ir reduciendo progresivamente el uso de estos vehículos. Pero los cambios culturales llevan un tiempo para que sean internalizados sin mayores inconvenientes", detalla Ferretti. Algo que ya se está poniendo a prueba esta temporada con sus playas libres de humo.
Además de la actitud de los visitantes, el otro punto a tener en cuenta es que estas pistas naturales están en una zona de médanos y bosques que son propiedad privada.
¿La posible solución al límite de terrenos con dueño? "Si se decide continuar con la actividad, lo ideal sería que se desarrolle algún tipo de circuito cerrado seguro donde puedan circular estos vehículos con estrictas medidas de control, como ocurre en otras ciudades con médanos en el mundo", cierra.
Consultados por Clarín, desde el municipio reconocieron que este tipo de turismo, el de quienes llegan en estos vehículos a La Frontera, es sinónimo de contaminación.
“Está comprobado por estudios. Lo dice la ciencia. Un vehículo en un médano contamina. Desde la erosión de las ruedas sobre la arena, desde el ruido, desde el combustible que eventualmente puede llegar al mar. El tema es que no está medido cuánto contamina. A diferencia de que sabemos, por ejemplo, cuántos litros de agua contamina una colilla de cigarrillo”, dice a Clarín Fabian de la Serna, biólogo y director de Frente Marítimo.
¿Desde este año se avanzó con normas sobre estos vehículos pero desde la Seguridad Vial, se va a tomar alguna medida desde un enfoque ambientalista?
“Sin dudas. Trabajamos en conjunto los departamentos de Seguridad, Ambiente y Frente Marítimo. Desde la ordenanza no hay una mención a lo ambiental en sí, pero es algo que atraviesa a todas nuestras acciones. Estamos empezando por la Educacion Vial, es la primera temporada con la nueva normativa. También comenzaremos con la Educación Medioambiental. Necesitamos generar conciencia ecológica. Lo iremos logrando de a poco. Seguramente también restringiremos el paso de estos vehículos por los médanos . Tenemos que estudiarlo bien”, agrega.
De la Serna dice que el boom de las ruedas en los médanos "empezó en los 90, con la llegada de las camionetas 4x4 a Pinamar". Desde entonces, su impacto no está medido.
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Agroquímicos: hubo "un abandono de la agenda"
Agroquímicos: para Rodríguez, en los últimos cuatro años hubo "un abandono de la agenda"
Fecha de Publicación: 19/02/2020
Fuente: Agencia Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense consideró que la aplicación de agroquímicos y sus efectos "tienen que ser abordados por la política pública".
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, sostuvo que la aplicación de agroquímicos y sus efectos "tienen que ser abordados por la política pública", e indicó que el gobierno anterior "abandonó esta agenda".
"La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación qué tiene que tener es un problema que tiene ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado", dijo Rodríguez a Télam.
Según el funcionario provincial, "en los últimos cuatro años hubo un abandono de esta agenda" y que "en todo caso y en última instancia, hubo un apuro por brindar alguna imagen o salida que fue la resolución 246/2018, pero esta no era resultado de un trabajo genuino o a conciencia, sino más intentar mostrar que se estaba haciendo algo".
Dicha resolución dictada por el Gobierno provincial anterior regulaba "la zona de amortiguamiento en la aplicación de fitosanitarios", aunque su aplicación fue postergada por dicha administración y suspendida por la actual.
Con el fin de definir los criterios y modalidades de uso de los fitosanitarios en la provincia, como también su impacto en la salud y el medio ambiente, la cartera agropecuaria creó el Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, integrado en primera instancia por organismos y entidades científico-técnicas públicas.
La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación qué tiene que tener es un problema que tiene ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado”
El funcionario provincial explicó que "desde el primer día fuimos diseñando la creación de un Observatorio técnico donde podamos producir, pero sobretodo, intercambiar y dialogar entre los investigadores y trabajos científicos-tecnológicos que se están desarrollando en materia de análisis de la aplicación de agroquímicos, resultados y efectos".
"Entendemos que esta es una instancia primera de orden público, para después abrir este espacio a un observatorio donde también participen los distintos representantes de la sociedad, de las entidades y asociaciones profesionales, que puedan a partir de esa documentación científico-técnica también empezar a realizar aporte en esta materia", agregó.
Según Rodríguez, en provincia "estamos en una situación donde 70 municipios tienen normativas diferentes y otros tantos no tienen una normativa específica y se rigen por la norma general de la provincia (Ley 10.699), que fue reglamentada en 1991".
A partir de esto, el funcionario nacional aspira "a generar recomendaciones hacia los municipios, un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay el suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
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Fecha de Publicación: 19/02/2020
Fuente: Agencia Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense consideró que la aplicación de agroquímicos y sus efectos "tienen que ser abordados por la política pública".
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, sostuvo que la aplicación de agroquímicos y sus efectos "tienen que ser abordados por la política pública", e indicó que el gobierno anterior "abandonó esta agenda".
"La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación qué tiene que tener es un problema que tiene ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado", dijo Rodríguez a Télam.
Según el funcionario provincial, "en los últimos cuatro años hubo un abandono de esta agenda" y que "en todo caso y en última instancia, hubo un apuro por brindar alguna imagen o salida que fue la resolución 246/2018, pero esta no era resultado de un trabajo genuino o a conciencia, sino más intentar mostrar que se estaba haciendo algo".
Dicha resolución dictada por el Gobierno provincial anterior regulaba "la zona de amortiguamiento en la aplicación de fitosanitarios", aunque su aplicación fue postergada por dicha administración y suspendida por la actual.
Con el fin de definir los criterios y modalidades de uso de los fitosanitarios en la provincia, como también su impacto en la salud y el medio ambiente, la cartera agropecuaria creó el Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, integrado en primera instancia por organismos y entidades científico-técnicas públicas.
La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación qué tiene que tener es un problema que tiene ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado”
El funcionario provincial explicó que "desde el primer día fuimos diseñando la creación de un Observatorio técnico donde podamos producir, pero sobretodo, intercambiar y dialogar entre los investigadores y trabajos científicos-tecnológicos que se están desarrollando en materia de análisis de la aplicación de agroquímicos, resultados y efectos".
"Entendemos que esta es una instancia primera de orden público, para después abrir este espacio a un observatorio donde también participen los distintos representantes de la sociedad, de las entidades y asociaciones profesionales, que puedan a partir de esa documentación científico-técnica también empezar a realizar aporte en esta materia", agregó.
Según Rodríguez, en provincia "estamos en una situación donde 70 municipios tienen normativas diferentes y otros tantos no tienen una normativa específica y se rigen por la norma general de la provincia (Ley 10.699), que fue reglamentada en 1991".
A partir de esto, el funcionario nacional aspira "a generar recomendaciones hacia los municipios, un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay el suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
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Un observatorio de agroquímicos en Buenos Aires
Buenos Aires: presentan un observatorio de agroquímicos para definir criterios de uso e impacto en el ambiente
Fecha de Publicación: 18/02/2020
Fuente: TN
Provincia/Región: Buenos Aires
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, lo anunció tras ratificar la suspensión de la resolución 246 que habilitaba las fumigaciones junto a poblaciones y escuelas rurales en todo el territorio de la Provincia.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó ayer los lineamientos para la conformación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, que definirá los criterios y modalidades de su uso, y el impacto en la salud y el ambiente.
El funcionario lo anunció tras ratificar la suspensión de la resolución 246 que habilitaba las fumigaciones con agroquímicos junto a poblaciones y escuelas rurales en todo el territorio de la provincia.
"Cualquier norma referida al uso de agroquímicos que en el futuro salga de este Ministerio, tiene que tener una fundamentación científico-técnico que la respalde basada en distintos trabajos que ya se están realizando en las universidades, el INTA, el Conicet y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)", afirmó el funcionario provincial.
Y agregó: “Hoy la información y las investigaciones están dispersas y los organismos científicos tecnológicos no encuentran un lugar en dónde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate”.
Según explicaron, el Ministerio de Desarrollo Agrario decidió suspender la vigencia de la Resolución 246 por un año y convocó a organismos públicos bonaerenses a que sean parte de una mesa de trabajo con el fin de coordinar la implementación y evaluación de políticas públicas relativas para la aplicación de agroquímicos.
Del observatorio participarán el Ministerio de Salud bonaerense, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA). También se convocó a las universidades nacionales, provinciales, el INTA y los centros de investigación científico técnico con asiento en la provincia.
En un comunicado, la cartera agraria precisó que "la anterior gestión no contempló la diversidad de las distintas realidades productivas que tiene la Provincia y desestimó los avances que obtuvieron varios municipios en materia de regulación agroquímicos”.
Además, Rodríguez remarcó que la mesa “se hace en función al cuidado de la salud, del medio ambiente, de la promoción de la producción y el cuidado del agua".
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Fecha de Publicación: 18/02/2020
Fuente: TN
Provincia/Región: Buenos Aires
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, lo anunció tras ratificar la suspensión de la resolución 246 que habilitaba las fumigaciones junto a poblaciones y escuelas rurales en todo el territorio de la Provincia.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó ayer los lineamientos para la conformación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, que definirá los criterios y modalidades de su uso, y el impacto en la salud y el ambiente.
El funcionario lo anunció tras ratificar la suspensión de la resolución 246 que habilitaba las fumigaciones con agroquímicos junto a poblaciones y escuelas rurales en todo el territorio de la provincia.
"Cualquier norma referida al uso de agroquímicos que en el futuro salga de este Ministerio, tiene que tener una fundamentación científico-técnico que la respalde basada en distintos trabajos que ya se están realizando en las universidades, el INTA, el Conicet y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)", afirmó el funcionario provincial.
Y agregó: “Hoy la información y las investigaciones están dispersas y los organismos científicos tecnológicos no encuentran un lugar en dónde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate”.
Según explicaron, el Ministerio de Desarrollo Agrario decidió suspender la vigencia de la Resolución 246 por un año y convocó a organismos públicos bonaerenses a que sean parte de una mesa de trabajo con el fin de coordinar la implementación y evaluación de políticas públicas relativas para la aplicación de agroquímicos.
Del observatorio participarán el Ministerio de Salud bonaerense, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA). También se convocó a las universidades nacionales, provinciales, el INTA y los centros de investigación científico técnico con asiento en la provincia.
En un comunicado, la cartera agraria precisó que "la anterior gestión no contempló la diversidad de las distintas realidades productivas que tiene la Provincia y desestimó los avances que obtuvieron varios municipios en materia de regulación agroquímicos”.
Además, Rodríguez remarcó que la mesa “se hace en función al cuidado de la salud, del medio ambiente, de la promoción de la producción y el cuidado del agua".
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Glifosato en el agua de lluvia
Encuentran glifosato en agua de lluvia en la provincia de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dieron a conocer el resultado de un estudio que reveló la presencia de este elemento contaminante en la localidad de Coronel Suárez. Aclararon que todavía no llegó a las napas subterráneas.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señaló que, luego de realizar un estudio en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, descubrieron la presencia de glifosato en el agua de lluvia. La investigación fue encabezada por Carina Apartín (licenciada en Bioquímica), Constanza Bernasconi y Agustina Etchegoyen (licenciadas en Química).
Desde hace años que el EMISA viene trabajando “sobre la problemática del uso de agrotóxicos, principalmente desde el enfoque ambiental”, según detalló el portal Periferia. Puntualmente estudian “la contaminación de los agrotóxicos en el agua, el suelo y en distintos escenarios: en ambiente rural, las ciudades, en escenarios de mayor riesgo como pueden ser las escuelas rurales fumigadas”.
En lo que respecta a la investigación llevada a cabo en Coronel Suárez, las científicas apuntaron que detectaron la presencia del glifosato que es “aplicado en el suelo, en diferentes etapas” en otros lugares como “en el agua de lluvia”. “Por suerte, no todavía en el agua subterránea”, destacaron.
No obstante sostuvieron que debido a “las cantidades que se están aplicando” no se descarta que “en algún momento” aparezca también en las napas.
Asimismo explicaron que “este trabajo estuvo dedicado a herbicidas, más que nada la presencia de glifosato y su metabolito, metal ampa, en donde en Coronel Suárez se detectó este elemento”. Pero también apareció en otros lugares “tanto en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.
Finalmente remarcaron que “no hay regulaciones específicas” y tampoco se cuenta “con niveles guía” para este tipo de casos.
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Fecha de Publicación: 12/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dieron a conocer el resultado de un estudio que reveló la presencia de este elemento contaminante en la localidad de Coronel Suárez. Aclararon que todavía no llegó a las napas subterráneas.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señaló que, luego de realizar un estudio en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, descubrieron la presencia de glifosato en el agua de lluvia. La investigación fue encabezada por Carina Apartín (licenciada en Bioquímica), Constanza Bernasconi y Agustina Etchegoyen (licenciadas en Química).
Desde hace años que el EMISA viene trabajando “sobre la problemática del uso de agrotóxicos, principalmente desde el enfoque ambiental”, según detalló el portal Periferia. Puntualmente estudian “la contaminación de los agrotóxicos en el agua, el suelo y en distintos escenarios: en ambiente rural, las ciudades, en escenarios de mayor riesgo como pueden ser las escuelas rurales fumigadas”.
En lo que respecta a la investigación llevada a cabo en Coronel Suárez, las científicas apuntaron que detectaron la presencia del glifosato que es “aplicado en el suelo, en diferentes etapas” en otros lugares como “en el agua de lluvia”. “Por suerte, no todavía en el agua subterránea”, destacaron.
No obstante sostuvieron que debido a “las cantidades que se están aplicando” no se descarta que “en algún momento” aparezca también en las napas.
Asimismo explicaron que “este trabajo estuvo dedicado a herbicidas, más que nada la presencia de glifosato y su metabolito, metal ampa, en donde en Coronel Suárez se detectó este elemento”. Pero también apareció en otros lugares “tanto en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”.
Finalmente remarcaron que “no hay regulaciones específicas” y tampoco se cuenta “con niveles guía” para este tipo de casos.
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Represa Portezuelo suma provincias en contra de Mendoza
La Pampa apura en la Justicia y suma aliados contra Portezuelo
Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza- La Pampa
El gobernador Ziliotto (PJ) amplió la demanda contra la represa argumentando que el caudal del río Colorado ha caído.
En 48 horas, La Pampa generó dos movimientos para resistir la construcción del dique Portezuelo del Viento. Por un lado, la ampliación de la demanda contra Mendoza y la Nación, por el otro sumó una aliada contra la represa: la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
La histórica pelea por las aguas del río Atuel sumó otra. Es que la presa Portezuelo del Viento se asentará sobre las aguas del río Grande, en Malargüe, afluente del Colorado.
Conocido el depósito de U$S 13.915.837 millones ocurrido el martes pasado, La Pampa se fue a la Corte Suprema de la Nación. La vecina provincia ya tiene una demanda contra Portezuelo del Viento, en la que pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental aguas abajo de la presa. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto presentó un escrito en el que alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
Según el gobierno pampeano, entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Además advierten que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
La demanda se inició en julio del año pasado, cuando La Pampa reclamó que no se iniciaran las obras hasta no realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que ese estudio sea aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Otros tiempos
En el seno del mismo Coirco se discutió antes la construcción de la obra. El comité no pudo definir porque se requiere unanimidad. La única provincia que se opuso fue La Pampa. Entonces Macri emitió su “laudo” favorable a la obra y el entonces gobernador pampeano Carlos Verna, fue a la Corte y el máximo tribunal validó la decisión de Macri.
Eso fue hace dos años. Mendoza y Provincia de Buenos Aires eran gobernadas por aliados políticos de Cambiemos, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal respectivamente. El Gobierno nacional era encabezado por Macri. En Río Negro gobernaba Alberto Weretilnek, un peronista que solía tener gestos hacia la Casa Rosada; en Neuquén sigue Omar Gutiérrez, quien también mantenía buen diálogo con Macri y ahora lo tiene con Alberto Fernández.
No importa quién gobierne en La Pampa, todos apuntan los cañones a Mendoza por el río Atuel y ahora también por Portezuelo. El actual gobernador es el peronista Ziliotto y mantiene la tradición de enfrentamiento con Mendoza.
En Río Negro está Arabela Carreras. Fue funcionaria de Weretilnek, y ahora está en sintonía con el presidente Fernández. El miércoles, Carreras se reunió con el pampeano Ziliotto en la rivera del Río Colorado, cauce que separa a ambas provincias (en el ya mencionado dique Casa de Piedra).
Allí ambos comunicaron que quieren que se haga una evaluación de impacto ambiental aguas abajo de la represa, para conocer los efectos de la obra en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El compromiso es el mismo que pide Ziliotto a la Corte.
A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Carlos Verna -quien inició la demanda el año pasado- dijo que “esa fue siempre la posición de La Pampa: Bienvenida Río Negro a esta posición”.
En declaraciones a la prensa local, Ziliotto aseveró que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos 100 años para entenderlo”.
¿Ziliotto logrará sumar a su cruzada contra Portezuelo a Neuquén y a Buenos Aires? Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerzas son distintas. Hoy Buenos Aires lo gobierna Axel Kicillof. Neuquén no se peleará con la Rosada.
Obra nacida del acuerdo Cobos y Kirchner
El martes el Gobierno nacional depositó casi 14 millones de dólares de la segunda cuota de un plan de pago que concluye en 2024, cuando se completen 1.123 millones de dólares para la obra. El monto y el destino nace de un acuerdo firmado por la Nación con Mendoza en 2005, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner cerraron la disputa por el resarcimiento a nuestra provincia por los efectos de la promoción industrial. En ese acuerdo, se indicaba que el dinero era para construir Portezuelo. Ese espíritu se mantuvo en el compromiso firmado por Macri con Cornejo.
¿Se puede echar atrás ese acuerdo? ¿Se puede cambiar el destino de los fondos? Mendoza quiere Portezuelo. La Pampa no porque asegura que pasará con el Colorado lo que ya pasó con el Atuel.
Claves
La obra es financiada por la Nación, a través de la emisión de Letras del Tesoro, según resolución 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.
En octubre de 2019 Mendoza recibió U$S 6,9 millones; en 2020 serán U$S 78,6 millones (los primeros U$S14 millones del año llegaron el martes pasado); en el 2021, U$S 232,8 millones; en 2022, U$S 210,9 millones; en el 2023 serán U$S 447,9 millones; y en el 2024 serán U$S 45,2 millones.
La obra incluye la represa sobre el río Grande, la relocalización de Las Loicas (el pueblo malargüino que quedará sumergido en el lago), la nueva traza de las rutas 145 (al Paso Pehuenche) y 226 y la conexión que transporte la electricidad generada al sistema interconectado nacional.
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Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza- La Pampa
El gobernador Ziliotto (PJ) amplió la demanda contra la represa argumentando que el caudal del río Colorado ha caído.
En 48 horas, La Pampa generó dos movimientos para resistir la construcción del dique Portezuelo del Viento. Por un lado, la ampliación de la demanda contra Mendoza y la Nación, por el otro sumó una aliada contra la represa: la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
La histórica pelea por las aguas del río Atuel sumó otra. Es que la presa Portezuelo del Viento se asentará sobre las aguas del río Grande, en Malargüe, afluente del Colorado.
Conocido el depósito de U$S 13.915.837 millones ocurrido el martes pasado, La Pampa se fue a la Corte Suprema de la Nación. La vecina provincia ya tiene una demanda contra Portezuelo del Viento, en la que pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental aguas abajo de la presa. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto presentó un escrito en el que alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
Según el gobierno pampeano, entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Además advierten que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
La demanda se inició en julio del año pasado, cuando La Pampa reclamó que no se iniciaran las obras hasta no realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que ese estudio sea aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Otros tiempos
En el seno del mismo Coirco se discutió antes la construcción de la obra. El comité no pudo definir porque se requiere unanimidad. La única provincia que se opuso fue La Pampa. Entonces Macri emitió su “laudo” favorable a la obra y el entonces gobernador pampeano Carlos Verna, fue a la Corte y el máximo tribunal validó la decisión de Macri.
Eso fue hace dos años. Mendoza y Provincia de Buenos Aires eran gobernadas por aliados políticos de Cambiemos, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal respectivamente. El Gobierno nacional era encabezado por Macri. En Río Negro gobernaba Alberto Weretilnek, un peronista que solía tener gestos hacia la Casa Rosada; en Neuquén sigue Omar Gutiérrez, quien también mantenía buen diálogo con Macri y ahora lo tiene con Alberto Fernández.
No importa quién gobierne en La Pampa, todos apuntan los cañones a Mendoza por el río Atuel y ahora también por Portezuelo. El actual gobernador es el peronista Ziliotto y mantiene la tradición de enfrentamiento con Mendoza.
En Río Negro está Arabela Carreras. Fue funcionaria de Weretilnek, y ahora está en sintonía con el presidente Fernández. El miércoles, Carreras se reunió con el pampeano Ziliotto en la rivera del Río Colorado, cauce que separa a ambas provincias (en el ya mencionado dique Casa de Piedra).
Allí ambos comunicaron que quieren que se haga una evaluación de impacto ambiental aguas abajo de la represa, para conocer los efectos de la obra en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El compromiso es el mismo que pide Ziliotto a la Corte.
A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Carlos Verna -quien inició la demanda el año pasado- dijo que “esa fue siempre la posición de La Pampa: Bienvenida Río Negro a esta posición”.
En declaraciones a la prensa local, Ziliotto aseveró que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos 100 años para entenderlo”.
¿Ziliotto logrará sumar a su cruzada contra Portezuelo a Neuquén y a Buenos Aires? Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerzas son distintas. Hoy Buenos Aires lo gobierna Axel Kicillof. Neuquén no se peleará con la Rosada.
Obra nacida del acuerdo Cobos y Kirchner
El martes el Gobierno nacional depositó casi 14 millones de dólares de la segunda cuota de un plan de pago que concluye en 2024, cuando se completen 1.123 millones de dólares para la obra. El monto y el destino nace de un acuerdo firmado por la Nación con Mendoza en 2005, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner cerraron la disputa por el resarcimiento a nuestra provincia por los efectos de la promoción industrial. En ese acuerdo, se indicaba que el dinero era para construir Portezuelo. Ese espíritu se mantuvo en el compromiso firmado por Macri con Cornejo.
¿Se puede echar atrás ese acuerdo? ¿Se puede cambiar el destino de los fondos? Mendoza quiere Portezuelo. La Pampa no porque asegura que pasará con el Colorado lo que ya pasó con el Atuel.
Claves
La obra es financiada por la Nación, a través de la emisión de Letras del Tesoro, según resolución 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.
En octubre de 2019 Mendoza recibió U$S 6,9 millones; en 2020 serán U$S 78,6 millones (los primeros U$S14 millones del año llegaron el martes pasado); en el 2021, U$S 232,8 millones; en 2022, U$S 210,9 millones; en el 2023 serán U$S 447,9 millones; y en el 2024 serán U$S 45,2 millones.
La obra incluye la represa sobre el río Grande, la relocalización de Las Loicas (el pueblo malargüino que quedará sumergido en el lago), la nueva traza de las rutas 145 (al Paso Pehuenche) y 226 y la conexión que transporte la electricidad generada al sistema interconectado nacional.
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Elefanta Mara parte hacia una reserva en Brasil
La elefanta Mara deja Buenos Aires para ir a una reserva en Brasil
Fecha de Publicación: 20/01/2020
Fuente: La Voz del Interior
Fecha de Publicación: 20/01/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
Elefanta 'argentina' se entrena para ser trasladada a un santuario en Brasil.
Mara escucha las órdenes "arriba, abajo, soplo'' y obedientemente alza la trompa por la que le introdujeron una solución salina, luego la baja y expulsa el líquido en una bolsa para que sea analizado. Como premio, su cuidador le entrega un trozo de fruta.
La elefanta asiática se prepara así para los estudios médicos que le realizarán durante la cuarentena previa a su traslado al Santuario de Elefantes de Brasil, situado en el estado de Mato Grosso y más acorde a sus necesidades que el pequeño predio donde reside en el antiguo zoológico de Buenos Aires, transformado en Ecoparque en 2016.
El lavaje de trompa permite obtener una muestra que se somete a un cultivo microbiológico para determinar si el animal padece alguna enfermedad infecciosa como la tuberculosis.
Durante el entrenamiento en un habitáculo rodeado de gruesos barrotes, la elefanta también presenta gentilmente las patas delanteras, las traseras y una oreja, que va asomando a través de ventanas situadas a distinta altura, a medida que sus cuidadores se lo solicitan. En esas áreas del cuerpo se le podrían realizar extracciones de sangre durante la cuarentena.
"Es algo positivo para ella que pueda estar en un lugar con más espacio y conviviendo con otros elefantes asiáticos... Uno va a extrañar la presencia del animal, pero hay que salir de esa zona de egoísmo y pensar que va a estar en un lugar mejor'', dijo a The Associated Press Natalia Demergassi, coordinadora del sector de veterinaria del Ecoparque.
La elefanta de más de cuatro toneladas se turna con Pupi y Kuki, dos ejemplares africanos, en el uso de las instalaciones del espacio restringido donde residen, ya que no pueden convivir en el mismo lugar por pertenecer a especies distintas. Así, durante las horas que una de ellas está en un área abierta, las otras dos ocupan un recinto cubierto.
Pero la solitaria vida de Mara en el Ecoparque, rodeado de altos edificios y sumergido en el ruido del tráfico de la ciudad, cambiará radicalmente cuando sea trasladada durante el primer cuatrimestre del año al Santuario de Elefantes, el primero creado en América Latina y conducido por las organizaciones Global Sanctuary for Elephants (Santuario Global para Elefantes) y Elephant Voices (Voces de Elefantes).
Los principales permisos para su relocalización ya fueron aprobados por las autoridades de Brasil y Argentina.
En ese lugar boscoso creado para rescatar paquidermos cautivos o en riesgo y que busca la conservación del medio ambiente le esperan más de 1.000 hectáreas cubiertas de pasturas y riachuelos donde podrá interactuar con otros ejemplares de su especie, el entorno ideal para aprender a vivir como una verdadera elefanta.
Nacida en cautiverio en la India -se cree que antes de 1970- Mara fue comercializada y mantenida en cautiverio en Alemania y luego pasó a integrar un circo en Uruguay. Posteriormente fue utilizada por dos circos en Argentina, hasta la quiebra del último cuando ingresó en carácter de depósito judicial al zoológico de Buenos Aires en 1995.
Del maltrato circense le quedaron huellas, como la deformación articular de su pata delantera derecha que estuvo encadenada, lo que hace que distribuya su peso de forma anormal.
"No significa que en Brasil va a ser totalmente independiente porque los animales que tienen cuidados humanos siempre tienen algún nivel de dependencia, pero va a realizar más elecciones y eso es importante'', explicó Federico Iglesias, titular del Ecoparque. Este lugar, que apunta a sumarse a la tendencia mundial de reemplazar los obsoletos zoológicos por áreas para la preservación de la biodiversidad, ha derivado a más de 800 animales a entornos más idóneos.
Mara también será entrenada para adaptarse a la caja metálica en la que viajará más de 2.500 kilómetros durante tres a cuatro días.
El traslado a Brasil implica "asumir ciertos riesgos y compromisos'', dijo Iglesias, en referencia al largo viaje por carretera luego de que se descartara la posibilidad de someter al animal a un viaje en avión y a las operaciones de despegue y aterrizaje. "Pero creemos que el beneficio de ese riesgo vale la pena porque su calidad de vida va a ser infinitamente superior a la que le podemos dar acá'', añadió.
La travesía hasta Chapada dos Guimarães -la ciudad cercana al santuario- se dividirá en distintas paradas, tantas como necesite Mara, que irá acompañada de personal del parque brasileño y de alguno de sus cuidadores argentinos.
La caja ya ha sido instalada en el predio que habita para que se acostumbre a su presencia. Con los días será abierta para que pueda habituarse a permanecer adentro.
"Trabajamos para que los animales vayan despiertos y tranquilos en la caja, que ellos se habitúen, coman, se puedan acostar... para que jueguen y sientan que no están encerrados'', dijo a AP Marcos Flores, uno de los cuidadores de la paquiderma.
Dentro del habitáculo habrá una especie de arnés que sostendrá a Mara para que pueda descansar.
El naturalista y museólogo Claudio Bertonatti, asesor científico de la FundaciónádeáHistoria NaturaláFélix deáAzara, consideró que "está muy bien derivar un animal como la elefanta Mara que no tiene sentido hoy en Argentina. No tiene pareja, no hay un plan reproductivo ni de educación ambiental''.
La relocalización de la orangutana Sandra en 2019 en el santuario Center for Great Apes de Estados Unidos también conllevó un entrenamiento previo para que pudiera viajar en una caja metálica tanto en avión como por tierra.
El Ecoparque también planea trasladar este año a los tigres blancos de Bengala a The Wild Animal Sanctuary en Colorado, Estados Unidos.
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Elefanta 'argentina' se entrena para ser trasladada a un santuario en Brasil.
Mara escucha las órdenes "arriba, abajo, soplo'' y obedientemente alza la trompa por la que le introdujeron una solución salina, luego la baja y expulsa el líquido en una bolsa para que sea analizado. Como premio, su cuidador le entrega un trozo de fruta.
La elefanta asiática se prepara así para los estudios médicos que le realizarán durante la cuarentena previa a su traslado al Santuario de Elefantes de Brasil, situado en el estado de Mato Grosso y más acorde a sus necesidades que el pequeño predio donde reside en el antiguo zoológico de Buenos Aires, transformado en Ecoparque en 2016.
El lavaje de trompa permite obtener una muestra que se somete a un cultivo microbiológico para determinar si el animal padece alguna enfermedad infecciosa como la tuberculosis.
Durante el entrenamiento en un habitáculo rodeado de gruesos barrotes, la elefanta también presenta gentilmente las patas delanteras, las traseras y una oreja, que va asomando a través de ventanas situadas a distinta altura, a medida que sus cuidadores se lo solicitan. En esas áreas del cuerpo se le podrían realizar extracciones de sangre durante la cuarentena.
"Es algo positivo para ella que pueda estar en un lugar con más espacio y conviviendo con otros elefantes asiáticos... Uno va a extrañar la presencia del animal, pero hay que salir de esa zona de egoísmo y pensar que va a estar en un lugar mejor'', dijo a The Associated Press Natalia Demergassi, coordinadora del sector de veterinaria del Ecoparque.
La elefanta de más de cuatro toneladas se turna con Pupi y Kuki, dos ejemplares africanos, en el uso de las instalaciones del espacio restringido donde residen, ya que no pueden convivir en el mismo lugar por pertenecer a especies distintas. Así, durante las horas que una de ellas está en un área abierta, las otras dos ocupan un recinto cubierto.
Pero la solitaria vida de Mara en el Ecoparque, rodeado de altos edificios y sumergido en el ruido del tráfico de la ciudad, cambiará radicalmente cuando sea trasladada durante el primer cuatrimestre del año al Santuario de Elefantes, el primero creado en América Latina y conducido por las organizaciones Global Sanctuary for Elephants (Santuario Global para Elefantes) y Elephant Voices (Voces de Elefantes).
Los principales permisos para su relocalización ya fueron aprobados por las autoridades de Brasil y Argentina.
En ese lugar boscoso creado para rescatar paquidermos cautivos o en riesgo y que busca la conservación del medio ambiente le esperan más de 1.000 hectáreas cubiertas de pasturas y riachuelos donde podrá interactuar con otros ejemplares de su especie, el entorno ideal para aprender a vivir como una verdadera elefanta.
Nacida en cautiverio en la India -se cree que antes de 1970- Mara fue comercializada y mantenida en cautiverio en Alemania y luego pasó a integrar un circo en Uruguay. Posteriormente fue utilizada por dos circos en Argentina, hasta la quiebra del último cuando ingresó en carácter de depósito judicial al zoológico de Buenos Aires en 1995.
Del maltrato circense le quedaron huellas, como la deformación articular de su pata delantera derecha que estuvo encadenada, lo que hace que distribuya su peso de forma anormal.
"No significa que en Brasil va a ser totalmente independiente porque los animales que tienen cuidados humanos siempre tienen algún nivel de dependencia, pero va a realizar más elecciones y eso es importante'', explicó Federico Iglesias, titular del Ecoparque. Este lugar, que apunta a sumarse a la tendencia mundial de reemplazar los obsoletos zoológicos por áreas para la preservación de la biodiversidad, ha derivado a más de 800 animales a entornos más idóneos.
Mara también será entrenada para adaptarse a la caja metálica en la que viajará más de 2.500 kilómetros durante tres a cuatro días.
El traslado a Brasil implica "asumir ciertos riesgos y compromisos'', dijo Iglesias, en referencia al largo viaje por carretera luego de que se descartara la posibilidad de someter al animal a un viaje en avión y a las operaciones de despegue y aterrizaje. "Pero creemos que el beneficio de ese riesgo vale la pena porque su calidad de vida va a ser infinitamente superior a la que le podemos dar acá'', añadió.
La travesía hasta Chapada dos Guimarães -la ciudad cercana al santuario- se dividirá en distintas paradas, tantas como necesite Mara, que irá acompañada de personal del parque brasileño y de alguno de sus cuidadores argentinos.
La caja ya ha sido instalada en el predio que habita para que se acostumbre a su presencia. Con los días será abierta para que pueda habituarse a permanecer adentro.
"Trabajamos para que los animales vayan despiertos y tranquilos en la caja, que ellos se habitúen, coman, se puedan acostar... para que jueguen y sientan que no están encerrados'', dijo a AP Marcos Flores, uno de los cuidadores de la paquiderma.
Dentro del habitáculo habrá una especie de arnés que sostendrá a Mara para que pueda descansar.
El naturalista y museólogo Claudio Bertonatti, asesor científico de la FundaciónádeáHistoria NaturaláFélix deáAzara, consideró que "está muy bien derivar un animal como la elefanta Mara que no tiene sentido hoy en Argentina. No tiene pareja, no hay un plan reproductivo ni de educación ambiental''.
La relocalización de la orangutana Sandra en 2019 en el santuario Center for Great Apes de Estados Unidos también conllevó un entrenamiento previo para que pudiera viajar en una caja metálica tanto en avión como por tierra.
El Ecoparque también planea trasladar este año a los tigres blancos de Bengala a The Wild Animal Sanctuary en Colorado, Estados Unidos.
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Kicillof seguiría con la normativa que limita fumigaciones
Agrotóxicos bonaerenses: Kicillof extenderá la suspensión a la norma de Vidal que habilita fumigaciones irrestrictas
Fecha de Publicación: 18/01/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
A través de la cartera de Desarrollo Agrario, el gobierno que encabeza Axel Kicillof volverá a suspender la norma 246 que, promovida en tiempos de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia, habilita las pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones y escuelas rurales en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires.
El marco en cuestión, de no congelarse otra vez, también avalaría el uso de plaguicidas pegado a cursos de agua, sitios de bombeo, reservas naturales y áreas de esparcimiento. La 246 entró en vigencia el 1° de enero de 2019, pero tras el rechazo generalizado resultó suspendida por un año.
Con fecha de activación fijada para el próximo 18 de febrero, iProfesional tomó contacto con fuentes de la Gobernación para conocer qué decisión tomará la administración Kicillof al cumplirse el plazo. Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo la respuesta fue una sola: "La norma se volverá a suspender. Por ahora, no está definido si se hará por un año o más."
Las voces interpeladas omitieron cualquier referencia a la eventual derogación de la 246. El lapso pautado para la renovada suspensión que se viene quedará definido antes de que comience febrero.
La resolución 246 estimula el uso irrestricto de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos. Fue promovida por Leonardo Sarquís, ex ministro de agroindustria bonaerense con pasado en el área de ventas de uno de los actores clave de la producción de plaguicidas y transgénicos a nivel planetario: la estadounidense Monsanto, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer.
En concreto, el marco -que ahora se volverá a aplazar, por ende no entrará en vigencia- legaliza la aplicación de agrotóxicos sin especificar distancias mínimas de centros urbanos o escuelas rurales. Y tampoco fija límites de protección de ríos, arroyos, lagos y lagunas bonaerenses.
Para los establecimientos educativos ubicados fuera de los ejidos urbanos el único criterio pro alumnos que contempla es el veto a las fumigaciones en horario escolar. Quienes utilizan plaguicidas, de acuerdo al marco, pueden aplicarlos junto a las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. Y, por supuesto, 60 segundos después de vaciadas las aulas.
Semejante decisión va a contramano de toda la bibliografía científica independiente generada tanto en Argentina –sobre todo por la Universidad de La Plata, con el doctor Damián Marino a la cabeza– como en el resto del mundo.
Un amplio volumen de trabajos técnicos demuestra el alto grado de persistencia en el ambiente que ostentan estos compuestos así como su capacidad para desplazarse –la deriva, una de sus formas– por varios kilómetros vía aspectos atmosféricos y climáticos como el viento, la lluvia, humedad del suelo y la misma temperatura, por citar algunos factores.
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Fecha de Publicación: 18/01/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
A través de la cartera de Desarrollo Agrario, el gobierno que encabeza Axel Kicillof volverá a suspender la norma 246 que, promovida en tiempos de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia, habilita las pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones y escuelas rurales en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires.
El marco en cuestión, de no congelarse otra vez, también avalaría el uso de plaguicidas pegado a cursos de agua, sitios de bombeo, reservas naturales y áreas de esparcimiento. La 246 entró en vigencia el 1° de enero de 2019, pero tras el rechazo generalizado resultó suspendida por un año.
Con fecha de activación fijada para el próximo 18 de febrero, iProfesional tomó contacto con fuentes de la Gobernación para conocer qué decisión tomará la administración Kicillof al cumplirse el plazo. Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo la respuesta fue una sola: "La norma se volverá a suspender. Por ahora, no está definido si se hará por un año o más."
Las voces interpeladas omitieron cualquier referencia a la eventual derogación de la 246. El lapso pautado para la renovada suspensión que se viene quedará definido antes de que comience febrero.
La resolución 246 estimula el uso irrestricto de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos. Fue promovida por Leonardo Sarquís, ex ministro de agroindustria bonaerense con pasado en el área de ventas de uno de los actores clave de la producción de plaguicidas y transgénicos a nivel planetario: la estadounidense Monsanto, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer.
En concreto, el marco -que ahora se volverá a aplazar, por ende no entrará en vigencia- legaliza la aplicación de agrotóxicos sin especificar distancias mínimas de centros urbanos o escuelas rurales. Y tampoco fija límites de protección de ríos, arroyos, lagos y lagunas bonaerenses.
Para los establecimientos educativos ubicados fuera de los ejidos urbanos el único criterio pro alumnos que contempla es el veto a las fumigaciones en horario escolar. Quienes utilizan plaguicidas, de acuerdo al marco, pueden aplicarlos junto a las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. Y, por supuesto, 60 segundos después de vaciadas las aulas.
Semejante decisión va a contramano de toda la bibliografía científica independiente generada tanto en Argentina –sobre todo por la Universidad de La Plata, con el doctor Damián Marino a la cabeza– como en el resto del mundo.
Un amplio volumen de trabajos técnicos demuestra el alto grado de persistencia en el ambiente que ostentan estos compuestos así como su capacidad para desplazarse –la deriva, una de sus formas– por varios kilómetros vía aspectos atmosféricos y climáticos como el viento, la lluvia, humedad del suelo y la misma temperatura, por citar algunos factores.
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Procesamiento a Ex funcionario de Mercado de Liniers
Ex presidente del Mercado de Liniers procesado por tirar efluentes al Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
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Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
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Kicillof también piensa en los agrotóxicos para su agenda
Agroquímicos, en la agenda 2020 de Kicillof
Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: ABC Saladillo
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante una visita a la localidad de Bolívar, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una serie de reuniones en las que avanzó en importantes anuncios. Vale recordar que, Rodríguez fue el encargado de organizar el encuentro entre el hoy gobernador, Axel Kicillof, y la sociedad rural de Bragado allá por febrero de este año donde comenzó a tomar forma la candidatura del ex ministro de Economía.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Cabe recordar que, como informó LaTecla.info en sus informes especiales, desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
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Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: ABC Saladillo
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante una visita a la localidad de Bolívar, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una serie de reuniones en las que avanzó en importantes anuncios. Vale recordar que, Rodríguez fue el encargado de organizar el encuentro entre el hoy gobernador, Axel Kicillof, y la sociedad rural de Bragado allá por febrero de este año donde comenzó a tomar forma la candidatura del ex ministro de Economía.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Cabe recordar que, como informó LaTecla.info en sus informes especiales, desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
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El Palomar sigue generando acciones en la justicia
Cierre definitivo de El Palomar
Fecha de Publicación: 28/12/2019
Fuente: diario1588.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Solicitaron el cierre definitivo del aeropuerto El Palomar tras una nueva denuncia. Fue hecha por el grupo de vecinos que logró un amparo para limitar las operaciones nocturnas. El aeropuerto ubicado en El Palomar sumó una nueva denuncia debido a presunto exceso en límites de ruido que están permitidos. La denuncia fue hecha por los vecinos y presentada ante la jueza Martina Forns. En la nueva presentación se pide la clausura del lugar y que se terminen los vuelos comerciales. Hace algunos meses se habían suspendido los vuelos nocturnos. El abogado que presentó los primeros amparos, Lucas Marisi, expresó que “los funcionarios del Ministerio de Transporte y de la ANAC falsificaron los límites máximos de ruido para ocultar el daño ambiental y el impacto acústico sobre la población”. En cuanto a las denuncias presentadas, la de exceso de límites sonoros se hizo por última vez el 17 de diciembre. Los vecinos pudieron constatar por los últimos informes de mediciones de ruido que las mediciones fueron alteradas.
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Fecha de Publicación: 28/12/2019
Fuente: diario1588.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Solicitaron el cierre definitivo del aeropuerto El Palomar tras una nueva denuncia. Fue hecha por el grupo de vecinos que logró un amparo para limitar las operaciones nocturnas. El aeropuerto ubicado en El Palomar sumó una nueva denuncia debido a presunto exceso en límites de ruido que están permitidos. La denuncia fue hecha por los vecinos y presentada ante la jueza Martina Forns. En la nueva presentación se pide la clausura del lugar y que se terminen los vuelos comerciales. Hace algunos meses se habían suspendido los vuelos nocturnos. El abogado que presentó los primeros amparos, Lucas Marisi, expresó que “los funcionarios del Ministerio de Transporte y de la ANAC falsificaron los límites máximos de ruido para ocultar el daño ambiental y el impacto acústico sobre la población”. En cuanto a las denuncias presentadas, la de exceso de límites sonoros se hizo por última vez el 17 de diciembre. Los vecinos pudieron constatar por los últimos informes de mediciones de ruido que las mediciones fueron alteradas.
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Otra limitación legal de fumigaciones en Buenos Aires
Agroquímicos: un juez prohíbe las fumigaciones a menos de 1.500 metros
Fecha de Publicación: 23/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Una denuncia penal presentada en la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental derivó en una resolución judicial con impacto en todas las zonas urbanizadas del frente costero marchiquitense.
Integrantes de diversas organizaciones ambientales y residentes del partido de Mar Chiquita recibieron el aval del juez en lo Civil y Comercial, Héctor Fabián Casas, quien resolvió a favor de la petición realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental Nº 11 para detener el uso y la aplicación de agroquímicos en diversas urbanizaciones de la zona costera del distrito.
Preocupados por la ausencia de resguardo sanitario y ambiental por parte de los funcionarios públicos del municipio, desde el Poder Judicial decretaron una medida protectora inmediata y decidieron impedir que los privados continúen con las acciones contaminantes y degradantes en todo el corredor poblacional que se extiende desde Santa Clara del Mar hasta la laguna de Mar Chiquita.
Casas resolvió la cuestión tan sola una semana después de realizada la presentación, lo que para los afectados muestra lo "contundente de la realidad adversa que vivimos".
La organización comunitaria en torno a esta grave problemática se inició hace un año, cuando varios vecinos decidieron comenzar a realizar diversas acciones para cambiar la situación impuesta por los explotadores agrícola-industriales en los campos lindantes a diversos barrios y localidades, entre ellos: Playa Dorada, Santa Elena, Frente Mar, Atlántida, Santa Clara del Mar, Camet Norte, La Caleta, Mar de Cobo, La Baliza, Parque Lago y el balneario Mar Chiquita.
El juez ordenó a los demandados abstenerse de aplicar, manipular, trasladar y disponer de agroquímicos y/o cualquier tipo de residuo peligroso a una distancia menor a mil quinientos metros (1.500 mts) de zonas pobladas, escuelas rurales, núcleos de viviendas habitadas, cursos de agua tales como arroyos, lagunas y el Mar Argentino, postas sanitarias, centros asistenciales, villas recreativas y deportivas.
Las miradas están puestas sobre las firmas "Los Grobo Agropecuaria S.A.", "Echevarria Santiago y Echevarria Juan Sociedad de Hecho", "Garcia Carlos Alberto y Garcia Hector Roberto Sociedad de Hecho", "29 de junio S.A.", "Espartina S.A..", "Surco Sociedad Anónima Inmobiliaria Financiera Comercial e Industria", "Ganadera San Ramon S.A.", "Toledo Adalberto Obdulio", " Lavigne Jose Maria", "Ganadera San Ramón" y "Voyaguer S.A.".
Casas también dispuso a las empresas demandadas a abstenerse de circular con los equipos de aplicación terrestre (denominados "mosquitos" o cisternas contenedoras de químicos por medios de arrastre) por centros poblados y aclaró que, en caso de tener que hacerlo por extrema necesidad, deben concretarlo sin carga, limpios y sin picos pulverizadores.
La determinación judicial deberá ser comunicada además al Instituto Provincial de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Ambiente de la Nación y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Asuntos Agrarios y Pesca de la Provincia de Buenos Aires y, en su carácter de Autoridades de Aplicación de las leyes vinculadas, a la Municipalidad de Mar Chiquita y a la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
Además, se le requirió a la Municipalidad de Mar Chiquita informar en el término de cinco días hábiles sobre la existencia de reglamentación local que regule la aplicación, manipulación, traslado y disposición de agroquímicos y/o cualquier tipo de residuos peligrosos. De no existir, el poder Ejecutivo y los concejales deberán avanzar en la conformación de una ordenanza.
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Pergamino: justicia pide informes sobre la contaminación
La Fiscalía pidió un informe urgente sobre la contaminación en Pergamino
Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Un ensalada con agroquímicos
Detectan agroquímicos en numerosas ensaladas preparadas de góndolas marplatenses
Fecha de Publicación: 18/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la ONG Bios explicaron que los niveles detectados son los permitidos por el Senasa pero advirtieron que afectan al sistema nervioso.
Un análisis efectuado en numerosas ensaladas preparadas que se comercializan en verdulerías y supermercados de Mar del Plata, comprobó que tienen niveles de agrotóxicos que si bien están dentro de los permitidos por las autoridades fitosanitarias del país, pueden afectar el sistema nervioso.
El trabajo fue realizado por la ONG Bios Argentina, que tomaron las muestras en verdulerías pequeñas, grandes y hasta en una cadena de supermercados local.
En un informe suministrado a 0223, explicaron que fueron analizados distintas variedades de vegetales presentes en una ensalada. "Cada ensalada fue analizada uniendo los ingredientes en una masa única. Esto hace que algún agrotóxico haya podido quedar diluido en la mezcla, y su detección se presente disminuida por debajo del límite de detección del equipo analítico, que es 0,005mg/kg, pero no significa en modo alguno que no haya otras varias presencias en este cóctel”, indicaron desde la ONG.
Algunos de los elementos encontrados fueron bifentrin, metalaxil, imidacloprid, imidacloprid, difenoconazole, tebuconazole, lambdacialotrina, azoxystrobin, tiamethozam y clorpirifos etil, funguicidas e insecticidas, algunos que están prohibidos en países como Brasil, Holanda, Oman, Noruega, Palestina, Arabia Saudita, Sri Lanka, Vietnam y algunos próximamente a ser prohibidos en la Unión Europea.
“El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el nivel que se considera oficialmente como aceptable de residuos de fertilizantes o medicamentos que puede contener un alimento. Los LMR ignoran más de 20 años de investigaciones, e ignoran si el comensal es un bebé que come sus primeros purés, si el comensal es un trasplantado con sus defensas bajas, si el comensal es un anciano, si el comensal es un atleta si la comensal es una embarazada. Además, ignoran cuánto ha comido hoy la persona, porque los vegetales no vienen con una etiqueta que diga qué es lo que tienen y en qué cantidades lo tienen. E ignoran la sinergia que se puede producir con las combinaciones de estas sustancias”, cuestionaron.
En ese punto, desde Bios remarcaron que “estos son los valores que estamos criticando, los límites máximos que están amparados por la ley son los que te permiten comer todos estas cosas. Te van decir, ´lo siento, es el Senasa que está actuando bajo las resoluciones vigentes´. Nosotros queremos cambiar las resoluciones vigentes porque esos límites son un número mágico y puestos de manera arbitraria”.
“Bajo los límites máximos permitidos hay un montón de sustancias. ´Coma tranquilo, acá tienen 100 gotitas de veneno pero una gotita no le va a hacer nada´. Nadie te puede decir que te va a hacer porque la mezcla es infinita. Pero una molécula ya es tóxica y afecta al sistema hormonal”, cuestionaron.
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Fecha de Publicación: 18/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la ONG Bios explicaron que los niveles detectados son los permitidos por el Senasa pero advirtieron que afectan al sistema nervioso.
Un análisis efectuado en numerosas ensaladas preparadas que se comercializan en verdulerías y supermercados de Mar del Plata, comprobó que tienen niveles de agrotóxicos que si bien están dentro de los permitidos por las autoridades fitosanitarias del país, pueden afectar el sistema nervioso.
El trabajo fue realizado por la ONG Bios Argentina, que tomaron las muestras en verdulerías pequeñas, grandes y hasta en una cadena de supermercados local.
En un informe suministrado a 0223, explicaron que fueron analizados distintas variedades de vegetales presentes en una ensalada. "Cada ensalada fue analizada uniendo los ingredientes en una masa única. Esto hace que algún agrotóxico haya podido quedar diluido en la mezcla, y su detección se presente disminuida por debajo del límite de detección del equipo analítico, que es 0,005mg/kg, pero no significa en modo alguno que no haya otras varias presencias en este cóctel”, indicaron desde la ONG.
Algunos de los elementos encontrados fueron bifentrin, metalaxil, imidacloprid, imidacloprid, difenoconazole, tebuconazole, lambdacialotrina, azoxystrobin, tiamethozam y clorpirifos etil, funguicidas e insecticidas, algunos que están prohibidos en países como Brasil, Holanda, Oman, Noruega, Palestina, Arabia Saudita, Sri Lanka, Vietnam y algunos próximamente a ser prohibidos en la Unión Europea.
“El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el nivel que se considera oficialmente como aceptable de residuos de fertilizantes o medicamentos que puede contener un alimento. Los LMR ignoran más de 20 años de investigaciones, e ignoran si el comensal es un bebé que come sus primeros purés, si el comensal es un trasplantado con sus defensas bajas, si el comensal es un anciano, si el comensal es un atleta si la comensal es una embarazada. Además, ignoran cuánto ha comido hoy la persona, porque los vegetales no vienen con una etiqueta que diga qué es lo que tienen y en qué cantidades lo tienen. E ignoran la sinergia que se puede producir con las combinaciones de estas sustancias”, cuestionaron.
En ese punto, desde Bios remarcaron que “estos son los valores que estamos criticando, los límites máximos que están amparados por la ley son los que te permiten comer todos estas cosas. Te van decir, ´lo siento, es el Senasa que está actuando bajo las resoluciones vigentes´. Nosotros queremos cambiar las resoluciones vigentes porque esos límites son un número mágico y puestos de manera arbitraria”.
“Bajo los límites máximos permitidos hay un montón de sustancias. ´Coma tranquilo, acá tienen 100 gotitas de veneno pero una gotita no le va a hacer nada´. Nadie te puede decir que te va a hacer porque la mezcla es infinita. Pero una molécula ya es tóxica y afecta al sistema hormonal”, cuestionaron.
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