Crean juzgados para sancionar daños ambientales

Crean juzgados para sancionar daños contra el medio ambiente

Fecha de Publicación: 17/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ejecutivo impulsa la creación de un Código de Faltas para esa materia que contempla multas y hasta arresto de infractores
El gobierno bonaerense impulsará la creación de un Código de Faltas Ambiental que será la base para la sanción de las infracciones que se comentan en perjuicio del medio ambiente. Y en ese nuevo marco normativo, se crearán ocho juzgados que serán los encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y hasta la posibilidad de aplicar el arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación.
El voluminoso proyecto ya está redactado y a punto de ser girado a la Legislatura. Y otra de sus características salientes es que establece competencias en el sentido de qué tipo de contravenciones serán juzgadas en los municipios y cuáles en los nuevos organismos que se prevén crear en la iniciativa.
El proyecto está siendo impulsado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el área medioambiental a cargo de José Molina. Según trascendió, el nuevo plexo normativo pasó por el filtro de los Organismos de la Constitución y fue presentado en los últimos días ante un grupo de legisladores provinciales.
"Buenos Aires va a ser la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental", le dijo a este diario el coordinador ejecutivo de Control y Fiscalización Ambiental bonaerense, Carlos Olivera. "Nuestro objetivo es que exista un solo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la Provincia como por los municipios, porque ahora existen por lo menos cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes", añadió.
"Hoy hay una dirección de Fiscalización que fiscaliza, labra la infracción, sigue el expediente y hace la infracción si corresponde. Lo que vamos a hacer es dividir esta tarea. Esta dirección ahora va a fiscalizar y hasta clausurar, pero el resto del trámite seguirá en los juzgados administrativos" que funcionarán en la órbita del OPDS o en los municipios, añadió el funcionario.
Con esta división de funciones, se busca además descomprimir el cuello de botella generado en Fiscalización. "No va a tener la carga de seguir con el procedimiento hasta la multa. Hemos quintuplicado las inspecciones, lo que implica una gran carga de expedientes, que hace que muchas veces no se sigan como corresponde y además en muchos casos terminen prescribiendo las penas", sostuvo Olivera.
El nuevo Código de Faltas determinará cuáles serán las competencias que conservará la Provincia y cuáles tendrán los municipios. Cuando un inspector del OPDS constate una falta que es municipal, se la trasladará directamente al juez de faltas de esa comuna.
"Con la división de competencias se persigue además que el OPDS, en un futuro, se pueda ir dedicando a lo más complejo, y que las industrias de primera categoría, que son las que menos perjuicios generan para el ambiente estén controladas por el municipio", dijo Olivera.
Por ejemplo, las faltas cometidas por empresas de alta complejidad seguirán siendo labradas por el OPDS y juzgadas por los nuevos tribunales, en tanto el control de silos, matafuegos, fed lots, cementerios y crematorios o la ley de bolsas, por ejemplo, serán competencia municipal y las sanciones serán aplicadas por los jueces de Faltas locales.
En tanto, las apelaciones a estas sentencias serán dirimidas en la justicia correccional ordinaria.
Otra de las novedades del proyecto de Código de Faltas es la creación de un Registro Unico de Infractores ambientales. "De esta manera, y al trabajar en conjunto con los municipios, vamos a tener los antecedentes de la empresa y ver si son reincidentes", dijo Olivera.
En lo que respecta a las sanciones, se establecen máximos que van hasta los 1.000 sueldos de la administración pública, unos 2 millones de pesos.
Pero también se incluyen otras penas como apercibimientos, clausuras o inhabilitaciones y, como se dijo, el arresto domiciliario en casos graves de contaminación. También, los jueces podrían disponer para algunos infractores tareas comunitarias.
En relación al destino de las multas, irán a las arcas municipales cuando actúe la comuna y a las de la Provincia cuando intervenga el OPDS. Si hay una actuación conjunta, se dividirán por mitades.
"Pero estos montos no irán a Rentas Generales. Se destinarán para financiar medidas de protección, atención de emergencias ambientales, campañas de difusión, comprar camionetas, elementos, capacitar al personal, contratar inspectores o adquirir insumos", concluyó el funcionario.

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