Catamarca quiere quedarse con Agua Rica
11:25 | 
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Corpacci cerca de quedarse con la explotación de la megamina Agua Rica
Fecha de Publicación: 21/07/2014
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Catamarca
Glencore desistió de explotar el yacimiento y ahora la gobernadora busca asociar su empresa provincial a la canadiense Yamana.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, esta cerca de quedarse con la explotación de la megamina Agua Rica, tras la decisión de la multinacional Glencore (ex Xtrata) de desistir de su preferencia para explotar ese rico yacimiento de oro y cobre.
Corpacci busca ahora asociar a su empresa provincial CAMYEN (Catamarca Minera y Energética) a la canadiense Yamana, para explotar este yacimiento de "clase mundial" y que promete una riqueza similar a la de La Alumbrera, que ya entró en su fase final.
La Alumbrera es el principal yacimiento operativo de Catamarca, que opera sobre un terreno perteneciente a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad), una sociedad que tiene el 60% en manos de la provincia de Catamarca y el resto en la Universidad de Tucumán, por ser la que descubrió el yacimiento. Por se propietaria del yacimiento YMAD recibe un 20% d elas utilidades de esta mina.
YMAD es presidida por Manuel Benítez, un hombre que responde a la Nación y es quien tiene la facultad de decidir cuando se reparten las utilidades. La operación de la mina está a cargo de una sociedad que pertenece en un 57% a la inglesa Glencore y el resto se reparte entre la irlandesa GoldCore y Yamana.
Con las finanzas en rojo, Corpacci pelea hace tiempo para quedarse con el control de Agua Rica, que nunca fue dotado de infraestructura como su vecino de Alumbrera. Hasta ahora sólo se invirtieron en Agua Rica 40 millones de dólares, pero se calcula que para ponerlo operativo se necesitarían unos 3.500 millones de dólares.
Tras la decisión de retirarse de Glencore, que está en una política de desmontar en lo posible sus operaciones en la Argentina, harta de las infinitas trabas burocráticas -como la prohibición de girar dividendos- y problemas macroeconómicos, ahora el desafío de poner en marcha ese yacimiento recaerá sobre Yamanay la provincial Camyen.
Corpacci no la tiene fácil: la canadiense Yamana es una minera junior sin capacidad para financiar un emprendimiento de esa magnitud. DE hecho, en la firma canadiense tienen claro que en el actual entorno político es poco menos que imposible conseguir que alguna firma internacional destine miles de millones de dólares a un proyecto en la Argentina.
Pero en Catamarca hay expectativas, porque se sabe que en 4 años se extinguirá la explotación de Bajo La Alumbrera y su infraestructura minera -que pertenece a YMAD-quedará a disposición de su vecina Agua Rica. Esa es la apuesta de Corpacci.
En lo inmediato, la gobernadora se conforma con el compromiso de Glencore de explotar Bajo Durazno, un yacimiento minero pequeño ubicado a un kilómetro de La Alumbrera, que podría generar 100 puestos de trabajo directos.
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Fecha de Publicación: 21/07/2014
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Catamarca
Glencore desistió de explotar el yacimiento y ahora la gobernadora busca asociar su empresa provincial a la canadiense Yamana.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, esta cerca de quedarse con la explotación de la megamina Agua Rica, tras la decisión de la multinacional Glencore (ex Xtrata) de desistir de su preferencia para explotar ese rico yacimiento de oro y cobre.
Corpacci busca ahora asociar a su empresa provincial CAMYEN (Catamarca Minera y Energética) a la canadiense Yamana, para explotar este yacimiento de "clase mundial" y que promete una riqueza similar a la de La Alumbrera, que ya entró en su fase final.
La Alumbrera es el principal yacimiento operativo de Catamarca, que opera sobre un terreno perteneciente a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad), una sociedad que tiene el 60% en manos de la provincia de Catamarca y el resto en la Universidad de Tucumán, por ser la que descubrió el yacimiento. Por se propietaria del yacimiento YMAD recibe un 20% d elas utilidades de esta mina.
YMAD es presidida por Manuel Benítez, un hombre que responde a la Nación y es quien tiene la facultad de decidir cuando se reparten las utilidades. La operación de la mina está a cargo de una sociedad que pertenece en un 57% a la inglesa Glencore y el resto se reparte entre la irlandesa GoldCore y Yamana.
Con las finanzas en rojo, Corpacci pelea hace tiempo para quedarse con el control de Agua Rica, que nunca fue dotado de infraestructura como su vecino de Alumbrera. Hasta ahora sólo se invirtieron en Agua Rica 40 millones de dólares, pero se calcula que para ponerlo operativo se necesitarían unos 3.500 millones de dólares.
Tras la decisión de retirarse de Glencore, que está en una política de desmontar en lo posible sus operaciones en la Argentina, harta de las infinitas trabas burocráticas -como la prohibición de girar dividendos- y problemas macroeconómicos, ahora el desafío de poner en marcha ese yacimiento recaerá sobre Yamanay la provincial Camyen.
Corpacci no la tiene fácil: la canadiense Yamana es una minera junior sin capacidad para financiar un emprendimiento de esa magnitud. DE hecho, en la firma canadiense tienen claro que en el actual entorno político es poco menos que imposible conseguir que alguna firma internacional destine miles de millones de dólares a un proyecto en la Argentina.
Pero en Catamarca hay expectativas, porque se sabe que en 4 años se extinguirá la explotación de Bajo La Alumbrera y su infraestructura minera -que pertenece a YMAD-quedará a disposición de su vecina Agua Rica. Esa es la apuesta de Corpacci.
En lo inmediato, la gobernadora se conforma con el compromiso de Glencore de explotar Bajo Durazno, un yacimiento minero pequeño ubicado a un kilómetro de La Alumbrera, que podría generar 100 puestos de trabajo directos.
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Controversias por la ley de semillas en Argentina
Controversias por la ley de semillas en Argentina
Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: La Gran Época - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La controversia entre los distintos sectores es muy grande, por un lado están las organizaciones sociales y ambientalistas que hacen campaña para que la Ley 20.247, que data de 1973, no se modifique, y por el otro están las organizaciones dependientes del Ministerio de Agricultura, más otras privadas que tienen interés en la reforma de la ley.
El anteproyecto logró filtrarse a los opuestos al cambio, quienes formaron una resistencia y trabajan para que el mismo no llegue a tratarse en el Congreso de la Nación, a través de recolección de firmas y otras campañas asociadas.
“El proyecto es el mismo que se había formulado en el 2012, con las mismas limitaciones, y los mismos problemas de ampliar la privatización de las semillas, con el agregado de algunos capítulos que intentan atenuar el efecto sobre la agricultura familiar”, dijo Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, en una entrevista con La Gran Época.
Propiedad intelectual
Uno de los puntos más cuestionados en el anteproyecto del año pasado es el de propiedad intelectual, por lo que las organizaciones ambientalistas consideran que intenta “privatizar las semillas”, e implica el “pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas”.
Este año, según Carlos Vicente, se modificó esa cláusula pero con una salvedad: para eximirse del pago de regalías y seguir teniendo uso propio de las semillas, los agricultores deben cumplir con la condición de estar inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, lo cual consideró absurdo.
“Si hay algo que no pueden las semillas es regularse en términos de los instrumentos, cualquiera que pueda sembrar tiene que poder sembrar y guardar semillas”, apuntó.
Vinculación con Monsanto
Otro punto sensible que denuncian las organizaciones sociales es que las grandes corporaciones biotecnológicas, como Monsanto, ejercen presión política sobre los gobiernos locales.
“Esta es una ley hecha para Monsanto, el Ministro de Agricultura en el año 2012 la lanzó al lado de Pablo Vaquero, el representante de Monsanto en Argentina, entonces es muy explícito que es una ley para Monsanto”, señaló Vicente.
Asimismo denuncian que hay una alianza muy clara entre la transnacional Monsanto, los grandes productores de soja y los comercializadores de semillas.
Vicente afirmó que en los últimos 20 años surgió una intensa amenaza a la semilla ya que, en el siglo 20, se perdió las 3/4 partes de la biodiversidad agrícola que el hombre generó durante 10.000 años.
“En ese camino vimos que los derechos de propiedad intelectual es una de las maneras que utilizan las corporaciones para apropiarse de las semillas y por eso esta resistencia”, agregó.
Contraparte
Una de las organizaciones que apoya el proyecto es la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), quien se conforma por 84 socios que estimulan “el uso de tecnología para mejorar la calidad de las semillas y la competitividad de la producción agropecuaria”, según su portal.
“El gran tema que divide las aguas es el uso propio. Hoy tenemos la necesidad de que se equilibren los derechos. El uso propio debe tener una regulación, y se deberían poder exigir regalías extendidas por diferenciación de productores” dijo el Director Ejecutivo de la ASA, el Ing. Miguel Rapela en un debate llevado a cabo el 17 de junio, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones.
Según Carlos Vicente, el proyecto de ley está dilatándose por los mismos intereses contrapuestos dentro del Ministerio de Agricultura y comentó que, dentro de las organizaciones del campo que estaban agrupadas en la mesa de enlace hubo diferencias entre ellos, como el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien se retiró de la discusión del proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: La Gran Época - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La controversia entre los distintos sectores es muy grande, por un lado están las organizaciones sociales y ambientalistas que hacen campaña para que la Ley 20.247, que data de 1973, no se modifique, y por el otro están las organizaciones dependientes del Ministerio de Agricultura, más otras privadas que tienen interés en la reforma de la ley.
El anteproyecto logró filtrarse a los opuestos al cambio, quienes formaron una resistencia y trabajan para que el mismo no llegue a tratarse en el Congreso de la Nación, a través de recolección de firmas y otras campañas asociadas.
“El proyecto es el mismo que se había formulado en el 2012, con las mismas limitaciones, y los mismos problemas de ampliar la privatización de las semillas, con el agregado de algunos capítulos que intentan atenuar el efecto sobre la agricultura familiar”, dijo Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, en una entrevista con La Gran Época.
Propiedad intelectual
Uno de los puntos más cuestionados en el anteproyecto del año pasado es el de propiedad intelectual, por lo que las organizaciones ambientalistas consideran que intenta “privatizar las semillas”, e implica el “pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas”.
Este año, según Carlos Vicente, se modificó esa cláusula pero con una salvedad: para eximirse del pago de regalías y seguir teniendo uso propio de las semillas, los agricultores deben cumplir con la condición de estar inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, lo cual consideró absurdo.
“Si hay algo que no pueden las semillas es regularse en términos de los instrumentos, cualquiera que pueda sembrar tiene que poder sembrar y guardar semillas”, apuntó.
Vinculación con Monsanto
Otro punto sensible que denuncian las organizaciones sociales es que las grandes corporaciones biotecnológicas, como Monsanto, ejercen presión política sobre los gobiernos locales.
“Esta es una ley hecha para Monsanto, el Ministro de Agricultura en el año 2012 la lanzó al lado de Pablo Vaquero, el representante de Monsanto en Argentina, entonces es muy explícito que es una ley para Monsanto”, señaló Vicente.
Asimismo denuncian que hay una alianza muy clara entre la transnacional Monsanto, los grandes productores de soja y los comercializadores de semillas.
Vicente afirmó que en los últimos 20 años surgió una intensa amenaza a la semilla ya que, en el siglo 20, se perdió las 3/4 partes de la biodiversidad agrícola que el hombre generó durante 10.000 años.
“En ese camino vimos que los derechos de propiedad intelectual es una de las maneras que utilizan las corporaciones para apropiarse de las semillas y por eso esta resistencia”, agregó.
Contraparte
Una de las organizaciones que apoya el proyecto es la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), quien se conforma por 84 socios que estimulan “el uso de tecnología para mejorar la calidad de las semillas y la competitividad de la producción agropecuaria”, según su portal.
“El gran tema que divide las aguas es el uso propio. Hoy tenemos la necesidad de que se equilibren los derechos. El uso propio debe tener una regulación, y se deberían poder exigir regalías extendidas por diferenciación de productores” dijo el Director Ejecutivo de la ASA, el Ing. Miguel Rapela en un debate llevado a cabo el 17 de junio, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones.
Según Carlos Vicente, el proyecto de ley está dilatándose por los mismos intereses contrapuestos dentro del Ministerio de Agricultura y comentó que, dentro de las organizaciones del campo que estaban agrupadas en la mesa de enlace hubo diferencias entre ellos, como el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien se retiró de la discusión del proyecto de ley.
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La Rioja: convenio con la policía para control ambiental
Ambiente y Policía controlarán caza furtiva y transporte de leña
Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: Diario El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
La Secretaría de Ambiente y la Policía provincial trabajarán coordinadamente para hacer efectivo el control, especialmente en los puestos camineros, por los casos de caza furtiva y el transporte ilegal de leña, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 6.331 de Bosques Nativos.
Durante una reunión que mantuvieron, días atrás, el secretario Nito Brizuela con el jefe de la Policía, Luis Páez y los comisarios Iván Taborda y Fidel Nieto, se acordó el trabajo en conjunto sobre estas cuestiones y, además, en la relacionado al tratamiento de residuos peligrosos y sustancias químicas.
El jefe policial informó que la institución comenzará a trabajar en el marco de lo hablado con el secretario de Ambiente y agregó que para ello hemos solicitado, primero, la capacitación del personal policial en lo que hace a la normativa vigente en todos estos casos para trabajar en los distintos aspectos.
En este sentido, dijo que será necesario coordinar el trabajo de la Policía con el personal de Ambiente en los controles del transporte de leña, que debe ser realizado con las guías correspondientes. Lo mismo con los pájaros, producto de la caza furtiva, que la Policía los incautará y procederá al secuestro de jaulas y armas y luego liberará las aves.
La misma tarea coordinada se efectuará con la pesca en el dique Los Sauces y la institución policial colaborará en el control del traslado de animales por las rutas.
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Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: Diario El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
La Secretaría de Ambiente y la Policía provincial trabajarán coordinadamente para hacer efectivo el control, especialmente en los puestos camineros, por los casos de caza furtiva y el transporte ilegal de leña, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 6.331 de Bosques Nativos.
Durante una reunión que mantuvieron, días atrás, el secretario Nito Brizuela con el jefe de la Policía, Luis Páez y los comisarios Iván Taborda y Fidel Nieto, se acordó el trabajo en conjunto sobre estas cuestiones y, además, en la relacionado al tratamiento de residuos peligrosos y sustancias químicas.
El jefe policial informó que la institución comenzará a trabajar en el marco de lo hablado con el secretario de Ambiente y agregó que para ello hemos solicitado, primero, la capacitación del personal policial en lo que hace a la normativa vigente en todos estos casos para trabajar en los distintos aspectos.
En este sentido, dijo que será necesario coordinar el trabajo de la Policía con el personal de Ambiente en los controles del transporte de leña, que debe ser realizado con las guías correspondientes. Lo mismo con los pájaros, producto de la caza furtiva, que la Policía los incautará y procederá al secuestro de jaulas y armas y luego liberará las aves.
La misma tarea coordinada se efectuará con la pesca en el dique Los Sauces y la institución policial colaborará en el control del traslado de animales por las rutas.
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Otro derrame en Lomitas ¿y la "responsabilidad petrolera"?
Rincón de los Sauces: otro derrame en un yacimiento petrolero
Fecha de Publicación: 19/07/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La rotura de una cañería provocó un nuevo derrame de petróleo crudo en el yacimiento Lomitas, pozo 62, afectando una superficie de unos 800 metros lineales.
El incidente ambiental se produjo sobre uno de los cañadones que tiene conexión con el río Colorado, en un área operada por la petrolera estatal YPF.
“Estamos preocupados porque sabemos que si el derrame llega al río se van a afectar a diferentes poblaciones que consumimos el agua río abajo”, sostuvo el secretario de Servicios Públicos municipal, Carlos Videla.
Por su parte, desde YPF reconocieron el incidente aunque minimizaron la contaminación aduciendo de que se trató de un derrame de tan solo 4 metros cúbicos, que ya fue controlado y que se encuentra trabajando en el lugar la autoridad de aplicación.
Videla indicó que “esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo” y adjudicó esta situación “a la falta de mantenimiento, falta de inversión y falta de cuadrillas de trabajo para hacer las remediaciones”.
Compromisos no cumplidos
El funcionario también manifestó que “la situación ya pasó a ser insostenible” y consideró que “todos conocen perfectamente la situación, pero cada tanto tenemos estos derrames de hidrocarburos con lo que ello conlleva”.
El titular de Servicios Públicos recordó que “a principios de año tuvimos cuatro derrames importantes en menos de diez días”, en la misma zona que hoy se está denunciando (ver aparte). Asimismo, se quejó porque pasa “el tiempo y los compromisos de hacer las inversiones se renuevan, pero en la realidad nada de esto sucede o se ve”.
Una zona con incidentes habituales
La zona conocida como yacimiento Lomitas es uno de los lugares que mayor cantidad de incidentes ambientales viene acaparando. Las baterías 3, 8, 16 y 35 son denunciadas frecuentemente como lugares donde se producen pérdidas de hidrocarburos convirtiéndose para los trabajadores de la actividad como “problemas habituales”. A principio de este año se registraron varios incidentes en pocos días, llegando incluso el hidrocarburo a afectar el cauce del río Colorado, donde se registraron enormes manchas negras dando cuenta de la situación.
Si bien se puso en marcha un trabajo de planificación y reparación de las instalaciones, son los mismos trabajadores quienes continuamente denuncian el mal estado de los yacimientos, transformándose en situaciones comunes.
“Hay derrames que no se denuncian. Acá todos los días vemos cómo se rompen las instalaciones”, sostuvo un trabajador del sector.
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Fecha de Publicación: 19/07/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La rotura de una cañería provocó un nuevo derrame de petróleo crudo en el yacimiento Lomitas, pozo 62, afectando una superficie de unos 800 metros lineales.
El incidente ambiental se produjo sobre uno de los cañadones que tiene conexión con el río Colorado, en un área operada por la petrolera estatal YPF.
“Estamos preocupados porque sabemos que si el derrame llega al río se van a afectar a diferentes poblaciones que consumimos el agua río abajo”, sostuvo el secretario de Servicios Públicos municipal, Carlos Videla.
Por su parte, desde YPF reconocieron el incidente aunque minimizaron la contaminación aduciendo de que se trató de un derrame de tan solo 4 metros cúbicos, que ya fue controlado y que se encuentra trabajando en el lugar la autoridad de aplicación.
Videla indicó que “esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo” y adjudicó esta situación “a la falta de mantenimiento, falta de inversión y falta de cuadrillas de trabajo para hacer las remediaciones”.
Compromisos no cumplidos
El funcionario también manifestó que “la situación ya pasó a ser insostenible” y consideró que “todos conocen perfectamente la situación, pero cada tanto tenemos estos derrames de hidrocarburos con lo que ello conlleva”.
El titular de Servicios Públicos recordó que “a principios de año tuvimos cuatro derrames importantes en menos de diez días”, en la misma zona que hoy se está denunciando (ver aparte). Asimismo, se quejó porque pasa “el tiempo y los compromisos de hacer las inversiones se renuevan, pero en la realidad nada de esto sucede o se ve”.
Una zona con incidentes habituales
La zona conocida como yacimiento Lomitas es uno de los lugares que mayor cantidad de incidentes ambientales viene acaparando. Las baterías 3, 8, 16 y 35 son denunciadas frecuentemente como lugares donde se producen pérdidas de hidrocarburos convirtiéndose para los trabajadores de la actividad como “problemas habituales”. A principio de este año se registraron varios incidentes en pocos días, llegando incluso el hidrocarburo a afectar el cauce del río Colorado, donde se registraron enormes manchas negras dando cuenta de la situación.
Si bien se puso en marcha un trabajo de planificación y reparación de las instalaciones, son los mismos trabajadores quienes continuamente denuncian el mal estado de los yacimientos, transformándose en situaciones comunes.
“Hay derrames que no se denuncian. Acá todos los días vemos cómo se rompen las instalaciones”, sostuvo un trabajador del sector.
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El Gobierno sigue apostando a lo nuclear
China se sube al cuarto reactor
Fecha de Publicación: 19/07/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno firmará hoy el convenio de cooperación con China. El gigante asiático garantizará crédito a tasas bajas y plazos largos para concretar la obra. A cambio, podrá venderle al país componentes clave para la central.
El Gobierno firmará hoy un convenio de cooperación con China por el que el gigante asiático se compromete a garantizar condiciones preferenciales de financiamiento para la construcción de una cuarta central nuclear. El acuerdo lo terminaron de consensuar ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de China Nacional Nuclear Corp. (CNNC), Yang Chaodong. El objetivo del Gobierno es que tenga tecnología Candu, similar a la que funciona en Embalse. Será un reactor de uranio natural y agua pesada con una potencia de 760 megavatios (MW) que se instalará en Lima, junto a Atucha I y II. Todavía resta definir la licitación para la construcción de un quinto reactor, que será de agua liviana y uranio enriquecido, para el cual hay precalificadas multinacionales rusas, coreanas, estadounidenses, francesas y también la china CNNC.
No se construirá otro reactor como los de Atucha I y II porque es un diseño desarrollado por la alemana Siemens, empresa que se retiró de la actividad nuclear, lo que obligó al gobierno argentino a hacerse cargo de la terminación de la segunda central a través de la firma Nucleoeléctrica. Descartado Siemens, el único desarrollador de reactores de uranio natural con agua pesada es Canadá, propietario de la tecnología Candu (Canadian Deuterium Uranium), de probada experiencia a nivel mundial. La Argentina ya tiene antecedentes en el uso de la tecnología Candu. En 1973, le adjudicó al consorcio canadiense-italiano AECL Italimpianti la construcción de un reactor Candu de 600 MW en Embalse, obra que comenzó en 1974 y puso en servicio en enero de 1984. Desde entonces posee la tecnología y tiene autorización para replicarla en el país cuantas veces quiera. Lo único que requiere de los canadienses son las actualizaciones y la documentación de una central de referencia, que sería la china Qinsahn, la última construida en el mundo con tecnología Candu.
En el mercado también está disponible la tecnología para desarrollar centrales de uranio enriquecido y agua liviana, pero el Gobierno prefiere que la cuarta sea Candu para aprovechar la experiencia y los recursos que el país tiene en esa área luego de haber concluido Atucha II. De hecho, tiene una planta de agua pesada en Neuquén y, si bien importa el uranio, controla el proceso de fabricación de los elementos combustibles. Además, varios componentes de la central podrían fabricarse localmente, lo que permitirá garantizar un alto porcentaje de integración nacional.
En lo que respecta a la isla del reactor, la firma Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), propiedad de la CNEA y del Grupo Perez Companc, puede fabricar los tubos de presión y los tubos de recipiente del moderador, mientras que otras firmas nacionales están en condiciones de proveer generadores de vapor e intercambiadores. Lo que habría que importar en este caso sería el recipiente de Calandria y las bombas del primario. En el Balance de Planta, las instalaciones complementarias no nucleares de la central, firmas nacionales pueden aportar tubos de refrigeración, condensadores e intercambiadores. Lo que no se fabrica en el país es la turbina de vapor, que inevitablemente habría que importar, y el generador eléctrico principal.
El convenio de cooperación en materia económica y de inversiones le permitirá a la Argentina obtener el financiamiento a tasas bajas y plazos largos para llevar adelante la obra. La ventaja para los chinos es que ellos podrían venderle a la Argentina la turbina de vapor, el generador y otras piezas que sea necesario importar. “Esta negociación se inició en un viaje del ministro De Vido a China en 2012. Entonces era sólo una idea de cooperación que ahora se va a plasmar en un acuerdo concreto”, destacó anoche a Página/12 el titular de Nucleoléctrica, José Luis Antúnez, firma que tendrá a su cargo la obra.
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Fecha de Publicación: 19/07/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno firmará hoy el convenio de cooperación con China. El gigante asiático garantizará crédito a tasas bajas y plazos largos para concretar la obra. A cambio, podrá venderle al país componentes clave para la central.
El Gobierno firmará hoy un convenio de cooperación con China por el que el gigante asiático se compromete a garantizar condiciones preferenciales de financiamiento para la construcción de una cuarta central nuclear. El acuerdo lo terminaron de consensuar ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de China Nacional Nuclear Corp. (CNNC), Yang Chaodong. El objetivo del Gobierno es que tenga tecnología Candu, similar a la que funciona en Embalse. Será un reactor de uranio natural y agua pesada con una potencia de 760 megavatios (MW) que se instalará en Lima, junto a Atucha I y II. Todavía resta definir la licitación para la construcción de un quinto reactor, que será de agua liviana y uranio enriquecido, para el cual hay precalificadas multinacionales rusas, coreanas, estadounidenses, francesas y también la china CNNC.
No se construirá otro reactor como los de Atucha I y II porque es un diseño desarrollado por la alemana Siemens, empresa que se retiró de la actividad nuclear, lo que obligó al gobierno argentino a hacerse cargo de la terminación de la segunda central a través de la firma Nucleoeléctrica. Descartado Siemens, el único desarrollador de reactores de uranio natural con agua pesada es Canadá, propietario de la tecnología Candu (Canadian Deuterium Uranium), de probada experiencia a nivel mundial. La Argentina ya tiene antecedentes en el uso de la tecnología Candu. En 1973, le adjudicó al consorcio canadiense-italiano AECL Italimpianti la construcción de un reactor Candu de 600 MW en Embalse, obra que comenzó en 1974 y puso en servicio en enero de 1984. Desde entonces posee la tecnología y tiene autorización para replicarla en el país cuantas veces quiera. Lo único que requiere de los canadienses son las actualizaciones y la documentación de una central de referencia, que sería la china Qinsahn, la última construida en el mundo con tecnología Candu.
En el mercado también está disponible la tecnología para desarrollar centrales de uranio enriquecido y agua liviana, pero el Gobierno prefiere que la cuarta sea Candu para aprovechar la experiencia y los recursos que el país tiene en esa área luego de haber concluido Atucha II. De hecho, tiene una planta de agua pesada en Neuquén y, si bien importa el uranio, controla el proceso de fabricación de los elementos combustibles. Además, varios componentes de la central podrían fabricarse localmente, lo que permitirá garantizar un alto porcentaje de integración nacional.
En lo que respecta a la isla del reactor, la firma Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), propiedad de la CNEA y del Grupo Perez Companc, puede fabricar los tubos de presión y los tubos de recipiente del moderador, mientras que otras firmas nacionales están en condiciones de proveer generadores de vapor e intercambiadores. Lo que habría que importar en este caso sería el recipiente de Calandria y las bombas del primario. En el Balance de Planta, las instalaciones complementarias no nucleares de la central, firmas nacionales pueden aportar tubos de refrigeración, condensadores e intercambiadores. Lo que no se fabrica en el país es la turbina de vapor, que inevitablemente habría que importar, y el generador eléctrico principal.
El convenio de cooperación en materia económica y de inversiones le permitirá a la Argentina obtener el financiamiento a tasas bajas y plazos largos para llevar adelante la obra. La ventaja para los chinos es que ellos podrían venderle a la Argentina la turbina de vapor, el generador y otras piezas que sea necesario importar. “Esta negociación se inició en un viaje del ministro De Vido a China en 2012. Entonces era sólo una idea de cooperación que ahora se va a plasmar en un acuerdo concreto”, destacó anoche a Página/12 el titular de Nucleoléctrica, José Luis Antúnez, firma que tendrá a su cargo la obra.
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Desmontan especies en peligro en Misiones
Impondrán millonaria multa a responsable del desmonte de Palo Rosa y palmitos
Fecha de Publicación: 18/07/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministerio de Ecología comprobó el apeo ilegal de 17 ejemplares de Palo Rosa y de 320 palmitos, ambas especies en peligro de extinción, en una propiedad de Andresito. La propiedad pertenece a Omar Kassab, ex apoderado de la firma siria Kabour, que negó tener cualquier vínculo actual.
Kassab, originario de Yabroûd, Syria, fue desvinculado de la empresa justamente por hacer “negocios paralelos”, según señalaron desde Kabour. Ya el año pasado había sido denunciado por desmontar unas cinco hectáreas en la misma propiedad de Península, donde todavía pueden hallarse ejemplares de Palo Rosa y palmitos en su estado natural.
De hecho, fuentes de Ecología indicaron que los árboles tumbados ahora tienen no menos de 400 años de vida.
Kassab fue uno de los primeros en desembarcar en Andresito donde la multinacional Kabour, compró un secadero de yerba mate, que exporta el 95 por ciento de su producción a Europa y a Siria, país en el que el mate se convirtió en parte del consumo habitual. Pero el año pasado, cuando se conoció el primer caso de desmonte, el grupo familiar decidió desvincularlo y sus apoderados aseguraron que la empresa “respeta el medioambiente” y no posee ni poseerá propiedades, ya que se dedica al acopio de yerba mate como única actividad.
La ministra de Ecología, Viviana Rovira, confirmó que se impondrá una sanción millonaria por el nuevo desmonte –que se sumará al ya detectado el año pasado-.
Asimismo, señaló que insistirá en el Consejo Federal de Medio Ambiente para impulsar una sanción penal al desmonte de especies nativas. Es que actualmente, la sanción no pasa de una multa. Si el delito ambiental se convierte en penal, se pretende que el autor vaya a prisión.
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Fecha de Publicación: 18/07/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministerio de Ecología comprobó el apeo ilegal de 17 ejemplares de Palo Rosa y de 320 palmitos, ambas especies en peligro de extinción, en una propiedad de Andresito. La propiedad pertenece a Omar Kassab, ex apoderado de la firma siria Kabour, que negó tener cualquier vínculo actual.
Kassab, originario de Yabroûd, Syria, fue desvinculado de la empresa justamente por hacer “negocios paralelos”, según señalaron desde Kabour. Ya el año pasado había sido denunciado por desmontar unas cinco hectáreas en la misma propiedad de Península, donde todavía pueden hallarse ejemplares de Palo Rosa y palmitos en su estado natural.
De hecho, fuentes de Ecología indicaron que los árboles tumbados ahora tienen no menos de 400 años de vida.
Kassab fue uno de los primeros en desembarcar en Andresito donde la multinacional Kabour, compró un secadero de yerba mate, que exporta el 95 por ciento de su producción a Europa y a Siria, país en el que el mate se convirtió en parte del consumo habitual. Pero el año pasado, cuando se conoció el primer caso de desmonte, el grupo familiar decidió desvincularlo y sus apoderados aseguraron que la empresa “respeta el medioambiente” y no posee ni poseerá propiedades, ya que se dedica al acopio de yerba mate como única actividad.
La ministra de Ecología, Viviana Rovira, confirmó que se impondrá una sanción millonaria por el nuevo desmonte –que se sumará al ya detectado el año pasado-.
Asimismo, señaló que insistirá en el Consejo Federal de Medio Ambiente para impulsar una sanción penal al desmonte de especies nativas. Es que actualmente, la sanción no pasa de una multa. Si el delito ambiental se convierte en penal, se pretende que el autor vaya a prisión.
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Piden no dar más oportunidades a Monsanto en Córdoba
Protestaron para que Ambiente no le dé otra oportunidad a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/07/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ante la confirmación de la multinacional de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental el mes próximo, organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron ayer ante la cartera provincial.
Tras haberse confirmado la intención de la multinacional Monsanto de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental con el fin de instalar la planta acondicionadora de semillas en Malvinas Argentinas, ayer organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron frente el Secretaría de Ambiente de la Provincia.
“Ante la insistencia de querer radicarse en Malvinas Argentinas ‘con los máximos estándares vigentes’ (luego del rechazo del Primer EIA en febrero de este año) desde los sectores participantes en la lucha exigimos al secretario de Ambiente, Germán Pratto, denegarle la oportunidad de presentar un segundo estudio de impacto ambiental”, señalaron desde las agrupaciones.
Entre los argumentos expuestos, dijeron estar “convencidos de que Monsanto se tiene que ir no solo por la ilegalidad e impunidad con la que siempre se ha manejado, sino por que sabemos que trae muerte, saqueo y destrucción. Para sostener lo que es Monsanto basta con tan solo mirar lo que ya en muchos países del mundo ha generado, basta con solo saber que Córdoba es la provincia mas afectada por el agrogenocidio: contiene la tasa de mortalidad de cáncer más alta del país”.
“No permitiremos ni una oportunidad más. Monsanto se va o se va”, explicaron en la protesta realizada en Richieri al 2.000.
Por su parte, Alejandro Furman de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, acompañó la protesta de asambleístas del acampe de Malvinas Argentinas, denunció que “la votación de la nueva ley de medio ambiente tenía como objetivo dar lugar a este nuevo estudio de impacto ambiental para permitir la instalación de Monsanto en Córdoba. Denunciamos, a su vez, los intentos de sanción contra la banca del FIT. Se trata de un intento por parte del delasotismo y la UCR de atacar a la única fuerza política de la Legislatura que se opuso a la votación de la Ley de Medio Ambiente y que viene apoyando la lucha contra Monsanto”.
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Fecha de Publicación: 18/07/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ante la confirmación de la multinacional de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental el mes próximo, organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron ayer ante la cartera provincial.
Tras haberse confirmado la intención de la multinacional Monsanto de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental con el fin de instalar la planta acondicionadora de semillas en Malvinas Argentinas, ayer organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron frente el Secretaría de Ambiente de la Provincia.
“Ante la insistencia de querer radicarse en Malvinas Argentinas ‘con los máximos estándares vigentes’ (luego del rechazo del Primer EIA en febrero de este año) desde los sectores participantes en la lucha exigimos al secretario de Ambiente, Germán Pratto, denegarle la oportunidad de presentar un segundo estudio de impacto ambiental”, señalaron desde las agrupaciones.
Entre los argumentos expuestos, dijeron estar “convencidos de que Monsanto se tiene que ir no solo por la ilegalidad e impunidad con la que siempre se ha manejado, sino por que sabemos que trae muerte, saqueo y destrucción. Para sostener lo que es Monsanto basta con tan solo mirar lo que ya en muchos países del mundo ha generado, basta con solo saber que Córdoba es la provincia mas afectada por el agrogenocidio: contiene la tasa de mortalidad de cáncer más alta del país”.
“No permitiremos ni una oportunidad más. Monsanto se va o se va”, explicaron en la protesta realizada en Richieri al 2.000.
Por su parte, Alejandro Furman de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, acompañó la protesta de asambleístas del acampe de Malvinas Argentinas, denunció que “la votación de la nueva ley de medio ambiente tenía como objetivo dar lugar a este nuevo estudio de impacto ambiental para permitir la instalación de Monsanto en Córdoba. Denunciamos, a su vez, los intentos de sanción contra la banca del FIT. Se trata de un intento por parte del delasotismo y la UCR de atacar a la única fuerza política de la Legislatura que se opuso a la votación de la Ley de Medio Ambiente y que viene apoyando la lucha contra Monsanto”.
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Dioxitek genera dudas en Formosa
Instalación de planta de uranio atenta contra leyes argentinas
Fecha de Publicación: 17/07/2014
Fuente: Adital
Provincia/Región: Formosa
La instalación de una planta procesadora de dióxido de uranio en Formosa, Argentina, viene causando preocupación. Después de ser expulsada de Córdoba, donde provocó una intensa contaminación ambiental, y recusada en tres ciudades, Dioxitek, empresa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), consiguió el apoyo del Gobierno de Formosa para su implantación en esa provincia.
Preocupada por la consolidación del equipamiento, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) decidió solicitar que el caso sea investigado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y por la Defensoría del Pueblo, a fin de verificar cómo se gestaron esos proyectos y con qué fondos se pretende concretarlo. Si es necesario, la organización ambiental llevará la situación a la Justicia Federal.
La Funam también está realizando un alerta nacional e internacional sobre la grave situación institucional de la provincia, porque, si se concreta, la construcción de la planta de uranio será considerada ilegal. La iniciativa atenta contra el artículo 38 de la Constitución local y el artículo 13 de la ley provincial 1060, legislaciones que prohíben la realización de pruebas nucleares y el almacenamiento de materiales radioactivos.
"Pronosticamos una dura batalla judicial que demostrará, finalmente, la ilegalidad del proyecto, pero Gildo Insfrán y Julio de Vido quieren que, cuando eso ocurra, la planta ya esté construida. Hasta finalizarán un puente secreto en la zona del proyecto, también ilegal, para facilitar su construcción”, denuncia Raúl Montenegro, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, y Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, se han mostrado como los principales interesados en la implantación del proyecto. Montenegro denuncia que Dioxitek fue expulsada de Córdoba por la contaminación provocada en barrios populosos; además, su proyecto fue rechazado en tres ciudades de la provincia de Córdoba y también en La Rioja y Mendoza. Sólo Formosa aceptó el proyecto, que está siendo llamado Nueva Planta de Uranio (NPU), a fin de desvincular su imagen de los perjuicios provocados en Córdoba.
El próximo 15 de julio, el Gobierno de Formosa realizará una audiencia pública para debatir el asunto. En una nota, la Funam critica la audiencia solicitada de improviso y denuncia la intención real de la iniciativa gubernamental.
"Está claro que el gobierno provincial busca aprobar el estudio de impacto ambiental realizado para esa planta, un estudio pésimo y con vacíos tan inaceptables como sugestivos. En ninguna parte figuran, por ejemplo, las normas de Formosa que prohíben su instalación, o los rechazos de localización que tuvo Dioxitek. Ni siquiera se menciona que las rutas del Chaco tampoco pueden ser utilizadas por camiones que transporten uranio natural, dióxido de uranio y otros residuos radioactivos de y hacia Formosa porque la Ley 3.902 de 1993 declaró el Chaco como provincia no nuclear”, denuncia la Fundación para la Defensa del Ambiente.
La construcción del Polo Tecnológico, donde estaría instalada la planta procesadora de dióxido de uranio, se puede convertir en un problema no sólo para Argentina. La región elegida para su implantación queda a sólo 10 kilómetros de la frontera con Paraguay. Según informaciones de periódicos argentinos, la Cancillería del país todavía no respondió a las ocho solicitudes del Congreso paraguayo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Fecha de Publicación: 17/07/2014
Fuente: Adital
Provincia/Región: Formosa
La instalación de una planta procesadora de dióxido de uranio en Formosa, Argentina, viene causando preocupación. Después de ser expulsada de Córdoba, donde provocó una intensa contaminación ambiental, y recusada en tres ciudades, Dioxitek, empresa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), consiguió el apoyo del Gobierno de Formosa para su implantación en esa provincia.
Preocupada por la consolidación del equipamiento, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) decidió solicitar que el caso sea investigado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y por la Defensoría del Pueblo, a fin de verificar cómo se gestaron esos proyectos y con qué fondos se pretende concretarlo. Si es necesario, la organización ambiental llevará la situación a la Justicia Federal.
La Funam también está realizando un alerta nacional e internacional sobre la grave situación institucional de la provincia, porque, si se concreta, la construcción de la planta de uranio será considerada ilegal. La iniciativa atenta contra el artículo 38 de la Constitución local y el artículo 13 de la ley provincial 1060, legislaciones que prohíben la realización de pruebas nucleares y el almacenamiento de materiales radioactivos.
"Pronosticamos una dura batalla judicial que demostrará, finalmente, la ilegalidad del proyecto, pero Gildo Insfrán y Julio de Vido quieren que, cuando eso ocurra, la planta ya esté construida. Hasta finalizarán un puente secreto en la zona del proyecto, también ilegal, para facilitar su construcción”, denuncia Raúl Montenegro, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, y Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, se han mostrado como los principales interesados en la implantación del proyecto. Montenegro denuncia que Dioxitek fue expulsada de Córdoba por la contaminación provocada en barrios populosos; además, su proyecto fue rechazado en tres ciudades de la provincia de Córdoba y también en La Rioja y Mendoza. Sólo Formosa aceptó el proyecto, que está siendo llamado Nueva Planta de Uranio (NPU), a fin de desvincular su imagen de los perjuicios provocados en Córdoba.
El próximo 15 de julio, el Gobierno de Formosa realizará una audiencia pública para debatir el asunto. En una nota, la Funam critica la audiencia solicitada de improviso y denuncia la intención real de la iniciativa gubernamental.
"Está claro que el gobierno provincial busca aprobar el estudio de impacto ambiental realizado para esa planta, un estudio pésimo y con vacíos tan inaceptables como sugestivos. En ninguna parte figuran, por ejemplo, las normas de Formosa que prohíben su instalación, o los rechazos de localización que tuvo Dioxitek. Ni siquiera se menciona que las rutas del Chaco tampoco pueden ser utilizadas por camiones que transporten uranio natural, dióxido de uranio y otros residuos radioactivos de y hacia Formosa porque la Ley 3.902 de 1993 declaró el Chaco como provincia no nuclear”, denuncia la Fundación para la Defensa del Ambiente.
La construcción del Polo Tecnológico, donde estaría instalada la planta procesadora de dióxido de uranio, se puede convertir en un problema no sólo para Argentina. La región elegida para su implantación queda a sólo 10 kilómetros de la frontera con Paraguay. Según informaciones de periódicos argentinos, la Cancillería del país todavía no respondió a las ocho solicitudes del Congreso paraguayo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Operativo contra la caza ilegal en Entre Ríos
Brutal matanza de animales silvestres
Fecha de Publicación: 17/07/2014
Fuente: EL Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, informó ayer a EL DIARIO sobre la continuidad del Plan Integral de Seguridad desplegado en el territorio entrerriano, en este caso en particular a la preocupación existente en las áreas vinculadas con la protección de la fauna silvestre, que día a día se ve arrasada por la pesca o caza indiscriminada que se realiza en las aguas y terrenos provinciales.
De esta manera, la Policía de Entre Ríos admite que en forma corriente se vienen detectando cazadores y/o pescadores furtivos que no respetan las disposiciones legales vigentes de las Leyes Provinciales de Caza Nº 4.841 y Pesca Nº 4.892.
En este marco el operativo policial de prevención que llevó adelante la Brigada Abigeato de Comisaría Tercera Sección Islas en la boca del río Paraná y río Paraná Pavón, arrojó resultados muy satisfactorios, cuando a bordo del móvil náutico J.P Nº 618, a cargo del oficial principal Leandro Peralta, junto a su timonel, sargento ayudante Alfredo Arrellano, junto al sargento Adrián Ruiz y al agente Julio Gómez , tras varios días de ardua y larga espera y vigilancia, se logró interceptar a personas oriundas de Villa Constitución que están acechando la zona de islas depredando la fauna y cazando especies prohibidas en grandes cantidades. Los delincuentes se conducían en una embarcación, tipo canoa de fibra, motor fuera de borda de 18 HP, matrícula VCON 0199, de nombre “Milagros 2” timoneada por José, de 30 años, acompañado por Ramón, de 65, todos santafecinos, los que transportaban diez carpinchos y cuatro chanchos salvajes faenados y eviscerados, los cuales habían sido ultimados con dos armas de fuego que portaban, siendo una carabina calibre 22 y una escopeta calibre 16 , las que se encontraban con cartuchos en su cañón listas para ser usadas en forma inmediata, no portando documentación de las armas que acrediten la tenencia, la portación ni la procedencia de las mismas.
Tampoco poseían como tenedores de estas armas cédula de Legítimo Usuarios de armas de fuego (C.L.U) credencial extendida por el Renar, ni licencia habilitante para cazar. Independientemente de todo esto, que ya es bastante para iniciar acciones judiciales en contra de los detenidos, se expone un hecho de mucha más gravedad y es que la captura del carpincho se encuentra totalmente prohibida. Por tal motivo se efectuó el decomiso de todos los ejemplares de la fauna silvestre y se secuestraron las armas en cuestión, habiéndose dado intervención a Prefectura Naval Argentina, para que efectúen el secuestro de la embarcación y el motor por no poseer tampoco ninguno de ellos la documentación respaldatoria que se exige obligatoriamente a todo embarcado.
Cabe destacar que en los últimos días, también durante un operativo sorpresa en un campo de Gualeguaychú, efectivos de la Brigada de Abigeato detuvieron a tres ciudadanos oriundos de la República Oriental del Uruguay, quienes portaban entre otras armas un fusil de alta capacidad de tiro, considerada un arma de guerra de uso civil condicional. Los detenidos, que estaban desde hacía varios días abocados a la búsqueda y caza de carpinchos, fueron puestos en manos de personal de Gendarmería para ser encausados y posteriormente deportados a su país.
LA PAZ. Otro parte policial recibido también ayer por esta Hoja dio a conocer que durante un operativo desarrollado en una ruta en jurisdicción de La Paz se detuvo a dos motos, cuyos conductores llevaban como acompañantes dos chanchos jabalíes muertos a tiros.
Efectivos de la Brigada Quebracho del la Policía Rural de La Paz, realizaron un operativo de control vehicular, en el que detuvieron a dos motociclistas que transportaban dos chanchos jabalíes que habían cazado en un campo de la zona.
Se los detectó gracias a un operativo de control vehicular e identificación de personas, sobre la ruta provincial Nº 48, en cercanías a la entrada de la localidad de Santa Elena, donde interceptaron a dos individuos que circulaban en motos, uno de ellos de 34 años, conductor de una moto Mondial de 110 cc. y otro de 37, en una moto Guerrero de 125 cc., quienes transportaban dos animales de la fauna silvestre de la especie chancho jabalí, eviscerados, de cuarenta kilogramos cada uno.
Ante ello se les requirió la legal documentación para realizar la actividad de caza, de la que carecían y tampoco tenían autorización de productores agropecuarios para ingresar al campo, por lo que se procedió a labrar el acta de infracción por violación a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841, decomisándose la carne de los animales salvajes para su desnaturalización.
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Fecha de Publicación: 17/07/2014
Fuente: EL Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, informó ayer a EL DIARIO sobre la continuidad del Plan Integral de Seguridad desplegado en el territorio entrerriano, en este caso en particular a la preocupación existente en las áreas vinculadas con la protección de la fauna silvestre, que día a día se ve arrasada por la pesca o caza indiscriminada que se realiza en las aguas y terrenos provinciales.
De esta manera, la Policía de Entre Ríos admite que en forma corriente se vienen detectando cazadores y/o pescadores furtivos que no respetan las disposiciones legales vigentes de las Leyes Provinciales de Caza Nº 4.841 y Pesca Nº 4.892.
En este marco el operativo policial de prevención que llevó adelante la Brigada Abigeato de Comisaría Tercera Sección Islas en la boca del río Paraná y río Paraná Pavón, arrojó resultados muy satisfactorios, cuando a bordo del móvil náutico J.P Nº 618, a cargo del oficial principal Leandro Peralta, junto a su timonel, sargento ayudante Alfredo Arrellano, junto al sargento Adrián Ruiz y al agente Julio Gómez , tras varios días de ardua y larga espera y vigilancia, se logró interceptar a personas oriundas de Villa Constitución que están acechando la zona de islas depredando la fauna y cazando especies prohibidas en grandes cantidades. Los delincuentes se conducían en una embarcación, tipo canoa de fibra, motor fuera de borda de 18 HP, matrícula VCON 0199, de nombre “Milagros 2” timoneada por José, de 30 años, acompañado por Ramón, de 65, todos santafecinos, los que transportaban diez carpinchos y cuatro chanchos salvajes faenados y eviscerados, los cuales habían sido ultimados con dos armas de fuego que portaban, siendo una carabina calibre 22 y una escopeta calibre 16 , las que se encontraban con cartuchos en su cañón listas para ser usadas en forma inmediata, no portando documentación de las armas que acrediten la tenencia, la portación ni la procedencia de las mismas.
Tampoco poseían como tenedores de estas armas cédula de Legítimo Usuarios de armas de fuego (C.L.U) credencial extendida por el Renar, ni licencia habilitante para cazar. Independientemente de todo esto, que ya es bastante para iniciar acciones judiciales en contra de los detenidos, se expone un hecho de mucha más gravedad y es que la captura del carpincho se encuentra totalmente prohibida. Por tal motivo se efectuó el decomiso de todos los ejemplares de la fauna silvestre y se secuestraron las armas en cuestión, habiéndose dado intervención a Prefectura Naval Argentina, para que efectúen el secuestro de la embarcación y el motor por no poseer tampoco ninguno de ellos la documentación respaldatoria que se exige obligatoriamente a todo embarcado.
Cabe destacar que en los últimos días, también durante un operativo sorpresa en un campo de Gualeguaychú, efectivos de la Brigada de Abigeato detuvieron a tres ciudadanos oriundos de la República Oriental del Uruguay, quienes portaban entre otras armas un fusil de alta capacidad de tiro, considerada un arma de guerra de uso civil condicional. Los detenidos, que estaban desde hacía varios días abocados a la búsqueda y caza de carpinchos, fueron puestos en manos de personal de Gendarmería para ser encausados y posteriormente deportados a su país.
LA PAZ. Otro parte policial recibido también ayer por esta Hoja dio a conocer que durante un operativo desarrollado en una ruta en jurisdicción de La Paz se detuvo a dos motos, cuyos conductores llevaban como acompañantes dos chanchos jabalíes muertos a tiros.
Efectivos de la Brigada Quebracho del la Policía Rural de La Paz, realizaron un operativo de control vehicular, en el que detuvieron a dos motociclistas que transportaban dos chanchos jabalíes que habían cazado en un campo de la zona.
Se los detectó gracias a un operativo de control vehicular e identificación de personas, sobre la ruta provincial Nº 48, en cercanías a la entrada de la localidad de Santa Elena, donde interceptaron a dos individuos que circulaban en motos, uno de ellos de 34 años, conductor de una moto Mondial de 110 cc. y otro de 37, en una moto Guerrero de 125 cc., quienes transportaban dos animales de la fauna silvestre de la especie chancho jabalí, eviscerados, de cuarenta kilogramos cada uno.
Ante ello se les requirió la legal documentación para realizar la actividad de caza, de la que carecían y tampoco tenían autorización de productores agropecuarios para ingresar al campo, por lo que se procedió a labrar el acta de infracción por violación a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841, decomisándose la carne de los animales salvajes para su desnaturalización.
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CONICET trabaja para conservar el pingüino de Magallanes
Nueva propuesta para la conservación de los pingüinos de Magallanes
Fecha de Publicación: 16/07/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Nacional
5 mil kilómetros ida y vuelta. Esa es la distancia anual que recorren los pingüinos de Magallanes nadando desde el sur de Argentina hasta Río de Janeiro en Brasil. El dato proviene de un estudio publicado recientemente en la revista Biological Conservation, conducido por David Stokes y del que participó Pablo García Borboroglu, investigador independiente del CONICET en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT, CONICET).
“El corazón del trabajo está en aportar conocimiento para proteger la especie, por eso necesitamos saber sus rutas migratorias y en qué momento están en cada área. Si tenemos en cuenta que en total se desplazan 16 mil kilómetros por año, sería pertinente una estrategia más dinámica e integral que un área protegida”, explica Borboroglu.
Si bien era conocido que los pingüinos de Magallanes migran hacia el norte, faltaba evidencia científica empírica y concreta, dada la complejidad logística y tecnológica requerida para un estudio de esta magnitud. Para esta investigación se compilaron datos de más de 60 mil pingüinos de Magallanes anillados durante 30 años y seguimientos satelitales para analizar detalladamente el recorrido de estas aves marinas de aguas templadas.
“Como recorren tanta superficie y atraviesan zonas de alta intensidad de uso humano a lo largo de toda esa extensión, un área protegida sería inviable. Por eso sugerimos una zonificación marina para compatibilizar nuestras necesidades de recursos pesqueros con la conservación del ambiente”, comenta el biólogo del CONICET.
Los científicos proponen esta herramienta innovadora que implicaría dividir el área total y autorizar determinados usos en distintos momentos – sea pesca, transporte o extracción de petróleo -, permitiendo un ajuste a la escala espacial y temporal de los patrones migratorios de los pingüinos.
Si bien su implementación requeriría de un esfuerzo internacional ya que la zonificación abarcaría territorio marítimo de varios países, es un enfoque integral que podría ser una solución viable para la conservación y el uso sustentable de nuestros recursos naturales.
Según el investigador, los pingüinos tienen una serie de características – como la incapacidad de volar – que los hacen muy vulnerables a los cambios ambientales en el océano y las costas. Por esta razón, Borboroglu destaca que son un indicador muy directo de estas variaciones, sea la polución marina, el cambio climático o el mal manejo de pesquerías comerciales.
“Es una especie que es abundante en general pero a pesar de eso está categorizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en ingles) como ‘cercana a la amenaza’. Esto no es por el tamaño poblacional, es decir la cantidad de individuos, sino más bien por las amenazas que son identificadas para ellos”, comenta el biólogo.
Actualmente Punta Tombo en Chubut es la colonia más grande del mundo, con un poco más de 200 mil parejas de pingüinos de Magallanes, donde los científicos recolectaron los datos de los individuos anillados. Dado que son muy fieles a su nido, es posible rastrearlos por años, incluso décadas, llegando a ser para los investigadores algo como un informante clave, o como ellos lo llaman, Very Important Penguin (VIP).
El investigador destaca que los pingüinos se desplazan mayormente en un rango de distancia que varía entre 40 a 70 kilómetros de la costa, con picos de hasta 250, por lo que están expuestos a diferentes niveles de riesgo en su migración.
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Fecha de Publicación: 16/07/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Nacional
5 mil kilómetros ida y vuelta. Esa es la distancia anual que recorren los pingüinos de Magallanes nadando desde el sur de Argentina hasta Río de Janeiro en Brasil. El dato proviene de un estudio publicado recientemente en la revista Biological Conservation, conducido por David Stokes y del que participó Pablo García Borboroglu, investigador independiente del CONICET en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT, CONICET).
“El corazón del trabajo está en aportar conocimiento para proteger la especie, por eso necesitamos saber sus rutas migratorias y en qué momento están en cada área. Si tenemos en cuenta que en total se desplazan 16 mil kilómetros por año, sería pertinente una estrategia más dinámica e integral que un área protegida”, explica Borboroglu.
Si bien era conocido que los pingüinos de Magallanes migran hacia el norte, faltaba evidencia científica empírica y concreta, dada la complejidad logística y tecnológica requerida para un estudio de esta magnitud. Para esta investigación se compilaron datos de más de 60 mil pingüinos de Magallanes anillados durante 30 años y seguimientos satelitales para analizar detalladamente el recorrido de estas aves marinas de aguas templadas.
“Como recorren tanta superficie y atraviesan zonas de alta intensidad de uso humano a lo largo de toda esa extensión, un área protegida sería inviable. Por eso sugerimos una zonificación marina para compatibilizar nuestras necesidades de recursos pesqueros con la conservación del ambiente”, comenta el biólogo del CONICET.
Los científicos proponen esta herramienta innovadora que implicaría dividir el área total y autorizar determinados usos en distintos momentos – sea pesca, transporte o extracción de petróleo -, permitiendo un ajuste a la escala espacial y temporal de los patrones migratorios de los pingüinos.
Si bien su implementación requeriría de un esfuerzo internacional ya que la zonificación abarcaría territorio marítimo de varios países, es un enfoque integral que podría ser una solución viable para la conservación y el uso sustentable de nuestros recursos naturales.
Según el investigador, los pingüinos tienen una serie de características – como la incapacidad de volar – que los hacen muy vulnerables a los cambios ambientales en el océano y las costas. Por esta razón, Borboroglu destaca que son un indicador muy directo de estas variaciones, sea la polución marina, el cambio climático o el mal manejo de pesquerías comerciales.
“Es una especie que es abundante en general pero a pesar de eso está categorizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en ingles) como ‘cercana a la amenaza’. Esto no es por el tamaño poblacional, es decir la cantidad de individuos, sino más bien por las amenazas que son identificadas para ellos”, comenta el biólogo.
Actualmente Punta Tombo en Chubut es la colonia más grande del mundo, con un poco más de 200 mil parejas de pingüinos de Magallanes, donde los científicos recolectaron los datos de los individuos anillados. Dado que son muy fieles a su nido, es posible rastrearlos por años, incluso décadas, llegando a ser para los investigadores algo como un informante clave, o como ellos lo llaman, Very Important Penguin (VIP).
El investigador destaca que los pingüinos se desplazan mayormente en un rango de distancia que varía entre 40 a 70 kilómetros de la costa, con picos de hasta 250, por lo que están expuestos a diferentes niveles de riesgo en su migración.
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Rally Dakar 2015 evaluado ambientalmente ¿?
Evaluarán el impacto ambiental del Rally Dakar 2015
Fecha de Publicación: 16/07/2014
Fuente: Gobierno de la Provincia de Salta
Provincia/Región: Nacional
El encuentro será mañana en la ciudad de Buenos Aires y Salta estará representada por el secretario de Ambiente provincial, Gustavo Paul.
La Secretaría de Ambiente asistirá a una reunión convocada por el Consejo Federal de Medio Ambiente en Buenos Aires.
El jueves el secretario de Ambiente provincial, Gustavo Paul, participará de una reunión organizada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). El encuentro tendrá lugar en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) de la ciudad de Buenos Aires.
Durante la jornada, se trabajará en la revisión de los requisitos mínimos indispensables para la presentación de los estudios ambientales relativos al evento Rally Dakar, que se desarrollará durante el mes de enero de 2015.
Asistirán representantes de las provincias por las cuales atravesará el circuito de la prestigiosa competencia internacional y de aquellas que formaron parte de ediciones anteriores para que expongan sus experiencias.
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Fecha de Publicación: 16/07/2014
Fuente: Gobierno de la Provincia de Salta
Provincia/Región: Nacional
El encuentro será mañana en la ciudad de Buenos Aires y Salta estará representada por el secretario de Ambiente provincial, Gustavo Paul.
La Secretaría de Ambiente asistirá a una reunión convocada por el Consejo Federal de Medio Ambiente en Buenos Aires.
El jueves el secretario de Ambiente provincial, Gustavo Paul, participará de una reunión organizada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). El encuentro tendrá lugar en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) de la ciudad de Buenos Aires.
Durante la jornada, se trabajará en la revisión de los requisitos mínimos indispensables para la presentación de los estudios ambientales relativos al evento Rally Dakar, que se desarrollará durante el mes de enero de 2015.
Asistirán representantes de las provincias por las cuales atravesará el circuito de la prestigiosa competencia internacional y de aquellas que formaron parte de ediciones anteriores para que expongan sus experiencias.
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Primer audiencia por Dioxitek
Comenzó la primera de las audiencias públicas por el Polo Científico y Dioxitek
Fecha de Publicación: 15/07/2014
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
Si bien, la primera de las dos audiencias públicas estaba prevista para las 9, se retrasó y comenzó media horas después. Los primeros en arribar al Galpón G de la Costanera, fueron los legisladores radicales. Hay 16 expositores y oradores que harán su ponencia. La otra audiencia está prevista para las 16.
El subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, destacó la importancia de las audiencias públicas que se realizarán este martes para el análisis de los estudios de impacto ambiental de los proyectos del Polo Científico y Tecnológico y de Dioxitek, y significó que en estos foros “se van a escuchar opiniones en uno y otro sentido”.
El funcionario explicó que las dos audiencias públicas “referidas a dos proyectos planteados por el gobierno provincial: el Polo Científico y Tecnológico, distante a 16 km de la ciudad, y por otro lado la propuesta de la empresa Dioxitek S.A., que forma parte del estado nacional, que también se han presentado para que se analice la posibilidad de instalación de dicha planta”.
Son dos audiencias, una a la mañana y la otra en horas de la tarde, indicó y precisó que “en primer lugar tendrá lugar la del Polo Científico, a partir de las 9, y a las 16 horas estamos dando comienzo al proyecto Dioxitek”.
El funcionario explicó que el estudio del impacto ambiental, forma parte del procedimiento administrativo que se inicia a fines de que el Estado provincial autorice o no la instalación de ambos proyectos. “Aquellos que participen de las audiencias se van a encontrar con la explicación de quienes han elaborado ese estudio”, indicó.
Dijo que la audiencia pública es el cierre del proceso participativo que las leyes ambientales exigen que se realice previo a la aprobación de un proyecto. En este proceso participativo se analiza la cuestión ambiental, que se inició el 29 de mayo y cerró a las 13 de ayer lunes. En ese plazo se presentan todos aquellos que deseen participar de la audiencia pública, donde se analiza todo lo vinculado a las implicancias ambientales de los proyectos.
Hizo notar que este paso administrativo “es muy importante porque permite al estado provincial tomar la decisión con todos los argumentos que surjan de lo que técnicamente podría ser bueno o malo. La misma sociedad civil es la que ayuda a que el estado vote la decisión correcta”, remarcó, al tiempo que dejó en claro que las audiencias no son vinculantes.
Insistió en la importancia de este proceso, porque otorga la posibilidad de que previamente se consulte a la población acerca de si esos impactos ambientales han sido debidamente analizados.
“La participación de la sociedad civil en estas audiencias ayuda al estado, que tiene una responsabilidad indelegable en la toma de decisiones, ya que no puede delegar su responsabilidad en una asamblea o en un grupo de personas, pero si pide que la sociedad, a través de esta participación, ayude a que esa toma de decisiones sea debidamente analizada”, detalló Bay.
Acerca de la realización de las audiencias, dijo que “estamos haciendo lo que se planteó ya hace muchos años por parte de los ambientalistas. Esto se propuso en la EcoRio del año 1992, y Formosa es una de las primeras legislaciones que incorpora este tipo de institutos en el año 1993, a través de la ley 1060 y hablo no solo a nivel país sino en el mundo incluso”.
Bay comentó que muchas de las cosas que se dijeron sobre la postura del Paraguay en torno a Dioxitek y el uso de tecnología nuclear en Formosa, “tienen que ver con muchas situaciones que van de lo político hasta la necesaria falta de credibilidad que puede llegar a tener en el vecino país sobre lo que está ocurriendo en otro territorio que no es el de ellos. Es lógico que muchos se pregunten entonces que es lo que está pasando”, apuntó.
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Fecha de Publicación: 15/07/2014
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
Si bien, la primera de las dos audiencias públicas estaba prevista para las 9, se retrasó y comenzó media horas después. Los primeros en arribar al Galpón G de la Costanera, fueron los legisladores radicales. Hay 16 expositores y oradores que harán su ponencia. La otra audiencia está prevista para las 16.
El subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, destacó la importancia de las audiencias públicas que se realizarán este martes para el análisis de los estudios de impacto ambiental de los proyectos del Polo Científico y Tecnológico y de Dioxitek, y significó que en estos foros “se van a escuchar opiniones en uno y otro sentido”.
El funcionario explicó que las dos audiencias públicas “referidas a dos proyectos planteados por el gobierno provincial: el Polo Científico y Tecnológico, distante a 16 km de la ciudad, y por otro lado la propuesta de la empresa Dioxitek S.A., que forma parte del estado nacional, que también se han presentado para que se analice la posibilidad de instalación de dicha planta”.
Son dos audiencias, una a la mañana y la otra en horas de la tarde, indicó y precisó que “en primer lugar tendrá lugar la del Polo Científico, a partir de las 9, y a las 16 horas estamos dando comienzo al proyecto Dioxitek”.
El funcionario explicó que el estudio del impacto ambiental, forma parte del procedimiento administrativo que se inicia a fines de que el Estado provincial autorice o no la instalación de ambos proyectos. “Aquellos que participen de las audiencias se van a encontrar con la explicación de quienes han elaborado ese estudio”, indicó.
Dijo que la audiencia pública es el cierre del proceso participativo que las leyes ambientales exigen que se realice previo a la aprobación de un proyecto. En este proceso participativo se analiza la cuestión ambiental, que se inició el 29 de mayo y cerró a las 13 de ayer lunes. En ese plazo se presentan todos aquellos que deseen participar de la audiencia pública, donde se analiza todo lo vinculado a las implicancias ambientales de los proyectos.
Hizo notar que este paso administrativo “es muy importante porque permite al estado provincial tomar la decisión con todos los argumentos que surjan de lo que técnicamente podría ser bueno o malo. La misma sociedad civil es la que ayuda a que el estado vote la decisión correcta”, remarcó, al tiempo que dejó en claro que las audiencias no son vinculantes.
Insistió en la importancia de este proceso, porque otorga la posibilidad de que previamente se consulte a la población acerca de si esos impactos ambientales han sido debidamente analizados.
“La participación de la sociedad civil en estas audiencias ayuda al estado, que tiene una responsabilidad indelegable en la toma de decisiones, ya que no puede delegar su responsabilidad en una asamblea o en un grupo de personas, pero si pide que la sociedad, a través de esta participación, ayude a que esa toma de decisiones sea debidamente analizada”, detalló Bay.
Acerca de la realización de las audiencias, dijo que “estamos haciendo lo que se planteó ya hace muchos años por parte de los ambientalistas. Esto se propuso en la EcoRio del año 1992, y Formosa es una de las primeras legislaciones que incorpora este tipo de institutos en el año 1993, a través de la ley 1060 y hablo no solo a nivel país sino en el mundo incluso”.
Bay comentó que muchas de las cosas que se dijeron sobre la postura del Paraguay en torno a Dioxitek y el uso de tecnología nuclear en Formosa, “tienen que ver con muchas situaciones que van de lo político hasta la necesaria falta de credibilidad que puede llegar a tener en el vecino país sobre lo que está ocurriendo en otro territorio que no es el de ellos. Es lógico que muchos se pregunten entonces que es lo que está pasando”, apuntó.
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Muestreo de suelo para una agricultura sustentable
Instan a muestrear suelos para una producción más sustentable
Fecha de Publicación: 15/07/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Recomiendan analizar el estado de salinidad y acidez de lotes, para descartar problemas.
El notable crecimiento de la actividad agrícola en la provincia en estos últimos años, generó en los productores la necesidad de conocer el grado de degradación o fertilidad del suelo de sus lotes, para poder encarar un año sustentable en materia de siembra y evitar otro año de pérdidas en la actividad.
En tal sentido, desde el Laboratorio de Suelos, Agua y Forrajes el cual fuera habilitado el año pasado en el Campo Experimental de La María (La Abrita) del INTA, se instó a “realizar estudios de suelos para evaluar la calidad de recursos naturales o de alimentación para ganados y a partir de allí, estudiar las inversiones que se realizarán”, recalcó la referente técnica del laboratorio, Ing. María Sánchez, dedicada a la investigación en fertilidad de suelos, en el INTA.
“El suelo, nos da alimentos y almacena el agua que es fundamental, pero estos elementos tienen una dinámica de comportamiento que hay que conocerla y con un análisis al año de cada lote, y una inversión mínima se pueden tomar decisiones acertadas para podar por ejemplo, mejorar un plan de fertilización, o pensar una planificación de rotación de cultivos”, explicó
El laboratorio es presidido por el Ing. Abel Azar y procura investigar aquellos problemas que luego se convierten en una solución para los productores.
“El servicio a terceros se vio incrementado en los últimos 10 años”, resalto
Sánchez, sobre el tipo de información que se solicita tanto para las zonas de riego y de secano del territorio provincial.
“Hay un creciente interés en conocer la dinámica de la salinidad en los suelos, que es una realidad que tenemos en el área de riego, ya que todavía hay mucha ineficiencia en el uso del agua de riego”, resaltó la profesional, sobre el trabajo de muestras que se encaran, para conocer el estado de salinidad y acidez de cada suelo y descartar un problema para el tipo de producción a encararse.
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Fecha de Publicación: 15/07/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Recomiendan analizar el estado de salinidad y acidez de lotes, para descartar problemas.
El notable crecimiento de la actividad agrícola en la provincia en estos últimos años, generó en los productores la necesidad de conocer el grado de degradación o fertilidad del suelo de sus lotes, para poder encarar un año sustentable en materia de siembra y evitar otro año de pérdidas en la actividad.
En tal sentido, desde el Laboratorio de Suelos, Agua y Forrajes el cual fuera habilitado el año pasado en el Campo Experimental de La María (La Abrita) del INTA, se instó a “realizar estudios de suelos para evaluar la calidad de recursos naturales o de alimentación para ganados y a partir de allí, estudiar las inversiones que se realizarán”, recalcó la referente técnica del laboratorio, Ing. María Sánchez, dedicada a la investigación en fertilidad de suelos, en el INTA.
“El suelo, nos da alimentos y almacena el agua que es fundamental, pero estos elementos tienen una dinámica de comportamiento que hay que conocerla y con un análisis al año de cada lote, y una inversión mínima se pueden tomar decisiones acertadas para podar por ejemplo, mejorar un plan de fertilización, o pensar una planificación de rotación de cultivos”, explicó
El laboratorio es presidido por el Ing. Abel Azar y procura investigar aquellos problemas que luego se convierten en una solución para los productores.
“El servicio a terceros se vio incrementado en los últimos 10 años”, resalto
Sánchez, sobre el tipo de información que se solicita tanto para las zonas de riego y de secano del territorio provincial.
“Hay un creciente interés en conocer la dinámica de la salinidad en los suelos, que es una realidad que tenemos en el área de riego, ya que todavía hay mucha ineficiencia en el uso del agua de riego”, resaltó la profesional, sobre el trabajo de muestras que se encaran, para conocer el estado de salinidad y acidez de cada suelo y descartar un problema para el tipo de producción a encararse.
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Las mineras quieren más en Santa Cruz
Peralta reconoció que mineras piden la derogación del impuesto minero
Fecha de Publicación: 14/07/2014
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Apretado por las circunstancias, el Poder Ejecutivo provincial impulsó el año pasado el denominado impuesto inmobiliario minero que a la luz de los acontecimientos, hasta ahora ha tenido muy poca efectividad y podría ir camino a un largo derrotero judicial.
En las últimas horas, consultado por TiempoSur sobre este tema, el gobernador Daniel Peralta insistió que no derogará la ley sancionada por mayoría en Cámara de Diputados y hasta reconoció que las mineras plantearon aportar a la provincia pero que la condición que imponían era la de hacerlo por fuera de esta norma.
No la derogará- Cabe recordar que este gravamen se denomina “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, y se aplica sobre los concesionarios de proyectos mineros situados en territorio santacruceño con estudios de factibilidad aprobados, y establece que “será determinado mediante la aplicación de una alícuota (1%) establecida por la Ley Impositiva sobre el valor de las reservas que posea la mina”.
Al preguntársele si en algún momento charló con las operadoras la posibilidad de derogar el impuesto a cambio de alguna compensación, Peralta afirmó: “Las mineras lo plantean” y añadió: “Ellas dicen que quieren cumplir la ley pero sin la ley”.
Asimismo, el mandatario provincial sostuvo que Santa Cruz ya tiene aprobada desde el 13 de junio de 2013 esa normativa y que la misma se tiene que cumplir. Recordó además que los plazos están venciendo por estas horas y hasta sostuvo que en el Gobierno no tienen ningún problema en dialogar “pero la ley es la ley”.
Por su parte, aclaró que no habrá derogación y que si hay alguna reforma, la misma no va a salir del Poder Ejecutivo provincial. “Saldrá de algún otro sector pero no de nosotros”, sostuvo y aunque no la nombró, se refería obviamente a la Cámara de Diputados.
Aún no logró el objetivo- Hasta el momento, a más de un año de su aplicación, la provincia no pudo percibir los alrededor de 160 millones de pesos anuales que preveía recaudar por este impuesto. El Gobernador dijo horas atrás que vencido el plazo, iría a la Justicia para que las mineras se allanen a la ley. Las operadoras ya se presentaron hace rato.
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Fecha de Publicación: 14/07/2014
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Apretado por las circunstancias, el Poder Ejecutivo provincial impulsó el año pasado el denominado impuesto inmobiliario minero que a la luz de los acontecimientos, hasta ahora ha tenido muy poca efectividad y podría ir camino a un largo derrotero judicial.
En las últimas horas, consultado por TiempoSur sobre este tema, el gobernador Daniel Peralta insistió que no derogará la ley sancionada por mayoría en Cámara de Diputados y hasta reconoció que las mineras plantearon aportar a la provincia pero que la condición que imponían era la de hacerlo por fuera de esta norma.
No la derogará- Cabe recordar que este gravamen se denomina “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, y se aplica sobre los concesionarios de proyectos mineros situados en territorio santacruceño con estudios de factibilidad aprobados, y establece que “será determinado mediante la aplicación de una alícuota (1%) establecida por la Ley Impositiva sobre el valor de las reservas que posea la mina”.
Al preguntársele si en algún momento charló con las operadoras la posibilidad de derogar el impuesto a cambio de alguna compensación, Peralta afirmó: “Las mineras lo plantean” y añadió: “Ellas dicen que quieren cumplir la ley pero sin la ley”.
Asimismo, el mandatario provincial sostuvo que Santa Cruz ya tiene aprobada desde el 13 de junio de 2013 esa normativa y que la misma se tiene que cumplir. Recordó además que los plazos están venciendo por estas horas y hasta sostuvo que en el Gobierno no tienen ningún problema en dialogar “pero la ley es la ley”.
Por su parte, aclaró que no habrá derogación y que si hay alguna reforma, la misma no va a salir del Poder Ejecutivo provincial. “Saldrá de algún otro sector pero no de nosotros”, sostuvo y aunque no la nombró, se refería obviamente a la Cámara de Diputados.
Aún no logró el objetivo- Hasta el momento, a más de un año de su aplicación, la provincia no pudo percibir los alrededor de 160 millones de pesos anuales que preveía recaudar por este impuesto. El Gobernador dijo horas atrás que vencido el plazo, iría a la Justicia para que las mineras se allanen a la ley. Las operadoras ya se presentaron hace rato.
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Ley restrictiva de agrotóxicos en Santa Fe saldría
Como poner el dedo en la llaga
Fecha de Publicación: 14/07/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
El diputado José María Tessa afirma que su iniciativa para prohibir aplicaciones de plaguicidas a mil metros de las urbanizaciones desató la reacción de "los muchos intereses en juego". De todos modos, asegura que la ley saldrá en agosto.
"Este proyecto toca demasiados intereses", apuntó el diputado José María Tessa, para explicar de esa manera porqué la iniciativa de su autoría que insta a prohibir las fumigaciones aéreas y aleja a 800 y mil metros las aplicaciones terrestres de zonas pobladas y escuelas, ha obtenido presiones y rechazos en sectores de poder. La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Agricultura y Ganadería y ahora tiene que ser rubricada en las de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, para luego ser debatida en la Cámara Baja. A pesar de las "controversias", el legislador de Nuevo Encuentro confía que "a mediados de agosto va a ser votada".
Tres son los proyectos de ley de agroquímicos que ingresaron en Diputados. Al de Tessa se le sumaron el de Inés Bertero (socialista, Frente Progresista Cívico y Social) y Aliza Damiani (Frente Para la Victoria). Pero la iniciativa del legislador de Nuevo Encuentro tomó envión hace unos días en la Comisión de Agricultura gracias a los acompañamientos de los diputados Eduardo Toniolli, Jorge Abello, Darío Vega y Oscar Daniele, quienes vencieron así por cuatro votos a tres para obtener el dictamen necesario.
Ahora, el camino es sinuoso y para nada sencillo, el proyecto de Tessa tiene preferencia de estudio para cuatro sesiones y ya transcurrió una por lo que quedan tres chances. Medio Ambiente está presidida por Pablo Di Bert (Encuentro Santafesino-FPV), quien es a la vez es firmante del proyecto, por lo que debería atravesar la comisión sin inconvenientes. En Asuntos Constitucionales "no habría problemas", ya que Tessa es uno de los integrantes, mientras que en Presupuesto -se supone- las posibilidades aparecen más estrechas porque -señala el diputado- "no tenemos ninguno de los firmantes".
Más allá del escenario interno legislativo, Tessa admitió que "hay un interés generalizado" por la aprobación de la iniciativa. "Es una cuestión que tomó estado público, que está en agenda. No es menor, diariamente salen estudios que hablan de los problemas de salud que genera el tema de las fumigaciones. Es un tema candente, que preocupa en todo el mundo", añadió el diputado.
A Tessa no le sorprende el revuelo que generó la posibilidad que se apruebe su proyecto, ya que considera que "toca demasiados intereses". En ese sentido, enumeró a "aplicadores, productores y vendedores de agroquímicos" y dijo que "está Monsanto atrás", la multinacional proveedora de productos químicos para la agricultura. Además, habló de "algunas presiones" que "impiden que (la iniciativa) marche cómo debería". Sin embargo, luego aclaró: "Más que presiones expresas, situaciones donde hay mucha controversia, los legisladores reciben opiniones. No quiero decir presionados, pero hay una situación complicada, los aeroaplicadores están opinando fuerte y públicamente y esto hace que uno lo analice profundamente en algunos casos".
Por otro lado, Tessa reconoció que su proyecto no cuenta con el apoyo del gobierno provincial, que "tiene otra posición, totalmente diferente". "Ellos hablan de cien metros de resguardo para la terrestre y un poco más para la aérea. Lo dijimos y lo volvemos decir, se trata de cambiar el modelo productivo en esos 800 metros, no dejan esos terrenos improductivos. Pasar de la producción agroindustrial a la agroecológica utilizando elementos de conservación y rectificación de la tierra que sean naturales y no contaminen", apuntó el diputado de Nuevo Encuentro.
Más allá de la postura del Ejecutivo que lidera Antonio Bonfatti, Tessa confía en que la votación de los legisladores del Frente Progresista "sea una cuestión de conciencia" y no de obediencia partidaria.
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Fecha de Publicación: 14/07/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
El diputado José María Tessa afirma que su iniciativa para prohibir aplicaciones de plaguicidas a mil metros de las urbanizaciones desató la reacción de "los muchos intereses en juego". De todos modos, asegura que la ley saldrá en agosto.
"Este proyecto toca demasiados intereses", apuntó el diputado José María Tessa, para explicar de esa manera porqué la iniciativa de su autoría que insta a prohibir las fumigaciones aéreas y aleja a 800 y mil metros las aplicaciones terrestres de zonas pobladas y escuelas, ha obtenido presiones y rechazos en sectores de poder. La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Agricultura y Ganadería y ahora tiene que ser rubricada en las de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, para luego ser debatida en la Cámara Baja. A pesar de las "controversias", el legislador de Nuevo Encuentro confía que "a mediados de agosto va a ser votada".
Tres son los proyectos de ley de agroquímicos que ingresaron en Diputados. Al de Tessa se le sumaron el de Inés Bertero (socialista, Frente Progresista Cívico y Social) y Aliza Damiani (Frente Para la Victoria). Pero la iniciativa del legislador de Nuevo Encuentro tomó envión hace unos días en la Comisión de Agricultura gracias a los acompañamientos de los diputados Eduardo Toniolli, Jorge Abello, Darío Vega y Oscar Daniele, quienes vencieron así por cuatro votos a tres para obtener el dictamen necesario.
Ahora, el camino es sinuoso y para nada sencillo, el proyecto de Tessa tiene preferencia de estudio para cuatro sesiones y ya transcurrió una por lo que quedan tres chances. Medio Ambiente está presidida por Pablo Di Bert (Encuentro Santafesino-FPV), quien es a la vez es firmante del proyecto, por lo que debería atravesar la comisión sin inconvenientes. En Asuntos Constitucionales "no habría problemas", ya que Tessa es uno de los integrantes, mientras que en Presupuesto -se supone- las posibilidades aparecen más estrechas porque -señala el diputado- "no tenemos ninguno de los firmantes".
Más allá del escenario interno legislativo, Tessa admitió que "hay un interés generalizado" por la aprobación de la iniciativa. "Es una cuestión que tomó estado público, que está en agenda. No es menor, diariamente salen estudios que hablan de los problemas de salud que genera el tema de las fumigaciones. Es un tema candente, que preocupa en todo el mundo", añadió el diputado.
A Tessa no le sorprende el revuelo que generó la posibilidad que se apruebe su proyecto, ya que considera que "toca demasiados intereses". En ese sentido, enumeró a "aplicadores, productores y vendedores de agroquímicos" y dijo que "está Monsanto atrás", la multinacional proveedora de productos químicos para la agricultura. Además, habló de "algunas presiones" que "impiden que (la iniciativa) marche cómo debería". Sin embargo, luego aclaró: "Más que presiones expresas, situaciones donde hay mucha controversia, los legisladores reciben opiniones. No quiero decir presionados, pero hay una situación complicada, los aeroaplicadores están opinando fuerte y públicamente y esto hace que uno lo analice profundamente en algunos casos".
Por otro lado, Tessa reconoció que su proyecto no cuenta con el apoyo del gobierno provincial, que "tiene otra posición, totalmente diferente". "Ellos hablan de cien metros de resguardo para la terrestre y un poco más para la aérea. Lo dijimos y lo volvemos decir, se trata de cambiar el modelo productivo en esos 800 metros, no dejan esos terrenos improductivos. Pasar de la producción agroindustrial a la agroecológica utilizando elementos de conservación y rectificación de la tierra que sean naturales y no contaminen", apuntó el diputado de Nuevo Encuentro.
Más allá de la postura del Ejecutivo que lidera Antonio Bonfatti, Tessa confía en que la votación de los legisladores del Frente Progresista "sea una cuestión de conciencia" y no de obediencia partidaria.
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