Vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental: de qué se trata el Acuerdo de Escazú

Fecha de Publicación: 17/08/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Durante la cuarentena, se hizo evidente nuestra relación con el medio ambiente y con la sobreexplotación extractiva, contaminante e insostenible que deteriora cada vez más los ecosistemas y nos expone a la emergencia de enfermedades zoonóticas
El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental y es la base del Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
En el documento, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), se sentaron las bases para el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, entre otros grandes temas.
La pandemia por SARS-CoV-2 nos deja un planteo fundamental ante una crisis de valores impostergable. Debido a la cuarentena que vivimos como medida preventiva a la pandemia de COVID-19, los abrazos a nuestros familiares hoy tienen otra valoración y la posibilidad de ver a nuestros seres queridos adquirió una nueva dimensión, de la misma manera que reivindicamos y reconocemos a la solidaridad y la empatía como protagonistas para salir adelante y superar la situación.
Sin embargo, durante la cuarentena, otro aspecto se hizo evidente y adquirió una relevancia inusitada: nuestra relación con el medio ambiente y con la sobreexplotación extractiva, contaminante e insostenible que deteriora cada vez más los ecosistemas y nos expone a la emergencia de enfermedades zoonóticas, además de degradar el medio ambiente en que vivimos.
A nivel local, los constantes desmontes y deforestación en el norte de nuestro país, el conflicto con la minería, los incendios en las islas del Delta, la pesca ilegal en el mar Argentino y la pesca indiscriminada durante la bajante histórica del Rio Paraná, fueron y son acontecimientos que matizan la cuarentena generando un amplio repudio viralizado dentro de la sociedad, ONGs y activistas ambientales.
Esta situación se extiende en el espacio y el tiempo cuando recordamos los incendios intencionales y devastadores que representaron la pérdida de más de 2,5 millones de hectáreas sólo en el mes de agosto de 2019 en el Amazonas, los conflictos con la megaminería en varios países de América Latina, que provocaron en nuestro país el desastre de Jáchal, la tala para madera ilegal y desforestación descontrolada para agroindustria en la región, las inundaciones e incendios debido al cambio climático en nuestro país, y, lo mas preocupante, el asesinato de activistas ambientales que defienden los recursos de tierra y agua frente a los intereses de minería, agronegocios y combustibles fósiles.
La OMS estima que la degradación ambiental es responsable de 23% de todas las muertes en el mundo y de acuerdo a la ONG Global Witness, el año 2019 representó un récord, de una tendencia en aumento, con 212 asesinatos registrados de activistas ambientales, a pesar de que muchos casos no son documentados o son silenciados con amedrentamientos.
Más de dos tercios de estos asesinatos ocurrieron en América Latina, principalmente en Colombia, lo que nos convierte en la región mas peligrosa a nivel mundial. El medio ambiente comienza a ser un nuevo punto de conflicto para los derechos humanos por la demanda continua de productos como madera, minerales y aceite de palma. Según el informe de Global Witness, el 40% de los defensores asesinados eran indígenas, a pesar de que estas comunidades representan solo el 5% de la población mundial, sus territorios representan el 20% del planeta, de acuerdo a la ONU. Cada vez se utilizan métodos más violentos para apropiarse de las tierras, debido a que están generalmente intactas con una vasta riqueza en recursos naturales que las coloca en la mira de los intereses explotadores de grandes industrias.
Todos estos acontecimientos causan impotencia y repudio generalizado ante los hechos de vandalismo y sobreexplotación ambiental y ponen en relieve la orfandad y falta de herramientas de las comunidades locales a la hora de frenar estos abusos. En el marco de este reclamo silencioso que cada vez se hace mas fuerte surge el Acuerdo de Escazú como un instrumento internacional que articula el derecho a vivir en un ambiente sano como derecho humano.
El “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido Acuerdo de Escazú por la cuidad Costarricence donde fue adoptado en marzo de 2018, es un nuevo acuerdo vinculante de derechos ambientales para América Latina y el Caribe y un instrumento jurídico pionero que promueve la democracia ambiental integrando a grupos históricamente excluidos y comunidades más vulnerables, dando respuestas a algunos de los conflictos más urgentes del desarrollo que explota intensivamente los ecosistemas en la región.
El documento de Escazú tiene tres pilares fundamentales: El derecho del público a la información en temas ambientales que determina que cualquier persona tiene derecho a acceder a la información pública en manos del Estado. Para ello el Estado debe promover la elaboración de informes en formatos y lenguajes accesibles para todos los interesados y hacer que la información sea disponible con restricciones excepcionales, contempla, además, mecanismos de revisión independientes para facilitar la transparencia.
El derecho del público a participar en las los procesos de toma de decisiones ambientales que propone la participación del público y las comunidades locales en la toma de decisiones en materia de gestión y actividad ambiental y en sus revisiones desde etapas tempranas, promoviendo un Estado proactivo en la convocatoria especialmente de grupos locales y/o vulnerables con mecanismos alternativos de solución de controversias.
Y el acceso a la justicia en asuntos ambientales que asegura el derecho a impugnar y recurrir en situaciones donde se vulnere los derechos anteriormente mencionados, y el derecho a un recurso operativo en daños ambientales que afectan negativamente los derechos humanos de las comunidades estableciendo las garantías y condiciones para que el acceso a la justicia sea efectivo con posibilidad de medidas cautelares y medidas reparatorias del daño. Es el primer acuerdo que empodera a los defensores del medio ambiente estableciendo obligaciones que garanticen un entorno seguro y propicio para actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad promoviendo todos sus derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo Escazú incluye un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos y, además, evaluaciones independientes de desempeño ambiental, como prioridad para la gestión racional de productos químicos y desechos, ya que, si bien los productos químicos contribuyen al desarrollo, su manejo inadecuado puede crear fuentes peligrosas de contaminación para las comunidades y el medio ambiente.
Ya existe un referente al Acuerdo de Escazú y es el Convenio de Aarhus que incluye actualmente los 27 países de la Unión Europea y otros 51 Estados de Europa y Asia Central como Estados parte. Este convenio regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Contempla, además, el Registros de Emisiones y Transferencias de Sustancias Contaminantes (Protocolo de Kiev). El Convenio de Aarhus, al igual que el Acuerdo de Escazú, no representan sólo un acuerdo medioambiental, sino también un acuerdo sobre la responsabilidad del gobierno, la transparencia y la capacidad de respuesta. La experiencia del Convenio de Aarhus, vigente desde el 30 de octubre de 2001, demostró ser viable y positiva para el desarrollo de la democracia ambiental, revelando que la participación es un proceso vital para el éxito de las iniciativas. El Convenio de Aarhus ha sido un modelo en las aspiraciones del Acuerdo Escazú que fue adaptado a las necesidades y particularidades de nuestra región.
Argentina lideró desde el 2013 el proceso de negociación que ocurrió en el marco de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). El Acuerdo se abrió para firmas durante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2018. Actualmente ha sido firmado por 22 países (incluida Argentina) y se necesita que 11 países ratifiquen para que el acuerdo entre en vigor. Hasta la fecha 9 países han ratificado y nuestro país tiene plazo para hacerlo hasta el 26 de septiembre próximo. Ratificar el Acuerdo de Escazú representaría para nuestro país, la adquisición de un nuevo instrumento de resolución democrática de conflictos ambientales cada vez más frecuentes y visibles.
Sin una gestión segura de sustancias y materiales, sería imposible lograr igualdad, justicia y dignidad humana para todos. Colocar los derechos humanos en el centro de la acción ambiental es crucial, asumiendo que el desarrollo sostenible sólo puede lograrse con la participación de todos los sectores involucrados preservando los ecosistemas en una convivencia armónica y respetuosa con las demás formas de vida que habitan nuestro planeta.
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Ave en riesgo de extinción ahora será protegida como un monumento natural

Fecha de Publicación: 17/08/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


El proyecto de ley impulsado por la Defensoría del Pueblo también obtuvo ayer el aval del Senado. Ahora sólo resta su promulgación. Quienes infrinjan la normativa, serán pasibles de abonar elevadas multas.
Investigadores del Cecoal (Conicet-Unne) en marzo del 2016 realizaron una publicación sobre una especie endémica de Sudamérica, que vive en los esteros correntinos y que está en peligro de extinción. En base a esos estudios, el Defensor del Pueblo, César Vallejos Tressens, propuso declarar al ave capuchino Iberá como un monumento natural de la provincia para así poder protegerlo. En noviembre del año pasado, Diputados aprobó  el proyecto. Ayer, también lo hizo el Senado.
Adrián Di Giacomo y Cecilia Kopuchian fueron los profesionales que años atrás descubrieron que esa especie habitaba en esta zona y por determinadas características que tienen los ejemplares que viven en el área de reserva de Corrientes la denominaron capuchino Iberá.
En aquella oportunidad,  la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn) y Birdlife International también la incluyeron en la lista roja que publican cada año para advertir sobre las especies que se consideran más amenazadas en todo el mundo.
Teniendo en cuenta que esas aves que están en riesgo de extinción vuelan en el cielo correntino, el Defensor del Pueblo provincial, César Vallejos Tressens, envió a la Legislatura un proyecto para que se declare a la especie como monumento natural de Corrientes y generar así un marco legal para protegerla.
Fue así que esa propuesta obtuvo media sanción en la última sesión del período ordinario de la Cámara de Diputados de la Provincia.
Mientras que ayer, el Senado también otorgó su aval. Por lo que sólo resta su promulgación. Y una vez que entre en vigencia contemplará una serie de medidas que van desde la profundización de los estudios sobre la especie hasta la concreción de multas para todos aquellos que dañen a los ejemplares considerados monumentos naturales de Corrientes.
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Toma impulso proyecto de humedales que inquieta al Gobierno y empresarios

Fecha de Publicación: 17/08/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional - San Juan


La iniciativa comenzó a debatirse en comisión y de avanzar podría afectar la actividad minera local.
El comienzo del debate el martes de la semana pasada en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de ley para proteger los humedales, que son los grandes reservorios de agua dulce, trajo preocupación en el Gobierno provincial y en los empresarios vinculados al sector minero. Es porque, entre otros aspectos, la iniciativa plantea la confección de un inventario nacional y la determinación de áreas de preservación en las que no se podrán llevar adelante algunas actividades, como podría ser la minería. Por el tema ya hubo dos encuentros con la participación de funcionarios del área y legisladores nacionales por San Juan.
Los humedales son las áreas en las que se acumula el agua o se inundan en algunos períodos y son importantes para el desarrollo de la flora y la fauna y para prevenir las consecuencias del cambio climático. Pero, a raíz de la quema en las últimas semanas de los humedales en el Delta del Paraná, con focos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación apuró el tratamiento en comisión de una ley de "Presupuestos Mínimos Para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales". En el caso de San Juan, según dijo Laura Asandri, directora de Articulación Institucional de la Secretaría de Ambientales, las principales zonas de humedales son el Parque Sarmiento, en Zonda; las Lagunas de Guanacache, en Sarmiento; y las vegas en la cordillera sanjuanina.
La preocupación que existe, aunque en el Gobierno son cautos con el tema, es que si avanza la iniciativa y se llegan a determinar zonas en las que no se podrán llevar adelante actividades económicas, como la minería, puedan llegar a afectarse la llegada de nuevos proyectos. Y justo cuando por la pandemia y para reactivar la economía hacen falta la llegada de inversiones, el proyecto legislativo puede llegar a desalentar el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Desde el Ministerio de Minería de San Juan dijeron que se está convocando a todos los sectores interesados en el tema, incluidos todos los legisladores nacionales, para avanzar en un debate y tomar una posición común frente al tratamiento legislativo.
Desde la Cámara Minera, Mario Hernández, que participó en la última reunión, dijo que "en primer lugar creo que los recursos de las provincias deben ser administrados por las provincias pero, además, en esta etapa los diputados deberían estar más abocados al tratamiento de proyectos que tengan que ver con el desarrollo y la inversión y no con estos temas. Ya hay legislación sobre los recursos hídricos y hay que dejar que las provincias controlen sus propios recursos".
Asandri agregó que "la legislación no debe ser una traba para el desarrollo sustentable, sino que debe permitir el desarrollo productivo de las distintas regiones".
El último encuentro tuvo lugar el martes en la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, con la participación de funcionarios del Ministerio de Minería, de la Secretaría de Ambiente, Cámara Minera de San Juan y los seis diputados nacionales por San Juan.
En la actualidad hay al menos tres proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación y la intención en el debate en comisión es unificar una sola iniciativa, para que luego se trate en el recinto.

Mecanismo
Para que el proyecto avance en Diputados, primero debe tratarse en la Comisión de Recursos Naturales del cuerpo. Luego, cuando la iniciativa tenga despacho favorable, recién podrá ser tratada en el recinto en una sesión. Los diputados por San Juan pueden intervenir en las dos etapas.
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Parque Patagonia: buscan incrementar las especies nativas en el noroeste de Santa Cruz

Fecha de Publicación: 15/08/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santa Cruz



Puma, guanaco, chinchillón y gallineta austral fueron las especies elegidas para iniciar el trabajo con especies nativas. Algunas ya cuentan con radio collares.
Aprincipios de enero de 2019 bajo un cielo gris y amenazador, Rewilding Argentina reunió un pequeño pero diverso equipo en una de las propiedades que forman parte del extenso Parque Patagonia, ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz.  Este grupo complementaría los esfuerzos de otros equipos de Rewilding Argentina que ya trabajaban en el área. En particular, este nuevo equipo llegó para implementar un ambicioso programa de rewilding cuyos objetivos a largo plazo incluyen incrementar los números de las especies nativas presentes en el parque, reintroducir aquellas que desaparecieron y transformar la fauna nativa en una fuente de desarrollo económico local a través de actividades de turismo de naturaleza basadas
en la observación de fauna.
Para esto, nuestro equipo de Rewilding Argentina empezó a implementar, entre otras tareas, el manejo y control de especies exóticas, la captura y colocación de transmisores en 11 especies de fauna nativa y el monitoreo de los animales equipados con transmisores. Además, comenzaron a evaluarse documentos históricos para determinar qué especies desaparecieron de la región como resultado de la acción del hombre; una vez identificadas, se pondrá en marcha una estrategia para restaurarlas. El manejo de especies exóticas empezó con el ganado perteneciente a los antiguos dueños de los campos, quienes comenzaron paulatinamente a mover sus animales. Así, durante estos últimos 12 meses cientos de ovinos, vacunos y equinos fueron retirados del parque por sus propietarios. Esto liberó a la vegetación nativa de un pastoreo intenso e insostenible. Los cambios comienzan a notarse, especialmente en los pequeños humedales con juncos que sostienen las últimas poblaciones de gallineta austral.
Puma, guanaco, chinchillón y gallineta austral fueron las especies elegidas para iniciar el trabajo con especies nativas. En menos de 12 meses, el equipo de Rewilding Argentina capturó y marcó con radio collares equipados con GPS y conexión satelital 8 pumas y 16 guanacos ¿El objetivo? Entender dos procesos ecológicos clave como son las interacciones depredador presa, incluyendo la conflictiva relación puma-ovinos, y las migraciones estacionales de guanacos, de vital importancia para la salud de los ecosistemas donde ocurren.
En ese mismo período de tiempo, 10 chinchillones anaranjados fueron capturados y equipados con radio collares VHF, mientras que 7 gallinetas australes fueron marcadas con anillos. Chinchillones anaranjados y gallinetas australes nunca habían sido capturadas con fines de investigación. Todos los animales marcados proveen hoy de información fundamental para entender su ecología, monitorear sus números, planificar medidas de restauración y propiciar la observación de fauna nativa.
La evaluación de documentos históricos y las entrevistas a pobladores resultaron en importantes revelaciones. El huemul, emblemático ciervo de los bosques patagónicos, también fue en tiempos históricos un habitante de la estepa y sus cañadones. El coipo, hoy sumamente raro en la región, habitó los cañadones del río Pinturas y tributarios. Con esa información, el equipo de Rewilding Argentina comenzó a delinear los planes de restauración de ambas especies, para que pronto regresen a los
ambientes de donde nunca debieron ser eliminados.
Solo doce meses pasaron desde que este pequeño y entusiasta grupo de conservacionistas, apoyado en los equipos de operarios y profesionales de sus compañeros de Rewilding Argentina, combinó su saber y fuerza para implementar un proyecto colosal. Desde las alturas de la meseta Sumich Emanuel, Leandro, José, Valentina y el “Turco” fijan sus miradas en el horizonte. El cielo libre de nubes presume de su azul profundo, el sol brilla y el futuro también.
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Como si el agua sobrara

Fecha de Publicación: 15/08/2020
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Además de obvios perjuicios económicos, la insignificancia que el Estado cobra por el uso del agua a empresas que embucharán miles de millones de dólares con el negocio del litio tiene un fuerte impacto en términos ambientales. Como el uso del recurso no les cuesta prácticamente nada en comparación con sus utilidades, las firmas que desembarcan en Catamarca consideran innecesario invertir en tecnología y sistemas para reciclarlo.
Doble abstención del Estado supuestamente minero, que abdica de sus facultades en beneficio de los grupos empresarios. Se priva por un lado de utilizar el poder que tiene sobre la administración del agua en el territorio provincial para mejorar los ingresos públicos y fortalecer su posición en las tratativas con las mineras, mientras por el otro no estimula la inversión para optimizar el uso de un insumo precioso e indispensable no solo para la minería sino para la propia vida.
Tamaña hospitalidad es sin dudas un aliciente para que las litíferas decidan radicarse en la provincia, aunque omita considerar la sugerencia del refranero popular de que “la caridad bien entendida comienza por casa”.
Con menos tránsito por la academia y las especializaciones, exentos de posgrados, los pobladores de las zonas aledañas a los emprendimientos calculan en cambio razonablemente el volumen del negocio que harán sus nuevos vecinos y se niegan a contemplar la entrega a precio vil del agua que se les retaceará a sus propias actividades económicas, por modestas que sean, el elemental consumo humano presente y futuro.
De ahí lo intenso de los corcoveos contra las actividades de las litíferas en la inhóspita Puna, donde se incrementa la desconfianza hacia las chafalonerías con que los tiburones pretenden revertir la falta de licencia social.
Lógica estricta: los representantes del Estado, que en teoría deberían custodiarles los intereses, defeccionan para jugar del lado de las mineras de modo tan desembozado que les celebran las promesas de puestos de trabajo o prosperidades “a pillar” como si del colmo de los desprendimientos se tratara.
Las protestas disparadas por la construcción de un acueducto que desviará agua de la cuenca del río Los Patos hacia la explotación de la Livent, en Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, se afirman en la certeza de que la utilización de destajo del recurso hídrico por parte de la minera agotará la reserva de agua dulce. Tal certeza no precisa, para las poblaciones puneñas, de confirmación científica alguna, que por otra parte abunda.
La experiencia ha sido para ellos aleccionadora: los trabajos de los antecesores de la Livent, en el mismo emprendimiento, secó ya la cuenca del Trapiche. Por eso las agrupaciones ambientalistas encuentran respuestas en las comunidades puneñas cuando hablan de “ecocidio”.
En una nota publicada por El Ancasti el 29 de agosto del año pasado, tras describir minuciosamente el ecosistema puneño y explicar su dinámica, Eduardo Aroca señaló: “Engañan vilmente con el verso de que traerá beneficios a la región. Los 300 millones de dólares que invertirán los mineros no son para Catamarca, son para acondicionar sus instalaciones y poder extraer más rápido y con menor costo nuestros recursos naturales. Seamos serios, desde la década del ‘90 a la fecha Antofagasta de la Sierra no mejoró en nada por el litio, salvo unos pocos puestos laborales y materiales de descarte que reparten como limosna”.
El proceder del Estado legitima la depredación ambiental de las mineras ¿Qué motivo podrían tener para refrenar su angurria si las autoridades les regalan el agua como si sobrara?
Un canon irrisorio, que encima gambetean en cada oportunidad que se le presenta. No hay estímulo para invertir en sistemas para el reciclaje del agua, algo que debería exigirse de movida si fuera cierto lo de la “minería responsable”.
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Buenos Aires busca ordenar legislación en agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/08/2020
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Buenos Aires


El gobierno bonaerense avanza en su objetivo de ordenar la legislación vigente en materia de uso y aplicación de fitosanitarios, a través del Observatorio Técnico de Agroquímicos. Según explicó a este medio Cristian Amarilla, subsecretario de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, este espacio se encuentra en una instancia de recopilación de trabajos de carácter técnico, para luego elaborar una serie de recomendaciones de uso para los productores, que permitan mejorar la resolución 246/18. Esta normativa, publicada durante la gestión del ex ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, se complementa con la ley provincial 10.699, que regula el uso de agroquímicos en el distrito.
El funcionario explicó que en esta instancia, los profesionales técnicos del observatorio están procesando la información generada en diversas instituciones científicas y tecnológicas. En una segunda fase, la idea es abrir la participación en este tema a colegios profesionales, entidades de productores y grupos civiles. En materia de legislación sobre el uso de agroquímicos en territorio bonaerense, desde 1991 se encuentra vigente la ley 10.699. Pero en la práctica, los municipios aplican sus propias regulaciones, sobre todo en el apartado de distancias de aplicación, en donde unos setenta municipios de la provincia cuentan con sus normativas.
Desde Desarrollo Agrario se hallan abocados a ordenar este panorama y generar una base científica, para elaborar recomendaciones de uso. En el mediano plazo, y si se logran cerrar acuerdos en materia política, esas sugerencias podrían ser el puntapié inicial para el desarrollo de una nueva ley. Amarilla explicó que se buscan generar políticas que incluyan "a todos los actores involucrados" y en este punto reconoció que junto a los municipios de la provincia apuntan a identificar "necesidades de refuerzo de los esquemas de fiscalización, capacitación y asistencia a sus equipos técnicos".
A mediados de 2017 se intentó sin éxito modificar la ley 10.699, y entre los proyectos que empezaron a tomar forma avanzó la iniciativa del senador bonaerense con mandato cumplido Alfonso Coll Areco.
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Acumar comenzó la limpieza de arroyos en ocho municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 14/08/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo


Las obras comenzaron de manera simultánea en cinco municipios, los de Lomas de Zamora, Almirante Brown, La Matanza, Merlo y Esteban Echeverría.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) comenzó a limpiar los arroyos de ocho municipios bonaerenses de la cuenca, bajo estrictos protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, precisó hoy el organismo.
Las obras comenzaron de manera simultánea en cinco municipios, los de Lomas de Zamora, Almirante Brown, La Matanza, Merlo y Esteban Echeverría, y en esta primera etapa del proyecto se extenderán por tres meses, con opción a prórroga por un plazo similar, mientras que la segunda etapa será los próximos meses y abordará arroyos de Marcos Paz, Ezeiza y Cañuelas.
En los distintos tramos se realizará la desobstrucción, acondicionamiento, limpieza y perfilado de taludes de los arroyos y cuerpos de agua con alta incidencia en la regulación hídrica, de esta manera se busca mejorar la situación de las y los habitantes de barrios de la Cuenca Media, que sufren las consecuencias de las inundaciones.
Según informó Acumar, la semana pasada se realizó un relevamiento y se verificaron los sitios donde las inundaciones son producidas sobre todo por vertidos y presencia de residuos sólidos, que obstruyen el normal escurrimiento de las aguas en los sistemas de drenaje urbanos, en particular en sectores de arroyos críticos y densamente urbanizados.
Para los residuos peligrosos de las obras se prevé un servicio de manejo in situ con personal especializado para su remoción, retiro y traslado para su posterior tratamiento y disposición final en sitios adecuados.
El material removido será transportado a sitios de disposición final o transferencia, definidos por las administraciones locales.
Para llevar adelante las tareas, bajo protocolos sanitarios para evitar la Covid-19, se utilizará maquinaria contratada y puesta en marcha por Acumar: 12 retroexcavadoras, 6 retropalas, 6 minicargadoras, 24 camiones recolectores y retroarañas, entre otras.
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Biodiesel en situación terminal: el futuro de 3.500 empleos se define en el próximo ajuste de combustibles

Fecha de Publicación: 14/08/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Hay 3.500 empleos en la cornisa. Hay casi 30 plantas paradas, sin funcionar. Y hay un corte de gasoil con biodiesel establecido por ley que es imposible de cumplir.
Y todos los beneficios del biodiesel para las economías regionales, el empleo y el medioambiente, se están desaprovechando en un año clave para la Argentina, que atraviesa una pandemia.
¿A qué responde este cuadro? A que el sector, explicado en un 100% por Pymes que abastecen exclusivamente a las petroleras que operan para el mercado interno, hace cerca de 8 meses que reciben un precio que quedó totalmente desactualizado.
Por normativa, todos los meses estas Pymes deberían tener un precio actualizado por una fórmula ya establecida. La gravedad de la situación es que la actual administración les freezó el precio de un momento para el otro.
Así, se incumplió con la normativa, que establece la actualización mensual y se las dejó en un callejón sin salida. Básicamente porque el precio está regulado y no opera en función de la oferta y la demanda.
Para agravar el panorama, durante estos meses, ni el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ni el secretario de Energía, Sergio Lanziani, dieron muestras de acercamiento para brindarles una solución.
"Hoy están todas las plantas paradas", advierte uno de los empresarios castigados por el congelamiento que padecen los biocombustibles.
Y la situación se replica en todas las plantas que están ubicadas en provincias como Santiago del Estero, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires: si encienden las máquinas, pierden plata.
Es decir, cada litro de biodiesel que quieran producir con el actual precio, implica un paso más hacia la quiebra.
En el sector aseguran que el atraso, por la disparada del dólar y el aumento del precio del aceite de soja, es del 25%.
En otras palabras: el precio que hoy reciben está 25% por debajo del nivel que les permitiría volver a encender las máquinas para cumplir con el corte.
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Aval privado mendocino a un plan nacional para reactivar la minería metalífera   

Fecha de Publicación: 14/08/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Se conformó una Mesa Nacional que diseñará un proyecto estratégico para los próximos 30 años. El gobierno provincial no participa de las reuniones.
La agenda pospandemia en la que trabaja el presidente Alberto Fernández incluye la minería, que sería una de las actividades a explotar en la región cuyana, con Mendoza en el radar.
El proyecto vio la luz el último 31 de julio cuando, vía ZOOM, se hizo la presentación oficial. Allí estuvieron los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el secretario de Minería, Alberto Hensel. Este jueves es vuelven a reunir para definir los equipos de trabajo.
Marita Ahumada, integrante de la Red de Académicos para el Desarrollo Sustentable de la Minería; Guillermo Pensado, geólogo es miembro de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) y Eddy Lavandaio por la Asociación Geológica de Mendoza son las tres sillas mendocinas en la mesa y son del sector privado. Hasta ahora no hay invitaciones al sector público local.
A falta de billetes en las arcas nacionales y con la economía funcionando a media máquina, se hace necesario en un diagrama de actividades a motorizar. La minería metalífera, con un 75% de recursos sin explorar (750.000 km2) según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, seduce a la Casa Rosada. San Juan lleva la punta de la lanza en Cuyo, y las intenciones son que Mendoza se acople a las iniciativas que se propongan.
Para Kulfas es clave “encontrar la manera de que donde no hay minería se pueda desarrollar y que eso sea en base a consensos y no a imposiciones”. Por eso se apunta a una “minería inclusiva” en donde no sea el país “un enclave extractivo sino una cadena innovativa e integrada”.
“Me parece que es muy interesante que hayan convocado a profesionales de Mendoza y la curiosidad de que no haya habido nadie del Gobierno. Eso quiere decir que han puesto la esperanza en que Mendoza junto con el país puedan crecer en minería metalífera, que es la que mueve los grandes volúmenes de inversión, capital, mano de obra”, comentó Ahumada a Los Andes.
La Secretaría de Minería expuso en esa reunión los números de la realidad del sector minero en todo el país con algo que los desvela y angustia a la vez: para el 2025, Argentina podría perder hasta dos tercios de su producción minera actual debido al potencial cierre de proyectos que se encuentran en etapas maduras de desarrollo y eso haría caer, aun más, la recaudación.
Entre los años 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción y no existen actualmente proyectos a gran escala en construcción. En el mismo plazo las exportaciones mineras pasaron de 5 mil millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares, exhibiendo una reducción de un 36%.
El texto, al que tuvo acceso Los Andes, sienta las bases de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino y, a través de la Mesa Nacional que oficia de facilitadora, se trabajará sobre algunos ejes con problemáticas puntuales. “Empecemos”, pidió el sanjuanino Hensel.
En ese sentido, Lavandaio comentó a este medio que “hace falta por un lado crear fuentes de producción y trabajo porque tenemos un porcentaje de cobre no ocupado y hay que darle una solución a eso. Por otro lado, la minería tiene una serie de posibilidades que han venido teniendo inconvenientes para desarrollarse y podrían hacerlo en un plazo corto como para ir sumando a la economía del país y a los problemas sociales que tenemos. Nos han llamado para que colaboremos con ese propósito”.

Mendoza, el potencial y la 7722
Argentina está sexta a nivel mundial entre los países con mayores recursos mineros. En el mapa que tiene a mano el equipo nacional, destacan que la construcción de estos proyectos podría impulsar el desarrollo socioeconómico de provincias andinas como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, como así también de clústers industriales ubicados en otras provincias. Aunque aclaran, por supuesto, la legislación que tiene a la 7722 como estandarte y que resucitó luego de la derogación a menos de un mes de Rodolfo Suárez en la Gobernación.
Una de las carnadas serán los casos de San Juan y Catamarca, en donde el sector minero explica entre el 60% y 75% de sus exportaciones anuales constituyendo su principal industria exportadora. Además, que estas transacciones representan entre el 25% y el 40% del PBI de las economías provinciales en que se insertan.
El apartado del consenso social estaba incluído en el documento y expone uno de los principales desafíos del equipo: 3 de cada 4 personas desconfían de la minería y, al mismo tiempo, sólo el 20% del público dice conocer acerca de la industria. La experiencia internacional sugiere que los conflictos alrededor de la minería tienen tres causas principales: la presencia de fallas de gobierno, fallas de mercado, vinculadas a errores de gestión de parte de las empresas mineras; y, los posicionamientos adoptados por sectores de la sociedad civil. Por ello, consideran que es fundamental asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
Cabe recordar que al quedar trunca la Ley 9209 que habilitaba el uso de sustancias químicas, 19 proyectos quedaron en espera: Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre), los mismos que se incluyen en las estimaciones de producción a cinco años; y Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro); Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).

Anemia de divisas
El fetiche por los minerales metalíferos no es casual. El Censo Nacional a la Actividad Minera 2017 muestra que el 73% del valor de la producción minera en yacimientos correspondió a minerales metalíferos, mientras las rocas de aplicación aportaron el 23% y los minerales no metalíferos el 4%. El oro representa más de la mitad del valor económico de la producción minera metalífera, y el 36% de la producción minera argentina total.
La atracción de inversiones resulta clave, pero para ello se deben generar las condiciones económicas y jurídicas para que quienes tengan intención de invertir sus dólares, lo hagan con convicción.
Al año 2016, en la Argentina los principales ingresos nacionales originados por la minería metalífera fueron el Impuesto a las Ganancias (49%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (42%) y los Derechos de Exportación (9%), alcanzando los mismos un total de $4.608 millones de pesos (corrientes).
Por lo tanto, reactivar el tema es uno de los temas que Fernández tiene en su agenda con el desafío de construir una estrategia común que permita el desarrollo minero para posibilitar el desarrollo económico de un país con una situación crítica, sin dejar de lado aspectos ambientales, sociales y de integración y desarrollo de los entramados productivos locales.

Malargüe atento
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, espera que esto traccione en favor de una excepción a los alcances de la ley 7.722, que regula la minería en Mendoza. En la Comuna están al tanto de la conformación de esta Mesa Nacional para el desarrollo de la actividad, pero prefieren el silencio.
Mientras, como anticipó Los Andes, gestionan un proyecto de ley que ingresará a la Legislatura en pocos días. La iniciativa busca exceptuar a Malargüe, “salvo la cuenca del río Atuel”, de las prohibiciones expresas de la normativa que hoy regula a la actividad en toda la provincia.
Ojeda busca los consensos necesarios con sus pares de la región. Le aseguró a “los vecinos de General Alvear y San Rafael”, que la cuenca del río Atuel no se verá afectada. La legisladora malargüina Gladys Ruiz (Cambia Mendoza) confía en que “la posibilidad de hacer una excepción existe, hay que ver exactamente los términos que se pueden colocar en el proyecto para que no se vuelva inconstitucional”.

Claves
Mesa chica y privada: representantes de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN) y de la Asociación Geológica de Mendoza participan de las reuniones.
Recaudación en rojo: la caída de los ingresos por exportaciones de minerales y el riesgo a perder dos tercios de la producción hacia 2025 alertan al Gobierno nacional.
Consenso social: quieren asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
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La contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires volvió a niveles previos a la cuarentena

Fecha de Publicación: 13/08/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Tras los primeros días del aislamiento, la concentración de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas sólidas habían bajado hasta un 70%
Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA detectó que, a causa de una mayor circulación de autos, la contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires volvió a los valores previos a la cuarentena por coronavirus, luego de haber caído a cifras mínimas hacia fines de marzo.
Al establecerse en marzo la cuarentena por la Covid-19, los niveles de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas sólidas menores a 10 micrones bajaron hasta 70% su concentración.
Sin embargo, “poco duró aquel azul profundo en el cielo: a mediados de mayo, el tránsito vehicular aumentó y la contaminación volvió a los valores ‘normales’”, afirma Leonardo Serio, investigador de la Facultad de Agronomía de la UBA que analizó la calidad del aire de la ciudad y advirtió sobre la necesidad de contar con más y mejores mediciones.
“La idea fue estudiar la calidad del aire en CABA antes y después de instaurada la cuarentena por la COVID-19. Para esto comparé el período del 1º de marzo al 31 de mayo de este año con el mismo período del 2019”, añadió.
“Como indicadores, -explicó Serio, docente de la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Fauba-, tomé tres contaminantes que en altas concentraciones pueden ser nocivos para la salud, como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y las partículas sólidas menores a 10 micrones”, detalló.
Los resultados -difundidos por Sobre La Tierra, el Servicio de Divulgación Científica y Tecnológica sobre Agronomía y Ambiente de la Fauba- pusieron en evidencia que en los primeros diez días de la cuarentena ocurrió una caída notable de la concentración de los tres contaminantes, en comparación con los niveles “normales”.
La disminución fue del 70% en los óxidos de nitrógeno, del 30% en el monóxido de carbono y del 40% en el material particulado. Esto se mantuvo los últimos 10 días de marzo y todo abril, salvo para los óxidos de N, que luego achicaron la diferencia al 40%.
“Lo llamativo es que este fenómeno sólo duró hasta el final de abril. A partir de mayo, la concentración de los tres contaminantes volvió a los valores normales precuarentena, lo cual tiene que ver directamente con el aumento de la circulación de vehículos en la ciudad”, insistió.
El nivel de contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires es -según Serio- mucho más bajo que en otras grandes ciudades de América Latina como México y San Pablo, algo que se explica en parte por su ubicación geográfica.
Otras -como Santiago de Chile y Bogotá-, a pesar de ser más pequeñas tienen problemas graves de polución por su condición geográfica, tienen menos posibilidades de que el aire se mezcle y se ‘limpie’, señaló el docente y precisó que “a la luz de la comparación, el aire de CABA está bastante bien”.
Desde hace 10 años el Gobierno porteño mide continuamente la calidad de aire en tres lugares de la ciudad, con estaciones automáticas que se ajustan a los estándares internacionales de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Estos puntos de monitoreo están ubicados en los barrios de Caballito, San Nicolás y La Boca. Desde 2018, se sumó una cuarta estación en Villa Soldati.
Al respecto, el especialista consideró: “Esta cantidad de estaciones sería insuficiente si nos comparamos con otras ciudades de América Latina: Santiago de Chile tiene una red con 13 estaciones de medición, Bogotá también tiene 13 y México posee más de 20”.
“Además -agregó-, no sólo es cuestión de cantidad, en CABA no tenemos registros oficiales de mediciones de material particulado menor a 2,5 micrones, que es el más perjudicial para la salud, ni tampoco se publican datos de ozono o de dióxido de azufre”, concluyó Serio.
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Agroquímicos. Embargaron en $5 millones a productores de Pergamino

Fecha de Publicación: 13/08/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo embargó en $5 millones a cuatro productores -por ese monto lo hizo para cada uno- que producen en el partido de Pergamino por un supuesto delito ambiental con agroquímicos. Según el magistrado a cargo de una causa, los productores habrían empleado productos que se encuadran en la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y establecidos como no permitidos para utilizarse a una distancia no menor a los 100 metros del perímetro urbano, según una ordenanza municipal. Productores consultados dijeron que respetaron distancias y usaron productos aprobados.
Villaferte Ruzo dispuso el procesamiento sin prisión preventiva en la causa caratulada como "Fernando Esteban Cortese y otros" de José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini. También ordenó el embargo mencionado.
El juez avanzó con la causa, que se inició unos años atrás, tras denuncias de vecinos de distintos barrios y pueblos aledaños a Pergamino.
"Yo hice una aplicación tomando recaudos como ser la velocidad del viento, utilicé productos banda verde (de bajo riesgo), usé la banda de aplicación y tengo carné habilitante desde 2015. El problema es que el dueño del campo (donde produce) tenía un problema con un vecino que cada vez que aplicamos denunciaba", contó a LA NACION Grattone, uno de los productores embargados.
En octubre pasado, Grattone fue denunciado junto a su maquinista, Taboada, ante las autoridades locales por supuestamente violar los 100 metros que es el límite perimetral para uso y aplicación de los productos químicos en un campo que trabaja en la localidad de Juan Andrés de la Peña, en el partido de Pergamino.
Grattone dijo que, cuando se anoticiaron de la denuncia que fue puesta por un vecino, llegó un auto de la policía federal y le pidieron que detuvieran la aplicación. "Les mostré todo, que estaba en orden con los productos que estaba usando, que son todos etiqueta verde y llevé al policía al lote en ese momento, pero para entonces la policía no envió a ninguna persona porque no tenían encargado. Después de un par de horas que estaba en orden todo, me autorizaron a hacer la aplicación", aseveró.
Señaló que, posteriormente, "vino Sergio Pizarro, en ese momento el secretario de producción de la comuna, e hizo un conteo de los metros con sus propios pasos, sin siquiera usar un sistema de medición". A su vez, añadió que en los días posteriores le dijeron que faltaban ocho o 10 metros para llegar a los 100 permitidos para hacer las aplicaciones.
"El 25 de noviembre de 2019 la policía hizo un allanamiento de domicilio y se ordenó una detención. Nos tuvieron en la comisaría federal y al día siguiente nos llevaron a declarar. Hace una semana me dictaron el procesamiento y el martes me enteré de la caución de $5.000.000 como una garantía", indicó. Su maquinista involucrado, en tanto, también fue embargado por la misma suma de dinero y con procesamiento sin prisión preventiva.
Según la causa, a Grattone y Taboada se les imputa haber efectuado una aplicación terrestre con fitosanitarios en el campo donde cultivaban soja que se encuentra localizado en la calle Ricardo Guiraldes, esquina Leopoldo Lugones, de la localidad de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino. Así como en las cercanías al barrio Milla III y a dos establecimientos educativos que se encuentran dentro de la zona de exclusión de 100 metros establecida por la ordenanza municipal vigente.
Grattone se diferenció de los casos de los hermanos Sabattini. "Uno de ellos ya había tenido denuncias y siguió aplicando, entonces eso agravó la situación", argumentó el productor y aclaró que, en ese caso, está determinado que no se pueden realizar aplicaciones en un perímetro inferior a los 600 metros del área urbana en esa parte de la ciudad de Pergamino. Y fue "por esa causa que se reactivó todo porque la persona que denuncia fue a la Municipalidad".
"Está mal asignado el hecho con la calificación a la figura de la causa de la ley de residuos peligrosos que es la ley 24.051", dijo el abogado Lucas Walter, uno de los letrados que llevan adelante la defensa de Grattone y de otro productor que no figura en la última resolución de la causa. Argumentó que el productor no estaba violando la ley.
No obstante, aclara que el embargo aún no quedó firme y hasta que no quede firme una solución no se efectivizará. "Recién hasta que eso se dé y quede firme el procesamiento y esté en etapa recursiva no se hará", afirmó Walter en referencia a lo que sucederá de ahora en adelante hasta llevar a cabo una apelación.
La denuncia original se dio por el caso de Fernando Esteban Cortese, quien fue procesado hace tres años en la primera causa en el barrio Villa Alicia en Pergamino y que abrió el debate. En tanto, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini, quienes figuran en el fallo emitido hace tan solo unos días, habrían realizado aplicaciones en la localidad de Francisco Ayersa, a menos de 1095 metros de distancia de la zona urbana, por lo que habrían incumplido una disposición judicial que ordena la suspensión provisional de las pulverizaciones terrestres con fitosanitarios.
En abril del año pasado, cuando el Juzgado Federal de San Nicolás tomó una intervención, determinó que en el caso del límite territorial que se había iniciado alrededor del barrio Villa Alicia -que con el tiempo fue desplazándose en los alrededores del Luar-Kayad y La Guarida-, cuyo límite perimetral comprendía de 600 metros sobre la exclusión para las aplicaciones, pasara a ser de 1095. Hasta ese entonces se habían autorizado las aplicaciones solo de productos con etiqueta verde.
"Nosotros estamos profundamente preocupados por el caso de Grattone. Hubo una reunión con Pergamino Ambiental que esta integrada por el INTA, Federación Agraria Argentina (FAA), CREA, Aapresid, entre otras entidades, con Sociedad Rural Argentina (SRA) del norte de la provincia de Buenos Aires, con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Carbap para tratarlo y poner en blanco sobre negro el caso puntual de la localidad de Peña porque consideramos que es una exageración el encuadre que se le da a una violación de la reglamentación municipal. Los 100 metros estuvieron supervisados por los policías y como no hubo una supervisión municipal para la aplicación el vecino hizo la denuncia con la Policía Federal", indicó a LA NACION Jorge Josifovich, presidente de la Sociedad Rural de Pergamino.
En tanto, el diputado provincial Luciano Bugallo (Coalición Cívica) se manifestó respecto al fallo y señaló que no se entiende por qué judicialmente se aplicó la ley de residuos y desechos tóxicos y no la ley que regula las aplicaciones de fitosanitarios en la provincia, que es la 10.699 con su decreto reglamentario Nº 499, que se encuentra vigente.
"Existen problemas de interpretación y varios municipios han realizado sus propias ordenanzas para reglamentar las aplicaciones de fitosanitarios, muchas veces excediéndose en sus competencias. En este momento me encuentro trabajando en ese sentido, a fin de tratar de terminar con vacíos legales y malas interpretaciones para poder aplicar reglas claras y, de esta manera, que los productores y aplicadores no queden a merced de la interpretaciones de un juez que quiera tratarlos como si estuviesen cometiendo un delito, cuando en realidad lo que hacen es producir alimentos y ejercer su derecho a trabajar libremente", sentenció.
Hace unos meses, productores de Pergamino solicitaron que se revise una resolución de ese Juzgado que imposibilita las pulverizaciones terrestre en unas 6000 hectáreas por encontrarse dentro de los 1095 metros de extensión del límite urbano y que afecta a más de 100 productores agropecuarios, quienes han visto una merma considerable en la producción.
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Denuncian contaminación en el río Mendoza

Fecha de Publicación: 13/08/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza


Vecinos de zonas aledañas al río Mendoza en el distrito Palmira, de San Martín, vienen denunciando una serie de anormalidades en el medio ambiente. En el transcurrir del tiempo, olores nauseabundos y la aparición de aguas con desechos pesados y de negra coloración mostraron la gravedad de lo que ocurría, algo que les hizo movilizarse y hacer presentaciones que nadie daba respuesta, hasta que llegaron a legisladores de Protectora Fuerza Política, que tomaron inmediatamente el tema y comenzaron una profunda investigación.
Senadores y diputados, acompañados por especialistas en ambiente, comprobaron que en la zona señalada del departamento San Martín estaría ocurriendo un verdadero hecho contaminante, que involucraría a una importante empresa que hace tratamiento de residuos de muchas bodegas de toda la provincia.
Para quienes inspeccionaron la zona minuciosamente, obteniendo muestras para laboratorio, además de material de vídeo y fotografía, allí habría preocupante contaminación de los pocos cursos del río Mendoza que por allí escurren, como así de napas y aguas subterráneas, aspectos que habrían sido confirmados por los resultados que arrojaron las muestras, lo que habría transformado a la investigación en una doble denuncia ante el Departamento General de Irrigación y ante el fuero penal de la provincia. Esto último, ante la gravedad que podría trastocar la salud vegetal, animal y humana de ese sitio de Palmira.
El Ciudadano tuvo acceso exclusivo a la abultada documentación presentada ante el DGI con resultados de laboratorio, muestras con información de técnicos, fotografías y vídeos, para que el organismo rector del agua en Mendoza tome en forma urgente y preventiva la decisión de detener todo tipo de actividad en la zona señalada, e inmediatamente se lleve profunda investigación de lo que se estaría denunciando que, de no ser así, “se daría inmediata intervención de la Justicia, sin descartar pronunciamiento del Poder Legislativo”, advirtieron los denunciantes.
 
Lo descubierto en Palmira sería de considerable gravedad
Para profundizar el tema, nuestro diario entrevistó al diputado Mario Vadillo (PFP), quien ante la pregunta sobre qué presentaron ante el DGI, respondió: “Junto al senador Marcelo Romano hemos denunciado ante el Departamento General de Irrigación (DGI) a la empresa Derivados Vínicos SA. Para que se tenga idea, hablamos de una empresa ubicada en adyacencia de la Ruta Nacional 7 en Palmira (San Martín), justo en el cruce del río Mendoza, que es de gran importancia para la provincia. Su tarea fundamental es la gestión de todos los residuos sólidos y líquidos del proceso de vinificación de más de 700 bodegas de Mendoza”.

–¿El procedimiento es irregular?
–Este tratamiento tiene que ser muy cuidadoso, dado que este tipo de residuos es altamente contaminante. Nosotros, en el lugar, hemos podido comprobar muchas de las denuncias de los vecinos, que indicaban que los olores nauseabundos provienen de que se arrojan este tipo de efluentes directamente al río Mendoza, utilizando cañerías, en una zona de acres, donde no hay capacidad de absorción. Vital aspecto que, por ley, se necesita en este tipo de maniobras en lugares como ese.

–Ante lo que vieron e investigaron, ¿qué hicieron?
–Hemos pedido que, ante esta presunta contaminación tanto del río Mendoza como de las napas y aguas subterráneas, se haga un cese de este tipo de tratamiento hasta tanto se restablezcan las condiciones que impone la ley.

–Es decir, que las denuncias de los vecinos y productores de la zona, ¿tenían asidero?
–Como funcionarios públicos hemos tomado con mucha responsabilidad y preocupación esta grave denuncia de ciudadanos, porque ellos han notado con certeza contaminaciones que nos lleva actuar en consecuencia, constatando estas denuncias, colocando inmediatamente al DGI a trabajar en forma inmediata, para evitar que se sigan contaminando las aguas subterráneas, napas y en este caso, el río Mendoza.

–Si Irrigación no responde, ¿qué harán?
–Los primeros pasos los hemos dado ante la sede administrativa (DGI), en primera instancia para que se actúe en forma inmediata. En el caso de que no tengamos una respuesta favorable, o se demore la misma, previmos hacer la denuncia por la vía del fuero penal, instrumento que tenemos listo para no dilatar más el tiempo de respuesta. Pasos que ya dimos contra AySAM, cuando se volcaron importantes cantidades de residuos cloacales por semanas en el canal Cacique Guaymallén, que habrían producido grave contaminación en la zona de Bermejo”.
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La Corte Suprema ordenó constituir de manera urgente un comité de emergencia para frenar los incendios en el Delta

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Litoral Argentino


Lo hizo al aceptar un amparo de una asociación civil contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y las municipalidades de Rosario y Victoria. Además convocó a la provincia de Buenos Aires
La Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó hoy a la creación de un comité de emergencia ambiental que controle y ponga freno a los incendios que se registran en el Delta del Paraná. Dispuso que deberá informarse al tribunal en quince días sobre los avances de las medidas tomadas. La decisión involucra al Estado Nacional (a través de la cartera de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié), junto a los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las municipalidades de Rosario y Victoria.
El máximo tribunal se declaró competente en una una acción de amparo colectivo ambiental promovida por una asociación civil (“Equística Defensa del Medio Ambiente”) contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria. A criterio de la Corte, existe prueba suficiente, de carácter público y notorio, de que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente.
El máximo tribunal además recordó que desde 2008 el Estado Nacional se había comprometido a un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” entre los cuales figuraba la problemática de los incendios.
Desde febrero, las quemas de pastizales en las islas del delta del Paraná, frente a la costa de Rosario, provocaron lo que los ambientalistas llaman un “ecocidio”. La magnitud del área destruida supera en tres veces la Capital Federal. Hace menos de una semana el humo por la quema llegó hasta la ciudad de Buenos Aires. El 8 de agosto, cerca de 5.000 personas se movilizaron desde Rosario hasta la localidad entrerriana de Victoria a través del puente que une ambas ciudades para protestar contra las quemas de pastizales en las islas del delta del Paraná y en reclamo de una “urgente” de la Ley de Humedales.
Ahora, la Corte Suprema, con voto unánime, decidió hacer lugar al amparo y citar, además, a las autoridades a la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof para que, como medida cautelar, ese Estado provincial así como las provincias y municipios demandados constituyan, de manera inmediata, un Comité de Emergencia Ambiental.
Según dispuso, ese comité deberá adoptar medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares, en la región del Delta del Paraná, utilizando para ello las bases del “Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP) de 2009. Y encomendó que en el plazo de 15 días corrido presenten al Tribunal un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas.
Según los considerandos del fallo, existen suficientes elementos para tener por acreditado que los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. Se sostuvo que no se trata en el caso del juzgamiento de una quema aislada de pastizales sino del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.
Según se destacó, el Delta del Paraná es un inmenso humedal y, como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, es un ecosistema vulnerable que necesita protección. Se explicó además que el peligro concreto sobre el ambiente se configura porque, con estos incendios, se causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná, además de resultar también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como la ciudad de Rosario.
Concluyó en que existe prueba suficiente, y de carácter público y notorio, de que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente.
Por lo demás, recordó que esta situación no es novedosa, ya que en el año 2008 el Estado Nacional y las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, se habían comprometido formalmente a la elaboración de un “Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP), entre cuyos objetivos se previó la necesidad de encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática vinculada a los incendios que afectaron diferentes zonas del Delta del Paraná, así como la promoción de procesos tendientes al logro de una armonización normativa al servicio de la conservación y desarrollo sostenible de ese territorio. En dicho plan, señaló el Tribunal, se previó la creación de un “Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de la Región del Delta del Paraná”, ─constituido finalmente mediante la resolución SAyDS 675/2009─ como instancia de coordinación de las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos enunciados entre las provincias y municipios con competencia territorial en el área del Delta del Paraná. Sin embargo, puntualizó que en las actuales circunstancias resulta evidente que estas medidas no han logrado una solución perdurable en la zona.
Respecto de encuadramiento legal, la Corte afirmó que la cuestión planteada está contemplada en diversas normas jurídicas, cuya implicancia en el caso desarrolló: la ley 26.562 (control de actividades de quema); la ley 26.331 (protección de bosques nativos); la ley 26.815 (protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales); la ley 23.919 (Protección de los Humedales, RAMSAR); la ley 24.295 (Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático); y la ley 27.520 (Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global).
“El caso presenta, prima facie, características que permiten encuadrar los hechos denunciados en la figura legal de la emergencia ambiental (artículos 2°, inciso k, y 4º, “principio de cooperación”, de la ley 25.675)”, se afirmó. “Los incendios deben detenerse o controlarse de inmediato. La intervención de la justicia, en el caso, será para fortalecer las labores de fiscalización por parte de los Estados en el ejercicio efectivo del poder de policía ambiental, en cumplimiento de las leyes ambientales citadas”, se añadio.
En relación al peligro en la demora, la Corte afirmó la necesidad de prevenir y evitar que el daño ambiental colectivo continúe o se agrave la degradación del ambiente en la región del Delta del Paraná (con cita de las disposiciones pertinentes de la ley 25.675 y del Código Civil y Comercial de la Nación), ya que de la información aportada surge que la actividad de quema de pastizales, y los incendios, no ha desaparecido sino que parece haber aumentado, con el consecuente impacto que esto tiene en el ambiente que se intenta proteger.
En suma, entendió que resulta con suficiente evidencia, aun en esta instancia cautelar del proceso, que hay una afectación severa de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional; que hay efectiva degradación ambiental o afectación del Delta del Río Paraná, que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad; que su conservación es prioritaria, no sólo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras; y que como consecuencia de estos incendios, hay afectación en la calidad del aire.
Finalmente, requirió al Estado Nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las Municipalidades de Rosario y Victoria, el informe que prevé el artículo 8° de la ley 16.986, el cual y deberá ser evacuado, en todos los casos, en el plazo de 30 (treinta) días corridos.

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Advierten que los incendios en humedales "son una tragedia" para flora y fauna de las islas del Delta

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Litoral Argentino


“El panorama es desolador, el fuego diezmó numerosa fauna del humedal. Se ha encontrado una innumerable cantidad de animales calcinados tras el incendio en las islas”, dijo a Télam un experto en avifauna del grupo ecologista El Paraná No se Toca.
 Los incendios en los humedales del delta del Paraná, que ya afectaron a unas 90.000 hectáreas, constituyen una “verdadera tragedia” para la flora y fauna de las islas, y debido a la acción del fuego algunas áreas “tardarán años en recuperarse”, consideraron este lunes ambientalistas y ornitólogos.
Tras señalar que “es una verdadera tragedia” lo ocurrido con los incendios en el humedal, Pablo Cantador, un experto en avifauna del grupo ecologista El Paraná No se Toca, dijo que en un recorrida efectuada por la zona afectada advirtió que existe “un gran porcentaje de islas quemadas”.
Comentó que hay áreas donde “el suelo quedó como un ladrillo por la temperatura, ahí el fuego quemó todo, hasta los microorganismos y semillas. Será muy difícil que algo vuelva a crecer en breve. Tardará años en recuperarse”.
Los incendios en los humedales del delta del Paraná, que ya afectaron a unas 90.000 hectáreas, constituyen una “verdadera tragedia” para la flora y fauna de las islas, y debido a la acción del fuego algunas áreas “tardarán años en recuperarse”, consideraron este lunes ambientalistas y ornitólogos.
Tras señalar que “es una verdadera tragedia” lo ocurrido con los incendios en el humedal, Pablo Cantador, un experto en avifauna del grupo ecologista El Paraná No se Toca, dijo que en un recorrida efectuada por la zona afectada advirtió que existe “un gran porcentaje de islas quemadas”.
Comentó que hay áreas donde “el suelo quedó como un ladrillo por la temperatura, ahí el fuego quemó todo, hasta los microorganismos y semillas. Será muy difícil que algo vuelva a crecer en breve. Tardará años en recuperarse”.
“El fuego, cuando es nocturno, sorprende en sus refugios a las aves acuáticas como las gallinetas, que no se caracterizan por ser grandes voladores y como apenas pueden levantar vuelo, quedan presas de las llamas”, explicó Cantador.
Y afirmó que el humedal “es también recepción de aves que emigran. Ahora están migrando las que vienen de la Patagonia, y en esta primavera, llegarán las aves que proceden del norte y se encontrarán con un tercio de las islas del delta arrasadas”.
El director de Aves Argentinas, Hernán Casaña, en diálogo con Canal 3 de Rosario, agregó que el área incendiada “es el equivalente a dos ciudades de Buenos Aires” y que “es un ambiente que se perdió y no sabemos cuándo se recuperará”.
 Casaña expresó que "numerosas aves perecieron al tener sus nidos en los árboles, pero muchas especies tienen problemas de conservación, por lo cual el impacto será muy fuerte, y recuperar el ambiente perdido también será muy difícil”.
Tras apuntar que los incendios en los humedales “es una tragedia desde el punto de vista ambiental y de la salud humana”, el titular de Aves Argentinas, dijo que “estamos perdiendo recursos naturales a una velocidad inusitada”.
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ALPAT apeló la condena millonaria por contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: La Mañana de Chipolletti
Provincia/Región:  Río Negro


La sentencia estableció que al monto impuesto (4.912.303,87 pesos) se le deben sumar intereses, y ordenó a la compañía el pago de las costas del proceso judicial.
La empresa ALPAT apeló el fallo por daños y perjuicio que los condenó a pagar casi cinco millones de pesos por la contaminación de un campo vecino al bajo El Riñón, paraje situado a unos 8 kilómetros al noroeste de San Antonio, donde la firma deposita desde fines de 2005 sus desechos de la fabricación de carbonato de sodio.
La sentencia la dictó en marzo de este año la titular del Juzgado Civil, Comercial y Minería N° 1 de Viedma, María Gabriela Tamarit, quien estableció que al monto impuesto (4.912.303,87 pesos) se le deben sumar intereses, y ordenó a la compañía el pago de las costas del proceso judicial.
El recurso presentado lo deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería, que está integrada por Ariel Gallinger, Maria Luján Ignazi y Sandra Filipuzzi.
La demanda apelada la impulsaron los propietarios del establecimiento rural por los perjuicios provocados por los líquidos con altos niveles de salinidad y amoníaco que se filtran desde el vertedero.
El predio fue considerado “zona de sacrificio” y está compuesto por cuatro grandes cuencos acondicionados en una depresión natural del terreno, los que no fueron “debidamente impermeabilizados”, puntualizaron en la presentación.
Esos líquidos se escurrieron por el subsuelo, elevaron la napa freática y contaminaron los pozos de agua que bebe el ganado vacuno que crían, afectando su producción y desvalorización del campo que ocupa 4.000 hectáreas.
La jueza valoró en la sentencia informes periciales que determinaron de manera coincidente el grado de contaminación progresivo que se registra el campo, y le adjudicó responsabilidad a los residuos que arroja allí la empresa.
“…. no puedo si no considerar que el daño está probado, que el efluente y consiguiente reservorio de la Empresa ALPAT SA produce filtraciones subterráneas que modifican las condiciones del medio natural en perjuicio de la actividad económica del establecimiento…”, señaló Tamarit en su dictamen.
Agregó que se comprobó que los propietarios del campo se privaron “de obtener utilidades de su establecimiento al no poder dar de beber a sus animales el agua que extraía del molino y de su propio acuífero, y que esto derivó en la reducción del ganado en pie”.

Intrusión de agua marina y amoníaco en la naturaleza
Este medio se comunicó con referentes de la empresa para que brinden su versión respecto a los hechos, pero finalmente no hubo respuestas. En el juicio de primera instancia los representantes legales de ALPAT, aseveraron que “los hechos en que gira la demanda son falsos y que, por lo tanto, no podrán ser acreditados”.
En su defensa, alegaron que la salinidad de los pozos se debe a que “puedan ser afectados por la intrusión de agua marina”, dada la cercanía del litoral marítimo, mientras que arguyeron respecto al amoniaco que “dicha sustancia puede encontrarse naturalmente en el medio”.

Líquidos en la marea
Paralelamente se inició otra causa por el delito de “contaminación de residuos peligrosos” que investiga la Unidad fiscal 3 de Viedma, con competencia en “Delitos Complejos”, indica el dictamen de Tamarit.
El escenario se presenta aún más alarmante porque la contaminación no solo puede afectar al sector rural, sino que también perjudicaría el entorno natural de toda la región con consecuencias para la población.
La jueza consideró “contundentes” los informes del Departamento Provincial de Aguas, en el que se indicó entre otros datos que el escurrimiento “podría alcanzar la ría”.
Las sospechas del daño al entorno natural que provocarían los efluentes en el Riñón tiene un antecedente: en 2016 había sido advertido por el Observatorio Ambiental Permanente, que conformaron integrantes de la Escuela de Ciencias marinas de la Universidad del Comahue, la fundación Inalafquen y del Instituto de Formación Docente.
En agosto de ese año brindaron una charla, en la que especialista afirmaron que los líquidos desechados escurren a las aguas subterráneas y drenan a la ría que penetra por el norte del ejido urbano.
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El Gobierno de La Pampa multó por $30 M a la Fundación Campo Limpio

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: La Pampa


Tras un conflicto a principios de este año, en donde la entidad prometió construir tres centros de acopio, las autoridades pampeanas castigaron a la FCL por el mal manejo de los bidones vacios
El gobierno de La Pampa multó con $30 millones a la Fundación Campo Limpio (FCL), por el "daño ambiental" originado en una gestión ineficiente en el manejo de bidones vacíos, a finales de enero de este año. En mayo de 2019, la entidad había generado -en el marco de la Ley Nacional 27.279- un compromiso con la provincia para construir centros de acopio en las localidades de Colonia Barón, Alta Italia y Macachín, para articularlos con un procedimiento de trazabilidad de bidones usados. El incumplimiento en los plazos derivó en un conflicto entre FCL y la Subsecretaría de Ambiente, que llegó a paralizar la venta de agroquímicos durante dos semanas en La Pampa.
El gobierno de La Pampa multó con $30 millones a la Fundación Campo Limpio (FCL), por el "daño ambiental" originado en una gestión ineficiente en el manejo de bidones vacíos, a finales de enero de este año. En mayo de 2019, la entidad había generado -en el marco de la Ley Nacional 27.279- un compromiso con la provincia para construir centros de acopio en las localidades de Colonia Barón, Alta Italia y Macachín, para articularlos con un procedimiento de trazabilidad de bidones usados. El incumplimiento en los plazos derivó en un conflicto entre FCL y la Subsecretaría de Ambiente, que llegó a paralizar la venta de agroquímicos durante dos semanas en La Pampa.
La decisión fue tomada a través de la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, con la intervención de la Fiscalía de Estado, que tuvo a su cargo el análisis jurídico del caso. La disposición rechazó el descargo y la ampliación presentados por Campo Limpio y en sus fundamentos sostiene que la conducta desplegada por la Fundación se constituyó en "una flagrante violación" de la Ley de Presupuestos Mínimos General del Ambiente.
La Ley 27.279 establece como procedimiento obligatorio para reducir los residuos de producto en los envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional, el lavado de envases rígidos. Esta normativa también contempla generar protocolos de gestión integral de los envases vacíos, para lograr una mayor eficiencia en su recolección, como así también determinar procesos específicos, tales como condicionar la nueva venta de estos productos a aquellos usuarios que no realizaran la devolución de los envases.
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