Proyecto para pedir las EIA en obras públicas
07:00 | 
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Quieren que sea obligatorio el estudio de impacto ambiental para las obras públicas
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Hasta el momento solo se les exige a las que son financiadas por organismos multilaterales. A partir de esta iniciativa, que hoy tuvo media sanción en Diputados, esta obligación alcanzaría a los proyectos ejecutados por municipios, por la provincia o la Nación en territorio santafesino.
La Cámara de Diputados dio media sanción esta tarde a un proyecto que modifica los artículos 12, 18 y 21 de la Ley 11.717 (medio ambiente y desarrollo sustentable). Por un lado, se reemplaza el texto en todos los artículos donde dice "Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable", por "Ministerio de Medio Ambiente". Pero por otro, se implanta la obligatoriedad para los estados municipales, la provincia y la Nación de realizar un estudio de impacto y evaluación ambiental al momento de realizar una obra en territorio santafesino.
"Aunque parezca raro esa obligación hoy no está en la ley de medio ambiente en la provincia. Esa ley establece la obligatoriedad para los particulares de realizar los certificados de aptitud ambiental, de acuerdo al tipo de actividad, o en su caso el estudio y posterior evaluación de impacto ambiental cuando encaran determinado tipo de obra", explicó a UNO Santa Fe el diputado Santiago Mascheroni, uno de los autores de la iniciativa.
"Pero esa obligación –aclaró– no existe para el Estado, que es el realizador de las grandes obras como un camino, un puente, una plaza, un servicio de transporte. Y no hay evaluación de impacto ambiental, no se consulta a la opinión pública, se le da para adelante. Esto no es una intención de impedir nada, sino que se cumpla la ley para el Estado de la misma manera que le exigimos a los privados, con estudio, evaluación y conocer cuáles son las medidas de remediación".
El legislador radical indicó que cuando las obras son financiadas por organismos de crédito multilaterales, como el Banco Mundial, los créditos ya vienen con la obligación de hacer el estudio de impacto ambiental y la evaluación. Pero no sucede lo mismo cuando son hechos con fondos municipales, provinciales o nacionales. "Ahí esa obligación no existe y desde la modificación, corrimiento, instalación de una plaza, un camino, una ruta, un puente o incluso la radicación de un barrio sin servicios o al revés, el Estado tendría la obligación de realizar el estudio y una posterior evaluación. Nosotros sí le ponemos énfasis en que no sólo se le preste atención a las cuestiones técnicas sino también a los aspectos sociales, es decir la calidad de vida de las personas", remarcó.
Como ejemplo, Mascheroni recordó que ante la instalación de redes de alta tensión de la Empresa Provincial de la Energía en los barrios se producían algunos problemas. "Ahí vehíamos resistencia y todo pero nunca se le obligaba (a la empresa) a que realice un estudio de impacto ambiental previo para medir el alcance, extensión o la posibilidad de remediación. A eso apunta la ley que impulsamos y que acompañaron legisladores de todos los bloques".
El proyecto establece que el Ministerio de Medio Ambiente sería la autoridad de aplicación. Al ser consultado sobre si no es contradictorio que el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo, Mascheroni respondió: "El Estado se debe controlar, hay otras áreas que lo hacen. Estamos hablando de un marco regulatorio para aguas y con un organismo que en su momento lo va a tener; hemos reclamado que se reinstale el órgano de control en materia de la autopista; existe el órgano de control de aguas y saneamiento. No obsta que el Estado mida a través de un área específica porque son pautas objetivas. Si el Estado va a hacer una obra, presenta la evaluación y sus propios organismos, que también tienen posibilidad de contratar una consultora o hacer convenios con universidades nacionales, pueden hacer el control".
Por su embergadura hay obras que no requieren estudio de impacto ambiental. Pero según el legislador, eso está tipificado en el Decreto 101, que "es el reglamentario y es muy específico". Allí se determina toda la casuística en los aspectos donde es obligatorio el certificado de aptitud y dónde es obligatorio, por la mayor importancia de la obra, el estudio ambiental y su posterior evaluación, los mecanismos de remediación y planes de contingencia.
"Esto sirve tanto para autorizar la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos como para una planta de volcamiento y tratamiento de residuos patológicos o tóxicos, entre otras cosas. En todos estos casos en que el Estado encare una obra pueda derivarla si lo desea a que el estudio los relice un particular. Pero a los estudios tiene que presentarlos", ejemplificó.Luego de la media sanción que esta tarde dio Diputados, la iniciativa comenzará a debatirse en el Senado de la provincia. De todas formas, eso sucederá recién después del receso que comenzará el 8 de julio y se extenderá hasta el 23 del mismo mes.
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Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Hasta el momento solo se les exige a las que son financiadas por organismos multilaterales. A partir de esta iniciativa, que hoy tuvo media sanción en Diputados, esta obligación alcanzaría a los proyectos ejecutados por municipios, por la provincia o la Nación en territorio santafesino.
La Cámara de Diputados dio media sanción esta tarde a un proyecto que modifica los artículos 12, 18 y 21 de la Ley 11.717 (medio ambiente y desarrollo sustentable). Por un lado, se reemplaza el texto en todos los artículos donde dice "Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable", por "Ministerio de Medio Ambiente". Pero por otro, se implanta la obligatoriedad para los estados municipales, la provincia y la Nación de realizar un estudio de impacto y evaluación ambiental al momento de realizar una obra en territorio santafesino.
"Aunque parezca raro esa obligación hoy no está en la ley de medio ambiente en la provincia. Esa ley establece la obligatoriedad para los particulares de realizar los certificados de aptitud ambiental, de acuerdo al tipo de actividad, o en su caso el estudio y posterior evaluación de impacto ambiental cuando encaran determinado tipo de obra", explicó a UNO Santa Fe el diputado Santiago Mascheroni, uno de los autores de la iniciativa.
"Pero esa obligación –aclaró– no existe para el Estado, que es el realizador de las grandes obras como un camino, un puente, una plaza, un servicio de transporte. Y no hay evaluación de impacto ambiental, no se consulta a la opinión pública, se le da para adelante. Esto no es una intención de impedir nada, sino que se cumpla la ley para el Estado de la misma manera que le exigimos a los privados, con estudio, evaluación y conocer cuáles son las medidas de remediación".
El legislador radical indicó que cuando las obras son financiadas por organismos de crédito multilaterales, como el Banco Mundial, los créditos ya vienen con la obligación de hacer el estudio de impacto ambiental y la evaluación. Pero no sucede lo mismo cuando son hechos con fondos municipales, provinciales o nacionales. "Ahí esa obligación no existe y desde la modificación, corrimiento, instalación de una plaza, un camino, una ruta, un puente o incluso la radicación de un barrio sin servicios o al revés, el Estado tendría la obligación de realizar el estudio y una posterior evaluación. Nosotros sí le ponemos énfasis en que no sólo se le preste atención a las cuestiones técnicas sino también a los aspectos sociales, es decir la calidad de vida de las personas", remarcó.
Como ejemplo, Mascheroni recordó que ante la instalación de redes de alta tensión de la Empresa Provincial de la Energía en los barrios se producían algunos problemas. "Ahí vehíamos resistencia y todo pero nunca se le obligaba (a la empresa) a que realice un estudio de impacto ambiental previo para medir el alcance, extensión o la posibilidad de remediación. A eso apunta la ley que impulsamos y que acompañaron legisladores de todos los bloques".
El proyecto establece que el Ministerio de Medio Ambiente sería la autoridad de aplicación. Al ser consultado sobre si no es contradictorio que el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo, Mascheroni respondió: "El Estado se debe controlar, hay otras áreas que lo hacen. Estamos hablando de un marco regulatorio para aguas y con un organismo que en su momento lo va a tener; hemos reclamado que se reinstale el órgano de control en materia de la autopista; existe el órgano de control de aguas y saneamiento. No obsta que el Estado mida a través de un área específica porque son pautas objetivas. Si el Estado va a hacer una obra, presenta la evaluación y sus propios organismos, que también tienen posibilidad de contratar una consultora o hacer convenios con universidades nacionales, pueden hacer el control".
Por su embergadura hay obras que no requieren estudio de impacto ambiental. Pero según el legislador, eso está tipificado en el Decreto 101, que "es el reglamentario y es muy específico". Allí se determina toda la casuística en los aspectos donde es obligatorio el certificado de aptitud y dónde es obligatorio, por la mayor importancia de la obra, el estudio ambiental y su posterior evaluación, los mecanismos de remediación y planes de contingencia.
"Esto sirve tanto para autorizar la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos como para una planta de volcamiento y tratamiento de residuos patológicos o tóxicos, entre otras cosas. En todos estos casos en que el Estado encare una obra pueda derivarla si lo desea a que el estudio los relice un particular. Pero a los estudios tiene que presentarlos", ejemplificó.Luego de la media sanción que esta tarde dio Diputados, la iniciativa comenzará a debatirse en el Senado de la provincia. De todas formas, eso sucederá recién después del receso que comenzará el 8 de julio y se extenderá hasta el 23 del mismo mes.
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La minería adoctrinando en las escuelas
La megaminería y su avanzada en el campo educativo
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
El 23 de junio culminó el proceso de negociación entre las corporaciones mineras, el Estado nacional y los estados provinciales con la rúbrica del nuevo Acuerdo Federal Minero.
En línea con la avanzada extractivista de las últimas décadas, la alianza estatal empresarial de la megaminería da la disputa en el campo educativo con la introducción de un apartado específico denominado “Aspectos educativos y formativos”. Basado en que la comunidad educativa debe recibir conocimientos sobre la actividad minera “con fundamento científico”, compromete a las partes a “llevar adelante acciones con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y los ministerios de Educación provinciales” a los efectos de incorporar un listado de contenidos dentro de las currículas de “los niveles primario, secundario y terciario”.
¿Por qué un acuerdo minero tendría la potestad de definir qué enseñar en las escuelas? Como una provocación, y una inédita intromisión en el ámbito educativo, en el convenio se fijan los temas a ser inculcados: “La constitución geológica del territorio nacional y provincial, los productos mineros que se generan en el país y en la provincia y su utilización en la vida cotidiana, la importancia del sector minero en la economía nacional y provincial y la regulación ambiental de la actividad minera”. Esta mera enunciación expone el desconocimiento de los enfoques problematizadores y críticos de la pedagogía y transparenta una intención doctrinaria, más propia de la propaganda que de la práctica educativa.
A su vez, dicha perspectiva curricular legitimaría el accionar de las empresas mineras manteniendo ocultos no sólo los graves daños ocasionados por la megaminería, sino también los procesos de lucha y resistencia que vienen llevando a cabo las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las asambleas ambientalistas y ciudadanas, entre otros, en cada uno de los territorios. Estos saberes son absolutamente invisibilizados frente a la mirada sesgada de la corporación minera.
Asimismo en otro apartado se determina que “las partes instarán a los organismos de ciencia y tecnología que dependan de sus jurisdicciones a financiar actividades de investigación y desarrollo” para, por ejemplo, mejorar el conocimiento de los recursos mineros existentes, o sea que son los propios organismos científicos públicos los que deberán financiar los costos de las necesidades empresariales. Una vez más demuestra el carácter mercantilista y proextractivista del acuerdo delineando el lugar asignado a educación, ciencia y tecnología dentro del esquema que optimiza la maximización de las ganancias para las empresas.
Así se configura la “política de Estado minera” asignando a universidades e instituciones educativas la función de “promover y articular planes de capacitación, (...) a fin de desarrollar las capacidades requeridas por la industria minera”. El paradigma centrado en la formación de competencias restringidas a los objetivos empresariales requiere de una universidad oferente de la mano de obra que las corporaciones mineras extractivistas necesitan, y se sostiene desde argumentos absolutamente pragmáticos y utilitaristas.
Este involucramiento de los CEO empresariales mineros en educación ya tiene historia. Por ejemplo el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y director de Asuntos Corporativos de la Minera Cerro Negro reclamaba que “Los manuales de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería”. Claramente el acuerdo se encamina a dar respuesta a estos requerimientos al negar los efectos de las prácticas extractivas que promueven y exhibir la actividad minera como promotora del “desarrollo sustentable”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ya se expidió sobre este asunto. Denunció en una carta enviada al ministro Bullrich: “Plantear que las empresas mineras generan ‘desarrollo económico para el país’ es desconocer que esas riquezas que dicen generar no aportan a los pueblos más que contaminación, saqueo, destrucción y violación de los derechos humanos de las poblaciones en las que se encuentran los yacimientos mineros a gran escala, además de la intromisión en los territorios de los pueblos indígenas, lugar en donde se hayan los minerales que se pretenden extraer”.
Frente a los conflictos socioambientales, el acuerdo diseña como estrategia la penetración directa en los territorios, única forma de adquirir la ansiada “licencia social”. En esa línea postula “maximizar los beneficios de la actividad minera en las comunidades y poblaciones” donde se llevan a cabo estos emplazamientos, y para ello estimula y promueve todas aquellas acciones que preparen a las comunidades de forma previa. En este camino es que se prevé la intervención pedagógica en sinergia con ubicar a la escuela como el espacio privilegiado para manufacturar el consenso acerca de estos megaproyectos extractivistas.
Utilizan eufemísticamente la ideología –en el sentido de falsa conciencia– del desarrollo sustentable y el equilibrio armónico del ambiente, dando por sentado que habrá riesgos para las poblaciones, pero que la política de Estado minera intentará minimizarlos. O sea, por un lado preparan el consenso, acallan las voces y forman para quebrar la resistencia social y por el otro legitiman desde un discurso seductor con las promesas de mayor empleabilidad, en épocas de crecientes flujos de desocupación, y de una supuesta mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Constituyéndose en una nueva pedagogía de la hegemonía, que intenta invisibilizar las irreparables heridas ambientales, los daños colaterales sociales que arrastra el modelo extractivo de megaminería.
En esta “avanzada” observamos estrategias directas de intromisión en la educación viabilizadas, en este caso, por un Acuerdo Federal. Coincidimos con Mirta Antonelli, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, quien marca la creciente incidencia de las empresas extractivas en la educación, señalando una tendencia ya prevista en el plan estratégico comunicacional para la empresa minera en la Argentina. De todos modos resta el análisis de los poderes legislativos que tendrán que posicionarse frente a estas nuevas formas de cooptación y privatización.
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El 23 de junio culminó el proceso de negociación entre las corporaciones mineras, el Estado nacional y los estados provinciales con la rúbrica del nuevo Acuerdo Federal Minero.
En línea con la avanzada extractivista de las últimas décadas, la alianza estatal empresarial de la megaminería da la disputa en el campo educativo con la introducción de un apartado específico denominado “Aspectos educativos y formativos”. Basado en que la comunidad educativa debe recibir conocimientos sobre la actividad minera “con fundamento científico”, compromete a las partes a “llevar adelante acciones con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y los ministerios de Educación provinciales” a los efectos de incorporar un listado de contenidos dentro de las currículas de “los niveles primario, secundario y terciario”.
¿Por qué un acuerdo minero tendría la potestad de definir qué enseñar en las escuelas? Como una provocación, y una inédita intromisión en el ámbito educativo, en el convenio se fijan los temas a ser inculcados: “La constitución geológica del territorio nacional y provincial, los productos mineros que se generan en el país y en la provincia y su utilización en la vida cotidiana, la importancia del sector minero en la economía nacional y provincial y la regulación ambiental de la actividad minera”. Esta mera enunciación expone el desconocimiento de los enfoques problematizadores y críticos de la pedagogía y transparenta una intención doctrinaria, más propia de la propaganda que de la práctica educativa.
A su vez, dicha perspectiva curricular legitimaría el accionar de las empresas mineras manteniendo ocultos no sólo los graves daños ocasionados por la megaminería, sino también los procesos de lucha y resistencia que vienen llevando a cabo las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las asambleas ambientalistas y ciudadanas, entre otros, en cada uno de los territorios. Estos saberes son absolutamente invisibilizados frente a la mirada sesgada de la corporación minera.
Asimismo en otro apartado se determina que “las partes instarán a los organismos de ciencia y tecnología que dependan de sus jurisdicciones a financiar actividades de investigación y desarrollo” para, por ejemplo, mejorar el conocimiento de los recursos mineros existentes, o sea que son los propios organismos científicos públicos los que deberán financiar los costos de las necesidades empresariales. Una vez más demuestra el carácter mercantilista y proextractivista del acuerdo delineando el lugar asignado a educación, ciencia y tecnología dentro del esquema que optimiza la maximización de las ganancias para las empresas.
Así se configura la “política de Estado minera” asignando a universidades e instituciones educativas la función de “promover y articular planes de capacitación, (...) a fin de desarrollar las capacidades requeridas por la industria minera”. El paradigma centrado en la formación de competencias restringidas a los objetivos empresariales requiere de una universidad oferente de la mano de obra que las corporaciones mineras extractivistas necesitan, y se sostiene desde argumentos absolutamente pragmáticos y utilitaristas.
Este involucramiento de los CEO empresariales mineros en educación ya tiene historia. Por ejemplo el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y director de Asuntos Corporativos de la Minera Cerro Negro reclamaba que “Los manuales de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería”. Claramente el acuerdo se encamina a dar respuesta a estos requerimientos al negar los efectos de las prácticas extractivas que promueven y exhibir la actividad minera como promotora del “desarrollo sustentable”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ya se expidió sobre este asunto. Denunció en una carta enviada al ministro Bullrich: “Plantear que las empresas mineras generan ‘desarrollo económico para el país’ es desconocer que esas riquezas que dicen generar no aportan a los pueblos más que contaminación, saqueo, destrucción y violación de los derechos humanos de las poblaciones en las que se encuentran los yacimientos mineros a gran escala, además de la intromisión en los territorios de los pueblos indígenas, lugar en donde se hayan los minerales que se pretenden extraer”.
Frente a los conflictos socioambientales, el acuerdo diseña como estrategia la penetración directa en los territorios, única forma de adquirir la ansiada “licencia social”. En esa línea postula “maximizar los beneficios de la actividad minera en las comunidades y poblaciones” donde se llevan a cabo estos emplazamientos, y para ello estimula y promueve todas aquellas acciones que preparen a las comunidades de forma previa. En este camino es que se prevé la intervención pedagógica en sinergia con ubicar a la escuela como el espacio privilegiado para manufacturar el consenso acerca de estos megaproyectos extractivistas.
Utilizan eufemísticamente la ideología –en el sentido de falsa conciencia– del desarrollo sustentable y el equilibrio armónico del ambiente, dando por sentado que habrá riesgos para las poblaciones, pero que la política de Estado minera intentará minimizarlos. O sea, por un lado preparan el consenso, acallan las voces y forman para quebrar la resistencia social y por el otro legitiman desde un discurso seductor con las promesas de mayor empleabilidad, en épocas de crecientes flujos de desocupación, y de una supuesta mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Constituyéndose en una nueva pedagogía de la hegemonía, que intenta invisibilizar las irreparables heridas ambientales, los daños colaterales sociales que arrastra el modelo extractivo de megaminería.
En esta “avanzada” observamos estrategias directas de intromisión en la educación viabilizadas, en este caso, por un Acuerdo Federal. Coincidimos con Mirta Antonelli, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, quien marca la creciente incidencia de las empresas extractivas en la educación, señalando una tendencia ya prevista en el plan estratégico comunicacional para la empresa minera en la Argentina. De todos modos resta el análisis de los poderes legislativos que tendrán que posicionarse frente a estas nuevas formas de cooptación y privatización.
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Rio Negro: piden de nuevo la derogada ley anticianuro
Calcatreu, piden restituir la ley anticianuro
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: ADN Rio Negro
Provincia/Región: Rio Negro
Madgalena Odarda reclamó que se restituya la ley 3981, conocida como anticianuro, derogada el 29 de diciembre del 2011, en los albores del gobierno del extinto gobernador Carlos Soria. En esa oportunidad, la legisladora Arabela Carrera, fue la vocera del oficialismo en derogar esta ley que había sido votada en el 2005, como reclamo de las asambleas de vecinos en todo Río Negro ante de proyectos mineros de explotación a gran escala con uso de sustancias tóxicas.
Al fundamentar este pedido, la senadora rionegrino denunció la intención del gobierno de Alberto Weretilneck de facilitar el avance de la mega minería en Calcatreu, en Ingeniero Jacobacci. Se conoció en tal sentido que la empresa Patagonia Gold podría comprar el proyecto de oro y plata Calcatreu, a la empresa Minera Aquiline S.A, subsidiaria de Pan American Silver Corp. La empresa Patagonia Gold estaría haciendo trabajos de exploración para ver la factibilidad del proyecto.
Odarda recordó que hace poco más de 10 años, la comunidad de Jacobacci pudo informarse acerca de los efectos de la megaminería, en virtud de que los efectos del movimiento de suelo afectan las vertientes de agua subterráneas que abastecen por pozos a los pobladores campesinos, que deriva en la falta de agua.
La explotación minera de estas características es de alto impacto ambiental en tanto requiere de la utilización de grandes espacios, explosiones, movimientos de suelo, gran cantidad de agua y uso de sustancias químicas para el proceso de lixiviación y separación de metales de la roca, disposición de escoria y piletas de drenaje.
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Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: ADN Rio Negro
Provincia/Región: Rio Negro
Madgalena Odarda reclamó que se restituya la ley 3981, conocida como anticianuro, derogada el 29 de diciembre del 2011, en los albores del gobierno del extinto gobernador Carlos Soria. En esa oportunidad, la legisladora Arabela Carrera, fue la vocera del oficialismo en derogar esta ley que había sido votada en el 2005, como reclamo de las asambleas de vecinos en todo Río Negro ante de proyectos mineros de explotación a gran escala con uso de sustancias tóxicas.
Al fundamentar este pedido, la senadora rionegrino denunció la intención del gobierno de Alberto Weretilneck de facilitar el avance de la mega minería en Calcatreu, en Ingeniero Jacobacci. Se conoció en tal sentido que la empresa Patagonia Gold podría comprar el proyecto de oro y plata Calcatreu, a la empresa Minera Aquiline S.A, subsidiaria de Pan American Silver Corp. La empresa Patagonia Gold estaría haciendo trabajos de exploración para ver la factibilidad del proyecto.
Odarda recordó que hace poco más de 10 años, la comunidad de Jacobacci pudo informarse acerca de los efectos de la megaminería, en virtud de que los efectos del movimiento de suelo afectan las vertientes de agua subterráneas que abastecen por pozos a los pobladores campesinos, que deriva en la falta de agua.
La explotación minera de estas características es de alto impacto ambiental en tanto requiere de la utilización de grandes espacios, explosiones, movimientos de suelo, gran cantidad de agua y uso de sustancias químicas para el proceso de lixiviación y separación de metales de la roca, disposición de escoria y piletas de drenaje.
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El Parque Los Alerces es Patrimonio de la Humanidad
La Unesco declaró Patrimonio Natural de la Humanidad al Parque Los Alerces
Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Chubut
La distinción se basa en que el Parque alberga un bosque milenario con valor universal excepcional. El alerce es la segunda especie viviente más longeva del planeta.
El comité de la Unesco para el Patrimonio de la Humanidad inscribió este viernes en la lista de Patrimonio Natural al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Argentina, en su reunión de Cracovia (Polonia).
La distinción se basa en que el Parque alberga un bosque milenario con "valor universal excepcional", y destaca que el alerce es la segunda especie viviente más longeva del planeta, así como la particular belleza natural del entorno.
"Siempre hemos creído en la importancia de proteger Los Alerces, donde existe una gran diversidad de fauna y flora, y precisamente con el objetivo de preservarlo para las generaciones futuras se creó el Parque Nacional", señaló el representante de Argentina ante la Unesco, Miguel Ángel Hildmann.
"Hemos dedicado mucho trabajo en la protección de nuestros espacios naturales y lo seguiremos haciendo por el bien de la humanidad", añadió.
La propuesta aprobada comprende cerca de 190.000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, de las cuales más de siete mil están formadas por el bosques milenario de alerces, con ejemplares que alcanzan 2.600 años de existencia.
El Parque Nacional Los Alerces se encuentra en el noroeste de la región argentina de Chubut, y forma parte de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica (Unesco), integrada además por los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi, Los Arrayanes y Lanín, así como por territorios provinciales de Río Negro y Chubut.
La 41 reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco se celebra en Cracovia hasta el próximo 12 de julio.
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Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Chubut
La distinción se basa en que el Parque alberga un bosque milenario con valor universal excepcional. El alerce es la segunda especie viviente más longeva del planeta.
El comité de la Unesco para el Patrimonio de la Humanidad inscribió este viernes en la lista de Patrimonio Natural al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Argentina, en su reunión de Cracovia (Polonia).
La distinción se basa en que el Parque alberga un bosque milenario con "valor universal excepcional", y destaca que el alerce es la segunda especie viviente más longeva del planeta, así como la particular belleza natural del entorno.
"Siempre hemos creído en la importancia de proteger Los Alerces, donde existe una gran diversidad de fauna y flora, y precisamente con el objetivo de preservarlo para las generaciones futuras se creó el Parque Nacional", señaló el representante de Argentina ante la Unesco, Miguel Ángel Hildmann.
"Hemos dedicado mucho trabajo en la protección de nuestros espacios naturales y lo seguiremos haciendo por el bien de la humanidad", añadió.
La propuesta aprobada comprende cerca de 190.000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, de las cuales más de siete mil están formadas por el bosques milenario de alerces, con ejemplares que alcanzan 2.600 años de existencia.
El Parque Nacional Los Alerces se encuentra en el noroeste de la región argentina de Chubut, y forma parte de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica (Unesco), integrada además por los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi, Los Arrayanes y Lanín, así como por territorios provinciales de Río Negro y Chubut.
La 41 reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco se celebra en Cracovia hasta el próximo 12 de julio.
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El camino en el Moconá frenado por la justicia
La Justicia dictaminó una medida de "no innovar" y frenó el camino en el Moconá
Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Las máquinas viales se retiraron del lugar este miércoles por la tarde. Los militantes ecologistas hacen guardia cerca del Parque. Presentarán firmas de rechazo en Casa de Gobierno y un proyecto en la Legislatura.
La Justicia dictó la medida de no innovar y ordenó suspender la construcción del camino en el Parque Provincial Moconá, para unir la ruta 2 con el Lote 8, en la reserva.
La medida fue solicitada el martes por dirigentes que se oponen al camino por el impacto ecológico que tendría. Sin embargo, las comunidades originarias que habitan el Lote 8 le solicitaron al Gobierno que avance con la obra para tener una salida más rápida y segura hacia la ruta 2, atravesando el Parque, para transportar mercadería y para que pueda ingresar una ambulancia en casos de emergencia.
La medida de no innovar fue resuelta este miércoles por el Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, hoy a cargo de Viviana Gamberale por subrogancia legal, ya que el mismo está vacante desde que Rossana Venchiarutti se convirtió en ministra del Superior Tribunal.
Este fallo judicial confronta con el decreto del Ejecutivo, que habilitó al Ministerio de Ecología a continuar con los trámites administrativos para la obra y con la resolución de la ministra, Verónica Derna, quien aprobó la viabilidad ambiental de un camino de cuatro metros de ancho y tres kilómetros de longitud.
El camino se inició el lunes a primera hora, con la participación de integrantes de las comunidades mbya guaraní del Lote 8, quienes realizaron las ampliaciones del trillo a machete.
El miércoles por la mañana se acercaron máquinas viales al lugar, con la intención de continuar la ampliación del sendero, que está proyectado en un ancho de cuatro metros. Pero por alguna razón, pasado el mediodía las máquinas se retiraron. PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva a la medida de no innovar que se redactó en el Juzgado ayer al filo del mediodía.
Posiblemente la información se filtró hasta los operarios viales quienes abandonaron el lugar sin dar explicaciones. Pero fuentes de la Justicia aseguran que todavía no se habían notificado y que era imposible que sepan de la medida.
Las organizaciones ambientalistas, los guardaparques y algunos referentes políticos de la oposición igualmente continúan con las acciones en contra de este camino. Hoy, por ejemplo, se presentarán en Casa de Gobierno las nueve mil firmas recolectadas esta semana para rechazar el proyecto.
También se elevaría a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir cualquier uso que no sea de parte de las comunidades.
Desde el domingo hay una decena de militantes ecologistas que están acampando en las inmediaciones del Parque para oponerse al ingreso de la maquinaria. Ayer, incluso luego de que las máquinas se retiraran, integrantes del grupo “Defensores de la Selva” se quedaron en las inmediaciones para observar que no regresen.
Los guardaparques acusan al Gobierno de tener la decisión tomada desde hace tiempo, sin respetar la categoría Roja del Parque. Creen que detrás del emprendimiento está la intención de beneficiar a un proyecto turístico privado de los propietarios del lote 8. Sin embargo, desde esta empresa aclararon que no harán ningún emprendimiento hotelero ni nada parecido.
Los opositores al camino aclaran que hay otras alternativas para ingresar al Lote 8 por afuera del Parque, sin dañar la vegetación; pero la respuesta del Gobierno es que se deberían construir puentes y sería una alternativa muy costosa, de muchos millones de pesos, en un momento donde no hay recursos suficientes para obras.
Todavía queda en la Justicia un recurso de amparo que no fue resuelto. Se presentó el año pasado pero quedó en suspenso cuando el Gobernador suspendió todas las acciones hasta tanto se realice una viabilidad ambiental.
La semana pasada el Ministerio de Ecología aprobó la viabilidad ambiental y la polémica volvió a estallar. Ahora, la acción de no innovar pone todo nuevamente en suspenso y restará esperar la definición de la Justicia provincial sobre la cuestión de fondo, que seguramente llevará algunos meses o incluso años.
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Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Las máquinas viales se retiraron del lugar este miércoles por la tarde. Los militantes ecologistas hacen guardia cerca del Parque. Presentarán firmas de rechazo en Casa de Gobierno y un proyecto en la Legislatura.
La Justicia dictó la medida de no innovar y ordenó suspender la construcción del camino en el Parque Provincial Moconá, para unir la ruta 2 con el Lote 8, en la reserva.
La medida fue solicitada el martes por dirigentes que se oponen al camino por el impacto ecológico que tendría. Sin embargo, las comunidades originarias que habitan el Lote 8 le solicitaron al Gobierno que avance con la obra para tener una salida más rápida y segura hacia la ruta 2, atravesando el Parque, para transportar mercadería y para que pueda ingresar una ambulancia en casos de emergencia.
La medida de no innovar fue resuelta este miércoles por el Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, hoy a cargo de Viviana Gamberale por subrogancia legal, ya que el mismo está vacante desde que Rossana Venchiarutti se convirtió en ministra del Superior Tribunal.
Este fallo judicial confronta con el decreto del Ejecutivo, que habilitó al Ministerio de Ecología a continuar con los trámites administrativos para la obra y con la resolución de la ministra, Verónica Derna, quien aprobó la viabilidad ambiental de un camino de cuatro metros de ancho y tres kilómetros de longitud.
El camino se inició el lunes a primera hora, con la participación de integrantes de las comunidades mbya guaraní del Lote 8, quienes realizaron las ampliaciones del trillo a machete.
El miércoles por la mañana se acercaron máquinas viales al lugar, con la intención de continuar la ampliación del sendero, que está proyectado en un ancho de cuatro metros. Pero por alguna razón, pasado el mediodía las máquinas se retiraron. PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva a la medida de no innovar que se redactó en el Juzgado ayer al filo del mediodía.
Posiblemente la información se filtró hasta los operarios viales quienes abandonaron el lugar sin dar explicaciones. Pero fuentes de la Justicia aseguran que todavía no se habían notificado y que era imposible que sepan de la medida.
Las organizaciones ambientalistas, los guardaparques y algunos referentes políticos de la oposición igualmente continúan con las acciones en contra de este camino. Hoy, por ejemplo, se presentarán en Casa de Gobierno las nueve mil firmas recolectadas esta semana para rechazar el proyecto.
También se elevaría a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir cualquier uso que no sea de parte de las comunidades.
Desde el domingo hay una decena de militantes ecologistas que están acampando en las inmediaciones del Parque para oponerse al ingreso de la maquinaria. Ayer, incluso luego de que las máquinas se retiraran, integrantes del grupo “Defensores de la Selva” se quedaron en las inmediaciones para observar que no regresen.
Los guardaparques acusan al Gobierno de tener la decisión tomada desde hace tiempo, sin respetar la categoría Roja del Parque. Creen que detrás del emprendimiento está la intención de beneficiar a un proyecto turístico privado de los propietarios del lote 8. Sin embargo, desde esta empresa aclararon que no harán ningún emprendimiento hotelero ni nada parecido.
Los opositores al camino aclaran que hay otras alternativas para ingresar al Lote 8 por afuera del Parque, sin dañar la vegetación; pero la respuesta del Gobierno es que se deberían construir puentes y sería una alternativa muy costosa, de muchos millones de pesos, en un momento donde no hay recursos suficientes para obras.
Todavía queda en la Justicia un recurso de amparo que no fue resuelto. Se presentó el año pasado pero quedó en suspenso cuando el Gobernador suspendió todas las acciones hasta tanto se realice una viabilidad ambiental.
La semana pasada el Ministerio de Ecología aprobó la viabilidad ambiental y la polémica volvió a estallar. Ahora, la acción de no innovar pone todo nuevamente en suspenso y restará esperar la definición de la Justicia provincial sobre la cuestión de fondo, que seguramente llevará algunos meses o incluso años.
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El Riachuelo fuente interminable de incumplimientos
Riachuelo: fuertes críticas al organismo encargado de sanearlo
Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
A nueve años del fallo de la Corte que ordena limpiarlo, ONG alertan sobre faltas
El 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar el Riachuelo, la cuenca más contaminada de la Argentina, pero el saneamiento parece cada vez más lejano y el futuro asoma desolador. Eso es lo que se desprende de un informe elaborado por las organizaciones sociales y ambientales que forman el Cuerpo Colegiado al cumplirse nueve años de aquel fallo por el que los titulares de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debieron responder ante el máximo tribunal en diciembre pasado.
Cuestionamientos sobre el control de vertidos y emisiones, la presencia de basurales a cielo abierto, el plan de relocalización de las familias que viven sobre el lecho del río y las dificultades para identificar la población en riesgo, entre otros, son los puntos salientes del documento firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación Vecinos La Boca.
"La resolución adoptada por Acumar (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), a la cual nuestro país ha adherido", se lee en el documento difundido ayer. Desde el organismo rechazaron esta acusación y argumentaron que se cumple con la ley nacional 26.011 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que obliga a fijar medidas para reducir o eliminar la producción y uso de los distintos productos químicos.
"Es una de las deudas ambientales más grandes del país. Y es el reflejo claro del fracaso de las políticas que heredamos. La intervención de la Justicia es una prueba de que esa forma de hacer política fracasó. Hoy, vemos el fracaso cada vez que caminamos la cuenca", argumentó Dorina Bonetti, directora general de Gestión Política y Social de Acumar.
De acuerdo con las organizaciones sociales y ambientales, el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo de 2010 que prevía la construcción de 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo" y de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca sólo fueron realojados una parte. Según indicaron, esta situación cuenta con el agravante de que más de la mitad de los basurales a cielo abierto que habían sido removidos volvieron a estar en actividad.
Para el Cuerpo Colegiado, a casi una década del fallo de la Corte Suprema, no se logró "identificar de manera específica la población en riesgo" y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
Acumar se encuentra bajo la dirección de Gladys González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti. Hasta ese momento Acumar dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la órbita de Sergio Bergman. González dejará su cargo para asumir los compromisos de candidata a senadora.
"Pasa el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que esto es una sentencia judicial", dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en diciembre de 2016 durante la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se rindan cuentas sobre el fallo de 2008.
El diagnóstico de los funcionarios de la Acumar fue alarmante: un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, con problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino, y sólo el 20% de la sentencia cumplida.
Dos siglos de promesas
Los planes de limpieza comenzaron hace 200 años
1811 El Primer Triunvirato se compromete a limpiar el Riachuelo debido a la contaminación producida por curtiembres, mataderos y saladeros. Fue la primera promesa.
1987 Los gobiernos de la Nación, Provincia y Ciudad firman un convenio para resolver, en 20 años, los problemas ambientales con una inversión de 1000 millones de dólares.
1993 María Julia Alsogaray, por entonces secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, prometió la limpieza y saneamiento del Riachuelo en 1000 días.
2008 La Corte Suprema ordena que los tres gobiernos lleven adelante las tareas de saneamiento.
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Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
A nueve años del fallo de la Corte que ordena limpiarlo, ONG alertan sobre faltas
El 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar el Riachuelo, la cuenca más contaminada de la Argentina, pero el saneamiento parece cada vez más lejano y el futuro asoma desolador. Eso es lo que se desprende de un informe elaborado por las organizaciones sociales y ambientales que forman el Cuerpo Colegiado al cumplirse nueve años de aquel fallo por el que los titulares de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debieron responder ante el máximo tribunal en diciembre pasado.
Cuestionamientos sobre el control de vertidos y emisiones, la presencia de basurales a cielo abierto, el plan de relocalización de las familias que viven sobre el lecho del río y las dificultades para identificar la población en riesgo, entre otros, son los puntos salientes del documento firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación Vecinos La Boca.
"La resolución adoptada por Acumar (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), a la cual nuestro país ha adherido", se lee en el documento difundido ayer. Desde el organismo rechazaron esta acusación y argumentaron que se cumple con la ley nacional 26.011 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que obliga a fijar medidas para reducir o eliminar la producción y uso de los distintos productos químicos.
"Es una de las deudas ambientales más grandes del país. Y es el reflejo claro del fracaso de las políticas que heredamos. La intervención de la Justicia es una prueba de que esa forma de hacer política fracasó. Hoy, vemos el fracaso cada vez que caminamos la cuenca", argumentó Dorina Bonetti, directora general de Gestión Política y Social de Acumar.
De acuerdo con las organizaciones sociales y ambientales, el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo de 2010 que prevía la construcción de 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo" y de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca sólo fueron realojados una parte. Según indicaron, esta situación cuenta con el agravante de que más de la mitad de los basurales a cielo abierto que habían sido removidos volvieron a estar en actividad.
Para el Cuerpo Colegiado, a casi una década del fallo de la Corte Suprema, no se logró "identificar de manera específica la población en riesgo" y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
Acumar se encuentra bajo la dirección de Gladys González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti. Hasta ese momento Acumar dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la órbita de Sergio Bergman. González dejará su cargo para asumir los compromisos de candidata a senadora.
"Pasa el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que esto es una sentencia judicial", dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en diciembre de 2016 durante la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se rindan cuentas sobre el fallo de 2008.
El diagnóstico de los funcionarios de la Acumar fue alarmante: un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, con problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino, y sólo el 20% de la sentencia cumplida.
Dos siglos de promesas
Los planes de limpieza comenzaron hace 200 años
1811 El Primer Triunvirato se compromete a limpiar el Riachuelo debido a la contaminación producida por curtiembres, mataderos y saladeros. Fue la primera promesa.
1987 Los gobiernos de la Nación, Provincia y Ciudad firman un convenio para resolver, en 20 años, los problemas ambientales con una inversión de 1000 millones de dólares.
1993 María Julia Alsogaray, por entonces secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, prometió la limpieza y saneamiento del Riachuelo en 1000 días.
2008 La Corte Suprema ordena que los tres gobiernos lleven adelante las tareas de saneamiento.
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Agroquímicos en todos lados, incluído peces
Detectan restos agroquímicos en el 81% de los peces del Arroyo Pergamino
Fecha de Publicación: 09/07/2017
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Buenos Aires
Es la conclusión de un estudio iniciado en 2011 por el Instituto de Recursos Biológicos, sobre el impacto del agro en el ambiente.
Un estudio iniciado en 2011 por el Instituto de Recursos Biológicos, sobre el impacto de la actividad agrícola en el arroyo Pergamino -Buenos Aires-, detectó la presencia de agroquímicos en 8 de cada 10 peces. La implementación de buenas prácticas y franjas buffer en cada margen son indispensables para la preservación del agua y la biodiversidad.
La región Pampeana, conocida como el motor agropecuario del país, es la zona de la Argentina que reúne la mayor parte de las actividades agrícolas y pecuarias. Para producir es necesario aplicar prácticas que ayuden a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan al ambiente. Sin embargo, la no implementación de buenas prácticas y franjas buffer impacta en el ecosistema. De hecho, un estudio realizado por el Instituto de Recursos Biológicos (IRB) del INTA detectó la presencia de plaguicidas en ocho de cada diez peces de la especie Jenynsia multidentata en la cuenca del río Pergamino -Buenos Aires-.
La investigación -publicada recientemente en la revista Chemosphere-, examina la acumulación de agroquímicos en peces de la cuenca del río Pergamino. Según los resultados, se detectó la presencia de fungicidas e insecticidas en el 81 % de los ejemplares de la especie Jenynsia multidentata (conocida vulgarmente como madrecita) de alrededor de seis meses de edad. Para el relevamiento, iniciado en 2011, se tomaron muestras en tres puntos del arroyo (antes que pase por la ciudad).
El equipo liderado por Julie Brodeur -autora principal del trabajo e investigadora del Conicet- estudió el impacto de los fitosanitarios en anfibios, peces y aves como indicadores de calidad ambiental y salud en los agroecosistemas. El trabajo evidencia que la acumulación de pesticidas impacta en la salud y crecimiento de los peces.
De acuerdo con Brodeur, "el 58 % de los peces tenía más de dos agroquímicos en su cuerpo y esto se asocia a efectos negativos claros en su salud, por lo que es esencial encontrar la fuente de contaminación para preservar la integridad de los ecosistemas acuáticos".
Brodeur explicó que relevaron la presencia de los insecticidas -diclorvos y pirimifos-metil, sustancias autorizadas solamente para el acopio de granos- que no deberían llegar a los cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia, debido a que son muy tóxicos para la fauna acuática.
Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN) del INTA, destacó la importancia de "profundizar los estudios serios de toxicología ambiental para generar datos fiables que nos ayuden a determinar el real impacto de cada práctica agrícola, así como para la conservación del agua".
En este sentido, Mercuri puso énfasis en el uso de buenas prácticas para la aplicación de agroquímicos. "Es fundamental que el productor comprenda la importancia de implementar estrategias para proteger los cursos y cuerpos de agua". Y agregó: "Para esto es indispensable respetar las zonas buffer -espacio que se dejan sin fumigar en cada margen- y la vegetación propia de la ribera, aún en las nacientes".
El trabajo, realizado por nueve técnicos de dos institutos de investigación del INTA (IRB y el Instituto de tecnología de Alimentos) y del Grupo Suelos y Gestión Ambiental de la unidad del INTA en Pergamino, fue financiado con fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica y del INTA.
La importancia de las buenas prácticas
El estudio estuvo centrado en fungicidas e insecticidas y solo dos herbicidas -Atrazina y Acetochor- de los cuales hubo poca detección. "Estos hallazgos son altamente relevantes tanto a escala regional como global", aseguró Brodeur quien adelantó: "Estamos desarrollando herramientas informáticas que puedan predecir el destino de los fitosanitarios en los cuerpos de agua para que el productor o el regulador estime la probabilidad de que su aplicación afecte a la fauna acuática".
El objetivo fue caracterizar el nivel de contaminación por agroquímicos que reciben los peces y evaluar los efectos sobre su salud. "Se detectaron 17 plaguicidas diferentes en los tejidos del 81 % de los animales capturados; de los cuales contenían al menos una molécula", detalló Brodeur quien agregó: "Los insecticidas piretroides -fenvalerato y bifentrina- fueron los más frecuentes y se encontraron en el 41,8 y 36,4 % de las animales analizados, respectivamente".
Para Gabriel Vázquez Amabile, coordinador del área ambiental de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), productor y representante de la comunidad científicas en el consejo del CIRN, "el informe realizado por el INTA complementa lo que ellos hacen en cuanto a la medición de residuos en agua o en suelo".
"Es fundamental la implementación de buenas prácticas agrícolas. Los piretroides son los menos tóxicos y se usan en agricultura", expresó Vázquez Amabile y advirtió: "Si llegan a un curso de agua significa que tenemos que reforzar los controles de escurrimientos con terrazas, franjas buffer, siembra directa, rotaciones de cultivos".
La implementación de buenas prácticas para la aplicación de agroquímicos y de franjas buffer en las márgenes de los cursos de agua son indispensables para la preservación del agua y la biodiversidad.
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Fecha de Publicación: 09/07/2017
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Buenos Aires
Es la conclusión de un estudio iniciado en 2011 por el Instituto de Recursos Biológicos, sobre el impacto del agro en el ambiente.
Un estudio iniciado en 2011 por el Instituto de Recursos Biológicos, sobre el impacto de la actividad agrícola en el arroyo Pergamino -Buenos Aires-, detectó la presencia de agroquímicos en 8 de cada 10 peces. La implementación de buenas prácticas y franjas buffer en cada margen son indispensables para la preservación del agua y la biodiversidad.
La región Pampeana, conocida como el motor agropecuario del país, es la zona de la Argentina que reúne la mayor parte de las actividades agrícolas y pecuarias. Para producir es necesario aplicar prácticas que ayuden a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan al ambiente. Sin embargo, la no implementación de buenas prácticas y franjas buffer impacta en el ecosistema. De hecho, un estudio realizado por el Instituto de Recursos Biológicos (IRB) del INTA detectó la presencia de plaguicidas en ocho de cada diez peces de la especie Jenynsia multidentata en la cuenca del río Pergamino -Buenos Aires-.
La investigación -publicada recientemente en la revista Chemosphere-, examina la acumulación de agroquímicos en peces de la cuenca del río Pergamino. Según los resultados, se detectó la presencia de fungicidas e insecticidas en el 81 % de los ejemplares de la especie Jenynsia multidentata (conocida vulgarmente como madrecita) de alrededor de seis meses de edad. Para el relevamiento, iniciado en 2011, se tomaron muestras en tres puntos del arroyo (antes que pase por la ciudad).
El equipo liderado por Julie Brodeur -autora principal del trabajo e investigadora del Conicet- estudió el impacto de los fitosanitarios en anfibios, peces y aves como indicadores de calidad ambiental y salud en los agroecosistemas. El trabajo evidencia que la acumulación de pesticidas impacta en la salud y crecimiento de los peces.
De acuerdo con Brodeur, "el 58 % de los peces tenía más de dos agroquímicos en su cuerpo y esto se asocia a efectos negativos claros en su salud, por lo que es esencial encontrar la fuente de contaminación para preservar la integridad de los ecosistemas acuáticos".
Brodeur explicó que relevaron la presencia de los insecticidas -diclorvos y pirimifos-metil, sustancias autorizadas solamente para el acopio de granos- que no deberían llegar a los cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia, debido a que son muy tóxicos para la fauna acuática.
Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN) del INTA, destacó la importancia de "profundizar los estudios serios de toxicología ambiental para generar datos fiables que nos ayuden a determinar el real impacto de cada práctica agrícola, así como para la conservación del agua".
En este sentido, Mercuri puso énfasis en el uso de buenas prácticas para la aplicación de agroquímicos. "Es fundamental que el productor comprenda la importancia de implementar estrategias para proteger los cursos y cuerpos de agua". Y agregó: "Para esto es indispensable respetar las zonas buffer -espacio que se dejan sin fumigar en cada margen- y la vegetación propia de la ribera, aún en las nacientes".
El trabajo, realizado por nueve técnicos de dos institutos de investigación del INTA (IRB y el Instituto de tecnología de Alimentos) y del Grupo Suelos y Gestión Ambiental de la unidad del INTA en Pergamino, fue financiado con fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica y del INTA.
La importancia de las buenas prácticas
El estudio estuvo centrado en fungicidas e insecticidas y solo dos herbicidas -Atrazina y Acetochor- de los cuales hubo poca detección. "Estos hallazgos son altamente relevantes tanto a escala regional como global", aseguró Brodeur quien adelantó: "Estamos desarrollando herramientas informáticas que puedan predecir el destino de los fitosanitarios en los cuerpos de agua para que el productor o el regulador estime la probabilidad de que su aplicación afecte a la fauna acuática".
El objetivo fue caracterizar el nivel de contaminación por agroquímicos que reciben los peces y evaluar los efectos sobre su salud. "Se detectaron 17 plaguicidas diferentes en los tejidos del 81 % de los animales capturados; de los cuales contenían al menos una molécula", detalló Brodeur quien agregó: "Los insecticidas piretroides -fenvalerato y bifentrina- fueron los más frecuentes y se encontraron en el 41,8 y 36,4 % de las animales analizados, respectivamente".
Para Gabriel Vázquez Amabile, coordinador del área ambiental de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), productor y representante de la comunidad científicas en el consejo del CIRN, "el informe realizado por el INTA complementa lo que ellos hacen en cuanto a la medición de residuos en agua o en suelo".
"Es fundamental la implementación de buenas prácticas agrícolas. Los piretroides son los menos tóxicos y se usan en agricultura", expresó Vázquez Amabile y advirtió: "Si llegan a un curso de agua significa que tenemos que reforzar los controles de escurrimientos con terrazas, franjas buffer, siembra directa, rotaciones de cultivos".
La implementación de buenas prácticas para la aplicación de agroquímicos y de franjas buffer en las márgenes de los cursos de agua son indispensables para la preservación del agua y la biodiversidad.
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Remediación de la Cuenca Salí - Dulce en evaluación
Analizan el Plan Director de la Cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 09/07/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el Instituto de Hidrobiología de la ciudad de Las Termas de Río Hondo se llevó a cabo la reunión de la Comisión Técnica del Río Salí - Dulce, que estuvo encabezada por la ministra del Agua y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Norma Fuentes y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Ing. Pablo Bereciartúa.
El objetivo principal de esta nueva reunión consistió en analizar el plan director de la cuenca. El plan pone énfasis en gestionar el recurso de manera eficiente y coordinada, estableciendo prioridades de acción y focos puntuales de intervención a corto, mediano y largo plazo y una evaluación de la oferta y demanda de agua para cada subcuenca y/o región que permita una planificación integrada y sustentable del recurso y una distribución consensuada del mismo. Además de la caracterización de los nuevos escenarios de la cuenca.
Otro aspecto importante del plan consiste en la modelación hidrológica de la cuenca de los ríos Salí - Dulce, considerando escenarios que incluyan las obras priorizadas, entre otras, Potrero del Clavillo, El Sauzal y Tuama.
También se prevé el desarrollo de herramientas de modelación aplicando programas informáticos que incluirá la transferencia y capacitación a usuarios designados por el comité que podrán participar del desarrollo de la modelación.
La formulación del Plan Director de Gestión Hídrica de la Cuenca de los ríos Salí - Dulce forma parte del eje “Adaptación a los Extremos Climáticos”, de los Ejes de la Política Hídrica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
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Fecha de Publicación: 09/07/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el Instituto de Hidrobiología de la ciudad de Las Termas de Río Hondo se llevó a cabo la reunión de la Comisión Técnica del Río Salí - Dulce, que estuvo encabezada por la ministra del Agua y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Norma Fuentes y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Ing. Pablo Bereciartúa.
El objetivo principal de esta nueva reunión consistió en analizar el plan director de la cuenca. El plan pone énfasis en gestionar el recurso de manera eficiente y coordinada, estableciendo prioridades de acción y focos puntuales de intervención a corto, mediano y largo plazo y una evaluación de la oferta y demanda de agua para cada subcuenca y/o región que permita una planificación integrada y sustentable del recurso y una distribución consensuada del mismo. Además de la caracterización de los nuevos escenarios de la cuenca.
Otro aspecto importante del plan consiste en la modelación hidrológica de la cuenca de los ríos Salí - Dulce, considerando escenarios que incluyan las obras priorizadas, entre otras, Potrero del Clavillo, El Sauzal y Tuama.
También se prevé el desarrollo de herramientas de modelación aplicando programas informáticos que incluirá la transferencia y capacitación a usuarios designados por el comité que podrán participar del desarrollo de la modelación.
La formulación del Plan Director de Gestión Hídrica de la Cuenca de los ríos Salí - Dulce forma parte del eje “Adaptación a los Extremos Climáticos”, de los Ejes de la Política Hídrica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
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Santa Fe Capital impulsa la separación de RSU
El municipio impulsa que más hogares rosarinos separen sus residuos
Fecha de Publicación: 09/07/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Antes de diciembre, el sistema de recolección diferenciada llegará a 10 barrios. En 3 años, el plan apunta a que el 38 por ciento de la población separe basura
En barrio Hostal del Sol, el camión recolector de residuos pasa todos los días. Pero sólo los miércoles los vecinos sacan a la vereda los desechos reciclables; el resto de los días de la semana, las bolsas se alternan entre los "orgánicos" y los "restos", como se denomina pañales, toallas higiénicas, papeles sucios o envoltorios de alimentos. El vecindario es uno de los cinco que participan del programa "Barrios Verdes" que impulsa el municipio con el objetivo de mejorar la gestión de residuos. Y, antes de fin de año, se sumarán otras cinco zonas de la ciudad: San Martín A, San Francisco Solano y Las Delicias, en el distrito sudoeste, y en el norte, Lomas de Alberdi y Parquefield.
La extensión de los programas de separación en origen y de recolección diferenciada de residuos fue una de las iniciativas que se presentó ayer como parte del plan para la construcción de un Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos (ver aparte). El objetivo es incorporar gradualmente nuevas zonas a este servicio para que, dentro de tres años, el 38 por ciento de los rosarinos separe los desechos en su hogar.
"Al principio cuesta un poco acostumbrarse. Tenés que recordar qué día sacar qué cosa, pero con el tiempo se hace costumbre", se sincera con una sonrisa Lucía Scarafía, miembro de la vecinal Hostal del Sol Oeste. Mientras habla, la joven saca del lavadero una de las bolsas donde guarda los desechos reciclables. Está llena de rollos de papel higiénico, cartones de huevo, cajas y envases plásticos. "Cuando tomás conciencia de la cantidad de basura que producimos por día, te das cuenta de que todo eso no puede enterrarse en algún lugar", asegura.
El sistema de recolección diferencial de residuos llegó en enero al barrio ubicado entre el autódromo y el aeropuerto. Y si bien en la Secretaría de Ambiente del municipio aún no se completó la tarea de fiscalización que permitirá corroborar si los vecinos están separando correctamente sus desechos, la titular del área asegura que "ya se registra un aumento en la recuperación de residuos reciclables".
Los camiones del servicio de recolección diferenciada ya recorren los barrios San Eduardo, Aldea, Hostal del Sol, Fisherton y Fisherton R. En esos vecindarios del oeste de la ciudad, los vecinos sacan en bolsas y días diferentes los desechos orgánicos (cáscaras de frutas, verduras, sobras de carne pescado, pollo, servilletas de papel sucias, yerba, cafés, saquitos de té, pan o alimentos en mal estado), los reciclables (papel blanco, diarios y revistas, cartón, carpetas, folletos, guías, envases de vidrio, de plástico, latas de metal y otros objetos de acero, aluminio, hierro, cobre o bronce), el resto de los residuos domiciliarios como pañales y apósitos.
Y antes de fin de año, esta sana costumbre se mudará a quienes viven en San Martín A, San Francisco Solano, Las Delicias, Lomas de Alberdi y Parquefield. En los próximos meses, en las instituciones del barrio comenzará una campaña de concientización y educación ambiental, que informa sobre el servicio y la necesidad de incorporar el hábito de la separación de residuos.
Antes de comenzar con los primeros barrios del programa, desde el municipio se relevaron 1.933 domicilios y se encuestó a 644 hogares, con resultados interesantes. El 91,5 por ciento se manifestó a favor de la separación de residuos, el 70,50 dijo sacar los residuos todos los días, el 39 por ciento ya separaba reciclables y el 28,9 por ciento declaró hacer compost.
Para la secretaria de Medio Ambiente del municipio, Marina Borgatello, la separación de residuos no tiene sólo un impacto ambiental importante en toda la ciudad, sino también un fuerte componente de inclusión social. "El trabajo que hacen los vecinos de separar sus residuos impacta en las familias de recuperadores informales que empiezan a regularizar su situación", destaca.
La experiencia recién comienza, pero en tres años aspira a llegar a cuatro de cada diez hogares de la ciudad.
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Fecha de Publicación: 09/07/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Antes de diciembre, el sistema de recolección diferenciada llegará a 10 barrios. En 3 años, el plan apunta a que el 38 por ciento de la población separe basura
En barrio Hostal del Sol, el camión recolector de residuos pasa todos los días. Pero sólo los miércoles los vecinos sacan a la vereda los desechos reciclables; el resto de los días de la semana, las bolsas se alternan entre los "orgánicos" y los "restos", como se denomina pañales, toallas higiénicas, papeles sucios o envoltorios de alimentos. El vecindario es uno de los cinco que participan del programa "Barrios Verdes" que impulsa el municipio con el objetivo de mejorar la gestión de residuos. Y, antes de fin de año, se sumarán otras cinco zonas de la ciudad: San Martín A, San Francisco Solano y Las Delicias, en el distrito sudoeste, y en el norte, Lomas de Alberdi y Parquefield.
La extensión de los programas de separación en origen y de recolección diferenciada de residuos fue una de las iniciativas que se presentó ayer como parte del plan para la construcción de un Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos (ver aparte). El objetivo es incorporar gradualmente nuevas zonas a este servicio para que, dentro de tres años, el 38 por ciento de los rosarinos separe los desechos en su hogar.
"Al principio cuesta un poco acostumbrarse. Tenés que recordar qué día sacar qué cosa, pero con el tiempo se hace costumbre", se sincera con una sonrisa Lucía Scarafía, miembro de la vecinal Hostal del Sol Oeste. Mientras habla, la joven saca del lavadero una de las bolsas donde guarda los desechos reciclables. Está llena de rollos de papel higiénico, cartones de huevo, cajas y envases plásticos. "Cuando tomás conciencia de la cantidad de basura que producimos por día, te das cuenta de que todo eso no puede enterrarse en algún lugar", asegura.
El sistema de recolección diferencial de residuos llegó en enero al barrio ubicado entre el autódromo y el aeropuerto. Y si bien en la Secretaría de Ambiente del municipio aún no se completó la tarea de fiscalización que permitirá corroborar si los vecinos están separando correctamente sus desechos, la titular del área asegura que "ya se registra un aumento en la recuperación de residuos reciclables".
Los camiones del servicio de recolección diferenciada ya recorren los barrios San Eduardo, Aldea, Hostal del Sol, Fisherton y Fisherton R. En esos vecindarios del oeste de la ciudad, los vecinos sacan en bolsas y días diferentes los desechos orgánicos (cáscaras de frutas, verduras, sobras de carne pescado, pollo, servilletas de papel sucias, yerba, cafés, saquitos de té, pan o alimentos en mal estado), los reciclables (papel blanco, diarios y revistas, cartón, carpetas, folletos, guías, envases de vidrio, de plástico, latas de metal y otros objetos de acero, aluminio, hierro, cobre o bronce), el resto de los residuos domiciliarios como pañales y apósitos.
Y antes de fin de año, esta sana costumbre se mudará a quienes viven en San Martín A, San Francisco Solano, Las Delicias, Lomas de Alberdi y Parquefield. En los próximos meses, en las instituciones del barrio comenzará una campaña de concientización y educación ambiental, que informa sobre el servicio y la necesidad de incorporar el hábito de la separación de residuos.
Antes de comenzar con los primeros barrios del programa, desde el municipio se relevaron 1.933 domicilios y se encuestó a 644 hogares, con resultados interesantes. El 91,5 por ciento se manifestó a favor de la separación de residuos, el 70,50 dijo sacar los residuos todos los días, el 39 por ciento ya separaba reciclables y el 28,9 por ciento declaró hacer compost.
Para la secretaria de Medio Ambiente del municipio, Marina Borgatello, la separación de residuos no tiene sólo un impacto ambiental importante en toda la ciudad, sino también un fuerte componente de inclusión social. "El trabajo que hacen los vecinos de separar sus residuos impacta en las familias de recuperadores informales que empiezan a regularizar su situación", destaca.
La experiencia recién comienza, pero en tres años aspira a llegar a cuatro de cada diez hogares de la ciudad.
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Las cifras del desperdicio de comida es obsceno
En la Ciudad, cada persona tira a la basura 2,9 kilos de alimentos por año
Fecha de Publicación: 08/07/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: BACA
Representa 9.500 toneladas de comida que se desperdicia. Buenos Aires está por encima de la media mundial. Se firmó un convenio para bajar la cifra en hogares y restoranes.
Por comprar de más, porque se la conserva mal, porque no se la cocina como corresponde, porque se sirven porciones muy grandes. Los motivos son muchos pero el resultado es el mismo: cada año, los porteños desperdician 2,9 kilos de comida. Para evitarlo, el Gobierno, los restoranes, los empleados gastronómicos y otras instituciones firmaron ayer un convenio para evitar que se tiren tantos alimentos.
El dato surge de un estudio que realizó la Universidad de Bologna a pedido del Gobierno porteño. El año pasado se desperdiciaron 9.500 toneladas de comidas, equivalentes a $ 2.380 millones. El ranking fue encabezado por las frutas y verduras, y seguidas por los lácteos, panificados y comidas preparadas.
El programa "Cuidemos los alimentos" fue presentado ayer por el Gobierno porteño, en conjunto con la FAO, la organización de la ONU para la alimentación. Participaron la Asociación de Hoteles, Restoranes, Confiterías y Cafés, el sindicato de Gastronómicos y la asociación ACELGA que nuclea a los principales chefs de Argentina.
Hay muchas conductas cotidianas de los porteños que confluyen para llegar a este resultado. Por ejemplo, el 51% de la gente no chequea la fecha de vencimiento de los productos que compra. Además, sólo un 34% de las personas compra la comida siguiendo un listado previo.
En un país con un 30% de pobres y miles de personas en la indigencia, este fenómeno se vuelve más preocupante. Y sobre todo si se tienen en cuenta los constantes aumentos de precios que sufren los alimentos desde hace años. Según el Indice de Precios al Consumidor que mide la Ciudad, en mayo último el rubro "alimentos y bebidas" subió un 23,6%. De hecho, analistas privados anticiparon que la inflación de junio rondará el 1,5% mensual, impulsada en gran parte por el encarecimiento de los alimentos, que golpea más fuertemente a los más pobres.
El desperdicio de comida es un fenómeno global. De acuerdo a la FAO, un tercio de los alimentos producidos en el planeta se desperdician. El 10%, en Latinoamérica. De hecho, se estima que para 2050 la producción de alimentos debería aumentar un 60% sólo para compensar el crecimiento poblacional.
"Los números de Buenos Aires están un poco por encima de la media en comparación con otros lugares. Se necesita un cambio cultural, modificar hábitos de consumo", explicó Francisco Yofre, representante de la FAO en el país.
El convenio apunta en esa dirección. Por un lado, el Gobierno porteño lanzará una campaña de información en sus Estaciones Saludables y Puntos Verdes, además de los distintos eventos gastronómicos que se organizan en la Ciudad. La idea es informar a la gente para que planifique mejor sus compras, que aprenda a reutilizar alimentos y otras conductas. Se estima que el 60% de los alimentos se desperdicia en los hogares y el resto en los restoranes.
También armarán una "Red de Restoranes Sustentables": en cerca de 40 establecimientos repartirán unas 36.000 cajas para que los clientes se lleven a sus hogares la comida que no terminan de consumir. La idea es que luego otros establecimientos gastronómicos se sumen e incentiven a su público a aprovechar las "doggie bag", como se las conoce en otros países.
"Reducir el desperdicio de alimentos es fundamental para asegurar la sustentabilidad ambiental", aseguró Fernando Straface, el Secretario General de la Ciudad.
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Fecha de Publicación: 08/07/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: BACA
Representa 9.500 toneladas de comida que se desperdicia. Buenos Aires está por encima de la media mundial. Se firmó un convenio para bajar la cifra en hogares y restoranes.
Por comprar de más, porque se la conserva mal, porque no se la cocina como corresponde, porque se sirven porciones muy grandes. Los motivos son muchos pero el resultado es el mismo: cada año, los porteños desperdician 2,9 kilos de comida. Para evitarlo, el Gobierno, los restoranes, los empleados gastronómicos y otras instituciones firmaron ayer un convenio para evitar que se tiren tantos alimentos.
El dato surge de un estudio que realizó la Universidad de Bologna a pedido del Gobierno porteño. El año pasado se desperdiciaron 9.500 toneladas de comidas, equivalentes a $ 2.380 millones. El ranking fue encabezado por las frutas y verduras, y seguidas por los lácteos, panificados y comidas preparadas.
El programa "Cuidemos los alimentos" fue presentado ayer por el Gobierno porteño, en conjunto con la FAO, la organización de la ONU para la alimentación. Participaron la Asociación de Hoteles, Restoranes, Confiterías y Cafés, el sindicato de Gastronómicos y la asociación ACELGA que nuclea a los principales chefs de Argentina.
Hay muchas conductas cotidianas de los porteños que confluyen para llegar a este resultado. Por ejemplo, el 51% de la gente no chequea la fecha de vencimiento de los productos que compra. Además, sólo un 34% de las personas compra la comida siguiendo un listado previo.
En un país con un 30% de pobres y miles de personas en la indigencia, este fenómeno se vuelve más preocupante. Y sobre todo si se tienen en cuenta los constantes aumentos de precios que sufren los alimentos desde hace años. Según el Indice de Precios al Consumidor que mide la Ciudad, en mayo último el rubro "alimentos y bebidas" subió un 23,6%. De hecho, analistas privados anticiparon que la inflación de junio rondará el 1,5% mensual, impulsada en gran parte por el encarecimiento de los alimentos, que golpea más fuertemente a los más pobres.
El desperdicio de comida es un fenómeno global. De acuerdo a la FAO, un tercio de los alimentos producidos en el planeta se desperdician. El 10%, en Latinoamérica. De hecho, se estima que para 2050 la producción de alimentos debería aumentar un 60% sólo para compensar el crecimiento poblacional.
"Los números de Buenos Aires están un poco por encima de la media en comparación con otros lugares. Se necesita un cambio cultural, modificar hábitos de consumo", explicó Francisco Yofre, representante de la FAO en el país.
El convenio apunta en esa dirección. Por un lado, el Gobierno porteño lanzará una campaña de información en sus Estaciones Saludables y Puntos Verdes, además de los distintos eventos gastronómicos que se organizan en la Ciudad. La idea es informar a la gente para que planifique mejor sus compras, que aprenda a reutilizar alimentos y otras conductas. Se estima que el 60% de los alimentos se desperdicia en los hogares y el resto en los restoranes.
También armarán una "Red de Restoranes Sustentables": en cerca de 40 establecimientos repartirán unas 36.000 cajas para que los clientes se lleven a sus hogares la comida que no terminan de consumir. La idea es que luego otros establecimientos gastronómicos se sumen e incentiven a su público a aprovechar las "doggie bag", como se las conoce en otros países.
"Reducir el desperdicio de alimentos es fundamental para asegurar la sustentabilidad ambiental", aseguró Fernando Straface, el Secretario General de la Ciudad.
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Shandong Gold ya opera en Veladero con la Barrick
China Shandong Gold ya opera en la mina Veladero
Fecha de Publicación: 08/07/2017
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: San Juan
Con un encuentro con el gobernador de San Juan, el peronista Sergio Uñac, y un acto en la sede de la mina Veladero, se formalizó el ingreso de la compañía china Shandong Gold Group a la administración del proyecto minero de oro y plata de esa provincia.
Los principales directivos del gigante minero oriental expresaron a Uñac su interés por desarrollar la mina en asociación con Barrick Gold y en explorar otros proyectos similares en la zona del Valle del Cura de la cordillera andina. El grupo chino, encabezado por el gerente general de Shandong Gold Group Co. y presidente de Shandong Gold Mining Co., el empresario Li Guohong, informó que a partir de ayer, la mina Veladero estará comandada por seis personas de las cuales tres serán de Barrick y las otras tres de Shandong y que los ejecutivos chinos se quedarán a vivir en San Juan.
Según dijo el gerente de comunicaciones de Veladero, Miguel Martín, que ofició de vocero del encuentro, "las autoridades de Shandong visitaron la mina el fin de semana, se reunieron con los trabajadores y ahora hay una reunión con los trabajadores en San Juan". Agregó que se ha "cerrado acuerdo formalmente el día viernes pasado y para Barrick es muy importante porque hay una visión de futuro de explorar en forma conjunta con Shandong otros proyectos que tiene la compañía en San Juan como Pascua Lama o del Carmen".
Martín señaló que "el acuerdo cerrado entre Barrick y Shandong es por Veladero, pero existe el compromiso de explorar en forma conjunto otros proyectos que tiene Barrick en el Valle del Cura cercanos a Veladero". Entre ellos se destaca el proyecto binacional de Pascua Lama, en el que Barrick lleva mucho tiempo trabajando. "Es un proyecto en etapa de prefactibilidad y calculamos que a fin de año vamos a tener un estudio concreto y nos vamos a poner a trabajar con Shandong para desarrollarlo en forma conjunta", añadió Miguel Martín.
Shandong Gol compro el 50% de Veladero por u$s960 millones y, si bien la operación fue anunciada en abril pasado, recién el viernes 30 de junio se firmaron los contratos. "Estamos convencidos que el trabajo conjunto con Shandong nos va a potenciar todo lo que tiene que ver con tecnología y sabemos que vamos a explorar las mejores prácticas en seguridad en medio ambiente y es parte del acuerdo estratégico que tenemos con ellos", apuntó el vocero de Veladero.
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Fecha de Publicación: 08/07/2017
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: San Juan
Con un encuentro con el gobernador de San Juan, el peronista Sergio Uñac, y un acto en la sede de la mina Veladero, se formalizó el ingreso de la compañía china Shandong Gold Group a la administración del proyecto minero de oro y plata de esa provincia.
Los principales directivos del gigante minero oriental expresaron a Uñac su interés por desarrollar la mina en asociación con Barrick Gold y en explorar otros proyectos similares en la zona del Valle del Cura de la cordillera andina. El grupo chino, encabezado por el gerente general de Shandong Gold Group Co. y presidente de Shandong Gold Mining Co., el empresario Li Guohong, informó que a partir de ayer, la mina Veladero estará comandada por seis personas de las cuales tres serán de Barrick y las otras tres de Shandong y que los ejecutivos chinos se quedarán a vivir en San Juan.
Según dijo el gerente de comunicaciones de Veladero, Miguel Martín, que ofició de vocero del encuentro, "las autoridades de Shandong visitaron la mina el fin de semana, se reunieron con los trabajadores y ahora hay una reunión con los trabajadores en San Juan". Agregó que se ha "cerrado acuerdo formalmente el día viernes pasado y para Barrick es muy importante porque hay una visión de futuro de explorar en forma conjunta con Shandong otros proyectos que tiene la compañía en San Juan como Pascua Lama o del Carmen".
Martín señaló que "el acuerdo cerrado entre Barrick y Shandong es por Veladero, pero existe el compromiso de explorar en forma conjunto otros proyectos que tiene Barrick en el Valle del Cura cercanos a Veladero". Entre ellos se destaca el proyecto binacional de Pascua Lama, en el que Barrick lleva mucho tiempo trabajando. "Es un proyecto en etapa de prefactibilidad y calculamos que a fin de año vamos a tener un estudio concreto y nos vamos a poner a trabajar con Shandong para desarrollarlo en forma conjunta", añadió Miguel Martín.
Shandong Gol compro el 50% de Veladero por u$s960 millones y, si bien la operación fue anunciada en abril pasado, recién el viernes 30 de junio se firmaron los contratos. "Estamos convencidos que el trabajo conjunto con Shandong nos va a potenciar todo lo que tiene que ver con tecnología y sabemos que vamos a explorar las mejores prácticas en seguridad en medio ambiente y es parte del acuerdo estratégico que tenemos con ellos", apuntó el vocero de Veladero.
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Efluentes cloacales al Nahuel Huapi para preocuparse
Bariloche: preocupan efluentes cloacales en el Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 08/07/2017
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: Río Negro
Reclaman al Gobierno nacional los fondos prometidos para la ampliación de la planta de tratamiento, que está desbordada.
Justo en la semana que comienza la temporada invernal, uno de los símbolos más representativos de la Patagonia aparece en el centro de una polémica que perjudica la imagen de la región y alerta a locales y visitantes con una pregunta inquietante: ¿están contaminadas las aguas del lago Nahuel Huapi? El tema no es nuevo, pero se reinstala con cada comienzo del período en el que la ciudad de Bariloche se prepara para recibir a miles de turistas. Este cronista recorrió las costas de la formación lacustre que se extiende por casi 600 kilómetros cuadrados, cuya jurisdicción comparten las provincias de Neuquén y Río Negro, y comprobó que el vertido de efluentes cloacales domiciliarios "crudos" es real, ya que la capacidad de la planta construida en 1994 para atender esta demanda se encuentra desbordada. Las razones de la sobrecarga se explican en el crecimiento demográfico que experimentó la ciudad en los últimos cuarenta años, que casi triplicó su población.
Por más eficiente que sea el trabajo de la cooperativa que efectúa el tratamiento de las aguas servidas, las actuales instalaciones depuradoras sólo alcanzan a tratar el cincuenta por ciento de los residuos cloacales que generan los barilochenses. El resto termina en los pozos, o se tira directamente al lago a través de conexiones clandestinas.
Amparo judicial
A fines del año pasado, la organización ambientalista Árbol de Pie y la senadora nacional Magdalena Odarda presentaron un recurso de amparo ante la Justicia -al que luego se sumaron varios miles de vecinos- intimando al Gobierno provincial y a la Secretaría de Medio Ambiente a "frenar la contaminación del Nahuel Huapi". Pocos días antes, un millón de litros de efluentes cloacales sin tratar habían sido volcados al lago, producto del colapso de la planta que administra la Cooperativa Eléctrica Bariloche (CEB). "Habitualmente se realizan vuelcos de crudo porque la capacidad de tratamiento es insuficiente, lo cual trae consecuencias negativas que se acumulan en el tiempo", afirmó a Ámbito Financiero Ana Weyman, de Árbol de Pie. "Nosotros no cuestionamos la tarea que desarrollan en la planta, pero decimos que el sistema en su totalidad es insuficiente por lo que propusimos a las autoridades la realización de una serie de obras complementarias, además del reclamo para que los organismos del Estado que trabajan con energía atómica (como el Centro Atómico Bariloche o INVAP) se hagan cargo de tratar los metales pesados que genera su actividad", agregó la ambientalista.
Por su parte, el gerente general de la CEB, Federico Lutz, admitió que "el servicio de saneamiento cloacal alcanza a la mitad de los habitantes de la ciudad y las redes troncales existentes, así como también la infraestructura de tratamiento, está saturada hace años, lo cual provoca fallas en las redes que ocasionan los derrames"; pero resaltó que la situación "está muy lejos de ser apocalíptica" y que "tal como lo señalan los informes de la Unidad de Gestión de Calidad del Agua de la provincia de Río Negro, el lago Nahuel Huapi presenta una calidad de agua compatible con los diversos usos presentes, tal como fuente de agua potable y uso recreacional".
Para Lutz, las bajas temperaturas y los vientos que soplan en la región "hacen una gran contribución natural" al proceso depurador. "Nosotros reconocemos que el vertido provoca alteraciones medioambientales, pero de ningún modo se puede afirmar que sean contaminantes, nosotros no potabilizamos las aguas, pero sí las depuramos para que no contaminen". Con el objetivo de probar su afirmación, el gerente realizó un acting ante un equipo periodístico del programa 24P (que se emite por C5N) en el cual recogió agua del lago con una copa y lo bebió delante de las cámaras. "Además de haber sido pioneros en esta tarea, somos el principal impulsor del régimen de obras que demanda la ciudad por más de mil millones de pesos", finalizó el gerente.
Los ambientalistas no coinciden con Lutz. "Esa payasada que hizo demuestra que siguen sin tomar conciencia del hecho que hayamos llegado a la contaminación creciente en zonas costeras", dijo Wieman; quien admitió que debido a sus dimensiones "es muy difícil que el lago esté contaminado, pero los lugares donde nosotros accedemos para recreación, consumo y deportes náuticos es la costa y es lo que ni la cooperativa, ni municipalidad ni el Gobierno provincial se preocuparon por preservar". De hecho, a menos de un kilómetro y medio de la planta depuradora, Wieman mostró la existencia de un caño roto cuyo contenido se vierte al lago sin ningún tipo de control. Y aclaró algo: "Los mil millones que destinarán para las obras no los consiguió la cooperativa, sino que gracias a nuestras denuncias, afortunadamente por primera vez el tema salió de Bariloche y preocupó al Gobierno nacional".
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Fecha de Publicación: 08/07/2017
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: Río Negro
Reclaman al Gobierno nacional los fondos prometidos para la ampliación de la planta de tratamiento, que está desbordada.
Justo en la semana que comienza la temporada invernal, uno de los símbolos más representativos de la Patagonia aparece en el centro de una polémica que perjudica la imagen de la región y alerta a locales y visitantes con una pregunta inquietante: ¿están contaminadas las aguas del lago Nahuel Huapi? El tema no es nuevo, pero se reinstala con cada comienzo del período en el que la ciudad de Bariloche se prepara para recibir a miles de turistas. Este cronista recorrió las costas de la formación lacustre que se extiende por casi 600 kilómetros cuadrados, cuya jurisdicción comparten las provincias de Neuquén y Río Negro, y comprobó que el vertido de efluentes cloacales domiciliarios "crudos" es real, ya que la capacidad de la planta construida en 1994 para atender esta demanda se encuentra desbordada. Las razones de la sobrecarga se explican en el crecimiento demográfico que experimentó la ciudad en los últimos cuarenta años, que casi triplicó su población.
Por más eficiente que sea el trabajo de la cooperativa que efectúa el tratamiento de las aguas servidas, las actuales instalaciones depuradoras sólo alcanzan a tratar el cincuenta por ciento de los residuos cloacales que generan los barilochenses. El resto termina en los pozos, o se tira directamente al lago a través de conexiones clandestinas.
Amparo judicial
A fines del año pasado, la organización ambientalista Árbol de Pie y la senadora nacional Magdalena Odarda presentaron un recurso de amparo ante la Justicia -al que luego se sumaron varios miles de vecinos- intimando al Gobierno provincial y a la Secretaría de Medio Ambiente a "frenar la contaminación del Nahuel Huapi". Pocos días antes, un millón de litros de efluentes cloacales sin tratar habían sido volcados al lago, producto del colapso de la planta que administra la Cooperativa Eléctrica Bariloche (CEB). "Habitualmente se realizan vuelcos de crudo porque la capacidad de tratamiento es insuficiente, lo cual trae consecuencias negativas que se acumulan en el tiempo", afirmó a Ámbito Financiero Ana Weyman, de Árbol de Pie. "Nosotros no cuestionamos la tarea que desarrollan en la planta, pero decimos que el sistema en su totalidad es insuficiente por lo que propusimos a las autoridades la realización de una serie de obras complementarias, además del reclamo para que los organismos del Estado que trabajan con energía atómica (como el Centro Atómico Bariloche o INVAP) se hagan cargo de tratar los metales pesados que genera su actividad", agregó la ambientalista.
Por su parte, el gerente general de la CEB, Federico Lutz, admitió que "el servicio de saneamiento cloacal alcanza a la mitad de los habitantes de la ciudad y las redes troncales existentes, así como también la infraestructura de tratamiento, está saturada hace años, lo cual provoca fallas en las redes que ocasionan los derrames"; pero resaltó que la situación "está muy lejos de ser apocalíptica" y que "tal como lo señalan los informes de la Unidad de Gestión de Calidad del Agua de la provincia de Río Negro, el lago Nahuel Huapi presenta una calidad de agua compatible con los diversos usos presentes, tal como fuente de agua potable y uso recreacional".
Para Lutz, las bajas temperaturas y los vientos que soplan en la región "hacen una gran contribución natural" al proceso depurador. "Nosotros reconocemos que el vertido provoca alteraciones medioambientales, pero de ningún modo se puede afirmar que sean contaminantes, nosotros no potabilizamos las aguas, pero sí las depuramos para que no contaminen". Con el objetivo de probar su afirmación, el gerente realizó un acting ante un equipo periodístico del programa 24P (que se emite por C5N) en el cual recogió agua del lago con una copa y lo bebió delante de las cámaras. "Además de haber sido pioneros en esta tarea, somos el principal impulsor del régimen de obras que demanda la ciudad por más de mil millones de pesos", finalizó el gerente.
Los ambientalistas no coinciden con Lutz. "Esa payasada que hizo demuestra que siguen sin tomar conciencia del hecho que hayamos llegado a la contaminación creciente en zonas costeras", dijo Wieman; quien admitió que debido a sus dimensiones "es muy difícil que el lago esté contaminado, pero los lugares donde nosotros accedemos para recreación, consumo y deportes náuticos es la costa y es lo que ni la cooperativa, ni municipalidad ni el Gobierno provincial se preocuparon por preservar". De hecho, a menos de un kilómetro y medio de la planta depuradora, Wieman mostró la existencia de un caño roto cuyo contenido se vierte al lago sin ningún tipo de control. Y aclaró algo: "Los mil millones que destinarán para las obras no los consiguió la cooperativa, sino que gracias a nuestras denuncias, afortunadamente por primera vez el tema salió de Bariloche y preocupó al Gobierno nacional".
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Una fábrica de paneles fotovoltaicos en Mendoza
Empresas argentinas se asociarán para fabricar paneles fotovoltaicos en Mendoza
Fecha de Publicación: 07/07/2017
Fuente: Energía Estratégica
Provincia/Región: Mendoza
Se trata de un acuerdo entre la sanluisense LV-Energy y la local Control Point en el que se pretende montar una planta que produzca 20 MW al año. El acuerdo se da en el marco del "Programa de Fomento a la Inversión Estratégica" que está lanzando la provincia de Mendoza
Ayer, Control Point, empresa mendocina que ofrece soluciones de eficiencia energética y generación de energía solar, informó que ha formado un Joint Venture –asociación estratégica- con una de las 3 productoras de paneles fotovoltaicos del país: LV Energy, cuya compañía tiene su fábrica en San Luís.
El acuerdo consta en el montaje de una planta de módulos fotovoltaicos instalarse en inmediaciones de Control Point, en Godoy Cruz. La capacidad de producción rondará los 20 MW y demandará una inversión inicial de 1,5 millones de dólares. Además, creará al menos 15 puestos de empleo calificados en forma directa.
El negocio estará orientado principalmente a la venta de equipamiento para Grandes Usuarios (a partir de 300 KW), que deberán cumplir con el 8 por ciento de consumo de energías renovables que exige la Ley 27.191.
Las partes que integran el acuerdo aseguran que la empresa ofrecerá instalación llave en mano, con todo el sistema funcionando, soporte técnico, tecnología de punta y paneles certificados.
Cabe destacar que LV-Energy es una de las pocas empresas fabricantes de paneles fotovoltaicos radicadas en la argentina y con más antigüedad en el país.
Su planta, radicada en la Provincia de San Luís, tiene una capacidad de producción de hasta 56 MW por año. Además, LV-Energy ha completado con éxito el proceso de control de producción e inspección de fábrica con IRAM, obteniendo el otorgamiento de su sello de conformidad y el reconocimiento de las certificaciones internacionales IEC 61215 / IEC 61730-1/-2.
En diálogo con Energía Estratégica, Margherita Salmaso, Presidente de LV-Energy, destaca este acuerdo de alianza estratégica pero advierte que se trata de un proyecto en el que aún se están analizando ciertas variables antes de que entre en plan de obras.
Uno de los aspectos que están considerando tiene que ver con el reciente lanzamiento del “Programa de Fomento a la Inversión Estratégica” que promueve el Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Según trascendió, el plan cuenta con el otorgamiento de bonos fiscales por 200 millones de pesos para proyectos de eficiencia energética y energías renovables. En suma se recibieron 30 propuestas por un total aproximado de 400 millones de pesos.
Según el Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia, Martín Kerchner, se está iniciando un proceso de evaluación de los proyectos y el 18 de agosto próximo se conocerán aquellos que han calificado, los cuales, por reglamento, tendrán 10 días para expedirse y validar el beneficio fiscal solicitado.
“El bono es transferible o la empresa que lo disponga podrá pagar Ingresos Brutos, pero será emitido una vez que el privado realice la inversión y certifique la creación de los nuevos puestos de trabajo. Será el equipo del Fondo el encargado de realizar las auditorías de inversión correspondientes”, señaló Kerchner.
Las propuestas incluyeron más de 8.5 MW de potencia instalada distribuida, mayormente fotovoltaica, aunque también hubo algunos de generación solar térmica y biomasa. Los proyectos de eficiencia energética se focalizan en las reconversiones de luminarias, aislamientos de cañerías y reemplazos de equipos por unidades más eficientes, informaron medios de Mendoza.
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Fecha de Publicación: 07/07/2017
Fuente: Energía Estratégica
Provincia/Región: Mendoza
Se trata de un acuerdo entre la sanluisense LV-Energy y la local Control Point en el que se pretende montar una planta que produzca 20 MW al año. El acuerdo se da en el marco del "Programa de Fomento a la Inversión Estratégica" que está lanzando la provincia de Mendoza
Ayer, Control Point, empresa mendocina que ofrece soluciones de eficiencia energética y generación de energía solar, informó que ha formado un Joint Venture –asociación estratégica- con una de las 3 productoras de paneles fotovoltaicos del país: LV Energy, cuya compañía tiene su fábrica en San Luís.
El acuerdo consta en el montaje de una planta de módulos fotovoltaicos instalarse en inmediaciones de Control Point, en Godoy Cruz. La capacidad de producción rondará los 20 MW y demandará una inversión inicial de 1,5 millones de dólares. Además, creará al menos 15 puestos de empleo calificados en forma directa.
El negocio estará orientado principalmente a la venta de equipamiento para Grandes Usuarios (a partir de 300 KW), que deberán cumplir con el 8 por ciento de consumo de energías renovables que exige la Ley 27.191.
Las partes que integran el acuerdo aseguran que la empresa ofrecerá instalación llave en mano, con todo el sistema funcionando, soporte técnico, tecnología de punta y paneles certificados.
Cabe destacar que LV-Energy es una de las pocas empresas fabricantes de paneles fotovoltaicos radicadas en la argentina y con más antigüedad en el país.
Su planta, radicada en la Provincia de San Luís, tiene una capacidad de producción de hasta 56 MW por año. Además, LV-Energy ha completado con éxito el proceso de control de producción e inspección de fábrica con IRAM, obteniendo el otorgamiento de su sello de conformidad y el reconocimiento de las certificaciones internacionales IEC 61215 / IEC 61730-1/-2.
En diálogo con Energía Estratégica, Margherita Salmaso, Presidente de LV-Energy, destaca este acuerdo de alianza estratégica pero advierte que se trata de un proyecto en el que aún se están analizando ciertas variables antes de que entre en plan de obras.
Uno de los aspectos que están considerando tiene que ver con el reciente lanzamiento del “Programa de Fomento a la Inversión Estratégica” que promueve el Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Según trascendió, el plan cuenta con el otorgamiento de bonos fiscales por 200 millones de pesos para proyectos de eficiencia energética y energías renovables. En suma se recibieron 30 propuestas por un total aproximado de 400 millones de pesos.
Según el Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia, Martín Kerchner, se está iniciando un proceso de evaluación de los proyectos y el 18 de agosto próximo se conocerán aquellos que han calificado, los cuales, por reglamento, tendrán 10 días para expedirse y validar el beneficio fiscal solicitado.
“El bono es transferible o la empresa que lo disponga podrá pagar Ingresos Brutos, pero será emitido una vez que el privado realice la inversión y certifique la creación de los nuevos puestos de trabajo. Será el equipo del Fondo el encargado de realizar las auditorías de inversión correspondientes”, señaló Kerchner.
Las propuestas incluyeron más de 8.5 MW de potencia instalada distribuida, mayormente fotovoltaica, aunque también hubo algunos de generación solar térmica y biomasa. Los proyectos de eficiencia energética se focalizan en las reconversiones de luminarias, aislamientos de cañerías y reemplazos de equipos por unidades más eficientes, informaron medios de Mendoza.
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El arsénico en el agua podría tener una solución
Crean un dispositivo que reduce el arsénico en el agua
Fecha de Publicación: 07/07/2017
Fuente: InfoGei
Provincia/Región: Nacional
Alejandro Moschetto y Andrea Gavarini trabajan desde hace más de dos años en un proyecto universitario que busca acabar con una de las problemáticas que comparten varios distritos bonaerenses.
Dos estudiantes de Ingeniería Ambiental, que cursan en la Universidad Católica Argentina (UCA), crearon un dispositivo que reduce el arsénico en el agua.
Alejandro Moschetto (25) y Andrea Gavarini (27), quienes resultaron ganadores de la categoría Ambiental del Concurso de Proyectos Enrique Shaw, organizado por Compromiso Social y Extensión UCA, idearon un sistema que ya fue instalado en una escuela rural de Balcarce, que logra llevar los niveles de arsénico en el agua a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
En diálogo con Radio Provincia, Moschetto explicó que la idea “arrancó con una propuesta del laboratorio de química de la facultad y a raíz de esto nos interesó este arsénico y empezamos a trabajar en el proyecto”.
Por otro lado, el estudiante detalló que la Organización Mundial de la Salud recomienda que tenga diez partes por millón (de arsénico) como máximo en el agua de consumo y que en la Provincia de Buenos Aires “estamos un poco por arriba ya que hay una ley, que todavía está vigente, que permite el máximo que es cinco veces mayor a lo que recomienda la OMS”.
El dispositivo creado por los estudiantes de la UCA es algo innovador, en referencia a ello, Alejandro agregó: “Por medio de una barra de hierro damos corriente y eso es lo que genera el componente que captura el arsénico”.
Desde hace más de dos años, Moschetto y Gavarini trabajan en este proyecto universitario que busca acabar con una de las problemáticas que comparten varios distritos de la Provincia.
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Fecha de Publicación: 07/07/2017
Fuente: InfoGei
Provincia/Región: Nacional
Alejandro Moschetto y Andrea Gavarini trabajan desde hace más de dos años en un proyecto universitario que busca acabar con una de las problemáticas que comparten varios distritos bonaerenses.
Dos estudiantes de Ingeniería Ambiental, que cursan en la Universidad Católica Argentina (UCA), crearon un dispositivo que reduce el arsénico en el agua.
Alejandro Moschetto (25) y Andrea Gavarini (27), quienes resultaron ganadores de la categoría Ambiental del Concurso de Proyectos Enrique Shaw, organizado por Compromiso Social y Extensión UCA, idearon un sistema que ya fue instalado en una escuela rural de Balcarce, que logra llevar los niveles de arsénico en el agua a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
En diálogo con Radio Provincia, Moschetto explicó que la idea “arrancó con una propuesta del laboratorio de química de la facultad y a raíz de esto nos interesó este arsénico y empezamos a trabajar en el proyecto”.
Por otro lado, el estudiante detalló que la Organización Mundial de la Salud recomienda que tenga diez partes por millón (de arsénico) como máximo en el agua de consumo y que en la Provincia de Buenos Aires “estamos un poco por arriba ya que hay una ley, que todavía está vigente, que permite el máximo que es cinco veces mayor a lo que recomienda la OMS”.
El dispositivo creado por los estudiantes de la UCA es algo innovador, en referencia a ello, Alejandro agregó: “Por medio de una barra de hierro damos corriente y eso es lo que genera el componente que captura el arsénico”.
Desde hace más de dos años, Moschetto y Gavarini trabajan en este proyecto universitario que busca acabar con una de las problemáticas que comparten varios distritos de la Provincia.
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Las tormentas de Córdoba son dignas de estudio
U$S 30 millones para estudiar las tormentas cordobesas, las más poderosas del mundo
Fecha de Publicación: 07/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Varias instituciones científicas de Estados Unidos financiarán el proyecto, que tendrá su centro de operaciones en Córdoba. Servirá para mejorar los pronósticos de eventos extremos a nivel global y para ayudar a las regiones agrícolas. Participan investigadores de la UNC.
Una amplia zona de Argentina, que incluye a nuestra provincia, es testigo de las tormentas más poderosas del mundo.
Entender cómo se forman y se desarrollan es clave para mejorar los pronósticos, en especial sobre eventos serios. Un equipo internacional destinará 30 millones de dólares para esta misión.
El proyecto Relámpago tendrá su centro de operaciones cerca de la ciudad de Córdoba.
“Este conocimiento redundará en beneficios para hacer prevención y alerta de tormentas serias. Pero primero tenemos que conocer, entender y cuantificar estos fenómenos”, explica Eldo Ávila, investigador del Grupo de Física de la Atmósfera de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la UNC.
Además de este equipo, por la UNC participará el Centro de Estudios y Tecnología del Agua de la Facultad de Ciencias Exactas.
De Argentina también participarán otros investigadores del Conicet y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las más fuertes
Según la hipótesis más consensuada, el poder de las tormentas en esta región se debe a una combinación de los vientos altamente húmedos que vienen del Amazonas, los cuales chocan contra distintas zonas montañosas de Argentina y suben con gran energía (proceso llamado convección) para luego producir nubes muy altas y cargadas energéticamente.
Las características que las hacen especiales son su gran desarrollo vertical (la nubosidad tiene varios kilómetros de alto), precipitaciones intensas y, sobre todo, gran actividad eléctrica.
Según Ávila, las sierras de Córdoba juegan un rol clave, ya que buena parte de estas tormentas extremas se origina gracias a nuestras Altas Cumbres.
El investigador señala que el proyecto Relámpago es una oportunidad única para trabajar con los científicos más prestigiosos del mundo. “Vamos a disponer de instrumentos de medición que ni siquiera en sueños uno se podría imaginar”, asegura.
Gran parte de la iniciativa estará financiada por la Fundación Nacional para la Ciencia, el Departamento de Energía, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Nasa, todas instituciones de Estados Unidos.
Interés mundial
“Más que un interés de Estados Unidos, los científicos de todo el mundo están entusiasmados por desentrañar cómo son las tormentas más intensas del planeta”, dice Ávila.
Steve Nesbitt, profesor de la Universidad de Illinois del país de Norteamérica, es el investigador principal del proyecto.
“Con esta investigación estaremos ayudando a las regiones agrícolas afectadas por el granizo y las inundaciones y se podrá determinar qué infraestructura local necesitan para ser más resistentes ante estos peligros”, dice.
Aunque el proyecto se centrará en un área pequeña (Córdoba y Mendoza), los resultados serán cruciales para una comprensión más global del clima.
“Una vez que se cree un modelo más preciso a partir de estos datos, podría utilizarse en otras áreas del mundo, lo que ayudaría a muchas regiones agrícolas a evitar la pérdida de cultivos”, detalla el investigador.
Explica que en muchas regiones agrícolas las tormentas eléctricas del verano son las lluvias primarias, por lo que es vital predecir este tipo de impactos y cómo la agricultura puede verse afectada por el cambio climático.
Además del centro de operaciones cordobés, se distribuirán instrumentos móviles de medición, como radares y globos meteorológicos, por todo el territorio.
“Vamos a necesitar la buena voluntad y colaboración de los habitantes de las localidades donde se instalen estos equipos”, asegura Ávila.
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Fecha de Publicación: 07/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Varias instituciones científicas de Estados Unidos financiarán el proyecto, que tendrá su centro de operaciones en Córdoba. Servirá para mejorar los pronósticos de eventos extremos a nivel global y para ayudar a las regiones agrícolas. Participan investigadores de la UNC.
Una amplia zona de Argentina, que incluye a nuestra provincia, es testigo de las tormentas más poderosas del mundo.
Entender cómo se forman y se desarrollan es clave para mejorar los pronósticos, en especial sobre eventos serios. Un equipo internacional destinará 30 millones de dólares para esta misión.
El proyecto Relámpago tendrá su centro de operaciones cerca de la ciudad de Córdoba.
“Este conocimiento redundará en beneficios para hacer prevención y alerta de tormentas serias. Pero primero tenemos que conocer, entender y cuantificar estos fenómenos”, explica Eldo Ávila, investigador del Grupo de Física de la Atmósfera de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la UNC.
Además de este equipo, por la UNC participará el Centro de Estudios y Tecnología del Agua de la Facultad de Ciencias Exactas.
De Argentina también participarán otros investigadores del Conicet y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las más fuertes
Según la hipótesis más consensuada, el poder de las tormentas en esta región se debe a una combinación de los vientos altamente húmedos que vienen del Amazonas, los cuales chocan contra distintas zonas montañosas de Argentina y suben con gran energía (proceso llamado convección) para luego producir nubes muy altas y cargadas energéticamente.
Las características que las hacen especiales son su gran desarrollo vertical (la nubosidad tiene varios kilómetros de alto), precipitaciones intensas y, sobre todo, gran actividad eléctrica.
Según Ávila, las sierras de Córdoba juegan un rol clave, ya que buena parte de estas tormentas extremas se origina gracias a nuestras Altas Cumbres.
El investigador señala que el proyecto Relámpago es una oportunidad única para trabajar con los científicos más prestigiosos del mundo. “Vamos a disponer de instrumentos de medición que ni siquiera en sueños uno se podría imaginar”, asegura.
Gran parte de la iniciativa estará financiada por la Fundación Nacional para la Ciencia, el Departamento de Energía, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Nasa, todas instituciones de Estados Unidos.
Interés mundial
“Más que un interés de Estados Unidos, los científicos de todo el mundo están entusiasmados por desentrañar cómo son las tormentas más intensas del planeta”, dice Ávila.
Steve Nesbitt, profesor de la Universidad de Illinois del país de Norteamérica, es el investigador principal del proyecto.
“Con esta investigación estaremos ayudando a las regiones agrícolas afectadas por el granizo y las inundaciones y se podrá determinar qué infraestructura local necesitan para ser más resistentes ante estos peligros”, dice.
Aunque el proyecto se centrará en un área pequeña (Córdoba y Mendoza), los resultados serán cruciales para una comprensión más global del clima.
“Una vez que se cree un modelo más preciso a partir de estos datos, podría utilizarse en otras áreas del mundo, lo que ayudaría a muchas regiones agrícolas a evitar la pérdida de cultivos”, detalla el investigador.
Explica que en muchas regiones agrícolas las tormentas eléctricas del verano son las lluvias primarias, por lo que es vital predecir este tipo de impactos y cómo la agricultura puede verse afectada por el cambio climático.
Además del centro de operaciones cordobés, se distribuirán instrumentos móviles de medición, como radares y globos meteorológicos, por todo el territorio.
“Vamos a necesitar la buena voluntad y colaboración de los habitantes de las localidades donde se instalen estos equipos”, asegura Ávila.
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