Embestida contra el ambiente
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Embestida contra el ambiente
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Clarín - Por Mariano Aguilar - Abogados Ambientalistas
Provincia/Región: Nacional
El artículo 41 de la Constitución Nacional reza "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" ( ...) "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho". Advertimos hoy una nueva embestida contra los derechos ambientales, garantizados por la Constitución Nacional, que trae como corolario el retiro de fondos de más de 144,2 millones de pesos, que debían girarse de acuerdo al Presupuesto a las provincias, con destino al cuidado del medio ambiente, y que fueron extraídos para sostener el fútbol "para todos".
Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que de esta manera el Gobierno ha violentado el derecho ambiental constitucional de todos los argentinos, y en particular el derecho de las provincias a percibir fondos para su cuidado.
Existen muchas conductas criticables llevadas adelante por las autoridades nacionales con referencia al ambiente, como el veto de la Presidenta a la Ley de presupuestos mínimos de los Glaciares (ley conquistada en forma unánime por ambas Cámaras). Y se verifica también desinterés general ante los innumerables problemas ambientales existentes en todo el país, tanto en las desmesuradas explotaciones mineras cuyos efectos son tremendamente contaminantes, como en la indiferencia general en la aplicación de los agrotóxicos, la pasividad ante la contaminación de las Cuencas Matanza-Riachuelo, Luján-Reconquista y Salí-Dulce entre otras, y la ignorancia en la promoción y creación de energías limpias como la eólica.
Todos estos hechos demuestran desapego al cuidado del ambiente y de los recursos naturales. O sea, finalmente, del hombre. De allí que observar hoy el retiro de fondos destinados al cuidado del ambiente para proveer "mejor fútbol para todos" es realmente tener una prueba más de la despreocupación absoluta por el ambiente, la inexistencia de política alguna en materia ambiental y el desinterés por las provincias y su entorno. De todo ello nos agraviamos tanto nosotros como en la representación que ejercemos de las generaciones futuras.
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Clarín - Por Mariano Aguilar - Abogados Ambientalistas
Provincia/Región: Nacional
El artículo 41 de la Constitución Nacional reza "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" ( ...) "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho". Advertimos hoy una nueva embestida contra los derechos ambientales, garantizados por la Constitución Nacional, que trae como corolario el retiro de fondos de más de 144,2 millones de pesos, que debían girarse de acuerdo al Presupuesto a las provincias, con destino al cuidado del medio ambiente, y que fueron extraídos para sostener el fútbol "para todos".
Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que de esta manera el Gobierno ha violentado el derecho ambiental constitucional de todos los argentinos, y en particular el derecho de las provincias a percibir fondos para su cuidado.
Existen muchas conductas criticables llevadas adelante por las autoridades nacionales con referencia al ambiente, como el veto de la Presidenta a la Ley de presupuestos mínimos de los Glaciares (ley conquistada en forma unánime por ambas Cámaras). Y se verifica también desinterés general ante los innumerables problemas ambientales existentes en todo el país, tanto en las desmesuradas explotaciones mineras cuyos efectos son tremendamente contaminantes, como en la indiferencia general en la aplicación de los agrotóxicos, la pasividad ante la contaminación de las Cuencas Matanza-Riachuelo, Luján-Reconquista y Salí-Dulce entre otras, y la ignorancia en la promoción y creación de energías limpias como la eólica.
Todos estos hechos demuestran desapego al cuidado del ambiente y de los recursos naturales. O sea, finalmente, del hombre. De allí que observar hoy el retiro de fondos destinados al cuidado del ambiente para proveer "mejor fútbol para todos" es realmente tener una prueba más de la despreocupación absoluta por el ambiente, la inexistencia de política alguna en materia ambiental y el desinterés por las provincias y su entorno. De todo ello nos agraviamos tanto nosotros como en la representación que ejercemos de las generaciones futuras.
Soja: siembra récord y contaminación también...
Soja: siembra récord y producción de 52,5 M de toneladas en el país
Fecha de Publicación: 24/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Se implantaron 18,7 millones de hectáreas en el país, 11% más que la campaña anterior. Se estiman 52,5 millones de toneladas. Córdoba, líder en el cultivo.
La campaña de soja 2009/2010 será récord tanto en siembra como en producción. La superficie dedicada al cultivo asciende a 18,7 millones de hectáreas, lo que representa un récord histórico, y un incremento del 11 por ciento respecto del 2008/09, según el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).
En cuanto al rendimiento, se estima que la soja de primera en el área núcleo llegará a 28,5 quintales por hectárea el rinde medio nacional, un quintal por encima de la proyección de unas semanas anteriores.
“Con las estimaciones de superficie sembrada área perdida, que se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico, y rendimiento, se sostiene una cifra de producción nacional de soja de 52,5 millones de toneladas para este ciclo 2009/10”, aseguraron desde la entidad. Cabe recordar que la cifra también había sido calculada por el Usda (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), el cual pasó de 51 millones a 52,5 millones.
Febrero es un mes clave para la definición de rindes y, por lo tanto, las variables climáticas que jugaron durante su desarrollo son fundamentales. Muchas regiones han definido los rindes de soja de primera y el desarrollo y el estado de humedad de las reservas de suelo en las sojas tardías y de segunda ocupación, permiten estimar que de las 18,7 millones de hectáreas se obtendrán 52,5 millones de toneladas.
Córdoba encabeza la lista tanto en cantidad de hectáreas destinadas como en producción, aunque el rinde es inferior al proyectado para Buenos Aires y Santa Fe (ver cuadro). Los datos de la Bolsa son levemente superiores a los del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, que informó 5.140.000 de hectáreas frente a las 4.951.900 de la campaña 2008/2009. Las últimas lluvias posibilitaron que se recupere a tiempo la oleaginosa en el norte de la provincia.
Preocupan enfermedades
Pese a las buenas proyecciones, los técnicos advierten sobre las enfermedades de fin de ciclo, en especial la llamada “Mancha de ojo de rana”. En este ciclo se está manifestando con gran fuerza y se extendió a varias zonas, abarcando Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires en forma generalizada, aunque con distinta densidad.
Esa enfermedad requiere mayor temperatura y humedad, condiciones que se dieron en las últimas tres semanas, con temperaturas nocturnas superiores a 20°C, lluvias abundantes y formación de rocío. Esto explica en la actual campaña su gran difusión, y las repetidas infecciones que han sobrepasado repetidos controles con fungicidas. “Las reinfecciones en algunas regiones -como en los departamentos Marcos Juárez y Unión- han sido muy severas y puede afectar los rendimientos, según cómo se termine de manifestar. Las pérdidas que produce varían dependiendo del cultivar y del momento de infección. Para la región núcleo, en variedades susceptibles y sin tratamientos con fungicidas, se estima que pueden llegar a ser mayores al 40 por ciento debido a la reducción de la capacidad fotosintética que afecta a la planta y a la defoliación prematura. Si bien se ha hecho un cuidadoso monitoreo y control, aún es prematuro cuantificar la incidencia que tendrá finalmente en la producción unitaria del área afectada”, aseguraron los técnicos de la BCR.
Fecha de Publicación: 24/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Se implantaron 18,7 millones de hectáreas en el país, 11% más que la campaña anterior. Se estiman 52,5 millones de toneladas. Córdoba, líder en el cultivo.
La campaña de soja 2009/2010 será récord tanto en siembra como en producción. La superficie dedicada al cultivo asciende a 18,7 millones de hectáreas, lo que representa un récord histórico, y un incremento del 11 por ciento respecto del 2008/09, según el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).
En cuanto al rendimiento, se estima que la soja de primera en el área núcleo llegará a 28,5 quintales por hectárea el rinde medio nacional, un quintal por encima de la proyección de unas semanas anteriores.
“Con las estimaciones de superficie sembrada área perdida, que se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico, y rendimiento, se sostiene una cifra de producción nacional de soja de 52,5 millones de toneladas para este ciclo 2009/10”, aseguraron desde la entidad. Cabe recordar que la cifra también había sido calculada por el Usda (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), el cual pasó de 51 millones a 52,5 millones.
Febrero es un mes clave para la definición de rindes y, por lo tanto, las variables climáticas que jugaron durante su desarrollo son fundamentales. Muchas regiones han definido los rindes de soja de primera y el desarrollo y el estado de humedad de las reservas de suelo en las sojas tardías y de segunda ocupación, permiten estimar que de las 18,7 millones de hectáreas se obtendrán 52,5 millones de toneladas.
Córdoba encabeza la lista tanto en cantidad de hectáreas destinadas como en producción, aunque el rinde es inferior al proyectado para Buenos Aires y Santa Fe (ver cuadro). Los datos de la Bolsa son levemente superiores a los del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, que informó 5.140.000 de hectáreas frente a las 4.951.900 de la campaña 2008/2009. Las últimas lluvias posibilitaron que se recupere a tiempo la oleaginosa en el norte de la provincia.
Preocupan enfermedades
Pese a las buenas proyecciones, los técnicos advierten sobre las enfermedades de fin de ciclo, en especial la llamada “Mancha de ojo de rana”. En este ciclo se está manifestando con gran fuerza y se extendió a varias zonas, abarcando Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires en forma generalizada, aunque con distinta densidad.
Esa enfermedad requiere mayor temperatura y humedad, condiciones que se dieron en las últimas tres semanas, con temperaturas nocturnas superiores a 20°C, lluvias abundantes y formación de rocío. Esto explica en la actual campaña su gran difusión, y las repetidas infecciones que han sobrepasado repetidos controles con fungicidas. “Las reinfecciones en algunas regiones -como en los departamentos Marcos Juárez y Unión- han sido muy severas y puede afectar los rendimientos, según cómo se termine de manifestar. Las pérdidas que produce varían dependiendo del cultivar y del momento de infección. Para la región núcleo, en variedades susceptibles y sin tratamientos con fungicidas, se estima que pueden llegar a ser mayores al 40 por ciento debido a la reducción de la capacidad fotosintética que afecta a la planta y a la defoliación prematura. Si bien se ha hecho un cuidadoso monitoreo y control, aún es prematuro cuantificar la incidencia que tendrá finalmente en la producción unitaria del área afectada”, aseguraron los técnicos de la BCR.
Terceros en el ranking de consumo eléctrico
Argentinos, terceros en el ranking de consumo eléctrico
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Los argentinos, con 2,979 Kwh/habitante, son terceros en el ranking de consumo per cápita de energía eléctrica en Latinoamérica. Los venezolanos están primeros con 4.126 Kwh/habitante y segundo, a cierta distancia, Chile con 3.505. Después de Argentina, Uruguay 2.585, Brasil 2.447, Ecuador 1.222 y Colombia con 1207.
En general, en todos los países de la región –en mayor o menor grado- los gobiernos están impulsando programas de consumo responsable o, directamente, de racionamiento para los servicios. En Venezuela es el propio presidente Hugo Chávez quien en varias oportunidades planteó la necesidad de reducir el uso de energía y de agua, con su ya famoso ejemplo de la ducha en segundos. El presidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, insiste en la urgencia de achicar los consumos ante la sequía que genera el fenómeno de El Niño y que ha generado el descenso del embalse de Guri, proveedor de casi 70% de la electricidad que consumen.
En Paraguay, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Germán Fatecha, anunció un plan de incentivos para el racionamiento de electricidad debido a la crítica situación del sistema energético, al borde del colapso tras el aumento del consumo en las últimas semanas. Aunque todavía no hay detalles, serán favorecidos los usuarios “por el esfuerzo y la colaboración” y se tomará en cuenta el promedio de consumo de 2009 para una rebaja de hasta el 50%. La energía “va a ser más barata para algunas tarifas, pero también va haber castigo para el que se excede, abuse, para el que derrocha”, explicó.
El esquema será similar al que instrumentó Argentina, el Pure, en 2006. Ese fue el peor momento de la crisis energética, alentada por un invierno de bajas temperaturas que obligó al corte de la provisión de gas a empresas. Entre 2005 y comienzos de 2009 –de cuando datan las cifras del ranking- el consumo eléctrico por habitante en el país se disparó el 30%. La explicación, en buena medida, es la mejora de la actividad económica.
Esa tendencia se modifica en 2009 cuando la demanda eléctrica cayó 1,3% en lo que fue su primer descenso anual desde la crisis de 2002. Los datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico indican que, con el retroceso registrado en diciembre, el consumo eléctrico descendió durante ocho de los últimos 10 meses. Sin embargo en enero, por las altas temperaturas, la demanda eléctrica del MEM registró una suba interanual del 7,2% marcando récord de consumo.
Con las tarifas en mano el consumo argentino está por debajo del de Chile aunque las tarifas son seis veces más altas en la capital del país vecino. Por caso, un usuario que consumo 150 MW paga 130 pesos en Chile, mientras que quienes viven en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata gastan 23,95 pesos.
Ayuda a Venezuela
Aunque Argentina está lejos de resolver sus problemas energéticos, el ministro Julio De Vido ofreció colaboración a los venezolanos para superar sus problemas: “Venimos a ponernos a disposición y a decir qué necesita Venezuela, qué trayecto y pedazo de la experiencia que desarrolló Argentina en la superación de esta crisis potencial de 2004 puede servir a los venezolanos para poder evolucionar en esta crisis”, dijo y planteó que la administración chavista invirtió más de 10 veces “de lo que se había invertido en gobiernos anteriores, según lo que hemos leído en las estadísticas en materia de generación térmica”.
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Los argentinos, con 2,979 Kwh/habitante, son terceros en el ranking de consumo per cápita de energía eléctrica en Latinoamérica. Los venezolanos están primeros con 4.126 Kwh/habitante y segundo, a cierta distancia, Chile con 3.505. Después de Argentina, Uruguay 2.585, Brasil 2.447, Ecuador 1.222 y Colombia con 1207.
En general, en todos los países de la región –en mayor o menor grado- los gobiernos están impulsando programas de consumo responsable o, directamente, de racionamiento para los servicios. En Venezuela es el propio presidente Hugo Chávez quien en varias oportunidades planteó la necesidad de reducir el uso de energía y de agua, con su ya famoso ejemplo de la ducha en segundos. El presidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, insiste en la urgencia de achicar los consumos ante la sequía que genera el fenómeno de El Niño y que ha generado el descenso del embalse de Guri, proveedor de casi 70% de la electricidad que consumen.
En Paraguay, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Germán Fatecha, anunció un plan de incentivos para el racionamiento de electricidad debido a la crítica situación del sistema energético, al borde del colapso tras el aumento del consumo en las últimas semanas. Aunque todavía no hay detalles, serán favorecidos los usuarios “por el esfuerzo y la colaboración” y se tomará en cuenta el promedio de consumo de 2009 para una rebaja de hasta el 50%. La energía “va a ser más barata para algunas tarifas, pero también va haber castigo para el que se excede, abuse, para el que derrocha”, explicó.
El esquema será similar al que instrumentó Argentina, el Pure, en 2006. Ese fue el peor momento de la crisis energética, alentada por un invierno de bajas temperaturas que obligó al corte de la provisión de gas a empresas. Entre 2005 y comienzos de 2009 –de cuando datan las cifras del ranking- el consumo eléctrico por habitante en el país se disparó el 30%. La explicación, en buena medida, es la mejora de la actividad económica.
Esa tendencia se modifica en 2009 cuando la demanda eléctrica cayó 1,3% en lo que fue su primer descenso anual desde la crisis de 2002. Los datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico indican que, con el retroceso registrado en diciembre, el consumo eléctrico descendió durante ocho de los últimos 10 meses. Sin embargo en enero, por las altas temperaturas, la demanda eléctrica del MEM registró una suba interanual del 7,2% marcando récord de consumo.
Con las tarifas en mano el consumo argentino está por debajo del de Chile aunque las tarifas son seis veces más altas en la capital del país vecino. Por caso, un usuario que consumo 150 MW paga 130 pesos en Chile, mientras que quienes viven en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata gastan 23,95 pesos.
Ayuda a Venezuela
Aunque Argentina está lejos de resolver sus problemas energéticos, el ministro Julio De Vido ofreció colaboración a los venezolanos para superar sus problemas: “Venimos a ponernos a disposición y a decir qué necesita Venezuela, qué trayecto y pedazo de la experiencia que desarrolló Argentina en la superación de esta crisis potencial de 2004 puede servir a los venezolanos para poder evolucionar en esta crisis”, dijo y planteó que la administración chavista invirtió más de 10 veces “de lo que se había invertido en gobiernos anteriores, según lo que hemos leído en las estadísticas en materia de generación térmica”.
Biocombustibles de algas
Inauguran laboratorio para extraer biocombustibles de algas
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: Mendoza
Se habilitará el miércoles 24 a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología. Es un proyecto que implica una inversión de 100 mil dólares para fabricar biodiesel a partir de algas unicelulares. El desarrollo está a cargo de un equipo de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Se trata de uno de los ejemplos claros de cómo la universidad pública contribuye a mejorar la calidad de vida a través de la producción de conocimiento científico. El equipo conducido por el doctor Jorge Barón llevará adelante este proyecto de investigación aplicada con financiamiento externo.
El proyecto a-oil estrenará su flamante laboratorio el miércoles 24 de febrero a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología que se ubica en la calle Padre Contreras sin número del Parque General San Martín. El rector Arturo Somoza, el vicerrector Gustavo Kent, el director de la investigación, Jorge Barón, otras autoridades universitarias e investigadores participarán de la inauguración de las instalaciones.
En qué consiste el proyecto
Esta investigación tiene como objetivo estudiar desde el punto de vista técnico-económico la producción de algas para extracción de aceite y obtención de biocombustibles. En particular, en este laboratorio se llevarán a cabo investigaciones relativas al cultivo, aislación y caracterización de especies, parametrización de procesos, cosecha, secado y extracción de aceite. En todos los casos se utilizan condiciones ambientales controladas e iluminación artificial controlada.
Los inóculos de algas unicelulares caracterizados en este laboratorio, serán luego trasladados a piletas abiertas en un segundo laboratorio, en construcción, en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. En este laboratorio se realizarán cultivos a mayor escala utilizando luz solar natural.
El proyecto a-oil nació de un convenio que se concretó en agosto del año pasado entre la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ingeniería, la empresa Dorial Management LLC de Estados Unidos, que financia el emprendimiento con 100 mil dólares y la Fundación de la UNCuyo, que administra los fondos.
Los investigadores esperan producir algas y extraer de ellas un aceite apto para fabricar biodiesel. Además de conocer y dimensionar el proceso productivo de selección, cría y engorde de las algas, evaluarán el potencial comercial de la aplicación del proyecto y de su explotación a gran escala en
el futuro, y a través de la actuación de la Unidad Técnico Acacadémica de Propiedad Intelectual de la Universidad, se protegerán los posibles desarrollos susceptibles de patentamiento. También, como es costumbre en este tipo de emprendimientos, se formarán recursos humanos.
Cuidado del ambiente
Las ventajas de este estudio radican en que se utilizará la energía solar como fuente primaria y se reciclará el bióxido de carbono de chimenea para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
En la investigación se contempla la utilización de algas autóctonas y se estudiarán diversos sistemas productivos de biomasa para biocombustibles u otros fines, utilizando aguas residuales urbanas e industriales ya que es en ese ámbito donde crecen las algas que se producirán. Se generará así un
proyecto ambientalmente cuidadoso. Además se contempla realizar mejoras ambientales a través de captura de dióxido de carbono y de producción de combustibles a partir de energía solar, mediante procesos fotosintéticos. Es importante destacar que el cultivo de algas no requiere tierra fértil y por
lo tanto no compite con la producción de alimentos.
Como actividad complementaria de esta investigación aplicada, se formarán estudiantes avanzados de grado y posgrado con conciencia de uso de alternativas tecnológicas para producir energía limpia.
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: Mendoza
Se habilitará el miércoles 24 a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología. Es un proyecto que implica una inversión de 100 mil dólares para fabricar biodiesel a partir de algas unicelulares. El desarrollo está a cargo de un equipo de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Se trata de uno de los ejemplos claros de cómo la universidad pública contribuye a mejorar la calidad de vida a través de la producción de conocimiento científico. El equipo conducido por el doctor Jorge Barón llevará adelante este proyecto de investigación aplicada con financiamiento externo.
El proyecto a-oil estrenará su flamante laboratorio el miércoles 24 de febrero a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología que se ubica en la calle Padre Contreras sin número del Parque General San Martín. El rector Arturo Somoza, el vicerrector Gustavo Kent, el director de la investigación, Jorge Barón, otras autoridades universitarias e investigadores participarán de la inauguración de las instalaciones.
En qué consiste el proyecto
Esta investigación tiene como objetivo estudiar desde el punto de vista técnico-económico la producción de algas para extracción de aceite y obtención de biocombustibles. En particular, en este laboratorio se llevarán a cabo investigaciones relativas al cultivo, aislación y caracterización de especies, parametrización de procesos, cosecha, secado y extracción de aceite. En todos los casos se utilizan condiciones ambientales controladas e iluminación artificial controlada.
Los inóculos de algas unicelulares caracterizados en este laboratorio, serán luego trasladados a piletas abiertas en un segundo laboratorio, en construcción, en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. En este laboratorio se realizarán cultivos a mayor escala utilizando luz solar natural.
El proyecto a-oil nació de un convenio que se concretó en agosto del año pasado entre la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ingeniería, la empresa Dorial Management LLC de Estados Unidos, que financia el emprendimiento con 100 mil dólares y la Fundación de la UNCuyo, que administra los fondos.
Los investigadores esperan producir algas y extraer de ellas un aceite apto para fabricar biodiesel. Además de conocer y dimensionar el proceso productivo de selección, cría y engorde de las algas, evaluarán el potencial comercial de la aplicación del proyecto y de su explotación a gran escala en
el futuro, y a través de la actuación de la Unidad Técnico Acacadémica de Propiedad Intelectual de la Universidad, se protegerán los posibles desarrollos susceptibles de patentamiento. También, como es costumbre en este tipo de emprendimientos, se formarán recursos humanos.
Cuidado del ambiente
Las ventajas de este estudio radican en que se utilizará la energía solar como fuente primaria y se reciclará el bióxido de carbono de chimenea para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
En la investigación se contempla la utilización de algas autóctonas y se estudiarán diversos sistemas productivos de biomasa para biocombustibles u otros fines, utilizando aguas residuales urbanas e industriales ya que es en ese ámbito donde crecen las algas que se producirán. Se generará así un
proyecto ambientalmente cuidadoso. Además se contempla realizar mejoras ambientales a través de captura de dióxido de carbono y de producción de combustibles a partir de energía solar, mediante procesos fotosintéticos. Es importante destacar que el cultivo de algas no requiere tierra fértil y por
lo tanto no compite con la producción de alimentos.
Como actividad complementaria de esta investigación aplicada, se formarán estudiantes avanzados de grado y posgrado con conciencia de uso de alternativas tecnológicas para producir energía limpia.
Los desplazados por la soja y la minería
Los desplazados por la soja y la minería
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas juntas, ONG e iglesias (cuatro por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabilizan al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años amplias zonas del NEA y NOA se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento y destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores”.
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales el 72 por ciento se iniciaron a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medioambiente), el 14 por ciento a obras de infraestructura y el otro 14 por ciento son preventivos (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa, y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola. El trabajo recuerda que en Argentina el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
Misión a seis provincias
Para la investigación fueron visitadas seis provincias (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba), se realizaron 55 entrevistas y llevó dos años de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales. Con 187 páginas repletas de datos, testimonios, investigaciones de otras instituciones y entrecruzamiento de datos, contó con el apoyo local del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), de miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y fue presentado en Ginebra (Suiza) durante el 12º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) comenzó en 1996 luego de una acuerdo entre Unesco y la UPC. En la última década se transformó en una referencia en lo que respecta a derechos humanos, ambiente y economía. También participaron de la elaboración de la investigación las organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Colaboró la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y apoyó el Departamento del Interior de Cataluña.
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas juntas, ONG e iglesias (cuatro por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabilizan al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años amplias zonas del NEA y NOA se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento y destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores”.
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales el 72 por ciento se iniciaron a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medioambiente), el 14 por ciento a obras de infraestructura y el otro 14 por ciento son preventivos (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa, y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola. El trabajo recuerda que en Argentina el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
Misión a seis provincias
Para la investigación fueron visitadas seis provincias (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba), se realizaron 55 entrevistas y llevó dos años de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales. Con 187 páginas repletas de datos, testimonios, investigaciones de otras instituciones y entrecruzamiento de datos, contó con el apoyo local del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), de miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y fue presentado en Ginebra (Suiza) durante el 12º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) comenzó en 1996 luego de una acuerdo entre Unesco y la UPC. En la última década se transformó en una referencia en lo que respecta a derechos humanos, ambiente y economía. También participaron de la elaboración de la investigación las organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Colaboró la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y apoyó el Departamento del Interior de Cataluña.
Botnia negó haber contaminado el río Uruguay
Botnia negó haber contaminado el río Uruguay
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la pastera aclararon que "no hubo ninguna irregularidad" que pudiera generar consecuencias para la salud. Ayer, cerró un balneario en Gualeguaychú porque 90 bañistas sufrieron irritaciones en la piel y las autoridades analizan las aguas
El cierre del balneario argentino Ñandubaysal de Gualeguaychú, tras registrar 90 casos de personas con sarpullidos en la piel, todavía genera repercusiones.
Pese a que los asambleístas acusaron a Botnia por la reacción alérgica en la playa del río Uruguay, frente a su planta industrial, desde la compañía negaron que existiera alguna irregularidad que haya generado el brote.
La portavoz de Botnia, Florencia Herrera, dijo que "no hubo ninguna irregularidad" en los últimos días ni "ningún accidente" que haga pensar que esa situación fue consecuencia de las operaciones de la planta.
En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, aseguró esta mañana estar "muy preocupado". "El balneario tiene más de 30 años y nunca había habido un episodio de estas características", lanzó.
Sin embargo, el funcionario declinó implicar "directamente" a la planta de celulosa, aunque aclaró que "es innegable que Botnia altera y perjudica el medio ambiente".
En tanto, las autoridades argentinas aseguraron que aguardaran los análisis que son analizados por las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Funcionarios uruguayos también analizan la pureza de las aguas del río Uruguay, ante el cierre del balneario.
Desde la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú calificaron de "canallesca" la actitud de la pastera y lanzaron fuertes críticas. "Nos hace pensar que es indudablemente una sustancia irritante y tóxica para la piel que estaba en el agua", señaló Martín Alazard, asambleista y médico.
Tras los incidentes, la asamblea le pidió una audiencia al intendente Bahillo para interiorizarse sobre el funcionamiento del Plan de Vigilancia Ambiental instrumentado para controlar los efectos de Botnia en la región.
En este marco, senadores y diputados provinciales visitarán el jueves la zona ubicada frente a Botnia, entre la isla Inés y el arroyo Pereyra, para constatar el supuesto perjuicio que la pastera habría ocasionado en ese lugar.
El senador por Gualeguaychú Osvaldo Chessini, anticipó que no se descarta que los legisladores impulsen alguna acción contra el daño ambiental de la pastera, en caso de que confirmen que los cambios en el paisaje fueron producidos por las emisiones de Botnia.
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la pastera aclararon que "no hubo ninguna irregularidad" que pudiera generar consecuencias para la salud. Ayer, cerró un balneario en Gualeguaychú porque 90 bañistas sufrieron irritaciones en la piel y las autoridades analizan las aguas
El cierre del balneario argentino Ñandubaysal de Gualeguaychú, tras registrar 90 casos de personas con sarpullidos en la piel, todavía genera repercusiones.
Pese a que los asambleístas acusaron a Botnia por la reacción alérgica en la playa del río Uruguay, frente a su planta industrial, desde la compañía negaron que existiera alguna irregularidad que haya generado el brote.
La portavoz de Botnia, Florencia Herrera, dijo que "no hubo ninguna irregularidad" en los últimos días ni "ningún accidente" que haga pensar que esa situación fue consecuencia de las operaciones de la planta.
En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, aseguró esta mañana estar "muy preocupado". "El balneario tiene más de 30 años y nunca había habido un episodio de estas características", lanzó.
Sin embargo, el funcionario declinó implicar "directamente" a la planta de celulosa, aunque aclaró que "es innegable que Botnia altera y perjudica el medio ambiente".
En tanto, las autoridades argentinas aseguraron que aguardaran los análisis que son analizados por las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Funcionarios uruguayos también analizan la pureza de las aguas del río Uruguay, ante el cierre del balneario.
Desde la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú calificaron de "canallesca" la actitud de la pastera y lanzaron fuertes críticas. "Nos hace pensar que es indudablemente una sustancia irritante y tóxica para la piel que estaba en el agua", señaló Martín Alazard, asambleista y médico.
Tras los incidentes, la asamblea le pidió una audiencia al intendente Bahillo para interiorizarse sobre el funcionamiento del Plan de Vigilancia Ambiental instrumentado para controlar los efectos de Botnia en la región.
En este marco, senadores y diputados provinciales visitarán el jueves la zona ubicada frente a Botnia, entre la isla Inés y el arroyo Pereyra, para constatar el supuesto perjuicio que la pastera habría ocasionado en ese lugar.
El senador por Gualeguaychú Osvaldo Chessini, anticipó que no se descarta que los legisladores impulsen alguna acción contra el daño ambiental de la pastera, en caso de que confirmen que los cambios en el paisaje fueron producidos por las emisiones de Botnia.
Salta, capital del desmonte
Salta, capital del desmonte
Fecha de Publicación: 21/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.
Desde el gobierno de Salta, la coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elisabeth Prudencio, reconoció que hubo violaciones a la medida de la Corte Suprema, aclaró que no fueron autorizadas por el gobierno salteño, aceptó que éste tiene la función de controlar la situación y aseguró que habrá una “pronta intimación” a las empresas.
La ley 26.331 (también llamada Ley de Bosques) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Establecía que las provincias no podían emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas por categorías de conservación. “Al momento de la sanción, se daba en Salta un aumento exponencial de solicitudes de desmonte, relacionado con la inminente entrada en vigencia de la ley. Durante noviembre de 2007 se convocó a audiencias de desmonte por 130 mil hectáreas”, denunció la ONG Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) en un completo análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2007, y señaló que los departamentos más afectados son los de mayor presencia indígena.
La ONG detalló, sobre la base de datos oficiales, que en 2006 se convocó a audiencias públicas para desmontar 77.612 hectáreas. En 2007 lo hizo por cinco veces más: 435.399 hectáreas, superior al promedio de deforestación anual de todo el país (280.000 hectáreas).
En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó detener los desmontes y la tala en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados –presuntamente de manera irregular– por el gobierno provincial días antes que se sancionara la Ley de Bosques.
En mayo último, el dirigente wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de Tartagal, alertó que el desmonte no se había detenido y detalló que los tractores retiraban troncos durante todas las noches. Dos semanas después, Greenpeace confirmó mediante fotografías la destrucción de bosque nativo en la ciudad de Embarcación, también en el norte salteño.
Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales de enero y octubre de 2009. Es notoria la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla. Según técnicos de Asociana y el INTA Salta se trata de al menos 9000 hectáreas desmontadas mientras regía la suspensión del máximo tribunal del país. Ambas fincas habían sido autorizadas a desmontar justamente en el último trimestre de 2007, período sospechado por la Justicia. El caso de la empresa El Chilcar es aún más grosero: fue habilitada a desmontar el 26 de noviembre de 2007, sólo dos días antes de la sanción de Ley de Bosques, que prohibía nuevos permisos.
“Denunciamos la violación de la medida cautelar dictada (suspensión de desmontes) y le solicitamos que continúe la protección de nuestras tierras y recursos naturales”, comienza la carta que los impulsores de la demanda, comunidades indígenas y campesinos, acaban de enviar a la Corte Suprema, para alertar sobre la violación de lo dictado por el máximo tribunal. “El daño causado por los desmontes ilegales durante la vigencia de la cautelar no puede ser dimensionado en su totalidad. Nosotros sólo hemos detectado la situación ilegal en dos fincas, pero nos da la clara pauta de que hechos similares pueden haber sucedido en los departamentos en los que estaba vigente la cautelar”, destaca la carta. Los denunciantes consideran muy probable que existan otros casos similares y solicita a la Corte que se releven la totalidad de los daños en los cuatro departamentos.
En su fallo de marzo de 2009, la Corte Suprema había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
Fecha de Publicación: 21/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.
Desde el gobierno de Salta, la coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elisabeth Prudencio, reconoció que hubo violaciones a la medida de la Corte Suprema, aclaró que no fueron autorizadas por el gobierno salteño, aceptó que éste tiene la función de controlar la situación y aseguró que habrá una “pronta intimación” a las empresas.
La ley 26.331 (también llamada Ley de Bosques) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Establecía que las provincias no podían emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas por categorías de conservación. “Al momento de la sanción, se daba en Salta un aumento exponencial de solicitudes de desmonte, relacionado con la inminente entrada en vigencia de la ley. Durante noviembre de 2007 se convocó a audiencias de desmonte por 130 mil hectáreas”, denunció la ONG Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) en un completo análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2007, y señaló que los departamentos más afectados son los de mayor presencia indígena.
La ONG detalló, sobre la base de datos oficiales, que en 2006 se convocó a audiencias públicas para desmontar 77.612 hectáreas. En 2007 lo hizo por cinco veces más: 435.399 hectáreas, superior al promedio de deforestación anual de todo el país (280.000 hectáreas).
En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó detener los desmontes y la tala en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados –presuntamente de manera irregular– por el gobierno provincial días antes que se sancionara la Ley de Bosques.
En mayo último, el dirigente wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de Tartagal, alertó que el desmonte no se había detenido y detalló que los tractores retiraban troncos durante todas las noches. Dos semanas después, Greenpeace confirmó mediante fotografías la destrucción de bosque nativo en la ciudad de Embarcación, también en el norte salteño.
Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales de enero y octubre de 2009. Es notoria la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla. Según técnicos de Asociana y el INTA Salta se trata de al menos 9000 hectáreas desmontadas mientras regía la suspensión del máximo tribunal del país. Ambas fincas habían sido autorizadas a desmontar justamente en el último trimestre de 2007, período sospechado por la Justicia. El caso de la empresa El Chilcar es aún más grosero: fue habilitada a desmontar el 26 de noviembre de 2007, sólo dos días antes de la sanción de Ley de Bosques, que prohibía nuevos permisos.
“Denunciamos la violación de la medida cautelar dictada (suspensión de desmontes) y le solicitamos que continúe la protección de nuestras tierras y recursos naturales”, comienza la carta que los impulsores de la demanda, comunidades indígenas y campesinos, acaban de enviar a la Corte Suprema, para alertar sobre la violación de lo dictado por el máximo tribunal. “El daño causado por los desmontes ilegales durante la vigencia de la cautelar no puede ser dimensionado en su totalidad. Nosotros sólo hemos detectado la situación ilegal en dos fincas, pero nos da la clara pauta de que hechos similares pueden haber sucedido en los departamentos en los que estaba vigente la cautelar”, destaca la carta. Los denunciantes consideran muy probable que existan otros casos similares y solicita a la Corte que se releven la totalidad de los daños en los cuatro departamentos.
En su fallo de marzo de 2009, la Corte Suprema había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
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Si contaminan, seguro no tienen seguro
Si contaminan, seguro no tienen seguro
Fecha de Publicación: 20/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Según datos oficiales, hay 35 mil empresas obligadas a disponer de la cobertura –el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO)–, que rige por ley desde 2008. Muchas no lo hacen porque no se la darían: ya tienen fallas que perjudican el entorno.
Nueve de cada diez industrias que están obligadas a asegurar su actividad ante eventuales episodios de contaminación ambiental no cumplen con la ley.
En agosto de 2008 entró en vigor el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) pero la mayoría de las empresas no contrataron la cobertura porque en muchos casos tienen pasivos ambientales que complican el aseguramiento.
“Lo que está asegurando el empresario no son sus intereses ni sus bienes, sino el bienestar de la comunidad; sólo con la auditoría previa a cada póliza el riesgo ambiental general bajaría sensiblemente”, explicó a Crítica de la Argentina Jorge Furlan, experto en seguros y presidente de la cámara que nuclea a las empresas aseguradoras del sector (CAARA).
En enero pasado se produjo un incendio en un establecimiento industrial de Lanús que tuvo consecuencias contaminantes para los vecinos, además de que hubo que evacuar las viviendas. “Éste es uno de los establecimientos que no contaba con póliza de SAO en los términos de la Ley General de Ambiente 25.675, dado que no figura en los registros de ninguna de las empresas que operan en ese riesgo”, sostuvo la cámara en un documento.
En la actualidad hay unas 35 mil empresas obligadas a contratar el SAO en el territorio nacional, según la estimación que hizo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Si bien la ley rige desde 2002, la oferta de seguros ambientales en los términos requeridos por la norma recién comenzó en agosto de 2008.
“Existe una generalizada renuencia de los obligados, rayana en una rebeldía judicial, que actúa en perjuicio de la sociedad toda con un temperamento temerario”, añadió Furlan.
La normativa que regula el SAO establece que las personas físicas o jurídicas que acometen actividades riesgosas para el ambiente deben hacerse cargo, y garantizarlo, de remediar los daños al suelo y al agua que esas actividades provoquen. “El bien protegido es el de uso colectivo.
La póliza no hace más que garantizar, a favor del Estado, en representación de la comunidad, el inmediato cumplimiento de la remediación, ejecutándola la aseguradora en caso de defección del contratante sin necesidad de deslindarse responsabilidades en el siniestro, ni de determinarse si fue súbito o resultado de una acción que se fue sucediendo en el tiempo”, dijo Furlan.
Argentina mantiene en vigor el principio 16 del derecho ambiental que integra la Declaración de Eco Río 92 (“quien contamina, paga”), que dispone que debe fomentarse la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos.
En la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)” en junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo un fallo histórico relacionado con la protección del medio ambiente y, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento, delegó en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella, el proceso de ejecución de la sentencia y retuvo para si el relativo a la reparación del daño.
Entre lo encomendado por la Corte al juez Armella se incluyó “requerir a las empresas demandadas información sobre (…) si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675”. Se refería al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) instituido por esa ley.
“Los obligados no podían cumplir por cuanto no existían en el mercado pólizas de seguro ambiental en los términos impuestos por la ley, recién el 26 de agosto de 2008 fue aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la SAyDS la primera póliza, con lo cual desde entonces es posible, y desde ya obligatorio para las empresas encuadradas, cumplir con la prescripción legal, que no cumplen la enorme mayoría de las industrias”, finaliza el informe.
Fecha de Publicación: 20/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Nueve de cada diez industrias que están obligadas a asegurar su actividad ante eventuales episodios de contaminación ambiental no cumplen con la ley.
En agosto de 2008 entró en vigor el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) pero la mayoría de las empresas no contrataron la cobertura porque en muchos casos tienen pasivos ambientales que complican el aseguramiento.
“Lo que está asegurando el empresario no son sus intereses ni sus bienes, sino el bienestar de la comunidad; sólo con la auditoría previa a cada póliza el riesgo ambiental general bajaría sensiblemente”, explicó a Crítica de la Argentina Jorge Furlan, experto en seguros y presidente de la cámara que nuclea a las empresas aseguradoras del sector (CAARA).
En enero pasado se produjo un incendio en un establecimiento industrial de Lanús que tuvo consecuencias contaminantes para los vecinos, además de que hubo que evacuar las viviendas. “Éste es uno de los establecimientos que no contaba con póliza de SAO en los términos de la Ley General de Ambiente 25.675, dado que no figura en los registros de ninguna de las empresas que operan en ese riesgo”, sostuvo la cámara en un documento.
En la actualidad hay unas 35 mil empresas obligadas a contratar el SAO en el territorio nacional, según la estimación que hizo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Si bien la ley rige desde 2002, la oferta de seguros ambientales en los términos requeridos por la norma recién comenzó en agosto de 2008.
“Existe una generalizada renuencia de los obligados, rayana en una rebeldía judicial, que actúa en perjuicio de la sociedad toda con un temperamento temerario”, añadió Furlan.
La normativa que regula el SAO establece que las personas físicas o jurídicas que acometen actividades riesgosas para el ambiente deben hacerse cargo, y garantizarlo, de remediar los daños al suelo y al agua que esas actividades provoquen. “El bien protegido es el de uso colectivo.
La póliza no hace más que garantizar, a favor del Estado, en representación de la comunidad, el inmediato cumplimiento de la remediación, ejecutándola la aseguradora en caso de defección del contratante sin necesidad de deslindarse responsabilidades en el siniestro, ni de determinarse si fue súbito o resultado de una acción que se fue sucediendo en el tiempo”, dijo Furlan.
Argentina mantiene en vigor el principio 16 del derecho ambiental que integra la Declaración de Eco Río 92 (“quien contamina, paga”), que dispone que debe fomentarse la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos.
En la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)” en junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo un fallo histórico relacionado con la protección del medio ambiente y, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento, delegó en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella, el proceso de ejecución de la sentencia y retuvo para si el relativo a la reparación del daño.
Entre lo encomendado por la Corte al juez Armella se incluyó “requerir a las empresas demandadas información sobre (…) si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675”. Se refería al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) instituido por esa ley.
“Los obligados no podían cumplir por cuanto no existían en el mercado pólizas de seguro ambiental en los términos impuestos por la ley, recién el 26 de agosto de 2008 fue aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la SAyDS la primera póliza, con lo cual desde entonces es posible, y desde ya obligatorio para las empresas encuadradas, cumplir con la prescripción legal, que no cumplen la enorme mayoría de las industrias”, finaliza el informe.
Neuquén apuesta a la energía geotérmica
Apuesta provincial a la energía geotérmica
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se abrieron los sobres para la construcción de la primera Central de este tipo en la Argentina.
Tendrá una potencia de 30 megavatios. El emprendimiento puede representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año.
El gobierno de la provincia realizó ayer la apertura del primer sobre con los antecedentes y garantías técnicas de empresas interesadas en el desarrollo geotérmico y la instalación de una central de 30 megavatios de potencia en la zona de Caviahue-Copahue.
Tanto la oferta técnica como la económica, que presentaron el grupo minero Aconcagua S.A. y Andean Geothermal Power Corporation, se conocerán en unas semanas.
La iniciativa contempla el impulso del área geotérmica “La Mellizas de Copahue” y la construcción de la primera Central Geotérmica de la Argentina. Incluye además, la construcción de una línea de transmisión en 132 kilovatios, desde Copahue hasta el paraje Ñorquín, como antecedente para posteriormente cerrar el Anillo Norte de interconexión al sistema eléctrico provincial.
Se estima que la construcción del complejo rondará los 80 millones de dólares de inversión y que llevará cuatro años para su construcción y puesta en marcha. Para su concreción, el siguiente paso será -una vez que la comisión evaluativa analice los antecedentes técnicos- la apertura del sobre Nº 2 con la oferta económica.
Propuesta
La oferta técnico-económica presentada se compone de un plan de desarrollo minero que abarcará los primeros dos años del contrato, durante el cual el concesionario estará obligado a realizar las perforaciones necesarias para reunir la cantidad de vapor que requerirá la planta de 30 megavatios de potencia instalada, la construcción y explotación de la central geotérmica por el término de 30 años, y la construcción de la línea de transporte de la energia con el sistema eléctrico provincial.
De acuerdo a lo exigido en las bases de la convocatoria, los oferentes seleccionados, juntamente con su propuesta técnico-económica, deberán ofertar el pago de un canon de entrada al área, cuyo monto no podrá ser inferior a los 8 millones de dólares y estando, además, obligados a abonar una regalía del 5 por ciento sobre el valor de la energía a generar. Con anterioridad a este proceso, la ADI-NQN dió los pasos necesarios para registrar y obtener de la Junta Ejecutiva del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, la acreditación de los bonos de carbono o bonos verdes que generará este proyecto por su condición de amigable y no contaminante del medio ambiente. Para el módulo previsto de 30 MW estos bonos pueden representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año a lo largo de los siguientes 21, a partir de la habilitación de la planta.
Del acto, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, fue encabezado por el titular de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P.), Pedro Salvatori, y el gobernador Jorge Sapag.
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se abrieron los sobres para la construcción de la primera Central de este tipo en la Argentina.
Tendrá una potencia de 30 megavatios. El emprendimiento puede representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año.
El gobierno de la provincia realizó ayer la apertura del primer sobre con los antecedentes y garantías técnicas de empresas interesadas en el desarrollo geotérmico y la instalación de una central de 30 megavatios de potencia en la zona de Caviahue-Copahue.
Tanto la oferta técnica como la económica, que presentaron el grupo minero Aconcagua S.A. y Andean Geothermal Power Corporation, se conocerán en unas semanas.
La iniciativa contempla el impulso del área geotérmica “La Mellizas de Copahue” y la construcción de la primera Central Geotérmica de la Argentina. Incluye además, la construcción de una línea de transmisión en 132 kilovatios, desde Copahue hasta el paraje Ñorquín, como antecedente para posteriormente cerrar el Anillo Norte de interconexión al sistema eléctrico provincial.
Se estima que la construcción del complejo rondará los 80 millones de dólares de inversión y que llevará cuatro años para su construcción y puesta en marcha. Para su concreción, el siguiente paso será -una vez que la comisión evaluativa analice los antecedentes técnicos- la apertura del sobre Nº 2 con la oferta económica.
Propuesta
La oferta técnico-económica presentada se compone de un plan de desarrollo minero que abarcará los primeros dos años del contrato, durante el cual el concesionario estará obligado a realizar las perforaciones necesarias para reunir la cantidad de vapor que requerirá la planta de 30 megavatios de potencia instalada, la construcción y explotación de la central geotérmica por el término de 30 años, y la construcción de la línea de transporte de la energia con el sistema eléctrico provincial.
De acuerdo a lo exigido en las bases de la convocatoria, los oferentes seleccionados, juntamente con su propuesta técnico-económica, deberán ofertar el pago de un canon de entrada al área, cuyo monto no podrá ser inferior a los 8 millones de dólares y estando, además, obligados a abonar una regalía del 5 por ciento sobre el valor de la energía a generar. Con anterioridad a este proceso, la ADI-NQN dió los pasos necesarios para registrar y obtener de la Junta Ejecutiva del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, la acreditación de los bonos de carbono o bonos verdes que generará este proyecto por su condición de amigable y no contaminante del medio ambiente. Para el módulo previsto de 30 MW estos bonos pueden representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año a lo largo de los siguientes 21, a partir de la habilitación de la planta.
Del acto, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, fue encabezado por el titular de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P.), Pedro Salvatori, y el gobernador Jorge Sapag.
Aguas subterráneas: deuda y recurso
Aguas subterráneas: una deuda y una enorme fuente de divisas
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta con abundantes reservorios de aguas subterráneas que demandan imperiosamente de una exploración rigurosa que precise sus límites, capacidad de entrega y de carga, que ayuden a mitigar las frecuentes sequías derivadas de las alteraciones climáticas de los últimos años, que causan pérdidas cuantiosas y procesos migratorios por agotamiento de los sistemas productivos.
Además, su comercialización puede ser también una extraordinaria fuente de divisas para el país: una botella de medio litro de agua obtenida del acuífero Guaraní y exportada por Brasil a Irán se paga 6 dólares.
Aunque está siempre presente el caso del Acuífero Gigante del Mercosur, no serían diferentes las conclusiones al analizar el desaprovechamiento del Acuífero Yrendá-Toba-Tarijeño o el Cóndor, el sistema Litoral Cretácico, el Patagoniano, Los Puneños, Salto-Salto Chico o el Sistema Pampeano-Puelche.
Las valiosas aguas confinadas integran el ciclo hidrológico, porque una parte de las infiltraciones superficiales que se acumulan en estas formaciones son geológicas milenarias.
El 70% del planeta y del hombre es de agua, es decir, sin ella la vida y los ecosistemas se desmoronan. De cada 1.000 gotas, 975 son saladas situadas en mares y océanos. Sólo 25 son dulces dispuesta en lagos, glaciares y formaciones.
A causa de que los ríos se han manejados como sumideros de efluentes cloacales, residuos sólidos, desechos industriales han degenerado en graves procesos de contaminación que los han inutilizado tanto para usos recreativo como para consumo.
En la Argentina pueden citarse -entre muchos otros casos- la Cuenca Matanza-Riachuelo, el Reconquista o el Río de la Plata, que sigue siendo la principal fuente proveedora para el Area Metropolitana, a pesar de su falta de saneamiento que redunda en costos de potabilización cada día más elevados.
Si bien el acceso al agua segura es un derecho básico esencial, 2.600 millones de personas de los países pobres no poseen de instalaciones de agua y tratamiento de excretas. Si éstas fueran las apropiadas, salvarían la vida de 1,6 millones de personas.
El anuncio del Credit Lyonnais es lapidario: en 2025 la demanda superará a la oferta en 56%, como resultado de la crecida de la población y su concentración en ciudades, el agotamiento de fuentes por sobrexplotación o la toma de decisiones erróneas en materia de gestión de recursos hídricos.
Así se triplicó el consumo y se acentuaron las inequidades en su distribución, tal como ocurre con el ingreso mundial: 85% lo concentra 12% de la población. Según la Unesco, el mundo dispone de 273 acuíferos: hay 90 en Europa occidental, 68 en América, 35 de ellos en Sudamérica, 14 en América del Norte, 13 en América Central y 3 en el Caribe.
El acuífero guaraní posee una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados enclavado en las cuencas del Paraná, Paraguay y Uruguay. Es un recurso transfronterizo que compartimos con Brasil (839.000 kilómetros cuadrados), la Argentina (226.000 km2), Paraguay (71.700 km2) y Uruguay (59.000 km2).
Similar a un río de subsuelo corre a 35 metros por Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, y es capaz de dar 100 litros por habitante por día durante 200 años a la población mundial con un ritmo de reposición de 5.000 metros cúbicos por segundo.
Según el informe con el que concluyó la primera etapa del Programa Acuífero Guaraní financiado por el Banco Mundial, se advierte que Brasil es el que más lo utiliza, ya que provee de agua a entre 300 a 500 ciudades, como es el caso del populoso San Pablo o 275 municipios de Paraná que ya gozan de su pureza.
Brasil exportará 300 mil litros embotellados a Medio Oriente, obtenidos del excedente del municipio de Santana do Livramento, en el estado de Río Grande do Sul y frontera con el Uruguay, donde sus 95.000 habitantes extraen 30 millones de litros al día y sólo consumen 40%. De allí, la exportación de agua brasileña a los iraníes. Hoy este mercado mundial tiene 300 millones de clientes (250 millones más que en los años 90) y factura 800 mil millones de dólares, por encima de la industria farmacéutica.
Por su parte, Paraguay explota 200 pozos en la región oriental del país y negocia fraccionamientos hacia la Unión Europea, obtenida de las perforaciones de San Juan del Paraná, en Itapúa.
En tanto, Uruguay, con 135 pozos destinado a hogares y complejos termales, conversa con Arabia Saudita acuerdos de agua del Guaraní, aunque su cancillería lo haya desmentido.
Por último, la Argentina utiliza solamente una veintena de pozos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta con abundantes reservorios de aguas subterráneas que demandan imperiosamente de una exploración rigurosa que precise sus límites, capacidad de entrega y de carga, que ayuden a mitigar las frecuentes sequías derivadas de las alteraciones climáticas de los últimos años, que causan pérdidas cuantiosas y procesos migratorios por agotamiento de los sistemas productivos.
Además, su comercialización puede ser también una extraordinaria fuente de divisas para el país: una botella de medio litro de agua obtenida del acuífero Guaraní y exportada por Brasil a Irán se paga 6 dólares.
Aunque está siempre presente el caso del Acuífero Gigante del Mercosur, no serían diferentes las conclusiones al analizar el desaprovechamiento del Acuífero Yrendá-Toba-Tarijeño o el Cóndor, el sistema Litoral Cretácico, el Patagoniano, Los Puneños, Salto-Salto Chico o el Sistema Pampeano-Puelche.
Las valiosas aguas confinadas integran el ciclo hidrológico, porque una parte de las infiltraciones superficiales que se acumulan en estas formaciones son geológicas milenarias.
El 70% del planeta y del hombre es de agua, es decir, sin ella la vida y los ecosistemas se desmoronan. De cada 1.000 gotas, 975 son saladas situadas en mares y océanos. Sólo 25 son dulces dispuesta en lagos, glaciares y formaciones.
A causa de que los ríos se han manejados como sumideros de efluentes cloacales, residuos sólidos, desechos industriales han degenerado en graves procesos de contaminación que los han inutilizado tanto para usos recreativo como para consumo.
En la Argentina pueden citarse -entre muchos otros casos- la Cuenca Matanza-Riachuelo, el Reconquista o el Río de la Plata, que sigue siendo la principal fuente proveedora para el Area Metropolitana, a pesar de su falta de saneamiento que redunda en costos de potabilización cada día más elevados.
Si bien el acceso al agua segura es un derecho básico esencial, 2.600 millones de personas de los países pobres no poseen de instalaciones de agua y tratamiento de excretas. Si éstas fueran las apropiadas, salvarían la vida de 1,6 millones de personas.
El anuncio del Credit Lyonnais es lapidario: en 2025 la demanda superará a la oferta en 56%, como resultado de la crecida de la población y su concentración en ciudades, el agotamiento de fuentes por sobrexplotación o la toma de decisiones erróneas en materia de gestión de recursos hídricos.
Así se triplicó el consumo y se acentuaron las inequidades en su distribución, tal como ocurre con el ingreso mundial: 85% lo concentra 12% de la población. Según la Unesco, el mundo dispone de 273 acuíferos: hay 90 en Europa occidental, 68 en América, 35 de ellos en Sudamérica, 14 en América del Norte, 13 en América Central y 3 en el Caribe.
El acuífero guaraní posee una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados enclavado en las cuencas del Paraná, Paraguay y Uruguay. Es un recurso transfronterizo que compartimos con Brasil (839.000 kilómetros cuadrados), la Argentina (226.000 km2), Paraguay (71.700 km2) y Uruguay (59.000 km2).
Similar a un río de subsuelo corre a 35 metros por Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, y es capaz de dar 100 litros por habitante por día durante 200 años a la población mundial con un ritmo de reposición de 5.000 metros cúbicos por segundo.
Según el informe con el que concluyó la primera etapa del Programa Acuífero Guaraní financiado por el Banco Mundial, se advierte que Brasil es el que más lo utiliza, ya que provee de agua a entre 300 a 500 ciudades, como es el caso del populoso San Pablo o 275 municipios de Paraná que ya gozan de su pureza.
Brasil exportará 300 mil litros embotellados a Medio Oriente, obtenidos del excedente del municipio de Santana do Livramento, en el estado de Río Grande do Sul y frontera con el Uruguay, donde sus 95.000 habitantes extraen 30 millones de litros al día y sólo consumen 40%. De allí, la exportación de agua brasileña a los iraníes. Hoy este mercado mundial tiene 300 millones de clientes (250 millones más que en los años 90) y factura 800 mil millones de dólares, por encima de la industria farmacéutica.
Por su parte, Paraguay explota 200 pozos en la región oriental del país y negocia fraccionamientos hacia la Unión Europea, obtenida de las perforaciones de San Juan del Paraná, en Itapúa.
En tanto, Uruguay, con 135 pozos destinado a hogares y complejos termales, conversa con Arabia Saudita acuerdos de agua del Guaraní, aunque su cancillería lo haya desmentido.
Por último, la Argentina utiliza solamente una veintena de pozos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Catamarca: quieren prohibir la minería
Reclamaron por una ley que prohíba la minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Los grupos autoconvocados marcharon para celebrar por el cese temporal de la actividad minera. Ahora quieren que sea definitivo.
Tras la resolución del juez de Minas Raúl Guillermo Cerda que ordenó la suspensión de la actividad de la empresa minera Agua Rica, los ambientalistas se reunieron el martes por la noche en la Plaza 9 de Julio, frente a la Iglesia San Francisco de Asís, para celebrar lo que fue considerado como un triunfo de la lucha antiminera. Agradecieron al pueblo por el apoyo recibido y recordaron los momentos cruciales por la represión sufrida. Ahora insisten con una ley que prohiba la minería a cielo abierto y sostienen que el plebiscito ya es extemporáneo.
Los ánimos, evidentemente más calmos, luego de participar de una misa, se limitaron a alocuciones con cuidadas palabras que recibieron calurosos aplausos cuando expresaron "Vamos por más". Con respecto a las medidas adoptadas por el juez Guillermo Cerda, expresaron: "No queremos que Agua Rica suspenda sus trabajos, queremos solamente que se vaya". Las acciones no se detendrán hasta que se "obtenga una ley que prohiba la minería a cielo abierto en toda la provincia", sostuvieron.
Pacíficamente, se realizó la multitudinaria marcha alrededor de la plaza, en dos oportunidades y sin redoblantes. De esta manera, lentamente, se disipaban los temores de acciones concretas para exigir la dimisión del Intendente.
Tras lamentar la violencia que se desató de ambas partes -manifestantes y la Policía- los antimineros rescataron el carácter popular de la manifestación que entre ayer y el martes ganó las calles de la ciudad. "El triunfo es que el pueblo salió a la calle, harto del saqueo que viene sufriendo de parte de la provincia y del municipio", evaluó el ex concejal Cecenarro.
Por su parte, Aldo Flores, referente de la asamblea El Algarrobo, aclaró: "Nunca hicimos apología de la violencia, siempre pregonamos la paz, pero esto se desbandó. Fue tanto tiempo de ocultamiento, de mentira, de frustraciones, de saqueo que la gente se hartó y dijo basta", aseguró Flores tras desmentir las acusaciones sobre la presencia de infiltrados violentos entre los manifestantes.
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Los grupos autoconvocados marcharon para celebrar por el cese temporal de la actividad minera. Ahora quieren que sea definitivo.
Tras la resolución del juez de Minas Raúl Guillermo Cerda que ordenó la suspensión de la actividad de la empresa minera Agua Rica, los ambientalistas se reunieron el martes por la noche en la Plaza 9 de Julio, frente a la Iglesia San Francisco de Asís, para celebrar lo que fue considerado como un triunfo de la lucha antiminera. Agradecieron al pueblo por el apoyo recibido y recordaron los momentos cruciales por la represión sufrida. Ahora insisten con una ley que prohiba la minería a cielo abierto y sostienen que el plebiscito ya es extemporáneo.
Los ánimos, evidentemente más calmos, luego de participar de una misa, se limitaron a alocuciones con cuidadas palabras que recibieron calurosos aplausos cuando expresaron "Vamos por más". Con respecto a las medidas adoptadas por el juez Guillermo Cerda, expresaron: "No queremos que Agua Rica suspenda sus trabajos, queremos solamente que se vaya". Las acciones no se detendrán hasta que se "obtenga una ley que prohiba la minería a cielo abierto en toda la provincia", sostuvieron.
Pacíficamente, se realizó la multitudinaria marcha alrededor de la plaza, en dos oportunidades y sin redoblantes. De esta manera, lentamente, se disipaban los temores de acciones concretas para exigir la dimisión del Intendente.
Tras lamentar la violencia que se desató de ambas partes -manifestantes y la Policía- los antimineros rescataron el carácter popular de la manifestación que entre ayer y el martes ganó las calles de la ciudad. "El triunfo es que el pueblo salió a la calle, harto del saqueo que viene sufriendo de parte de la provincia y del municipio", evaluó el ex concejal Cecenarro.
Por su parte, Aldo Flores, referente de la asamblea El Algarrobo, aclaró: "Nunca hicimos apología de la violencia, siempre pregonamos la paz, pero esto se desbandó. Fue tanto tiempo de ocultamiento, de mentira, de frustraciones, de saqueo que la gente se hartó y dijo basta", aseguró Flores tras desmentir las acusaciones sobre la presencia de infiltrados violentos entre los manifestantes.
OT del bosque nativo entrerriano
Ordenamiento territorial del bosque nativo entrerriano
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: APF.Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
En los últimos días de febrero la Comisión Provincial de Bosque Nativo presentará formalmente la propuesta definitiva del ordenamiento territorial del recurso en la provincia Así lo indicó a APF Conrado González, titular de la Dirección de Recursos Naturales
El paso siguiente será poner el proyecto a consideración de todos los sectores involucrados en la materia para después presentar una iniciativa consensuada en la Legislatura Mientras tanto, se espera que Nación liquide lo correspondiente a los planes experimentales de uso sustentable y conservación de esos ecosistemas que se presentaron desde la provincia.
Si bien aún no está fijada la fecha, Conrado González anunció para fines de este mes o principios de marzo la presentación de la propuesta de ordenamiento territorial del bosque nativo entrerriano, punto previsto en la ley nacional de Presupuestos Mínimos sancionada en 2007.
Tal presentación se dará en el marco de la Comisión provincial de Bosque Nativo, que conforman entre otros, autoridades de Gobierno, entidades agropecuarias, representantes del sector científico técnico y organizaciones ecologistas.
A continuación «se harían las consultas necesarias para lograr los consensos» que derivarán en la elaboración de una iniciativa que será presentada en la Legislatura. Ese texto podría estar confeccionado «a fines de marzo o abril», agregó al respecto González.
Mientras tanto «estamos esperando de Nación los aportes de los planes experimentales que se presentaron el año pasado porque todavía no se ha liquidado el dinero necesario para ponerlos en funcionamiento este año», indicó en declaraciones a esta Agencia.
A través de los planes a los que hace referencia el titular de Recursos Naturales, se intentará realizar la aplicación progresiva de la ley. «Se llaman experimentales porque la Nación seleccionó pocos por provincia a modo de prueba», describió.
Cabe destacar que la normativa nacional en el marco del Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, promueve la financiación de planes de conservación del recurso, como el presentado por el Parque Nacional El Palmar de Colón ubicado sobre la denominada zona roja que es la primera a preservar.
También están contemplados los planes de aprovechamiento o uso sustentable del monte. Tal es el caso de los proyectos que reunió la facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER en torno a los sistemas silvopastoriles, estos últimos a desarrollarse en zonas denominadas amarrillas o de impacto intermedio del desmonte. Quedan por mencionar las zonas verdes donde sí estará habilitada la tala.
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: APF.Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
En los últimos días de febrero la Comisión Provincial de Bosque Nativo presentará formalmente la propuesta definitiva del ordenamiento territorial del recurso en la provincia Así lo indicó a APF Conrado González, titular de la Dirección de Recursos Naturales
El paso siguiente será poner el proyecto a consideración de todos los sectores involucrados en la materia para después presentar una iniciativa consensuada en la Legislatura Mientras tanto, se espera que Nación liquide lo correspondiente a los planes experimentales de uso sustentable y conservación de esos ecosistemas que se presentaron desde la provincia.
Si bien aún no está fijada la fecha, Conrado González anunció para fines de este mes o principios de marzo la presentación de la propuesta de ordenamiento territorial del bosque nativo entrerriano, punto previsto en la ley nacional de Presupuestos Mínimos sancionada en 2007.
Tal presentación se dará en el marco de la Comisión provincial de Bosque Nativo, que conforman entre otros, autoridades de Gobierno, entidades agropecuarias, representantes del sector científico técnico y organizaciones ecologistas.
A continuación «se harían las consultas necesarias para lograr los consensos» que derivarán en la elaboración de una iniciativa que será presentada en la Legislatura. Ese texto podría estar confeccionado «a fines de marzo o abril», agregó al respecto González.
Mientras tanto «estamos esperando de Nación los aportes de los planes experimentales que se presentaron el año pasado porque todavía no se ha liquidado el dinero necesario para ponerlos en funcionamiento este año», indicó en declaraciones a esta Agencia.
A través de los planes a los que hace referencia el titular de Recursos Naturales, se intentará realizar la aplicación progresiva de la ley. «Se llaman experimentales porque la Nación seleccionó pocos por provincia a modo de prueba», describió.
Cabe destacar que la normativa nacional en el marco del Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, promueve la financiación de planes de conservación del recurso, como el presentado por el Parque Nacional El Palmar de Colón ubicado sobre la denominada zona roja que es la primera a preservar.
También están contemplados los planes de aprovechamiento o uso sustentable del monte. Tal es el caso de los proyectos que reunió la facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER en torno a los sistemas silvopastoriles, estos últimos a desarrollarse en zonas denominadas amarrillas o de impacto intermedio del desmonte. Quedan por mencionar las zonas verdes donde sí estará habilitada la tala.
Especial de Andalgalá y la minera Agua Rica
Ordenan a la empresa Agua Rica que suspenda toda su actividad
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La medida será revocada cuando estén garantizadas las condiciones para desarrollar el proyecto. Disconformidad de los asambleístas.
El juez de Minas Raúl Guillermo Cerda ordenó ayer suspender toda la actividad que la empresa minera Agua Rica cumplía en Andalgalá. La medida no tiene plazo y quedará sin efecto sólo cuando estén dadas las condiciones sociales para desarrollar el proyecto minero. Según fundamentó, la resolución se adoptó por los violentos enfrentamientos ocurridos en la Perla del Oeste durante la noche del lunes y con el objetivo de recuperar la paz social.
Apenas conocida la noticia del cese temporal de la actividad de Agua Rica, los asambleístas que a esa hora se había autoconvocado en la plaza de Andalgalá festejaron, pero no se quedaron conformes. Ahora reclaman la suspensión definitiva de la actividad minera en Andalgalá.
En diálogo con El Ancasti, Cerda informó que ayer estuvo en contacto con apoderados de la empresa, quienes expresaron su conformidad con la resolución y le transmitieron que "en esas condiciones no se podía trabajar". De todos modos, la empresa tiene tres días para apelar la resolución del juez. "No creo que ello ocurra porque el letrado manifestó que coincidían y compartían el criterio", dijo. "Creo que la resolución es un punto de partida para comenzar a dialogar y para que se calmen los ánimos, después el tiempo dirá. Por ahora las posiciones son muy encontradas. Creo que hace falta mucha más información para conocer qué se pretende hacer", opinó.
En la resolución, el magistrado sugirió que la suspensión de la actividad no se traslade a los empleados que tiene la empresa Agua Rica en Andalgalá. "Será una decisión de la empresa si despide a sus empleados o no", advirtió.
Agua Rica había retomado la actividad hace pocos meses luego del stand by en el que había ingresado por el impacto de la crisis internacional del año pasado y por las demoras en la aprobación del informe de impacto ambiental.
Rechazo
En Andalgalá, el ex concejal Roberto Cecenarro rechazó, igual que la mayoría de los asambleístas, la medida transitoria del juez Cerda de ordenar el parate de las actividades en Agua Rica: "Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros lo que queremos es la prohibición de la minería a cielo abierto en Andalgalá", señaló.
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Después de toda la violencia que se desató cuando los camiones mineros quisieron pasar, los ambientalistas volvieron a agruparse y mantuvieron la vigilia a la vera de la ruta.
También ayer al mediodía un grupo de Autoconvocados de Andalgalá y antimineros de esta capital se movilizaron hasta el juzgado de Minas para pedirle al magistrado la paralización de todo proyecto minero en Andalgalá. Cerda los recibió y explicó el alcance de la resolución.
Reacción oficial
Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, y el jefe de Policía Francisco Soria brindaron ayer una conferencia de prensa en la que negaron algún tipo de exceso en el operativo policial que se desplegó el lunes en Andalgalá. Informaron que para garantizar la paz social se ordenó el repliegue policial.
Por su parte, el secretario de Minería José Sinner lamentó el cariz de los acontecimientos en Andalgalá. "No entiendo cuál es la crítica a un proyecto que todavía no ha comenzado", dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Sinner defendió la actividad minera y los controles que se realizan desde el área que conduce.
Malestar de los comerciantes y proveedores
Los comerciantes y proveedores mineros se cuidaron al condenar los hechos de violencia que se registraron la noche del martes.
El supermercado "Los Mellizos", ubicado en una esquina frente a la plaza fue uno de los blancos de la violencia del martes por la noche. Vidrios rotos permanecían como prueba de los actos de vandalismo.
Luis Rojano, el propietario del comercio, que además regentea junto a sus hermanos una empresa de maquinarias viales que trabaja para Agua Rica, expresó su malestar por la situación y anticipó que realizaría la denuncia por los daños.
También confirmó que la empresa vial que administra junto a sus hermanos -Mafap- dejaría de trabajar para la minera. Lo mismo dijo públicamente a través de radios locales Ariel Rojano, quien además pidió disculpas a la gente por haber intentado pasar con una maquinaria propia por el bloqueo antiminero.
Daniel Brizuela, otro de los comerciantes y miembro de la cámara de proveedores mineros dijo que, tras hablar con otros empresarios acordaron "poner las barbas en remojo".
La Fiscalía inició investigación por el daño a los edificios
La fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, dispuso ayer el inicio de una investigación de oficio para identificar a los responsables de los daños a los distintos edificios públicos y anticipó que los responsables de las distintas dependencias -intendentecia, juzgado, policía etc.- realizarían denuncias por los daños que sufrieron los edificios públicos.
Del otro lado, ayer se habían comenzado a recibir las primeras denuncias de ciudadanos por presunta agresión policial.
Las fuentes judiciales confirmaron que el martes hubo alrededor de 20 ciudadanos heridos que fueron atendidos en el hospital y que una cifra similar de heridos hubo en las filas policiales. Ayer, para descomprimir la tensión, desde la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia se dispuso el repliegue de los refuerzos policiales que habían llegado desde la capital provincial.
Desenlace
En declaraciones a Radio Ancasti, la fiscal de Andalgalá lamentó el desenlace al que arribó la orden judicial para desalojar el bloqueo antiminero y permitir el paso de vehículos al yacimiento. Y relató la otra versión de los incidentes: "Se procedió al arresto de las personas porque se tiraban en medio del camino para impedir el paso de camiones y camionetas. Inmediatamente después de haber sido revisados por el médico y de labrarse el acta de la causa de la detención se los puso en libertad, así que sólo deben haber estado unas dos horas arrestados. Ya a la medianoche no quedaba ningún detenido", relató.
Sin embargo, comentó que los peores desmanes en la plaza de Andalgalá ocurrieron a última hora de la violenta jornada y fueron protagonizados por "encapuchados" que investiga la Policía y la Justicia.
Según relató, hasta el cura párroco que intentó mediar en el conflicto terminó agredido.
Admiten amparo
El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro declaró la admisibilidad del recurso de amparo presentado a fines de enero por los ambientalistas y pidió una serie de informes a la Secretaría de Minería de la Provincia, al Ministerio de Salud, a la Secretaría del Ambiente, al municipio y a la empresa Agua Rica para poder producir prueba y pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
En su presentación, los ambientalistas pedían la suspensión del trabajo de instalación de Agua Rica y al mismo tiempo la cesación definitiva del emprendimiento.
Con la información que le remitan, el juez definirá sobre la cuestión de fondo.
Rechazo a la violencia
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que preside Manuel Benítez llamó a la reflexión de los actores sociales para que la paz social pueda primar sobre las distintas posiciones planteadas respecto a la minería. "No ayudan a la sociedad los discursos disociantes y provocativos", indican.
"Da vergüenza la inacción"
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, el diputado Alfredo Gómez y el intendente Gustavo Jalile rechazaron la estrategia que implementó la Policía de la Provincia para desalojar el bloqueo al yacimiento de Agua Rica.
"Lamentamos profundamente el padecimiento del pueblo andalgalense en manos de la represión, por parte de quienes nos deben proteger. Instamos a que urgentemente se procure una alternativa de diálogo, no se puede seguir permitiendo que continué el enfrentamiento de catamarqueños contra catamarqueños. Da vergüenza la inacción de los responsables de mediar en este conflicto, y su incapacidad de procurar un ordenamiento desde lo institucional para buscar una salida cierta donde prime la cordura", indica el documento.
"El MIRA apuesta por la minería responsable y reclama para que los recursos que genera la actividad queden en la provincia y beneficien a la población local", señalaron.
Sigue la tensión y culpan al Gobierno y al intendente
Tras la represión policial y la reacción popular del martes por la noche, que incluyó la quema casi total del edificio municipal, daños en comercios céntricos y varios heridos, la tensión y la resistencia de los sectores ambientalistas continuó ayer en la ciudad de Andalgalá. Ayer los asambleístas retornaron al corte que desde diciembre mantenían en el camino comunero de Chaquiago-El Potrero, vía de acceso al yacimiento de Agua Rica para realizar un balance de los incidentes ocurridos.
A media mañana, los manifestantes que rechazan la minería volvieron a congregarse en la Plaza 9 de Julio y desde allí marcharon hacia la sede de la Fiscalía, el edificio comunal y la comisaría para repudiar las agresiones y reclamar por la libertad de los tres últimos detenidos.
Aunque más de una treintena de andalgalenses fueron demorados en la comisaría departamental y en la de Chaquiago y liberados en la madrugada de ayer, tres permanecieron detenidos toda la noche y obtuvieron la libertad recién a mediodía. Entre ellos, un hombre de apellido Cisneros quien, visiblemente golpeado y con una fisura en el tabique nasal, denunció apremios de parte de las fuerzas policiales.
Las declaraciones del intendente José Perea condenando la quema de municipio y responsabilizando a docentes y a algunos referentes de los Vecinos por la Vida como responsables de los daños no hizo más que acrecentar el malestar de los ciudadanos que, a los gritos y mediante pancartas, reclamaban la renuncia del jefe comunal. También pedían la cabeza del juez de control de garantías, Rodolfo Cecenarro, de la fiscal Marta Graciela Nieva y hasta del mismo Gobernador de la provincia.
"Nosotros no queríamos esto, lo que pasó ayer fue un desastre para todos", decía ayer una de las asambleístas, visiblemente conmocionada por las escenas de corridas, confusión y disturbios que empañaron la protesta por el desalojo del bloqueo antiminero.
"Esto no va a quedar así, nosotros queremos responsables. La fiscal y el juez, con sus medidas, han violado nuestro derecho a estar en una asamblea privada", denunció el ex concejal Roberto Cecenarro, con una herida de bala de goma a unos centímetros de su ojo izquierdo. También exigió una respuesta de las autoridades provinciales: "El Gobernador de la Provincia no se puede desentender de esto".
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Ayer por la tarde, los ambientalistas volvieron a reunirse en el lugar del desalojo, con la idea de analizar todo lo ocurrido y evaluaban emitir un documento sentando postura y exigiendo a las autoridades que asumen las responsabilidades por la represión. También invitaron a una misa "por la paz".
Varias expresiones de repudio a la represión
Mientras el interbloque de la oposición presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados y varias agrupaciones se manifestaron en la Capital por la mañana, diversas organizaciones manifestaron su repudio por lo que calificaron como una "feroz represión" en contra del pueblo de Andalgalá. El interbloque promueve una declaración legislativa de "solidaridad y total y absoluto respaldo al pueblo de Andalgalá", además de repudiar "la violenta represión ordenada por el Poder Ejecutivo".
El PJ, por su parte, emitió un documento.
"Denunciamos y condenamos a Brizuela del Moral y su gestión, que articulan el despojo en beneficios de intereses foráneos e inconfesables. Nos solidarizamos con nuestros comprovincianos, con los reprimidos y su correlato, sus víctimas, y con todos aquellos que desde la memoria y de las mejores tradiciones de nuestro pueblo defienden su dignidad como lo hacen los pueblos soberanos. En la lucha de nuestro pueblo encontraremos el camino", consigna el escrito firmado por la conducción del PJ.
Agrupaciones ambientalistas realizaron una manifestación frente a la Casa de Catamarca en Buenos Aires.
Otros grupos expresaron su rechazo al accionar policial y gubernamental.
-Las diputadas por el ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes atacaron a los gobiernos nacional y provincial y consideraron que la Justicia actuó en Andalgalá como "guardia jurídica de las empresas mineras". Responsabilizaron al gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la represión.
- El diputado Fernando Pino Solanas se plegó a los rechazos y convocó a apoyar a los andalgalenses.
- "El accionar fascista del gobierno ha sido la mejor propaganda de concientización de los catamarqueños. Les ha salido el tiro por la culata", expresaron la organización Tupac Amaru y la Corriente de Unidad Felipe Varela.
- También el Movimiento Libres del Sur y el MST-Nueva Izquierda manifestaron su repudio.
Municipio incendiado
El intendente de Andalgalá no ocultó su malestar por los incidentes ocurridos y responsabilizó directamente a los asambleístas. En declaraciones a Radio Ancasti culpó al ex concejal Roberto Cecenarro por el incendio del edificio municipal. También denunció el accionar, junto a ambientalistas locales, de militantes nacionales del grupo Quebracho.
"Los Autoconvocados no toleraron que la gente apoye el desarrollo de Andalgalá y, en connivencia, con el señor Pino Solanas trajeron gente y quemaron vehículos. Destrozaron sectores de la municipalidad, en lo que hace a oficinas de Hacienda, Fiscalía, Tránsito, Despacho municipal", dijo al denunciar que más del 80% del edificio municipal fue destruido por los desmanes.
Perea negó que hubiera estado ausente durante conflicto y no confió en que el plebiscito sea la salida para la división de la comunidad por la minería.
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La medida será revocada cuando estén garantizadas las condiciones para desarrollar el proyecto. Disconformidad de los asambleístas.
El juez de Minas Raúl Guillermo Cerda ordenó ayer suspender toda la actividad que la empresa minera Agua Rica cumplía en Andalgalá. La medida no tiene plazo y quedará sin efecto sólo cuando estén dadas las condiciones sociales para desarrollar el proyecto minero. Según fundamentó, la resolución se adoptó por los violentos enfrentamientos ocurridos en la Perla del Oeste durante la noche del lunes y con el objetivo de recuperar la paz social.
Apenas conocida la noticia del cese temporal de la actividad de Agua Rica, los asambleístas que a esa hora se había autoconvocado en la plaza de Andalgalá festejaron, pero no se quedaron conformes. Ahora reclaman la suspensión definitiva de la actividad minera en Andalgalá.
En diálogo con El Ancasti, Cerda informó que ayer estuvo en contacto con apoderados de la empresa, quienes expresaron su conformidad con la resolución y le transmitieron que "en esas condiciones no se podía trabajar". De todos modos, la empresa tiene tres días para apelar la resolución del juez. "No creo que ello ocurra porque el letrado manifestó que coincidían y compartían el criterio", dijo. "Creo que la resolución es un punto de partida para comenzar a dialogar y para que se calmen los ánimos, después el tiempo dirá. Por ahora las posiciones son muy encontradas. Creo que hace falta mucha más información para conocer qué se pretende hacer", opinó.
En la resolución, el magistrado sugirió que la suspensión de la actividad no se traslade a los empleados que tiene la empresa Agua Rica en Andalgalá. "Será una decisión de la empresa si despide a sus empleados o no", advirtió.
Agua Rica había retomado la actividad hace pocos meses luego del stand by en el que había ingresado por el impacto de la crisis internacional del año pasado y por las demoras en la aprobación del informe de impacto ambiental.
Rechazo
En Andalgalá, el ex concejal Roberto Cecenarro rechazó, igual que la mayoría de los asambleístas, la medida transitoria del juez Cerda de ordenar el parate de las actividades en Agua Rica: "Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros lo que queremos es la prohibición de la minería a cielo abierto en Andalgalá", señaló.
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Después de toda la violencia que se desató cuando los camiones mineros quisieron pasar, los ambientalistas volvieron a agruparse y mantuvieron la vigilia a la vera de la ruta.
También ayer al mediodía un grupo de Autoconvocados de Andalgalá y antimineros de esta capital se movilizaron hasta el juzgado de Minas para pedirle al magistrado la paralización de todo proyecto minero en Andalgalá. Cerda los recibió y explicó el alcance de la resolución.
Reacción oficial
Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, y el jefe de Policía Francisco Soria brindaron ayer una conferencia de prensa en la que negaron algún tipo de exceso en el operativo policial que se desplegó el lunes en Andalgalá. Informaron que para garantizar la paz social se ordenó el repliegue policial.
Por su parte, el secretario de Minería José Sinner lamentó el cariz de los acontecimientos en Andalgalá. "No entiendo cuál es la crítica a un proyecto que todavía no ha comenzado", dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Sinner defendió la actividad minera y los controles que se realizan desde el área que conduce.
Malestar de los comerciantes y proveedores
Los comerciantes y proveedores mineros se cuidaron al condenar los hechos de violencia que se registraron la noche del martes.
El supermercado "Los Mellizos", ubicado en una esquina frente a la plaza fue uno de los blancos de la violencia del martes por la noche. Vidrios rotos permanecían como prueba de los actos de vandalismo.
Luis Rojano, el propietario del comercio, que además regentea junto a sus hermanos una empresa de maquinarias viales que trabaja para Agua Rica, expresó su malestar por la situación y anticipó que realizaría la denuncia por los daños.
También confirmó que la empresa vial que administra junto a sus hermanos -Mafap- dejaría de trabajar para la minera. Lo mismo dijo públicamente a través de radios locales Ariel Rojano, quien además pidió disculpas a la gente por haber intentado pasar con una maquinaria propia por el bloqueo antiminero.
Daniel Brizuela, otro de los comerciantes y miembro de la cámara de proveedores mineros dijo que, tras hablar con otros empresarios acordaron "poner las barbas en remojo".
La Fiscalía inició investigación por el daño a los edificios
La fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, dispuso ayer el inicio de una investigación de oficio para identificar a los responsables de los daños a los distintos edificios públicos y anticipó que los responsables de las distintas dependencias -intendentecia, juzgado, policía etc.- realizarían denuncias por los daños que sufrieron los edificios públicos.
Del otro lado, ayer se habían comenzado a recibir las primeras denuncias de ciudadanos por presunta agresión policial.
Las fuentes judiciales confirmaron que el martes hubo alrededor de 20 ciudadanos heridos que fueron atendidos en el hospital y que una cifra similar de heridos hubo en las filas policiales. Ayer, para descomprimir la tensión, desde la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia se dispuso el repliegue de los refuerzos policiales que habían llegado desde la capital provincial.
Desenlace
En declaraciones a Radio Ancasti, la fiscal de Andalgalá lamentó el desenlace al que arribó la orden judicial para desalojar el bloqueo antiminero y permitir el paso de vehículos al yacimiento. Y relató la otra versión de los incidentes: "Se procedió al arresto de las personas porque se tiraban en medio del camino para impedir el paso de camiones y camionetas. Inmediatamente después de haber sido revisados por el médico y de labrarse el acta de la causa de la detención se los puso en libertad, así que sólo deben haber estado unas dos horas arrestados. Ya a la medianoche no quedaba ningún detenido", relató.
Sin embargo, comentó que los peores desmanes en la plaza de Andalgalá ocurrieron a última hora de la violenta jornada y fueron protagonizados por "encapuchados" que investiga la Policía y la Justicia.
Según relató, hasta el cura párroco que intentó mediar en el conflicto terminó agredido.
Admiten amparo
El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro declaró la admisibilidad del recurso de amparo presentado a fines de enero por los ambientalistas y pidió una serie de informes a la Secretaría de Minería de la Provincia, al Ministerio de Salud, a la Secretaría del Ambiente, al municipio y a la empresa Agua Rica para poder producir prueba y pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
En su presentación, los ambientalistas pedían la suspensión del trabajo de instalación de Agua Rica y al mismo tiempo la cesación definitiva del emprendimiento.
Con la información que le remitan, el juez definirá sobre la cuestión de fondo.
Rechazo a la violencia
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que preside Manuel Benítez llamó a la reflexión de los actores sociales para que la paz social pueda primar sobre las distintas posiciones planteadas respecto a la minería. "No ayudan a la sociedad los discursos disociantes y provocativos", indican.
"Da vergüenza la inacción"
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, el diputado Alfredo Gómez y el intendente Gustavo Jalile rechazaron la estrategia que implementó la Policía de la Provincia para desalojar el bloqueo al yacimiento de Agua Rica.
"Lamentamos profundamente el padecimiento del pueblo andalgalense en manos de la represión, por parte de quienes nos deben proteger. Instamos a que urgentemente se procure una alternativa de diálogo, no se puede seguir permitiendo que continué el enfrentamiento de catamarqueños contra catamarqueños. Da vergüenza la inacción de los responsables de mediar en este conflicto, y su incapacidad de procurar un ordenamiento desde lo institucional para buscar una salida cierta donde prime la cordura", indica el documento.
"El MIRA apuesta por la minería responsable y reclama para que los recursos que genera la actividad queden en la provincia y beneficien a la población local", señalaron.
Sigue la tensión y culpan al Gobierno y al intendente
Tras la represión policial y la reacción popular del martes por la noche, que incluyó la quema casi total del edificio municipal, daños en comercios céntricos y varios heridos, la tensión y la resistencia de los sectores ambientalistas continuó ayer en la ciudad de Andalgalá. Ayer los asambleístas retornaron al corte que desde diciembre mantenían en el camino comunero de Chaquiago-El Potrero, vía de acceso al yacimiento de Agua Rica para realizar un balance de los incidentes ocurridos.
A media mañana, los manifestantes que rechazan la minería volvieron a congregarse en la Plaza 9 de Julio y desde allí marcharon hacia la sede de la Fiscalía, el edificio comunal y la comisaría para repudiar las agresiones y reclamar por la libertad de los tres últimos detenidos.
Aunque más de una treintena de andalgalenses fueron demorados en la comisaría departamental y en la de Chaquiago y liberados en la madrugada de ayer, tres permanecieron detenidos toda la noche y obtuvieron la libertad recién a mediodía. Entre ellos, un hombre de apellido Cisneros quien, visiblemente golpeado y con una fisura en el tabique nasal, denunció apremios de parte de las fuerzas policiales.
Las declaraciones del intendente José Perea condenando la quema de municipio y responsabilizando a docentes y a algunos referentes de los Vecinos por la Vida como responsables de los daños no hizo más que acrecentar el malestar de los ciudadanos que, a los gritos y mediante pancartas, reclamaban la renuncia del jefe comunal. También pedían la cabeza del juez de control de garantías, Rodolfo Cecenarro, de la fiscal Marta Graciela Nieva y hasta del mismo Gobernador de la provincia.
"Nosotros no queríamos esto, lo que pasó ayer fue un desastre para todos", decía ayer una de las asambleístas, visiblemente conmocionada por las escenas de corridas, confusión y disturbios que empañaron la protesta por el desalojo del bloqueo antiminero.
"Esto no va a quedar así, nosotros queremos responsables. La fiscal y el juez, con sus medidas, han violado nuestro derecho a estar en una asamblea privada", denunció el ex concejal Roberto Cecenarro, con una herida de bala de goma a unos centímetros de su ojo izquierdo. También exigió una respuesta de las autoridades provinciales: "El Gobernador de la Provincia no se puede desentender de esto".
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Ayer por la tarde, los ambientalistas volvieron a reunirse en el lugar del desalojo, con la idea de analizar todo lo ocurrido y evaluaban emitir un documento sentando postura y exigiendo a las autoridades que asumen las responsabilidades por la represión. También invitaron a una misa "por la paz".
Varias expresiones de repudio a la represión
Mientras el interbloque de la oposición presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados y varias agrupaciones se manifestaron en la Capital por la mañana, diversas organizaciones manifestaron su repudio por lo que calificaron como una "feroz represión" en contra del pueblo de Andalgalá. El interbloque promueve una declaración legislativa de "solidaridad y total y absoluto respaldo al pueblo de Andalgalá", además de repudiar "la violenta represión ordenada por el Poder Ejecutivo".
El PJ, por su parte, emitió un documento.
"Denunciamos y condenamos a Brizuela del Moral y su gestión, que articulan el despojo en beneficios de intereses foráneos e inconfesables. Nos solidarizamos con nuestros comprovincianos, con los reprimidos y su correlato, sus víctimas, y con todos aquellos que desde la memoria y de las mejores tradiciones de nuestro pueblo defienden su dignidad como lo hacen los pueblos soberanos. En la lucha de nuestro pueblo encontraremos el camino", consigna el escrito firmado por la conducción del PJ.
Agrupaciones ambientalistas realizaron una manifestación frente a la Casa de Catamarca en Buenos Aires.
Otros grupos expresaron su rechazo al accionar policial y gubernamental.
-Las diputadas por el ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes atacaron a los gobiernos nacional y provincial y consideraron que la Justicia actuó en Andalgalá como "guardia jurídica de las empresas mineras". Responsabilizaron al gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la represión.
- El diputado Fernando Pino Solanas se plegó a los rechazos y convocó a apoyar a los andalgalenses.
- "El accionar fascista del gobierno ha sido la mejor propaganda de concientización de los catamarqueños. Les ha salido el tiro por la culata", expresaron la organización Tupac Amaru y la Corriente de Unidad Felipe Varela.
- También el Movimiento Libres del Sur y el MST-Nueva Izquierda manifestaron su repudio.
Municipio incendiado
El intendente de Andalgalá no ocultó su malestar por los incidentes ocurridos y responsabilizó directamente a los asambleístas. En declaraciones a Radio Ancasti culpó al ex concejal Roberto Cecenarro por el incendio del edificio municipal. También denunció el accionar, junto a ambientalistas locales, de militantes nacionales del grupo Quebracho.
"Los Autoconvocados no toleraron que la gente apoye el desarrollo de Andalgalá y, en connivencia, con el señor Pino Solanas trajeron gente y quemaron vehículos. Destrozaron sectores de la municipalidad, en lo que hace a oficinas de Hacienda, Fiscalía, Tránsito, Despacho municipal", dijo al denunciar que más del 80% del edificio municipal fue destruido por los desmanes.
Perea negó que hubiera estado ausente durante conflicto y no confió en que el plebiscito sea la salida para la división de la comunidad por la minería.
El Riachuelo y la política ambiental
El Riachuelo y la política ambiental
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
A pesar de una orden de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional avanza a paso lento en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Hace un año y medio, la Corte ordenó la ejecución de un plan de saneamiento del Riachuelo, cuya diagramación y ejecución es responsabilidad del Gobierno. Pero, según una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de ONGs, entre las que figuran Greenpeace y el CELS, las obras prometidas por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, están muy atrasadas.
El informe en el que se basa la presentación reconoce el avance de algunos programas, pero considera que no sucedió lo mismo en cuestiones decisivas como la reconversión de las industrias que contaminan la Cuenca, la reducción de basurales y la atención sanitaria de la vasta población afectada por la contaminación.
Además, el programa presentado por la Autoridad de la Cuenca contempla un plazo de ejecución más largo que el establecido en el fallo de la Corte.
El atraso en el tratamiento de una contaminación tan extendida y que afecta la salud de millones de personas, pone de manifiesto la ausencia de una política ambiental oficial.
Esta actitud es, por otra parte, contradictoria con el apoyo que reciben los asambleístas de Gualeguaychú, que cortan un puente internacional en protesta por una contaminación de la que al momento no existen pruebas.
El Gobierno incumple un fallo de la Corte Suprema que ordenó el saenamiento del Riachuelo. La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció el escaso avance de programas anunciados.
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
A pesar de una orden de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional avanza a paso lento en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Hace un año y medio, la Corte ordenó la ejecución de un plan de saneamiento del Riachuelo, cuya diagramación y ejecución es responsabilidad del Gobierno. Pero, según una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de ONGs, entre las que figuran Greenpeace y el CELS, las obras prometidas por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, están muy atrasadas.
El informe en el que se basa la presentación reconoce el avance de algunos programas, pero considera que no sucedió lo mismo en cuestiones decisivas como la reconversión de las industrias que contaminan la Cuenca, la reducción de basurales y la atención sanitaria de la vasta población afectada por la contaminación.
Además, el programa presentado por la Autoridad de la Cuenca contempla un plazo de ejecución más largo que el establecido en el fallo de la Corte.
El atraso en el tratamiento de una contaminación tan extendida y que afecta la salud de millones de personas, pone de manifiesto la ausencia de una política ambiental oficial.
Esta actitud es, por otra parte, contradictoria con el apoyo que reciben los asambleístas de Gualeguaychú, que cortan un puente internacional en protesta por una contaminación de la que al momento no existen pruebas.
El Gobierno incumple un fallo de la Corte Suprema que ordenó el saenamiento del Riachuelo. La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció el escaso avance de programas anunciados.
Preocupa el cuidado de tierras de la Quebrada
Preocupa el cuidado de tierras de la Quebrada
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Preocupan la venta de tierras a extranjeros y el incumplimiento de normas sobre el cuidado del patrimonio en la Quebrada de Humahuaca.
Hace muchos años atrás se instaló en el país el debate sobre los riesgos de vender tierras a extranjeros. El caso que desató la polémica fue la venta de extensiones en la Patagonia por parte de empresa Benetton durante el gobierno menemista.
A partir de allí especialistas advirtieron que el país es la tentación de inversores extranjeros que, interesados en los recursos naturales más importantes como el agua y los minerales de nuestros suelo,hacen todo lo posible por poseer zonas estratégicas.
Ante este panorama es triste decir que nuestro país cuenta con ciertas “debilidades” legales que le dan seductoras oportunidades de compra a los extranjeros.
Hace no más de 15 días atrás diario El Clarín publicó un informe en el que el gobierno nacional admite que no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros. Mientras que, en el mismo articulo, los expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Y señala que entre los lugares de mayor atractivo y mayor debilidad legal en lo que refiere a la protección de tierras del Estado se encuentra la Quebrada de Humahuaca, dato que llama poderosamente la atención porque esta zona es Patrimonio de la Humanidad y por consecuencia debería tener una protección especial sobre el uso de tierras, por lo menos las parcelas que aún pertenecen al Estado provincial, aunque no sean muchas.
Considerando a la tierra como un insumo estratégico de un país, la extranjerización de tierras implicaría la perdida de la soberanía nacional y poner en riesgo nuestros recursos naturales, y mas aun si hablamos de un territorio declarado como Patrimonio de la Humanidad por su riqueza cultural y paisajística.
Ante tal interrogante El Tribuno de Jujuy quiso conocer en detalle cuál es la situación real, si existen datos que hagan suponer que estamos frente a una creciente “extranjerización del suelo” y cuáles son los marcos legales vigentes.
Desde la Dirección provincial de Inmuebles, en declaraciones a la prensa local, su director Guillermo Aguirre aseguró que existen leyes provinciales que limitan la venta de tierras fiscales a inversores extranjeros, “aunque estas representen solo un porcentaje mínimo en las zona patrimonial”. Sin embargo señaló que la regulación es ínfima en lo que refiere a tierras de propiedad privada, donde el Estado “puede hacer muy poco o casi nada” para impedir la venta de zonas estratégica.
Incidencia del precio
Al respecto, el titular de la Unidad de Gestión de la Quebrada Patrimonio de la Humanidad, Néstor José, dijo que no existen datos certeros de que en los últimos años haya crecido la venta de tierras a extranjeros, y señaló que “muchas veces el alto precio en el que se cotizan las parcelas en Quebrada de Humahuaca por ser zona turística por excelencia, implica que las personas de la misma comunidad no tengan la posibilidad de adquirirlas, sino que sean personas de la capital de la provincia o de Buenos Aires las que las compren porque ven allí una oportunidad de negocios”.
Por otro lado, Néstor José dijo que el único caso concreto que hubo sobre la intención de una empresa estadounidense de compra en la Quebrada fue hace unos meses atrás, “se supo que querían comprar Alfarcito, pero finalmente la venta no se concretó debido a problemas con la documentación de propiedad de la tierra”, situación que ocurre frecuentemente en la zona y a veces obliga a los Concejos Deliberantes o municipios , aunque no tengan competencia directa, a avalar los títulos de propiedad que tiene varios siglos y están hechos precariamente.
La leyes vigentes
Seguidamente el funcionario explicó que la Ley de protección al patrimonio no abarca la compra y venta de tierra privadas, y que el Plan de Gestión sólo abarca los referido al uso de la tierra y su ordenamiento urbano.
La Ley provincial 5206 protege el paisaje de la Quebrada de Humahuaca en toda su extensión, en los términos del artículo 122 inc. a) de la Ley N" 5063 “Ley General de Medio Ambiente”.
En tanto, el Plan de manejo de la Quebrada de Humahuaca expone un detallado informe de los bienes y valores excepcionales que han merecido la inscripción de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la Humanidad.
Además describe completamente a la Quebrada con sus numerosos recursos naturales y culturales, incluyendo la incidencia humana en el paisaje.
Entre ellos indica específicamente la conservación de las características arquitectónicas de la zona, casas bajas en colores ocres y construidas con materiales de la zonas, ya sean adobes o similares.
Sin embargo esta normativa no es respetada por los inversores, que ávidos de la oportunidad de negocio montan grandes hoteles sin tener ningún respeto con el paisaje típico de nuestro pueblo.
Ante esta situación, Néstor José indicó que existen ordenanzas y leyes que reglamentan la construcción en la zona de patrimonio de la humanidad, que son ampliamente transgredidas tanto por los dueños de los nuevos edificios y también por los municipios que tienen la facultad de controlar esta situación.
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Preocupan la venta de tierras a extranjeros y el incumplimiento de normas sobre el cuidado del patrimonio en la Quebrada de Humahuaca.
Hace muchos años atrás se instaló en el país el debate sobre los riesgos de vender tierras a extranjeros. El caso que desató la polémica fue la venta de extensiones en la Patagonia por parte de empresa Benetton durante el gobierno menemista.
A partir de allí especialistas advirtieron que el país es la tentación de inversores extranjeros que, interesados en los recursos naturales más importantes como el agua y los minerales de nuestros suelo,hacen todo lo posible por poseer zonas estratégicas.
Ante este panorama es triste decir que nuestro país cuenta con ciertas “debilidades” legales que le dan seductoras oportunidades de compra a los extranjeros.
Hace no más de 15 días atrás diario El Clarín publicó un informe en el que el gobierno nacional admite que no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros. Mientras que, en el mismo articulo, los expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Y señala que entre los lugares de mayor atractivo y mayor debilidad legal en lo que refiere a la protección de tierras del Estado se encuentra la Quebrada de Humahuaca, dato que llama poderosamente la atención porque esta zona es Patrimonio de la Humanidad y por consecuencia debería tener una protección especial sobre el uso de tierras, por lo menos las parcelas que aún pertenecen al Estado provincial, aunque no sean muchas.
Considerando a la tierra como un insumo estratégico de un país, la extranjerización de tierras implicaría la perdida de la soberanía nacional y poner en riesgo nuestros recursos naturales, y mas aun si hablamos de un territorio declarado como Patrimonio de la Humanidad por su riqueza cultural y paisajística.
Ante tal interrogante El Tribuno de Jujuy quiso conocer en detalle cuál es la situación real, si existen datos que hagan suponer que estamos frente a una creciente “extranjerización del suelo” y cuáles son los marcos legales vigentes.
Desde la Dirección provincial de Inmuebles, en declaraciones a la prensa local, su director Guillermo Aguirre aseguró que existen leyes provinciales que limitan la venta de tierras fiscales a inversores extranjeros, “aunque estas representen solo un porcentaje mínimo en las zona patrimonial”. Sin embargo señaló que la regulación es ínfima en lo que refiere a tierras de propiedad privada, donde el Estado “puede hacer muy poco o casi nada” para impedir la venta de zonas estratégica.
Incidencia del precio
Al respecto, el titular de la Unidad de Gestión de la Quebrada Patrimonio de la Humanidad, Néstor José, dijo que no existen datos certeros de que en los últimos años haya crecido la venta de tierras a extranjeros, y señaló que “muchas veces el alto precio en el que se cotizan las parcelas en Quebrada de Humahuaca por ser zona turística por excelencia, implica que las personas de la misma comunidad no tengan la posibilidad de adquirirlas, sino que sean personas de la capital de la provincia o de Buenos Aires las que las compren porque ven allí una oportunidad de negocios”.
Por otro lado, Néstor José dijo que el único caso concreto que hubo sobre la intención de una empresa estadounidense de compra en la Quebrada fue hace unos meses atrás, “se supo que querían comprar Alfarcito, pero finalmente la venta no se concretó debido a problemas con la documentación de propiedad de la tierra”, situación que ocurre frecuentemente en la zona y a veces obliga a los Concejos Deliberantes o municipios , aunque no tengan competencia directa, a avalar los títulos de propiedad que tiene varios siglos y están hechos precariamente.
La leyes vigentes
Seguidamente el funcionario explicó que la Ley de protección al patrimonio no abarca la compra y venta de tierra privadas, y que el Plan de Gestión sólo abarca los referido al uso de la tierra y su ordenamiento urbano.
La Ley provincial 5206 protege el paisaje de la Quebrada de Humahuaca en toda su extensión, en los términos del artículo 122 inc. a) de la Ley N" 5063 “Ley General de Medio Ambiente”.
En tanto, el Plan de manejo de la Quebrada de Humahuaca expone un detallado informe de los bienes y valores excepcionales que han merecido la inscripción de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la Humanidad.
Además describe completamente a la Quebrada con sus numerosos recursos naturales y culturales, incluyendo la incidencia humana en el paisaje.
Entre ellos indica específicamente la conservación de las características arquitectónicas de la zona, casas bajas en colores ocres y construidas con materiales de la zonas, ya sean adobes o similares.
Sin embargo esta normativa no es respetada por los inversores, que ávidos de la oportunidad de negocio montan grandes hoteles sin tener ningún respeto con el paisaje típico de nuestro pueblo.
Ante esta situación, Néstor José indicó que existen ordenanzas y leyes que reglamentan la construcción en la zona de patrimonio de la humanidad, que son ampliamente transgredidas tanto por los dueños de los nuevos edificios y también por los municipios que tienen la facultad de controlar esta situación.
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