Intentan controlar al visón americano
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Buscan detener el avance del visón americano, el terror de la fauna patagónica
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Santa Cruz
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Santa Cruz
Un proyecto de control del visón americano para conservar y proteger al pato de los torrentes, especie ícono de la ciudad santacruceña de El Chaltén y en riesgo de extinción, no consigue la captura del animal y las crecidas por el deshielo se llevaron y destruyeron varias de las trampas balsa activadas en el río Las Vueltas.
"Estamos aprendiendo sobre esta nueva cuenca porque la experiencia que tenemos es en el Parque Nacional Patagonia, donde los ríos se comportan totalmente distinto, por lo que estamos evaluando para el año que viene, quizá en los momentos de deshielo, levantar las trampas y cuando el río se acomoda volver a colocarlas", dijo a Télam Ernesto Juan, biólogo y director regional Patagonia Austral de Parques Nacionales.
El doctor en Biología presentó las novedades del proyecto en el Centro de Informes de Parques Nacionales en El Calafate ante guías de turismo y la comunidad en general "para que conozcan, colaboren y nos puedan avisar si ven visones en otros lugares, porque en el sur del Parque no tenemos registro pero no quiere decir que no haya", dijo.
Exterminio de la plaga
"Se trata de hacer la difusión del proyecto de control del visón americano, contar por qué decidimos sacrificar a estos animales, la manera en que lo vamos a hacer, que no lo vamos a hacer sufrir, para que los guías y la comunidad se involucren y colaboren" señaló.
Juan contó a esta agencia que desde que fueron activadas unas 86 trampas balsa en los cien kilómetros de extensión del río Las Vueltas, hasta su desembocadura en el Lago del Desierto, no se han producido capturas del visón americano, si bien el animal defecó en los dispositivos.
"Estos animales son bastante desconfiados, entonces cuesta encontrar el cebo más óptimo para estos lugares, ya que en el Patagonia andaba muy bien la carne de vaca y acá estamos viendo que no es lo más atractivo para ellos y evaluamos utilizar chinuk, este pez exótico, para llevar los animales", agregó.
Juan rescató que "la comunidad de El Chaltén se prendió muchísimo, está colaborando mucho, hay mucho voluntario colaborando con el proyecto".
El especialista anunció además para el mes de diciembre un censo de pato de los torrentes, que está relacionado con este proyecto, ya que uno de los objetivos es conservar y proteger las poblaciones de la especie.
"El Chaltén viene realizando un censo en febrero y marzo y lo que planteamos a partir de este año es hacer también uno en diciembre, porque es donde están los pichones y podés ver cómo va evolucionando la cría, si se la predan en el camino o no, y conocer cuáles son las áreas que utiliza para anidar y tener a su cría", explicó Juan.
El proyecto de control de visón americano en El Chaltén es parte del desarrollo de una estrategia nacional para abordar la problemática de las especies exóticas invasoras, que lleva adelante la Secretaría de Ambiente de Nación.
En Santa Cruz corresponde a la extensión de una experiencia que Aves Argentinas realiza con el visón americano desde hace diez años en el Parque Patagonia, donde el visón americano es una de las principales amenazas que tiene el macá tobiano en sus áreas de reproducción.
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Neuquén: quieren modificar ley de Bosques para más loteos
La nueva ley de Bosques habilitará loteos en nueve áreas de montaña de Neuquén
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Argentina y la próxima COP de cambio climático
El cambio climático y la agenda socioambiental de la Argentina
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático es el problema socioambiental de mayor resonancia mundial ya que afecta a todas las regiones. Tiene fuertes relaciones con la desigualdad social y su solución requiere del esfuerzo colectivo internacional. Existen abundantes evidencias científicas de su impacto local, así como también del papel no despreciable que tiene nuestro país en contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero que lo producen.
La ciudad de Madrid será, entre el 2 y el 13 de diciembre, sede de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP25. Teniendo en cuenta la crisis económica que afecta a la Argentina y el cambio de gobierno inminente, así como la grave situación social y de gobernabilidad que sufren algunos de los países de nuestra región, los debates que se den en la COP25 pueden llegar a verse como alejados o en un plano secundario. Sin embargo, un análisis más profundo nos muestra que la vinculación de los problemas sociales con los ambientales y la articulación entre las políticas nacionales e internacionales pueden facilitar el camino para lograr el bienestar de nuestro país.
Argentina tiene una larga historia en participar en las discusiones multilaterales sobre el tema y, como firmante del Acuerdo de París, se ha comprometido a contribuir a su solución. En este contexto, la COP25 tratará temas relevantes para el desarrollo económico y social de Argentina. Los acuerdos que se logren sobre los mecanismos para promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en un esquema donde todos contribuimos con la solución, podrían permitir soluciones más costo-efectivas para los países, incluyendo Argentina. Aunque esos acuerdos internacionales tienen que reconocer las responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales, evitando que la carga recaiga de modo desproporcionado sobre ciertos sectores, especialmente en países en desarrollo.
La COP25 revisará también los mecanismos sobre las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático y discutirá sobre el Fondo de Adaptación, que contribuye a que los países en desarrollo puedan progresar en sus planes y acciones de adaptación. Los eventos especiales de la COP25 sobre agricultura, energía, transporte, bosques pueden tener también relevancia en el desarrollo local. Sería deseable, entonces, que la transición hacia el nuevo gobierno nacional contemple la participación en la COP25 a la vez que considere el fortalecimiento de la gestión del ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable.
Es posible lograr el desarrollo económico nacional teniendo en cuenta las dimensiones sociales y ambientales, e integrando las políticas al contexto internacional. Necesitamos contar con políticas nacionales transversales que definan horizontes a corto, mediano y largo plazo que permitan alcanzar el bienestar social, en armonía con la naturaleza, incluyendo la solución al cambio climático. Esto implica la transición hacia una economía inclusiva y menos dependiente de los recursos naturales, que promueva el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones; la transición a un sistema agrícola-ganadero ambientalmente sustentable y socialmente equitativo; la transición a centros urbanos incluyentes, habitables, justos y sustentables; y la transición a un sector energético ambientalmente sustentable.
Esos nuevos horizontes comunes requieren de una fuerte articulación entre los gobiernos e instituciones de nivel municipal, provincial y nacional, así como del diálogo entre los sectores público y privado, con amplia participación ciudadana. De la construcción e integración de esos lazos dependerá su éxito.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático es el problema socioambiental de mayor resonancia mundial ya que afecta a todas las regiones. Tiene fuertes relaciones con la desigualdad social y su solución requiere del esfuerzo colectivo internacional. Existen abundantes evidencias científicas de su impacto local, así como también del papel no despreciable que tiene nuestro país en contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero que lo producen.
La ciudad de Madrid será, entre el 2 y el 13 de diciembre, sede de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP25. Teniendo en cuenta la crisis económica que afecta a la Argentina y el cambio de gobierno inminente, así como la grave situación social y de gobernabilidad que sufren algunos de los países de nuestra región, los debates que se den en la COP25 pueden llegar a verse como alejados o en un plano secundario. Sin embargo, un análisis más profundo nos muestra que la vinculación de los problemas sociales con los ambientales y la articulación entre las políticas nacionales e internacionales pueden facilitar el camino para lograr el bienestar de nuestro país.
Argentina tiene una larga historia en participar en las discusiones multilaterales sobre el tema y, como firmante del Acuerdo de París, se ha comprometido a contribuir a su solución. En este contexto, la COP25 tratará temas relevantes para el desarrollo económico y social de Argentina. Los acuerdos que se logren sobre los mecanismos para promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en un esquema donde todos contribuimos con la solución, podrían permitir soluciones más costo-efectivas para los países, incluyendo Argentina. Aunque esos acuerdos internacionales tienen que reconocer las responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales, evitando que la carga recaiga de modo desproporcionado sobre ciertos sectores, especialmente en países en desarrollo.
La COP25 revisará también los mecanismos sobre las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático y discutirá sobre el Fondo de Adaptación, que contribuye a que los países en desarrollo puedan progresar en sus planes y acciones de adaptación. Los eventos especiales de la COP25 sobre agricultura, energía, transporte, bosques pueden tener también relevancia en el desarrollo local. Sería deseable, entonces, que la transición hacia el nuevo gobierno nacional contemple la participación en la COP25 a la vez que considere el fortalecimiento de la gestión del ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable.
Es posible lograr el desarrollo económico nacional teniendo en cuenta las dimensiones sociales y ambientales, e integrando las políticas al contexto internacional. Necesitamos contar con políticas nacionales transversales que definan horizontes a corto, mediano y largo plazo que permitan alcanzar el bienestar social, en armonía con la naturaleza, incluyendo la solución al cambio climático. Esto implica la transición hacia una economía inclusiva y menos dependiente de los recursos naturales, que promueva el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones; la transición a un sistema agrícola-ganadero ambientalmente sustentable y socialmente equitativo; la transición a centros urbanos incluyentes, habitables, justos y sustentables; y la transición a un sector energético ambientalmente sustentable.
Esos nuevos horizontes comunes requieren de una fuerte articulación entre los gobiernos e instituciones de nivel municipal, provincial y nacional, así como del diálogo entre los sectores público y privado, con amplia participación ciudadana. De la construcción e integración de esos lazos dependerá su éxito.
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Salta: audiencia por el basural de San Javier
Nueva audiencia por la contaminación en el vertedero San Javier
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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15 escuelas contaminadas con agroquímicos en Tandil
Tandil: Según un estudio, 15 escuelas fueron contaminadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: El Faro
Provincia/Región: Buenos Aires
Según un trabajo realizado por el área de Extensión de la Universidad Nacional del Centro en escuelas rurales del partido de Tandil, sobre la aplicación de agroquímicos biosidas, la totalidad de los establecimientos relevados, mostraron distintos niveles de contaminación.
En diálogo con ABCHoy la docente Patricia Ackerley y la investigadora Graciela Canziani dieron precisiones sobre el tema.
El dato que surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito, fue realmente alarmante: todas estaban contaminadas con agroquímicos biosidas. “Algunas un poco más y otras un poco menos”, señaló Canziani, quien resaltó que las escuelas de Santa Teresa y La Porteña “son las que más concentración” de producto arrojaron.
“El año pasado el grupo de estudiantes que se acercó a la escuela de Santa Teresa se encontró con que acababa de pasar el mosquito a las 8 de la mañana y los chicos estaban encerrados y las estudiantes que participaron en esta actividad nos decían que era la primera vez que les tocaba respirar el producto”.
“El problema es que después de la aplicación y hasta 48 horas existe la deriva gaseosa que se mantiene en el aire, incluso después de ese lapso sigue habiendo una deriva secundaria y terciaria que puede durar hasta semanas y meses dependiendo del producto” manifestó.
“La gente no entiende que el producto es también tóxico en el largo plazo por aplicaciones repetidas, no se trata sólo del momento de la aplicación. Eso sería una toxicidad aguda que irrita piel, ojos y el aparato respiratorio” explicó la investigadora.
“Pero aparte de eso, en pequeñas dosis estos agroquímicos son en su mayor parte o cancerígenos o disruptores endocrinos o tienen efectos neurotóxicos” agregó.
Otros de los resultados del relevamiento en los establecimiento, fue que los alumnos “algunos saben que los productos son peligrosos porque los papás les explican, pero otros no lo saben porque aplican juntos con sus padres” consideró. “Incluso un chico comentaba que ‘me chorrea todo el producto por la espalda cuando papá me coloca la mochila’” relató. “Otros chiquitos de primaria que trabajan de banderilleros” agregó.
Consideró que “en general hay un desconocimiento de las precauciones que tiene que tener sobre usar una ropa adecuada, que la ropa del aplicador no se lava junto con la de la familia o vuelven a reutilizar los envases usados, algo que es peligrosísimo”.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: El Faro
Provincia/Región: Buenos Aires
Según un trabajo realizado por el área de Extensión de la Universidad Nacional del Centro en escuelas rurales del partido de Tandil, sobre la aplicación de agroquímicos biosidas, la totalidad de los establecimientos relevados, mostraron distintos niveles de contaminación.
En diálogo con ABCHoy la docente Patricia Ackerley y la investigadora Graciela Canziani dieron precisiones sobre el tema.
El dato que surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito, fue realmente alarmante: todas estaban contaminadas con agroquímicos biosidas. “Algunas un poco más y otras un poco menos”, señaló Canziani, quien resaltó que las escuelas de Santa Teresa y La Porteña “son las que más concentración” de producto arrojaron.
“El año pasado el grupo de estudiantes que se acercó a la escuela de Santa Teresa se encontró con que acababa de pasar el mosquito a las 8 de la mañana y los chicos estaban encerrados y las estudiantes que participaron en esta actividad nos decían que era la primera vez que les tocaba respirar el producto”.
“El problema es que después de la aplicación y hasta 48 horas existe la deriva gaseosa que se mantiene en el aire, incluso después de ese lapso sigue habiendo una deriva secundaria y terciaria que puede durar hasta semanas y meses dependiendo del producto” manifestó.
“La gente no entiende que el producto es también tóxico en el largo plazo por aplicaciones repetidas, no se trata sólo del momento de la aplicación. Eso sería una toxicidad aguda que irrita piel, ojos y el aparato respiratorio” explicó la investigadora.
“Pero aparte de eso, en pequeñas dosis estos agroquímicos son en su mayor parte o cancerígenos o disruptores endocrinos o tienen efectos neurotóxicos” agregó.
Otros de los resultados del relevamiento en los establecimiento, fue que los alumnos “algunos saben que los productos son peligrosos porque los papás les explican, pero otros no lo saben porque aplican juntos con sus padres” consideró. “Incluso un chico comentaba que ‘me chorrea todo el producto por la espalda cuando papá me coloca la mochila’” relató. “Otros chiquitos de primaria que trabajan de banderilleros” agregó.
Consideró que “en general hay un desconocimiento de las precauciones que tiene que tener sobre usar una ropa adecuada, que la ropa del aplicador no se lava junto con la de la familia o vuelven a reutilizar los envases usados, algo que es peligrosísimo”.
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Mendoza: comunas rechazan actividad minera en sus zonas
Los jefes comunales también quieren zonificar la minería
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Acampe en Mendoza contra el fracking
Continúan los acampes en la plaza San Martín contra el fracking
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Como informó el diario de los sanrafaelinos, semana a semana se llevan adelante manifestaciones en contra del fracking y de la minería contaminante. En esta oportunidad, los manifestantes esperaban la asunción de los nuevos concejales ya que quieren que se trate la ordenanza contra esta práctica.
Mingo Basalvivaso y Alan Riquelme dialogaron con el móvil de FM Vos (94.5) y expresaron que el acampe que comenzó el jueves a las 18, tiene que ver con la permanente intención de “cuidar el agua” oponiéndose a la técnica del fracking. “La idea es dejarles un mensaje a los concejales que asumen y que los vecinos que pasan por la puerta de la municipalidad pueden verlo en una bandera, y es el pedido de que los nuevos funcionarios se declaren a favor del cuidado del agua, o que por lo menos manifiesten su postura fehacientemente, cuáles son las intenciones que traen en cuanto a la posible modificación a la Ley 7.722 que es la protectora del agua”, señaló Riquelme, quien recordó que desde hace ocho semanas están manifestándose en la misma plaza y que “ha habido un pequeño interés por parte del municipio, pero no el que la situación amerita”, pues pretenden –como vecinos– ser escuchados. A modo de ejemplo, dijo que la semana pasada estuvieron en la Legislatura de Mendoza, donde en el marco de la discusión sobre la modificación a la ley en cuestión, ingresaron al recinto empresarios mineros y no miembros de las asambleas que se oponen. “Toda la política está priorizando el discurso de la minería, hoy ninguno quiere cargar con el costo político que significa oponerse a regalar la provincia y el agua de la provincia a las mega-corporaciones dominantes”, añadió.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Como informó el diario de los sanrafaelinos, semana a semana se llevan adelante manifestaciones en contra del fracking y de la minería contaminante. En esta oportunidad, los manifestantes esperaban la asunción de los nuevos concejales ya que quieren que se trate la ordenanza contra esta práctica.
Mingo Basalvivaso y Alan Riquelme dialogaron con el móvil de FM Vos (94.5) y expresaron que el acampe que comenzó el jueves a las 18, tiene que ver con la permanente intención de “cuidar el agua” oponiéndose a la técnica del fracking. “La idea es dejarles un mensaje a los concejales que asumen y que los vecinos que pasan por la puerta de la municipalidad pueden verlo en una bandera, y es el pedido de que los nuevos funcionarios se declaren a favor del cuidado del agua, o que por lo menos manifiesten su postura fehacientemente, cuáles son las intenciones que traen en cuanto a la posible modificación a la Ley 7.722 que es la protectora del agua”, señaló Riquelme, quien recordó que desde hace ocho semanas están manifestándose en la misma plaza y que “ha habido un pequeño interés por parte del municipio, pero no el que la situación amerita”, pues pretenden –como vecinos– ser escuchados. A modo de ejemplo, dijo que la semana pasada estuvieron en la Legislatura de Mendoza, donde en el marco de la discusión sobre la modificación a la ley en cuestión, ingresaron al recinto empresarios mineros y no miembros de las asambleas que se oponen. “Toda la política está priorizando el discurso de la minería, hoy ninguno quiere cargar con el costo político que significa oponerse a regalar la provincia y el agua de la provincia a las mega-corporaciones dominantes”, añadió.
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Media sanción en Santa Fe a cambio de ley de agroquímicos
Diputados aprobó otro cambio en la ley de agroquímicos de Santa Fe
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Los que se salvaron de la extinción en nuestro país
Rewilding: cuáles son las especies que se salvaron de la extinción en la Argentina
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Más de un millón de animales y plantas se encuentran en extinción a un ritmo sin precedente. Estamos ante la mayor ola de pérdida biológica desde la desaparición de los dinosaurios y el ser humano podría ser la principal causa de la sexta extinción masiva. Ahora bien, ¿es posible revertir esta tendencia? Hay quienes creen que sí y todos los días luchan para restaurar ecosistemas naturales completos.
La iniciativa de conservación conocida en todo el mundo como rewilding consiste en recuperar las especies extintas para restaurar su rol ecológico en el ambiente y aumentar las poblaciones de aquellas que se encuentran en bajo número. Todo el proceso está acompañado con una visión económica y cultural enmarcada bajo el turismo de naturaleza.
A nivel internacional, el caso de estudio más conocido y emblemático es el del lobo en el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos. En 1926 se eliminaron deliberadamente los lobos y a los pocos años la población de especies herbívoras aumentó tanto que degradó la vegetación del parque. Se intentó recuperar el ecosistema funcional con matanzas selectivas, pero esto sólo sirvió como medida temporal. Finalmente entre 1995 y 1996 se reintrodujeron 31 lobos provenientes de Canadá. La reintroducción y presencia del superpredador rápidamente restableció el equilibrio de la cascada trófica y provocó cambios drásticos positivos en todo el ecosistema.
Este trabajo de rewilding también existe en la Argentina. En nuestro país actualmente se lleva a cabo el proyecto de reintroducción multiespecie más grande de todo latinoamérica. Está encabezado por The Conservation Land Trust (CLT), fundación del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tompkins y su mujer Kristine, la embajadora de Áreas Protegidas de la ONU.
Ellos trabajan en tres regiones geográficas de la Argentina, que cruzan las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Misiones, Salta, Corrientes y Chaco, y se centran en proyectos de manejo de 18 especies. Siete de ellas estaban extintas y fueron reintroducidas.
El director de Rewilding de CLT Argentina, Sebastián Di Martino, explica a LA NACION: "Los ecosistemas naturales son como el cuerpo humano, tienen un estado de equilibrio. La pérdida de una especie provoca un desbalance, comienzan a fallar los mecanismos de regulación. Ahí aparece el rewilding como medicina de restauración ecológica activa".
El grueso del trabajo de rewilding en la Argentina se concentra en los Esteros de Iberá en Corrientes, una provincia que sufrió una colonización europea temprana y desarrolló una cultura de caza profunda que desencadenó en la pérdida y extinción de gran parte de su fauna.
La especie pionera del proyecto de rewilding fue el oso hormiguero que se extinguió en Corrientes a mediados del siglo XX. Su reintroducción comenzó en 2007 cuando se liberó por primera vez una pareja de osos hormigueros en la reserva Rincón del Socorro de Iberá. Los animales eran crías huérfanas rescatadas de otras provincias del norte, cuyas madres fueron víctimas de la caza furtiva. Gracias a años de trabajo de restauración de esta especie, hoy Corrientes cuenta una numerosa población autosustentable de osos hormigueros repartida alrededor de distintos núcleos de Iberá.
Este primer éxito abrió el paso para trabajar con otras especies. El venado de las pampas era un herbívoro en riesgo por la caza, la destrucción del ambiente en manos de la ganadería y las enfermedades provenientes del ganado doméstico. Sin embargo, CLT decidió traslocar a los pocos que quedaban vivos desde campos privados hacia Iberá. Hoy, los venados reintroducidos se reprodujeron y conforman la población más grande resguardada en un área protegida. A estas dos especies se le suma el pecarí de collar, otra población recuperada y que por su cantidad ya tampoco necesita de la ayuda humana para subsistir.
Sofía Heinonen, bióloga y directora ejecutiva de CLT Argentina sostiene que "antes se creía que sólo por crear Parques Nacionales y cerrarlos era suficiente, o que la naturaleza tenía un poder de curación autónoma. Pero estamos viendo que eso no basta porque el grado de destrucción es muy alto y el ecosistema no tiene la capacidad de curarse solo". Y agrega: "Hay que acelerar el proceso de restauración a través del rewilding para revertir la tendencia crítica de extinción".
Con respecto al criterio de selección de las especies, CLT responde a los lineamientos de animales en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Sin embargo, le agrega una mirada ecosistémica: "Hay que entender el rol ecológico que cumple cada especie en un ecosistema en particular. Por ejemplo el pecarí es considerado una especie de bajo riesgo a nivel mundial, pero que esté conservado en la mayor parte del planeta no quiere decir que en Iberá no sea necesario. Faltaba su rol ecológico ahí y había que traerlo con el mismo énfasis que la nutria gigante, que está en riesgo a nivel global", afirma Di Martino.
Actualmente, CLT se encuentra en proceso de trabajo con otras especies ya sea para el monitoreo, fortalecimiento, recuperación o reintroducción. Entre los proyectos más conocidos están: guacamayo rojo, nutria gigante, yaguareté, chuña de patas rojas y muitú en Iberá, y puma, guanaco, chinchillón anaranjado, cóndor andino, gallineta austral y choique en Patagonia. También, con la aprobación de la Administración de Parques Nacionales, llevarán adelante la primera translocación de una especie de un parque a otro: realizarán el traslado de una población fortalecida de Ciervos de los Pantanos de Iberá al Parque Nacional Impenetrable.
La Administración de Parques Nacionales es quien realiza la mayoría de las autorizaciones para que los proyectos de rewilding se ejecuten en las áreas protegidas. Su vicepresidente, Emiliano Ezcurra, explica a LA NACION: "Nosotros somos el primer directorio en la historia de Parques que promueve y favorece el rewilding en un Plan Estratégico aprobado por resolución. No es una postura, es una política".
De hecho, la Administración de Parques Nacionales también llevó adelante sus propios proyectos de rewilding con la reintroducción del guanaco en el Parque Nacional Condorito y de la vizcacha en El Palmar.
Sin embargo, no todos apoyan el concepto de rewilding. "Hay técnicos conservadores que piensan que restaurar es no tocar. Les genera dudas mezclar animales de zoológicos con silvestres e imponen muchas trabas", afirma Heinonen. Y añade: "O a veces, es la misma burocracia el problema. Por ejemplo, una reglamentación sostiene que sólo pueden ingresar animales silvestres por Ezeiza, pero a veces se torna en un viaje demasiado costoso y muy largo para el animal y conviene que llegue a otro aeropuerto".
Para combatir la multiplicidad de posturas e interpretaciones y empujar el proceso de rewilding para la protección de la biodiversidad, la IUCN encargada de elaborar la lista roja de animales en extinción, creó hace unos meses una fuerza especial de rewilding comandada por Ian Convery de la Universidad de Cumbria. Se trata de un grupo de especialistas y académicos responsables de construir el marco conceptual y metodológico para la teoría y práctica del rewilding. La comunidad científica y ambientalista aún espera la publicación de sus resultados.
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Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Más de un millón de animales y plantas se encuentran en extinción a un ritmo sin precedente. Estamos ante la mayor ola de pérdida biológica desde la desaparición de los dinosaurios y el ser humano podría ser la principal causa de la sexta extinción masiva. Ahora bien, ¿es posible revertir esta tendencia? Hay quienes creen que sí y todos los días luchan para restaurar ecosistemas naturales completos.
La iniciativa de conservación conocida en todo el mundo como rewilding consiste en recuperar las especies extintas para restaurar su rol ecológico en el ambiente y aumentar las poblaciones de aquellas que se encuentran en bajo número. Todo el proceso está acompañado con una visión económica y cultural enmarcada bajo el turismo de naturaleza.
A nivel internacional, el caso de estudio más conocido y emblemático es el del lobo en el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos. En 1926 se eliminaron deliberadamente los lobos y a los pocos años la población de especies herbívoras aumentó tanto que degradó la vegetación del parque. Se intentó recuperar el ecosistema funcional con matanzas selectivas, pero esto sólo sirvió como medida temporal. Finalmente entre 1995 y 1996 se reintrodujeron 31 lobos provenientes de Canadá. La reintroducción y presencia del superpredador rápidamente restableció el equilibrio de la cascada trófica y provocó cambios drásticos positivos en todo el ecosistema.
Este trabajo de rewilding también existe en la Argentina. En nuestro país actualmente se lleva a cabo el proyecto de reintroducción multiespecie más grande de todo latinoamérica. Está encabezado por The Conservation Land Trust (CLT), fundación del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tompkins y su mujer Kristine, la embajadora de Áreas Protegidas de la ONU.
Ellos trabajan en tres regiones geográficas de la Argentina, que cruzan las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Misiones, Salta, Corrientes y Chaco, y se centran en proyectos de manejo de 18 especies. Siete de ellas estaban extintas y fueron reintroducidas.
El director de Rewilding de CLT Argentina, Sebastián Di Martino, explica a LA NACION: "Los ecosistemas naturales son como el cuerpo humano, tienen un estado de equilibrio. La pérdida de una especie provoca un desbalance, comienzan a fallar los mecanismos de regulación. Ahí aparece el rewilding como medicina de restauración ecológica activa".
El grueso del trabajo de rewilding en la Argentina se concentra en los Esteros de Iberá en Corrientes, una provincia que sufrió una colonización europea temprana y desarrolló una cultura de caza profunda que desencadenó en la pérdida y extinción de gran parte de su fauna.
La especie pionera del proyecto de rewilding fue el oso hormiguero que se extinguió en Corrientes a mediados del siglo XX. Su reintroducción comenzó en 2007 cuando se liberó por primera vez una pareja de osos hormigueros en la reserva Rincón del Socorro de Iberá. Los animales eran crías huérfanas rescatadas de otras provincias del norte, cuyas madres fueron víctimas de la caza furtiva. Gracias a años de trabajo de restauración de esta especie, hoy Corrientes cuenta una numerosa población autosustentable de osos hormigueros repartida alrededor de distintos núcleos de Iberá.
Este primer éxito abrió el paso para trabajar con otras especies. El venado de las pampas era un herbívoro en riesgo por la caza, la destrucción del ambiente en manos de la ganadería y las enfermedades provenientes del ganado doméstico. Sin embargo, CLT decidió traslocar a los pocos que quedaban vivos desde campos privados hacia Iberá. Hoy, los venados reintroducidos se reprodujeron y conforman la población más grande resguardada en un área protegida. A estas dos especies se le suma el pecarí de collar, otra población recuperada y que por su cantidad ya tampoco necesita de la ayuda humana para subsistir.
Sofía Heinonen, bióloga y directora ejecutiva de CLT Argentina sostiene que "antes se creía que sólo por crear Parques Nacionales y cerrarlos era suficiente, o que la naturaleza tenía un poder de curación autónoma. Pero estamos viendo que eso no basta porque el grado de destrucción es muy alto y el ecosistema no tiene la capacidad de curarse solo". Y agrega: "Hay que acelerar el proceso de restauración a través del rewilding para revertir la tendencia crítica de extinción".
Con respecto al criterio de selección de las especies, CLT responde a los lineamientos de animales en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Sin embargo, le agrega una mirada ecosistémica: "Hay que entender el rol ecológico que cumple cada especie en un ecosistema en particular. Por ejemplo el pecarí es considerado una especie de bajo riesgo a nivel mundial, pero que esté conservado en la mayor parte del planeta no quiere decir que en Iberá no sea necesario. Faltaba su rol ecológico ahí y había que traerlo con el mismo énfasis que la nutria gigante, que está en riesgo a nivel global", afirma Di Martino.
Actualmente, CLT se encuentra en proceso de trabajo con otras especies ya sea para el monitoreo, fortalecimiento, recuperación o reintroducción. Entre los proyectos más conocidos están: guacamayo rojo, nutria gigante, yaguareté, chuña de patas rojas y muitú en Iberá, y puma, guanaco, chinchillón anaranjado, cóndor andino, gallineta austral y choique en Patagonia. También, con la aprobación de la Administración de Parques Nacionales, llevarán adelante la primera translocación de una especie de un parque a otro: realizarán el traslado de una población fortalecida de Ciervos de los Pantanos de Iberá al Parque Nacional Impenetrable.
La Administración de Parques Nacionales es quien realiza la mayoría de las autorizaciones para que los proyectos de rewilding se ejecuten en las áreas protegidas. Su vicepresidente, Emiliano Ezcurra, explica a LA NACION: "Nosotros somos el primer directorio en la historia de Parques que promueve y favorece el rewilding en un Plan Estratégico aprobado por resolución. No es una postura, es una política".
De hecho, la Administración de Parques Nacionales también llevó adelante sus propios proyectos de rewilding con la reintroducción del guanaco en el Parque Nacional Condorito y de la vizcacha en El Palmar.
Sin embargo, no todos apoyan el concepto de rewilding. "Hay técnicos conservadores que piensan que restaurar es no tocar. Les genera dudas mezclar animales de zoológicos con silvestres e imponen muchas trabas", afirma Heinonen. Y añade: "O a veces, es la misma burocracia el problema. Por ejemplo, una reglamentación sostiene que sólo pueden ingresar animales silvestres por Ezeiza, pero a veces se torna en un viaje demasiado costoso y muy largo para el animal y conviene que llegue a otro aeropuerto".
Para combatir la multiplicidad de posturas e interpretaciones y empujar el proceso de rewilding para la protección de la biodiversidad, la IUCN encargada de elaborar la lista roja de animales en extinción, creó hace unos meses una fuerza especial de rewilding comandada por Ian Convery de la Universidad de Cumbria. Se trata de un grupo de especialistas y académicos responsables de construir el marco conceptual y metodológico para la teoría y práctica del rewilding. La comunidad científica y ambientalista aún espera la publicación de sus resultados.
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Represa de Portezuelo en pujas políticas
Ambiente no aprueba Portezuelo
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Arena
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. El presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de la represa y merituar planes de contingencia.
La novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario on-line especializado en Economía, energía y minería en un articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe ambiental de Portezuelo del Viento».
Según el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos».
El apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la obra porque consideran que falta documentación» y además, consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para que asuman nuevas autoridades.
Auditoría pampeana.
Si bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación» remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a pedido de La Pampa.
El otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos. Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca, convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).
Este segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos universidades.
Una de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo y los informes prometidos.
Falta información.
En el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias, por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora, según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de aquellas dos universidades.
Según EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo. «El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación», detalló el portal.
«Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir».
La situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.
La misma historia.
«Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en los párrafos finales de su artículo.
«De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental».
«Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.
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A solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. El presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de la represa y merituar planes de contingencia.
La novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario on-line especializado en Economía, energía y minería en un articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe ambiental de Portezuelo del Viento».
Según el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos».
El apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la obra porque consideran que falta documentación» y además, consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para que asuman nuevas autoridades.
Auditoría pampeana.
Si bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación» remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a pedido de La Pampa.
El otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos. Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca, convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).
Este segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos universidades.
Una de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo y los informes prometidos.
Falta información.
En el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias, por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora, según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de aquellas dos universidades.
Según EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo. «El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación», detalló el portal.
«Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir».
La situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.
La misma historia.
«Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en los párrafos finales de su artículo.
«De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental».
«Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.
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Ambiente presentó su informe
Ambiente Nación presenta el informe de gestión 2016-2019
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El documento, disponible en línea, expone la síntesis de los principales logros del trabajo realizado durante el período en materia ambiental.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, presenta su informe de gestión 2016-2019, con el repaso de las principales acciones, planes e iniciativas que fueron posibles durante los cuatro años de la actual administración, así como su vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y los objetivos de Gobierno, definidos al inicio de la presidencia de Mauricio Macri.
Entre los temas abordados por el documento se destacan la creación de nuevas áreas protegidas y la mejora de las preexistentes, la reapertura de la Escuela de Guardaparques Nacionales; junto a la gestión ambiental del agua y los ecosistemas acuáticos, tema que incluye las publicaciones del Inventario Nacional de Glaciares y del primer nivel del Inventario de Humedales, además de distintas acciones para el cuidado de la biodiversidad.
Por otra parte, se explican la creación del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental para la órbita federal, la preservación y el manejo de los bosques nativos, el desarrollo de la plataforma ForestAr 2030 —que busca hacer de la Argentina una potencia forestal sustentable— y las iniciativas tendientes a la planificación y al ordenamiento ambiental del territorio. A su vez, para contribuir con un mayor conocimiento de la situación ambiental de Argentina, se generó información accesible, como el Informe del Estado del Ambiente, de publicación anual.
También se describen en el informe el impulso para lograr ciudades más sustentables, la incorporación de la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental como herramientas de gestión en programas y políticas públicas, los resultados del programa para emprendedores sustentables PROESUS y el plan de sustentabilización de viviendas sociales.
Asimismo, en el período fue posible el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, diversos acuerdos alcanzados con las diferentes jurisdicciones del país en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la creación de oficinas regionales, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y los avances en las obras vinculadas a la temática.
En lo que toca al desarrollo de herramientas de prevención y monitoreo ambiental, se subrayan acciones como la creación de la Red Federal de Monitoreo Ambiente (Red FEMA); el impulso para la simplificación, actualización o nueva normativa ambiental; el surgimiento del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), que facilitó la protección de recursos naturales mediante operativos con otras fuerzas a establecimientos que pudieran poner en peligro el entorno; y el lanzamiento de una etiqueta de eficiencia energética para vehículos automotores livianos.
En materia de cambio climático, se destacan la ratificación del Acuerdo de París por parte de nuestro país, la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la revisión de la Contribución Nacional (NDC) y el desarrollo de distintos planes sectoriales de cambio climático, así como el fortalecimiento del trabajo en mitigación y adaptación y la invención del Grupo de Trabajo sobre Sustentabilidad Climática en el marco del G20.
Finalmente, se destacan la generación de proyectos con financiamiento externo para mejorar la gestión ambiental, la labor permanente en el ámbito del MERCOSUR y otros foros internacionales, así como la preparación del proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del desarrollo de la evaluación de desempeño ambiental que deberá realizar nuestro país.
El documento puede ser consultado en línea. Para acceder, cliquear aquí.
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Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El documento, disponible en línea, expone la síntesis de los principales logros del trabajo realizado durante el período en materia ambiental.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, presenta su informe de gestión 2016-2019, con el repaso de las principales acciones, planes e iniciativas que fueron posibles durante los cuatro años de la actual administración, así como su vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y los objetivos de Gobierno, definidos al inicio de la presidencia de Mauricio Macri.
Entre los temas abordados por el documento se destacan la creación de nuevas áreas protegidas y la mejora de las preexistentes, la reapertura de la Escuela de Guardaparques Nacionales; junto a la gestión ambiental del agua y los ecosistemas acuáticos, tema que incluye las publicaciones del Inventario Nacional de Glaciares y del primer nivel del Inventario de Humedales, además de distintas acciones para el cuidado de la biodiversidad.
Por otra parte, se explican la creación del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental para la órbita federal, la preservación y el manejo de los bosques nativos, el desarrollo de la plataforma ForestAr 2030 —que busca hacer de la Argentina una potencia forestal sustentable— y las iniciativas tendientes a la planificación y al ordenamiento ambiental del territorio. A su vez, para contribuir con un mayor conocimiento de la situación ambiental de Argentina, se generó información accesible, como el Informe del Estado del Ambiente, de publicación anual.
También se describen en el informe el impulso para lograr ciudades más sustentables, la incorporación de la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental como herramientas de gestión en programas y políticas públicas, los resultados del programa para emprendedores sustentables PROESUS y el plan de sustentabilización de viviendas sociales.
Asimismo, en el período fue posible el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, diversos acuerdos alcanzados con las diferentes jurisdicciones del país en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la creación de oficinas regionales, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y los avances en las obras vinculadas a la temática.
En lo que toca al desarrollo de herramientas de prevención y monitoreo ambiental, se subrayan acciones como la creación de la Red Federal de Monitoreo Ambiente (Red FEMA); el impulso para la simplificación, actualización o nueva normativa ambiental; el surgimiento del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), que facilitó la protección de recursos naturales mediante operativos con otras fuerzas a establecimientos que pudieran poner en peligro el entorno; y el lanzamiento de una etiqueta de eficiencia energética para vehículos automotores livianos.
En materia de cambio climático, se destacan la ratificación del Acuerdo de París por parte de nuestro país, la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la revisión de la Contribución Nacional (NDC) y el desarrollo de distintos planes sectoriales de cambio climático, así como el fortalecimiento del trabajo en mitigación y adaptación y la invención del Grupo de Trabajo sobre Sustentabilidad Climática en el marco del G20.
Finalmente, se destacan la generación de proyectos con financiamiento externo para mejorar la gestión ambiental, la labor permanente en el ámbito del MERCOSUR y otros foros internacionales, así como la preparación del proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del desarrollo de la evaluación de desempeño ambiental que deberá realizar nuestro país.
El documento puede ser consultado en línea. Para acceder, cliquear aquí.
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Jugada del gobierno a favor de Bayer-Monsanto
Semillas: caído el proyecto de ley, buscan reflotar una norma de 2006
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Neuquén: cambio en la ley de bosques que genera malestar
Gutiérrez apura en Legislatura un cambio en la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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Detenidos por fumigar ilegalmente, detenidos
Detienen al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y a un aplicador por fumigar a 90 metros de dos escuelas
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Es Ley la lucha contra el cambio climático
La Cámara de Diputados sancionó la Ley de lucha contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.
La norma, que fue aprobada sobre tablas y sin discusión, formaliza y da carácter de política de Estado al gabinete nacional de cambio climático, un organismo creado mediante el Decreto 891/2016.
En concreto, el gabinete funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de ministros y es coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
El cuerpo tiene la función de articular –entre las distintas áreas de gobierno– la implementación de un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. El Gabinete está integrado por los titulares de todos los ministerios, que representan la instancia política. El trabajo técnico, en tanto, se desarrolla a través de mesas temáticas y de puntos focales ministeriales.
Sus objetivos principales son tres: establecer estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático; promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero; y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante la problemática.
A su vez, la ley establece la convocatoria a un Consejo Asesor Externo integrado por especialistas en la materia, quienes “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la Ley". También establece la obligación de los organismos del Poder Ejecutivo de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley y establece su carácter público, y crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático.
El Consejo Asesor Externo deberá estar compuesto por científicos; representantes de organizaciones ambientales; comunidades indígenas, universidades; entidades académicas y empresariales; sindicatos; centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, las provincicas deberán adherir a los presupuestos mínimos establecidos por la Ley. Actualmente, la participación de las provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La normativa había obtenido la media sanción del Senado en julio pasado. Fue impulsada a por el senador Fernando “Pino” Solanas y la senadora de Cambiemos, Lucila Crexell. Su propuesta recibió el enfático respaldo de los los jóvenes representantes de la Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima, quienes desde principio de año militaron por la sanción de la normativa mediante reuniones con legisladores y marchas en las calles.
De hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la @AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible”, indicó.
En diálogo con Infobae, Stephanie Cabovianco, de Alianza por el Clima, destacó la sanción de la Ley:“Es un hito más en el impulso de la agenda socioambiental que los jóvenes de todo el país estamos logrando en conjunto. Celebramos el gran trabajo técnico detrás de su creación y especialmente el consenso entre los distintos espacios políticos para que sea posible. Los cambios radicales que pide la ciencia para lograr un mundo habitable requerirán de muchas instancias cómo estas a partir de ahora y en los próximos años”, indicó. La próxima convocatoria de la organización tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, frente al Congreso.
El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por la secretaría de Ambiente”.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".
Además, el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”
Gabriela Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto: “Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea central a partir del 10 de diciembre”.
Para Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en donde se necesita construir consensos democráticamente”.
Los puntos centrales de la norma:
- Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
- Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
- Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
- Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
- Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.
La norma, que fue aprobada sobre tablas y sin discusión, formaliza y da carácter de política de Estado al gabinete nacional de cambio climático, un organismo creado mediante el Decreto 891/2016.
En concreto, el gabinete funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de ministros y es coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
El cuerpo tiene la función de articular –entre las distintas áreas de gobierno– la implementación de un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. El Gabinete está integrado por los titulares de todos los ministerios, que representan la instancia política. El trabajo técnico, en tanto, se desarrolla a través de mesas temáticas y de puntos focales ministeriales.
Sus objetivos principales son tres: establecer estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático; promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero; y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante la problemática.
A su vez, la ley establece la convocatoria a un Consejo Asesor Externo integrado por especialistas en la materia, quienes “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la Ley". También establece la obligación de los organismos del Poder Ejecutivo de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley y establece su carácter público, y crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático.
El Consejo Asesor Externo deberá estar compuesto por científicos; representantes de organizaciones ambientales; comunidades indígenas, universidades; entidades académicas y empresariales; sindicatos; centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, las provincicas deberán adherir a los presupuestos mínimos establecidos por la Ley. Actualmente, la participación de las provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La normativa había obtenido la media sanción del Senado en julio pasado. Fue impulsada a por el senador Fernando “Pino” Solanas y la senadora de Cambiemos, Lucila Crexell. Su propuesta recibió el enfático respaldo de los los jóvenes representantes de la Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima, quienes desde principio de año militaron por la sanción de la normativa mediante reuniones con legisladores y marchas en las calles.
De hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la @AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible”, indicó.
En diálogo con Infobae, Stephanie Cabovianco, de Alianza por el Clima, destacó la sanción de la Ley:“Es un hito más en el impulso de la agenda socioambiental que los jóvenes de todo el país estamos logrando en conjunto. Celebramos el gran trabajo técnico detrás de su creación y especialmente el consenso entre los distintos espacios políticos para que sea posible. Los cambios radicales que pide la ciencia para lograr un mundo habitable requerirán de muchas instancias cómo estas a partir de ahora y en los próximos años”, indicó. La próxima convocatoria de la organización tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, frente al Congreso.
El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por la secretaría de Ambiente”.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".
Además, el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”
Gabriela Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto: “Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea central a partir del 10 de diciembre”.
Para Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en donde se necesita construir consensos democráticamente”.
Los puntos centrales de la norma:
- Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
- Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
- Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
- Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
- Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Recomposición ambiental de Reserva Saladita Norte
Avellaneda: recuperan el ambiente en el predio de la Reserva Saladita Norte
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Defensa Civil, Prefectura y vecinos solidarios se sumaron a la protección del espejo de agua considerado Reserva Natural desde 1999 por medio de una ordenanza que dos décadas después comienza a ser efectiva.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), junto a la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) estudia el proceso de recomposición ambiental de la Reserva Saladita Norte, en el límite entre Sarandí y Dock Sud, donde se limpió el espacio retirando vehículos abandonados del espejo de agua, desmalezando y retirando varias toneladas de residuos sólidos. La semana pasada, comenzaron los monitoreos sobre la recomposición ambiental del sector.
La propuesta, vigente y con nuevas tareas de inspección y saneamiento, es la recuperación ambiental y puesta valor de la Reserva con aportes de Defensa Civil de Avellaneda y de la Prefectura Naval Argentina para poder controlar mejor. No faltaron, y no faltan, vecinos solidarios que se sumaron y que en su momento, denunciaron a varios galpones desde donde se vertían desechos líquidos sin tratamiento a las agua del espejo.
Un equipo técnico científico del Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA) de la UNDAV junto al equipo de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR inició la toma de muestras y monitoreo ambiental cada semana, sobre calidad y biodiversidad acuática en el humedal de la Reserva Municipal Saladita Norte.
Mediante el convenio ACUMARBioGeA se está ejecutando un proyecto de investigación que tiene como finalidad evaluar la eficiencia en la descontaminación y autodepuración de las especies de plantas acuáticas nativas presentes en dos cuerpos de agua, el otro está en la ciudad de Marcos Paz. Junto a los equipos que trabajaron en territorio estuvieron presentes Javier Muzón, director del BioGeA, y Carlos Nadra, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR.
Una zona de bañados
Originalmente toda esa zona era de bañados, fue dragada para la creación de dársenas portuarias, y al quedar abandonada, la recolonizaron comunidades naturales. La laguna no tiene conexión con el río y la fuente de sus aguas es la capa freática y las precipitaciones, lo que es importante, porque permite mantener bajo su nivel de contaminación. A partir de la Ordenanza sancionada en el Concejo de Avellaneda el 25 de octubre de 1999, pasó a ser "Zona de Reserva Ecológica" pese a que muchas veces faltó control comunal.
Ubicada en Dock Sud, límite con Sarandí, se encuentra cerca de otros ambientes naturales, protegidos o no, como la Reserva Ecológica Costanera Sur (seis kilómetros) y los bosques y bañados ribereños de Villa Domínico, antigua zona de quintas que continua vigente por herencias familiares, siempre con cosechas de vegetales, frutas y el tradicional vino. Esa situación facilita el desplazamiento de especies.
La laguna norte tiene una superficie aproximada de seis hectáreas) y ocupa la mayor parte de los nueve sectores de la reserva. Debido a su origen, tiene una forma casi rectangular, con su eje mayor (500 metros) orientado norte-sur lo que favorece la circulación del viento que facilita la aireación y limpieza de las aguas. Su geometría, le confiere una importante extensión de costa -1100 metros-, lo que juega un rol determinante en el desarrollo de vegetación en sus orillas.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Defensa Civil, Prefectura y vecinos solidarios se sumaron a la protección del espejo de agua considerado Reserva Natural desde 1999 por medio de una ordenanza que dos décadas después comienza a ser efectiva.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), junto a la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) estudia el proceso de recomposición ambiental de la Reserva Saladita Norte, en el límite entre Sarandí y Dock Sud, donde se limpió el espacio retirando vehículos abandonados del espejo de agua, desmalezando y retirando varias toneladas de residuos sólidos. La semana pasada, comenzaron los monitoreos sobre la recomposición ambiental del sector.
La propuesta, vigente y con nuevas tareas de inspección y saneamiento, es la recuperación ambiental y puesta valor de la Reserva con aportes de Defensa Civil de Avellaneda y de la Prefectura Naval Argentina para poder controlar mejor. No faltaron, y no faltan, vecinos solidarios que se sumaron y que en su momento, denunciaron a varios galpones desde donde se vertían desechos líquidos sin tratamiento a las agua del espejo.
Un equipo técnico científico del Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA) de la UNDAV junto al equipo de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR inició la toma de muestras y monitoreo ambiental cada semana, sobre calidad y biodiversidad acuática en el humedal de la Reserva Municipal Saladita Norte.
Mediante el convenio ACUMARBioGeA se está ejecutando un proyecto de investigación que tiene como finalidad evaluar la eficiencia en la descontaminación y autodepuración de las especies de plantas acuáticas nativas presentes en dos cuerpos de agua, el otro está en la ciudad de Marcos Paz. Junto a los equipos que trabajaron en territorio estuvieron presentes Javier Muzón, director del BioGeA, y Carlos Nadra, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR.
Una zona de bañados
Originalmente toda esa zona era de bañados, fue dragada para la creación de dársenas portuarias, y al quedar abandonada, la recolonizaron comunidades naturales. La laguna no tiene conexión con el río y la fuente de sus aguas es la capa freática y las precipitaciones, lo que es importante, porque permite mantener bajo su nivel de contaminación. A partir de la Ordenanza sancionada en el Concejo de Avellaneda el 25 de octubre de 1999, pasó a ser "Zona de Reserva Ecológica" pese a que muchas veces faltó control comunal.
Ubicada en Dock Sud, límite con Sarandí, se encuentra cerca de otros ambientes naturales, protegidos o no, como la Reserva Ecológica Costanera Sur (seis kilómetros) y los bosques y bañados ribereños de Villa Domínico, antigua zona de quintas que continua vigente por herencias familiares, siempre con cosechas de vegetales, frutas y el tradicional vino. Esa situación facilita el desplazamiento de especies.
La laguna norte tiene una superficie aproximada de seis hectáreas) y ocupa la mayor parte de los nueve sectores de la reserva. Debido a su origen, tiene una forma casi rectangular, con su eje mayor (500 metros) orientado norte-sur lo que favorece la circulación del viento que facilita la aireación y limpieza de las aguas. Su geometría, le confiere una importante extensión de costa -1100 metros-, lo que juega un rol determinante en el desarrollo de vegetación en sus orillas.
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Lo que proponen para modificar la 7722 mendocina
Minería: la modificación de la ley 7.722 flexibiliza el uso de sustancias químicas
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En almuerzo por el 69 aniversario de la creación de Malargüe, circuló el proyecto en el que trabaja el oficialismo.
Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. “Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles”, dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más.
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En cambio el texto nuevo establece el concepto, de “mezclas o soluciones de sustancias químicas”.
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.
Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: “Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra”.
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
“La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722”, lanzó.
“Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería”, expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
“Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección”, comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.
Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para “solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma”, reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En almuerzo por el 69 aniversario de la creación de Malargüe, circuló el proyecto en el que trabaja el oficialismo.
Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. “Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles”, dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más.
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En cambio el texto nuevo establece el concepto, de “mezclas o soluciones de sustancias químicas”.
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.
Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: “Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra”.
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
“La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722”, lanzó.
“Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería”, expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
“Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección”, comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.
Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para “solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma”, reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
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