Los desmontes podrían convertirse en un delito penal
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Presentan proyecto para que la deforestación ilegal sea considerada delito penal
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional
Es impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Nación después de frenar el desmonte de 40 mil hectáreas en Salta, propiciado por Urtubey y el primo de Marcos Peña. Las penas van de seis meses a tres años de prisión e incluyen agravantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar la deforestación ilegal como delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.
La medida llega después de la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey y ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.
"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
En diálogo con el portal Infobae, el funcionario detalló que la norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
“En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", explicó Moreno.
En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques.
Por ese motivo, obligó a Salta a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo" provenientes de esas áreas.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional
Es impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Nación después de frenar el desmonte de 40 mil hectáreas en Salta, propiciado por Urtubey y el primo de Marcos Peña. Las penas van de seis meses a tres años de prisión e incluyen agravantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar la deforestación ilegal como delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.
La medida llega después de la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey y ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.
"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
En diálogo con el portal Infobae, el funcionario detalló que la norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
“En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", explicó Moreno.
En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques.
Por ese motivo, obligó a Salta a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo" provenientes de esas áreas.
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Córdoba sin remediaciones
Deuda ambiental: casi no se hicieron remediaciones
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Cambio Climático: Intendentes debatieron en Rosario
Intendentes de todo el país debatieron en Rosario sobre el cambio climático
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
El objetivo fue trazar acciones para enfrentar uno de los mayores desafíos que acecha a la humanidad: el calentamiento global
La Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (Ramcc) se reunió ayer en Rosario para debatir sobre las acciones que los gobiernos locales pueden (y deben) encarar para enfrentar lo que es probablemente el mayor desafío que acecha a la Humanidad a cortísimo plazo: el calentamiento global.
Así lo expreso el presidente de la red, Ricardo Bertolino, quien destacó el alcance federal de esa organización e insistió con una idea clave: si no cambia el modelo de desarrollo, el futuro del planeta está más amenazado que nunca.
Para eso, las comunas y municipalidades del país pueden intervenir a través de proyectos en energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, protección de la biodiversidad, agricultura urbana y mitigación de las inundaciones, algunos de los ítems sobre los cuales ya vienen trabajando gobiernos locales de diferentes provincias.
"Luchar contra el cambio climático no es algo sólo ambiental sino que significa discutir el modelo de desarrollo. Esa es la oportunidad que nos abre este escenario", explicó Bertolino ante funcionarios de todos los rincones de Argentina y también de otros países de la región.
Visibilizar el trabajo de la red y ganar en difusión fueron otras de las metas de la asamblea: "Sabemos qué hacer y cómo hacerlo para frenar las emisiones de gases contaminantes. Ya hay 150 proyectos en marcha, precisamos mayor financiamiento", dijo el dirigente y agregó que la red es pionera en Latinoamérica en el trabajo de articulación de municipios.
Como anfitriona del encuentro, la intendenta Mónica Fein resaltó que el cambio climático es un desafío global que exige compromisos locales.
También recordó que el gobierno de la ciudad viene participando de iniciativas importantes a nivel mundial como las cumbres climáticas (las COP), la acción impulsada desde el Vaticano contra el cambio climático y la esclavitud moderna y otras redes latinoamericanas.
"Cada municipio solo no puede, pero en red es otra cosa", destacó la jefa comunal e hizo un llamamiento para que los gobiernos centrales hagan su aporte y destinen parte de los recursos que manejan, a planes locales de mitigación y adaptación a este nuevo patrón climático.
Escenario caliente
El calentamiento global es consecuencia del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien en un principio se discutía esa hipótesis, la tendencia de los últimos 20 años demuestra que es un proceso en marcha, y acelerando.
A través de diferentes acuerdos internacionales como el de la COP de París, la mayoría de las naciones del mundo se comprometieron a bajar sus emisiones de dióxido de carbono.
Según explicó Bertolino, en Argentina, a través de la Ramcc, también los municipios se proponen hacer lo mismo, aunque aun no existe una meta de reducción de acá a 2030. "Una de las tareas a corto plazo es establecer esa meta y hacer que cada vez más municipios se comprometan a cumplirla", explicó el presidente de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
El objetivo fue trazar acciones para enfrentar uno de los mayores desafíos que acecha a la humanidad: el calentamiento global
La Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (Ramcc) se reunió ayer en Rosario para debatir sobre las acciones que los gobiernos locales pueden (y deben) encarar para enfrentar lo que es probablemente el mayor desafío que acecha a la Humanidad a cortísimo plazo: el calentamiento global.
Así lo expreso el presidente de la red, Ricardo Bertolino, quien destacó el alcance federal de esa organización e insistió con una idea clave: si no cambia el modelo de desarrollo, el futuro del planeta está más amenazado que nunca.
Para eso, las comunas y municipalidades del país pueden intervenir a través de proyectos en energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, protección de la biodiversidad, agricultura urbana y mitigación de las inundaciones, algunos de los ítems sobre los cuales ya vienen trabajando gobiernos locales de diferentes provincias.
"Luchar contra el cambio climático no es algo sólo ambiental sino que significa discutir el modelo de desarrollo. Esa es la oportunidad que nos abre este escenario", explicó Bertolino ante funcionarios de todos los rincones de Argentina y también de otros países de la región.
Visibilizar el trabajo de la red y ganar en difusión fueron otras de las metas de la asamblea: "Sabemos qué hacer y cómo hacerlo para frenar las emisiones de gases contaminantes. Ya hay 150 proyectos en marcha, precisamos mayor financiamiento", dijo el dirigente y agregó que la red es pionera en Latinoamérica en el trabajo de articulación de municipios.
Como anfitriona del encuentro, la intendenta Mónica Fein resaltó que el cambio climático es un desafío global que exige compromisos locales.
También recordó que el gobierno de la ciudad viene participando de iniciativas importantes a nivel mundial como las cumbres climáticas (las COP), la acción impulsada desde el Vaticano contra el cambio climático y la esclavitud moderna y otras redes latinoamericanas.
"Cada municipio solo no puede, pero en red es otra cosa", destacó la jefa comunal e hizo un llamamiento para que los gobiernos centrales hagan su aporte y destinen parte de los recursos que manejan, a planes locales de mitigación y adaptación a este nuevo patrón climático.
Escenario caliente
El calentamiento global es consecuencia del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien en un principio se discutía esa hipótesis, la tendencia de los últimos 20 años demuestra que es un proceso en marcha, y acelerando.
A través de diferentes acuerdos internacionales como el de la COP de París, la mayoría de las naciones del mundo se comprometieron a bajar sus emisiones de dióxido de carbono.
Según explicó Bertolino, en Argentina, a través de la Ramcc, también los municipios se proponen hacer lo mismo, aunque aun no existe una meta de reducción de acá a 2030. "Una de las tareas a corto plazo es establecer esa meta y hacer que cada vez más municipios se comprometan a cumplirla", explicó el presidente de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático.
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Vaca Muerta y la gestión ambiental
Explotación petrolera y medio ambiente: Vaca Muerta requiere máxima prevención
Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Neuquén ha atravesado numerosas dificultades y bonanzas debido a la producción de petróleo, una de sus tres grandes columnas vertebrales económicas.
Es una provincia que se ha caracterizado por la excelencia en la planificación de largo plazo y es así que en los años 60 creó el Consejo para el Desarrollo (Copade), una institución señera, de gran prestigio y con profesionales altamente calificados que pudieron elaborar y mantener políticas de Estado aún cuando en el país éstas eran casi imposibles de cristalizar. La Provincia lo logró.
En 1998 el Copade nuevamente fue un actor central en la elaboración del Programa Neuquén 2020, que trazó horizontes de una matriz de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, diversificada con tres pilares fundamentales: el desarrollo agroindustrial, el turismo y la producción energética (petróleo). Green Cross participó activamente junto al Copade en la elaboración de este programa y para ello convocamos nuestros más calificados expertos nacionales e internacionales.
Se discutió mucho, se profundizó en la cuestión ambiental y se evaluó la performance de la actividad petrolera en la provincia. Se analizaron los pasivos y la necesidad de generar normas, controles y permanente seguimiento a los emprendimientos para que esta actividad, contaminante y con un futuro de ser reemplazada en un mediano plazo, dejara lo mejor posible su campo de acción hasta que, finalmente, las energías limpias ganen el terreno en cuanto a disponibilidad y accesibilidad. Es una transición necesaria, que alentamos, recomendamos muy fuertemente. Es necesaria, pero también es imprescindible que haya un periodo de coexistencia hasta que la matriz energética pueda estar conformada por energías limpias y esto sea sustentable por cada país. En aquel momento se estudiaron los distintos emprendimientos y sólo una explotación tenía parámetros de alta sustentabilidad.
En la actualidad Neuquén tiene una responsabilidad enorme para con el país y para con sus propios habitantes.
Por un lado, tiene que seguir controlando y mejorando las prácticas de las petroleras, para evitar las contaminaciones tanto de los acuíferos en las perforaciones como de la tierra alrededor de cada pozo de explotación convencional. Estas contaminaciones de pequeños o mayores derrames finalmente se infiltran y terminan en los acuíferos también o, en su defecto, si la remediación posterior se hiciere bien, insumen costos altísimos que finalmente paga toda la sociedad y el medio ambiente. Esto no es aceptable y hoy Neuquén tiene disposiciones modernas que minimizan estos riesgos. Hay que poner los ojos en las empresas para que cumplan con las normas.
El otro gran desafío que tiene la provincia es que ha asumido la explotación del petróleo no convencional, explotación que conlleva aún más riesgos ambientales y frente a la cual no nos podemos distraer en cuanto al cumplimiento más amplio, transparente y efectivo de los cuidados ambientales conforme a las normas existentes (la provincia ha adoptado la mayoría de la normativa EPA de Estados Unidos) y a que exista una participación formada e informada de ONGs y universidades de alto prestigio e intachables, capaces de verificar que las mejores prácticas posibles se están cumpliendo en la provincia. Tomamos como un hecho que existe una política de Estado en cuánto al desarrollo petrolero de la provincia; tratemos de poner foco en la prevención de los numerosos impactos en agua, aire y tierra.
Por todos los desafíos que implica la transición energética actual y la obligación de convivir con una matriz energética mixta, Green Cross está haciendo un estudio detallado comparativo de las mejores prácticas ambientales en el upstream, de manera tal que las provincias petroleras puedan recibir el informe como un insumo para disminuir los impactos de la explotación a este nivel.
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Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Neuquén ha atravesado numerosas dificultades y bonanzas debido a la producción de petróleo, una de sus tres grandes columnas vertebrales económicas.
Es una provincia que se ha caracterizado por la excelencia en la planificación de largo plazo y es así que en los años 60 creó el Consejo para el Desarrollo (Copade), una institución señera, de gran prestigio y con profesionales altamente calificados que pudieron elaborar y mantener políticas de Estado aún cuando en el país éstas eran casi imposibles de cristalizar. La Provincia lo logró.
En 1998 el Copade nuevamente fue un actor central en la elaboración del Programa Neuquén 2020, que trazó horizontes de una matriz de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, diversificada con tres pilares fundamentales: el desarrollo agroindustrial, el turismo y la producción energética (petróleo). Green Cross participó activamente junto al Copade en la elaboración de este programa y para ello convocamos nuestros más calificados expertos nacionales e internacionales.
Se discutió mucho, se profundizó en la cuestión ambiental y se evaluó la performance de la actividad petrolera en la provincia. Se analizaron los pasivos y la necesidad de generar normas, controles y permanente seguimiento a los emprendimientos para que esta actividad, contaminante y con un futuro de ser reemplazada en un mediano plazo, dejara lo mejor posible su campo de acción hasta que, finalmente, las energías limpias ganen el terreno en cuanto a disponibilidad y accesibilidad. Es una transición necesaria, que alentamos, recomendamos muy fuertemente. Es necesaria, pero también es imprescindible que haya un periodo de coexistencia hasta que la matriz energética pueda estar conformada por energías limpias y esto sea sustentable por cada país. En aquel momento se estudiaron los distintos emprendimientos y sólo una explotación tenía parámetros de alta sustentabilidad.
En la actualidad Neuquén tiene una responsabilidad enorme para con el país y para con sus propios habitantes.
Por un lado, tiene que seguir controlando y mejorando las prácticas de las petroleras, para evitar las contaminaciones tanto de los acuíferos en las perforaciones como de la tierra alrededor de cada pozo de explotación convencional. Estas contaminaciones de pequeños o mayores derrames finalmente se infiltran y terminan en los acuíferos también o, en su defecto, si la remediación posterior se hiciere bien, insumen costos altísimos que finalmente paga toda la sociedad y el medio ambiente. Esto no es aceptable y hoy Neuquén tiene disposiciones modernas que minimizan estos riesgos. Hay que poner los ojos en las empresas para que cumplan con las normas.
El otro gran desafío que tiene la provincia es que ha asumido la explotación del petróleo no convencional, explotación que conlleva aún más riesgos ambientales y frente a la cual no nos podemos distraer en cuanto al cumplimiento más amplio, transparente y efectivo de los cuidados ambientales conforme a las normas existentes (la provincia ha adoptado la mayoría de la normativa EPA de Estados Unidos) y a que exista una participación formada e informada de ONGs y universidades de alto prestigio e intachables, capaces de verificar que las mejores prácticas posibles se están cumpliendo en la provincia. Tomamos como un hecho que existe una política de Estado en cuánto al desarrollo petrolero de la provincia; tratemos de poner foco en la prevención de los numerosos impactos en agua, aire y tierra.
Por todos los desafíos que implica la transición energética actual y la obligación de convivir con una matriz energética mixta, Green Cross está haciendo un estudio detallado comparativo de las mejores prácticas ambientales en el upstream, de manera tal que las provincias petroleras puedan recibir el informe como un insumo para disminuir los impactos de la explotación a este nivel.
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Ley de Glaciares: buscan que los gobernadores pongan la cara
Nación busca apoyo de gobernadores para modificar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Esperan mantener un encuentro con los mandatarios, después del viaje a la feria minera de Canadá, en marzo.
En la Nación hay algo que tienen en claro: que las inversiones mineras no van a llegar al país si no se modifica la Ley de Glaciares y que para generar esos cambios necesitan de un apoyo central, el de los gobernadores. Por eso, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, le confirmó a DIARIO DE CUYO que se reunirá con los mandatarios para obtener el respaldo político necesario para aprobar la nueva normativa en el Congreso. Hasta el momento no hay fecha del encuentro, pero el funcionario adelantó que será después de una feria minera en Canadá, prevista para el 4 de marzo. A nivel local, desde el Ejecutivo indicaron que están en sintonía con la modificación de la norma, ya que San Juan es la provincia con más proyectos avanzados del país y hay seis que se verán beneficiados de manera directa: cinco yacimientos de cobre, José María, Filo del Sol, Altar, Los Azules y El Pachón, y uno de oro, Lama.
En una entrevista telefónica, Meilán le aseguró a este medio que actualmente "existen muchísimos proyectos que están en etapa de prefactibilidad y de factibilidad avanzada que tendrían dificultades con la Ley de Glaciares actual. Creemos que tenemos que resolver ese tema definitivamente para que no haya incompatibilidad y que podamos poner en marcha los proyectos en el corto plazo" ya que "la Argentina necesita inversiones".
La administración nacional puso el ojo en la Ley de Glaciares el año pasado luego de que Macri se reuniera con los ministros de minería de las provincias que integran Cofemi (Consejo Federal Minero). En ese encuentro las autoridades destacaron que hay al menos dos puntos de la ley que es necesario revisar para dar previsibilidad a los inversores. Uno de ellos es el artículo 1 donde se habla de "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano", pero no aclara qué es una reserva estratégica. El otro es el artículo 6 que fija la prohibición de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera que se desarrolle en el ambiente periglacial, "sin definir qué es periglacial", indicó en su momento el ministro de Minería local, Alberto Hensel.
Según Meilán, para tratar el tema "primero nos vamos a reunir con los ministros del Consejo y en base a esa relación hablaremos luego con los gobernadores. El trabajo con los mandatarios se hace cuando es estricta y políticamente necesario", haciendo referencia a que el cambio no se podría llevar adelante sin la aprobación de ellos, ya que "la realidad indica que los dueños de los recursos son las provincias", sostuvo el secretario macrista. Es más, el funcionario opinó que la feria minera PDAC de Canadá de marzo será un escenario ideal para avanzar en el diálogo.
Por su parte, Hensel se mostró en sintonía con Meilán al manifestar que "ellos entienden que la ley ha retrasado las inversiones, además de otros factores como la caída del precio de los metales. Pero no hay duda de que hasta que no se clarifiquen algunos aspectos de la normativa, las inversiones no van a llegar".
Los proyectos de San Juan son claves ya que, según los pronósticos económicos, uno solo de los de cobre (Pachón o Los Azules) puede generar hasta 3.000 puestos de trabajo directos.
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Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Esperan mantener un encuentro con los mandatarios, después del viaje a la feria minera de Canadá, en marzo.
En la Nación hay algo que tienen en claro: que las inversiones mineras no van a llegar al país si no se modifica la Ley de Glaciares y que para generar esos cambios necesitan de un apoyo central, el de los gobernadores. Por eso, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, le confirmó a DIARIO DE CUYO que se reunirá con los mandatarios para obtener el respaldo político necesario para aprobar la nueva normativa en el Congreso. Hasta el momento no hay fecha del encuentro, pero el funcionario adelantó que será después de una feria minera en Canadá, prevista para el 4 de marzo. A nivel local, desde el Ejecutivo indicaron que están en sintonía con la modificación de la norma, ya que San Juan es la provincia con más proyectos avanzados del país y hay seis que se verán beneficiados de manera directa: cinco yacimientos de cobre, José María, Filo del Sol, Altar, Los Azules y El Pachón, y uno de oro, Lama.
En una entrevista telefónica, Meilán le aseguró a este medio que actualmente "existen muchísimos proyectos que están en etapa de prefactibilidad y de factibilidad avanzada que tendrían dificultades con la Ley de Glaciares actual. Creemos que tenemos que resolver ese tema definitivamente para que no haya incompatibilidad y que podamos poner en marcha los proyectos en el corto plazo" ya que "la Argentina necesita inversiones".
La administración nacional puso el ojo en la Ley de Glaciares el año pasado luego de que Macri se reuniera con los ministros de minería de las provincias que integran Cofemi (Consejo Federal Minero). En ese encuentro las autoridades destacaron que hay al menos dos puntos de la ley que es necesario revisar para dar previsibilidad a los inversores. Uno de ellos es el artículo 1 donde se habla de "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano", pero no aclara qué es una reserva estratégica. El otro es el artículo 6 que fija la prohibición de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera que se desarrolle en el ambiente periglacial, "sin definir qué es periglacial", indicó en su momento el ministro de Minería local, Alberto Hensel.
Según Meilán, para tratar el tema "primero nos vamos a reunir con los ministros del Consejo y en base a esa relación hablaremos luego con los gobernadores. El trabajo con los mandatarios se hace cuando es estricta y políticamente necesario", haciendo referencia a que el cambio no se podría llevar adelante sin la aprobación de ellos, ya que "la realidad indica que los dueños de los recursos son las provincias", sostuvo el secretario macrista. Es más, el funcionario opinó que la feria minera PDAC de Canadá de marzo será un escenario ideal para avanzar en el diálogo.
Por su parte, Hensel se mostró en sintonía con Meilán al manifestar que "ellos entienden que la ley ha retrasado las inversiones, además de otros factores como la caída del precio de los metales. Pero no hay duda de que hasta que no se clarifiquen algunos aspectos de la normativa, las inversiones no van a llegar".
Los proyectos de San Juan son claves ya que, según los pronósticos económicos, uno solo de los de cobre (Pachón o Los Azules) puede generar hasta 3.000 puestos de trabajo directos.
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En busca una "política sustentable" en la industria forestal
Hacia una política sustentable para la industria forestal
Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Continúan las mesas de trabajo entre el Gobierno nacional y la Mesa Foresto Industrial a fin de promover el desarrollo sustentable del sector.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Agroindustria y la Secretaría de Protección de la cartera de Seguridad avanzan en la articulación de una política de desarrollo productivo y sustentable con la Mesa Foresto Industrial, a través de una serie de reuniones con representantes del sector. Es por esto que se realizó un nuevo encuentro que apuntó a consensuar acciones de preservación de los bosques y prevención de incendios forestales.
En ese contexto, se abordó la estrategia de manejo del fuego que lleva adelante el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en función de optimizar capacidades y recursos de prevención y respuesta frente a incendios forestales, rurales, de pastizales e interfase. Es así como se estableció —mediante el Decreto 746/2017— que el Sistema Federal de Manejo del Fuego, responsable de la respuesta operativa ante incendios, quede bajo la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad; mientras que la cartera de Ambiente es la encargada de emitir información sobre alertas tempranas y evaluación del peligro de incendios; realizar campañas de prevención y capacitaciones, y el apoyo a las jurisdicciones locales en la determinación de los daños ambientales causados por el fuego.
En la reunión se establecieron las prioridades de trabajo en el marco de la Mesa Foresto Industrial en materia de protección de los bosques y su uso sustentable. Se consensuó que la prevención de incendios forestales, la capacitación de recursos humanos, el sistema de alerta temprana, la quema controlada y la articulación del consorcio privado con el sector público serán los temas a articular dentro de esta agenda.
Además, funcionarios del Ministerio de Ambiente presentaron los lineamientos estratégicos para la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El manejo sustentable a nivel de cuencas forestales; el manejo de bosque con ganadería integrada; la restauración de bosques degradados; la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de áreas de conservación, son las acciones que lleva adelante el organismo en esta dirección.
Estuvieron presentes el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno; el director nacional de Protección y Preservación de Daños en Incendios Forestales, Guillermo Barisone; y el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, Juan Pedro Cano, todo ellos de la cartera nacional de Ambiente. Por parte del Ministerio de Seguridad, el subsecretario de Operaciones de Protección Civil Daniel Russo y el especialista en gestión del riesgo Gustavo Caranta; y el subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria, Nicolás Laharrague.
La reunión dio continuidad a un encuentro previo con representantes del sector, en el cual se acordó avanzar en líneas de acción tendientes a generar una política ambiental para el sector de celulosa y papel. En dicha oportunidad, el ministro Sergio Bergman, recibió a la Mesa Foresto Industrial y señaló: “El presidente Macri puso en esto un énfasis muy especial y será trascendente para que otros sectores lo encaren de esta manera. Los consensos de lo común tienen que prevalecer y las políticas de Estado tienen que basarse en esos acuerdos que enriquecen el debate”.
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Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Continúan las mesas de trabajo entre el Gobierno nacional y la Mesa Foresto Industrial a fin de promover el desarrollo sustentable del sector.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Agroindustria y la Secretaría de Protección de la cartera de Seguridad avanzan en la articulación de una política de desarrollo productivo y sustentable con la Mesa Foresto Industrial, a través de una serie de reuniones con representantes del sector. Es por esto que se realizó un nuevo encuentro que apuntó a consensuar acciones de preservación de los bosques y prevención de incendios forestales.
En ese contexto, se abordó la estrategia de manejo del fuego que lleva adelante el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en función de optimizar capacidades y recursos de prevención y respuesta frente a incendios forestales, rurales, de pastizales e interfase. Es así como se estableció —mediante el Decreto 746/2017— que el Sistema Federal de Manejo del Fuego, responsable de la respuesta operativa ante incendios, quede bajo la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad; mientras que la cartera de Ambiente es la encargada de emitir información sobre alertas tempranas y evaluación del peligro de incendios; realizar campañas de prevención y capacitaciones, y el apoyo a las jurisdicciones locales en la determinación de los daños ambientales causados por el fuego.
En la reunión se establecieron las prioridades de trabajo en el marco de la Mesa Foresto Industrial en materia de protección de los bosques y su uso sustentable. Se consensuó que la prevención de incendios forestales, la capacitación de recursos humanos, el sistema de alerta temprana, la quema controlada y la articulación del consorcio privado con el sector público serán los temas a articular dentro de esta agenda.
Además, funcionarios del Ministerio de Ambiente presentaron los lineamientos estratégicos para la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El manejo sustentable a nivel de cuencas forestales; el manejo de bosque con ganadería integrada; la restauración de bosques degradados; la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de áreas de conservación, son las acciones que lleva adelante el organismo en esta dirección.
Estuvieron presentes el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno; el director nacional de Protección y Preservación de Daños en Incendios Forestales, Guillermo Barisone; y el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, Juan Pedro Cano, todo ellos de la cartera nacional de Ambiente. Por parte del Ministerio de Seguridad, el subsecretario de Operaciones de Protección Civil Daniel Russo y el especialista en gestión del riesgo Gustavo Caranta; y el subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria, Nicolás Laharrague.
La reunión dio continuidad a un encuentro previo con representantes del sector, en el cual se acordó avanzar en líneas de acción tendientes a generar una política ambiental para el sector de celulosa y papel. En dicha oportunidad, el ministro Sergio Bergman, recibió a la Mesa Foresto Industrial y señaló: “El presidente Macri puso en esto un énfasis muy especial y será trascendente para que otros sectores lo encaren de esta manera. Los consensos de lo común tienen que prevalecer y las políticas de Estado tienen que basarse en esos acuerdos que enriquecen el debate”.
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Aranguren llega a Chubut para "dialogar" sobre minería
Arcioni adelantó que no formará parte del debate minero con Aranguren
Fecha de Publicación: 13/02/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, habló del encuentro que el ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren mantendrá el 21 de febrero con varios intendentes de Chubut y aseguró que "vamos a estar acompañando su visita pero no formando parte del debate".
Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, se refirió este jueves a la reunión que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, mantendrá en Telsen con algunos intendentes de la provincia que impulsan el debate sobre la actividad minera en Chubut.
Arcioni aclaró que “como gobernador de la provincia voy a estar acompañando su visita pero no formando parte del debate”. E indicó que “está viniendo un ministro de la Nación a Chubut, a nuestra casa, yo soy el gobernador y por eso lo voy a estar recibiendo”.
Sin embargo advirtió que “nosotros tenemos una posición tomada” respecto a la actividad minera hoy prohibida en Chubut por la Ley 5.001. Pero dejó en claro que “sí estamos de acuerdo con que se den los debates, que los distintos sectores de la sociedad se escuchen entre ellos con el respeto que se merecen”.
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Fecha de Publicación: 13/02/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, habló del encuentro que el ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren mantendrá el 21 de febrero con varios intendentes de Chubut y aseguró que "vamos a estar acompañando su visita pero no formando parte del debate".
Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, se refirió este jueves a la reunión que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, mantendrá en Telsen con algunos intendentes de la provincia que impulsan el debate sobre la actividad minera en Chubut.
Arcioni aclaró que “como gobernador de la provincia voy a estar acompañando su visita pero no formando parte del debate”. E indicó que “está viniendo un ministro de la Nación a Chubut, a nuestra casa, yo soy el gobernador y por eso lo voy a estar recibiendo”.
Sin embargo advirtió que “nosotros tenemos una posición tomada” respecto a la actividad minera hoy prohibida en Chubut por la Ley 5.001. Pero dejó en claro que “sí estamos de acuerdo con que se den los debates, que los distintos sectores de la sociedad se escuchen entre ellos con el respeto que se merecen”.
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Innovador sistema para conocer la contaminación en el Limay
Una app permitirá saber el nivel de contaminación del Río Limay
Fecha de Publicación: 13/02/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se instaló la primera estación de monitoreo inteligente. La aplicación la podrá utilizar cualquier vecino y conocer la situación del río.
Los niveles de contaminación del río Limay serán medidos de forma permanente a través de la primera estación de monitoreo inteligente que fue instalada en la desembocadura del arroyo Durán.
“Neuquén vuelve a tomar la delantera en temas sensibles para la población y los datos no serán un secreto” expresó el intendente Horacio Quiroga haciendo referencia a la aplicación que permitirá a los neuquinos conocer los niveles de contaminación del río.
“Ayer hicimos las primeras pruebas y hoy ya a través de nuestros celulares estamos teniendo la información de cinco variables físicas del agua que nos permitirán, de ser necesario, adoptar decisiones tempranas”, expresó el intendente y enfatizó en que esta nueva metodología “no resuelve el problema pero colabora ya que establece si realmente existe, es como un termómetro que nos ayuda a saber si tenemos temperatura”.
Las variables que controla esta nueva estación son la temperatura, el PH, el oxígeno disuelto, el potencial oxidación reducción y la conductividad. Esta medición es realizada a través de sensores de manera permanente.
Por su parte, el secretario de Modernización, Rubén Etcheverry, dijo que los sensores permitirán la “detección temprana de amenazas como por ejemplo niveles de oxígeno en el agua para la formación de algas que afecta su calidad, o de vertidos perjudiciales para el curso de agua”.
Además, Etcheverry hizo hincapié en que “muchas veces escuchamos a gente quejarse y denunciar pero poco hace en cuanto a cuidar, a no derramar o prestar atención: en este caso lo que pretendemos hacer es medir y tener registros continuos online que nunca se hicieron en el país”.
Etcheverry aclaró que la ubicación aún no está definida pero que seguramente se colocarán en otros balnearios y en el río Neuquén, lo acordaremos con Recursos Hídricos y la AIC”.
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Pascua Lama: desde lado chileno ni subterránea la quieren
Comunidades batallarán para que Barrick Gold no explote Pascua Lama de forma subterránea
Fecha de Publicación: 13/02/2018
Fuente: El Ciudadano (Chile)
Provincia/Región: San Juan
La transnacional canadiense Barrick Gold vuelve a la carga: ahora estaría negociando con la compañía china Shandong Gold para explotar Pascua Lama de forma subterránea. Esto luego de que las faenas del proyecto de oro y plata fueran cerradas por la Superintendencia de Medio Ambiente a mediados de enero. Ante la nueva opción, las organizaciones del valle del Huasco anuncian que continuarán con la oposición a cualquier proyecto que amenace las nacientes de las aguas.
“Vamos a rechazar el proyecto Pascua Lama y cualquier otro que esté en ese lugar que quiera sacar ese mineral, se llame como se llame y sea la compañía que sea”, espeta Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Guasco Alto, quien agrega que “vamos a seguir luchando y resistiendo a cualquier empresa que quiera sacar el mineral”.
Si bien, con el reciente acuerdo al que llegó Barrick con Shandong en Veladero, mina que está en Argentina, desde la Asamblea del Guasco Alto ya suponían que el acuerdo se podría repetir en Chile, la dirigente comenta que en el territorio ya se escuchaban estos anuncios, sobre todo los relacionados con el proyecto subterráneo. Sin embargo, señala que están en contra de que “se saque el mineral”, por cualquier empresa y “en las condiciones que propongan”, pues “para nosotros es muy importante defender la vida”.
Para San Juan esta negociación entre transnacionales del oro lo ve como un “contraataque” en el sentido que recién están celebrando el cierre definitivo del proyecto determinado por la Superintendencia de Medioambiente (SMA) y ya están pensando en cómo continuar. “Esperamos que con la cantidad de daño irreparable, incluso con riesgo para la salud, que ha quedado a la luz con la resolución de la SMA, el Estado y los gobiernos que vengan -aunque sea difícil-, no le den permiso a esta empresa criminal y no permitan que siga contaminando el valle del Huasco”, dice quien agrega que están conscientes de que todos los gobiernos “han ayudado a la empresa a que saque el mineral”.
Procuro no olvidarte
Ante el gabinete que asumirá el 11 de marzo presentado por Sebastián Piñera para su gobierno, en que, el ex Senador por la región de Atacama y nacido en Vallenar, Baldo Prokurica asumirá como Ministro de Minería, desde la Asamblea del Guasco Alto manifiestan que ven “con mucha alarma y preocupación su anuncio porque sabemos que es pro minera y pro empresa”, sostiene Constanza San Juan. Pero además, dan a conocer antecedentes que manejan en la zona respecto a “que se hizo de tierras de manera poco limpias en Chañar de Aceituno, y que después vendió a empresas que generan energía eólica y que era algo que las comunidades no querían en su territorio”, sostiene la vocera.
Por eso, la dirigente sostiene que “por algo lo pusieron a él de Ministro, porque en la Región de Atacama, tienen en carpeta grandes proyectos mineros y obviamente su tarea será agilizar y viabilizarlos”.
En definitiva, San Juan manifiesta que saben con quién están tratando, por lo que “solo nos queda seguir luchando”.
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Fecha de Publicación: 13/02/2018
Fuente: El Ciudadano (Chile)
Provincia/Región: San Juan
La transnacional canadiense Barrick Gold vuelve a la carga: ahora estaría negociando con la compañía china Shandong Gold para explotar Pascua Lama de forma subterránea. Esto luego de que las faenas del proyecto de oro y plata fueran cerradas por la Superintendencia de Medio Ambiente a mediados de enero. Ante la nueva opción, las organizaciones del valle del Huasco anuncian que continuarán con la oposición a cualquier proyecto que amenace las nacientes de las aguas.
“Vamos a rechazar el proyecto Pascua Lama y cualquier otro que esté en ese lugar que quiera sacar ese mineral, se llame como se llame y sea la compañía que sea”, espeta Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Guasco Alto, quien agrega que “vamos a seguir luchando y resistiendo a cualquier empresa que quiera sacar el mineral”.
Si bien, con el reciente acuerdo al que llegó Barrick con Shandong en Veladero, mina que está en Argentina, desde la Asamblea del Guasco Alto ya suponían que el acuerdo se podría repetir en Chile, la dirigente comenta que en el territorio ya se escuchaban estos anuncios, sobre todo los relacionados con el proyecto subterráneo. Sin embargo, señala que están en contra de que “se saque el mineral”, por cualquier empresa y “en las condiciones que propongan”, pues “para nosotros es muy importante defender la vida”.
Para San Juan esta negociación entre transnacionales del oro lo ve como un “contraataque” en el sentido que recién están celebrando el cierre definitivo del proyecto determinado por la Superintendencia de Medioambiente (SMA) y ya están pensando en cómo continuar. “Esperamos que con la cantidad de daño irreparable, incluso con riesgo para la salud, que ha quedado a la luz con la resolución de la SMA, el Estado y los gobiernos que vengan -aunque sea difícil-, no le den permiso a esta empresa criminal y no permitan que siga contaminando el valle del Huasco”, dice quien agrega que están conscientes de que todos los gobiernos “han ayudado a la empresa a que saque el mineral”.
Procuro no olvidarte
Ante el gabinete que asumirá el 11 de marzo presentado por Sebastián Piñera para su gobierno, en que, el ex Senador por la región de Atacama y nacido en Vallenar, Baldo Prokurica asumirá como Ministro de Minería, desde la Asamblea del Guasco Alto manifiestan que ven “con mucha alarma y preocupación su anuncio porque sabemos que es pro minera y pro empresa”, sostiene Constanza San Juan. Pero además, dan a conocer antecedentes que manejan en la zona respecto a “que se hizo de tierras de manera poco limpias en Chañar de Aceituno, y que después vendió a empresas que generan energía eólica y que era algo que las comunidades no querían en su territorio”, sostiene la vocera.
Por eso, la dirigente sostiene que “por algo lo pusieron a él de Ministro, porque en la Región de Atacama, tienen en carpeta grandes proyectos mineros y obviamente su tarea será agilizar y viabilizarlos”.
En definitiva, San Juan manifiesta que saben con quién están tratando, por lo que “solo nos queda seguir luchando”.
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La polémica de los zoológicos ahora en Tucumán
¿El fin de los zoológicos?: La polémica se traslada a Tucumán
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un cambio de paradigma en el vínculo entre el hombre y la naturaleza obliga a pensar en la reconversión de las instituciones zoológicas en lugares para la rehabilitación, conservación y liberación de especies nativas. Las denuncias contra el predio del Instituto Pellegrini abren el debate.
La denuncia de una turista salteña sobre la bichera que presentaba uno de los osos pardos con los que cuenta el zoológico de San Pedro de Colalao recorrió las redes sociales. Esa situación fue el puntapié inicial de varias publicaciones que vinieron después haciendo referencia a la condición sanitaria general de los animales que se encuentran en el predio que pertenece al Instituto Carlos Pellegrini. Pero fue Ariadna Remonda quien se hizo eco de los reclamos dispersos en la virtualidad y encabezó una campaña para pedir el cierre del zoo. Su carta dirigida al gobernador Juan Manzur y al delegado comunal, Luis Andrada, consignando diversas irregularidades, logró más de 8 mil adhesiones.
Quienes están abocados al activismo medioambiental dicen que nada de lo que ocurrió en lo relativo a las denuncias es una novedad. Aseguran que, al constituirse el zoológico como uno de los principales atractivos de San Pedro de Colalao, tucumanos y turistas tienen la posibilidad de encontrarse durante el verano con alguna que otra situación irregular en el predio que alberga a más de 150 especies entre nativas y exóticas. Sólo es cuestión de sacar el celular, tomar una foto y que las redes y sus usuarios hagan el resto. Lo que sí representa un cambio, según Ivana Acevedo, -referente de la ONG Animalista Libera-, es que en los últimos tiempos los cuestionamientos no provienen estrictamente de un sector vinculado al proteccionismo sino de personas que fueron a visitar el predio solos o con su familia y algo les hizo ruido.
“No se necesitan zoológicos en estas épocas, más bien precisamos un lugar en donde se pueda recuperar la fauna silvestre. También hay que recuperar las zonas desprotegidas para implementar un plan de rehabilitación, liberación y reintroducción”, sostuvo Acevedo, quien tiene la convicción de que “llegará un punto de inflexión en el que los zoológicos tendrán que abrirse a la sociedad y al Estado para su reconversión”.
El fenómeno es imposible de evaluar de manera aislada a lo que viene sucediendo en distintos lugares del mundo y también en Argentina. Una nueva sensibilidad en lo que refiere al medioambiente en sus distintas vertientes, sumado a las posibilidades que ofrecen la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones pusieron en jaque primero a los circos que incorporaban animales en sus números y luego a los zoológicos que los exhiben cual objeto en una vidriera donde se reúne la sociedad del consumo y del entretenimiento.
“La gente está empezando a ver lo que de verdad hay en los zoológicos: vidas encerradas porque el animal sigue vivo pero en realidad no sé si podemos llamar vida a lo que llevan dentro de una jaula. Lo que se proponen son cosas básicas: dejar de comprar o ingresar animales, evitar la reproducción dentro del mismo zoológico para achicar la población y abocar las tareas a la rehabilitación de la fauna nativa; que no se sigan trayendo animales que no son de esta zona”, requirió.
El fenómeno en contexto
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en 2016 el cierre definitivo del Parque Zoológico, situado en el corazón de Capital Federal, para reconvertirlo en un ecoparque. La decisión fue tomada luego de los feroces cuestionamientos que recibió la institución luego de la muerte del oso polar Winner, víctima del calor y el estrés que le produjeron los fuegos artificiales de las fiestas de fin de año. En la ciudad Mendoza también sucedió algo similar con el oso polar Arturo que, pese a los pedidos que llegaron desde todas partes del mundo, no pudo ser trasladado para brindarle una mejor calidad de vida en sus últimos años: rl gasto del transporte era millonario y el riesgo de que muera camino a un santuario, demasiado elevado.
Tanto en uno como en otro lugar, y con diferente suerte, comenzó un necesario proceso de reconversión a tono con un cambio de paradigma en relación al vínculo que el hombre establece con la naturaleza y que fue contemplado en el Nuevo Código Civil de la Nación. En este sentido, la norma que rige la vida de los argentinos desde 2015 modificó la consideración legal de los animales como meros objetos y la reconfiguró por “sujetos de derecho sintientes no humanos”. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento real y efectivo de los derechos que amparan a los animales en todo el territorio.
“En este paso rápido por la Tierra hemos destruido todo tan rápido que ahora nos estamos preocupando por resolver el problema con la misma premura. Sí puedo decir que hay una tendencia mundial en reconvertir las instituciones zoológicas para que no consistan meramente en la exposición de un animal sino en trabajar rehabilitando, liberando y siendo parte de programas de conservación de especies nativas”, apuntó el biólogo Diego Ortiz, quien desde hace más de una década se dedica a la recuperación de aves rapaces en la Reserva de Horco Molle, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán.
Un zoo bajo la lupa
La situación de la Provincia es diferente en relación a los casos de Buenos Aires y Mendoza debido a que el único zoológico que funciona pertenece a una empresa privada. Además, el predio está ubicado a 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán, de manera que la problemática de los animales en cautiverio no está presente para los tucumanos de igual manera que estuvo para los porteños o los mendocinos, que tenían integrados a los respectivos zoológicos a las ciudades. La situación los exponía a las auditorías de los organismos correspondientes y también a la que realizaban los miles de ciudadanos y turistas que lo visitaban durante todo el año.
El gerente Guillermo Fernández, argumentó ante los cuestionamientos que explotaron este verano que la institución que dirige cuenta con todas las habilitaciones expedidas por la Dirección de Fauna de la Nación y de la Provincia. Agregó que existen convenios firmados con la Secretaría de Medio Ambiente local para trabajar de manera mancomunada para albergar a las especies rescatadas del tráfico de animales o del “mascotismo”, es decir, de aquellas personas que adoptan animales silvestres como mascotas.
El director de Flora y Fauna de la Provincia, Eduardo Dietrich, confirmó la existencia de ese convenio debido a que en Tucumán no existe un lugar de estas características para atender las necesidades de animales silvestres. Como ejemplo, citó el caso de Baguira, la leona que fue rescatada de un circo y enviada a un santuario en África; y también la recepción de pumas –entre otros animales nativos- que muchas veces se encuentran en casas de familias.
“Firmé un convenio con esta institución porque a mí me es muy útil en la recuperación de animales silvestres que mucha gente por error los quiere domesticar, es así que los empieza a criar cuando son chiquitos pero en algún momento se tornan inmanejables, como el caso de un par de pumas que llegaron aquí. Entonces, hay dos opciones: el sacrificio o conseguir algún lugar en donde se los pueda contener”, apuntó Dietrich.
Sin embargo, el conflicto de intereses salta a la vista: el Estado, que debe ejercer el poder de policía frente a instituciones zoológicas de este tipo y garantizar su reconversión en espacios para la educación ambiental, la investigación, la preservación y eventual reinserción en el hábitat natural de especies nativas termina “asociado”, de alguna manera, en situaciones que no se apegan a lo que cada vez más ciudadanos reclaman como un derecho considerado en la Constitución Nacional y en diversos Tratados Internacionales como de “tercera generación”.
Profesionales abocados al estudio y manejo de fauna silvestre piden considerar en el debate todos los matices que se encuentran desde la angustiosa situación del cautiverio en la que se encuentran cientos de animales en el zoológico a la solución mágica de la liberación que, muchas veces, es un remanso en donde liberar la angustia que ocasiona el sufrimiento de un ser vivo. Lo cierto es que la reconversión es necesaria y el fin último debe ser la reinserción de los animales en su hábitat natural siempre y cuando su trayectoria vital así lo permita.
Pero en el camino hay que evaluar –y aquí entra la función del Estado y de profesionales idóneos en la materia- las condiciones del cautiverio de los animales: si se encuentran en un recinto grande o pequeño, con o sin ambientación, con o sin enriquecimiento animal para sobrellevar el encierro, expuesto o no al público, con o sin un plan por parte de las instituciones de realizar un manejo responsable del plantel. Para ello, un parámetro que sugieren tener en cuenta los especialistas para evaluar la situación de un zoológico es la relación entre la inversión, la cantidad de profesionales abocados al cuidado de los animales y la cantidad de especies.
En este punto se convierte en un aspecto central detener la reproducción de animales en cautiverio debido a que sus madres, anuladas de todo instinto, no podrán enseñarles lo esencial para desarrollarse en la naturaleza y la función del zoológico quedará justificada una y otra vez en un entramado de complicidades con aval estatal. “Así como nosotros respetamos a los que piensan diferente, yo pido que se respeten a los que si nos gustan los zoológicos porque creemos que tienen una función educativa muy importante”, sostuvo Fernández.
La bichera del oso denunciada en las redes sociales pasó a ser anecdótica frente al complejo fenómeno del manejo de la fauna en la Provincia. Afortunadamente, la meiasis fue atacada pero lo realmente grave es que en la misma fosa de cemento donde se tomó la foto, y bajo el intenso calor del enero tucumano, recientemente nacieron dos oseznos. Ante la pregunta de este diario sobre cuál será el destino de los animales, el encargado sanitario del zoológico, José Yapur, admitió que todavía no tienen un destino pero que, seguramente, se trocarán en el mercado cada vez más acotado de zoológicos.
Hasta el momento, no hay currícula de educación ambiental que justifique una situación semejante debido a que la cuestión ambiental comprende a la ética como un ingrediente esencial de la toma decisiones a favor de un mundo sustentable para nuestra generación y también de las que vendrán.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un cambio de paradigma en el vínculo entre el hombre y la naturaleza obliga a pensar en la reconversión de las instituciones zoológicas en lugares para la rehabilitación, conservación y liberación de especies nativas. Las denuncias contra el predio del Instituto Pellegrini abren el debate.
La denuncia de una turista salteña sobre la bichera que presentaba uno de los osos pardos con los que cuenta el zoológico de San Pedro de Colalao recorrió las redes sociales. Esa situación fue el puntapié inicial de varias publicaciones que vinieron después haciendo referencia a la condición sanitaria general de los animales que se encuentran en el predio que pertenece al Instituto Carlos Pellegrini. Pero fue Ariadna Remonda quien se hizo eco de los reclamos dispersos en la virtualidad y encabezó una campaña para pedir el cierre del zoo. Su carta dirigida al gobernador Juan Manzur y al delegado comunal, Luis Andrada, consignando diversas irregularidades, logró más de 8 mil adhesiones.
Quienes están abocados al activismo medioambiental dicen que nada de lo que ocurrió en lo relativo a las denuncias es una novedad. Aseguran que, al constituirse el zoológico como uno de los principales atractivos de San Pedro de Colalao, tucumanos y turistas tienen la posibilidad de encontrarse durante el verano con alguna que otra situación irregular en el predio que alberga a más de 150 especies entre nativas y exóticas. Sólo es cuestión de sacar el celular, tomar una foto y que las redes y sus usuarios hagan el resto. Lo que sí representa un cambio, según Ivana Acevedo, -referente de la ONG Animalista Libera-, es que en los últimos tiempos los cuestionamientos no provienen estrictamente de un sector vinculado al proteccionismo sino de personas que fueron a visitar el predio solos o con su familia y algo les hizo ruido.
“No se necesitan zoológicos en estas épocas, más bien precisamos un lugar en donde se pueda recuperar la fauna silvestre. También hay que recuperar las zonas desprotegidas para implementar un plan de rehabilitación, liberación y reintroducción”, sostuvo Acevedo, quien tiene la convicción de que “llegará un punto de inflexión en el que los zoológicos tendrán que abrirse a la sociedad y al Estado para su reconversión”.
El fenómeno es imposible de evaluar de manera aislada a lo que viene sucediendo en distintos lugares del mundo y también en Argentina. Una nueva sensibilidad en lo que refiere al medioambiente en sus distintas vertientes, sumado a las posibilidades que ofrecen la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones pusieron en jaque primero a los circos que incorporaban animales en sus números y luego a los zoológicos que los exhiben cual objeto en una vidriera donde se reúne la sociedad del consumo y del entretenimiento.
“La gente está empezando a ver lo que de verdad hay en los zoológicos: vidas encerradas porque el animal sigue vivo pero en realidad no sé si podemos llamar vida a lo que llevan dentro de una jaula. Lo que se proponen son cosas básicas: dejar de comprar o ingresar animales, evitar la reproducción dentro del mismo zoológico para achicar la población y abocar las tareas a la rehabilitación de la fauna nativa; que no se sigan trayendo animales que no son de esta zona”, requirió.
El fenómeno en contexto
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en 2016 el cierre definitivo del Parque Zoológico, situado en el corazón de Capital Federal, para reconvertirlo en un ecoparque. La decisión fue tomada luego de los feroces cuestionamientos que recibió la institución luego de la muerte del oso polar Winner, víctima del calor y el estrés que le produjeron los fuegos artificiales de las fiestas de fin de año. En la ciudad Mendoza también sucedió algo similar con el oso polar Arturo que, pese a los pedidos que llegaron desde todas partes del mundo, no pudo ser trasladado para brindarle una mejor calidad de vida en sus últimos años: rl gasto del transporte era millonario y el riesgo de que muera camino a un santuario, demasiado elevado.
Tanto en uno como en otro lugar, y con diferente suerte, comenzó un necesario proceso de reconversión a tono con un cambio de paradigma en relación al vínculo que el hombre establece con la naturaleza y que fue contemplado en el Nuevo Código Civil de la Nación. En este sentido, la norma que rige la vida de los argentinos desde 2015 modificó la consideración legal de los animales como meros objetos y la reconfiguró por “sujetos de derecho sintientes no humanos”. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento real y efectivo de los derechos que amparan a los animales en todo el territorio.
“En este paso rápido por la Tierra hemos destruido todo tan rápido que ahora nos estamos preocupando por resolver el problema con la misma premura. Sí puedo decir que hay una tendencia mundial en reconvertir las instituciones zoológicas para que no consistan meramente en la exposición de un animal sino en trabajar rehabilitando, liberando y siendo parte de programas de conservación de especies nativas”, apuntó el biólogo Diego Ortiz, quien desde hace más de una década se dedica a la recuperación de aves rapaces en la Reserva de Horco Molle, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán.
Un zoo bajo la lupa
La situación de la Provincia es diferente en relación a los casos de Buenos Aires y Mendoza debido a que el único zoológico que funciona pertenece a una empresa privada. Además, el predio está ubicado a 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán, de manera que la problemática de los animales en cautiverio no está presente para los tucumanos de igual manera que estuvo para los porteños o los mendocinos, que tenían integrados a los respectivos zoológicos a las ciudades. La situación los exponía a las auditorías de los organismos correspondientes y también a la que realizaban los miles de ciudadanos y turistas que lo visitaban durante todo el año.
El gerente Guillermo Fernández, argumentó ante los cuestionamientos que explotaron este verano que la institución que dirige cuenta con todas las habilitaciones expedidas por la Dirección de Fauna de la Nación y de la Provincia. Agregó que existen convenios firmados con la Secretaría de Medio Ambiente local para trabajar de manera mancomunada para albergar a las especies rescatadas del tráfico de animales o del “mascotismo”, es decir, de aquellas personas que adoptan animales silvestres como mascotas.
El director de Flora y Fauna de la Provincia, Eduardo Dietrich, confirmó la existencia de ese convenio debido a que en Tucumán no existe un lugar de estas características para atender las necesidades de animales silvestres. Como ejemplo, citó el caso de Baguira, la leona que fue rescatada de un circo y enviada a un santuario en África; y también la recepción de pumas –entre otros animales nativos- que muchas veces se encuentran en casas de familias.
“Firmé un convenio con esta institución porque a mí me es muy útil en la recuperación de animales silvestres que mucha gente por error los quiere domesticar, es así que los empieza a criar cuando son chiquitos pero en algún momento se tornan inmanejables, como el caso de un par de pumas que llegaron aquí. Entonces, hay dos opciones: el sacrificio o conseguir algún lugar en donde se los pueda contener”, apuntó Dietrich.
Sin embargo, el conflicto de intereses salta a la vista: el Estado, que debe ejercer el poder de policía frente a instituciones zoológicas de este tipo y garantizar su reconversión en espacios para la educación ambiental, la investigación, la preservación y eventual reinserción en el hábitat natural de especies nativas termina “asociado”, de alguna manera, en situaciones que no se apegan a lo que cada vez más ciudadanos reclaman como un derecho considerado en la Constitución Nacional y en diversos Tratados Internacionales como de “tercera generación”.
Profesionales abocados al estudio y manejo de fauna silvestre piden considerar en el debate todos los matices que se encuentran desde la angustiosa situación del cautiverio en la que se encuentran cientos de animales en el zoológico a la solución mágica de la liberación que, muchas veces, es un remanso en donde liberar la angustia que ocasiona el sufrimiento de un ser vivo. Lo cierto es que la reconversión es necesaria y el fin último debe ser la reinserción de los animales en su hábitat natural siempre y cuando su trayectoria vital así lo permita.
Pero en el camino hay que evaluar –y aquí entra la función del Estado y de profesionales idóneos en la materia- las condiciones del cautiverio de los animales: si se encuentran en un recinto grande o pequeño, con o sin ambientación, con o sin enriquecimiento animal para sobrellevar el encierro, expuesto o no al público, con o sin un plan por parte de las instituciones de realizar un manejo responsable del plantel. Para ello, un parámetro que sugieren tener en cuenta los especialistas para evaluar la situación de un zoológico es la relación entre la inversión, la cantidad de profesionales abocados al cuidado de los animales y la cantidad de especies.
En este punto se convierte en un aspecto central detener la reproducción de animales en cautiverio debido a que sus madres, anuladas de todo instinto, no podrán enseñarles lo esencial para desarrollarse en la naturaleza y la función del zoológico quedará justificada una y otra vez en un entramado de complicidades con aval estatal. “Así como nosotros respetamos a los que piensan diferente, yo pido que se respeten a los que si nos gustan los zoológicos porque creemos que tienen una función educativa muy importante”, sostuvo Fernández.
La bichera del oso denunciada en las redes sociales pasó a ser anecdótica frente al complejo fenómeno del manejo de la fauna en la Provincia. Afortunadamente, la meiasis fue atacada pero lo realmente grave es que en la misma fosa de cemento donde se tomó la foto, y bajo el intenso calor del enero tucumano, recientemente nacieron dos oseznos. Ante la pregunta de este diario sobre cuál será el destino de los animales, el encargado sanitario del zoológico, José Yapur, admitió que todavía no tienen un destino pero que, seguramente, se trocarán en el mercado cada vez más acotado de zoológicos.
Hasta el momento, no hay currícula de educación ambiental que justifique una situación semejante debido a que la cuestión ambiental comprende a la ética como un ingrediente esencial de la toma decisiones a favor de un mundo sustentable para nuestra generación y también de las que vendrán.
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Demanda récord de energía eléctrica
Por la ola de calor, la demanda eléctrica alcanzó nuevo récord
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Llegó ayer a 26.320 megavatios a las 15:35, debido a las altas temperaturas que se registraron en el centro y el norte del país, informó el Ministerio de Energía.
La demanda de electricidad alcanzó ayer 26.320 megavatios a las 15:35, un nuevo récord nacional, a raíz de la ola de calor que se registró en el centro y norte del país, informó el Ministerio de Energía.
A través de la red social Twitter, esta cartera informó que esa demanda “se cubrió con un nivel óptimo de reservas de 1.800 MW” y que el récord previo se produjo el 6 de febrero con 25.994 MW.
En Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que concentran unos 12 millones de habitantes, la temperatura máxima ascendió a 36 grados.
Fuentes empresariales destacaron que en febrero de 2016 se alcanzó un récord cercano en 24.500 megawatios, y en ese momento hizo falta importar 2.000 megawatios de Brasil.
Hoy, con un récord de 26.320 MW, es decir, 10% más de demanda, “no se importó nada y quedó una reserva de 1.800 megas, producto de la inauguración de algunas centrales y una mayor eficiencia en el manejo del parque eléctrico”, precisó la fuente.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Llegó ayer a 26.320 megavatios a las 15:35, debido a las altas temperaturas que se registraron en el centro y el norte del país, informó el Ministerio de Energía.
La demanda de electricidad alcanzó ayer 26.320 megavatios a las 15:35, un nuevo récord nacional, a raíz de la ola de calor que se registró en el centro y norte del país, informó el Ministerio de Energía.
A través de la red social Twitter, esta cartera informó que esa demanda “se cubrió con un nivel óptimo de reservas de 1.800 MW” y que el récord previo se produjo el 6 de febrero con 25.994 MW.
En Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que concentran unos 12 millones de habitantes, la temperatura máxima ascendió a 36 grados.
Fuentes empresariales destacaron que en febrero de 2016 se alcanzó un récord cercano en 24.500 megawatios, y en ese momento hizo falta importar 2.000 megawatios de Brasil.
Hoy, con un récord de 26.320 MW, es decir, 10% más de demanda, “no se importó nada y quedó una reserva de 1.800 megas, producto de la inauguración de algunas centrales y una mayor eficiencia en el manejo del parque eléctrico”, precisó la fuente.
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Paraná: que se vetó de la ordenanza anti glifosato?
Cuáles son los artículos vetados de la ordenanza que prohíbe el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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Mas de 59 mil hectáreas deforestadas ilegalmente
Las 128.000 hectáreas de bosque argentino que dejaron de existir
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Científicos comprueban que el Paraná tiene glifosato
Científico del Conicet asegura que el Paraná esta contaminado con glifosato
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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En Chaco aseguran que cumplen con la Ley de Bosques
El Chaco frenó la deforestación y cumple con las reglas de juego de la Ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Chaco figura entre los distritos del país en los que más se destruyen los montes, según una estadística difundida a nivel nacional, pero las autoridades locales señalaron que se trata de cifras “históricas” que no representan lo que sucede actualmente, ya que hoy hay más controles y un mayor cuidado de los bosques.
Ese fue el planteo ayer del subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, quien marcó que en la gestión actual se autorizan no más de 22.000 hectáreas de deforestación por año, muy por debajo de lo que sucedía en épocas como 2005 o 2006.
“Que la gente quede tranquila”
En la información publicada por La Nación, basada en datos del Ministerio de Ambiente, el Chaco es la tercera provincia del país en la que más bosques se perdieron desde 2008, con 292.573 hectáreas de montes que quedaron barridas para ser destinadas a cultivos o ganadería. En primer lugar aparece Santiago del Estero, con 733.701 hectáreas, y segunda Salta con 567.621.
Olivares reconoció ayer que no estaba enterado de la publicación del diario porteño, efectuada el lunes. “Creo que esas cifras pueden ser reales si son desde fines de los ’90 a la fecha”, dijo.
Luego recordó que la Ley de Bosques se sancionó en 2007, promovida por el diputado, escritor y periodista Miguel Bonasso, con apoyo de numerosas organizaciones, “porque había un índice muy acelerado de explotación, sobre todo en las provincias del norte, como el Chaco, un poco por la falta de una normativa seria al respecto y la desactualización de la normativa existente”.
Olivares, en ese sentido, dijo que la Ley Bonasso “trajo seguridad para mantener los bosques en pie”, al plantear una clasificación de los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las verdes la deforestación está permitida, en las amarillas depende de ciertas condiciones y en las rojas la tala de árboles está terminantemente prohibida.
Pero varias organizaciones comenzaron a denunciar que los gobiernos locales modificaban las categorizaciones sin argumentos válidas para convertir áreas amarillas o rojas en verdes, con lo cual los desmontes continuaron, aunque a menor ritmo que antes.
Eso es lo que viene planteando el Centro de Estudios Nelson Mandela (mencionado en el editorial de La Nación) para el caso del Chaco, diciendo que se desvirtúa la Ley de Bosques para favorecer a quienes hacen negocio con la deforestación.
Olivares, en cambio, sostuvo ayer que la situación no es ésa. “No se autorizan desmontes en zonas protegidas. Para que la gente esté tranquila, nosotros los permisos de desmontes o cambios de usos de suelo son solicitudes de los particulares que hacen los particulares al Estado, y están previstos por la Ley de Bosques mientras se preserven y evalúen todos los requerimientos técnicos y legales que marca la norma. Desde que ingresa el pedido hasta la correspondiente audiencia pública, e incluso después, publicamos todo en nuestra web oficial, con todos los datos del expediente”, marcó.
De ayer a hoy
“En lo que queremos avanzar ahora es en dar también información estadística, porque detrás de cada proyecto de cambio de uso de suelo hay dos cuestiones. La ley provincial exige la conservación de un determinado porcentaje de bosque y por otro lado exige que la madera tenga un valor agregado, para no perder esa materia prima”, agregó.
El funcionario por eso insistió en que los datos publicados en la prensa nacional “son cifras históricas”, y afirmó que “hoy estamos en un 70 a 80% menos que los años 2005 o 2006, que fueron los años en que más se desmontaba por año en la provincia”.
“En 2006 y 2007 se desmontaron 65.000 hectáreas y nosotros van a hacer ya tres períodos que no superamos las 22.000 o 24.000 hectáreas anuales. Esto es producto de muchísimo trabajo”, afirmó.
En cuanto a la forma en que se distribuyen los fondos previstos por la Ley Bonasso para compensar a las provincias por el cuidado de sus bosques, Olivares destacó el trabajo de la ministra de Ambiente, María Elina Serrano, “que en todas las instancias nacionales nos ayuda a reclamar que nos depositen todos los fondos que correspondan por la ley, para que podamos tener más capacidad para mejorar. Hoy estamos un poco limitados presupuestariamente”.
También brindó su reconocimiento al ministro de Producción, Marcelo Repetto, “porque gracias a él se pudo fortalecer esta área y su asunción nos dio perspectivas de seguir mejorando”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Chaco figura entre los distritos del país en los que más se destruyen los montes, según una estadística difundida a nivel nacional, pero las autoridades locales señalaron que se trata de cifras “históricas” que no representan lo que sucede actualmente, ya que hoy hay más controles y un mayor cuidado de los bosques.
Ese fue el planteo ayer del subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, quien marcó que en la gestión actual se autorizan no más de 22.000 hectáreas de deforestación por año, muy por debajo de lo que sucedía en épocas como 2005 o 2006.
“Que la gente quede tranquila”
En la información publicada por La Nación, basada en datos del Ministerio de Ambiente, el Chaco es la tercera provincia del país en la que más bosques se perdieron desde 2008, con 292.573 hectáreas de montes que quedaron barridas para ser destinadas a cultivos o ganadería. En primer lugar aparece Santiago del Estero, con 733.701 hectáreas, y segunda Salta con 567.621.
Olivares reconoció ayer que no estaba enterado de la publicación del diario porteño, efectuada el lunes. “Creo que esas cifras pueden ser reales si son desde fines de los ’90 a la fecha”, dijo.
Luego recordó que la Ley de Bosques se sancionó en 2007, promovida por el diputado, escritor y periodista Miguel Bonasso, con apoyo de numerosas organizaciones, “porque había un índice muy acelerado de explotación, sobre todo en las provincias del norte, como el Chaco, un poco por la falta de una normativa seria al respecto y la desactualización de la normativa existente”.
Olivares, en ese sentido, dijo que la Ley Bonasso “trajo seguridad para mantener los bosques en pie”, al plantear una clasificación de los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las verdes la deforestación está permitida, en las amarillas depende de ciertas condiciones y en las rojas la tala de árboles está terminantemente prohibida.
Pero varias organizaciones comenzaron a denunciar que los gobiernos locales modificaban las categorizaciones sin argumentos válidas para convertir áreas amarillas o rojas en verdes, con lo cual los desmontes continuaron, aunque a menor ritmo que antes.
Eso es lo que viene planteando el Centro de Estudios Nelson Mandela (mencionado en el editorial de La Nación) para el caso del Chaco, diciendo que se desvirtúa la Ley de Bosques para favorecer a quienes hacen negocio con la deforestación.
Olivares, en cambio, sostuvo ayer que la situación no es ésa. “No se autorizan desmontes en zonas protegidas. Para que la gente esté tranquila, nosotros los permisos de desmontes o cambios de usos de suelo son solicitudes de los particulares que hacen los particulares al Estado, y están previstos por la Ley de Bosques mientras se preserven y evalúen todos los requerimientos técnicos y legales que marca la norma. Desde que ingresa el pedido hasta la correspondiente audiencia pública, e incluso después, publicamos todo en nuestra web oficial, con todos los datos del expediente”, marcó.
De ayer a hoy
“En lo que queremos avanzar ahora es en dar también información estadística, porque detrás de cada proyecto de cambio de uso de suelo hay dos cuestiones. La ley provincial exige la conservación de un determinado porcentaje de bosque y por otro lado exige que la madera tenga un valor agregado, para no perder esa materia prima”, agregó.
El funcionario por eso insistió en que los datos publicados en la prensa nacional “son cifras históricas”, y afirmó que “hoy estamos en un 70 a 80% menos que los años 2005 o 2006, que fueron los años en que más se desmontaba por año en la provincia”.
“En 2006 y 2007 se desmontaron 65.000 hectáreas y nosotros van a hacer ya tres períodos que no superamos las 22.000 o 24.000 hectáreas anuales. Esto es producto de muchísimo trabajo”, afirmó.
En cuanto a la forma en que se distribuyen los fondos previstos por la Ley Bonasso para compensar a las provincias por el cuidado de sus bosques, Olivares destacó el trabajo de la ministra de Ambiente, María Elina Serrano, “que en todas las instancias nacionales nos ayuda a reclamar que nos depositen todos los fondos que correspondan por la ley, para que podamos tener más capacidad para mejorar. Hoy estamos un poco limitados presupuestariamente”.
También brindó su reconocimiento al ministro de Producción, Marcelo Repetto, “porque gracias a él se pudo fortalecer esta área y su asunción nos dio perspectivas de seguir mejorando”.
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