Patagonia, modelo en energía renovable
21:04 | 
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Proyectos de energía renovable en la Patagonia buscan ser modelo internacional
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: BBC
Provincia/Región: Patagonia
Dos comunidades aisladas de la Patagonia argentina podrían ayudar a pensar en modelos para una meta de escala global: llevar energía a los cerca de 2.500 millones de personas en el mundo que tienen accesso nulo o escaso a electricidad.
Las principales empresas de electricidad del mundo –que integran un grupo denominado E8- aprobaron esta semana en Nueva York financiar proyectos de energía renovable en las localidades de Chorriaca y Coyuco-Cochico, en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina.
La idea es llevar a la práctica un modelo de coparticipación de la iniciativa pública y privada, que pueda replicarse en otras partes del mundo.
La empresa estadounidense Duke Energy, que ya tiene inversiones en la región e integra el E8, será la encargada de instalar turbinas eólicas en Chorriaca y construir una microcentral hidroeléctrica en Coyuco-Cochico.
Aislados
Las localidas elegidas son comunidades de indígenas mapuches, con cerca de 500 habitantes cada una, y se dedican fundamentalmente a la cría de ovejas. Son atendidas actualmente por la empresa de energía de Neuquén, EPEN, y cuentan con un servicio de electricidad discontinuo, con base en generadores que funcionan con diesel.
"El combustible debe ser transportado por camión por más de 70 kms en el caso de Chorriaca. Estamos en los Andes, donde hace mucho frío en invierno y la falta de refrigeración industrial también impacta en su fuente de vida", explicó a BBC Mundo, José Tierno, gerente de desarrollo de negocios de Duke Energy Argentina y director del proyecto.
"En Coyuco-Cochico la distancia es más extrema. Están a 80 kms de la ruta pavimentada que tiene una topadora de la dirección provincial. Es la única máquina que hay, en el invierno el camino se deteriora tanto que quedan aislados durante un mes y la única manera de salir es a caballo."
En esta localidad Duke Energy construirá una microcentral hidroeléctrica en un río a tres kilómetros del pueblo. En el caso de Chorriaca, donde el EPEN ya venía realizando prospecciones eólicas y hay una torre de medición de viento, se instalarán aerogeneradores eólicos que funcionarán en combinación con los generadores diesel para proveer energía las 24 horas.
El modelo
El E8 financiará el proyecto y Duke Energy construirá los aerogeneradores y la microcentral, entrenando a personal de la empresa local, EPEN, que operará las nuevas instalaciones.
La empresa privada aporta así la inversión inicial y el conocimiento técnico. El ahorro en el costo de proveer energía es lo que hace posible a la empresa local repagar la inversión, aunque en este caso, para impulsar el modelo, el E8 decidió que sea reinvertido en otros proyectos de energía renovable en la provincia. "Si eso no sucede, EPEN tiene la obligación de devolver el capital", señala Tierno.
"Una de las razones por las que elegimos Argentina es que ya tenemos personal en el terreno", explicó a BBC Mundo John Stow, vicepresidente de energía y políticas ambientales de Duke Energy, quien confía en que el modelo es replicable.
"Es importante entender que las compañías que forman el E8 creen que el cambio climático es real, causado en parte por el hombre, y que el sector puede ayudar a reducir las emisiones de CO2 cumpliendo al mismo tiempo su objetivo de llevar electricidad a todos en el planeta".
La empresa provincial coincide en los potenciales beneficios. "Este es un modelo que puede replicarse desde dos aspectos: la asociación entre empresas privadas y públicas para dar soluciones a la gente, y por otro lado, la aplicación de tecnologías renovables de pequeña escala", dijo a BBC Mundo Francisco Zambón, gerente de planeamiento de EPEN.
"Dentro del proyecto se prevé la capacitación de nuestro personal operativo para hacerse cargo de la operación y mantenimiento, y será una forma práctica de generar nuevos proyectos similares, una vez que el mismo personal se convenza de los beneficios de su aplicación".
Los proyectos en la Patagonia tienen un costo aproximado de US$2,5 millones. Está previsto que la construcción de los aerogeneradores y la microcentral hidroeléctrica concluya a fines de 2012.
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: BBC
Provincia/Región: Patagonia
Dos comunidades aisladas de la Patagonia argentina podrían ayudar a pensar en modelos para una meta de escala global: llevar energía a los cerca de 2.500 millones de personas en el mundo que tienen accesso nulo o escaso a electricidad.
Las principales empresas de electricidad del mundo –que integran un grupo denominado E8- aprobaron esta semana en Nueva York financiar proyectos de energía renovable en las localidades de Chorriaca y Coyuco-Cochico, en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina.
La idea es llevar a la práctica un modelo de coparticipación de la iniciativa pública y privada, que pueda replicarse en otras partes del mundo.
La empresa estadounidense Duke Energy, que ya tiene inversiones en la región e integra el E8, será la encargada de instalar turbinas eólicas en Chorriaca y construir una microcentral hidroeléctrica en Coyuco-Cochico.
Aislados
Las localidas elegidas son comunidades de indígenas mapuches, con cerca de 500 habitantes cada una, y se dedican fundamentalmente a la cría de ovejas. Son atendidas actualmente por la empresa de energía de Neuquén, EPEN, y cuentan con un servicio de electricidad discontinuo, con base en generadores que funcionan con diesel.
"El combustible debe ser transportado por camión por más de 70 kms en el caso de Chorriaca. Estamos en los Andes, donde hace mucho frío en invierno y la falta de refrigeración industrial también impacta en su fuente de vida", explicó a BBC Mundo, José Tierno, gerente de desarrollo de negocios de Duke Energy Argentina y director del proyecto.
"En Coyuco-Cochico la distancia es más extrema. Están a 80 kms de la ruta pavimentada que tiene una topadora de la dirección provincial. Es la única máquina que hay, en el invierno el camino se deteriora tanto que quedan aislados durante un mes y la única manera de salir es a caballo."
En esta localidad Duke Energy construirá una microcentral hidroeléctrica en un río a tres kilómetros del pueblo. En el caso de Chorriaca, donde el EPEN ya venía realizando prospecciones eólicas y hay una torre de medición de viento, se instalarán aerogeneradores eólicos que funcionarán en combinación con los generadores diesel para proveer energía las 24 horas.
El modelo
El E8 financiará el proyecto y Duke Energy construirá los aerogeneradores y la microcentral, entrenando a personal de la empresa local, EPEN, que operará las nuevas instalaciones.
La empresa privada aporta así la inversión inicial y el conocimiento técnico. El ahorro en el costo de proveer energía es lo que hace posible a la empresa local repagar la inversión, aunque en este caso, para impulsar el modelo, el E8 decidió que sea reinvertido en otros proyectos de energía renovable en la provincia. "Si eso no sucede, EPEN tiene la obligación de devolver el capital", señala Tierno.
"Una de las razones por las que elegimos Argentina es que ya tenemos personal en el terreno", explicó a BBC Mundo John Stow, vicepresidente de energía y políticas ambientales de Duke Energy, quien confía en que el modelo es replicable.
"Es importante entender que las compañías que forman el E8 creen que el cambio climático es real, causado en parte por el hombre, y que el sector puede ayudar a reducir las emisiones de CO2 cumpliendo al mismo tiempo su objetivo de llevar electricidad a todos en el planeta".
La empresa provincial coincide en los potenciales beneficios. "Este es un modelo que puede replicarse desde dos aspectos: la asociación entre empresas privadas y públicas para dar soluciones a la gente, y por otro lado, la aplicación de tecnologías renovables de pequeña escala", dijo a BBC Mundo Francisco Zambón, gerente de planeamiento de EPEN.
"Dentro del proyecto se prevé la capacitación de nuestro personal operativo para hacerse cargo de la operación y mantenimiento, y será una forma práctica de generar nuevos proyectos similares, una vez que el mismo personal se convenza de los beneficios de su aplicación".
Los proyectos en la Patagonia tienen un costo aproximado de US$2,5 millones. Está previsto que la construcción de los aerogeneradores y la microcentral hidroeléctrica concluya a fines de 2012.
Cuenca Salí-Dulce: Ya se atajan por las dudas...
Gassenbauer: “Frenar la contaminación requiere una gran inversión y tiempo”
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Jorge Gassenbauer, se refirió al problema del daño al medio ambiente que generan las industrias tucumanas contaminando los ríos tributarios de la Cuenca Salí-Dulce y sostuvo que “para frenar la contaminación hace falta una gran inversión que lleva mucho tiempo”. Además, ratificó que 2011 será un año récord para la zafra.
"El dique El Frontal también es de los tucumanos. Es santiagueño para el turismo y es tucumano por las grandes extensiones de tierra que ocupa en nuestra provincia. Nos interesa el dique, nos interesan las Termas de Río Hondo y el turismo del Norte", señaló el funcionario durante una entrevista con el diario El Siglo.
Asimismo, Gassenbauer aseguró que el Gobierno y los ingenios asumieron compromisos para realizar las inversiones y poner en marcha todas las acciones necesarias para dejar de arrojar vinaza a la cuenca Salí Dulce.
Con respecto a las inversiones que debería realizar los ingenios para dejar de contaminar con vinaza, señaló: “Se necesitan grandes extensiones de tierra y tecnología. Estamos adoptando como primera medida un programa piloto al que accedieron cuatro ingenios, a través del PRI (Plan de Reconversión Industrial), que consiste en la construcción de vinazoductos para trasladar la vinaza a terrenos salinos-sódicos para su tratamiento”.
En relación a la zafra 2011, el funcionario tucumano se mostró optimista y coincidió con el informe de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). “Es un trabajo serio el que se ha realizado desde la EEAOC. Hay 18.000 hectáreas más sembradas con caña en la provincia, lo que representa un 8 por ciento de crecimiento en el área de cultivo (en comparación con 2010). También hay una mejora en el rendimiento industrial porque los ingenios hicieron esfuerzos y tuvimos un año climáticamente muy bueno, por lo que si no se presenta un fenómeno como una helada severa, creemos que se alcanzará una cifra superior a las 1.500.000 toneladas”, indicó.
Por último, sentenció que el gran desafío que posee la actividad es que “se trabaje para que este crecimiento sea sustentable y que el buen momento que atraviesa la industria vaya acompañado de una buena gestión en el tema ambiental”.
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Jorge Gassenbauer, se refirió al problema del daño al medio ambiente que generan las industrias tucumanas contaminando los ríos tributarios de la Cuenca Salí-Dulce y sostuvo que “para frenar la contaminación hace falta una gran inversión que lleva mucho tiempo”. Además, ratificó que 2011 será un año récord para la zafra.
"El dique El Frontal también es de los tucumanos. Es santiagueño para el turismo y es tucumano por las grandes extensiones de tierra que ocupa en nuestra provincia. Nos interesa el dique, nos interesan las Termas de Río Hondo y el turismo del Norte", señaló el funcionario durante una entrevista con el diario El Siglo.
Asimismo, Gassenbauer aseguró que el Gobierno y los ingenios asumieron compromisos para realizar las inversiones y poner en marcha todas las acciones necesarias para dejar de arrojar vinaza a la cuenca Salí Dulce.
Con respecto a las inversiones que debería realizar los ingenios para dejar de contaminar con vinaza, señaló: “Se necesitan grandes extensiones de tierra y tecnología. Estamos adoptando como primera medida un programa piloto al que accedieron cuatro ingenios, a través del PRI (Plan de Reconversión Industrial), que consiste en la construcción de vinazoductos para trasladar la vinaza a terrenos salinos-sódicos para su tratamiento”.
En relación a la zafra 2011, el funcionario tucumano se mostró optimista y coincidió con el informe de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). “Es un trabajo serio el que se ha realizado desde la EEAOC. Hay 18.000 hectáreas más sembradas con caña en la provincia, lo que representa un 8 por ciento de crecimiento en el área de cultivo (en comparación con 2010). También hay una mejora en el rendimiento industrial porque los ingenios hicieron esfuerzos y tuvimos un año climáticamente muy bueno, por lo que si no se presenta un fenómeno como una helada severa, creemos que se alcanzará una cifra superior a las 1.500.000 toneladas”, indicó.
Por último, sentenció que el gran desafío que posee la actividad es que “se trabaje para que este crecimiento sea sustentable y que el buen momento que atraviesa la industria vaya acompañado de una buena gestión en el tema ambiental”.
Justicia a favor de pueblos originarios
Justicia detiene proyectos extractivos en territorios indígenas
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
Riachuelo: 10 mil industrias sin controlar
Aún quedan 10 mil industrias sin controlar en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Es más de la mitad que debe inspeccionar la autoridad de cuenca en la zona. Ya comprobaron que 529 contaminan el río. La Corte criticó ayer en una audiencia la lenta marcha del plan de saneamiento.
La falta de avances significativos en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo quedó expuesta nuevamente en la audiencia pública realizada ayer ante la Corte Suprema. El dato más significativo es que de 19.000 empresas instaladas en la zona afectada por la contaminación fueron inspeccionadas menos de la mitad desde que, hace casi tres años, el tribunal condenó a la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a implementar un plan de saneamiento.
A partir de este fallo histórico firmado en julio de 2008, conocido como “caso Mendoza”, la Corte puso en manos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la puesta en marcha de este plan de saneamiento.
De manera enfática, ayer reclamó al titular de ese organismo, Juan José Mussi, “certezas para evitar que cambien los funcionarios y los gobiernos y todo siga igual”. “Las obras están muy atrasadas, hace falta un fuerte control porque si no se controla, no se hace nada”, señaló un vocero del tribunal.
“Se está avanzando en algunos aspectos del plan pero muy lentamente, el tema de la salud de los habitantes de la cuenca todavía está en un nebulosa, y las mediciones que hace la ACUMAR cambian con cada gestión. Hay avances pero hace falta un fuerte control sobre las obras y sobre el manejo de los fondos. Nunca sabemos cómo diagnosticar y cuál es el grado de avance”, agregó.
De todas formas, en la Corte reconocen que de las tres gestiones del ACUMAR, “ésta es la que más idea tiene de la problemática”. Antes del actual Secretario de Ambiente de la Nación, estuvieron al frente de la ACUMAR Romina Picolotti y Homero Bibiloni.
Mussi, ex intendente de Berazategui, fue uno de los convocados por la Corte para la audiencia pública de ayer. Y luego de un informe, fue el único de los expositores que recibió numerosas preguntas por partes de los jueces de la Corte, en busca de precisiones sobre la marcha del plan.
El funcionario explicó que de las 9.928 empresas inspeccionadas hasta el presente, de un total de 19.000, unas 529 fueron declaradas contaminantes y –a la fecha– hay 126 en plan de reconversión.
Seis de los siete jueces de la Corte escucharon ayer, durante más de dos horas, a Mussi, al adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y a Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación.
Despouy planteó problemas fundamentales y de fondo que le dificultan su labor de control, como ser la falta de identificación adecuada de las partidas presupuestarias. Señaló que, como consecuencia de esta situación, sólo auditaron el 8% de las obras. En la audiencia estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta, Elena Highton, y los jueces Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
Entre otros temas, los jueces reclamaron precisiones sobre la disparidad de los informes presentados desde 2008 a la fecha; los resultados de los diagnósticos de salud realizados a la población más desprotegida (especialmente a los chicos en riesgo); el nivel y los plazos de ejecución de obras de saneamiento cloacal y de las plantas depuradoras; la calidad actual de los vertidos en la cuenca; el avance en el trabajo emprendido en la relocalización de empresas contaminantes; la utilización de los créditos obtenidos y el flujo de recursos que se incorporará al fideicomiso para garantizar la regularidad de las obras. Los jueces también reclamaron conclusiones sobre el estado de cumplimiento del cronograma para la eliminación de basurales a cielo abierto y los resultados de los censos e inspecciones realizados a las empresas para determinar su nivel de contaminación.
Sobre este último punto, Mussi informó que, según los datos obtenidos hasta la fecha, unas 50 empresas son responsables del 95% de la contaminación.
El funcionario sostuvo que 762.000 vecinos se beneficiaron con la expansión de la red cloacal y 2.100.000 “ya no sufren inundaciones con los nuevos desagües pluviales”. Mussi expresó que de los habitantes en asentamientos precarios la ACUMAR “consiguió que 13.150 familias hoy tengan una vivienda digna” y sostuvo que el 2 de mayo relocalizó en el partido bonaerense de Avellaneda a 81 personas asentadas debajo del Puente Bosch. Por último, Mussi dio detalles de las tareas de reubicación de los 12.000 puestos instalados en la llamada “Saladita” (ver Desalojarán...).
Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto, Anselmo Sella, consideró necesario profundizar políticas “para que los derechos ambientales puedan ejercerse plenamente”.
La jueza Highton de Nolasco puso énfasis en saber cuáles eran las políticas que se llevan a cabo para solucionar los problemas de los niños que viven en la zona e instó a buscar “equipos de respuesta rápida de asistencia”. La jueza Argibay, por su parte, pidió detalles sobre las tareas de reubicación de los habitantes de la cuenca, preguntó a los funcionarios si los pobladores fueron mudados en forma compulsiva, y destacó que era necesario contemplar vacantes escolares para los niños trasladados, así como proximidad con la fuente de trabajo de los adultos.
Luego de una inspección aérea y terrestre, que realizarán en los próximos días, los jueces de la Corte evaluarán si adoptan alguna medida para acelerar el plan de saneamiento de la zona, donde viven unas 6 millones de personas.
$ 390 millones de la ACUMAR
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un organismo creado por ley en noviembre de 2006, e integrado por la Secretaría de Ambiente de la Nación y los Gobiernos de la Provincia y la Ciudad. El presupuesto del ente para este año es de $ 390 millones: 280 que pone la Nación, 85 la Provincia y 25 la Ciudad. Y el saneamiento cuenta con financiamiento del BID y el Banco Mundial.
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Es más de la mitad que debe inspeccionar la autoridad de cuenca en la zona. Ya comprobaron que 529 contaminan el río. La Corte criticó ayer en una audiencia la lenta marcha del plan de saneamiento.
La falta de avances significativos en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo quedó expuesta nuevamente en la audiencia pública realizada ayer ante la Corte Suprema. El dato más significativo es que de 19.000 empresas instaladas en la zona afectada por la contaminación fueron inspeccionadas menos de la mitad desde que, hace casi tres años, el tribunal condenó a la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a implementar un plan de saneamiento.
A partir de este fallo histórico firmado en julio de 2008, conocido como “caso Mendoza”, la Corte puso en manos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la puesta en marcha de este plan de saneamiento.
De manera enfática, ayer reclamó al titular de ese organismo, Juan José Mussi, “certezas para evitar que cambien los funcionarios y los gobiernos y todo siga igual”. “Las obras están muy atrasadas, hace falta un fuerte control porque si no se controla, no se hace nada”, señaló un vocero del tribunal.
“Se está avanzando en algunos aspectos del plan pero muy lentamente, el tema de la salud de los habitantes de la cuenca todavía está en un nebulosa, y las mediciones que hace la ACUMAR cambian con cada gestión. Hay avances pero hace falta un fuerte control sobre las obras y sobre el manejo de los fondos. Nunca sabemos cómo diagnosticar y cuál es el grado de avance”, agregó.
De todas formas, en la Corte reconocen que de las tres gestiones del ACUMAR, “ésta es la que más idea tiene de la problemática”. Antes del actual Secretario de Ambiente de la Nación, estuvieron al frente de la ACUMAR Romina Picolotti y Homero Bibiloni.
Mussi, ex intendente de Berazategui, fue uno de los convocados por la Corte para la audiencia pública de ayer. Y luego de un informe, fue el único de los expositores que recibió numerosas preguntas por partes de los jueces de la Corte, en busca de precisiones sobre la marcha del plan.
El funcionario explicó que de las 9.928 empresas inspeccionadas hasta el presente, de un total de 19.000, unas 529 fueron declaradas contaminantes y –a la fecha– hay 126 en plan de reconversión.
Seis de los siete jueces de la Corte escucharon ayer, durante más de dos horas, a Mussi, al adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y a Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación.
Despouy planteó problemas fundamentales y de fondo que le dificultan su labor de control, como ser la falta de identificación adecuada de las partidas presupuestarias. Señaló que, como consecuencia de esta situación, sólo auditaron el 8% de las obras. En la audiencia estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta, Elena Highton, y los jueces Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
Entre otros temas, los jueces reclamaron precisiones sobre la disparidad de los informes presentados desde 2008 a la fecha; los resultados de los diagnósticos de salud realizados a la población más desprotegida (especialmente a los chicos en riesgo); el nivel y los plazos de ejecución de obras de saneamiento cloacal y de las plantas depuradoras; la calidad actual de los vertidos en la cuenca; el avance en el trabajo emprendido en la relocalización de empresas contaminantes; la utilización de los créditos obtenidos y el flujo de recursos que se incorporará al fideicomiso para garantizar la regularidad de las obras. Los jueces también reclamaron conclusiones sobre el estado de cumplimiento del cronograma para la eliminación de basurales a cielo abierto y los resultados de los censos e inspecciones realizados a las empresas para determinar su nivel de contaminación.
Sobre este último punto, Mussi informó que, según los datos obtenidos hasta la fecha, unas 50 empresas son responsables del 95% de la contaminación.
El funcionario sostuvo que 762.000 vecinos se beneficiaron con la expansión de la red cloacal y 2.100.000 “ya no sufren inundaciones con los nuevos desagües pluviales”. Mussi expresó que de los habitantes en asentamientos precarios la ACUMAR “consiguió que 13.150 familias hoy tengan una vivienda digna” y sostuvo que el 2 de mayo relocalizó en el partido bonaerense de Avellaneda a 81 personas asentadas debajo del Puente Bosch. Por último, Mussi dio detalles de las tareas de reubicación de los 12.000 puestos instalados en la llamada “Saladita” (ver Desalojarán...).
Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto, Anselmo Sella, consideró necesario profundizar políticas “para que los derechos ambientales puedan ejercerse plenamente”.
La jueza Highton de Nolasco puso énfasis en saber cuáles eran las políticas que se llevan a cabo para solucionar los problemas de los niños que viven en la zona e instó a buscar “equipos de respuesta rápida de asistencia”. La jueza Argibay, por su parte, pidió detalles sobre las tareas de reubicación de los habitantes de la cuenca, preguntó a los funcionarios si los pobladores fueron mudados en forma compulsiva, y destacó que era necesario contemplar vacantes escolares para los niños trasladados, así como proximidad con la fuente de trabajo de los adultos.
Luego de una inspección aérea y terrestre, que realizarán en los próximos días, los jueces de la Corte evaluarán si adoptan alguna medida para acelerar el plan de saneamiento de la zona, donde viven unas 6 millones de personas.
$ 390 millones de la ACUMAR
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un organismo creado por ley en noviembre de 2006, e integrado por la Secretaría de Ambiente de la Nación y los Gobiernos de la Provincia y la Ciudad. El presupuesto del ente para este año es de $ 390 millones: 280 que pone la Nación, 85 la Provincia y 25 la Ciudad. Y el saneamiento cuenta con financiamiento del BID y el Banco Mundial.
Neuquén presenta un plan contra desertificación
Presentan plan contra desertificación
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Con el objetivo de mejorar la calidad en el trabajo de los productores de Aguada San Roque, la Subsecretaría de Medio Ambiente presentará, mañana a las 11 en salón de usos múltiples de la Comisión de Fomento, el plan operativo de lucha contra la desertificación para implementar las primeras Unidades Socio Productivas Ambientales (USPAs).
Las acciones forman parte del proyecto denominado “Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Control de la Desertificación en la Patagonia” y cuenta con el aporte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility).
El GEF es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
"La entidad ya aportó 275 mil pesos para la implementación del programa", contó uno de los integrantes del GEF, Daniel Grosso.
Además de compartir con los actores sociales el plan operativo acordado para 2011 quedará inaugurará la central meteorológica que se instaló en la Escuela Primaria Nº 144.
El aprovechamiento de la fibra caprina, la receptividad del campo en cuanto a la cantidad de animales que pueden pastar en un espacio determinado, y el aprovechamiento del agua son algunas de las tareas que a partir de mañana comenzarán a realizar los productores de Aguada San Roque junto a los técnicos de la Subsecretaría.
"Otro de los temas es la clausura forrajera donde vamos a destinar espacios de 10 por 20 metros alambrados para que ese suelo no se pise y se vea la evolución del campo cuidado", dijo Grosso.
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Con el objetivo de mejorar la calidad en el trabajo de los productores de Aguada San Roque, la Subsecretaría de Medio Ambiente presentará, mañana a las 11 en salón de usos múltiples de la Comisión de Fomento, el plan operativo de lucha contra la desertificación para implementar las primeras Unidades Socio Productivas Ambientales (USPAs).
Las acciones forman parte del proyecto denominado “Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Control de la Desertificación en la Patagonia” y cuenta con el aporte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility).
El GEF es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
"La entidad ya aportó 275 mil pesos para la implementación del programa", contó uno de los integrantes del GEF, Daniel Grosso.
Además de compartir con los actores sociales el plan operativo acordado para 2011 quedará inaugurará la central meteorológica que se instaló en la Escuela Primaria Nº 144.
El aprovechamiento de la fibra caprina, la receptividad del campo en cuanto a la cantidad de animales que pueden pastar en un espacio determinado, y el aprovechamiento del agua son algunas de las tareas que a partir de mañana comenzarán a realizar los productores de Aguada San Roque junto a los técnicos de la Subsecretaría.
"Otro de los temas es la clausura forrajera donde vamos a destinar espacios de 10 por 20 metros alambrados para que ese suelo no se pise y se vea la evolución del campo cuidado", dijo Grosso.
Lámparas bajo consumo no son lo que parecen
Las lámparas bajo consumo no son lo que parecen
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
16 de los 20 modelos relevados tienen una potencia inferior a la promocionada. Desde hoy se prohíbe vender las viejas bombitas.
Desde hoy, los comercios ya no pueden vender lámparas incandescentes comunes, una medida que apunta a ahorrar energía y, de esta manera, contribuir a paliar el calentamiento global ocasionado por el consumo de combustibles fósiles que alimentan las usinas. Su reemplazo por lámparas de bajo consumo supone un ahorro de hasta el 80 por ciento, promocionan algunas empresas e incluso ONG ambientalistas.
No obstante, un trabajo realizado en 2006 por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) detectó varios problemas en estos artefactos. Estudió 17 marcas, 20 modelos y 600 lámparas. Algunas no ahorran lo que decían y otras no tienen la vida útil o potencia que promocionaban.
De los 20 modelos, 16 tenían una potencia eléctrica inferior a la lámpara incandescente de potencia equivalente indicada en los envases. Había focos que se promocionaban como equivalentes a uno incandescente de 100 watts, pero su potencia real fue de 29.
También la vida útil de algunas lámparas no fue la que indicaba el envase. El Inti estudió el comportamiento de las lámparas durante las primeras 100 horas de encendido y detectó marcas que un porcentaje importante se extinguieron ya antes de las 100 horas. El caso extremo es un modelo que indicaba una vida útil de cinco mil horas, pero 66 por ciento de la lámparas dejó de iluminar antes de las 100 horas. A su vez, tres modelos generaron cortocircuito en la instalación.
En tanto, algunos modelos resultaron más ahorradores que otros. Las mejores consumían 5,7 veces menos que una incandescente de potencia equivalente. Las de peor calidad consumían tres veces menos. La de mejor potencia, durabilidad y ahorro es la Philips Essential Twister 20W. La de menos durabilidad resultó ser la marca Barrow 20W, que junto con la M2 Línea 15W XS y la Lucce Nuova 20W generaron cortocircuitos.
Más baratas. El precio de las lámparas incandescentes rondaba los dos pesos. Sin embargo, consumen más y en teoría duran menos.
Bajo consumo. Según la marca, el precio de las nuevas varía de 11 a 27 pesos.
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
16 de los 20 modelos relevados tienen una potencia inferior a la promocionada. Desde hoy se prohíbe vender las viejas bombitas.
Desde hoy, los comercios ya no pueden vender lámparas incandescentes comunes, una medida que apunta a ahorrar energía y, de esta manera, contribuir a paliar el calentamiento global ocasionado por el consumo de combustibles fósiles que alimentan las usinas. Su reemplazo por lámparas de bajo consumo supone un ahorro de hasta el 80 por ciento, promocionan algunas empresas e incluso ONG ambientalistas.
No obstante, un trabajo realizado en 2006 por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) detectó varios problemas en estos artefactos. Estudió 17 marcas, 20 modelos y 600 lámparas. Algunas no ahorran lo que decían y otras no tienen la vida útil o potencia que promocionaban.
De los 20 modelos, 16 tenían una potencia eléctrica inferior a la lámpara incandescente de potencia equivalente indicada en los envases. Había focos que se promocionaban como equivalentes a uno incandescente de 100 watts, pero su potencia real fue de 29.
También la vida útil de algunas lámparas no fue la que indicaba el envase. El Inti estudió el comportamiento de las lámparas durante las primeras 100 horas de encendido y detectó marcas que un porcentaje importante se extinguieron ya antes de las 100 horas. El caso extremo es un modelo que indicaba una vida útil de cinco mil horas, pero 66 por ciento de la lámparas dejó de iluminar antes de las 100 horas. A su vez, tres modelos generaron cortocircuito en la instalación.
En tanto, algunos modelos resultaron más ahorradores que otros. Las mejores consumían 5,7 veces menos que una incandescente de potencia equivalente. Las de peor calidad consumían tres veces menos. La de mejor potencia, durabilidad y ahorro es la Philips Essential Twister 20W. La de menos durabilidad resultó ser la marca Barrow 20W, que junto con la M2 Línea 15W XS y la Lucce Nuova 20W generaron cortocircuitos.
Más baratas. El precio de las lámparas incandescentes rondaba los dos pesos. Sin embargo, consumen más y en teoría duran menos.
Bajo consumo. Según la marca, el precio de las nuevas varía de 11 a 27 pesos.
Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques
En el último siglo, Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Pasó de 100 millones de hectáreas a 31 millones en la actualidad. Las provincias del noroeste y los bosques chaqueños, las zonas más afectadas.
La Argentina es uno de los países que mayor tasa de deforestación mostró en los últimos tiempos. Fue tan acelerado el proceso, que en el siglo pasado el país perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos: las zonas más afectadas fueron las provincias del Noroeste, los bosques chaqueños y la Selva de Yungas (en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca)
Y las consecuencias son más extendidas de lo que parece: con el bosque también desaparecen animales, plantas y muchas personas se ven obligadas a trasladarse a zonas marginales en las ciudades.
Según Alejandro Brown director de ProYungas “la Argentina tuvo a principios del siglo pasado unos 100 millones de hectáreas de bosques nativos”. Actualmente, el país presenta una superficie aproximada de 31 millones de hectáreas de bosques nativos distribuidos mayormente entre unas seis ecoregiones: Bosques Patagónicos, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense, Yungas y Espinal, de características ecológicas, productivas y sociales muy disímiles.
Este proceso de destrucción y degradación ocurrió sin controles de ningún tipo y recién en 2009, con la reglamentación de la Ley de Bosques sancionada dos años antes, las jurisdicciones provinciales fueron obligadas a elaborar planes para transformar y proteger las áreas de bosques nativos.
La importancia de lo que hagan de ahora en más no es menor: los bosques captan y almacenan agua, estabilizan los suelos, albergan la biodiversidad y hacen una importante contribución a la regulación del clima y de los gases de efecto invernadero.
Los peligros del avance de la frontera agropecuaria y el crecimiento urbano
De acuerdo a la Fundación Vida Silvestre, Argentina es uno de los países que ha mostrado “una mayor tasa de deforestación en los últimos años”. La organización explica que esta situación “está impulsada por el avance no planificado de la frontera agropecuaria y/o el crecimiento urbano”. Y agrega que, si bien existen procesos de deforestación de variadas características, el aumento de superficies cultivadas para la soja en Santiago del Estero y Córdoba, y la ganadería en Salta y Chaco, son algunas de las realidades más notables.
A esta situación hay que sumarle la degradación paulatina que padecen los bosques, ya que se extraen los mejores ejemplares hasta su agotamiento: “Ya sea para extraer madera, tanino, durmientes de ferrocarriles, postes de alambrados o carbón; la explotación forestal de los bosques nativos tuvo históricamente, y tiene hasta nuestros días características mineras”, aportan desde Vida Silvestre.
Para detener esta degradación y concientizar a los gobiernos sobre su responsabilidad, Naciones Unidas instituyó el 2011 como año de los Bosques. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que los bosques son una fuente de beneficios económicos, sociales y ecológicos y advirtió que, no obstante, pese a todos esos beneficios, los bosques, siguen desapareciendo a un ritmo alarmante.
El organismo internacional también reconoce que los bosques y su ordenación pueden contribuir significativamente al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, subrayando la necesidad de que haya una ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, incluidos los ecosistemas forestales frágiles.
También ONU alienta a que los esfuerzos concertados deberían dedicarse a crear más conciencia en todos los niveles para fortalecer la conservación y el uso sustentable de todos los tipos de bosques en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
¿Qué hacer?: estrategias para detener la destrucción en nuestro país
Vida Silvestre propone cuatro estrategias básicas para hacer frente a la destrucción y degradación de los bosques: la implementación de la Ley de Bosques en la Selva Misionera y en los Bosques Chaqueños; una Red de Comercio Forestal Argentina iniciativa que apoya la comercialización de productos forestales responsables; la utilización de certificación FSC que garantiza a los consumidores que los productos provienen de bosques manejados para satisfacer las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras, y la recuperación de los bosques nativos
Brown, de ProYungas, coincide con esta mirada integral, porque cree que la sociedad argentina “no es boscosa”.
¿A qué se refiere?
A dos realidades extremas que se dan el país: en el Norte, el bosque es sinónimo “de peligro, de lugar inhóspito por las plantas y animales que viven allí”, relata el especialista. En tanto en el Sur “no se tocan, son parte del paisaje, están para disfrutarlos”. Es decir: el bosque “no se ve como un área que genera recursos para las sociedades”, reflexiona.
Por eso, habla de que el dilema para el futuro es generar recursos: servicios, en donde el agua sea central, ya que, sobre todo en el Noroeste del país, los bosques juegan un rol de regulación hídrica para riego y consumo. “Hay 5 millones de hectáreas de yungas, 500 mil para riego, en un área donde 2 millones de personas dependen del agua”, grafica Brown.
En cuanto a bienes, en el Norte los bosques proveen de maderas de buena calidad y abundan las plantaciones para generar pasta celulosa para papel.
En cuanto a las Áreas Protegidas, el dirigente de ProYungas considera que hay que fortalecerlas en el Norte, y que es importante tener en cuenta que Argentina tiene bajo protección “sólo el 7% de su territorio. De este porcentaje, el 20 por ciento está a cargo del Estado Argentino en Parques Nacionales, pero el 80 por ciento restante, son jurisdicciones provinciales, o sea, que las provincias protegen un enorme cantidad, por eso hay que fortalecerlas en cuanto a protección de áreas”.
A modo de ejemplo, señala que las Facultades de Ingeniería Forestal – como la de Esquel en Chubut o la de Eldorado en Misiones- “forman profesionales orientados a plantaciones forestales, no hay una tendencia hacía la profesionalización en cuanto a manejo de bosques”.
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Pasó de 100 millones de hectáreas a 31 millones en la actualidad. Las provincias del noroeste y los bosques chaqueños, las zonas más afectadas.
La Argentina es uno de los países que mayor tasa de deforestación mostró en los últimos tiempos. Fue tan acelerado el proceso, que en el siglo pasado el país perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos: las zonas más afectadas fueron las provincias del Noroeste, los bosques chaqueños y la Selva de Yungas (en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca)
Y las consecuencias son más extendidas de lo que parece: con el bosque también desaparecen animales, plantas y muchas personas se ven obligadas a trasladarse a zonas marginales en las ciudades.
Según Alejandro Brown director de ProYungas “la Argentina tuvo a principios del siglo pasado unos 100 millones de hectáreas de bosques nativos”. Actualmente, el país presenta una superficie aproximada de 31 millones de hectáreas de bosques nativos distribuidos mayormente entre unas seis ecoregiones: Bosques Patagónicos, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense, Yungas y Espinal, de características ecológicas, productivas y sociales muy disímiles.
Este proceso de destrucción y degradación ocurrió sin controles de ningún tipo y recién en 2009, con la reglamentación de la Ley de Bosques sancionada dos años antes, las jurisdicciones provinciales fueron obligadas a elaborar planes para transformar y proteger las áreas de bosques nativos.
La importancia de lo que hagan de ahora en más no es menor: los bosques captan y almacenan agua, estabilizan los suelos, albergan la biodiversidad y hacen una importante contribución a la regulación del clima y de los gases de efecto invernadero.
Los peligros del avance de la frontera agropecuaria y el crecimiento urbano
De acuerdo a la Fundación Vida Silvestre, Argentina es uno de los países que ha mostrado “una mayor tasa de deforestación en los últimos años”. La organización explica que esta situación “está impulsada por el avance no planificado de la frontera agropecuaria y/o el crecimiento urbano”. Y agrega que, si bien existen procesos de deforestación de variadas características, el aumento de superficies cultivadas para la soja en Santiago del Estero y Córdoba, y la ganadería en Salta y Chaco, son algunas de las realidades más notables.
A esta situación hay que sumarle la degradación paulatina que padecen los bosques, ya que se extraen los mejores ejemplares hasta su agotamiento: “Ya sea para extraer madera, tanino, durmientes de ferrocarriles, postes de alambrados o carbón; la explotación forestal de los bosques nativos tuvo históricamente, y tiene hasta nuestros días características mineras”, aportan desde Vida Silvestre.
Para detener esta degradación y concientizar a los gobiernos sobre su responsabilidad, Naciones Unidas instituyó el 2011 como año de los Bosques. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que los bosques son una fuente de beneficios económicos, sociales y ecológicos y advirtió que, no obstante, pese a todos esos beneficios, los bosques, siguen desapareciendo a un ritmo alarmante.
El organismo internacional también reconoce que los bosques y su ordenación pueden contribuir significativamente al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, subrayando la necesidad de que haya una ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, incluidos los ecosistemas forestales frágiles.
También ONU alienta a que los esfuerzos concertados deberían dedicarse a crear más conciencia en todos los niveles para fortalecer la conservación y el uso sustentable de todos los tipos de bosques en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
¿Qué hacer?: estrategias para detener la destrucción en nuestro país
Vida Silvestre propone cuatro estrategias básicas para hacer frente a la destrucción y degradación de los bosques: la implementación de la Ley de Bosques en la Selva Misionera y en los Bosques Chaqueños; una Red de Comercio Forestal Argentina iniciativa que apoya la comercialización de productos forestales responsables; la utilización de certificación FSC que garantiza a los consumidores que los productos provienen de bosques manejados para satisfacer las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras, y la recuperación de los bosques nativos
Brown, de ProYungas, coincide con esta mirada integral, porque cree que la sociedad argentina “no es boscosa”.
¿A qué se refiere?
A dos realidades extremas que se dan el país: en el Norte, el bosque es sinónimo “de peligro, de lugar inhóspito por las plantas y animales que viven allí”, relata el especialista. En tanto en el Sur “no se tocan, son parte del paisaje, están para disfrutarlos”. Es decir: el bosque “no se ve como un área que genera recursos para las sociedades”, reflexiona.
Por eso, habla de que el dilema para el futuro es generar recursos: servicios, en donde el agua sea central, ya que, sobre todo en el Noroeste del país, los bosques juegan un rol de regulación hídrica para riego y consumo. “Hay 5 millones de hectáreas de yungas, 500 mil para riego, en un área donde 2 millones de personas dependen del agua”, grafica Brown.
En cuanto a bienes, en el Norte los bosques proveen de maderas de buena calidad y abundan las plantaciones para generar pasta celulosa para papel.
En cuanto a las Áreas Protegidas, el dirigente de ProYungas considera que hay que fortalecerlas en el Norte, y que es importante tener en cuenta que Argentina tiene bajo protección “sólo el 7% de su territorio. De este porcentaje, el 20 por ciento está a cargo del Estado Argentino en Parques Nacionales, pero el 80 por ciento restante, son jurisdicciones provinciales, o sea, que las provincias protegen un enorme cantidad, por eso hay que fortalecerlas en cuanto a protección de áreas”.
A modo de ejemplo, señala que las Facultades de Ingeniería Forestal – como la de Esquel en Chubut o la de Eldorado en Misiones- “forman profesionales orientados a plantaciones forestales, no hay una tendencia hacía la profesionalización en cuanto a manejo de bosques”.
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Atucha II estaría operando a partir de 2012
La central nuclear Atucha II se pondrá en funcionamiento en 2012
Fecha de Publicación: 31/05/2011
Fuente: Impulso Negocios
Provincia/Región: Nacional
Los trabajos en la planta de energía atómica finalizarán este año y la inauguración se realizará durante el último cuatrimestre, aunque recién comenzará a operar en los meses siguientes
La central nuclear Atucha II estará operando a partir de 2012. El proyecto para la planta de energía atómica ubicada en la localidad bonaerense de Lima quedará finalizado este año y se inaugurará en el último cuatrimestre. La obra realizará el mayor aporte de potencia unitaria al sistema interconectado nacional.
Según informó la empresa Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), buena parte de los trabajos está concluida en un 90%, mientras que las tareas vinculadas al equipamiento eléctrico, la instalación de instrumentación y control, tardarán un tiempo más. Alrededor de 5.000 personas se encuentran trabajando en el predio de 87 hectáreas, adyacente a las instalaciones donde funciona Atucha I.
Una vez construida y puesta en marcha, Atucha II entregará una potencia de 692 megavatios a la red y superará a la central nucleoeléctrica de Embalse como la maquinaria de mayor capacidad para generar energía dentro de Argentina.
El proyecto para la construcción en la planta atómica de Lima se inició en 1982, doce años después de la puesta en marcha de la primera central. Tras un parate de más de una década, la iniciativa se reactivó en 2006 y culminará con una inversión superior a los 2.200 millones de dólares durante el último lustro.
Fecha de Publicación: 31/05/2011
Fuente: Impulso Negocios
Provincia/Región: Nacional
Los trabajos en la planta de energía atómica finalizarán este año y la inauguración se realizará durante el último cuatrimestre, aunque recién comenzará a operar en los meses siguientes
La central nuclear Atucha II estará operando a partir de 2012. El proyecto para la planta de energía atómica ubicada en la localidad bonaerense de Lima quedará finalizado este año y se inaugurará en el último cuatrimestre. La obra realizará el mayor aporte de potencia unitaria al sistema interconectado nacional.
Según informó la empresa Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), buena parte de los trabajos está concluida en un 90%, mientras que las tareas vinculadas al equipamiento eléctrico, la instalación de instrumentación y control, tardarán un tiempo más. Alrededor de 5.000 personas se encuentran trabajando en el predio de 87 hectáreas, adyacente a las instalaciones donde funciona Atucha I.
Una vez construida y puesta en marcha, Atucha II entregará una potencia de 692 megavatios a la red y superará a la central nucleoeléctrica de Embalse como la maquinaria de mayor capacidad para generar energía dentro de Argentina.
El proyecto para la construcción en la planta atómica de Lima se inició en 1982, doce años después de la puesta en marcha de la primera central. Tras un parate de más de una década, la iniciativa se reactivó en 2006 y culminará con una inversión superior a los 2.200 millones de dólares durante el último lustro.
Presentación judicial de Santiago contra Tucumán
Presentación judicial de Santiago del Estero para impedir que se siga contaminando
Fecha de Publicación: 31/05/2011
Fuente: El Periódico de Tucumán
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, a cargo de Raúl Abate, realizó la presentación ante la Justicia Federal de una medida cautelar para evitar que se siga produciendo daño al ecosistema, según indicó el fiscal de la provincia.
Acerca de la presentación realizada este lunes, Abate explicó que el “propósito principal es solicitar que se agilicen los tiempos judiciales para de esta manera impedir que se siga perpetuando el perjuicio en el medio ambiente y en particular en la zona del embalse”.
La medida cautelar se enmarca en la serie de trabajos que se realizan desde la provincia para defender los intereses de los santiagueños ante la problemática de la contaminación en el lago de Río Hondo, agravada en los últimos años, cuando creció exponencialmente la producción de alcohol en Tucumán, a partir del procesamiento de la caña de azúcar, ya que por ley nacional las naftas llevan actualmente un pequeño porcentaje de este producto.
Asimismo se supo que avanza el trabajo conjunto de los abogados de Fiscalía de Estado y de Defensoría, para la presentación de un planteo en el Juzgado Federal local por parte del Estado provincial para constituirse como querellante. Una de las medidas que se reclamarán en este nuevo rol, es que se realicen inspecciones en el embalse de Las Termas y en los ingenios.
En la Corte
La lucha judicial entablada por Santiago del Estero contra las industrias contaminantes llegó a la máxima instancia jurídica del país, la Corte Suprema, en la que se presentó un recurso de amparo y por el cual se espera el pronunciamiento del cuerpo, si entenderá en la causa o no, y qué jurisdicción llevará adelante las causas ambientales: Tucumán o Santiago del Estero.
Días atrás, Abate reclamó que los ingenios tucumanos informen el destino que le darán a la vinaza, residuo que se genera por la producción de alcohol y azúcar, que contamina el agua y provoca mortandad de la flora y la fauna.
Cuando está por comenzar la zafra 2011 en Tucumán, distintos especialistas vaticinaron serios problemas ambientales si no se le da el debido tratamiento a la vinaza, tal como ocurrió el año pasado, cuando miles de toneladas de peces murieron por falta de oxígeno en la cuenca Salí-Dulce.
En ese sentido, el funcionario santiagueño expuso la magnitud del problema al explicar que por cada litro de alcohol que se obtiene en el proceso de producción, “se generan entre once y trece litros de vinaza”.
Ese residuo, sostuvo, tiene un gran contenido de materia orgánica y nutrientes, como fósforo, azufre, potasio y nitrógeno, que en el medio líquido consume el oxígeno y mata a los seres vivos que se encuentran en ella.
Como se recordará, la denuncia penal impulsada por Santiago del Estero en contra de las empresas sospechadas de la contaminación alcanza a una docena de industrias.
Instancias agotadas
Por su parte, el secretario del Agua de Santiago del Estero, Abel Tévez, no ocultó su fastidio ante la presentación de los nuevos informes de los técnicos de su cartera, sobre el monitoreo en los ríos tucumanos.
En ese sentido, el funcionario provincial reveló que “los industriales de Tucumán aprovechan los fines de semana o los días feriados para descargar los reservorios donde tienen acumulada la vinaza; esto lo sabemos porque tenemos gente que nos informa cuando ven algún estado de anomalía en los tributarios”.
En tanto, reiteró que están agotados todos los caminos administrativos, que es la Justicia la que debe actuar con todas estas nuevas pruebas. “Esto está peor de lo que pensamos. Si ahora, que no están en plena producción de alcohol, ya tenemos peces muertos, qué podemos esperar para agosto o septiembre, cuando las industrias tucumanas estén trabajando a pleno. Eso podría ser un verdadero desastre”, dijo Tévez.
“Esto lo vamos a tratar nuevamente en el Comité de Cuenca, pero creo que en estos casos ya tiene que actuar Fiscalía de Estado o la Defensoría del Pueblo de la provincia, para agilizar el tema de las denuncias que están en la Suprema Corte de Justicia, porque ya no se puede seguir en esta situación”, sostuvo.
Fecha de Publicación: 31/05/2011
Fuente: El Periódico de Tucumán
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, a cargo de Raúl Abate, realizó la presentación ante la Justicia Federal de una medida cautelar para evitar que se siga produciendo daño al ecosistema, según indicó el fiscal de la provincia.
Acerca de la presentación realizada este lunes, Abate explicó que el “propósito principal es solicitar que se agilicen los tiempos judiciales para de esta manera impedir que se siga perpetuando el perjuicio en el medio ambiente y en particular en la zona del embalse”.
La medida cautelar se enmarca en la serie de trabajos que se realizan desde la provincia para defender los intereses de los santiagueños ante la problemática de la contaminación en el lago de Río Hondo, agravada en los últimos años, cuando creció exponencialmente la producción de alcohol en Tucumán, a partir del procesamiento de la caña de azúcar, ya que por ley nacional las naftas llevan actualmente un pequeño porcentaje de este producto.
Asimismo se supo que avanza el trabajo conjunto de los abogados de Fiscalía de Estado y de Defensoría, para la presentación de un planteo en el Juzgado Federal local por parte del Estado provincial para constituirse como querellante. Una de las medidas que se reclamarán en este nuevo rol, es que se realicen inspecciones en el embalse de Las Termas y en los ingenios.
En la Corte
La lucha judicial entablada por Santiago del Estero contra las industrias contaminantes llegó a la máxima instancia jurídica del país, la Corte Suprema, en la que se presentó un recurso de amparo y por el cual se espera el pronunciamiento del cuerpo, si entenderá en la causa o no, y qué jurisdicción llevará adelante las causas ambientales: Tucumán o Santiago del Estero.
Días atrás, Abate reclamó que los ingenios tucumanos informen el destino que le darán a la vinaza, residuo que se genera por la producción de alcohol y azúcar, que contamina el agua y provoca mortandad de la flora y la fauna.
Cuando está por comenzar la zafra 2011 en Tucumán, distintos especialistas vaticinaron serios problemas ambientales si no se le da el debido tratamiento a la vinaza, tal como ocurrió el año pasado, cuando miles de toneladas de peces murieron por falta de oxígeno en la cuenca Salí-Dulce.
En ese sentido, el funcionario santiagueño expuso la magnitud del problema al explicar que por cada litro de alcohol que se obtiene en el proceso de producción, “se generan entre once y trece litros de vinaza”.
Ese residuo, sostuvo, tiene un gran contenido de materia orgánica y nutrientes, como fósforo, azufre, potasio y nitrógeno, que en el medio líquido consume el oxígeno y mata a los seres vivos que se encuentran en ella.
Como se recordará, la denuncia penal impulsada por Santiago del Estero en contra de las empresas sospechadas de la contaminación alcanza a una docena de industrias.
Instancias agotadas
Por su parte, el secretario del Agua de Santiago del Estero, Abel Tévez, no ocultó su fastidio ante la presentación de los nuevos informes de los técnicos de su cartera, sobre el monitoreo en los ríos tucumanos.
En ese sentido, el funcionario provincial reveló que “los industriales de Tucumán aprovechan los fines de semana o los días feriados para descargar los reservorios donde tienen acumulada la vinaza; esto lo sabemos porque tenemos gente que nos informa cuando ven algún estado de anomalía en los tributarios”.
En tanto, reiteró que están agotados todos los caminos administrativos, que es la Justicia la que debe actuar con todas estas nuevas pruebas. “Esto está peor de lo que pensamos. Si ahora, que no están en plena producción de alcohol, ya tenemos peces muertos, qué podemos esperar para agosto o septiembre, cuando las industrias tucumanas estén trabajando a pleno. Eso podría ser un verdadero desastre”, dijo Tévez.
“Esto lo vamos a tratar nuevamente en el Comité de Cuenca, pero creo que en estos casos ya tiene que actuar Fiscalía de Estado o la Defensoría del Pueblo de la provincia, para agilizar el tema de las denuncias que están en la Suprema Corte de Justicia, porque ya no se puede seguir en esta situación”, sostuvo.
"Dejen de joder con las críticas a la minería"
"Dejen de joder con las críticas a la minería"
Fecha de Publicación: 31/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja
Luis Beder Herrera, gobernador reelecto, afirma que explotará recursos y promete que La Rioja será la provincia "líder en medio ambiente", en algunos años.
Seguía ahí, sentado en el sillón como durante la entrevista, pero ahora a punto de ser entrevistado en vivo por TV, y entonces, Luis Beder Herrera, sin perder el buen humor de toda la mañana dijo, textual: “Tienen que dejarse de joder con la minería. Es el único recurso que tenemos. Es como si a ustedes (en Córdoba) les quitáramos las vacas, la soja…”.
Fue delante de sus encargados de prensa, de los camarógrafos y de los periodistas de canales de televisión con sede en Buenos Aires. Este cronista acababa de apagar el grabador e inmediatamente tomó nota de la frase que surgió luego de un amable diálogo sobre la política nacional, la aplastante victoria del 67,2 por ciento y algo de minería, ya que cuando era vice de Ángel Maza había parecido abrazar la causa antiminera. A Beder le había quedado algo por decir.
Rebobinemos. Alrededor de las 8.30, el gobernador ingresó a la residencia oficial, sonriente. Se sentó, tomó mate, hojeó impresiones a color de las tapas de los diarios y explicó que, como es hincha de Boca, a sus amigos de River les anda recomendando que vean los videos de Belgrano de Córdoba, eventual rival en la Promoción.
Primero hubo una entrevista para un canal y después otra por teléfono, en las que volvió a tributarle su victoria a la Presidenta y a remarcar también logros propios de su gestión. Y después dialogó con La Voz del Interior .
–¿Por qué cree que Cristina Fernández de Kirchner no se definió públicamente sobre su candidatura?
–Creo que está manejando –para sorpresa de muchos, no para mí– muy bien los tiempos. Ella tiene una variable, ahora, que es el tiempo. ¿Para qué va a decirlo ahora, ya, para que le tiren de todos lados con misiles? En algún momento lo va a decir. Pero, evidentemente, pienso que es nuestra candidata y que va a ganar. Y en primera vuelta.
Después habló de Menem. Con Córdoba, dijo, no tiene ningún proyecto en carpeta. Pero rescató la “relación histórica” entre las provincias, sobre todo por la tradición de los riojanos de estudiar en Córdoba (aunque él se recibió de abogado en Santa Fe). En otro momento, incluso, dijo sobre José Manuel de la Sota: “Yo soy peronista y quisiera que gane él”.
–Con respecto a la ley de glaciares, ¿cómo ve la reglamentación que se hizo (que obliga al Estado a un relevamiento, pero sin fecha)?
–Acá en La Rioja no hay glaciares.
–Pero hay periglaciares (procesos geomórficos por congelamiento de agua en hielo).
–Hay muy poquito. Mire, yo soy un defensor del medio ambiente. Acá tenemos dos lugares en los que hay alta contaminación. El Parque Industrial hace 30 años que está contaminando y recién ahora estamos empezando a largar agua no contaminante. Y en la curtiembre de Nonogasta, donde vamos a inaugurar una planta de efluentes. Dentro de 15 días inicio el primer laboratorio para testear la calidad del medio ambiente en todo el país. Acá se enseña medio ambiente en las escuelas.
–Hubo críticas.
–Le quiero decir que acá a nosotros no nos vengan a decir cómo manejar nuestro medio ambiente. Ni menos desde Buenos Aires, que hacen campañas hablando de lo que no saben y uno no puede meter ni un pie en el río (parece referirse al Riachuelo) porque se le quedan las uñas. Acá, ¿no vamos a explotar nuestros recursos naturales? Acá no tenemos soja. Esto no es Córdoba.
–No…
–El 65 por ciento del territorio es cerro. ¿Qué quiere que haga con el cerro? El mundo necesita alimentos y minerales. Y La Rioja va a ser la provincia líder en medio ambiente, en los próximos años. Líder. Qué país y qué líder del mundo, importante, renegó alguna vez de la minería. Dígame uno.
–...
–Nunca. No hay. En ningún país del mundo. Entonces, no nos compremos el discursito de Pino (Solanas).
–¿Y en Famatina se va a avanzar en el proyecto con Barrick Gold...?
–No, no con Barrick Gold. Tenemos que explorar primero. Falta mucho. Lo que hemos hecho nosotros en La Rioja, que no lo ha hecho nadie, es avanzar sobre la propiedad de las minas. No son de particulares, son propiedad del Estado. Las que tenía antes Barrick Gold las hemos ganado con juicios. Ahora los convenios con los que quieran venir a explotar en La Rioja son (con regalías) del 20 por ciento, del 30... Acá con el 3 por ciento para la provincia, no. Mejor que nos dejen como estamos.
Dijo. Hubo una despedida afectuosa y después, en voz alta, compartió la frase que abre esta nota.
Fecha de Publicación: 31/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja
Luis Beder Herrera, gobernador reelecto, afirma que explotará recursos y promete que La Rioja será la provincia "líder en medio ambiente", en algunos años.
Seguía ahí, sentado en el sillón como durante la entrevista, pero ahora a punto de ser entrevistado en vivo por TV, y entonces, Luis Beder Herrera, sin perder el buen humor de toda la mañana dijo, textual: “Tienen que dejarse de joder con la minería. Es el único recurso que tenemos. Es como si a ustedes (en Córdoba) les quitáramos las vacas, la soja…”.
Fue delante de sus encargados de prensa, de los camarógrafos y de los periodistas de canales de televisión con sede en Buenos Aires. Este cronista acababa de apagar el grabador e inmediatamente tomó nota de la frase que surgió luego de un amable diálogo sobre la política nacional, la aplastante victoria del 67,2 por ciento y algo de minería, ya que cuando era vice de Ángel Maza había parecido abrazar la causa antiminera. A Beder le había quedado algo por decir.
Rebobinemos. Alrededor de las 8.30, el gobernador ingresó a la residencia oficial, sonriente. Se sentó, tomó mate, hojeó impresiones a color de las tapas de los diarios y explicó que, como es hincha de Boca, a sus amigos de River les anda recomendando que vean los videos de Belgrano de Córdoba, eventual rival en la Promoción.
Primero hubo una entrevista para un canal y después otra por teléfono, en las que volvió a tributarle su victoria a la Presidenta y a remarcar también logros propios de su gestión. Y después dialogó con La Voz del Interior .
–¿Por qué cree que Cristina Fernández de Kirchner no se definió públicamente sobre su candidatura?
–Creo que está manejando –para sorpresa de muchos, no para mí– muy bien los tiempos. Ella tiene una variable, ahora, que es el tiempo. ¿Para qué va a decirlo ahora, ya, para que le tiren de todos lados con misiles? En algún momento lo va a decir. Pero, evidentemente, pienso que es nuestra candidata y que va a ganar. Y en primera vuelta.
Después habló de Menem. Con Córdoba, dijo, no tiene ningún proyecto en carpeta. Pero rescató la “relación histórica” entre las provincias, sobre todo por la tradición de los riojanos de estudiar en Córdoba (aunque él se recibió de abogado en Santa Fe). En otro momento, incluso, dijo sobre José Manuel de la Sota: “Yo soy peronista y quisiera que gane él”.
–Con respecto a la ley de glaciares, ¿cómo ve la reglamentación que se hizo (que obliga al Estado a un relevamiento, pero sin fecha)?
–Acá en La Rioja no hay glaciares.
–Pero hay periglaciares (procesos geomórficos por congelamiento de agua en hielo).
–Hay muy poquito. Mire, yo soy un defensor del medio ambiente. Acá tenemos dos lugares en los que hay alta contaminación. El Parque Industrial hace 30 años que está contaminando y recién ahora estamos empezando a largar agua no contaminante. Y en la curtiembre de Nonogasta, donde vamos a inaugurar una planta de efluentes. Dentro de 15 días inicio el primer laboratorio para testear la calidad del medio ambiente en todo el país. Acá se enseña medio ambiente en las escuelas.
–Hubo críticas.
–Le quiero decir que acá a nosotros no nos vengan a decir cómo manejar nuestro medio ambiente. Ni menos desde Buenos Aires, que hacen campañas hablando de lo que no saben y uno no puede meter ni un pie en el río (parece referirse al Riachuelo) porque se le quedan las uñas. Acá, ¿no vamos a explotar nuestros recursos naturales? Acá no tenemos soja. Esto no es Córdoba.
–No…
–El 65 por ciento del territorio es cerro. ¿Qué quiere que haga con el cerro? El mundo necesita alimentos y minerales. Y La Rioja va a ser la provincia líder en medio ambiente, en los próximos años. Líder. Qué país y qué líder del mundo, importante, renegó alguna vez de la minería. Dígame uno.
–...
–Nunca. No hay. En ningún país del mundo. Entonces, no nos compremos el discursito de Pino (Solanas).
–¿Y en Famatina se va a avanzar en el proyecto con Barrick Gold...?
–No, no con Barrick Gold. Tenemos que explorar primero. Falta mucho. Lo que hemos hecho nosotros en La Rioja, que no lo ha hecho nadie, es avanzar sobre la propiedad de las minas. No son de particulares, son propiedad del Estado. Las que tenía antes Barrick Gold las hemos ganado con juicios. Ahora los convenios con los que quieran venir a explotar en La Rioja son (con regalías) del 20 por ciento, del 30... Acá con el 3 por ciento para la provincia, no. Mejor que nos dejen como estamos.
Dijo. Hubo una despedida afectuosa y después, en voz alta, compartió la frase que abre esta nota.
Paisaje fueguino en riesgo
Paisaje fueguino en riesgo
Fecha de Publicación: 30/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La instalación de gigantescas torres en la zona implicará un impacto en el ecosistema y también en el atractivo turístico.
De acuerdo con el llamado Fideicomiso Austral, creado con regalías aportadas al Estado nacional por las empresas petroleras que operan en áreas costas afuera (offshore) con fondos del Tesoro nacional que surjan de partidas o créditos presupuestarios asignados para tal fin, y por regalías de áreas en licitación que la provincia concesionaría dentro de su territorio, se proyecta prolongar el tendido del sistema interconectado eléctrico provincial. Se trataría de un cableado todo aéreo, de 179 kilómetros, que unirá Río Grande con Ushuaia, y que sin duda constituye un proyecto de envergadura beneficioso para la provincia más austral de nuestro país.
La obra, promocionada por autoridades legislativas y provinciales, se ha presentado rodeada de especial hermetismo respecto de sus características y detalles de construcción, lo que ha despertado preocupación en quienes saben con certeza que el atractivo escénico es uno de los recursos más importantes que posee la provincia y que le ha valido un justo reconocimiento nacional e internacional. La instalación de gigantescas torres en el bellísimo paisaje fueguino no sólo implicará un impacto en el ecosistema, sino un impacto al atractivo visual del que se nutre el turismo provincial, por la irreversible contaminación visual desde tierra y desde el mar, donde se hacen frecuentes paseos para apreciar los atractivos naturales del Canal de Beagle.
El paisaje de Tierra del Fuego constituye un patrimonio natural único y, como tal, un atractivo turístico insoslayable que representa un recurso fundamental para el desarrollo local. Si se degrada, su calidad disminuye, y el lugar dejaría de ser atractivo desde el punto de vista turístico, y los visitantes no regresarían. Algo similar ocurre cuando, con el pretexto del progreso, se presentan proyectos de infraestructura que ponen en riesgo el patrimonio de determinados lugares sin considerar las pérdidas, en términos de cultura, naturaleza y de turismo.
Nuestro país cuenta con dos experiencias que podrían asimilarse a este caso y que merecen recordarse: el caso de la reserva provincial Iberá y el de la Quebrada de Humahuaca. En el primero, una línea de alta tensión fue instalada en los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, el segundo humedal en América del Sur designado sitio Rámsar, lo que degradó el valor escénico y el potencial desarrollo ecoturístico del área.
En la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, se presentó a fines de la década del 90 un proyecto para construir una línea de alta tensión que significaba emplazar 125 columnas metálicas de 22 metros de altura a través de toda la quebrada. La intrusión estética de las obras en el paisaje iba a producir un grave impacto sobre una de las áreas más atractivas del país por sus recursos naturales y culturales. La comunidad se opuso al proyecto mediante un proceso de participación pública, y con el apoyo de diversas ONG locales y nacionales se logró paralizar una obra que sin duda hubiera afectado la economía provincial. Años después, la Quebrada de Humahuaca fue declarada Sitio Natural del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, designación que difícilmente habría alcanzado si la instalación se hubiera concretado.
En muchos lugares en donde se reconoce el valor del paisaje se han puesto en marcha obras para soterrar las líneas eléctricas de alta tensión. Instalarlas en un lugar tan frágil de naturaleza virgen como Ushuaia sería ir a contrapelo no sólo de una tendencia mundial, sino del posicionamiento de la provincia de Tierra del Fuego como un sitio de paisajes naturales deslumbrantes. Es obvio que se requiere un debate mucho más profundo y de mayor participación de modo que el atractivo natural de Ushuaia no se vea perjudicado.
Cualquier emprendimiento que degrade el ambiente implicará la pérdida de la calidad turística del lugar y consecuentemente una disminución de las posibilidades de producir ingresos locales genuinos. Si se lo analizara como un recurso cualquiera, se diría que el turismo representa un recurso esencialmente renovable. Sin embargo, al igual que otros cuyo mal manejo transformó en no renovables, los recursos turísticos, si carecen de un manejo adecuado, pueden transformarse en no renovables y agotarse.
Fecha de Publicación: 30/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La instalación de gigantescas torres en la zona implicará un impacto en el ecosistema y también en el atractivo turístico.
De acuerdo con el llamado Fideicomiso Austral, creado con regalías aportadas al Estado nacional por las empresas petroleras que operan en áreas costas afuera (offshore) con fondos del Tesoro nacional que surjan de partidas o créditos presupuestarios asignados para tal fin, y por regalías de áreas en licitación que la provincia concesionaría dentro de su territorio, se proyecta prolongar el tendido del sistema interconectado eléctrico provincial. Se trataría de un cableado todo aéreo, de 179 kilómetros, que unirá Río Grande con Ushuaia, y que sin duda constituye un proyecto de envergadura beneficioso para la provincia más austral de nuestro país.
La obra, promocionada por autoridades legislativas y provinciales, se ha presentado rodeada de especial hermetismo respecto de sus características y detalles de construcción, lo que ha despertado preocupación en quienes saben con certeza que el atractivo escénico es uno de los recursos más importantes que posee la provincia y que le ha valido un justo reconocimiento nacional e internacional. La instalación de gigantescas torres en el bellísimo paisaje fueguino no sólo implicará un impacto en el ecosistema, sino un impacto al atractivo visual del que se nutre el turismo provincial, por la irreversible contaminación visual desde tierra y desde el mar, donde se hacen frecuentes paseos para apreciar los atractivos naturales del Canal de Beagle.
El paisaje de Tierra del Fuego constituye un patrimonio natural único y, como tal, un atractivo turístico insoslayable que representa un recurso fundamental para el desarrollo local. Si se degrada, su calidad disminuye, y el lugar dejaría de ser atractivo desde el punto de vista turístico, y los visitantes no regresarían. Algo similar ocurre cuando, con el pretexto del progreso, se presentan proyectos de infraestructura que ponen en riesgo el patrimonio de determinados lugares sin considerar las pérdidas, en términos de cultura, naturaleza y de turismo.
Nuestro país cuenta con dos experiencias que podrían asimilarse a este caso y que merecen recordarse: el caso de la reserva provincial Iberá y el de la Quebrada de Humahuaca. En el primero, una línea de alta tensión fue instalada en los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, el segundo humedal en América del Sur designado sitio Rámsar, lo que degradó el valor escénico y el potencial desarrollo ecoturístico del área.
En la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, se presentó a fines de la década del 90 un proyecto para construir una línea de alta tensión que significaba emplazar 125 columnas metálicas de 22 metros de altura a través de toda la quebrada. La intrusión estética de las obras en el paisaje iba a producir un grave impacto sobre una de las áreas más atractivas del país por sus recursos naturales y culturales. La comunidad se opuso al proyecto mediante un proceso de participación pública, y con el apoyo de diversas ONG locales y nacionales se logró paralizar una obra que sin duda hubiera afectado la economía provincial. Años después, la Quebrada de Humahuaca fue declarada Sitio Natural del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, designación que difícilmente habría alcanzado si la instalación se hubiera concretado.
En muchos lugares en donde se reconoce el valor del paisaje se han puesto en marcha obras para soterrar las líneas eléctricas de alta tensión. Instalarlas en un lugar tan frágil de naturaleza virgen como Ushuaia sería ir a contrapelo no sólo de una tendencia mundial, sino del posicionamiento de la provincia de Tierra del Fuego como un sitio de paisajes naturales deslumbrantes. Es obvio que se requiere un debate mucho más profundo y de mayor participación de modo que el atractivo natural de Ushuaia no se vea perjudicado.
Cualquier emprendimiento que degrade el ambiente implicará la pérdida de la calidad turística del lugar y consecuentemente una disminución de las posibilidades de producir ingresos locales genuinos. Si se lo analizara como un recurso cualquiera, se diría que el turismo representa un recurso esencialmente renovable. Sin embargo, al igual que otros cuyo mal manejo transformó en no renovables, los recursos turísticos, si carecen de un manejo adecuado, pueden transformarse en no renovables y agotarse.
Diferencias por la Ley de Agoquímicos
La legislación sobre agroquímicos enfrenta a ruralistas y ambientalistas
Fecha de Publicación: 30/05/2011
Fuente: La Verdad On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La actualización de la vieja legislación que regula el uso de agroquímicos en todo el territorio bonaerense puso al gobierno provincial en el medio de una puja entre asociaciones rurales y ambientalistas, quienes se oponen a lo que consideran “una legislación más permisiva que la anterior”.
En mayo del año pasado el ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia conformó una mesa de discusión que trabaja en un anteproyecto de modificación de la Ley 10.699, que regula el uso de agroquímicos y fue aprobada en 1988. La idea oficial es cambiar, vía decreto, la reglamentación de la Ley para adecuar la norma a la aparición de las nuevas tecnologías.
Ayer, el ministro Ariel Franetovich aseguró que “es inminente” la modificación del actual decreto reglamentario, que data del año 1991. Sin embargo, el anuncio se da en medio de una fuerte polémica con sectores ambientalistas, liderados por la ONG Bios y “Paren de Fumigarnos”, quienes sostienen que el resultado del debate fue “un retroceso” respecto de la antigua norma.
En tanto, desde la Federación Agraria consideraron que “es prematuro” hablar de una “inminente” modificación de la reglamentación, ya que “es una conversación muy espinosa, y no todos están de acuerdo”.
José Luis Mamarella, representante de FAA en la mesa de discusión, dijo a DIB que “la cuestión no está tan cerca de resolverse, falta mucho trabajo por hacer”.
“No va a ser tan fácil, hay que debatir mucho”, dijo el ruralista. FAA se despegó de la posición del resto de las entidades rurales: la entidad sostiene que “hace falta regular las prácticas con agroquímicos”, aunque consideran que “no sería necesario una nueva ley si se controlaran como es debido las prácticas de aplicación de los productores”.
“Un paso atrás”
Silvana Buján, representante de Bios Argentina, criticó duramente la iniciativa desarrollada por el gobierno bonaerense, al asegurar que “los cambios que se plantean son peores que la ley vigente, retrocede”.
Buján explicó que los cambios estudiados “permite que herbicidas tipo 3 y 4 (como el glifosato) se apliquen hasta el límite mismo de las escuelas y los barrios”. “Dicen que fue una reunión plural, pero sólo participaron los fumigadores”, ironizó.
Además, la ambientalista manifestó que de la discusión “se nos excluyó a nosotros y a otros ONG’s, mientras que sectores que sí participaron, como la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata “se apartaron ante la inminencia de los resultados”.
Ayer, Franetovich sostuvo que los cambios en la legislación “cumplen con el mandato del gobernador de alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud”.
Para el funcionario, a partir de esta nueva normativa, “se pone fuerte énfasis en el uso racional y responsable de los agroquímicos en el sector agropecuario”.
Acciones
Frente a este panorama, BIOS junto a Renace y la asociación Paren de Fumigarnos iniciaron un plan de acción para evitar que la iniciativa siga avanzando. Las organizaciones enviaron cartas al gobernador y a los legisladores que componen las comisiones de Salud, Ecología y Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, pidiendo detener el proceso, al tiempo que difundieron los teléfonos y los correos oficiales de los funcionarios para que los particulares interesados realicen el reclamo.
En tanto, el próximo 11 de junio convocaron a una asamblea en la localidad bonaerense de Junín “para discutir y diseñar estrategias que nos permitan evitar la sanción de la modificación de la ley de agroquímicos propuesta por el Ministerio de Asuntos Agrarios y sus socios del agronegocio”.
Fecha de Publicación: 30/05/2011
Fuente: La Verdad On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La actualización de la vieja legislación que regula el uso de agroquímicos en todo el territorio bonaerense puso al gobierno provincial en el medio de una puja entre asociaciones rurales y ambientalistas, quienes se oponen a lo que consideran “una legislación más permisiva que la anterior”.
En mayo del año pasado el ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia conformó una mesa de discusión que trabaja en un anteproyecto de modificación de la Ley 10.699, que regula el uso de agroquímicos y fue aprobada en 1988. La idea oficial es cambiar, vía decreto, la reglamentación de la Ley para adecuar la norma a la aparición de las nuevas tecnologías.
Ayer, el ministro Ariel Franetovich aseguró que “es inminente” la modificación del actual decreto reglamentario, que data del año 1991. Sin embargo, el anuncio se da en medio de una fuerte polémica con sectores ambientalistas, liderados por la ONG Bios y “Paren de Fumigarnos”, quienes sostienen que el resultado del debate fue “un retroceso” respecto de la antigua norma.
En tanto, desde la Federación Agraria consideraron que “es prematuro” hablar de una “inminente” modificación de la reglamentación, ya que “es una conversación muy espinosa, y no todos están de acuerdo”.
José Luis Mamarella, representante de FAA en la mesa de discusión, dijo a DIB que “la cuestión no está tan cerca de resolverse, falta mucho trabajo por hacer”.
“No va a ser tan fácil, hay que debatir mucho”, dijo el ruralista. FAA se despegó de la posición del resto de las entidades rurales: la entidad sostiene que “hace falta regular las prácticas con agroquímicos”, aunque consideran que “no sería necesario una nueva ley si se controlaran como es debido las prácticas de aplicación de los productores”.
“Un paso atrás”
Silvana Buján, representante de Bios Argentina, criticó duramente la iniciativa desarrollada por el gobierno bonaerense, al asegurar que “los cambios que se plantean son peores que la ley vigente, retrocede”.
Buján explicó que los cambios estudiados “permite que herbicidas tipo 3 y 4 (como el glifosato) se apliquen hasta el límite mismo de las escuelas y los barrios”. “Dicen que fue una reunión plural, pero sólo participaron los fumigadores”, ironizó.
Además, la ambientalista manifestó que de la discusión “se nos excluyó a nosotros y a otros ONG’s, mientras que sectores que sí participaron, como la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata “se apartaron ante la inminencia de los resultados”.
Ayer, Franetovich sostuvo que los cambios en la legislación “cumplen con el mandato del gobernador de alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud”.
Para el funcionario, a partir de esta nueva normativa, “se pone fuerte énfasis en el uso racional y responsable de los agroquímicos en el sector agropecuario”.
Acciones
Frente a este panorama, BIOS junto a Renace y la asociación Paren de Fumigarnos iniciaron un plan de acción para evitar que la iniciativa siga avanzando. Las organizaciones enviaron cartas al gobernador y a los legisladores que componen las comisiones de Salud, Ecología y Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, pidiendo detener el proceso, al tiempo que difundieron los teléfonos y los correos oficiales de los funcionarios para que los particulares interesados realicen el reclamo.
En tanto, el próximo 11 de junio convocaron a una asamblea en la localidad bonaerense de Junín “para discutir y diseñar estrategias que nos permitan evitar la sanción de la modificación de la ley de agroquímicos propuesta por el Ministerio de Asuntos Agrarios y sus socios del agronegocio”.
Riachuelo: audiencia por la calidad del agua
Riachuelo: se realizó audiencia por la calidad del agua de la cuenca
Fecha de Publicación: 29/05/2011
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Buenos Aires - capital
Fue ante el Juzgado Federal de Quilmes. Concurrieron representantes de ACUMAR, Defensoría del Pueblo de la Nación, ABSA y AySA. Se busca cuantificar los vuelcos industriales y cloacales en el curso del agua y conocer los avances en las obras proyectadas
Ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, se realizó este jueves una audiencia a efectos de “analizar y clarificar los avances logrados” en los objetivos fijados con relación a la expansión de la red de agua potable y cloacas, en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó poner en marcha un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza Riachuelo.
En concreto, se busca “poder determinar la situación ambiental actual de la Cuenca Hídrica, la mensura de las sustancias o carga másica que se vierten -con datos de volumen y concentración-, la progresividad de la disminución de dicho vertido y seguimiento con tendencia a la mejora”.
Concurrieron representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) y de Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA). En el encuentro, los asistentes intercambiaron opiniones sobre los temas en cuestión.
En particular, desde el juzgado se planteó la necesidad de seguir trabajando en pos del conocimiento de la capacidad de carga del curso principal. Al respecto, el juez “manifestó la necesidad de mensurar en forma anual y estimativamente cuál es el impacto real de los vuelcos industriales y cloacales en el curso de agua del Riachuelo”.
En tanto, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación señalaron la necesidad de contar con la presencia de la Dirección Nacional de Control Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, atento su función de órgano de control.
Se resolvió convocar a una nueva audiencia, cuya fecha de realización será oportunamente comunicada.
Fecha de Publicación: 29/05/2011
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Buenos Aires - capital
Fue ante el Juzgado Federal de Quilmes. Concurrieron representantes de ACUMAR, Defensoría del Pueblo de la Nación, ABSA y AySA. Se busca cuantificar los vuelcos industriales y cloacales en el curso del agua y conocer los avances en las obras proyectadas
Ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, se realizó este jueves una audiencia a efectos de “analizar y clarificar los avances logrados” en los objetivos fijados con relación a la expansión de la red de agua potable y cloacas, en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó poner en marcha un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza Riachuelo.
En concreto, se busca “poder determinar la situación ambiental actual de la Cuenca Hídrica, la mensura de las sustancias o carga másica que se vierten -con datos de volumen y concentración-, la progresividad de la disminución de dicho vertido y seguimiento con tendencia a la mejora”.
Concurrieron representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) y de Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA). En el encuentro, los asistentes intercambiaron opiniones sobre los temas en cuestión.
En particular, desde el juzgado se planteó la necesidad de seguir trabajando en pos del conocimiento de la capacidad de carga del curso principal. Al respecto, el juez “manifestó la necesidad de mensurar en forma anual y estimativamente cuál es el impacto real de los vuelcos industriales y cloacales en el curso de agua del Riachuelo”.
En tanto, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación señalaron la necesidad de contar con la presencia de la Dirección Nacional de Control Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, atento su función de órgano de control.
Se resolvió convocar a una nueva audiencia, cuya fecha de realización será oportunamente comunicada.
Chaco: la ley de biocidas despiertan rechazo
Proyectos para modificar la ley de biocidas despiertan rechazo
Fecha de Publicación: 28/05/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La comisión de Agricultura de la Legislatura chaqueña inició el debate de una nueva ley de biocidas a partir de tres propuestas parlamentarias, una de ellas impulsada por la Alianza en 2007 y dos del año pasado presentadas por el Frente Grandes y el PJ, sobre las cuales se aconsejaría la normativa vigente y se redacte una nueva, donde algunos ya reclaman la posibilidad de hacer escuchar sus planteos.
En este contexto, el Centro de Estudios Nelson Mandela, a través de un documento, expuso sus objeciones al proyecto y al mismo tiempo al manejo de la Cámara de Diputados. Señala que iniciaron el debate “sin orientación ni dirección que no sean los intereses del mercado”. El centro de estudios que coordina Rolando Núñez da cuenta de que “la trascendencia de este instrumento legal pareciera que no ha sido suficientemente entendida por nuestros legisladores, sobre todo si consideramos las extraordinarias expansiones de las fronteras agropecuaria y ganadera, que es lo mismo que hablar del notable incremento del uso de agroquímicos”. En este sentido, asegura que “la legislación vigente no es muy buena. No obstante esto, es mejor que las iniciativas que se están manejando y el proyecto cuyos perfiles más importantes comienzan a tomar forma. La ley vigente contempla, en mejor medida aunque insuficientemente, la vigencia de los principios de prevención y de precaución; mientras que la que se pretende sancionar adolece de omisiones y fallas que afectan ambos postulados, que son los que debieran alimentar la discusión parlamentaria y la redacción de la futura norma”. En el documento expresan que América Latina —y por lo tanto Argentina y el Chaco— “carece de una legislación progresista que, ante el crecimiento acelerado de las fronteras productivas primarias, protejan los valores sociales, sanitarios, ambientales y de biodiversidad, a lo largo de casi todo su amplio territorio. En casi todas las latitudes se priorizan las actividades productivas, la generación de riqueza, el aumento del producto bruto interno de cada país y los resultados positivos de las balanzas internacionales, en un mercado mundial en expansión producto del aumento del consumo”. Advierten que “el Chaco se destaca por su permisividad porque se aplican agroquímicos sin ningún tipo de control dado que la Dirección de Sanidad Vegetal, dependiente del Ministerio de la Producción del Chaco, que es el organismo encargado de aplicar la ley de biocidas, es un espacio absolutamente burocrático, totalmente ineficiente y funcional a la mecánica agrícola, con eje en el uso de un complejo paquete de agrotóxicos, que inevitablemente produjo un formidable impacto negativo en lo social, sanitario y ambiental, con resultados impredecibles, que no han sido diagnosticados desde el punto de vista científico, porque los gobiernos omitieron realizar los estudios epidemiológicos que habrían puesto al descubierto los daños ya provocados”. Intereses sectoriales Reflejan que “la nueva legislación que se pretende sancionar no es plural; por lo tanto, tutelará intereses sectoriales, netamente económicos. Es evidente que no fueron recibidas las diferentes corrientes de pensamientos científicos y no científicos desarrollados sobre este tema. Está ausente la plena participación institucional de los distintos sectores e instituciones y, fundamentalmente, de los habitantes de los distintos territorios que conforman el Chaco. Y esto es vital puesto que cada poblador de cada una de las zonas agropecuarias son y serán aún más damnificados por el uso de los agrotóxicos que se aplican en las chacras”. Asimismo sostienen que “tampoco han participado orgánicamente los representantes e integrantes de los ministerios a cargo de los servicios primarios de salud, educación y seguridad social, especialmente de hospitales, puestos sanitarios, escuelas y los restantes establecimientos que funcionan a lo largo de la geografía provincial. En definitiva, no se alentó ni se produjo una participación institucional activa y constructiva, que debió implementarse de manera descentralizada, en los puntos estratégicos, a través de encuentros, mesas de trabajos y talleres locales, en donde se expresaran todas las voces”. Contra los bloques políticos Por último manifiestan que “parece que peronistas, radicales y algunos socios menores nuevamente se pondrán de acuerdo para profundizar el nefasto modelo de agricultura transgénica que comenzó a implementarse en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem, que apoyaron y apoyan los conservadores, neoliberales, progresistas y falsos progresistas, hasta los que con cinismo indisimulado utilizan la palabra revolución, cambios, transformaciones y bienestar general”.
Fecha de Publicación: 28/05/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La comisión de Agricultura de la Legislatura chaqueña inició el debate de una nueva ley de biocidas a partir de tres propuestas parlamentarias, una de ellas impulsada por la Alianza en 2007 y dos del año pasado presentadas por el Frente Grandes y el PJ, sobre las cuales se aconsejaría la normativa vigente y se redacte una nueva, donde algunos ya reclaman la posibilidad de hacer escuchar sus planteos.
En este contexto, el Centro de Estudios Nelson Mandela, a través de un documento, expuso sus objeciones al proyecto y al mismo tiempo al manejo de la Cámara de Diputados. Señala que iniciaron el debate “sin orientación ni dirección que no sean los intereses del mercado”. El centro de estudios que coordina Rolando Núñez da cuenta de que “la trascendencia de este instrumento legal pareciera que no ha sido suficientemente entendida por nuestros legisladores, sobre todo si consideramos las extraordinarias expansiones de las fronteras agropecuaria y ganadera, que es lo mismo que hablar del notable incremento del uso de agroquímicos”. En este sentido, asegura que “la legislación vigente no es muy buena. No obstante esto, es mejor que las iniciativas que se están manejando y el proyecto cuyos perfiles más importantes comienzan a tomar forma. La ley vigente contempla, en mejor medida aunque insuficientemente, la vigencia de los principios de prevención y de precaución; mientras que la que se pretende sancionar adolece de omisiones y fallas que afectan ambos postulados, que son los que debieran alimentar la discusión parlamentaria y la redacción de la futura norma”. En el documento expresan que América Latina —y por lo tanto Argentina y el Chaco— “carece de una legislación progresista que, ante el crecimiento acelerado de las fronteras productivas primarias, protejan los valores sociales, sanitarios, ambientales y de biodiversidad, a lo largo de casi todo su amplio territorio. En casi todas las latitudes se priorizan las actividades productivas, la generación de riqueza, el aumento del producto bruto interno de cada país y los resultados positivos de las balanzas internacionales, en un mercado mundial en expansión producto del aumento del consumo”. Advierten que “el Chaco se destaca por su permisividad porque se aplican agroquímicos sin ningún tipo de control dado que la Dirección de Sanidad Vegetal, dependiente del Ministerio de la Producción del Chaco, que es el organismo encargado de aplicar la ley de biocidas, es un espacio absolutamente burocrático, totalmente ineficiente y funcional a la mecánica agrícola, con eje en el uso de un complejo paquete de agrotóxicos, que inevitablemente produjo un formidable impacto negativo en lo social, sanitario y ambiental, con resultados impredecibles, que no han sido diagnosticados desde el punto de vista científico, porque los gobiernos omitieron realizar los estudios epidemiológicos que habrían puesto al descubierto los daños ya provocados”. Intereses sectoriales Reflejan que “la nueva legislación que se pretende sancionar no es plural; por lo tanto, tutelará intereses sectoriales, netamente económicos. Es evidente que no fueron recibidas las diferentes corrientes de pensamientos científicos y no científicos desarrollados sobre este tema. Está ausente la plena participación institucional de los distintos sectores e instituciones y, fundamentalmente, de los habitantes de los distintos territorios que conforman el Chaco. Y esto es vital puesto que cada poblador de cada una de las zonas agropecuarias son y serán aún más damnificados por el uso de los agrotóxicos que se aplican en las chacras”. Asimismo sostienen que “tampoco han participado orgánicamente los representantes e integrantes de los ministerios a cargo de los servicios primarios de salud, educación y seguridad social, especialmente de hospitales, puestos sanitarios, escuelas y los restantes establecimientos que funcionan a lo largo de la geografía provincial. En definitiva, no se alentó ni se produjo una participación institucional activa y constructiva, que debió implementarse de manera descentralizada, en los puntos estratégicos, a través de encuentros, mesas de trabajos y talleres locales, en donde se expresaran todas las voces”. Contra los bloques políticos Por último manifiestan que “parece que peronistas, radicales y algunos socios menores nuevamente se pondrán de acuerdo para profundizar el nefasto modelo de agricultura transgénica que comenzó a implementarse en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem, que apoyaron y apoyan los conservadores, neoliberales, progresistas y falsos progresistas, hasta los que con cinismo indisimulado utilizan la palabra revolución, cambios, transformaciones y bienestar general”.
Quieren prohibir las carreras en áreas protegidas
Quieren prohibir las carreras en áreas naturales protegidas
Fecha de Publicación: 27/05/2011
Fuente: País 24
Provincia/Región: Río Negro
Los legisladores María Inés Maza y Facundo López, consideraron necesario adaptar normas de protección y conservación de dichas zonas a los impactos producidos por vehículos motorizados.
Los legisladores María Inés Maza y Facundo López, del bloque Encuentro-Frente Grande, propusieron que una ley prohíba desarrollar cualquier tipo de competiciones con vehículos motorizados en todas las áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro.
Maza y López consideraron necesario adaptar normas de protección y conservación de las áreas naturales protegidas a los impactos producidos por vehículos motorizados que “más allá de los caminos y senderos habilitados para ello, recorren los paisajes en forma aleatoria e indiscriminada con vehículos especiales, perjudicando el ambiente”.
Explicaron que este tipo de normas específicas que rigen para áreas naturales protegidas dependientes de la administración nacional y de otras provincias y municipios, aún en varios países, donde más allá de las reglamentaciones específicas para los lugares existen prohibiciones para transitar fuera de cualquier sendero o ruta que no esté expresamente habilitada para vehículos motorizados.
Ambos legisladores indicaron que el Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), dictó la resolución Nº 519/20, que prohíbe en forma expresa las competiciones y regula las travesías con vehículos automotores en todas las áreas naturales protegidas, basándose en normas provinciales y nacionales.
Finalmente, estimaron “correcto y necesario elevar esta normativa administrativa a la categoría de ley provincial a efectos de un mayor y mejor control por parte del Estado provincial ante las posible infracciones en desmedro de nuestras áreas naturales protegidas”.
Uno de los artículos del proyecto de ley busca prohibir en todas las áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro el desarrollo de cualquier tipo de travesía, recorrido o tránsito con vehículos motorizados fuera de los caminos o senderos específicos y demarcados para itinerarios preestablecidos por la autoridad de aplicación, que elaborará un protocolo marco de estricto cumplimiento para travesías en que se especificará por vía reglamentaria y, en casos excepcionales, la habilitará para extender autorizaciones.
Fecha de Publicación: 27/05/2011
Fuente: País 24
Provincia/Región: Río Negro
Los legisladores María Inés Maza y Facundo López, consideraron necesario adaptar normas de protección y conservación de dichas zonas a los impactos producidos por vehículos motorizados.
Los legisladores María Inés Maza y Facundo López, del bloque Encuentro-Frente Grande, propusieron que una ley prohíba desarrollar cualquier tipo de competiciones con vehículos motorizados en todas las áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro.
Maza y López consideraron necesario adaptar normas de protección y conservación de las áreas naturales protegidas a los impactos producidos por vehículos motorizados que “más allá de los caminos y senderos habilitados para ello, recorren los paisajes en forma aleatoria e indiscriminada con vehículos especiales, perjudicando el ambiente”.
Explicaron que este tipo de normas específicas que rigen para áreas naturales protegidas dependientes de la administración nacional y de otras provincias y municipios, aún en varios países, donde más allá de las reglamentaciones específicas para los lugares existen prohibiciones para transitar fuera de cualquier sendero o ruta que no esté expresamente habilitada para vehículos motorizados.
Ambos legisladores indicaron que el Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), dictó la resolución Nº 519/20, que prohíbe en forma expresa las competiciones y regula las travesías con vehículos automotores en todas las áreas naturales protegidas, basándose en normas provinciales y nacionales.
Finalmente, estimaron “correcto y necesario elevar esta normativa administrativa a la categoría de ley provincial a efectos de un mayor y mejor control por parte del Estado provincial ante las posible infracciones en desmedro de nuestras áreas naturales protegidas”.
Uno de los artículos del proyecto de ley busca prohibir en todas las áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro el desarrollo de cualquier tipo de travesía, recorrido o tránsito con vehículos motorizados fuera de los caminos o senderos específicos y demarcados para itinerarios preestablecidos por la autoridad de aplicación, que elaborará un protocolo marco de estricto cumplimiento para travesías en que se especificará por vía reglamentaria y, en casos excepcionales, la habilitará para extender autorizaciones.
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