En Córdoba avanza la agroecología
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Casi 9 mil hectáreas de la región ya se inclinan por la agroecología
Fecha de Publicación: 02/08/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Así lo estimó el agrónomo bonaerense Eduardo Cerdá, impulsor de la red de municipios que promueven esta práctica, que ya cuenta con la adhesión de Adelia María, Monte de los Gauchos, Las Acequias, Chazón y Ucacha.
“El cambio está en el modelo de producir. A lo largo de los años en que implementamos esta práctica hemos logrado demostrar que se puede producir muy bien y tener rendimientos parecidos con menos uso de agroquímicos”.
Eduardo Cerdá es un ingeniero agrónomo bonaerense que desde hace 25 años asesora a los productores teniendo como base la implementación de técnicas agroecológicas. A partir de esas experiencias, comenzó a ser convocado por municipios ante los riesgos que implican las fumigaciones periurbanas. Así, en el 2016 creó la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama) y es allí desde donde promueve prácticas de cultivo amigables con la salud humana y de los suelos, según explica.
En diálogo con Puntal, precisó que son 14 los municipios que ya adhirieron a la Red (13 de Argentina y 1 de Uruguay) y que en nuestro país ya hay unas 90 mil hectáreas productivas donde comenzaron a implementarse técnicas agroecológicas. Con Chazón y Ucacha la cifra de municipios se eleva a 16.
En la zona
La semana pasada Cerdá visitó campos de la zona sur provincial y confirmó la adhesión de dos nuevos municipios a la iniciativa que promueve desde la Renama.
Así, Ucacha y Chazón se inscribieron en la lista de localidades que a partir de esta práctica buscan reducir el uso de químicos en la explotación agropecuaria y se sumaron a la nómina que desde hace un poco más de tiempo conforman las localidades de Adelia María, Monte de los Gauchos y Las Acequias.
“Estamos trabajando desde hace un año en Adelia María y Monte de los Gauchos, y desde hace meses con Las Acequias, que se sumaron a partir de la articulación de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Recientemente, adhirieron Chazón y Ucacha y, si bien no tenemos las estadísticas actualizadas ahora, estimo que en la zona sur de Córdoba debemos estar entre las 8 mil o 9 mil hectáreas que se encuentran con intención de ir hacia la agroecología”, manifestó el ingeniero agrónomo.
Respecto de los tres primeros municipios, sus intendentes se habían acercado previamente a la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto preocupados por las fumigaciones periurbanas y desde allí los contactaron con la propuesta del ingeniero Cerdá, mientras que Ucacha y Chazón se vincularon por iniciativa propia.
Cabe agregar que “la Renama está formada por agricultores, técnicos agropecuarios, municipios, entes gubernamentales, organismos académicos y científicos y por organizaciones de base, con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos para la transición hacia la agroecología del sistema agrario”, tal se describe en la cuenta de Facebook.
La técnica
Consultado respecto de cuáles son las bases al momento de implementar técnicas agroecológicas, Cerdá expresó que lo primero a tener en cuenta es respetar la implementación de cultivos según la época del año, es decir, incorporar cultivos que recuperen la fertilidad y dejar de hacer monocultivos.
En ese contexto, resaltó la importancia de promover cultivos asociados o determinar una sucesión de cultivos de forma tal que el suelo siempre esté cubierto con plantas vivas que sirvan para recuperar la fertilidad. Por ejemplo, en invierno, mencionó como posibilidad el cultivo de avena, cebada y centeno, o aquellos asociados al maíz y trigo, entre otros.
“La idea es ir recuperando el suelo de lo que le está pasando en gran parte de las zonas de cultivos donde se observan suelos compactados. Allí el agua prácticamente no infiltra y provoca inundaciones, causa zanjas y lagunas, y eso porque los suelos han perdido la vitalidad”, señaló el agrónomo.
Para agregar: “Eso nos marca que el modelo soja-maíz, soja-maíz, no es viable porque trae el desequilibrio. Entonces hay que empezar a acomodarlo y no se acomoda con fertilizantes, sino que se hace con trabajo de recuperación de la vida del suelo”.
Trayectoria
A partir de más de dos décadas de implementación de técnicas agroecológicas en campos del sur de la provincia de Buenos Aires y de los resultados obtenidos, fue que desde distintos municipios contactaron a Cerdá para conocer sobre la experiencia.
Así, trabajó junto con Gualeguaychú (Entre Ríos), Guaminí (Buenos Aires) y otros municipios hasta que en 2016 resolvió conformar una red nacional e internacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología (Renama).
Tal iniciativa le ha valido reconocimientos a nivel mundial, tales como la posibilidad de contar la experiencia en dos oportunidades en Roma, ante un organismo de la ONU, como así también que esta misma organización internacional distinguiera el campo La Aurora (Buenos Aires) entre los 52 establecimientos rurales del mundo por sus modalidades de cultivo amigables con el medioambiente. Cabe agregar que en ese lugar se practica la agroecología desde hace 25 años.
“Lo que notamos es que los productores que adoptan la agroecología producen más tranquilos porque genera menos deudas y, por ende, no los obliga a tomar créditos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/08/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Así lo estimó el agrónomo bonaerense Eduardo Cerdá, impulsor de la red de municipios que promueven esta práctica, que ya cuenta con la adhesión de Adelia María, Monte de los Gauchos, Las Acequias, Chazón y Ucacha.
“El cambio está en el modelo de producir. A lo largo de los años en que implementamos esta práctica hemos logrado demostrar que se puede producir muy bien y tener rendimientos parecidos con menos uso de agroquímicos”.
Eduardo Cerdá es un ingeniero agrónomo bonaerense que desde hace 25 años asesora a los productores teniendo como base la implementación de técnicas agroecológicas. A partir de esas experiencias, comenzó a ser convocado por municipios ante los riesgos que implican las fumigaciones periurbanas. Así, en el 2016 creó la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama) y es allí desde donde promueve prácticas de cultivo amigables con la salud humana y de los suelos, según explica.
En diálogo con Puntal, precisó que son 14 los municipios que ya adhirieron a la Red (13 de Argentina y 1 de Uruguay) y que en nuestro país ya hay unas 90 mil hectáreas productivas donde comenzaron a implementarse técnicas agroecológicas. Con Chazón y Ucacha la cifra de municipios se eleva a 16.
En la zona
La semana pasada Cerdá visitó campos de la zona sur provincial y confirmó la adhesión de dos nuevos municipios a la iniciativa que promueve desde la Renama.
Así, Ucacha y Chazón se inscribieron en la lista de localidades que a partir de esta práctica buscan reducir el uso de químicos en la explotación agropecuaria y se sumaron a la nómina que desde hace un poco más de tiempo conforman las localidades de Adelia María, Monte de los Gauchos y Las Acequias.
“Estamos trabajando desde hace un año en Adelia María y Monte de los Gauchos, y desde hace meses con Las Acequias, que se sumaron a partir de la articulación de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Recientemente, adhirieron Chazón y Ucacha y, si bien no tenemos las estadísticas actualizadas ahora, estimo que en la zona sur de Córdoba debemos estar entre las 8 mil o 9 mil hectáreas que se encuentran con intención de ir hacia la agroecología”, manifestó el ingeniero agrónomo.
Respecto de los tres primeros municipios, sus intendentes se habían acercado previamente a la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto preocupados por las fumigaciones periurbanas y desde allí los contactaron con la propuesta del ingeniero Cerdá, mientras que Ucacha y Chazón se vincularon por iniciativa propia.
Cabe agregar que “la Renama está formada por agricultores, técnicos agropecuarios, municipios, entes gubernamentales, organismos académicos y científicos y por organizaciones de base, con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos para la transición hacia la agroecología del sistema agrario”, tal se describe en la cuenta de Facebook.
La técnica
Consultado respecto de cuáles son las bases al momento de implementar técnicas agroecológicas, Cerdá expresó que lo primero a tener en cuenta es respetar la implementación de cultivos según la época del año, es decir, incorporar cultivos que recuperen la fertilidad y dejar de hacer monocultivos.
En ese contexto, resaltó la importancia de promover cultivos asociados o determinar una sucesión de cultivos de forma tal que el suelo siempre esté cubierto con plantas vivas que sirvan para recuperar la fertilidad. Por ejemplo, en invierno, mencionó como posibilidad el cultivo de avena, cebada y centeno, o aquellos asociados al maíz y trigo, entre otros.
“La idea es ir recuperando el suelo de lo que le está pasando en gran parte de las zonas de cultivos donde se observan suelos compactados. Allí el agua prácticamente no infiltra y provoca inundaciones, causa zanjas y lagunas, y eso porque los suelos han perdido la vitalidad”, señaló el agrónomo.
Para agregar: “Eso nos marca que el modelo soja-maíz, soja-maíz, no es viable porque trae el desequilibrio. Entonces hay que empezar a acomodarlo y no se acomoda con fertilizantes, sino que se hace con trabajo de recuperación de la vida del suelo”.
Trayectoria
A partir de más de dos décadas de implementación de técnicas agroecológicas en campos del sur de la provincia de Buenos Aires y de los resultados obtenidos, fue que desde distintos municipios contactaron a Cerdá para conocer sobre la experiencia.
Así, trabajó junto con Gualeguaychú (Entre Ríos), Guaminí (Buenos Aires) y otros municipios hasta que en 2016 resolvió conformar una red nacional e internacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología (Renama).
Tal iniciativa le ha valido reconocimientos a nivel mundial, tales como la posibilidad de contar la experiencia en dos oportunidades en Roma, ante un organismo de la ONU, como así también que esta misma organización internacional distinguiera el campo La Aurora (Buenos Aires) entre los 52 establecimientos rurales del mundo por sus modalidades de cultivo amigables con el medioambiente. Cabe agregar que en ese lugar se practica la agroecología desde hace 25 años.
“Lo que notamos es que los productores que adoptan la agroecología producen más tranquilos porque genera menos deudas y, por ende, no los obliga a tomar créditos”, concluyó.
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Gualeguaychú, ahora también contra la Botnia-UPM2
Ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú marcharon contra la pastera UPM-Botnia
Fecha de Publicación: 02/08/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
En un acta firmada por los presentes repudiaron "la presencia de Botnia-UPM" y de "la instalación de una nueva pastera Botnia-UPM2".
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú se reunió este domingo sobre la ruta nacional 136 y marchó hacia la costanera local contra la presencia de la pastera UPM-Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos y la construcción de una segunda sobre el río Negro, afluente del Uruguay.
Con banderas argentinas y carteles con los lemas "No a las papeleras" y "Fuera pasteras", los manifestantes se concentraron al borde de la ruta y dieron folletos sobre concientización ambiental.
El asambleísta Martín Alazard tomó la palabra y destacó "la lucha en defensa del ambiente", al tiempo que advirtió que una nueva pastera "es otra bofetada" al medio ambiente.
Pidió a los políticos de ambos países "conciencia de lo que se está haciendo en materia de contaminación" y denunció que la la pastera funciona "fuera de escala".
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Fecha de Publicación: 02/08/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
En un acta firmada por los presentes repudiaron "la presencia de Botnia-UPM" y de "la instalación de una nueva pastera Botnia-UPM2".
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú se reunió este domingo sobre la ruta nacional 136 y marchó hacia la costanera local contra la presencia de la pastera UPM-Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos y la construcción de una segunda sobre el río Negro, afluente del Uruguay.
Con banderas argentinas y carteles con los lemas "No a las papeleras" y "Fuera pasteras", los manifestantes se concentraron al borde de la ruta y dieron folletos sobre concientización ambiental.
El asambleísta Martín Alazard tomó la palabra y destacó "la lucha en defensa del ambiente", al tiempo que advirtió que una nueva pastera "es otra bofetada" al medio ambiente.
Pidió a los políticos de ambos países "conciencia de lo que se está haciendo en materia de contaminación" y denunció que la la pastera funciona "fuera de escala".
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Aguas Bonaerense quiere seguir dando agua con arsénico
En Monte, el agua potable viene con arsénico
Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
En San Miguel del Monte la empresa Aguas Bonaerense SA suministra agua con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. En la localidad, de 21 mil habitantes, hay 196 casos oncológicos por año.
En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro --0,01 miligramos--). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA --espacio gubernamental que debe regular el sector--) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.
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Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
En San Miguel del Monte la empresa Aguas Bonaerense SA suministra agua con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. En la localidad, de 21 mil habitantes, hay 196 casos oncológicos por año.
En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro --0,01 miligramos--). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA --espacio gubernamental que debe regular el sector--) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.
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Lamentablemente los transgénicos crecen en Misiones
Crecen los cultivos de maíz transgénico en Misiones y los debates continúan
Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Desde hace siete meses se inició en Misiones un intenso debate ante la posibilidad de que en la Tierra Colorada comience a plantarse maíz de alta productividad y tratada a través de la biotecnología.
Hoy, el tema volverá a instalarse en Eldorado. “El maíz transgénico es una modificación genética hecha para lograr rendimientos más altos y con la venta de esa semilla viene un paquete tecnológico con insumos químicos para asegurar mejores rendimientos”, advirtió Enzo Ortt, de la Red Agroecológica (ver “Las semillas comerciales...”)
Estos últimos son los que afirman que debe sostenerse la semilla tradicional, y rechazan la posibilidad del cultivo del maíz de alta tecnología.
Quienes promueven las semillas modificadas genéticamente sostienen que se puede plantar durante todo el año y el rendimiento es mayor.
El debate comenzó a darse desde fines de 2018. En esa fecha, Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo del cultivo de maíz de alta productividad en Misiones.
Se planteó entonces que era para incrementar la disponibilidad de forraje para su transformación en origen en distintos tipos de carnes y, a su vez, para satisfacer la enorme demanda de maíz del complejo agroindustrial del Estado de Santa Catarina, Brasil, muy cercano a la frontera
En Misiones se vienen realizando ensayos demostrativos con estas semillas transgénicas. Es lo que sucede en San Pedro, y en este sentido El Territorio habló con quienes promueven esta alternativa. Del mismo modo, se tomó contacto con quienes se resisten y defienden el cultivo tradicional.
Desde estos espacios temen que Misiones se torne en la nueva frontera del maíz principalmente, planteando como consecuencias negativas que la producción a gran escala pueda causar impacto negativo en el medioambiente. Uno de los principales planteos de los productores que se oponen al proyecto de Maizar está relacionado con el desmonte para el cultivo de transgénicos a gran escala y la contaminación del suelo, aire y agua, como así también la extinción de las semillas criollas.
Miriam Samudio, referente de Productores Independientes de Piray, en medio del Alimentazo que se desarrolló el último jueves, aclaró que defendían las semillas criollas y nativas y rechazaban el proyecto Maizar, “que es la empresa que trae el maíz transgénico en nuestra provincia y nosotros sabemos cómo contaminan los agroquímicos o fertilizantes en nuestra población”, afirmó.
También en San Pedro, durante el inicio de los paneles de la Jornada Misiones la nueva Frontera del Maíz, se alzaron voces en contra de los transgénicos.
En tanto los que ya trabajan en terreno con el cultivo de semillas transgénicas afirman que lo hacen sin perjuicios a la biodiversidad, aportando beneficios que permiten el progreso y mejor calidad de vida de las familias que optan por este tipo de genética.
Pasaron siete meses desde la firma de aquel acuerdo entre Nación y Maizar y prosigue el debate y la férrea resistencia, que hoy tendrá un nuevo capítulo en Eldorado; mientras, en silencio se van concretando plantaciones experimentales.
Realizarán hoy feria de intercambio
La Red Agroecológica de Misiones realiza hoy una Feria de Semillas a partir de las 8 en el Centro Cultural Cooperativo (ex Galpón 10) de Eldorado. En el encuentro se prevé la exposición de semillas de la agricultura familiar y stands de la biodiversidad. A partir de las 9.30 se presentará el evento y habrá una reseña de lo que significa el movimiento de semillas campesinas y de la Red Agroecológica de Misiones. Desde las 10.30, habrá intercambio de semillas. Las disertaciones del encuentro seguirán a partir de las 14 con el panel “la Agroecología: memoria, semilla y camino para el buen vivir misionero". Más tarde se presentarán músicos locales e invitados. A las 16 está prevista la marcha de las semillas nativas o criollas y en defensa de la biodiversidad. La red de Agroecología de Misiones es un espacio, un tejido integrador de lazos, voluntades, resistencia y sueños que incluye a pueblos mbya guaraní, agricultores y técnicos, Organizaciones de Agricultores, iglesias, municipalidades, organismos del Estado, escuelas públicas del medio rural, entre otros, de diferentes lugares de la provincia de Misiones.
“Las semillas comerciales acarrean mayores riesgos”
Desde la Red de Agroecología se resaltó la gran variedad de alternativas con maíces criollos nativos y se invitó a conocerlos.
Se diferenció en tanto que los maíces comerciales o transgénicos vienen atados a muchos peligros que no siempre se explican a los productores. Se señaló así a la necesidad de usar más químicos para alcanzar rindes superiores. Y el peligro de que si el cultivo se vuelve extensivo, expondrá al suelo a mayores posibilidades de erosión. También le quitará posibilidades a otros cultivos de la región, necesarios para la biodiversidad en las chacaras.
“Desde la Red de Agroecología venimos trabajando hace mucho tiempo a favor de que las semillas queden en manos de los agricultores, también trabajando con comunidades indígenas, mejorando por selección esas semillas”, comentó Enzo Ortt, integrante de la Red Agroecológica de Misiones. Consideró que en general hay poca valorización de las semillas nativas por falta de conocimiento de sus propiedades. “Hay una falta de valorización de nuestras variedades locales que pueden ser adaptadas al clima, para que aguanten el frío, para mejorar la alimentación, también para que tengan un buen rendimiento productivo. Hay mucha diversidad en Misiones que por ahí se conoce poco y se impulsa desde otro lado las semillas de empresas”.
Ortt manifestó que las semillas comerciales también tienen atados mayores riesgos para la producción y el suelo de las chacras.
“El maíz transgénico es una modificación genética hecha para lograr rendimientos más altos. Y lo cuestionable es que ese mejoramiento lo hace una empresa para vender esa semilla, que está atada a un paquete tecnológico con insumos químicos para asegurar mejores rendimientos”, explicó.
Afirmó que existe preocupación porque ese material modificado genéticamente afecte a la salud humana y de animales. “Hay cada vez más riesgos que se empiezan a denunciar más”, acotó Ortt.
Remarcó que, al proyectarse una mayor superficie de maíz transgénico en nuestra provincia, aumentan los peligros también para el suelo y la biodiversidad.
“Hacer un cultivo extensivo como se apunta, significará hacer un desplazamiento de otros cultivos tradicionales como la mandioca u otros maíces. No queremos que se reemplace la biodiversidad por otro nuevo monocultivo”.
Desde la Red Agroecológica indicaron que hoy en Eldorado habrá debates e intercambio de variadas semillas entre productores de diversas zonas. Así también se promueve el conocimiento de cultivos y producciones familiares.
Experiencias y críticas entre los productores de San Pedro
La Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraíso Limitada se dedica a la fabricación de alimentos balanceados a base de maíz. Esta entidad comenzó hace más de 20 años trabajando para mejorar las semillas criollas, pero con el pasar de los años fue necesaria la implementación de otras variedades para alcanzar el objetivo.
“Nuestra cooperativa incentiva, de forma independiente o privada, el cultivo de maíz para abastecer con materia prima local las dos fábricas de alimentos balanceados que tenemos, y la inquietud del productor siempre fue el rendimiento en kilos por hectárea. Por eso optamos por ofrecer semillas híbridas y transgénicas y notamos la diferencia en comparación con semillas criollas, pero respetamos los recursos, la semilla transgénica no es sinónimo de contaminación”, dijo Liliana Kaminski, administradora de la Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraíso Limitada.
Las primeras experiencias de la mencionada entidad con híbridos y transgénicos comenzaron hace cinco años obteniendo resultados muy favorables, ya que por hectárea el productor obtiene hasta 10.000 kilos de maíz con menor trabajo sanitario como fertilización y control de plagas, algo muy necesario cuando se trata del maíz criollo. Optar por semillas genéticamente modificada demanda trabajar el suelo considerando curva de nivel, rotación de cultivos, barreras vivas, cubiertas verdes así como también protección de vertientes.
Este rinde más allá del material genético empleado, ya que va de la mano de la mecanización de las chacras, lo que también logró avanzar de forma considerable la Cooperativa adquiriendo maquinarias que faciliten la labor del productor como así también, en varias oportunidades financian al socio la semilla que es adquirida mediante distribuidoras nacionales.
Detallan que la semilla transgénica es de la marca Delkalb y los híbridos de Santa Helena, que si bien el costo por kilo de semilla es mayor, compensa con el rendimiento final.
Pero siguiendo los principios fundacionales y si bien el rinde de las semillas criollas es un 50 por ciento menor por hectárea. Algunos socios se dedican al cultivo para la preservación de semillas criollas, en tres variedades, Matogroso, Caiano y Azteca.
“Notamos la inmensa diferencia, queremos como cooperativa fomentar nuestra región, cuidando y respetando el medio ambiente, y el productor opta por lo que mejor rinde y favorezca el trabajo en la chacra, la criolla requiere mucho más trabajo, el año pasado el ataque de las plagas demando muchas horas de trabajo y uso de herbicidas, y eso no hace falta en los transgénicos porque ya están protegidos” , argumentó Kaminski.
El Maizar
En lo respecta al proyecto de Maizar,se realizó el año pasado una prueba en la provincia. Fue particularmente en San Pedro, se plantó una hectárea para conocer el comportamiento de la variedad de semilla “Syngenta 139 VIP3”.
La prueba se realizó en la chacra de un productor de Colonia Terciados Paraíso, donde además se cultivó en paralelo otra variedad genéticamente modificada y semilla criolla, donde pudieron analizar los pro y contra de cada semilla.
Se explicó que las diez hectáreas que Maizar experimentó en la provincia, arrojaron resultados positivos con una media de 7.000 kilogramos por hectárea, según técnicos que estuvieron trabajando en el monitoreo, considerando que se plantó entre diciembre y enero, y que dependiendo del material genético, el rendimiento hubiera sido mucho menor, si se cultiva otra variedad, entre ellas la semilla criolla, en esos mismos meses.
Luego de las jornadas realizadas en San Pedro, en especial por parte de productores tabacaleros que se quedaron fuera de algunas tabacaleras, se supo que plantarían maíz para la agregación de valor mediante la industrialización de la producción en alimentos balanceados y su transformación en carne, leche y huevos.
La demanda es por asesoramiento técnico, semillas, fertilizantes y posibilidad de financiación de los insumos, se hizo notar en las oficinas de la Secretaría de Agroindustria y Cooperativas.
Las dos posiciones
Quienes defienden este tipo de cultivos lo argumentan con experiencias de que la finalidad no es desmontar sino potenciar las superficies que ya vienen siendo utilizadas, no terminan de convencer a las organizaciones que se muestran en contra, preocupados principalmente por las consecuencias ambientales donde la calidad del agua sería lo que más inquieta como así también la pérdida de las variedades criollas.
El semillero Waldemar Vas, de la CCTA de kilómetro 80, Pozo Azul, que nuclea a más de 70 familias de semilleros, señaló a este matutino: “Nosotros hace 19 años que hacemos público el cuidado de las semillas criollas, porque son semillas que no necesitan venenos no tienen el rinde de los transgénicos pero son buenos y es factible para el autoconsumo y para grano. Nosotros no estamos contra del rinde o el progreso de las familias. No estamos de acuerdo con el arrasamiento del monte contaminando el agua; queremos cuidar la vida”
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Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Desde hace siete meses se inició en Misiones un intenso debate ante la posibilidad de que en la Tierra Colorada comience a plantarse maíz de alta productividad y tratada a través de la biotecnología.
Hoy, el tema volverá a instalarse en Eldorado. “El maíz transgénico es una modificación genética hecha para lograr rendimientos más altos y con la venta de esa semilla viene un paquete tecnológico con insumos químicos para asegurar mejores rendimientos”, advirtió Enzo Ortt, de la Red Agroecológica (ver “Las semillas comerciales...”)
Estos últimos son los que afirman que debe sostenerse la semilla tradicional, y rechazan la posibilidad del cultivo del maíz de alta tecnología.
Quienes promueven las semillas modificadas genéticamente sostienen que se puede plantar durante todo el año y el rendimiento es mayor.
El debate comenzó a darse desde fines de 2018. En esa fecha, Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo del cultivo de maíz de alta productividad en Misiones.
Se planteó entonces que era para incrementar la disponibilidad de forraje para su transformación en origen en distintos tipos de carnes y, a su vez, para satisfacer la enorme demanda de maíz del complejo agroindustrial del Estado de Santa Catarina, Brasil, muy cercano a la frontera
En Misiones se vienen realizando ensayos demostrativos con estas semillas transgénicas. Es lo que sucede en San Pedro, y en este sentido El Territorio habló con quienes promueven esta alternativa. Del mismo modo, se tomó contacto con quienes se resisten y defienden el cultivo tradicional.
Desde estos espacios temen que Misiones se torne en la nueva frontera del maíz principalmente, planteando como consecuencias negativas que la producción a gran escala pueda causar impacto negativo en el medioambiente. Uno de los principales planteos de los productores que se oponen al proyecto de Maizar está relacionado con el desmonte para el cultivo de transgénicos a gran escala y la contaminación del suelo, aire y agua, como así también la extinción de las semillas criollas.
Miriam Samudio, referente de Productores Independientes de Piray, en medio del Alimentazo que se desarrolló el último jueves, aclaró que defendían las semillas criollas y nativas y rechazaban el proyecto Maizar, “que es la empresa que trae el maíz transgénico en nuestra provincia y nosotros sabemos cómo contaminan los agroquímicos o fertilizantes en nuestra población”, afirmó.
También en San Pedro, durante el inicio de los paneles de la Jornada Misiones la nueva Frontera del Maíz, se alzaron voces en contra de los transgénicos.
En tanto los que ya trabajan en terreno con el cultivo de semillas transgénicas afirman que lo hacen sin perjuicios a la biodiversidad, aportando beneficios que permiten el progreso y mejor calidad de vida de las familias que optan por este tipo de genética.
Pasaron siete meses desde la firma de aquel acuerdo entre Nación y Maizar y prosigue el debate y la férrea resistencia, que hoy tendrá un nuevo capítulo en Eldorado; mientras, en silencio se van concretando plantaciones experimentales.
Realizarán hoy feria de intercambio
La Red Agroecológica de Misiones realiza hoy una Feria de Semillas a partir de las 8 en el Centro Cultural Cooperativo (ex Galpón 10) de Eldorado. En el encuentro se prevé la exposición de semillas de la agricultura familiar y stands de la biodiversidad. A partir de las 9.30 se presentará el evento y habrá una reseña de lo que significa el movimiento de semillas campesinas y de la Red Agroecológica de Misiones. Desde las 10.30, habrá intercambio de semillas. Las disertaciones del encuentro seguirán a partir de las 14 con el panel “la Agroecología: memoria, semilla y camino para el buen vivir misionero". Más tarde se presentarán músicos locales e invitados. A las 16 está prevista la marcha de las semillas nativas o criollas y en defensa de la biodiversidad. La red de Agroecología de Misiones es un espacio, un tejido integrador de lazos, voluntades, resistencia y sueños que incluye a pueblos mbya guaraní, agricultores y técnicos, Organizaciones de Agricultores, iglesias, municipalidades, organismos del Estado, escuelas públicas del medio rural, entre otros, de diferentes lugares de la provincia de Misiones.
“Las semillas comerciales acarrean mayores riesgos”
Desde la Red de Agroecología se resaltó la gran variedad de alternativas con maíces criollos nativos y se invitó a conocerlos.
Se diferenció en tanto que los maíces comerciales o transgénicos vienen atados a muchos peligros que no siempre se explican a los productores. Se señaló así a la necesidad de usar más químicos para alcanzar rindes superiores. Y el peligro de que si el cultivo se vuelve extensivo, expondrá al suelo a mayores posibilidades de erosión. También le quitará posibilidades a otros cultivos de la región, necesarios para la biodiversidad en las chacaras.
“Desde la Red de Agroecología venimos trabajando hace mucho tiempo a favor de que las semillas queden en manos de los agricultores, también trabajando con comunidades indígenas, mejorando por selección esas semillas”, comentó Enzo Ortt, integrante de la Red Agroecológica de Misiones. Consideró que en general hay poca valorización de las semillas nativas por falta de conocimiento de sus propiedades. “Hay una falta de valorización de nuestras variedades locales que pueden ser adaptadas al clima, para que aguanten el frío, para mejorar la alimentación, también para que tengan un buen rendimiento productivo. Hay mucha diversidad en Misiones que por ahí se conoce poco y se impulsa desde otro lado las semillas de empresas”.
Ortt manifestó que las semillas comerciales también tienen atados mayores riesgos para la producción y el suelo de las chacras.
“El maíz transgénico es una modificación genética hecha para lograr rendimientos más altos. Y lo cuestionable es que ese mejoramiento lo hace una empresa para vender esa semilla, que está atada a un paquete tecnológico con insumos químicos para asegurar mejores rendimientos”, explicó.
Afirmó que existe preocupación porque ese material modificado genéticamente afecte a la salud humana y de animales. “Hay cada vez más riesgos que se empiezan a denunciar más”, acotó Ortt.
Remarcó que, al proyectarse una mayor superficie de maíz transgénico en nuestra provincia, aumentan los peligros también para el suelo y la biodiversidad.
“Hacer un cultivo extensivo como se apunta, significará hacer un desplazamiento de otros cultivos tradicionales como la mandioca u otros maíces. No queremos que se reemplace la biodiversidad por otro nuevo monocultivo”.
Desde la Red Agroecológica indicaron que hoy en Eldorado habrá debates e intercambio de variadas semillas entre productores de diversas zonas. Así también se promueve el conocimiento de cultivos y producciones familiares.
Experiencias y críticas entre los productores de San Pedro
La Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraíso Limitada se dedica a la fabricación de alimentos balanceados a base de maíz. Esta entidad comenzó hace más de 20 años trabajando para mejorar las semillas criollas, pero con el pasar de los años fue necesaria la implementación de otras variedades para alcanzar el objetivo.
“Nuestra cooperativa incentiva, de forma independiente o privada, el cultivo de maíz para abastecer con materia prima local las dos fábricas de alimentos balanceados que tenemos, y la inquietud del productor siempre fue el rendimiento en kilos por hectárea. Por eso optamos por ofrecer semillas híbridas y transgénicas y notamos la diferencia en comparación con semillas criollas, pero respetamos los recursos, la semilla transgénica no es sinónimo de contaminación”, dijo Liliana Kaminski, administradora de la Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraíso Limitada.
Las primeras experiencias de la mencionada entidad con híbridos y transgénicos comenzaron hace cinco años obteniendo resultados muy favorables, ya que por hectárea el productor obtiene hasta 10.000 kilos de maíz con menor trabajo sanitario como fertilización y control de plagas, algo muy necesario cuando se trata del maíz criollo. Optar por semillas genéticamente modificada demanda trabajar el suelo considerando curva de nivel, rotación de cultivos, barreras vivas, cubiertas verdes así como también protección de vertientes.
Este rinde más allá del material genético empleado, ya que va de la mano de la mecanización de las chacras, lo que también logró avanzar de forma considerable la Cooperativa adquiriendo maquinarias que faciliten la labor del productor como así también, en varias oportunidades financian al socio la semilla que es adquirida mediante distribuidoras nacionales.
Detallan que la semilla transgénica es de la marca Delkalb y los híbridos de Santa Helena, que si bien el costo por kilo de semilla es mayor, compensa con el rendimiento final.
Pero siguiendo los principios fundacionales y si bien el rinde de las semillas criollas es un 50 por ciento menor por hectárea. Algunos socios se dedican al cultivo para la preservación de semillas criollas, en tres variedades, Matogroso, Caiano y Azteca.
“Notamos la inmensa diferencia, queremos como cooperativa fomentar nuestra región, cuidando y respetando el medio ambiente, y el productor opta por lo que mejor rinde y favorezca el trabajo en la chacra, la criolla requiere mucho más trabajo, el año pasado el ataque de las plagas demando muchas horas de trabajo y uso de herbicidas, y eso no hace falta en los transgénicos porque ya están protegidos” , argumentó Kaminski.
El Maizar
En lo respecta al proyecto de Maizar,se realizó el año pasado una prueba en la provincia. Fue particularmente en San Pedro, se plantó una hectárea para conocer el comportamiento de la variedad de semilla “Syngenta 139 VIP3”.
La prueba se realizó en la chacra de un productor de Colonia Terciados Paraíso, donde además se cultivó en paralelo otra variedad genéticamente modificada y semilla criolla, donde pudieron analizar los pro y contra de cada semilla.
Se explicó que las diez hectáreas que Maizar experimentó en la provincia, arrojaron resultados positivos con una media de 7.000 kilogramos por hectárea, según técnicos que estuvieron trabajando en el monitoreo, considerando que se plantó entre diciembre y enero, y que dependiendo del material genético, el rendimiento hubiera sido mucho menor, si se cultiva otra variedad, entre ellas la semilla criolla, en esos mismos meses.
Luego de las jornadas realizadas en San Pedro, en especial por parte de productores tabacaleros que se quedaron fuera de algunas tabacaleras, se supo que plantarían maíz para la agregación de valor mediante la industrialización de la producción en alimentos balanceados y su transformación en carne, leche y huevos.
La demanda es por asesoramiento técnico, semillas, fertilizantes y posibilidad de financiación de los insumos, se hizo notar en las oficinas de la Secretaría de Agroindustria y Cooperativas.
Las dos posiciones
Quienes defienden este tipo de cultivos lo argumentan con experiencias de que la finalidad no es desmontar sino potenciar las superficies que ya vienen siendo utilizadas, no terminan de convencer a las organizaciones que se muestran en contra, preocupados principalmente por las consecuencias ambientales donde la calidad del agua sería lo que más inquieta como así también la pérdida de las variedades criollas.
El semillero Waldemar Vas, de la CCTA de kilómetro 80, Pozo Azul, que nuclea a más de 70 familias de semilleros, señaló a este matutino: “Nosotros hace 19 años que hacemos público el cuidado de las semillas criollas, porque son semillas que no necesitan venenos no tienen el rinde de los transgénicos pero son buenos y es factible para el autoconsumo y para grano. Nosotros no estamos contra del rinde o el progreso de las familias. No estamos de acuerdo con el arrasamiento del monte contaminando el agua; queremos cuidar la vida”
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Córdoba: los datos sobre suelos será público
Crean portal de datos abiertos sobre suelos cordobeses
Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Aporta información para la toma de decisiones en el sector socio-productivo. El relevamiento cubre un área de aproximadamente 20 mil kilómetros cuadrados y demandó más de cuatro años de trabajo
Con el objetivo de aportar una herramienta tecnológica versátil para la toma de decisiones en el sector socio-productivo, investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba pertenecientes al Centro de Transferencia Terra y a la cátedra de Informática, desarrollaron el Portal de Datos Abiertos de suelos de la provincia de Córdoba.
El portal reúne información de 11 variables de suelos, presentadas mediante de mapas interactivos que funcionan como aplicaciones dentro de un navegador web.
En su conjunto, permiten visualizar rápidamente las características de la superficie cordobesa. Además, los valores de cada una de las propiedades relevadas pueden ser descargadas en diversos formatos.
“El aporte más relevante es que estamos brindando a la sociedad información completa y ordenada de los valores actuales de la propiedad de los suelos en Córdoba.
Esta herramienta reúne múltiple información sobre aquéllos, que -además de estar disponible en un mismo lugar de fácil acceso- muestra una base de datos organizada, actualizada, ordenada, de muy fácil uso, respecto a la composición de los suelos de superficie, con la que aún la provincia no contaba, lo cual es un gran aporte que se ha realizado al conocimiento”, explicó Ariel Rampoldi, miembro del equipo de investigación.
Las diversas aplicaciones disponibles permiten disponer de información de granulometría (contenido de arcilla, limo y arena); constantes hídricas (capacidad de campo y capacidad a la marchitez permanente); conductividad eléctrica, PH, contenido de materia orgánica, contenido de nitrógeno total, capacidad de intercambio catiónico, nutrientes y micronutrientes del suelo (calcio, magnesio, sodio, potasio, fósforo, hierro, cinc, manganeso, cobre). También se podrá consultar mediante este portal niveles de óxidos de hierro y de aluminio presentes.
La información que se ha puesto disponible será de gran utilidad para docentes de todos los niveles educativos, profesionales, organismos de gobierno, entidades privadas.
Con una superficie de 65.321 kilómetros cuadrados, Córdoba es la quinta provincia argentina con mayor extensión. En ella coexisten extensiones de planicie junto con las sierras localizadas al oeste, dispuestas en tres cordones separados por valles.
El portal demandó más de cuatro años de trabajo, durante los cuales los investigadores que impulsaron el proyecto recorrieron 20 mil kilómetros para tomar 354 muestras. Este estudio fue financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación.
La iniciativa se realizó en el marco del proyecto de vinculación y transferencia tecnológica “Universidades Agregando Valor”, programa del Ministerio de Educación de la Nación que consiste en desarrollos e innovación que involucren universidades y empresas. Con el apoyo de docentes de Informática de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la empresa Ciampagna & asociados SA y utilizando tecnología basada en los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Buena salud
El suelo es un medio que está en perpetua renovación a diversas escalas de tiempo, por eso cobra particular relevancia la necesidad de protegerlo a corto y mediano plazo, evaluando los posibles impactos de los cambios climáticos o antropogénicos.
“En general, podemos decir que los suelos de Córdoba todavía gozan de buena salud. Hay que hacer mucho hincapié en las formas de trabajo, particularmente en los sistemas de labranza, con una mirada más amplia que pueda trascender los predios de cada productor y pensar el suelo desde la cuenca”, destacó Rampoldi.
“Con una mirada más amplia, podemos lograr que esa salud de la que gozan los suelos sea más permanente en el tiempo”, agregó.
Por su parte, Susana Hang, directora del equipo de investigación, destaca que uno de los objetivos del equipo, además de promover la vinculación con el sector socio-productivo, ha sido “estimular la conciencia de responsabilidad hacia el recurso suelo, consolidando la convicción que todos podemos hacer algo para su cuidado; y una de las formas de hacer una buena gestión del territorio es contar con información confiable, y éste es uno de los propósitos de poner a disposición de todos la caracterización de los suelos de Córdoba”.
El trabajo emprendido para la creación del portal sentó bases concretas para acciones futuras, tales como la delimitación de áreas homogéneas por sus fortalezas o debilidades, o la elaboración de mapas interactivos que permitan a los usuarios y gestores apoyarse en bases concretas para la toma de decisiones.
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El Iberá se hace más grande
Sumaron una “reserva natural silvestre” al parque nacional Iberá
Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Corrientes
Con la característica específica de tratarse de un área muy poco alterada, con la diversidad biológica y su ambiente natural particularmente significativa, otras más de 10.000 hectáreas pasaron a formar parte desde este fin de semana del parque nacional Iberá, uno de los últimos en crearse en territorio argentino y que funciona inmerso en el inmenso suelo de los esteros correntinos.
La notificación se dio a conocer a través del Boletín Oficial, donde se comunicó el Decreto Nº 517/2019 rubricado por el presidente Mauricio Macri, a través del cual se crea formalmente la “Reserva Natural Silvestre Cambyretá”.
Esta área, que vincula por tierra a los otros dos núcleos que ya conforman el parque nacional Iberá (Cambyretá en el Norte, cercano a Ituzaingó, y San Nicolás, en el centro de la provincia, cercano a San Miguel) fue donada por su propietaria, Teresita María Iturralde, en su carácter de apoderada de la Fundación Flora y Fauna Argentina.
Se trata de dos fracciones de campos, que suman casi 12.000 hectáreas en total, que no están habitadas y que, bajo la figura de reserva silvestre, se añaden al ya existente parque Iberá bajo la administración del Estado nacional.
Esta categoría de Reserva Natural Silvestre responde a una “extensión considerable, que conserven inalterada o muy poco modificada la cualidad silvestre de su ambiente natural y cuya contribución a la conservación de la diversidad biológica sea particularmente significativa en virtud de contener representaciones válidas de uno o más ecosistemas, poblaciones animales y vegetales valiosas”. En este caso, su principal valor es la función de estos terrenos como “conectores entre los núcleos Cambyretá y San Nicolás, y entre las unidades de conservación nacional y provincial.
Vale recordar que el parque nacional Iberá, ubicado en la provincia de Corrientes, posee una superficie de 183.500 hectáreas pertenecientes a la ecorregión de los esteros del Iberá.
Las tierras fueron cedidas por Conservation Land Trust y Fundación Flora y Fauna a través de un proceso gradual de donación a Parques Nacionales que comenzó en noviembre de 2016. La ley de creación del área protegida, Nº 27481, sancionada el 5 de diciembre de 2018 y promulgada el 21 de diciembre de 2018, establece la protección de los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos.
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Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Corrientes
Con la característica específica de tratarse de un área muy poco alterada, con la diversidad biológica y su ambiente natural particularmente significativa, otras más de 10.000 hectáreas pasaron a formar parte desde este fin de semana del parque nacional Iberá, uno de los últimos en crearse en territorio argentino y que funciona inmerso en el inmenso suelo de los esteros correntinos.
La notificación se dio a conocer a través del Boletín Oficial, donde se comunicó el Decreto Nº 517/2019 rubricado por el presidente Mauricio Macri, a través del cual se crea formalmente la “Reserva Natural Silvestre Cambyretá”.
Esta área, que vincula por tierra a los otros dos núcleos que ya conforman el parque nacional Iberá (Cambyretá en el Norte, cercano a Ituzaingó, y San Nicolás, en el centro de la provincia, cercano a San Miguel) fue donada por su propietaria, Teresita María Iturralde, en su carácter de apoderada de la Fundación Flora y Fauna Argentina.
Se trata de dos fracciones de campos, que suman casi 12.000 hectáreas en total, que no están habitadas y que, bajo la figura de reserva silvestre, se añaden al ya existente parque Iberá bajo la administración del Estado nacional.
Esta categoría de Reserva Natural Silvestre responde a una “extensión considerable, que conserven inalterada o muy poco modificada la cualidad silvestre de su ambiente natural y cuya contribución a la conservación de la diversidad biológica sea particularmente significativa en virtud de contener representaciones válidas de uno o más ecosistemas, poblaciones animales y vegetales valiosas”. En este caso, su principal valor es la función de estos terrenos como “conectores entre los núcleos Cambyretá y San Nicolás, y entre las unidades de conservación nacional y provincial.
Vale recordar que el parque nacional Iberá, ubicado en la provincia de Corrientes, posee una superficie de 183.500 hectáreas pertenecientes a la ecorregión de los esteros del Iberá.
Las tierras fueron cedidas por Conservation Land Trust y Fundación Flora y Fauna a través de un proceso gradual de donación a Parques Nacionales que comenzó en noviembre de 2016. La ley de creación del área protegida, Nº 27481, sancionada el 5 de diciembre de 2018 y promulgada el 21 de diciembre de 2018, establece la protección de los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos.
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Variantes del 2,4D prohibidas
El Senasa prohíbe la comercialización y el uso del 2,4D
Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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San Juan: advierten de incremento de caza ilegal
Aumentó la caza ilegal de fauna autóctona en San Juan
Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: San Juan
El dato se obtiene en comparación con la misma tarea desarrollada el año pasado. El incremento se produjo gracias al creciente control en toda la provincia.
Las tareas de control y fiscalización crecieron y llegan a todos los rincones de la provincia, hecho que se refleja en la creciente cantidad de actas labradas por incumplimiento de la legislación ambiental vigente.
A través de la Subsecretaría y la Dirección de Conservación, se desarrollan tareas de investigación para dar con depredadores de flora y fauna, trabajando, además, junto a la Policía Ecológica, Policía de San Juan y Gendarmería.
También, los centros operativos de cada área protegida son un importante punto de control. A esto se suman equipos de inspectores que recorren toda la provincia, especialmente las zonas críticas donde se registra el mayor número de infracciones.
En este contexto, el año pasado, entre enero y junio fueron realizadas 80 actas de infracción, mientras que, en el mismo periodo de este año, ya se han labrado 106 actas. El mayor número de infracciones registradas se debe a la captura de aves (82 aves en total), pesca (147 piezas), fauna (20 mamíferos) y flora (16 piezas entre leña, cactus y cardones entre otros).
De acuerdo a los índices elaborados en la Secretaría de Ambiente, se registra una mayor actividad de depredación de flora y fauna en el periodo invernal, motivo por el cual los controles son intensificados en esta época del año.
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Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: San Juan
El dato se obtiene en comparación con la misma tarea desarrollada el año pasado. El incremento se produjo gracias al creciente control en toda la provincia.
Las tareas de control y fiscalización crecieron y llegan a todos los rincones de la provincia, hecho que se refleja en la creciente cantidad de actas labradas por incumplimiento de la legislación ambiental vigente.
A través de la Subsecretaría y la Dirección de Conservación, se desarrollan tareas de investigación para dar con depredadores de flora y fauna, trabajando, además, junto a la Policía Ecológica, Policía de San Juan y Gendarmería.
También, los centros operativos de cada área protegida son un importante punto de control. A esto se suman equipos de inspectores que recorren toda la provincia, especialmente las zonas críticas donde se registra el mayor número de infracciones.
En este contexto, el año pasado, entre enero y junio fueron realizadas 80 actas de infracción, mientras que, en el mismo periodo de este año, ya se han labrado 106 actas. El mayor número de infracciones registradas se debe a la captura de aves (82 aves en total), pesca (147 piezas), fauna (20 mamíferos) y flora (16 piezas entre leña, cactus y cardones entre otros).
De acuerdo a los índices elaborados en la Secretaría de Ambiente, se registra una mayor actividad de depredación de flora y fauna en el periodo invernal, motivo por el cual los controles son intensificados en esta época del año.
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La falta de licencia social de Vaca Muerta
Vaca Muerta: entre la licencia ambiental y la licencia social
Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Patagonia
Una de las cuestiones implícitas en una marca es su imagen y, en base a la carga negativa o positiva de una imagen de marca, ésta tiene mayores o menores chances de ser exitosa. Según los informes producidos por varios grupos de trabajo que redactan los documentos preparatorios a cada encuentro cumbre como los del G20 o Davos, los inversores manifiestan que hay más chances de que un cisne negro pueda surgir desde el sector del medio ambiente, que desde las hipótesis de conflicto de otrora.
Una organización ambientalista tiene más chances de afectar la realización de un proyecto y la imagen de las “marcas” intervinientes que un planteo gremial, por ejemplo. Algo de esto vivió el entonces gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, cuando estalló el conflicto entre los pobladores de Famatina y la empresa extractiva de oro que estaba a punto de comenzar la explotación en esa localidad riojana. En esa tarde, donde los móviles de los más importantes medios de comunicación cubrían y “nacionalizaban” dicho conflicto, el mandatario provincial debió romper el silencio y afirmar que “Famatina no se llevará a cabo sin licencia social”.
Días después, se creó la Organización Federal de Estados Mineros, en cuya Acta Constitutiva, en su apartado XI se expresa la “necesidad de que todo proyecto minero a realizarse en la Argentina cuente con Licencia Social”. Eso ocurrió en 2013 y, hasta aquí, no se avanzó en el diseño de protocolos que enmarquen este paradigma que ya tiene respaldo legal. ¿Qué es la Licencia Social? ¿Sólo puede aplicarse a la actividad minera o su cumplimiento es reclamado también desde otras actividades de potencialidad contaminante? ¿Es lo mismo Licencia Social que Licencia Ambiental? Despejar cada interrogante, es imprescindible, para cubrir algunos vacíos de información y desinstalar ciertas confusiones que atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los inversores.
La Licencia Social (LS) proviene de las entrañas de la minería y se va extendiendo a otras actividades extractivas, como el fracking. Para Boutilier y Thomson, “la Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de interés acerca de un proyecto en particular”.
Por ello, la Licencia Social es un consenso social mientras que la Licencia Ambiental es un permiso de operación, concedido por los gobiernos locales. Puede entonces que un emprendimiento tenga Licencia Ambiental y no cuente explícitamente con Licencia Social. Tampoco debe creerse que una Audiencia Pública otorgue Licencia Social a determinada iniciativa, como pasó en San Carlos de Bariloche en 2018, donde una Audiencia Pública no aprobó la propuesta de un nuevo concesionario, lo que indujo a varios legisladores locales a afirmar que la nueva concesión no tenía Licencia Social.
En el caso de Vaca Muerta, desde lo más encumbrado de las autoridades involucradas hasta el común de los ciudadanos que recibe información de todo tipo sobre el complejo proceso que se desarrolla a miles de metros bajo sus pies, saben que semejante explotación cuenta con Licencia Ambiental, pero a su vez no existe un consenso de ciudadanía que manifieste explícitamente y a través de organizaciones representativas, bajo qué condiciones dicho mega proyecto cuenta con el aval de la gente.
Hay, por tanto, una licencia social implícita sin consagrarse en ningún documento ni texto que sea fruto de un consenso social. El desarrollo de las sociedades enseña que estas no dan cheques en blanco y la confianza y tranquilidad que hoy se disfrutan, pueden modificarse ante el primer cisne negro que aparezca.
Por eso la Licencia Social es dinámica e intangible (no hay una norma legal que la reglamente). Lo que hoy es aceptado por una comunidad puede que mañana no cuente con el mismo sustento en la opinión pública. Estas características interpelan a gobiernos y empresas a trabajar articuladamente con las comunidades, sabiendo que es vital mantener canales de comunicación ágiles y exentos de “traductores” y “teléfonos descompuestos”. Tampoco puede el Estado desentenderse de esta cuestión, que hace a su esencia como superestructura que vela por el bien común de los ciudadanos. Tal vez, sea el tiempo de empoderar sobre este tema a las Defensorías del Pueblo, que son el espacio natural donde la gente pueda llevar sus inquietudes a través de un canal orgánico y legal.
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Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Patagonia
Una de las cuestiones implícitas en una marca es su imagen y, en base a la carga negativa o positiva de una imagen de marca, ésta tiene mayores o menores chances de ser exitosa. Según los informes producidos por varios grupos de trabajo que redactan los documentos preparatorios a cada encuentro cumbre como los del G20 o Davos, los inversores manifiestan que hay más chances de que un cisne negro pueda surgir desde el sector del medio ambiente, que desde las hipótesis de conflicto de otrora.
Una organización ambientalista tiene más chances de afectar la realización de un proyecto y la imagen de las “marcas” intervinientes que un planteo gremial, por ejemplo. Algo de esto vivió el entonces gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, cuando estalló el conflicto entre los pobladores de Famatina y la empresa extractiva de oro que estaba a punto de comenzar la explotación en esa localidad riojana. En esa tarde, donde los móviles de los más importantes medios de comunicación cubrían y “nacionalizaban” dicho conflicto, el mandatario provincial debió romper el silencio y afirmar que “Famatina no se llevará a cabo sin licencia social”.
Días después, se creó la Organización Federal de Estados Mineros, en cuya Acta Constitutiva, en su apartado XI se expresa la “necesidad de que todo proyecto minero a realizarse en la Argentina cuente con Licencia Social”. Eso ocurrió en 2013 y, hasta aquí, no se avanzó en el diseño de protocolos que enmarquen este paradigma que ya tiene respaldo legal. ¿Qué es la Licencia Social? ¿Sólo puede aplicarse a la actividad minera o su cumplimiento es reclamado también desde otras actividades de potencialidad contaminante? ¿Es lo mismo Licencia Social que Licencia Ambiental? Despejar cada interrogante, es imprescindible, para cubrir algunos vacíos de información y desinstalar ciertas confusiones que atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los inversores.
La Licencia Social (LS) proviene de las entrañas de la minería y se va extendiendo a otras actividades extractivas, como el fracking. Para Boutilier y Thomson, “la Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de interés acerca de un proyecto en particular”.
Por ello, la Licencia Social es un consenso social mientras que la Licencia Ambiental es un permiso de operación, concedido por los gobiernos locales. Puede entonces que un emprendimiento tenga Licencia Ambiental y no cuente explícitamente con Licencia Social. Tampoco debe creerse que una Audiencia Pública otorgue Licencia Social a determinada iniciativa, como pasó en San Carlos de Bariloche en 2018, donde una Audiencia Pública no aprobó la propuesta de un nuevo concesionario, lo que indujo a varios legisladores locales a afirmar que la nueva concesión no tenía Licencia Social.
En el caso de Vaca Muerta, desde lo más encumbrado de las autoridades involucradas hasta el común de los ciudadanos que recibe información de todo tipo sobre el complejo proceso que se desarrolla a miles de metros bajo sus pies, saben que semejante explotación cuenta con Licencia Ambiental, pero a su vez no existe un consenso de ciudadanía que manifieste explícitamente y a través de organizaciones representativas, bajo qué condiciones dicho mega proyecto cuenta con el aval de la gente.
Hay, por tanto, una licencia social implícita sin consagrarse en ningún documento ni texto que sea fruto de un consenso social. El desarrollo de las sociedades enseña que estas no dan cheques en blanco y la confianza y tranquilidad que hoy se disfrutan, pueden modificarse ante el primer cisne negro que aparezca.
Por eso la Licencia Social es dinámica e intangible (no hay una norma legal que la reglamente). Lo que hoy es aceptado por una comunidad puede que mañana no cuente con el mismo sustento en la opinión pública. Estas características interpelan a gobiernos y empresas a trabajar articuladamente con las comunidades, sabiendo que es vital mantener canales de comunicación ágiles y exentos de “traductores” y “teléfonos descompuestos”. Tampoco puede el Estado desentenderse de esta cuestión, que hace a su esencia como superestructura que vela por el bien común de los ciudadanos. Tal vez, sea el tiempo de empoderar sobre este tema a las Defensorías del Pueblo, que son el espacio natural donde la gente pueda llevar sus inquietudes a través de un canal orgánico y legal.
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Rio Negro: oficinas públicas tratan sus RAEEs
Recolección de residuos electrónicos en oficinas públicas
Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: ADN Rio Negro
Provincia/Región: Rio Negro
Se realizó en esta capital una nueva recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), que fueron trasladados en dos camiones con destino a Darwin, donde a través de la empresa Ferrosur serán son enviados a una empresa recicladora ubicada en Quilmes, provincia de Buenos Aires.
El reciclado de estos elementos se desarrolla mediante un convenio firmado entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia y el Municipio de Viedma, con el objetivo de dar respuesta a la problemática generada por la importante cantidad de este tipo de residuos que se encuentran en desuso en las oficinas públicas provinciales en primer término y en la comunidad.
El destino es a la empresa bonaerense, con más de 10 años de experiencia en el rubro, que se dedica a reciclar los materiales eléctricos y electrónicos, luego de haber sido desarmados y clasificados sus componentes, para que estos puedan ser reutilizados en nuevos procesos industriales. Los materiales sin posibilidades de recuperarse son enviados a disposición final.
Los RAEEs son residuos derivados de los aparatos eléctricos y electrónicos descartados al finalizar su vida útil, que por sus características hacen que sea necesario ser sometidos a un manejo especial y que gestionados de manera adecuada pueden ser reincorporados al proceso productivo.
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Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: ADN Rio Negro
Provincia/Región: Rio Negro
Se realizó en esta capital una nueva recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), que fueron trasladados en dos camiones con destino a Darwin, donde a través de la empresa Ferrosur serán son enviados a una empresa recicladora ubicada en Quilmes, provincia de Buenos Aires.
El reciclado de estos elementos se desarrolla mediante un convenio firmado entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia y el Municipio de Viedma, con el objetivo de dar respuesta a la problemática generada por la importante cantidad de este tipo de residuos que se encuentran en desuso en las oficinas públicas provinciales en primer término y en la comunidad.
El destino es a la empresa bonaerense, con más de 10 años de experiencia en el rubro, que se dedica a reciclar los materiales eléctricos y electrónicos, luego de haber sido desarmados y clasificados sus componentes, para que estos puedan ser reutilizados en nuevos procesos industriales. Los materiales sin posibilidades de recuperarse son enviados a disposición final.
Los RAEEs son residuos derivados de los aparatos eléctricos y electrónicos descartados al finalizar su vida útil, que por sus características hacen que sea necesario ser sometidos a un manejo especial y que gestionados de manera adecuada pueden ser reincorporados al proceso productivo.
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Entre Ríos inicia el programa Producción Más Limpia
La Provincia lanzó un plan para disminuir el impacto ambiental de industrias
Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.
Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.
Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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Salí-Dulce: fiscal objeta “probation” de contaminadores
Fiscal objeta “probation” en una causa por contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a dos exdirectivos de un ingenio azucarero, acusados de contaminar la cuenca Salí - Dulce.
La resolución beneficia con una “probation” a dos empresarios, exdirectivos de la firma Azucarera Argentina SA, a cargo del ingenio La Corona.
El tribunal compuesto por Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Basbús, hizo lugar al pedido de la defensa de Silvio José Peluffo y Enrique Fausto González, quienes por el término de 3 años deberán realizar tareas comunitarias 8 horas mensuales, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Ambos tendrán que comprar elementos sanitarios para el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, por la suma de $150.000 cada uno.
Esta decisión fue objetada por el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez; y la querella -representada por la ex concejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto-, quienes se opusieron y exigieron que se haga el juicio oral y público. Así lo indicó a EL LIBERAL el fiscal Gustavo Gómez, quien consideró que no se tuvo en cuenta la dimensión del daño causado al medio ambiente.
El tribunal consideró que la suspensión del juicio a prueba “es una solución alternativa a la pena, menos gravosa y conducente a poner fin al conflicto”.
En los considerandos del fallo, se indica que la audiencia se llevó a cabo el día 27 de julio de 2019, en la oportunidad “el Tribunal entiende que debe quedar claro que la norma constitucional, que dispone la protección del medio ambiente, no implica que toda actividad que genere riesgo de ese tipo, deba ser objeto de protección penal, sino que la fijación del ámbito de protección de esa norma específica está a cargo del Congreso de la Nación”.
También afirma que “este mismo tribunal en esta causa había rechazado al pedido (de la defensa), por carecer de ofrecimiento concreto de los imputados. Al haberlo efectuado, y que consiste en $150.000 por cada uno, reunido por crédito bancario, acreditado en la audiencia, ya que uno de ellos es empleado bajo relación de dependencia con una remuneración estándar y el otro es jubilado, también con un ingreso equivalente, se ha cumplido con la norma que señala “en la medida de lo posible”.
La resolución agrega que “se suma a ello que se los imputó como directores de la empresa, con lo que es a esta ultima a la que se le podría haber exigido una reparación monetaria integral, ello sin perjuicio que tal persona jurídica ya no existe en el medio azucarero, por lo menos”.
Durante la instrucción de la causa que comenzó en 2008, la Justicia Federal de primera instancia, había señalado que estaba “probado que la fábrica arroja residuos tóxicos que desembocan al Río Gastona, y luego a la Cuenca del Río Salí-Dulce”.
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Anuncian oficialmente la segunda Botnia en Uruguay
Botnia anuncia oficialmente que construirá su segunda pastera en Uruguay
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
Estará ubicada a orillas del río Negro y sus efluentes necesariamente llegarán al río Uruguay el cual se verá afectado.
Con un comunicado emitido simultáneamente en Helsinki y Montevideo a las 6 de la mañana de este martes 23 de julio, la corporación finlandesa UPM infomó que ha tomado la decisión de invertir en la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay, con capacidad de 2,1 millones de toneladas y que estará ubicada en la localidad de Pueblo Centenario, a orillas del río Negro (Departamento de Durazno).
La inversión será, según afirma la empresa, de 2.700 millones de dólares en la planta industrial propiamente dicha, otros 350 millones de dólares en una terminal portuaria en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros.
El funcionamiento de la nueva planta está programado para la segunda mitad del año 2022 y Botnia tendrá el 91 por ciento de participación en el proyecto y el restante 9 por ciento pertenecerá a un grupo inversor uruguayo también vinculado al proyecto de UPM Fray Bentos.
Según el comunicado dado a conocer en Helsinki, “los pre requisitos para la inversión se han preparado cuidadosamente en cooperación con el Estado uruguayo. Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial. Reconozco humildemente la determinación con que los tomadores de decisión han avanzado en el desarrollo económico del país”, afirmaron desde UPM.
El presidente y CEO de la corporación, Jussi Pessonen sostuvo que “la decisión de hoy brindará muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas uruguayas y mano de obra capacitada en la zona centro, que beneficiará a miles de uruguayos en las próximas décadas".
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Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
Estará ubicada a orillas del río Negro y sus efluentes necesariamente llegarán al río Uruguay el cual se verá afectado.
Con un comunicado emitido simultáneamente en Helsinki y Montevideo a las 6 de la mañana de este martes 23 de julio, la corporación finlandesa UPM infomó que ha tomado la decisión de invertir en la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay, con capacidad de 2,1 millones de toneladas y que estará ubicada en la localidad de Pueblo Centenario, a orillas del río Negro (Departamento de Durazno).
La inversión será, según afirma la empresa, de 2.700 millones de dólares en la planta industrial propiamente dicha, otros 350 millones de dólares en una terminal portuaria en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros.
El funcionamiento de la nueva planta está programado para la segunda mitad del año 2022 y Botnia tendrá el 91 por ciento de participación en el proyecto y el restante 9 por ciento pertenecerá a un grupo inversor uruguayo también vinculado al proyecto de UPM Fray Bentos.
Según el comunicado dado a conocer en Helsinki, “los pre requisitos para la inversión se han preparado cuidadosamente en cooperación con el Estado uruguayo. Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial. Reconozco humildemente la determinación con que los tomadores de decisión han avanzado en el desarrollo económico del país”, afirmaron desde UPM.
El presidente y CEO de la corporación, Jussi Pessonen sostuvo que “la decisión de hoy brindará muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas uruguayas y mano de obra capacitada en la zona centro, que beneficiará a miles de uruguayos en las próximas décadas".
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UPM ex Botnia
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Nueva idea para frenar el atropello de fauna misionera
Nueva propuesta para terminar con la muerte de fauna silvestre en rutas misioneras
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Ya murieron unos 5 Yaguaretés atropellados. Se estima que 3.000 animales silvestres mueren por año bajo las ruedas de los vehículos, que según estudios efectuados con radares, violan en un 95% la velocidad máxima establecida.
La propuesta de Red Yaguareté consiste en la instalación de portales de acceso en los extremos del tramo a controlar equipados con un Sistema Automático de Identificación de Patentes (conocido internacionalmente como ALPR o “automatic licence plate recognition”) que identifica la patente, toma una fotografía, y registra la hora exacta en que un vehículo atraviesa el portal.
Un software calcula el tiempo de paso entre los dos portales separados por una determinada distancia conocida, y de manera indirecta la velocidad media, como cociente entre la distancia y el tiempo. Cuando detecta violaciones al límite establecido, envía una alerta el centro de monitoreo desde donde se envían las multas correspondientes.
Las ventajas de este sistema respecto a los sistemas tradicionales de control de velocidad son los siguientes:
1. Como ventaja superlativa, se obliga al conductor a controlar la velocidad a lo largo de la totalidad del tramo de interés, y no solamente en un punto determinado. Esto es justamente el efecto que se busca en cualquier sistema de control de velocidad y especialmente en este caso donde la extensión del tramo de ruta que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í lo amerita.
2. No requiere -a diferencia de los radares móviles- de recursos humanos apostados en el lugar de medición, ya que la tecnología permite que funcione las 24 hs.
3. No solo se reducirá el atropellamiento de animales silvestres, sino que también se reducirá la cantidad de siniestros viales, de todo tipo.
En virtud de que aproximadamente en el centro del tramo de ruta en cuestión se encuentra el puesto Uruzú, donde muchos turistas o visitantes se detienen, se diagramó un sistema con dos portales que permita contemplar esta situación.
La propuesta fue presentada el día 27 de junio de 2019 al gobernador Hugo Passalacqua con copias al Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Juan Manuel Díaz. También fue presentada al presidente Mauricio Macri; al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y al Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman.
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Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Ya murieron unos 5 Yaguaretés atropellados. Se estima que 3.000 animales silvestres mueren por año bajo las ruedas de los vehículos, que según estudios efectuados con radares, violan en un 95% la velocidad máxima establecida.
La propuesta de Red Yaguareté consiste en la instalación de portales de acceso en los extremos del tramo a controlar equipados con un Sistema Automático de Identificación de Patentes (conocido internacionalmente como ALPR o “automatic licence plate recognition”) que identifica la patente, toma una fotografía, y registra la hora exacta en que un vehículo atraviesa el portal.
Un software calcula el tiempo de paso entre los dos portales separados por una determinada distancia conocida, y de manera indirecta la velocidad media, como cociente entre la distancia y el tiempo. Cuando detecta violaciones al límite establecido, envía una alerta el centro de monitoreo desde donde se envían las multas correspondientes.
Las ventajas de este sistema respecto a los sistemas tradicionales de control de velocidad son los siguientes:
1. Como ventaja superlativa, se obliga al conductor a controlar la velocidad a lo largo de la totalidad del tramo de interés, y no solamente en un punto determinado. Esto es justamente el efecto que se busca en cualquier sistema de control de velocidad y especialmente en este caso donde la extensión del tramo de ruta que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í lo amerita.
2. No requiere -a diferencia de los radares móviles- de recursos humanos apostados en el lugar de medición, ya que la tecnología permite que funcione las 24 hs.
3. No solo se reducirá el atropellamiento de animales silvestres, sino que también se reducirá la cantidad de siniestros viales, de todo tipo.
En virtud de que aproximadamente en el centro del tramo de ruta en cuestión se encuentra el puesto Uruzú, donde muchos turistas o visitantes se detienen, se diagramó un sistema con dos portales que permita contemplar esta situación.
La propuesta fue presentada el día 27 de junio de 2019 al gobernador Hugo Passalacqua con copias al Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Juan Manuel Díaz. También fue presentada al presidente Mauricio Macri; al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y al Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman.
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Buenos Aires: Corte ratifica limitación a fumigaciones
Un fallo de la Corte bonaerense a favor de la agroecología
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Sica insistió con la minería en Chubut
Sica sostuvo que llegó el momento de que Chubut discuta la minería
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, mantuvo un diálogo exclusivo con EL CHUBUT y aseguró que la provincia tiene un gran potencial para desarrollar la minería lejos de los grandes centros urbanos, al tiempo que dio detalles sobre el acuerdo firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Aclaró que hace tiempo que no dialoga con su par chubutense Hernán Alonso.
En torno a uno de los temas tabú en Chubut y que genera una fuerte grieta entre los diferentes actores políticos, económicos, ambientales y en la propia ciudadanía, Sica fue categórico y dijo que Chubut debe debatir seriamente la minería.
«Las pymes han tenido un impacto muy fuerte por la crisis. Chubut es una provincia que tiene mucha potencialidad, en donde no solamente están las actividades tradicionales, sino que hay mucho para avanzar», subrayó Sica.
Lejos de rodeos y expresiones políticamente correctas, Sica se metió de lleno en el debate por la minería, que fue «archivado» en medio de las elecciones provinciales.
«Hubo toda una discusión en su momento sobre el tema de la minería. Creo que la Provincia debería en algún momento empezar a discutir seriamente la minería en la Meseta, que está alejada de los centros urbanos y que se podría llevar a cabo con un fuerte impacto económico», ratificó Sica a diario EL CHUBUT.
Destacó que Chubut «tiene un gran potencial para aprovechar la minería» y advirtió que sin importar la decisión final, el debate debe materializarse.
Por otra parte, graficó que con el ministro Alonso «no hemos hablado en los últimos tiempos», a pesar de que «participó hace unos días en el Consejo de Producción, donde dimos información con respecto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur».
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, mantuvo un diálogo exclusivo con EL CHUBUT y aseguró que la provincia tiene un gran potencial para desarrollar la minería lejos de los grandes centros urbanos, al tiempo que dio detalles sobre el acuerdo firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Aclaró que hace tiempo que no dialoga con su par chubutense Hernán Alonso.
En torno a uno de los temas tabú en Chubut y que genera una fuerte grieta entre los diferentes actores políticos, económicos, ambientales y en la propia ciudadanía, Sica fue categórico y dijo que Chubut debe debatir seriamente la minería.
«Las pymes han tenido un impacto muy fuerte por la crisis. Chubut es una provincia que tiene mucha potencialidad, en donde no solamente están las actividades tradicionales, sino que hay mucho para avanzar», subrayó Sica.
Lejos de rodeos y expresiones políticamente correctas, Sica se metió de lleno en el debate por la minería, que fue «archivado» en medio de las elecciones provinciales.
«Hubo toda una discusión en su momento sobre el tema de la minería. Creo que la Provincia debería en algún momento empezar a discutir seriamente la minería en la Meseta, que está alejada de los centros urbanos y que se podría llevar a cabo con un fuerte impacto económico», ratificó Sica a diario EL CHUBUT.
Destacó que Chubut «tiene un gran potencial para aprovechar la minería» y advirtió que sin importar la decisión final, el debate debe materializarse.
Por otra parte, graficó que con el ministro Alonso «no hemos hablado en los últimos tiempos», a pesar de que «participó hace unos días en el Consejo de Producción, donde dimos información con respecto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur».
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Cementerio de autos cercano al Riachuelo eliminado
Eliminaron un cementerio de autos abandonados a metros del Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya sacaron 30 vehículos judicializados que contaminaban. Ahora los vecinos piden que la Comuna de Lomas de Zamora haga allí un espacio verde.
En la calle El Plumerillo, a metros del curso del Riachuelo, un predio generaba enorme malestar entre los vecinos de Villa Fiorito, uno de los barrios más carenciados de Lomas de Zamora, en el Sur del GBA. En ese lugar, que pertenece al Municipio local pero que desde hace años empezó a ser utilizado por la Provincia, se acumulaban decenas de autos judicializados. Como todos estaban en estado de abandono, algunos calcinados o convertidos en chatarra, la gente de la zona lo veía como un peligroso foco de infecciones.
Finalmente y después de muchos pedidos, el lugar fue limpiado. El próximo objetivo que ya persigue la gente de los alrededores es que el predio sea recuperado y convertido en un espacio verde. Del terreno, la Comuna sacó unos 30 autos, la mayoría de ellos destrozados. En lo que va del año se habían registrado en ese lugar tres incendios, según difundieron medios locales poco después de la limpieza.
En este tiempo se acumularon también reclamos de los vecinos hechos ante diferentes organismos y una acción de amparo de la Defensoría General de la Nación. “Nos alegró mucho saber que estaban limpiando esto porque era un peligro a todo nivel. No sólo por los incendios que ya ocurrieron, sino porque este tipo de depósitos improvisados contaminan mucho el suelo y generan un foco infeccioso permanente de ratas”, destaca una de las vecinas que encaró los reclamos.
Ahora piden que la Municipalidad de Lomas de Zamora elabore algún proyecto para convertir este espacio vacío en una plaza o zona de esparcimiento para el barrio. En el lugar todavía quedan algunos patrulleros que no fueron retirados ya que de eso debe encargarse la Policía Bonaerense. Según trascendió, los sacarían en los próximos días.
“Nos gustaría que se recupere este lugar para tener un espacio donde al menos poder ir a hacer un picnic o que haya juegos para los chicos. El barrio necesita de este tipo de lugares”, sostuvo Ricardo Verón, vecino de Villa Fiorito.
“También sería bueno que retiren los autos que están frente a la comisaría de Puente La Noria y al costado de las vías en Fiorito”, remarcó Elena Torres, otra vecina.
Según se supo, la decisión final para limpiar el predio se dio porque esta zona fue alcanzada por la llamada “causa Mendoza”, un fallo histórico de 2008 que estableció tareas que deben realizarse a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo para su saneamiento.
Desde el Municipio de Lomas de Zamora no respondieron al Zonal si hay algún proyecto previsto para recuperar ese lugar.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya sacaron 30 vehículos judicializados que contaminaban. Ahora los vecinos piden que la Comuna de Lomas de Zamora haga allí un espacio verde.
En la calle El Plumerillo, a metros del curso del Riachuelo, un predio generaba enorme malestar entre los vecinos de Villa Fiorito, uno de los barrios más carenciados de Lomas de Zamora, en el Sur del GBA. En ese lugar, que pertenece al Municipio local pero que desde hace años empezó a ser utilizado por la Provincia, se acumulaban decenas de autos judicializados. Como todos estaban en estado de abandono, algunos calcinados o convertidos en chatarra, la gente de la zona lo veía como un peligroso foco de infecciones.
Finalmente y después de muchos pedidos, el lugar fue limpiado. El próximo objetivo que ya persigue la gente de los alrededores es que el predio sea recuperado y convertido en un espacio verde. Del terreno, la Comuna sacó unos 30 autos, la mayoría de ellos destrozados. En lo que va del año se habían registrado en ese lugar tres incendios, según difundieron medios locales poco después de la limpieza.
En este tiempo se acumularon también reclamos de los vecinos hechos ante diferentes organismos y una acción de amparo de la Defensoría General de la Nación. “Nos alegró mucho saber que estaban limpiando esto porque era un peligro a todo nivel. No sólo por los incendios que ya ocurrieron, sino porque este tipo de depósitos improvisados contaminan mucho el suelo y generan un foco infeccioso permanente de ratas”, destaca una de las vecinas que encaró los reclamos.
Ahora piden que la Municipalidad de Lomas de Zamora elabore algún proyecto para convertir este espacio vacío en una plaza o zona de esparcimiento para el barrio. En el lugar todavía quedan algunos patrulleros que no fueron retirados ya que de eso debe encargarse la Policía Bonaerense. Según trascendió, los sacarían en los próximos días.
“Nos gustaría que se recupere este lugar para tener un espacio donde al menos poder ir a hacer un picnic o que haya juegos para los chicos. El barrio necesita de este tipo de lugares”, sostuvo Ricardo Verón, vecino de Villa Fiorito.
“También sería bueno que retiren los autos que están frente a la comisaría de Puente La Noria y al costado de las vías en Fiorito”, remarcó Elena Torres, otra vecina.
Según se supo, la decisión final para limpiar el predio se dio porque esta zona fue alcanzada por la llamada “causa Mendoza”, un fallo histórico de 2008 que estableció tareas que deben realizarse a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo para su saneamiento.
Desde el Municipio de Lomas de Zamora no respondieron al Zonal si hay algún proyecto previsto para recuperar ese lugar.
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Alertan por el nuevo Código Penal en cuestiones ambientales
"El nuevo Código Penal consagra la impunidad ambiental"
Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino - Rebelión
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones y expertos alertan por la derogación de la Ley de Residuos Peligrosos. El proyecto de reforma pretende reemplazarla por una norma que obligue a probar la relación causal entre las empresas extractivistas que contaminan y las víctimas de ese delito.
Impunidad ambiental. Esa es la amenaza latente que, según alertan organizaciones y expertos, activaría la reforma del Código Penal que impulsa el gobierno. Lo dijo con total claridad y contundencia el fiscal federal Gustavo Gómez, con jurisdicción en Catamarca y Tucumán, durante la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el 27 de junio pasado: "Una cosa es 'poner en peligro la salud del ambiente' y otra es probar que se causaron 'daños graves' al ambiente. Hasta hoy, el delito de contaminación ambiental tipificado en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos es de peligro abstracto. Eso quiere decir que el sólo hecho de volcar mercurio a un río es suficiente. No tengo que salir a buscar a un chico que haya tomado agua de ese río. El nuevo Código elimina este artículo y propone otro que obliga a probar la relación causal entre el contaminador y la víctima, lo que se llama "delito de resultado". Esta diferencia es lo más grave. Es como pedirme que alguien muera de sobredosis para ir a secuestrar un kilo de cocaína".
El artículo 444 del proyecto de Reforma del Código Penal cambia diametralmente el enfoque de la tipificación del delito, penando a quien, infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales que protegen el ambiente, "provoque o realice emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause daños graves al aire, el suelo o las aguas, o la flora o fauna".
La alarma ya se encendió entre las organizaciones que protegen el ambiente. Denuncian que el proyecto apunta a consolidar una herramienta jurídica que garantice la impunidad del extractivismo.
"Actualmente, la Ley de Residuos Peligrosos es bastante progresiva respecto a la protección del ambiente, porque alcanza con que se genere el peligro de un daño a la salud. No necesita muertos para que se conforme el delito. Basta con la posibilidad de que alguien pueda ser afectado en su salud. El gobierno quiere eliminar esto y propone una nueva ley en la que haya que probar el daño. En cuestiones ambientales no se puede aplicar el mismo criterio que en el Derecho Penal, donde hay una bala que mata a alguien. En medio ambiente son muchas las balas: la fábrica que arroja residuos, las antenas de celular, la contaminación del agua, del aire. ¿Cómo probás cuál fue la 'bala' que contaminó? Es una ley para que las fábricas, los fumigadores, las mineras queden eximidas de culpa", explica Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
La presente normativa sobre residuos peligrosos entró en vigencia en 1992, durante la gestión de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Ambiente, en un contexto de presiones internacionales que, luego de la Cumbre de la Tierra realizada ese año en Río de Janeiro, impulsaba a alcanzar acuerdos básicos sobre protección ambiental. Dicha ley establece en su artículo 55 penas para quien, utilizando ese tipo de residuos, "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
La Comisión que diseñó el proyecto de reforma, presidida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, argumentó que la normativa existente tutela dos bienes jurídicos distintos: el ambiente y la salud pública. Y adujo que, con la reforma, se pasa a proteger "al ambiente en sí mismo", con eventuales agravantes si el hecho conllevara potencialmente una afectación a la salud humana.
Para Ávila Vázquez, de aprobarse la derogación de esa norma en el nuevo Código, se violaría "no sólo el principio de prevención en el Derecho Ambiental, sino también el principio de la no regresión ambiental, que establece que las legislaciones siempre tienen que ir por más protección y nunca retroceder en lo que ya se había establecido, nunca desandar el camino avanzado en la protección del ambiente y las poblaciones".
"¿Qué pasa cuando una ley del Congreso deroga artículos de delitos? –se preguntó Gómez– ¿Qué pasa con todas las causas penales en donde incluso se obtuvo condena? Se archivan. Estamos hablando de más de 120 expedientes que pasarían directamente al archivo".
A medida de las empresas
Otra preocupación que genera la propuesta oficial entre los ambientalistas apunta a la redacción del nuevo artículo, más precisamente, cuando habla de infringir "leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente".
"Esta ley –remarcó Gómez– le da competencia a las provincias para absolver a aquellos a quienes se les inicia una causa penal por contaminación. Todos sabemos las presiones a las que son sometidos los jueces y fiscales provinciales cuando de inversiones económicas se trata. Cualquier provincia va a poder elevar los niveles autorizados de contaminación y eso va a resultar en prueba imposible a la hora de imputar a los que contaminan".
En ese sentido, el fiscal recordó el caso de la minera La Alumbrera, en Catamarca. El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán procesó a Julián Patricio Rooney, ex CEO de la firma, como "partícipe primario" en la contaminación ambiental con metales pesados, y le trabó un embargo de 500 mil pesos (ver recuadro). La ley por la que se lo condena sería derogada. "Si se aprueba esta reforma, el que puede infringir la ley es un peón de campo, hasta un gerente, pero nunca el responsable va a ser el dueño o el CEO de una empresa", remarcó Gómez.
La actual normativa ha permitido, además, el inicio de causas judiciales y hasta condenas contra fumigadores en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
"La derogación de la ley actual es una petición de las compañías extractivistas, tan vinculadas al gobierno, y en especial, las del agronegocio, como Monsanto, enmarcadas dentro de estos delitos. Aplican agroquímicos, pero en la planta sólo queda el 20%, y el 80% restante va al ambiente –advierte Ávila–. Con el nuevo Código, las grandes empresas podrán contaminar impunemente".
El ex CEO de La Alumbrera, el primer procesado
Julián Patricio Rooney es prácticamente un desconocido. Sin embargo, fue un hombre muy poderoso y quizás lo siga siendo: fue CEO de la minera La Alumbrera y miembro del comité ejecutivo de la empresa durante 17 años, entre 1996 y 2013. Precisamente por su gestión en ese proyecto, pionero en la megaminería a cielo abierto en la Argentina, está procesado por la justicia federal de Tucumán, que le trabó un embargo de medio millón de pesos por daños ambientales. El fallo del Juzgado Federal N° 2 de esa provincia se convirtió en el primero del país en avanzar en contra de un alto ejecutivo de una empresa, en consonancia con la aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos sancionada en 1991. Si se aprueba la modificación del Código Penal tal como está dispuesta, Rooney podría eludir su responsabilidad.
La resolución judicial se conoció a principios de mayo y fue apelada por la defensa de Rooney, a cargo de la abogada Roxana Piña. Ahora, el caso es analizado en la Cámara Federal. La causa lleva unos 20 años de instrucción y entró en un barro judicial que al día de hoy no tiene sentencia firme. Vale aclarar que en 2016 el Ejecutivo había sido sobreseído, pero tras la apelación del grupo ecologista Pro Eco, el expediente fue revisado y se solicitaron más medidas de prueba.
La investigación comenzó en 1999, buscando determinar si los residuos extraídos de las mina en Catamarca y tratados en una planta que la empresa tiene en Tucumán, podía generar contaminación de los cursos de agua y daños a la salud de las personas y al ambiente. La justicia estableció que el exCEO no podía desconocer esos peligros. De acuerdo a la Ley de Residuos Peligrosos, se consideró que estos delitos son de acción permanente, a pesar de que no se hubieran registrado daños concretos.
Según el fallo, Rooney tendría que "haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible".
Rooney también fue vicepresidente de Glencore Xstrata y hoy es socio de una consultora de pomposo nombre: Minería es Desarrollo.
El yaguareté fue a la Corte Suprema
Por primera vez, una especie (y no un ejemplar determinado) demanda por sus derechos. A través de una acción impulsada por Greenpeace y patrocinada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el yaguareté, habitante de la ecorregión del Gran Chaco argentino, "presentó" este viernes un amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia, y contra cuatro provincias (Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero), la Administración de Parques Nacionales y el Estado Nacional, por no cumplir la Ley de Protección de Bosques Nativos, y para que se "permita que dicha especie pueda seguir existiendo, gozar de sus ecosistemas, manteniendo sus planes de vida, salud, bienestar, alimentación, libertad, reproducción y seguridad de los últimos menos de 20 sujetos vulnerables". La medida reclama una política de "deforestación cero" en el hábitat del yaguareté.
En efecto, quedan como mucho 20 yaguaretés en la región chaqueña, además de unos 230 que habitan las yungas y la selva paranaense. "A pesar de haber sido declarado Monumento Nacional, no se está protegiendo su territorio y esto pone en serio peligro su subsistencia", dice Natalia Machain, directora ejecutiva de Greenpeace Andino.
"Se estima que en la Argentina, en los últimos dos siglos, el territorio en el que vive quedó reducido a un 5% de la superficie original", explica Enrique Viale, titular de la entidad que nuclea a los abogados ambientalistas. "Se reconocen derechos a las empresas, que son entes abstractos, pero hasta ahora no se los reconocen a la Naturaleza y sus especies, que son reales, vivos y tangibles".
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