Mendoza: U$S 230 millones en energías renovables
08:00 | 
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Invertirán más de U$S 230 millones para energías renovables en Mendoza
Fecha de Publicación: 28/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
El gobierno mendocino invertirá más de u$s 230 millones para la construcción y puesta en marcha de 11 proyectos de energías renovables, que generarán empleo directo a más de 2.500 trabajadores y permitirán abastecer de electricidad a 250.000 hogares de la provincia, anticipó a Télam el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié.
"Tenemos prevista una inversión de más de u$s 230 millones para el desarrollo de los proyectos", que se realizarán conjuntamente en los próximos años entre compañías locales y la Empresa Provincia de Energía de Mendoza (Emesa), especificó el funcionario, y expresó su "satisfacción" por la cantidad de empleo directo que se podrá generar a partir de los emprendimientos energéticos.
Especificó que los "más de 2.500 empleos directos" se van a generar a partir de la fabricación de los equipos, la construcción de las instalaciones, el desarrollo de proyectos y servicios, investigación, comercialización y formación.
"Esta inversión es muy importante para la provincia", enfatizó Vaquié en diálogo exclusivo con Télam.
Vaquié se refirió a los 11 proyectos y 160 MW de potencia que adjudicó en los últimos meses el Ministerio de Energía y Minería, en el marco de las diferentes ediciones del Programa Renovar que puso en marcha el gobierno nacional.
A pesar de su satisfacción personal, Vaquié advirtió que "tuvimos y tenemos algunas diferencias conceptuales con (el Ministerio de) Energía".
En ese sentido, mencionó las dificultades de "competitividad" que atravesó la provincia para poder participar de las licitaciones públicas, sobre todo en la primera edición del programa Renovar.
En energía eólica, Mendoza resultó adjudicataria del proyecto El Sosneado, mientras que para solar, la provincia construirá emprendimientos en Anchoris, General Alvear, La Paz, Lavalle, Luján de Cuyo y Pasip.
En tanto, en los denominados Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (PAH), el Ministerio de Energía y Minería dela Nación adjudicó los proyectos de Salto, Triple Salto Unificado y Tiburcio Benegas.
Vaquié recordó que en la primera convocatoria, "nosotros queríamos producir acá, con la misma tasa interna de retorno y eficiencia (que la ofrecida por los chinos), pero el pago de impuestos locales y el financiamiento más caro implicaba que el resultado fuera u$s 20 más alto con relación a lo importado".
"El plan federal que el ministro (Juan José Aranguren) presentó, hizo explosión en el Renovar donde, según nuestra visión, les convenía traer todo importado porque abarataba la operación. Venía sin impuestos y financiamiento a tasas chicas con plazos largos", detalló.
En ese contexto, interpretó que "por problemas estructurales de la economía, el financiamiento era mucho más caro, con plazos más cortos y, por ello, dejaba afuera toda la industria nacional".
"Nosotros, sabiendo que perdíamos, fuimos a la primera licitación, con la idea de bancar a la industria nacional", aseveró.
"Esas dos cosas hacían una diferencia de precios enorme y generaban una competencia injusta", agregó.
"Eso, en parte, se subsanó para el Renovar 1.5", recordó, y explicó que -entre una edición y otra- "conseguimos que la Secretaría de Industria, con su equipo, se preocupara mucho y sacara una línea de financiamiento con subsidios del Ministerio de la Producción, que nos bajó fuertemente los costos para los productores locales".
Vaquié señaló que "ahí, nos hicimos competitivos, aunque los impuestos siguen estando y el financiamiento es más caro que el chino, pero no es de la magnitud que era meses antes".
"A partir de esa intervención, prosiguió el funcionario, pudimos ganar varios proyectos solares y uno de vientos en el sur de Mendoza, sumado a los cuatro que ya habíamos ganado de micro-turbinas", se entusiasmó.
En otro tramo del diálogo, Vaquié se refirió a la actividad hidrocarburífera en el distrito y recordó que Mendoza "fue la provincia que menos sufrió el impacto en producción, equipos y empleo".
"De hecho, mientras la producción de petróleo cayó en casi todos lados, en Mendoza subió un 3 por ciento", comentó.
Efectivamente, y según la información oficial del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, la provincia produjo -entre enero y septiembre de 2016- unos 3.437.996 metros cúbicos (m3) de petróleo, contra los 3.341.883 m3 del mismo período del año pasado. Las cifras muestran una leve suba.
Vaquié apuntó a la presencia de YPF en la provincia y señaló que "nuestra apuesta y aspiración es que no nos bajen equipos y que la gente siga trabajando. Esa es la parte sustancial de la discusión", con la empresa.
"Confiamos en que no tengamos pérdidas de equipos durante 2017", puntualizó.
Más adelante se refirió a la propuesta del gobierno nacional de avanzar en un sendero de precios que permita converger el barril criollo y el internacional.
"El gobierno insiste que hay que ir a precios de mercado, pero esa política no es uniforme para todos los sectores de la economía. Ahí es donde nosotros estamos incómodos", se quejó.
"Tenemos muchos precios en la Argentina muy arriba de los internacionales porque están protegidos y eso encarece los costos de producción, de economías competitivas o aquellas que transan con el exterior", acotó.
Finalmente se pronunció sobre la polémica histórica entre Nación y provincia por el precio de los combustibles, y los permanentes reclamos de Mendoza en función de la presencia de la Refinería de YPF en Luján de Cuyo.
Vaquié recordó que el conflicto surgió "a fines de 2010, cuando, por decreto, se prorrogaron las áreas petrolíferas. El entonces gobernador (Celso) Jaque y el ministro (y luego mandatario provincial, Francisco) Pérez, hablaron de tener el mínimo costo logístico en el precio."
Sin embargo, "por desgracia", describió el ministro, "en ningún lado quedó el texto escrito que dice que deberíamos tener el mismo precio que el resto del país. Es una discusión muy finita y compleja", resumió.
"Estamos discutiendo el tema con nuestros abogados y la empresa YPF. Si no satisfacen las respuestas, hay que ir a un arbitraje", concluyó el funcionario cuyano.
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Fecha de Publicación: 28/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
El gobierno mendocino invertirá más de u$s 230 millones para la construcción y puesta en marcha de 11 proyectos de energías renovables, que generarán empleo directo a más de 2.500 trabajadores y permitirán abastecer de electricidad a 250.000 hogares de la provincia, anticipó a Télam el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié.
"Tenemos prevista una inversión de más de u$s 230 millones para el desarrollo de los proyectos", que se realizarán conjuntamente en los próximos años entre compañías locales y la Empresa Provincia de Energía de Mendoza (Emesa), especificó el funcionario, y expresó su "satisfacción" por la cantidad de empleo directo que se podrá generar a partir de los emprendimientos energéticos.
Especificó que los "más de 2.500 empleos directos" se van a generar a partir de la fabricación de los equipos, la construcción de las instalaciones, el desarrollo de proyectos y servicios, investigación, comercialización y formación.
"Esta inversión es muy importante para la provincia", enfatizó Vaquié en diálogo exclusivo con Télam.
Vaquié se refirió a los 11 proyectos y 160 MW de potencia que adjudicó en los últimos meses el Ministerio de Energía y Minería, en el marco de las diferentes ediciones del Programa Renovar que puso en marcha el gobierno nacional.
A pesar de su satisfacción personal, Vaquié advirtió que "tuvimos y tenemos algunas diferencias conceptuales con (el Ministerio de) Energía".
En ese sentido, mencionó las dificultades de "competitividad" que atravesó la provincia para poder participar de las licitaciones públicas, sobre todo en la primera edición del programa Renovar.
En energía eólica, Mendoza resultó adjudicataria del proyecto El Sosneado, mientras que para solar, la provincia construirá emprendimientos en Anchoris, General Alvear, La Paz, Lavalle, Luján de Cuyo y Pasip.
En tanto, en los denominados Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (PAH), el Ministerio de Energía y Minería dela Nación adjudicó los proyectos de Salto, Triple Salto Unificado y Tiburcio Benegas.
Vaquié recordó que en la primera convocatoria, "nosotros queríamos producir acá, con la misma tasa interna de retorno y eficiencia (que la ofrecida por los chinos), pero el pago de impuestos locales y el financiamiento más caro implicaba que el resultado fuera u$s 20 más alto con relación a lo importado".
"El plan federal que el ministro (Juan José Aranguren) presentó, hizo explosión en el Renovar donde, según nuestra visión, les convenía traer todo importado porque abarataba la operación. Venía sin impuestos y financiamiento a tasas chicas con plazos largos", detalló.
En ese contexto, interpretó que "por problemas estructurales de la economía, el financiamiento era mucho más caro, con plazos más cortos y, por ello, dejaba afuera toda la industria nacional".
"Nosotros, sabiendo que perdíamos, fuimos a la primera licitación, con la idea de bancar a la industria nacional", aseveró.
"Esas dos cosas hacían una diferencia de precios enorme y generaban una competencia injusta", agregó.
"Eso, en parte, se subsanó para el Renovar 1.5", recordó, y explicó que -entre una edición y otra- "conseguimos que la Secretaría de Industria, con su equipo, se preocupara mucho y sacara una línea de financiamiento con subsidios del Ministerio de la Producción, que nos bajó fuertemente los costos para los productores locales".
Vaquié señaló que "ahí, nos hicimos competitivos, aunque los impuestos siguen estando y el financiamiento es más caro que el chino, pero no es de la magnitud que era meses antes".
"A partir de esa intervención, prosiguió el funcionario, pudimos ganar varios proyectos solares y uno de vientos en el sur de Mendoza, sumado a los cuatro que ya habíamos ganado de micro-turbinas", se entusiasmó.
En otro tramo del diálogo, Vaquié se refirió a la actividad hidrocarburífera en el distrito y recordó que Mendoza "fue la provincia que menos sufrió el impacto en producción, equipos y empleo".
"De hecho, mientras la producción de petróleo cayó en casi todos lados, en Mendoza subió un 3 por ciento", comentó.
Efectivamente, y según la información oficial del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, la provincia produjo -entre enero y septiembre de 2016- unos 3.437.996 metros cúbicos (m3) de petróleo, contra los 3.341.883 m3 del mismo período del año pasado. Las cifras muestran una leve suba.
Vaquié apuntó a la presencia de YPF en la provincia y señaló que "nuestra apuesta y aspiración es que no nos bajen equipos y que la gente siga trabajando. Esa es la parte sustancial de la discusión", con la empresa.
"Confiamos en que no tengamos pérdidas de equipos durante 2017", puntualizó.
Más adelante se refirió a la propuesta del gobierno nacional de avanzar en un sendero de precios que permita converger el barril criollo y el internacional.
"El gobierno insiste que hay que ir a precios de mercado, pero esa política no es uniforme para todos los sectores de la economía. Ahí es donde nosotros estamos incómodos", se quejó.
"Tenemos muchos precios en la Argentina muy arriba de los internacionales porque están protegidos y eso encarece los costos de producción, de economías competitivas o aquellas que transan con el exterior", acotó.
Finalmente se pronunció sobre la polémica histórica entre Nación y provincia por el precio de los combustibles, y los permanentes reclamos de Mendoza en función de la presencia de la Refinería de YPF en Luján de Cuyo.
Vaquié recordó que el conflicto surgió "a fines de 2010, cuando, por decreto, se prorrogaron las áreas petrolíferas. El entonces gobernador (Celso) Jaque y el ministro (y luego mandatario provincial, Francisco) Pérez, hablaron de tener el mínimo costo logístico en el precio."
Sin embargo, "por desgracia", describió el ministro, "en ningún lado quedó el texto escrito que dice que deberíamos tener el mismo precio que el resto del país. Es una discusión muy finita y compleja", resumió.
"Estamos discutiendo el tema con nuestros abogados y la empresa YPF. Si no satisfacen las respuestas, hay que ir a un arbitraje", concluyó el funcionario cuyano.
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Fiscal Federal solicita la suspensión del uso del Glifosato
Un Fiscal Federal solicita la suspensión del uso del Glifosato en toda la Argentina
Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional
El Fiscal Federal Dr. Fabián Canda, quien representa al Ministerio Público en las causas judiciales que tramitan ante la justicia Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires solicitó, el 1 de diciembre de 2016, a la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el dictado de una medida cautelar que consiste en la suspensión del uso de los paquetes tecnológicos del agronegocio que conllevan el uso de semillas transgénicas y los formulados comerciales del agrotóxico Glifosato, o en su defecto, la prohibición del uso del Glifosato para fumigaciones aéreas y una zona de protección de 5 kms, de dicho agrotóxico, para el caso de las fumigaciones terrestres, en relación a los centros poblados, escuelas, pueblos y casas rurales, ríos, lagunas y pozos de extracción de agua subterránea.
En el último aspecto, la solicitud del Ministerio Publico cita y adhiere a las exigencias de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, (Reduas), Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), Cátedra Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina/Escuela de Nutrición, Red Ecosocialista, Colectivo Sanitario Andrés Carrasco, Acción por la Biodiversidad, Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López, Foro Ecologista de Paraná, Red Salud Popular Ramón Carrillo, Centro de Protección a la Naturaleza, Naturaleza de Derechos, Bios de Mar del Plata, entre otras organizaciones, en la presentación administrativa realizada ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el 5 de Junio de 2015. http://reduas.com.ar/presentacion-d...
La solicitud se da en el marco de una apelación al rechazo de una medida cautelar en un proceso judicial colectivo donde se reclama la reparación del daño ambiental ocasionado por los OGM y el agrotóxico Glifosato en la Argentina.
El Fiscal consideró idóneo y válido el reclamo de las organizaciones de profesionales, gremiales, sociales y ambientales, haciendo señalamientos precisos y muy valiosos citando inclusive la encíclica Papal Laudato Sii.
Hace mención del Caso Gabrielli” del Barrio Ituzaingo de Córdoba “ resuelto por la Cámara en lo Criminal de la 1° Nominación de Córdoba, adviertiendo que “los peligros que para el medio ambiente y la salud implican la utilización de agrotóxicos pueden considerarse en la actualidad de nuestro país como de público y notorio”.
Sostiene que corresponde la aplicación del principio precautorio y considerar las conclusiones de “estudios científicos, informes técnicos realizados en el plano local e internacionales, incluso informes producidos por órganos de control con jerarquía constitucional tales como la Auditoria General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación.” Asimismo apunta el dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer IARC, y el dictado del Decreto del PEN 21/09 por el que “se reafirmó la obligación estatal de garantizar el derecho a la salud con acciones positivas y el deber de adoptar de inmediato las medidas pertinentes conforme la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, para lo cual -agrega- creó la Comisión Nacional de Investigación sobre los Agroquímicos.
El fiscal señala que todos “esos informes y antecedentes dejan en evidencia, por lo menos, la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos a base de glifosato”. Ignorarlos "es asumir una postura que va en contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, respecto de la aplicación del principio de precaución por parte de los jueces" advierte el representante del Ministerio Publico, que a su vez recuerda que “la CSJN sostiene enfáticamente que el principio de precaución produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten. Por el contrario, el administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios.”
Se trata de un dictamen fiscal encomiable donde el Ministerio Público del fuero contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, recepta y atiende un reclamo de los pueblos fumigados de la Argentina.
La Sala III del fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires tiene la ardua tarea de resolver la petición del Ministerio Público como así también el pedido cautelar de Naturaleza de Derechos sobre la suspensión de la comercialización de la Soja Intacta RR2 de la empresa Monsanto. Ambas decisiones, seguramente se conocerán en el primer cautrimestre del año 2017.
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Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional
El Fiscal Federal Dr. Fabián Canda, quien representa al Ministerio Público en las causas judiciales que tramitan ante la justicia Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires solicitó, el 1 de diciembre de 2016, a la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el dictado de una medida cautelar que consiste en la suspensión del uso de los paquetes tecnológicos del agronegocio que conllevan el uso de semillas transgénicas y los formulados comerciales del agrotóxico Glifosato, o en su defecto, la prohibición del uso del Glifosato para fumigaciones aéreas y una zona de protección de 5 kms, de dicho agrotóxico, para el caso de las fumigaciones terrestres, en relación a los centros poblados, escuelas, pueblos y casas rurales, ríos, lagunas y pozos de extracción de agua subterránea.
En el último aspecto, la solicitud del Ministerio Publico cita y adhiere a las exigencias de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, (Reduas), Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), Cátedra Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina/Escuela de Nutrición, Red Ecosocialista, Colectivo Sanitario Andrés Carrasco, Acción por la Biodiversidad, Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López, Foro Ecologista de Paraná, Red Salud Popular Ramón Carrillo, Centro de Protección a la Naturaleza, Naturaleza de Derechos, Bios de Mar del Plata, entre otras organizaciones, en la presentación administrativa realizada ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el 5 de Junio de 2015. http://reduas.com.ar/presentacion-d...
La solicitud se da en el marco de una apelación al rechazo de una medida cautelar en un proceso judicial colectivo donde se reclama la reparación del daño ambiental ocasionado por los OGM y el agrotóxico Glifosato en la Argentina.
El Fiscal consideró idóneo y válido el reclamo de las organizaciones de profesionales, gremiales, sociales y ambientales, haciendo señalamientos precisos y muy valiosos citando inclusive la encíclica Papal Laudato Sii.
Hace mención del Caso Gabrielli” del Barrio Ituzaingo de Córdoba “ resuelto por la Cámara en lo Criminal de la 1° Nominación de Córdoba, adviertiendo que “los peligros que para el medio ambiente y la salud implican la utilización de agrotóxicos pueden considerarse en la actualidad de nuestro país como de público y notorio”.
Sostiene que corresponde la aplicación del principio precautorio y considerar las conclusiones de “estudios científicos, informes técnicos realizados en el plano local e internacionales, incluso informes producidos por órganos de control con jerarquía constitucional tales como la Auditoria General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación.” Asimismo apunta el dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer IARC, y el dictado del Decreto del PEN 21/09 por el que “se reafirmó la obligación estatal de garantizar el derecho a la salud con acciones positivas y el deber de adoptar de inmediato las medidas pertinentes conforme la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, para lo cual -agrega- creó la Comisión Nacional de Investigación sobre los Agroquímicos.
El fiscal señala que todos “esos informes y antecedentes dejan en evidencia, por lo menos, la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos a base de glifosato”. Ignorarlos "es asumir una postura que va en contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, respecto de la aplicación del principio de precaución por parte de los jueces" advierte el representante del Ministerio Publico, que a su vez recuerda que “la CSJN sostiene enfáticamente que el principio de precaución produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten. Por el contrario, el administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios.”
Se trata de un dictamen fiscal encomiable donde el Ministerio Público del fuero contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, recepta y atiende un reclamo de los pueblos fumigados de la Argentina.
La Sala III del fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires tiene la ardua tarea de resolver la petición del Ministerio Público como así también el pedido cautelar de Naturaleza de Derechos sobre la suspensión de la comercialización de la Soja Intacta RR2 de la empresa Monsanto. Ambas decisiones, seguramente se conocerán en el primer cautrimestre del año 2017.
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Gerente de la minera Pelambres imputado
Escombros mineros ilegales: imputaron al máximo gerente de Pelambres
Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Es Francisco Veloso (foto), presidente del directorio de la compañía chilena que contaminó en Calingasta. Debe venir en marzo con otros dos gerentes. Por Gustavo Martínez Puga
El juez federal Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, imputó a la máxima autoridad minera de la compañía chilena Los Pelambres, por arrojar ilegalmente escombros mineros (toneladas de rocas y más de 500 neumáticos gigantes) en el lado argentino de la cordillera de los Andes, en el departamento Calingasta.
Tras la declaración indagatoria por escrito que hizo el lunes último el actual gerente general de la compañía chilena, Andrew Mayne-Nicholls, el juez Rago Gallo decidió imputar también al director general, Francisco Veloso.
De esa forma, ahora son cuatro los ejecutivos de la minera chilena que están imputados por dos artículos de la Ley de Residuos Tóxicos, el 55 y el 182. Ellos son: Andrew Mayne-Nicholls, Alberto Cerdá Mery, Ignacio Cruz Zabala y ahora también Veloso.
Cerdá Mery y Zabala debían haber declarado la semana pasada, pero como pidieron ser eximidos de prisión y eso obligó a reprogramar el cronograma de indagatorias.
El beneficio de asegurarles la libertad cuando vengan a declarar les fue otorgado a los cuatro gerentes, tras un extenso trámite con las cancillerías de ambos países que se realizó a través de la Secretaría Penal N° 5 a cargo de Florencia Gutiérrez.
El artículo 55 dice que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el art.200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
El artículo 182 habla de la usurpación de aguas. Dice que "será reprimido con prisión de quince días a un año: 1º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho”.
Por esos delitos deberá viajar a San Juan a declarar el director de Los Pelambres.
Según fuentes del Juzgado Federal N° 2, el cronograma es el siguiente: Francisco Veloso tiene fecha de indagatoria para el 8 de marzo de 2017, Alberdo Cerdá Mery el 9 de marzo de 2017 y Ignacio Cruz Zabala para el 10 de marzo de 2017.
Los ejecutivos mineros chilenos deberán rendir cuentas sobre porqué tiraron toneladas de rocas y más de 500 neumáticos gigantes en el lado argentino de la cordillera de los Andes. Los chilenos se escudan en que el botadero fue autorizado en el 2004 por las autoridades gubernamentales chilenas y que en el 2012 les informaron a ellos que el límite era otro y les admitieron que estaban tirando escombros de su mina en territorio prohibido.
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Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Es Francisco Veloso (foto), presidente del directorio de la compañía chilena que contaminó en Calingasta. Debe venir en marzo con otros dos gerentes. Por Gustavo Martínez Puga
El juez federal Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, imputó a la máxima autoridad minera de la compañía chilena Los Pelambres, por arrojar ilegalmente escombros mineros (toneladas de rocas y más de 500 neumáticos gigantes) en el lado argentino de la cordillera de los Andes, en el departamento Calingasta.
Tras la declaración indagatoria por escrito que hizo el lunes último el actual gerente general de la compañía chilena, Andrew Mayne-Nicholls, el juez Rago Gallo decidió imputar también al director general, Francisco Veloso.
De esa forma, ahora son cuatro los ejecutivos de la minera chilena que están imputados por dos artículos de la Ley de Residuos Tóxicos, el 55 y el 182. Ellos son: Andrew Mayne-Nicholls, Alberto Cerdá Mery, Ignacio Cruz Zabala y ahora también Veloso.
Cerdá Mery y Zabala debían haber declarado la semana pasada, pero como pidieron ser eximidos de prisión y eso obligó a reprogramar el cronograma de indagatorias.
El beneficio de asegurarles la libertad cuando vengan a declarar les fue otorgado a los cuatro gerentes, tras un extenso trámite con las cancillerías de ambos países que se realizó a través de la Secretaría Penal N° 5 a cargo de Florencia Gutiérrez.
El artículo 55 dice que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el art.200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
El artículo 182 habla de la usurpación de aguas. Dice que "será reprimido con prisión de quince días a un año: 1º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho”.
Por esos delitos deberá viajar a San Juan a declarar el director de Los Pelambres.
Según fuentes del Juzgado Federal N° 2, el cronograma es el siguiente: Francisco Veloso tiene fecha de indagatoria para el 8 de marzo de 2017, Alberdo Cerdá Mery el 9 de marzo de 2017 y Ignacio Cruz Zabala para el 10 de marzo de 2017.
Los ejecutivos mineros chilenos deberán rendir cuentas sobre porqué tiraron toneladas de rocas y más de 500 neumáticos gigantes en el lado argentino de la cordillera de los Andes. Los chilenos se escudan en que el botadero fue autorizado en el 2004 por las autoridades gubernamentales chilenas y que en el 2012 les informaron a ellos que el límite era otro y les admitieron que estaban tirando escombros de su mina en territorio prohibido.
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Cambiemos quiere revitalizar la limpieza del Riachuelo
Golpe de timón: cambios para sacar del letargo al ente que debe limpiar el Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Luego de la estrepitosa salida del último director, Julio Torti, nombrarán a Gladys González, interventora en el SOMU; el plan de limpieza del río está casi detenido desde hace dos años
El gobierno de Cambiemos quiere revitalizar de alguna forma la limpieza del Riachuelo. Lo que no consiguió en un año pretende que se acelere en los tres de gestión que le quedan, con un nuevo nombramiento y otro cambio en la estructura de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La intención -con consenso en las tres jurisdicciones que la integran: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad- llegaría de la mano de la exitosa interventora en el SOMU, Gladys González. El Gobierno quiere renovar el oxígeno luego de la estrepitosa audiencia ante la Corte Suprema en la que quedó expuesta la inacción del organismo y se revelaron las internas entre el entonces director ejecutivo, Julio Torti, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Según pudo saber LA NACION, desaparecería la Dirección Operativa, hoy a cargo de Gabriela Seijo, y todo quedaría bajo la órbita de González.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus funcionarios quieren tener más injerencia en un tema que evalúan emblemático y mediante el cual pueden aumentar la influencia en los 14 municipios de la provincia que conforman la cuenca.
Desde fines de noviembre, el consejo directivo de la Acumar sólo emitió dos actas: una, para aceptar la renuncia de Torti, y la otra, para aprobar el presupuesto para el año próximo, que ascenderá a $ 1300 millones, $ 100 millones más que este año. Es que queda mucho por ejecutar. Aunque LA NACION intentó comunicarse con el organismo para conocer los números exactos, no hubo respuesta oficial. "No se harán declaraciones hasta que no asuma un nuevo director", indicaron.
Al presupuesto propio, hay que sumar el crédito del Banco Mundial por US$ 840 millones para construir el colector cloacal del lado de la Capital. Ese sistema sólo estará completo cuando se construya un colector subfluvial, a la altura de Berazategui, que descargará los efluentes en el Río de la Plata, a 11 kilómetros de la costa. Según declaró AySA frente a la Corte, sólo en 2023 estaría lista esa obra.
Extraoficialmente, se habla de una ejecución presupuestaria del 20% en el organismo, que en el último año aumentó su planta permanente en un 10%. Cambiemos sumó 50 puestos en esa categoría a la Acumar, que ya suma 860 empleados. En el informe que el organismo presentó al máximo tribunal, al que tuvo acceso LA NACION, se explicita el escaso grado de avance de los proyectos. Algunos ejemplos: el traslado del Mercado de Liniers avanzó en sólo un 2%, cuando la promesa era completarlo en 2017. Tampoco hubo progreso en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscripto con diferentes municipios para la concreción de ecopuntos, destinados a concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense.
Polo Petroquímico
La transformación del Polo Petroquímico y la relocalización de las familias avanzó apenas un 7% y el proyecto para construir una planta de tratamiento para las curtiembres de la cuenca, que al parecer en los últimos meses han empeorado su comportamiento respecto de los efluentes, apenas se concretó en un 8%.
En cuanto a las 17.771 soluciones habitacionales que el organismo se comprometió a realizar, hasta diciembre de 2015 se había cumplido en un 20%. Carlos "Coco" Rivero, de la villa 21-24, está muy enojado. "Ni siquiera hay construcciones nuevas. Sólo avanza el proyecto Mundo Grúa, que ya estaba empezado. Los otros terrenos que están disponibles para la construcción de viviendas todavía no cuentan ni con permiso", indicó a LA NACION. Los vecinos intentan reactivar las mudanzas pero no quieren que suceda como en el complejo de Villa Soldati, donde las casas nuevas ya están deterioradas.
El Gobierno prometió que en 2017 habrá 2000 viviendas nuevas, aunque en el cuerpo colegiado conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG ambientales aclaran que las construcciones ya estaban terminadas, y que el trabajo que se realizará es únicamente conectar los servicios. "Las construcciones se concretan en terrenos de baja calidad con poco valor inmobiliario", dijeron.
Desde que asumió Cambiemos, la Acumar no hace pie. Amílcar López, el primer director ejecutivo del organismo, presentó su renuncia en febrero pasado porque por las internas políticas no podía lanzar su gestión. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para ganar espacios, asumió Torti, que el mes pasado volvió a su puesto en AySA.
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Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Luego de la estrepitosa salida del último director, Julio Torti, nombrarán a Gladys González, interventora en el SOMU; el plan de limpieza del río está casi detenido desde hace dos años
El gobierno de Cambiemos quiere revitalizar de alguna forma la limpieza del Riachuelo. Lo que no consiguió en un año pretende que se acelere en los tres de gestión que le quedan, con un nuevo nombramiento y otro cambio en la estructura de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La intención -con consenso en las tres jurisdicciones que la integran: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad- llegaría de la mano de la exitosa interventora en el SOMU, Gladys González. El Gobierno quiere renovar el oxígeno luego de la estrepitosa audiencia ante la Corte Suprema en la que quedó expuesta la inacción del organismo y se revelaron las internas entre el entonces director ejecutivo, Julio Torti, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Según pudo saber LA NACION, desaparecería la Dirección Operativa, hoy a cargo de Gabriela Seijo, y todo quedaría bajo la órbita de González.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus funcionarios quieren tener más injerencia en un tema que evalúan emblemático y mediante el cual pueden aumentar la influencia en los 14 municipios de la provincia que conforman la cuenca.
Desde fines de noviembre, el consejo directivo de la Acumar sólo emitió dos actas: una, para aceptar la renuncia de Torti, y la otra, para aprobar el presupuesto para el año próximo, que ascenderá a $ 1300 millones, $ 100 millones más que este año. Es que queda mucho por ejecutar. Aunque LA NACION intentó comunicarse con el organismo para conocer los números exactos, no hubo respuesta oficial. "No se harán declaraciones hasta que no asuma un nuevo director", indicaron.
Al presupuesto propio, hay que sumar el crédito del Banco Mundial por US$ 840 millones para construir el colector cloacal del lado de la Capital. Ese sistema sólo estará completo cuando se construya un colector subfluvial, a la altura de Berazategui, que descargará los efluentes en el Río de la Plata, a 11 kilómetros de la costa. Según declaró AySA frente a la Corte, sólo en 2023 estaría lista esa obra.
Extraoficialmente, se habla de una ejecución presupuestaria del 20% en el organismo, que en el último año aumentó su planta permanente en un 10%. Cambiemos sumó 50 puestos en esa categoría a la Acumar, que ya suma 860 empleados. En el informe que el organismo presentó al máximo tribunal, al que tuvo acceso LA NACION, se explicita el escaso grado de avance de los proyectos. Algunos ejemplos: el traslado del Mercado de Liniers avanzó en sólo un 2%, cuando la promesa era completarlo en 2017. Tampoco hubo progreso en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscripto con diferentes municipios para la concreción de ecopuntos, destinados a concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense.
Polo Petroquímico
La transformación del Polo Petroquímico y la relocalización de las familias avanzó apenas un 7% y el proyecto para construir una planta de tratamiento para las curtiembres de la cuenca, que al parecer en los últimos meses han empeorado su comportamiento respecto de los efluentes, apenas se concretó en un 8%.
En cuanto a las 17.771 soluciones habitacionales que el organismo se comprometió a realizar, hasta diciembre de 2015 se había cumplido en un 20%. Carlos "Coco" Rivero, de la villa 21-24, está muy enojado. "Ni siquiera hay construcciones nuevas. Sólo avanza el proyecto Mundo Grúa, que ya estaba empezado. Los otros terrenos que están disponibles para la construcción de viviendas todavía no cuentan ni con permiso", indicó a LA NACION. Los vecinos intentan reactivar las mudanzas pero no quieren que suceda como en el complejo de Villa Soldati, donde las casas nuevas ya están deterioradas.
El Gobierno prometió que en 2017 habrá 2000 viviendas nuevas, aunque en el cuerpo colegiado conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG ambientales aclaran que las construcciones ya estaban terminadas, y que el trabajo que se realizará es únicamente conectar los servicios. "Las construcciones se concretan en terrenos de baja calidad con poco valor inmobiliario", dijeron.
Desde que asumió Cambiemos, la Acumar no hace pie. Amílcar López, el primer director ejecutivo del organismo, presentó su renuncia en febrero pasado porque por las internas políticas no podía lanzar su gestión. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para ganar espacios, asumió Torti, que el mes pasado volvió a su puesto en AySA.
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Isaac López: impulsor de la ley de bosques y desmontador
El Legislador Isaac López, impulsor de la ley de bosques, acusado de desmontador serial
Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: informadosdiario.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
El tratamiento de la modificación de la Ley de Bosques en la Provincia de Córdoba, ha generado una gran polémica entre los que defienden el monte nativo y los que -por medio de una nueva norma- pretenden seguir quitándole territorio al monte.
En medio de esta situación, comenzó a ponerse en vilo cuales son los intereses que impulsan este cambio y sobre todo quienes son los interesados.
Aparentemente, dos Legisladores del norte cordobés –impulsores de esta ley– no tendrían una preocupación meramente política por su representación parlamentaria, sino por sus negocios personales.
Se trata del Legislador del Departamento Tulumba, Isaac “Chachi” López y su par del Departamento Río Seco, Gustavo Eslava. Ambos, representantes del oficialismo de Unión por Córdoba.
Según denuncia el Blog “Sala de Prensa Ambiental”, Isaac López, que integra paradójicamente la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, desde hace años realiza desmontes ilegales, arrasando incluso con “Reservas Intangibles”, áreas protegidas con prohibición expresa para realizar desmontes.
De acuerdo a este adelanto de la investigación periodística, López, no solo ha cometido una infracción sino que sería reincidente y fue declarado en rebeldía por no presentarse a pagar las multas.
“Así queda demostrado en el Expediente 0517-005874/06, Infracción N° 0694-000939/2014 por el cual el Sr. López Isaac, DNI Nº 11.777.575, con domicilio en la localidad de Rosario del Saladillo, Dpto. Tulumba, Provincia de Córdoba, presenta Solicitud de desmonte de 1839 ha de un campo llamado “Estancia López” de 2.844 ha de superficie total, ubicado en Pedanía Chalacea, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba” detalla la investigación.
Sala de Prensa Ambiental, además, pudo detectar otro documento de hace 2 años, que lo implica como infractor: Expediente N° 0694-000939/2014 por desmonte ilegal.
Fuentes confiables afirmaron que el Legislador, no sólo ha desmontado ilegalmente en reiteradas ocasiones, sino que ni siquiera se ha presentado ante las autoridades a pagar las multas que se le han labrado.
Como consecuencia de ello, el funcionario se encuentra bajo la figura de “rebeldía” ante la administración provincial porque no se presentó a hacer un descargo por el desmonte, a pesar de que las autoridades le notificaron en varias oportunidades.
Pese a que públicamente “Chachi” niega que la nueva ley vaya a “perdonar” antiguas multas e insólitamente pida más mano dura contra los infractores, la realidad es muy distinta, la modificación obligaría a crear un nuevo padrón, dejando fuera a los que violaron la ley vigente. Entonces el Legislador votaría una ley donde él mismo se perdona por sus infracciones.
Pero López no sería el único Legislador que tiene emprendimientos con el agro, tal es el caso de su compañero de bancada representante del Departamento Río Seco, Gustavo Eslava, quien sería dueño de la empresa “Oro Verde Agronegocios”, que se dedica a la venta al por mayor de abonos, fertilizantes, plaguicidas, semillas, granos, como así también al cultivo de soja, maíz, trigo, etc. La misma empresa, además, ofrece servicio de fumigación terrestre como así también asistencia para la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Todo esto deja entrever que los funcionarios que próximamente levantarán la mano a favor de la nueva Ley de Bosques, tienen grandes intereses personales involucrados en el tema. En pocas palabras, ambos legisladores son parte y arte en esta situación, especialmente López. Son empresarios del campo por lo que éticamente deberían -por lo menos- abstenerse al momento de votar una ley que puede definir el futuro de sus negocios.
eslava.
El Legislador “Chachi” López defendió la modificación a la Ley de Bosques e insiste que “no va haber más desmonte”
El Legislador del Departamento Tulumba, Isaac “Chachi” López, brindó algunas declaraciones a Informados Diario, en torno al tratamiento de la modificación de la Ley de Bosques de la Provincia de Córdoba.
La medida que sin dudas es considerada polémica por sus posibles cambios, es vista de forma totalmente contraria y positiva por el funcionario y sus pares del oficialismo, quienes se manifiestan completamente interesados y preparados para debatir sobre el tema.
El Legislador cree que “hay polémica porque hay mucha confusión, muchos hablan sin conocer verdaderamente cual es el proyecto y es un tema sumamente delicado”.
“Estamos en contra de los desmontes porque están prohibidos por ley. Hay que actualizar el ordenamiento territorial, nosotros estamos a favor de preservar y mejorar el bosque nativo. Esta ley no lo va abalar al desmonte” enfatizó López.
“Falta información y hemos pecado por no informar y debatir para explicar en que se basa el proyecto”.
Tras la controversia que causó en la comunidad esta cuestión, sorpresivamente y en un intento de “calmar los ánimos”, desde el gobierno de Córdoba salieron a anunciar un “plan de reforestación” en la provincia, que va ir de la mano de los cambios en la ley de bosques.
Según López, esto pretende “ordenar el bosque nativo que queda en un sector y pedirle al resto de la provincia, que depredaron durante muchísimas décadas esos territorios y que hoy se ven muchas partes inundadas y anegadas, que “sean solidarios con el resto de la provincia” y puedan implantar por los menos “el 1%” de su predio”.
Esto regirá no solo para el sur y sureste sino también para el noroeste, espacio donde la nueva ley tendrá su mayor impacto.
Isaac López afirma que con la nueva ley “no se va a topar el verdadero monte y permitirá que se desarrollen los pequeños productores”. En el mismo contexto defendió los cambios asegurando que “esto no va beneficiar a los grandes empresarios agropecuarios”.
Ante la pregunta de por qué considera que hay tantas personas en contra de esta nueva legislación, entre los que se encuentran, ambientalistas, científicos, biólogos y demás, replicó “ellos suponen que va a ser así, pero están equivocados”.
El Legislador que integra la “Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura”, dice que “ahora habrá estudios científicos que ayudarán a conocer completamente el territorio”.
El desmonte en nuestra provincia existe desde hace décadas, pero el impacto más fuerte y definitivo lo ha sufrido en los últimos 20 años, en la interminable rotación de gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Le preguntamos al Legislador si no cree que estos gobiernos -de los que el participó y participa- sean los responsables de lo ocurrido y cómplices de la destrucción de todo nuestro territorio, a lo que respondió insólitamente que durante ese tiempo es donde más controles ha existido “en los últimos años si vos querías voltear un árbol te encontrabas en problemas”.
Contradictoriamente a esa supuesta “mano dura” contra el desmonte, López reconoció que los grandes empresarios del campo arrasaron con todo. “En los últimos 20 años ha habido etapas donde se ha permitido desmonte, y desmonte selectivo, donde los campesinos tenían que dejar el 40% de los arboles grandes y las cortinas, pero hay unos reverendos “HDP” que terminaban raleando todo. A esos tipos hay que caerles con todo el peso de la ley”.
La duda ahora es ¿Porque no les cayeron con “el peso de la ley” durante estos 20 largos años? ¿Qué se hizo para frenarlos?
A pesar de todo lo mencionado anteriormente pareciera mucho más fácil de lo que parece recuperar el bosque nativo, según manifiesta López, “Vos dejas un predio por 2 0 3 años ya tenes monte de vuelta”.
Otra dato que “desmintió” el Legislador es que el proyecto prevea ser más flexible con las multas, al contrario, asevera que serán más duras todavía. “No reduce las multas ni las perdona, nosotros creemos que hay que agravarlas y en los personal pienso que deberían ser confiscatorias”.
Para finalizar, el mismo funcionario que tiene la responsabilidad de votar esta ley, reconoce que la gente no tiene confianza. “Todo el mundo cree que la Legislatura podría habilitar mediante la autorización de esta ley que se produzcan desmontes en la provincia”.
Para cerrar la entrevista Isaac López trató de llevar tranquilidad a la sociedad, pero pareciera que el inconsciente lo traicionó y cometió un acto fallido. “Vamos a clarificar muchas de las cosas que dice el proyecto, que por ahí lo pueden estar entendiendo mal o algunos pueden desconfiar, entiendo que estén preocupados, por ahí dicen que “los que se queman con leche ven la vaca y lloran”.
Justamente es en esa irónica frase donde se sostiene la lucha contra esta nueva ley. Ya no hay confianza en los funcionarios de este gobierno, que en cientos de oportunidades, dijeron una cosa y terminó siendo otra, resultando siempre perjudicial para el pueblo.
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Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: informadosdiario.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
El tratamiento de la modificación de la Ley de Bosques en la Provincia de Córdoba, ha generado una gran polémica entre los que defienden el monte nativo y los que -por medio de una nueva norma- pretenden seguir quitándole territorio al monte.
En medio de esta situación, comenzó a ponerse en vilo cuales son los intereses que impulsan este cambio y sobre todo quienes son los interesados.
Aparentemente, dos Legisladores del norte cordobés –impulsores de esta ley– no tendrían una preocupación meramente política por su representación parlamentaria, sino por sus negocios personales.
Se trata del Legislador del Departamento Tulumba, Isaac “Chachi” López y su par del Departamento Río Seco, Gustavo Eslava. Ambos, representantes del oficialismo de Unión por Córdoba.
Según denuncia el Blog “Sala de Prensa Ambiental”, Isaac López, que integra paradójicamente la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, desde hace años realiza desmontes ilegales, arrasando incluso con “Reservas Intangibles”, áreas protegidas con prohibición expresa para realizar desmontes.
De acuerdo a este adelanto de la investigación periodística, López, no solo ha cometido una infracción sino que sería reincidente y fue declarado en rebeldía por no presentarse a pagar las multas.
“Así queda demostrado en el Expediente 0517-005874/06, Infracción N° 0694-000939/2014 por el cual el Sr. López Isaac, DNI Nº 11.777.575, con domicilio en la localidad de Rosario del Saladillo, Dpto. Tulumba, Provincia de Córdoba, presenta Solicitud de desmonte de 1839 ha de un campo llamado “Estancia López” de 2.844 ha de superficie total, ubicado en Pedanía Chalacea, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba” detalla la investigación.
Sala de Prensa Ambiental, además, pudo detectar otro documento de hace 2 años, que lo implica como infractor: Expediente N° 0694-000939/2014 por desmonte ilegal.
Fuentes confiables afirmaron que el Legislador, no sólo ha desmontado ilegalmente en reiteradas ocasiones, sino que ni siquiera se ha presentado ante las autoridades a pagar las multas que se le han labrado.
Como consecuencia de ello, el funcionario se encuentra bajo la figura de “rebeldía” ante la administración provincial porque no se presentó a hacer un descargo por el desmonte, a pesar de que las autoridades le notificaron en varias oportunidades.
Pese a que públicamente “Chachi” niega que la nueva ley vaya a “perdonar” antiguas multas e insólitamente pida más mano dura contra los infractores, la realidad es muy distinta, la modificación obligaría a crear un nuevo padrón, dejando fuera a los que violaron la ley vigente. Entonces el Legislador votaría una ley donde él mismo se perdona por sus infracciones.
Pero López no sería el único Legislador que tiene emprendimientos con el agro, tal es el caso de su compañero de bancada representante del Departamento Río Seco, Gustavo Eslava, quien sería dueño de la empresa “Oro Verde Agronegocios”, que se dedica a la venta al por mayor de abonos, fertilizantes, plaguicidas, semillas, granos, como así también al cultivo de soja, maíz, trigo, etc. La misma empresa, además, ofrece servicio de fumigación terrestre como así también asistencia para la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Todo esto deja entrever que los funcionarios que próximamente levantarán la mano a favor de la nueva Ley de Bosques, tienen grandes intereses personales involucrados en el tema. En pocas palabras, ambos legisladores son parte y arte en esta situación, especialmente López. Son empresarios del campo por lo que éticamente deberían -por lo menos- abstenerse al momento de votar una ley que puede definir el futuro de sus negocios.
eslava.
El Legislador “Chachi” López defendió la modificación a la Ley de Bosques e insiste que “no va haber más desmonte”
El Legislador del Departamento Tulumba, Isaac “Chachi” López, brindó algunas declaraciones a Informados Diario, en torno al tratamiento de la modificación de la Ley de Bosques de la Provincia de Córdoba.
La medida que sin dudas es considerada polémica por sus posibles cambios, es vista de forma totalmente contraria y positiva por el funcionario y sus pares del oficialismo, quienes se manifiestan completamente interesados y preparados para debatir sobre el tema.
El Legislador cree que “hay polémica porque hay mucha confusión, muchos hablan sin conocer verdaderamente cual es el proyecto y es un tema sumamente delicado”.
“Estamos en contra de los desmontes porque están prohibidos por ley. Hay que actualizar el ordenamiento territorial, nosotros estamos a favor de preservar y mejorar el bosque nativo. Esta ley no lo va abalar al desmonte” enfatizó López.
“Falta información y hemos pecado por no informar y debatir para explicar en que se basa el proyecto”.
Tras la controversia que causó en la comunidad esta cuestión, sorpresivamente y en un intento de “calmar los ánimos”, desde el gobierno de Córdoba salieron a anunciar un “plan de reforestación” en la provincia, que va ir de la mano de los cambios en la ley de bosques.
Según López, esto pretende “ordenar el bosque nativo que queda en un sector y pedirle al resto de la provincia, que depredaron durante muchísimas décadas esos territorios y que hoy se ven muchas partes inundadas y anegadas, que “sean solidarios con el resto de la provincia” y puedan implantar por los menos “el 1%” de su predio”.
Esto regirá no solo para el sur y sureste sino también para el noroeste, espacio donde la nueva ley tendrá su mayor impacto.
Isaac López afirma que con la nueva ley “no se va a topar el verdadero monte y permitirá que se desarrollen los pequeños productores”. En el mismo contexto defendió los cambios asegurando que “esto no va beneficiar a los grandes empresarios agropecuarios”.
Ante la pregunta de por qué considera que hay tantas personas en contra de esta nueva legislación, entre los que se encuentran, ambientalistas, científicos, biólogos y demás, replicó “ellos suponen que va a ser así, pero están equivocados”.
El Legislador que integra la “Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura”, dice que “ahora habrá estudios científicos que ayudarán a conocer completamente el territorio”.
El desmonte en nuestra provincia existe desde hace décadas, pero el impacto más fuerte y definitivo lo ha sufrido en los últimos 20 años, en la interminable rotación de gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Le preguntamos al Legislador si no cree que estos gobiernos -de los que el participó y participa- sean los responsables de lo ocurrido y cómplices de la destrucción de todo nuestro territorio, a lo que respondió insólitamente que durante ese tiempo es donde más controles ha existido “en los últimos años si vos querías voltear un árbol te encontrabas en problemas”.
Contradictoriamente a esa supuesta “mano dura” contra el desmonte, López reconoció que los grandes empresarios del campo arrasaron con todo. “En los últimos 20 años ha habido etapas donde se ha permitido desmonte, y desmonte selectivo, donde los campesinos tenían que dejar el 40% de los arboles grandes y las cortinas, pero hay unos reverendos “HDP” que terminaban raleando todo. A esos tipos hay que caerles con todo el peso de la ley”.
La duda ahora es ¿Porque no les cayeron con “el peso de la ley” durante estos 20 largos años? ¿Qué se hizo para frenarlos?
A pesar de todo lo mencionado anteriormente pareciera mucho más fácil de lo que parece recuperar el bosque nativo, según manifiesta López, “Vos dejas un predio por 2 0 3 años ya tenes monte de vuelta”.
Otra dato que “desmintió” el Legislador es que el proyecto prevea ser más flexible con las multas, al contrario, asevera que serán más duras todavía. “No reduce las multas ni las perdona, nosotros creemos que hay que agravarlas y en los personal pienso que deberían ser confiscatorias”.
Para finalizar, el mismo funcionario que tiene la responsabilidad de votar esta ley, reconoce que la gente no tiene confianza. “Todo el mundo cree que la Legislatura podría habilitar mediante la autorización de esta ley que se produzcan desmontes en la provincia”.
Para cerrar la entrevista Isaac López trató de llevar tranquilidad a la sociedad, pero pareciera que el inconsciente lo traicionó y cometió un acto fallido. “Vamos a clarificar muchas de las cosas que dice el proyecto, que por ahí lo pueden estar entendiendo mal o algunos pueden desconfiar, entiendo que estén preocupados, por ahí dicen que “los que se queman con leche ven la vaca y lloran”.
Justamente es en esa irónica frase donde se sostiene la lucha contra esta nueva ley. Ya no hay confianza en los funcionarios de este gobierno, que en cientos de oportunidades, dijeron una cosa y terminó siendo otra, resultando siempre perjudicial para el pueblo.
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San Luis protege a su población de los agroquímicos
San Luis aplicará un área de exclusión de agroquímicos de 1500 metros
Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: San Luis
Entre las sanciones determinadas por incumplimiento figuran multas por un monto de entre 10% a 50% del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción
Decenas de miles de hectáreas productivas puntanas estarán enmarcadas en la "Ley de Distancias Mínimas para aplicación de Glifosato, Herbicidas Equiparables y/o Agroquímicos en todo Tipo de Cultivos Productivos".
El proyecto elaborado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y validado por el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis, Cristian Moleker, ya arranca mal desde el título: bastaba con poner solamente "agroquímicos" sin mencionar ningún a producto en particular y menos aún a un concepto tan difuso como "herbicidas equiparables".
La "Ley de Distancias Mínimas", sancionada el pasado 30 de noviembre por la Cámara de Diputados puntana, establece la prohibición de aplicar agroquímicos "en zonas ubicadas a una distancia menor de 1500 metros del límite de los centros urbanos o desde la última línea de edificación de centros poblados o espacios públicos definidos por los municipios". También determina una zona exclusión de 300 metros "de toda casa o recinto habitado y ubicado en áreas rurales".
Entre las sanciones determinadas por incumplimiento figuran multas por un monto de entre 10% a 50% "del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción", incautación definitiva de vehículos utilizados e inhabilitación para "gestionar trámites administrativos a los fines de transportar y/o vender el producto cosechado en el inmueble en el que se haya cometido la infracción sin que ello afecte la exigibilidad del cumplimiento de obligaciones fiscales". También se indica que "las sanciones "podrán aplicarse en forma simultánea".
Es decir, las sanciones podrían estar orientadas a obligar a los productores agrícolas o propietarios -en el caso de campos arrendados- a desprenderse de tierra productiva a precios muy inferiores a los de mercado.
La norma -que entrará en vigencia efectiva cuando sea reglamentada por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción- también dispone que "toda persona que resultare afectada directa o indirectamente" por las aplicaciones de fitosanitarios no contempladas en la nueva norma "será considerada particular damnificado" pudiendo reclamar el 5% del total de la multa aplicada.
Alberto Rodríguez Saá -que tiene el control político del Poder Legislativo puntano- se ocupó de promover el proyecto con tanta rapidez como sigilo, de manera tal que, cuando los integrantes del sector agropecuario provincial se enteraron del mismo, ya estaba todo cocinado.
El proyecto oficial ingresó al Senado puntano el 11 de noviembre para obtener despacho favorable de la Comisión de Salud, Trabajo y Seguridad Social el 15 de noviembre (insólitamente no intervino la Comisión de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería). Fue aprobado por el Senado sobre tablas el 29 de noviembre y logró ser sancionado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre.
El debate realizado en el Senado antes de sancionar el proyecto fue extremadamente breve. La senadora Amelia Mabel Reyes defendió la iniciativa al considerar que contribuirá a "revertir el proceso de desertificación y desforestación que existe en el territorio provincial y en todo el territorio nacional producido por el modelo agrícola imperante en el cual la utilización de la soja, manipulada genéticamente, adquiere total relevancia".
Reyes además aseguró que los herbicidas "impiden el crecimiento de plantaciones distintas de los transgénicos, que podrían absorber el agua en ausencia de los árboles de bosques nativos a los que se taló". También afirmó que "la expansión del monocultivo de soja implica un corrimiento de las fronteras agrícolas tradicionales, siendo al mismo tiempo causa y efecto de ello, lo cual genera que se incremente el desmonte de bosques nativos, logrando así la degradación de los suelos y provocando desequilibrios en el sistema de absorción de agua, entre otras consecuencias".
Siete de los ocho senadores presentes votaron a favor del proyecto de Rodríguez Saa. Solamente se opuso la senadora Dominga Estela Torres, quien recordó a los presentes que el libre uso de su tierra "es el único recurso que tienen los productores para poder pagar sus deudas y sus gastos".
El martes integrantes de diferentes asociaciones agropecuarias puntanas y regionales se manifestaron frente a la sede de la gobernación de San Luis para solicitar que se revea la norma. La semana pasada el colegio local de agrónomos (Ciapa) había presentado una queja formal porque para la confección del proyecto no fue convocada la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (integrada por INTA, Senasa, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, asociaciones rurales y Ciafa).
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Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: San Luis
Entre las sanciones determinadas por incumplimiento figuran multas por un monto de entre 10% a 50% del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción
Decenas de miles de hectáreas productivas puntanas estarán enmarcadas en la "Ley de Distancias Mínimas para aplicación de Glifosato, Herbicidas Equiparables y/o Agroquímicos en todo Tipo de Cultivos Productivos".
El proyecto elaborado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y validado por el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis, Cristian Moleker, ya arranca mal desde el título: bastaba con poner solamente "agroquímicos" sin mencionar ningún a producto en particular y menos aún a un concepto tan difuso como "herbicidas equiparables".
La "Ley de Distancias Mínimas", sancionada el pasado 30 de noviembre por la Cámara de Diputados puntana, establece la prohibición de aplicar agroquímicos "en zonas ubicadas a una distancia menor de 1500 metros del límite de los centros urbanos o desde la última línea de edificación de centros poblados o espacios públicos definidos por los municipios". También determina una zona exclusión de 300 metros "de toda casa o recinto habitado y ubicado en áreas rurales".
Entre las sanciones determinadas por incumplimiento figuran multas por un monto de entre 10% a 50% "del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción", incautación definitiva de vehículos utilizados e inhabilitación para "gestionar trámites administrativos a los fines de transportar y/o vender el producto cosechado en el inmueble en el que se haya cometido la infracción sin que ello afecte la exigibilidad del cumplimiento de obligaciones fiscales". También se indica que "las sanciones "podrán aplicarse en forma simultánea".
Es decir, las sanciones podrían estar orientadas a obligar a los productores agrícolas o propietarios -en el caso de campos arrendados- a desprenderse de tierra productiva a precios muy inferiores a los de mercado.
La norma -que entrará en vigencia efectiva cuando sea reglamentada por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción- también dispone que "toda persona que resultare afectada directa o indirectamente" por las aplicaciones de fitosanitarios no contempladas en la nueva norma "será considerada particular damnificado" pudiendo reclamar el 5% del total de la multa aplicada.
Alberto Rodríguez Saá -que tiene el control político del Poder Legislativo puntano- se ocupó de promover el proyecto con tanta rapidez como sigilo, de manera tal que, cuando los integrantes del sector agropecuario provincial se enteraron del mismo, ya estaba todo cocinado.
El proyecto oficial ingresó al Senado puntano el 11 de noviembre para obtener despacho favorable de la Comisión de Salud, Trabajo y Seguridad Social el 15 de noviembre (insólitamente no intervino la Comisión de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería). Fue aprobado por el Senado sobre tablas el 29 de noviembre y logró ser sancionado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre.
El debate realizado en el Senado antes de sancionar el proyecto fue extremadamente breve. La senadora Amelia Mabel Reyes defendió la iniciativa al considerar que contribuirá a "revertir el proceso de desertificación y desforestación que existe en el territorio provincial y en todo el territorio nacional producido por el modelo agrícola imperante en el cual la utilización de la soja, manipulada genéticamente, adquiere total relevancia".
Reyes además aseguró que los herbicidas "impiden el crecimiento de plantaciones distintas de los transgénicos, que podrían absorber el agua en ausencia de los árboles de bosques nativos a los que se taló". También afirmó que "la expansión del monocultivo de soja implica un corrimiento de las fronteras agrícolas tradicionales, siendo al mismo tiempo causa y efecto de ello, lo cual genera que se incremente el desmonte de bosques nativos, logrando así la degradación de los suelos y provocando desequilibrios en el sistema de absorción de agua, entre otras consecuencias".
Siete de los ocho senadores presentes votaron a favor del proyecto de Rodríguez Saa. Solamente se opuso la senadora Dominga Estela Torres, quien recordó a los presentes que el libre uso de su tierra "es el único recurso que tienen los productores para poder pagar sus deudas y sus gastos".
El martes integrantes de diferentes asociaciones agropecuarias puntanas y regionales se manifestaron frente a la sede de la gobernación de San Luis para solicitar que se revea la norma. La semana pasada el colegio local de agrónomos (Ciapa) había presentado una queja formal porque para la confección del proyecto no fue convocada la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (integrada por INTA, Senasa, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, asociaciones rurales y Ciafa).
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Argentina podría tener problemas con el agua para el 2050
Argentina está entre los países en riesgo por escasez de agua para el 2050
Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: EstucPlan
Provincia/Región: Nacional
Un estudio presentado en la conferencia anual de la Unión Americana de Geofísica alertó sobre la grave escasez de agua que puede producirse globalmente para el año 2050 y Argentina está entre las zonas de mayor riesgo
Frente al veloz avance de la escasez de agua en el mundo, la ciencia determinó recientemente que el humano está jugando el papel del meteorito que borró del planeta a los dinosaurios, pero en el océano. La creciente utilización de agua dulce en la agricultura, la industria o en el consumo humano amenaza con hacer que desaparezcan reservas acuíferas de todo el mundo en los próximos decenios, provocando escasez, según alertaron este jueves varios expertos.
India, Argentina, Australia, California y el sur de Europa son algunas de las regiones en riesgo, según un estudio presentado en la conferencia anual de la American Geophysical Union, que se celebra esta semana en San Francisco (California).
Según un nuevo modelo informático, el agua almacenada en el subsuelo tanto de la cuenca superior del río Ganges, en India, como del sur de España o Italia, podría agotarse entre 2040 y 2060. Este podría también ser el caso en el valle central de California, así como de la cuenca de Tulare, y el sur del valle de San Joaquín, situado también en ese estado occidental de Estados Unidos, donde las reservas de agua subterránea podrían agotarse para la década de 2030.
Asimismo, las reservas de las grandes planicies, que proporcionan agua a una parte de Texas, de Oklahoma y de Nuevo México, podrían alcanzar sus límites entre 2050 y 2070.
Según los expertos, hasta 1.800 millones de personas podrían vivir en las regiones donde las reservas de agua estarán casi o totalmente agotadas como consecuencia del uso excesivo para el consumo humano o los cultivos agrícolas.
"Un gran número de acuíferos están al límite de la explotación o se agotarán en poco tiempo, sobre todo en las tierras más áridas o donde hay una irrigación muy intensiva", pronosticó Inge de Graaf, hidrógrafo de la Escuela de las Minas de Colorado, quien consideró imperativo conocer los límites de los recursos de agua en el subsuelo.
Varios estudios apoyados en la observación satelital habían mostrado ya que algunos grandes acuíferos en el mundo se agotarán próximamente. Sin embargo, este tipo de observaciones no permiten medir el nivel de reservas más pequeñas a escala regional, según explicaron los hidrógrafos.
El nuevo modelo informático midió las estructuras de las capas de agua subterránea, el volumen del bombeo y la interacción ente estos acuíferos y las extensiones de aguas cercanas como los ríos y los lagos. Según los expertos, este modelo permite pronosticar también cuándo es demasiado bajo el nivel de estos acuíferos como para que se bombee agua de ellos.
Las regiones más secas con una irrigación masiva son, según este estudio, las que más amenazadas están por el agotamiento del agua subterránea. Los autores mencionan como ejemplos las grandes llanuras americanas, la cuenca del Ganges y ciertas partes de Argentina y Australia.
Este estudio hace estimaciones del límite de las reservas de agua en el subsuelo a una escala regional, pero los científicos no disponen, sin embargo, de datos completos ni sobre la estructura geológica ni sobre la capacidad de almacenamiento de los acuíferos, lo que permitiría evaluar de manera precisa el volumen de agua contenido en cada uno de estos depósitos naturales.
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Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: EstucPlan
Provincia/Región: Nacional
Un estudio presentado en la conferencia anual de la Unión Americana de Geofísica alertó sobre la grave escasez de agua que puede producirse globalmente para el año 2050 y Argentina está entre las zonas de mayor riesgo
Frente al veloz avance de la escasez de agua en el mundo, la ciencia determinó recientemente que el humano está jugando el papel del meteorito que borró del planeta a los dinosaurios, pero en el océano. La creciente utilización de agua dulce en la agricultura, la industria o en el consumo humano amenaza con hacer que desaparezcan reservas acuíferas de todo el mundo en los próximos decenios, provocando escasez, según alertaron este jueves varios expertos.
India, Argentina, Australia, California y el sur de Europa son algunas de las regiones en riesgo, según un estudio presentado en la conferencia anual de la American Geophysical Union, que se celebra esta semana en San Francisco (California).
Según un nuevo modelo informático, el agua almacenada en el subsuelo tanto de la cuenca superior del río Ganges, en India, como del sur de España o Italia, podría agotarse entre 2040 y 2060. Este podría también ser el caso en el valle central de California, así como de la cuenca de Tulare, y el sur del valle de San Joaquín, situado también en ese estado occidental de Estados Unidos, donde las reservas de agua subterránea podrían agotarse para la década de 2030.
Asimismo, las reservas de las grandes planicies, que proporcionan agua a una parte de Texas, de Oklahoma y de Nuevo México, podrían alcanzar sus límites entre 2050 y 2070.
Según los expertos, hasta 1.800 millones de personas podrían vivir en las regiones donde las reservas de agua estarán casi o totalmente agotadas como consecuencia del uso excesivo para el consumo humano o los cultivos agrícolas.
"Un gran número de acuíferos están al límite de la explotación o se agotarán en poco tiempo, sobre todo en las tierras más áridas o donde hay una irrigación muy intensiva", pronosticó Inge de Graaf, hidrógrafo de la Escuela de las Minas de Colorado, quien consideró imperativo conocer los límites de los recursos de agua en el subsuelo.
Varios estudios apoyados en la observación satelital habían mostrado ya que algunos grandes acuíferos en el mundo se agotarán próximamente. Sin embargo, este tipo de observaciones no permiten medir el nivel de reservas más pequeñas a escala regional, según explicaron los hidrógrafos.
El nuevo modelo informático midió las estructuras de las capas de agua subterránea, el volumen del bombeo y la interacción ente estos acuíferos y las extensiones de aguas cercanas como los ríos y los lagos. Según los expertos, este modelo permite pronosticar también cuándo es demasiado bajo el nivel de estos acuíferos como para que se bombee agua de ellos.
Las regiones más secas con una irrigación masiva son, según este estudio, las que más amenazadas están por el agotamiento del agua subterránea. Los autores mencionan como ejemplos las grandes llanuras americanas, la cuenca del Ganges y ciertas partes de Argentina y Australia.
Este estudio hace estimaciones del límite de las reservas de agua en el subsuelo a una escala regional, pero los científicos no disponen, sin embargo, de datos completos ni sobre la estructura geológica ni sobre la capacidad de almacenamiento de los acuíferos, lo que permitiría evaluar de manera precisa el volumen de agua contenido en cada uno de estos depósitos naturales.
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Nace un 'Chanchofante'
'Chanchofante': El resultado de los agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/12/2016
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
Un cerdo con una malformación que consiste en una trompa de elefante nació sin vida en el partido de Pergamino, donde ya se había confirmado la presencia de agroquímicos en la sangre de la población.
La localidad bonaerense de Pergamino se encuentra conmocionada por el nacimiento sin vida de un cerdo con una malformación que consiste en algo así como una trompa de elefante. La noticia fue difundida por el medio local Primera Plana difundió las fotos del animal que nació con dicho problema.
El hecho fue denunciado por el propietario de los animales de un campo ubicado entre Acevedo y Guerrico. Además, una productora rural de la zona alertó por la muerte de ocho lechones que también presentaban estas anomalías, e indicó como causa el uso indiscriminado de agrotóxicos en la fumigación de los campos, ya que se trataría de los resultados que deja el uso de un herbicida ácido denominado 2,4-D, el cual fue restringido recientemente por el Ministerio de Agroindustria para el período comprendido entre el 1 de octubre al 31 de marzo de cada campaña productiva.
Esta noticia no es un hecho aislado, porque nuestro país artaviesa una grave situación de contaminación con agroquímicos, una realidad que golpea principalmente a los habitantes de los ‘pueblos fumigados’, los pueblos de las zonas rurales del Litoral argentino que padecen las fumigaciones aéreas con agroquímicos de nuestro modelo de agroproducción.
Las malformaciones en este caso de Pergamino corresponden a animales, pero en los pueblos fumigados afecta a humanos, a personas, a argentinos, y podés mirarlo con tus propios ojos en esta nota, en un informe audiovisual que realizó la televisión italiana, así como también retrató el fotoperiodista argentino Pablo Piovano con su obra ‘El Costo Humano de los Agotóxicos’.
El partido de Pergamino ya había sido noticia cuando en 2015 un estudio reveló la presencia de agroquímicos en muestras de agua y de sangre de la población rural. El objetivo de dicho estudio perteneciente a investigadores de las Facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) era evaluar el impacto de estos agroquímicos utilizados en cultivos transgénicos.
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Un programa de educación para la eficiencia energética
Lanzan un programa nacional de educación para la eficiencia energética
Fecha de Publicación: 25/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional espera capacitar en menos de diez años a unos 50.000 docentes y a unos 150 funcionarios provinciales para que los programas de eficiencia energética se extiendan a todo el territorio nacional.
“Las metas que nos propusimos hacia 2025 incluyen además la realización de más de 250 autodiagnósticos en escuelas técnicas, y la puesta en marcha de 15 pilotos de planes exitosos”, explicó hoy la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins.
Los objetivos en la materia, añadió esta mañana la funcionaria durante una conferencia de prensa, prevén asimismo el lanzamiento de cinco programas en Gestión de Energía, 10 cátedras universitarias, centros regionales y la promoción de la investigación aplicada.
Heins detalló los alcances del Programa Nacional de Educación para la Eficiencia Energética, junto con funcionarios de las carteras educativas nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La funcionaria recordó que el gobierno nacional se plantea reducir el consumo energético en un 5,7% hacia 2025, “comparado con una situación en lo que no se hace nada en materia de ahorro”.
“Se trata de tener la misma calidad de vida o mejor, pero consumiendo menos, lo cual implica aspectos no sólo técnicos sino una valoración cultural y educación ambiental para mitigar el cambio climático”, dijo Heins.
La funcionaria confirmó además que se prepara para 2017 un censo domiciliario, aunque señaló que la demanda residencial concentra sólo el 26% del consumo energético, y el resto corresponde a la industria y otras actividades productivas, el comercio, el transporte y los servicios.
“Queremos contar con un diagnóstico país para precisar cómo se usa la energía, cuáles son los patrones y hábitos de consumo, y detectar las oportunidades de mejora”, sostuvo la subsecretaria.
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Fecha de Publicación: 25/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional espera capacitar en menos de diez años a unos 50.000 docentes y a unos 150 funcionarios provinciales para que los programas de eficiencia energética se extiendan a todo el territorio nacional.
“Las metas que nos propusimos hacia 2025 incluyen además la realización de más de 250 autodiagnósticos en escuelas técnicas, y la puesta en marcha de 15 pilotos de planes exitosos”, explicó hoy la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins.
Los objetivos en la materia, añadió esta mañana la funcionaria durante una conferencia de prensa, prevén asimismo el lanzamiento de cinco programas en Gestión de Energía, 10 cátedras universitarias, centros regionales y la promoción de la investigación aplicada.
Heins detalló los alcances del Programa Nacional de Educación para la Eficiencia Energética, junto con funcionarios de las carteras educativas nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La funcionaria recordó que el gobierno nacional se plantea reducir el consumo energético en un 5,7% hacia 2025, “comparado con una situación en lo que no se hace nada en materia de ahorro”.
“Se trata de tener la misma calidad de vida o mejor, pero consumiendo menos, lo cual implica aspectos no sólo técnicos sino una valoración cultural y educación ambiental para mitigar el cambio climático”, dijo Heins.
La funcionaria confirmó además que se prepara para 2017 un censo domiciliario, aunque señaló que la demanda residencial concentra sólo el 26% del consumo energético, y el resto corresponde a la industria y otras actividades productivas, el comercio, el transporte y los servicios.
“Queremos contar con un diagnóstico país para precisar cómo se usa la energía, cuáles son los patrones y hábitos de consumo, y detectar las oportunidades de mejora”, sostuvo la subsecretaria.
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100 mil hectáreas quemadas en La Pampa
Se quemaron unas 100 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 25/12/2016
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
Defensa Civil, con colaboración de cuarteles de bomberos nucleados a la Brigada Forestal recientemente conformada, continuaban ayer a la tarde con los trabajos tendientes a controlar y extinguir los incendios rurales registrados en distintos puntos de La Pampa. Uno de ellos, es el originado al suroeste del aeroclub de General Acha, el cual fue controlado el martes después de muchas horas de trabajo.
En una entrevista mantenida con esta agencia el Director de Defensa Civil de la provincia, Luis Clara, informó que por el momento hay un total de siete focos ígneos en el territorio pampeano, provocados por diversas causas. En este sentido precisó que los fuegos se localizan en la zona cercana a la localidad de Chacharramendi, Gobernador Duval, La Pastoril, Villa Mitre, La Humada, y en el área comprendida entre las poblaciones de Guatraché y Alpachiri. Además, del producido a unos pocos kilómetros de esta ciudad, que en un principio se encuentra controlado.
Herramientas
El funcionario destacó que más allá que aún hay incendios activos, el hecho de contar con los aviones hidrante y explorador, pertenecientes al Sistema Federal de Manejo del Fuego, facilita el trabajo que debe llevar a cabo el personal afectado a su combate. Caso contrario, todo sería mucho más complejo.
En cuanto al origen que desató los fuegos en diferentes zonas de la provincia, Clara dijo que la mayoría de los casos se debió a causas naturales, específicamente a rayos que han caído en las últimas tormentas registradas. No obstante, hay otros que se han originado por el factor humano (negligencia o intencionalidad), y por motivos accidentales. “Son muchas las causas que pueden ocasionar un fuego, más aún si se tiene presente la época del año”, agregó Clara.
Daños
Aunque aclaró que todavía no hay certezas sobre los alcances de los daños provocados por los focos ígneos, adelantó que aproximadamente se han quemado más de cien mil hectáreas de monte natural. Además, informó que hubo animales vacunos muertos, algunos alambrados quemados, y líneas de electricidad rural.
“El fuego cercano a Chacharramendi hace días que está activo, y con la intensidad y fuerza con la que ha avanzado, produjo muertes de animales vacunos, y quemó algunos alambrados”, aseguró Clara, quien adujo que el viento registrado recientemente ha reavivado las llamas.
“Se está tratando de cerrar los francos, principalmente una cabeza no muy grande”, dijo Clara en relación al que se encuentra en uno de los predios rurales de la zona de ese pueblo del oeste pampeano.
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Fecha de Publicación: 25/12/2016
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
Defensa Civil, con colaboración de cuarteles de bomberos nucleados a la Brigada Forestal recientemente conformada, continuaban ayer a la tarde con los trabajos tendientes a controlar y extinguir los incendios rurales registrados en distintos puntos de La Pampa. Uno de ellos, es el originado al suroeste del aeroclub de General Acha, el cual fue controlado el martes después de muchas horas de trabajo.
En una entrevista mantenida con esta agencia el Director de Defensa Civil de la provincia, Luis Clara, informó que por el momento hay un total de siete focos ígneos en el territorio pampeano, provocados por diversas causas. En este sentido precisó que los fuegos se localizan en la zona cercana a la localidad de Chacharramendi, Gobernador Duval, La Pastoril, Villa Mitre, La Humada, y en el área comprendida entre las poblaciones de Guatraché y Alpachiri. Además, del producido a unos pocos kilómetros de esta ciudad, que en un principio se encuentra controlado.
Herramientas
El funcionario destacó que más allá que aún hay incendios activos, el hecho de contar con los aviones hidrante y explorador, pertenecientes al Sistema Federal de Manejo del Fuego, facilita el trabajo que debe llevar a cabo el personal afectado a su combate. Caso contrario, todo sería mucho más complejo.
En cuanto al origen que desató los fuegos en diferentes zonas de la provincia, Clara dijo que la mayoría de los casos se debió a causas naturales, específicamente a rayos que han caído en las últimas tormentas registradas. No obstante, hay otros que se han originado por el factor humano (negligencia o intencionalidad), y por motivos accidentales. “Son muchas las causas que pueden ocasionar un fuego, más aún si se tiene presente la época del año”, agregó Clara.
Daños
Aunque aclaró que todavía no hay certezas sobre los alcances de los daños provocados por los focos ígneos, adelantó que aproximadamente se han quemado más de cien mil hectáreas de monte natural. Además, informó que hubo animales vacunos muertos, algunos alambrados quemados, y líneas de electricidad rural.
“El fuego cercano a Chacharramendi hace días que está activo, y con la intensidad y fuerza con la que ha avanzado, produjo muertes de animales vacunos, y quemó algunos alambrados”, aseguró Clara, quien adujo que el viento registrado recientemente ha reavivado las llamas.
“Se está tratando de cerrar los francos, principalmente una cabeza no muy grande”, dijo Clara en relación al que se encuentra en uno de los predios rurales de la zona de ese pueblo del oeste pampeano.
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Limay y el ejemplo de como dejar contaminar un río
Todos sabían pero nadie hizo nada por la contaminación del Limay
Fecha de Publicación: 24/12/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La presencia de niveles de escherichia coli superiores a los parámetros fijados llevó a la comuna a disponer el cierre del Albino Cotro.
Sabían que el brazo del río estaba contaminado, pero todos miraron al otro lado. Ayer el Municipio prohibió el acceso al río en el balneario Albino Cotro por presencia de Escherichia Coli. Desde la Provincia aseguraron que se informó en tiempo y forma que el muestreo daba mal a principios de mes. El balneario se habilitó hace más de diez días y ningún funcionario sacó a la gente del agua contaminada, ni Provincia ni Municipio.
La crónica de una Escherichia anunciada comenzó a escribirse en noviembre, cuando los análisis de las muestras del Albino Cotro comenzaron a dar mal. A principio de diciembre se los pasaron a la Municipalidad y se siguieron tomando muestras para ver qué sucedía.
Finalmente, y después de siete muestras, ayer dieron bien las tomadas el 19 de diciembre. Pero para volver a habilitar el balneario se deberá mantener por debajo de los 200 las muestras siguientes.
Desde la Provincia aseguraron que la decisión de habilitar un balneario la toma exclusivamente el Municipio, y que se les informó para que no lo hicieran.
Según la secretaria de Medio Ambiente, Silvia Gutiérrez, el Municipio tomó la decisión de restringir el acceso al agua contaminada a partir de que fue informado.
Destacaron que los análisis en los otros balnearios dan bien por lo que Río Grande, Sandra Canale y Valentina Brin de Duclout (exbalneario de las Valentinas, en Futaleufú y puente Las Perlas) están habilitados.
Por lo que explicaron, en esa zona el río madre corre con más caudal que el que recibe el que está ubicado en un brazo, informó la comuna.
Gutiérrez fue consultada sobre si los clubes Biguá, Santafesino, Italiano y Cepron –aguas arriba del Cotro y la vera del mismo brazo– tenían similar problema de contaminación cloacal en el curso de agua y sostuvo que deberían estar en la misma situación del balneario municipal.
Estimó que la responsabilidad por el vertido de cloacas en el río es órbita del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y aclaró que se requirió un informe a Recursos Hídricos de la provincia para que indique “las razones de esta contaminación”.
El subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, aclaró que para la habilitación de los balnearios desde hace 10 años se hace un muestreo en noviembre.
Son 5 muestreos que se toman una vez por semana y se saca una media. Esa se informa al Municipio para que decida si habilitar o no.
“Entre los análisis, dio mal el Albino Cotro. Por eso en la Unidad de Gestión de agua (Recursos Hídricos, AIC y DPA rionegrino) se tomó la decisión de repetir el muestreo el 5 de diciembre en el Cotro y como volvió a dar mal se tomaron muestras de todos los balnearios”, dijo Carvalho.
El 12 se volvió a hacer un muestreo y no dio bien y el 19 se hizo uno nuevo y dio bien. “El Cotro dio 120 y me da tranquilidad pero todavía no se puede habilitar, hay que esperar nuevos análisis. De todos modos, es responsabilidad del Municipio habilitar”, dijo el subsecretario.
Para Martín Islas, integrante del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén la decisión de clausurar el balneario es acertada. “Es un tema netamente penal, si los funcionarios no actúan son responsables. Prefiero que sea exagerado y preventivo y no probar si se enferma alguien o no”, dijo Islas.
Para el profesional por más que un nuevo monitoreo de bien, la gente no se quedará tranquila. “Es por eso que hay que empezar a sanear y cesar con las descargas”, dijo el titular del colegio de profesionales.
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Fecha de Publicación: 24/12/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La presencia de niveles de escherichia coli superiores a los parámetros fijados llevó a la comuna a disponer el cierre del Albino Cotro.
Sabían que el brazo del río estaba contaminado, pero todos miraron al otro lado. Ayer el Municipio prohibió el acceso al río en el balneario Albino Cotro por presencia de Escherichia Coli. Desde la Provincia aseguraron que se informó en tiempo y forma que el muestreo daba mal a principios de mes. El balneario se habilitó hace más de diez días y ningún funcionario sacó a la gente del agua contaminada, ni Provincia ni Municipio.
La crónica de una Escherichia anunciada comenzó a escribirse en noviembre, cuando los análisis de las muestras del Albino Cotro comenzaron a dar mal. A principio de diciembre se los pasaron a la Municipalidad y se siguieron tomando muestras para ver qué sucedía.
Finalmente, y después de siete muestras, ayer dieron bien las tomadas el 19 de diciembre. Pero para volver a habilitar el balneario se deberá mantener por debajo de los 200 las muestras siguientes.
Desde la Provincia aseguraron que la decisión de habilitar un balneario la toma exclusivamente el Municipio, y que se les informó para que no lo hicieran.
Según la secretaria de Medio Ambiente, Silvia Gutiérrez, el Municipio tomó la decisión de restringir el acceso al agua contaminada a partir de que fue informado.
Destacaron que los análisis en los otros balnearios dan bien por lo que Río Grande, Sandra Canale y Valentina Brin de Duclout (exbalneario de las Valentinas, en Futaleufú y puente Las Perlas) están habilitados.
Por lo que explicaron, en esa zona el río madre corre con más caudal que el que recibe el que está ubicado en un brazo, informó la comuna.
Gutiérrez fue consultada sobre si los clubes Biguá, Santafesino, Italiano y Cepron –aguas arriba del Cotro y la vera del mismo brazo– tenían similar problema de contaminación cloacal en el curso de agua y sostuvo que deberían estar en la misma situación del balneario municipal.
Estimó que la responsabilidad por el vertido de cloacas en el río es órbita del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y aclaró que se requirió un informe a Recursos Hídricos de la provincia para que indique “las razones de esta contaminación”.
El subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, aclaró que para la habilitación de los balnearios desde hace 10 años se hace un muestreo en noviembre.
Son 5 muestreos que se toman una vez por semana y se saca una media. Esa se informa al Municipio para que decida si habilitar o no.
“Entre los análisis, dio mal el Albino Cotro. Por eso en la Unidad de Gestión de agua (Recursos Hídricos, AIC y DPA rionegrino) se tomó la decisión de repetir el muestreo el 5 de diciembre en el Cotro y como volvió a dar mal se tomaron muestras de todos los balnearios”, dijo Carvalho.
El 12 se volvió a hacer un muestreo y no dio bien y el 19 se hizo uno nuevo y dio bien. “El Cotro dio 120 y me da tranquilidad pero todavía no se puede habilitar, hay que esperar nuevos análisis. De todos modos, es responsabilidad del Municipio habilitar”, dijo el subsecretario.
Para Martín Islas, integrante del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén la decisión de clausurar el balneario es acertada. “Es un tema netamente penal, si los funcionarios no actúan son responsables. Prefiero que sea exagerado y preventivo y no probar si se enferma alguien o no”, dijo Islas.
Para el profesional por más que un nuevo monitoreo de bien, la gente no se quedará tranquila. “Es por eso que hay que empezar a sanear y cesar con las descargas”, dijo el titular del colegio de profesionales.
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En la antártida están investigando sobre cambio climático
Científicos y militares argentinos investigarán el cambio climático en la base antártica más austral
Fecha de Publicación: 24/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Un equipo de veintiún científicos y militares argentinos arribó a la base Belgrano II, a más de 4.500 kilómetros de Buenos Aires y menos de 1.700 del Polo Sur, donde enfrentarán una noche polar de cuatro meses, con temperaturas de hasta 35 grados bajo cero, para realizar investigaciones sobre el cambio climático y fenómenos atmosféricos.
Belgrano II es la más austral de las bases argentinas y está situada al este del Mar de Weddell, por lo que la dotación recién arribada no volverá a tener contacto con personas ajenas al grupo hasta que sean relevados en diciembre de 2017.
El jefe de la base, capitán Alejandro Hermosa, contó a Télam: “para llegar hasta acá tuvimos que salir de Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que nos dejó en Ushuaia; de ahí un avión de transporte Ilyushin-76 nos llevó en un vuelo de cuatro horas hasta el aérodromo de Glaciar Unión donde un avión de enlace Basler BT-67 nos esperaba para llevarnos en un vuelo de tres horas hasta la pista de anevisaje a ocho kilómetros de Belgrano II donde nos esperaba la dotación saliente con los vehículos para llevarnos con nuestro equipo hasta la base”.
Hermosa contó que “la dotación con la que acabamos de tomar la base es de 21 personas; 16 efectivos del Ejército Argentino, dos de la Fuerza Aérea que trabajan para el Servicio Meteorológico Nacional y tres científicos de la Dirección Nacional del Antártico que realizan tareas en el Instituto Antártico Argentino”.
El militar agregó: “la posición geográfica de Belgrano II permite hacer muchas investigaciones sobre la capa de ozono, las auroras polares y otros fenómenos atmosféricos, además hay varios trabajos referidos a la glaciología”.
“Hoy estamos trabajando con temperaturas máximas de tres grados bajo cero y eso nos permite aprovechar al máximo para hacer tareas al aire libre que en la noche polar de mayo a agosto pueden volverse más complejas con temperaturas de hasta 35 grados bajo cero”, apuntó.
En ese sentido añadió que para terminar de instalarse "resta recibir el abastecimiento que este año va a llegar por aerolanzamiento en unos días; esa va a ser la última vez que veamos una cara ajena al grupo de la base hasta que nos vengan a relevar en diciembre del año que viene”.
“Lo más complicado durante la noche polar va a ser el abastecimiento de agua; tenemos algunos campos de hielo ya marcados y día por medio vamos a tener que salir para picar bloques que tendremos que entrar a la base para derretirlos”, indicó.
El jefe de base advirtió que “la posición de Belgrano II es bastante aislada y somos conscientes de que es muy difícil contar con que nos pueda llegar asistencia en invierno ante alguna contingencia, por eso contamos con un médico y un enfermero”.
Consultado por la lejanía con la familia, el capitán Hermosa, de 34 años, casado y padre de dos nenas de uno y tres años, dijo: “ésta es mi primera invernada y nunca había estado tanto tiempo lejos de la familia, pero eso es algo para lo que uno se prepara desde que comienza a servir en la Dirección Antártica del Ejército y que va charlando con los seres queridos en cada etapa del proceso; además tenemos la posibilidad de mantener contacto a través del teléfono e internet”.
“Ésta también es una oportunidad para forjar un espíritu de grupo, va a ser un año completo el que esta comunidad tenga por delante en completo aislamiento y no hay manera de no ver las mismas caras varias veces al día, de todos nosotros va a depender que este año pueda aprovecharse al máximo para cumplir con todos los objetivos trazados”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 24/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Un equipo de veintiún científicos y militares argentinos arribó a la base Belgrano II, a más de 4.500 kilómetros de Buenos Aires y menos de 1.700 del Polo Sur, donde enfrentarán una noche polar de cuatro meses, con temperaturas de hasta 35 grados bajo cero, para realizar investigaciones sobre el cambio climático y fenómenos atmosféricos.
Belgrano II es la más austral de las bases argentinas y está situada al este del Mar de Weddell, por lo que la dotación recién arribada no volverá a tener contacto con personas ajenas al grupo hasta que sean relevados en diciembre de 2017.
El jefe de la base, capitán Alejandro Hermosa, contó a Télam: “para llegar hasta acá tuvimos que salir de Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que nos dejó en Ushuaia; de ahí un avión de transporte Ilyushin-76 nos llevó en un vuelo de cuatro horas hasta el aérodromo de Glaciar Unión donde un avión de enlace Basler BT-67 nos esperaba para llevarnos en un vuelo de tres horas hasta la pista de anevisaje a ocho kilómetros de Belgrano II donde nos esperaba la dotación saliente con los vehículos para llevarnos con nuestro equipo hasta la base”.
Hermosa contó que “la dotación con la que acabamos de tomar la base es de 21 personas; 16 efectivos del Ejército Argentino, dos de la Fuerza Aérea que trabajan para el Servicio Meteorológico Nacional y tres científicos de la Dirección Nacional del Antártico que realizan tareas en el Instituto Antártico Argentino”.
El militar agregó: “la posición geográfica de Belgrano II permite hacer muchas investigaciones sobre la capa de ozono, las auroras polares y otros fenómenos atmosféricos, además hay varios trabajos referidos a la glaciología”.
“Hoy estamos trabajando con temperaturas máximas de tres grados bajo cero y eso nos permite aprovechar al máximo para hacer tareas al aire libre que en la noche polar de mayo a agosto pueden volverse más complejas con temperaturas de hasta 35 grados bajo cero”, apuntó.
En ese sentido añadió que para terminar de instalarse "resta recibir el abastecimiento que este año va a llegar por aerolanzamiento en unos días; esa va a ser la última vez que veamos una cara ajena al grupo de la base hasta que nos vengan a relevar en diciembre del año que viene”.
“Lo más complicado durante la noche polar va a ser el abastecimiento de agua; tenemos algunos campos de hielo ya marcados y día por medio vamos a tener que salir para picar bloques que tendremos que entrar a la base para derretirlos”, indicó.
El jefe de base advirtió que “la posición de Belgrano II es bastante aislada y somos conscientes de que es muy difícil contar con que nos pueda llegar asistencia en invierno ante alguna contingencia, por eso contamos con un médico y un enfermero”.
Consultado por la lejanía con la familia, el capitán Hermosa, de 34 años, casado y padre de dos nenas de uno y tres años, dijo: “ésta es mi primera invernada y nunca había estado tanto tiempo lejos de la familia, pero eso es algo para lo que uno se prepara desde que comienza a servir en la Dirección Antártica del Ejército y que va charlando con los seres queridos en cada etapa del proceso; además tenemos la posibilidad de mantener contacto a través del teléfono e internet”.
“Ésta también es una oportunidad para forjar un espíritu de grupo, va a ser un año completo el que esta comunidad tenga por delante en completo aislamiento y no hay manera de no ver las mismas caras varias veces al día, de todos nosotros va a depender que este año pueda aprovecharse al máximo para cumplir con todos los objetivos trazados”, concluyó.
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Reingeniería en Potasio Río Colorado
Arranca la reingeniería de Potasio Río Colorado y ya hay una opción de compra
Fecha de Publicación: 24/12/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
En el Gobierno de Mendoza se preparan para iniciar el proceso de reingeniería del proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe, propiedad de la minera brasileña Vale. Este lunes se anunció la compra de la división de fertilizantes de la compañía por parte de la compañía estadounidense Mosaic, trato que incluye la opción de compra del yacimiento en Malargüe.
Después del trato que hizo Vale con la Provincia, este miércoles se dará inicio al proceso de reingeniería, pero en el Ejecutivo provincial ya ponen la mirada en lo que será el acuerdo entre las dos firmas internacionales. La inclusión de Potasio Río Colorado dependerá del estudio de factibilidad y rentabilidad que hará la compañía norteamericana.
El proceso de compra de Mosaic a Vale duraría por lo menos un año y en ese período tendrá el first refusal o derecho preferente de compra del yacimiento de Malargüe, el cual está paralizado desde 2013. De concretarse, se daría lo que buscaba la empresa brasileña, la venta del proyecto, y también se cumpliría lo que espera el Ejecutivo, su reactivación.
Este lunes por la mañana la empresa propietaria del proyecto que prometía cambiar la matriz productiva de Mendoza, informó vía correo electrónico del acuerdo y de la opción que se presenta al subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.
El funcionario confirmó que Mosaic tiene first refusal para la venta de PRC como parte del acuerdo que logró con la firma estadounidense y lo calificó como algo "positivo". Mientras, dijo, seguirán con lo que está firmado en el acuerdo con Vale y que es la reingeniería.
Para eso este miércoles estará en Buenos Aires, donde se realizará el kickoff del proceso para el cual la minera brasileña contrató a la consultora internacional Hatch, una reconocida firma con la que esperan tener listo el nuevo proyecto para junio de 2017, momento en el cual se podría definir si Mosaic hará uso de la primera opción de compra.
En este período se espera resideñar la explotación del yacimiento reduciendo la producción anual proyectada y por ende los costos del proyecto a unos 1.500 millones de dólares. El acuerdo que firmó el Gobierno provincial con Vale logró evitar una judicialización de cualquier cuestión relacionada con el yacimiento, ya que por ley en marzo de 2017 se cumplen los cuatro años de paralización que autorizan al Ejecutivo para quitar una concesión.
Sin embargo, a través del acuerdo se busca ajustar los números de PRC y buscar inversores interesados. Aunque ahora Mosaic tiene la primera opción para adquirir el proyecto en caso que les resulte atractivo, según fuentes del Gobierno provincial, por lo menos tres inversores han manifestado interés en el yacimiento malargüino.
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Fecha de Publicación: 24/12/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
En el Gobierno de Mendoza se preparan para iniciar el proceso de reingeniería del proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe, propiedad de la minera brasileña Vale. Este lunes se anunció la compra de la división de fertilizantes de la compañía por parte de la compañía estadounidense Mosaic, trato que incluye la opción de compra del yacimiento en Malargüe.
Después del trato que hizo Vale con la Provincia, este miércoles se dará inicio al proceso de reingeniería, pero en el Ejecutivo provincial ya ponen la mirada en lo que será el acuerdo entre las dos firmas internacionales. La inclusión de Potasio Río Colorado dependerá del estudio de factibilidad y rentabilidad que hará la compañía norteamericana.
El proceso de compra de Mosaic a Vale duraría por lo menos un año y en ese período tendrá el first refusal o derecho preferente de compra del yacimiento de Malargüe, el cual está paralizado desde 2013. De concretarse, se daría lo que buscaba la empresa brasileña, la venta del proyecto, y también se cumpliría lo que espera el Ejecutivo, su reactivación.
Este lunes por la mañana la empresa propietaria del proyecto que prometía cambiar la matriz productiva de Mendoza, informó vía correo electrónico del acuerdo y de la opción que se presenta al subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.
El funcionario confirmó que Mosaic tiene first refusal para la venta de PRC como parte del acuerdo que logró con la firma estadounidense y lo calificó como algo "positivo". Mientras, dijo, seguirán con lo que está firmado en el acuerdo con Vale y que es la reingeniería.
Para eso este miércoles estará en Buenos Aires, donde se realizará el kickoff del proceso para el cual la minera brasileña contrató a la consultora internacional Hatch, una reconocida firma con la que esperan tener listo el nuevo proyecto para junio de 2017, momento en el cual se podría definir si Mosaic hará uso de la primera opción de compra.
En este período se espera resideñar la explotación del yacimiento reduciendo la producción anual proyectada y por ende los costos del proyecto a unos 1.500 millones de dólares. El acuerdo que firmó el Gobierno provincial con Vale logró evitar una judicialización de cualquier cuestión relacionada con el yacimiento, ya que por ley en marzo de 2017 se cumplen los cuatro años de paralización que autorizan al Ejecutivo para quitar una concesión.
Sin embargo, a través del acuerdo se busca ajustar los números de PRC y buscar inversores interesados. Aunque ahora Mosaic tiene la primera opción para adquirir el proyecto en caso que les resulte atractivo, según fuentes del Gobierno provincial, por lo menos tres inversores han manifestado interés en el yacimiento malargüino.
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Neuquén en emergencia hídrica por las represas
Por darle energía a Capital Federal se secaron los ríos de Neuquén
Fecha de Publicación: 23/12/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Neuquén
"Cammesa priorizó la generación de energía hidroeléctrica para abastecer a Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, sin tener en cuenta el cauce del río y la situación de sequía de la región, y esto provocó la baja en los embalses” comenta uno de los legisladores neuquinos que propusieron la declaratoria de Emergencia Hídrica en la región. El caso desnuda una completa falta de estrategia energética nacional.
Para abastecer las estufas y los splits que calefaccionaron a los habitantes de Capital Fedetal y el Conurbano se tuvieron que exprimir los recursos hídricos de la provincia de Neuquén para generar energía, esto sumado al cambio climático dio como resultado que la provincia viva una de las peores sequías de su historia. El gobernador Omar Gutierrez declaró la emergencia hídrica, ambiental y agropecuaria en toda la provincia.
El Decreto 1689/16 que establece la emergencia expresa en unos de sus párrafos que la sequía “afecta no sólo a la población por la falta de agua para su consumo, sino también para el riego y el uso animal” El susecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Horacio Carvalho inentó justificar la situación culpando al clima “es una problemática que se viene dando hace años por cuestiones naturales y no por ausencia de obras”. La Emergencia será por un año y habilita a trabajar con la Nación y a pedir fondos y exenciones impositivas.
La bajante de los ríos Limay y Neuquén es muy preocupante, los legisladores Francisco Baggio y Fernando Schpoliansky fueron los impulsores de la declaratoria de Emergencia que confirmó la semana pasada el gobernador Gutierrez. Estos legisladores además quieren crear un comité para monitorear los cauces de los ríos para realizar exámenes bactereológicos, también buscan remediar el daño que se le ha hecho a estas corrientes de agua que hoy sufren las consecuencias de un desmanejo producto de la generación excesiva de energía en las represas hidroeléctricas.
En declaraciones al Diario Río Negro, Baggio explicó que “los vecinos de Neuquén vamos a tener una gran consecuencia negativa”. Durante la emergencia no se autorizará a construir nuevos edificios que constituyen nuevas bocas de suministro de agua que no se puede garantizar.
“Estamos en una situación alarmante. Las obras de drenaje deben realizarse con celeridad, hay que garantizarle a los vecinos el acceso a una fuente vital como el agua. De no hacerlo no sólo no habrá agua en los ríos para bañarse, no tendremos agua para riego y tampoco agua segura para tomar. No es fácil adivinar que en los barrios más alejados directamente no saldrá agua de las canillas”, dijo Baggio.
Los legisladores entienden que hay una culpable en esto: la empresa reguladora del mercado energético: Cammesa.
“El manejo discrecional de la cuenca que ha realizado la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), privilegiando la generación de energía eléctrica por sobre el recurso neuquino del agua, provocó la sequía de los embalses y ahora no tenemos agua, Cammesa priorizó la generación de energía hidroeléctrica para abastecer a Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, sin tener en cuenta el cauce del río y la situación de sequía de la región, y esto provocó la baja en los embalses”.
Para estos legisladores, sino se toman medidas urgentes la situación será catastrófica para los vecinos de Neuquén. El caso desnuda una completa falta de planificación energética en un país en donde las prestadores están más enfocados en pedir aumento de tarifas que en desarrollar métodos sustentables para obtener energía.
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Fecha de Publicación: 23/12/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Neuquén
"Cammesa priorizó la generación de energía hidroeléctrica para abastecer a Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, sin tener en cuenta el cauce del río y la situación de sequía de la región, y esto provocó la baja en los embalses” comenta uno de los legisladores neuquinos que propusieron la declaratoria de Emergencia Hídrica en la región. El caso desnuda una completa falta de estrategia energética nacional.
Para abastecer las estufas y los splits que calefaccionaron a los habitantes de Capital Fedetal y el Conurbano se tuvieron que exprimir los recursos hídricos de la provincia de Neuquén para generar energía, esto sumado al cambio climático dio como resultado que la provincia viva una de las peores sequías de su historia. El gobernador Omar Gutierrez declaró la emergencia hídrica, ambiental y agropecuaria en toda la provincia.
El Decreto 1689/16 que establece la emergencia expresa en unos de sus párrafos que la sequía “afecta no sólo a la población por la falta de agua para su consumo, sino también para el riego y el uso animal” El susecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Horacio Carvalho inentó justificar la situación culpando al clima “es una problemática que se viene dando hace años por cuestiones naturales y no por ausencia de obras”. La Emergencia será por un año y habilita a trabajar con la Nación y a pedir fondos y exenciones impositivas.
La bajante de los ríos Limay y Neuquén es muy preocupante, los legisladores Francisco Baggio y Fernando Schpoliansky fueron los impulsores de la declaratoria de Emergencia que confirmó la semana pasada el gobernador Gutierrez. Estos legisladores además quieren crear un comité para monitorear los cauces de los ríos para realizar exámenes bactereológicos, también buscan remediar el daño que se le ha hecho a estas corrientes de agua que hoy sufren las consecuencias de un desmanejo producto de la generación excesiva de energía en las represas hidroeléctricas.
En declaraciones al Diario Río Negro, Baggio explicó que “los vecinos de Neuquén vamos a tener una gran consecuencia negativa”. Durante la emergencia no se autorizará a construir nuevos edificios que constituyen nuevas bocas de suministro de agua que no se puede garantizar.
“Estamos en una situación alarmante. Las obras de drenaje deben realizarse con celeridad, hay que garantizarle a los vecinos el acceso a una fuente vital como el agua. De no hacerlo no sólo no habrá agua en los ríos para bañarse, no tendremos agua para riego y tampoco agua segura para tomar. No es fácil adivinar que en los barrios más alejados directamente no saldrá agua de las canillas”, dijo Baggio.
Los legisladores entienden que hay una culpable en esto: la empresa reguladora del mercado energético: Cammesa.
“El manejo discrecional de la cuenca que ha realizado la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), privilegiando la generación de energía eléctrica por sobre el recurso neuquino del agua, provocó la sequía de los embalses y ahora no tenemos agua, Cammesa priorizó la generación de energía hidroeléctrica para abastecer a Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, sin tener en cuenta el cauce del río y la situación de sequía de la región, y esto provocó la baja en los embalses”.
Para estos legisladores, sino se toman medidas urgentes la situación será catastrófica para los vecinos de Neuquén. El caso desnuda una completa falta de planificación energética en un país en donde las prestadores están más enfocados en pedir aumento de tarifas que en desarrollar métodos sustentables para obtener energía.
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Allanan los ministerios de Energía y Medio Ambiente
Por la minera Barrick, Casanello allanó los ministerios de Aranguren y Bergman
Fecha de Publicación: 23/12/2016
Fuente: bigbangnews
Provincia/Región: Nacional
El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy allanar los ministerios de Energía y Medio Ambiente en la causa en la que se investiga la violación de la ley de Glaciares por parte de la multinacional Barrick en la mina Veladero, de San Juan.
Casanello pidió el allanamiento a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal a partir de una presentación de Diego Seguí y Enrique Viale, los abogados de la Asamblea "Jáchal No se Toca", que nuclea a los pobladores afectados por el derrame de un millón de litros de cianuro de setiembre de 2015.
Los abogados presentaron la semana pasada el borrador de un decreto de reglamentación que el presidente Mauricio Macri estaría a punto de firmar y y un Power Point con detalles del proyecto que echarían por tierra con gran parte de los límites que fija la Ley de Glaciares, 26.639, sancionada en 2010,
Con esa información, el magistrado requirió la presentación de personal policial en las oficinas del ministerio de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman (San Martín 451 de Capital Federal) y en el Ministerio de Energía y Minería que orienta Juan José Aranguen (en Av. Paseo Colón 171) para que pongan a disposición "en forma inmediata" cualquier documento que guarde relación con la información que presentaron los querellantes.
"Ante el eventual caso de que los Ministros y/o funcionarios públicos que correspondan a dichos Ministerios no cumplieran la comanda judicial, la división Delitos Ambientales quedará automáticamente autorizada a PROCEDER AL ALLANAMIENTO EN EL DÍA DE LA FECHA Y CON HABILITACIÓN DE DÍA Y HORA de los Ministerios", escribió Casanello.
Los allanamientos se cumplieron hoy en horas de la tarde.
Viale y Seguí presentaron un escrito en el que acompañaron copia de lo que -según manifestaron- sería un proyecto de decreto reglamentario de la ley 26.639 –o “ley de glaciares”- y un documento en power point ilustrativo. "Habrían sido elaborados por técnicos de los ministerios de Bergman y Aranguren con el objetivo de "alterar el espíritu de la ley 26.639 al adoptar un criterio mucho más laxo en cuanto a la protección de glaciares y ambiente periglacial y a la forma de inventariarlos por parte del IANIGLA (el organismo encargado de inventariar los Glaciares)".
La causa judicial en la que Casanello interviene se inició después de los derrames de cianuro de Barrick en la mina Veladero de San Juan, en los días 12 y 13 de setiembre de 2015 y 8 de setiembre de 2016.
La querella reclamó desde el comienzo el cierre de la mina por haber incurrido en la violación de la Ley de Glaciares. Pero además apunta a los “diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, y con los derrames producidos.
Según Viale y Seguí, si la autoridad de aplicación de la ley 26.639 (Ministerio de Ambiente y ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y el organismo encargado del inventario y monitoreo del estado de glaciares y ambiente periglacial (IANIGLA) hubieran cumplido con las obligaciones dispuestas en la mencionada ley, los derrames no habrían sucedido.
Los allanamientos en los ministerios de Begman y Aranguren se concretaron esta tarde, según confirmaron a BigBang desde el juzgado de Casanello.
En un operativo similar en el ministerio de Ambiente y el Ianigla, la Justicia encontró un documento oficial que demostraba que el gobierno nacional tenía previsto autorizar 40 proyectos mineros en zonas prohibidas.
La decisión de Casanello de hoy puede anticipar nuevos movimientos que traigan dolores de cabeza a funcionarios del kirchnerismo (¿y también del macrismo?) en la causa caratulada “Ianigla y otros” según violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y averiguación de delito.
Los más comprometidos son los dos últimos secretarios de Medio Ambiente de Cristina Kirchner (Sergio Lorusso y Juan José Mussi), y el sanjuanino ex secretarío de Energía Jorge Mayoral.
Pero también puede complicar a las autoridades del Ianigla con su coordinador Gustavo Costas y al propio ministro Bergman, si se comprueba que trabajó en un proyecto para licuar los límites de la Ley de Glaciares, incluso después de producidos los derrames de milones de litros de cianuro.
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Fecha de Publicación: 23/12/2016
Fuente: bigbangnews
Provincia/Región: Nacional
El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy allanar los ministerios de Energía y Medio Ambiente en la causa en la que se investiga la violación de la ley de Glaciares por parte de la multinacional Barrick en la mina Veladero, de San Juan.
Casanello pidió el allanamiento a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal a partir de una presentación de Diego Seguí y Enrique Viale, los abogados de la Asamblea "Jáchal No se Toca", que nuclea a los pobladores afectados por el derrame de un millón de litros de cianuro de setiembre de 2015.
Los abogados presentaron la semana pasada el borrador de un decreto de reglamentación que el presidente Mauricio Macri estaría a punto de firmar y y un Power Point con detalles del proyecto que echarían por tierra con gran parte de los límites que fija la Ley de Glaciares, 26.639, sancionada en 2010,
Con esa información, el magistrado requirió la presentación de personal policial en las oficinas del ministerio de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman (San Martín 451 de Capital Federal) y en el Ministerio de Energía y Minería que orienta Juan José Aranguen (en Av. Paseo Colón 171) para que pongan a disposición "en forma inmediata" cualquier documento que guarde relación con la información que presentaron los querellantes.
"Ante el eventual caso de que los Ministros y/o funcionarios públicos que correspondan a dichos Ministerios no cumplieran la comanda judicial, la división Delitos Ambientales quedará automáticamente autorizada a PROCEDER AL ALLANAMIENTO EN EL DÍA DE LA FECHA Y CON HABILITACIÓN DE DÍA Y HORA de los Ministerios", escribió Casanello.
Los allanamientos se cumplieron hoy en horas de la tarde.
Viale y Seguí presentaron un escrito en el que acompañaron copia de lo que -según manifestaron- sería un proyecto de decreto reglamentario de la ley 26.639 –o “ley de glaciares”- y un documento en power point ilustrativo. "Habrían sido elaborados por técnicos de los ministerios de Bergman y Aranguren con el objetivo de "alterar el espíritu de la ley 26.639 al adoptar un criterio mucho más laxo en cuanto a la protección de glaciares y ambiente periglacial y a la forma de inventariarlos por parte del IANIGLA (el organismo encargado de inventariar los Glaciares)".
La causa judicial en la que Casanello interviene se inició después de los derrames de cianuro de Barrick en la mina Veladero de San Juan, en los días 12 y 13 de setiembre de 2015 y 8 de setiembre de 2016.
La querella reclamó desde el comienzo el cierre de la mina por haber incurrido en la violación de la Ley de Glaciares. Pero además apunta a los “diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, y con los derrames producidos.
Según Viale y Seguí, si la autoridad de aplicación de la ley 26.639 (Ministerio de Ambiente y ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y el organismo encargado del inventario y monitoreo del estado de glaciares y ambiente periglacial (IANIGLA) hubieran cumplido con las obligaciones dispuestas en la mencionada ley, los derrames no habrían sucedido.
Los allanamientos en los ministerios de Begman y Aranguren se concretaron esta tarde, según confirmaron a BigBang desde el juzgado de Casanello.
En un operativo similar en el ministerio de Ambiente y el Ianigla, la Justicia encontró un documento oficial que demostraba que el gobierno nacional tenía previsto autorizar 40 proyectos mineros en zonas prohibidas.
La decisión de Casanello de hoy puede anticipar nuevos movimientos que traigan dolores de cabeza a funcionarios del kirchnerismo (¿y también del macrismo?) en la causa caratulada “Ianigla y otros” según violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y averiguación de delito.
Los más comprometidos son los dos últimos secretarios de Medio Ambiente de Cristina Kirchner (Sergio Lorusso y Juan José Mussi), y el sanjuanino ex secretarío de Energía Jorge Mayoral.
Pero también puede complicar a las autoridades del Ianigla con su coordinador Gustavo Costas y al propio ministro Bergman, si se comprueba que trabajó en un proyecto para licuar los límites de la Ley de Glaciares, incluso después de producidos los derrames de milones de litros de cianuro.
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San Juan
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Directivos de Los Pelambres niega toda culpa
Una minera acusada de verter residuos en Argentina niega responsabilidad
Fecha de Publicación: 23/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan
El gerente general de la Minera chilena Los Pelambres, Robert Mayne-Nicholls, aseguró que la empresa, acusada de vertir residuos tóxicos en territorio argentino, construyó el depósito de rocas con todas las autorizaciones exigidas en Chile.
Mayne-Nichols declaró en San Juan como parte de la causa que lleva la Justicia argentina respecto al vertedero de estériles "Cerro Amarillo", informó el lunes la minera en un comunicado.
Según recogieron en la nota, el gerente general eximió de responsabilidades a Los Pelambres, ya que la minera "depositó las rocas en el botadero Cerro Amarillo porque contaba con todas las autorizaciones requeridas por la legislación chilena".
Defendió también que la frontera entre Chile y Argentina no estaba delimitada de forma precisa, lo que no es "responsabilidad" de su empresa, y "dejaba parte de 'Cerro Amarillo' en territorio argentino".
Asimismo, recordó la oferta de su empresa para "para contribuir a una solución técnica, minera y ambiental", informó la agencia Efe.
"Esos son los ámbitos donde nosotros tenemos experiencia, conocimiento, capacidad de acción, y es donde creemos que podemos colaborar a superar un conflicto que nosotros no causamos" alegó Robert Mayne-Nicholls.
El caso
Este caso saltó a la primera plana de los medios después de que un programa de televisión argentino hiciera público que la empresa minera chilena Los Pelambres, del grupo Luksic, depositó residuos en suelo argentino en la provincia argentina de San Juan sin consentimiento.
De acuerdo con la investigación periodística, la compañía chilena usó el lado sanjuanino de la cordillera de los Andes como "basurero" de escombros tóxicos, con una extensión tan grande como 70 campos de fútbol.
Un mes antes, esa misma provincia también se había visto afectada por otro incidente minero, el segundo derrame de cianuro ocurrido en un plazo de un año en la mina de oro de Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold.
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Fecha de Publicación: 23/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan
El gerente general de la Minera chilena Los Pelambres, Robert Mayne-Nicholls, aseguró que la empresa, acusada de vertir residuos tóxicos en territorio argentino, construyó el depósito de rocas con todas las autorizaciones exigidas en Chile.
Mayne-Nichols declaró en San Juan como parte de la causa que lleva la Justicia argentina respecto al vertedero de estériles "Cerro Amarillo", informó el lunes la minera en un comunicado.
Según recogieron en la nota, el gerente general eximió de responsabilidades a Los Pelambres, ya que la minera "depositó las rocas en el botadero Cerro Amarillo porque contaba con todas las autorizaciones requeridas por la legislación chilena".
Defendió también que la frontera entre Chile y Argentina no estaba delimitada de forma precisa, lo que no es "responsabilidad" de su empresa, y "dejaba parte de 'Cerro Amarillo' en territorio argentino".
Asimismo, recordó la oferta de su empresa para "para contribuir a una solución técnica, minera y ambiental", informó la agencia Efe.
"Esos son los ámbitos donde nosotros tenemos experiencia, conocimiento, capacidad de acción, y es donde creemos que podemos colaborar a superar un conflicto que nosotros no causamos" alegó Robert Mayne-Nicholls.
El caso
Este caso saltó a la primera plana de los medios después de que un programa de televisión argentino hiciera público que la empresa minera chilena Los Pelambres, del grupo Luksic, depositó residuos en suelo argentino en la provincia argentina de San Juan sin consentimiento.
De acuerdo con la investigación periodística, la compañía chilena usó el lado sanjuanino de la cordillera de los Andes como "basurero" de escombros tóxicos, con una extensión tan grande como 70 campos de fútbol.
Un mes antes, esa misma provincia también se había visto afectada por otro incidente minero, el segundo derrame de cianuro ocurrido en un plazo de un año en la mina de oro de Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold.
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Así es como el gobierno quiere burlar la Ley de Glaciares
Cómo es el plan del Gobierno para habilitar la minería sobre glaciares
Fecha de Publicación: 22/12/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En silencio y sin hacerlo público, el Gobierno diseña desde hace meses una estrategia para destruir el espíritu de la ley de glaciares a través de una reglamentación que desvirtúe la definición de glaciar y allane el camino para la instalación de mineras en zonas prohibidas.
Infobae tuvo acceso a dos documentos que fueron enviados de manera anónima a los querellantes de la causa en la que se investiga el incumplimiento de la ley de glaciares. Este medio pudo corroborar de manera independiente con trabajadores de las dependencias involucradas la veracidad de las cuestiones tratadas en los documentos, que muestran la estrategia diseñada por técnicos de la Secretaría de Minería, y las discusiones internas. El primero es un borrador de la reglamentación que debería firmar el presidente Mauricio Macri y el segundo es una presentación en Power Point que describe con detalles cómo hacer para demoler algunos artículos clave de la ley.
El Gobierno prometió 20 mil millones de dólares en inversiones mineras. El documento habla de más de 25 mil millones de dólares de inversiones potenciales, pero sabe (y sabía el Presidente cuando hizo el anuncio) que no menos 16.360 millones sólo llegarían si las condiciones internacionales y locales lo permiten, y si la ley de glaciares deja de existir.
De acuerdo al documento del propio Gobierno, hay cuatro proyectos que contienen en su área geoformas mapeadas en el Inventario Nacional de Glaciares. Son Altar, Pascua Lama, Los Azules y Pachón, todos en San Juan
Las inversiones que el gobierno estima en esos proyectos son de 10 mil millones de dólares, pero el deseo está lejos de la realidad, ya que además de la violación de la ley, Pascua Lama fue frenado por la Justicia chilena por contaminar dos glaciares y Pachón está absolutamente paralizado y en medio de un conflicto binacional con Chile por la escombrera de una minera trasandina que contaminó lagos y secó vegas en Argentina, entre otras cosas.
Y hay otros tres proyectos, por 6.360 millones de dólares, con "potencial conflicto" con la ley de glaciares. El "potencial", en realidad, es porque esos lugares todavía no fueron inventariados. En otras palabras, son zonas que una vez que sean incluidas en el inventario de glaciares deberán ser protegidas. Son los proyectos Agua Rica, en Catamarca, donde esperan dar continuidad a Bajo La Alumbrera, el primer proyecto minero a gran escala del país; y los proyecto Del Carmen y Constelación, en San Juan. El primero de esos proyectos es de Barrick Gold, mientras que el segundo afectará directamente al glaciar El Potro, uno de los más grandes de Sudamérica.
El acuerdo para reglamentar la ley de glaciares se alcanzó el 21 de julio, lo cual quiere decir que se venía negociando desde hace rato. Sin embargo, recién a fines de agosto llegaron a un convenio definitivo y a mediados de septiembre se empezaron a reunir los equipos técnicos por separado. En octubre cada dependencia presentó su borrador y se realizó un taller y dos reuniones en cada ministerio.
Si hay algo que queda claro en ambos documentos es el afán de la Secretaría de Minería de "ir por todo", lejos de la posición mucho más medida –pero a favor de la reglamentación– del Ministerio de Ambiente. Es lógico: el secretario de Minería es Daniel Meilán, un emblema del esquema minero libre de impuestos promovido durante el menemismo y un crítico de las leyes a favor del medio ambiente que, dice, carecen de sustento. Por caso, tampoco estaría de acuerdo con reglamentar las herramientas vinculadas al desarrollo sustentable, como pretende el Ministerio de Ambiente.
El documento filtrado plantea una estrategia que luego se ve plasmada en el borrador de reglamentación. Aunque hay algunas cuestiones muy técnicas, hay recomendaciones muy concretas. La primera idea es excluir a los llamados glaciares de escombro del ambiente periglacial, que está protegido por la ley y que el Ianigla incluyó en las cuencas del inventario que ya fueron publicadas.
En el documento se explica expresamente cómo hacer "para exceptuarlos del área a proteger". Para ello, la Secretaría de Energía propuso incluir un requisito extra para que sean resguardados por la ley: contar con un "Estudio de Significancia Hídrica", que parecería que en el Ministerio de Ambiente, al menos en un principio, no están de acuerdo con exigir. Lo mismo se propuso para los glaciaretes, que son parte del ambiente glaciar protegido por ley.
En este punto hay que hacer una explicación. En los documentos parecería sobrevolar la idea de que habría que demostrar que los glaciares y el ambiente periglacial son "recurso hídrico estratégico" para que sean protegidos, algo que la ley no exige. Muy lejos de esa interpretación maniquea, la ley define a todos los glaciares y la ambiente periglaciales como recursos estratégicos e incluso aclara que no es la única finalidad de protección: también hay que resguardarlos "para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico". En resumen, por más que se demuestre que un glaciar no tiene "significancia hídrica", aún así está protegido por ley. Daniel Meilán y se equipo, entonces, quieren reducir a uno sólo los seis objetivos de la ley propuestos por el Congreso nacional.
"Algunos glaciares de escombro tienen en la nariz un arroyito que nace de ellos. Estos caudales se pueden medir. Pero hay glaciares de escombro que no tienen estos arroyos, porque el agua de ellos se va en forma subterránea, aflorando varios kilómetros abajo. Así, el proyecto dejará afuera a estos glaciares de escombro que cumplen su importante función hidrológica", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí, que encabeza la querella junto al letrado Enrique Viale.
Otra aclaración para nada menor: una reglamentación no puede desvirtuar una ley. No sólo porque no es legal, sino que tampoco es democrático ni republicano. Si el Gobierno decida avanzar, es probable que al otro día se presenten recursos de amparo reclamando su inconstitucionalidad, pero la Justicia –creen en la querella– no es garantía de nada.
Esta interpretación sesgada de la ley se ve mucho más clara cuando se analiza el borrador de la reglamentación. Por ejemplo, el Gobierno pretende proteger, solamente, a los glaciares que tengan más de una hectárea, pese a que la ley aclara expresamente que quedan resguardados todos los glaciares "cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación". De esta forma, por ejemplo, quedaría afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama. Ese glaciar ya fue contaminado por Barrick Gold.
No obstante, lo más curioso es que el Ianigla ya había decidido utilizar ese criterio, lo cual demuestra que la decisión de las autoridades a cargo del inventario no fue basada en ningún aspecto legal. Pero además, como aclaró el abogado Seguí, "cualquier geoforma que tiene dimensión inferior a una hectárea también cumple un función hídrica, y de hecho en ambientes áridos, como la cordillera andina central, es normal que esos cuerpos sean pequeños, lo que se compensa con la gran cantidad que hay".
Hay otro tema que genera incertidumbre: hay cuestiones sobre las que el Ianigla ya avanzó y ahora deberían ser revisadas. Es decir que habría que volver para atrás en la mínima aplicación que ya se hizo de la ley.
Algo que llama poderosamente la atención es la cantidad de recursos que el Estado destinó a destruir la ley de glaciares. Son los abogados y equipos técnicos del Poder Ejecutivo los que realizaron el trabajo de las mineras. Pero aquí hay otra discusión de fondo: el esquema de desarrollo que promueve el gobierno. Si bien la minería se suele calificar como un motor de progreso, las zonas mineras, en todo el mundo, son las que peores indicadores tienen en sus países. Y Argentina, naturalmente, no es la excepción: el mayor desempleo de San Juan está en los cinco departamentos con proyectos mineros, superando el 50% en el que Barrick Gold instaló Veladero. Es más: las provincias con minería a cielo abierto, como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, son de las que peores indicadores socioeconómicos tienen del país. A esta altura de la historia, cualquiera debería saberlo.
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Fecha de Publicación: 22/12/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En silencio y sin hacerlo público, el Gobierno diseña desde hace meses una estrategia para destruir el espíritu de la ley de glaciares a través de una reglamentación que desvirtúe la definición de glaciar y allane el camino para la instalación de mineras en zonas prohibidas.
Infobae tuvo acceso a dos documentos que fueron enviados de manera anónima a los querellantes de la causa en la que se investiga el incumplimiento de la ley de glaciares. Este medio pudo corroborar de manera independiente con trabajadores de las dependencias involucradas la veracidad de las cuestiones tratadas en los documentos, que muestran la estrategia diseñada por técnicos de la Secretaría de Minería, y las discusiones internas. El primero es un borrador de la reglamentación que debería firmar el presidente Mauricio Macri y el segundo es una presentación en Power Point que describe con detalles cómo hacer para demoler algunos artículos clave de la ley.
El Gobierno prometió 20 mil millones de dólares en inversiones mineras. El documento habla de más de 25 mil millones de dólares de inversiones potenciales, pero sabe (y sabía el Presidente cuando hizo el anuncio) que no menos 16.360 millones sólo llegarían si las condiciones internacionales y locales lo permiten, y si la ley de glaciares deja de existir.
De acuerdo al documento del propio Gobierno, hay cuatro proyectos que contienen en su área geoformas mapeadas en el Inventario Nacional de Glaciares. Son Altar, Pascua Lama, Los Azules y Pachón, todos en San Juan
Las inversiones que el gobierno estima en esos proyectos son de 10 mil millones de dólares, pero el deseo está lejos de la realidad, ya que además de la violación de la ley, Pascua Lama fue frenado por la Justicia chilena por contaminar dos glaciares y Pachón está absolutamente paralizado y en medio de un conflicto binacional con Chile por la escombrera de una minera trasandina que contaminó lagos y secó vegas en Argentina, entre otras cosas.
Y hay otros tres proyectos, por 6.360 millones de dólares, con "potencial conflicto" con la ley de glaciares. El "potencial", en realidad, es porque esos lugares todavía no fueron inventariados. En otras palabras, son zonas que una vez que sean incluidas en el inventario de glaciares deberán ser protegidas. Son los proyectos Agua Rica, en Catamarca, donde esperan dar continuidad a Bajo La Alumbrera, el primer proyecto minero a gran escala del país; y los proyecto Del Carmen y Constelación, en San Juan. El primero de esos proyectos es de Barrick Gold, mientras que el segundo afectará directamente al glaciar El Potro, uno de los más grandes de Sudamérica.
El acuerdo para reglamentar la ley de glaciares se alcanzó el 21 de julio, lo cual quiere decir que se venía negociando desde hace rato. Sin embargo, recién a fines de agosto llegaron a un convenio definitivo y a mediados de septiembre se empezaron a reunir los equipos técnicos por separado. En octubre cada dependencia presentó su borrador y se realizó un taller y dos reuniones en cada ministerio.
Si hay algo que queda claro en ambos documentos es el afán de la Secretaría de Minería de "ir por todo", lejos de la posición mucho más medida –pero a favor de la reglamentación– del Ministerio de Ambiente. Es lógico: el secretario de Minería es Daniel Meilán, un emblema del esquema minero libre de impuestos promovido durante el menemismo y un crítico de las leyes a favor del medio ambiente que, dice, carecen de sustento. Por caso, tampoco estaría de acuerdo con reglamentar las herramientas vinculadas al desarrollo sustentable, como pretende el Ministerio de Ambiente.
El documento filtrado plantea una estrategia que luego se ve plasmada en el borrador de reglamentación. Aunque hay algunas cuestiones muy técnicas, hay recomendaciones muy concretas. La primera idea es excluir a los llamados glaciares de escombro del ambiente periglacial, que está protegido por la ley y que el Ianigla incluyó en las cuencas del inventario que ya fueron publicadas.
En el documento se explica expresamente cómo hacer "para exceptuarlos del área a proteger". Para ello, la Secretaría de Energía propuso incluir un requisito extra para que sean resguardados por la ley: contar con un "Estudio de Significancia Hídrica", que parecería que en el Ministerio de Ambiente, al menos en un principio, no están de acuerdo con exigir. Lo mismo se propuso para los glaciaretes, que son parte del ambiente glaciar protegido por ley.
En este punto hay que hacer una explicación. En los documentos parecería sobrevolar la idea de que habría que demostrar que los glaciares y el ambiente periglacial son "recurso hídrico estratégico" para que sean protegidos, algo que la ley no exige. Muy lejos de esa interpretación maniquea, la ley define a todos los glaciares y la ambiente periglaciales como recursos estratégicos e incluso aclara que no es la única finalidad de protección: también hay que resguardarlos "para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico". En resumen, por más que se demuestre que un glaciar no tiene "significancia hídrica", aún así está protegido por ley. Daniel Meilán y se equipo, entonces, quieren reducir a uno sólo los seis objetivos de la ley propuestos por el Congreso nacional.
"Algunos glaciares de escombro tienen en la nariz un arroyito que nace de ellos. Estos caudales se pueden medir. Pero hay glaciares de escombro que no tienen estos arroyos, porque el agua de ellos se va en forma subterránea, aflorando varios kilómetros abajo. Así, el proyecto dejará afuera a estos glaciares de escombro que cumplen su importante función hidrológica", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí, que encabeza la querella junto al letrado Enrique Viale.
Otra aclaración para nada menor: una reglamentación no puede desvirtuar una ley. No sólo porque no es legal, sino que tampoco es democrático ni republicano. Si el Gobierno decida avanzar, es probable que al otro día se presenten recursos de amparo reclamando su inconstitucionalidad, pero la Justicia –creen en la querella– no es garantía de nada.
Esta interpretación sesgada de la ley se ve mucho más clara cuando se analiza el borrador de la reglamentación. Por ejemplo, el Gobierno pretende proteger, solamente, a los glaciares que tengan más de una hectárea, pese a que la ley aclara expresamente que quedan resguardados todos los glaciares "cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación". De esta forma, por ejemplo, quedaría afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama. Ese glaciar ya fue contaminado por Barrick Gold.
No obstante, lo más curioso es que el Ianigla ya había decidido utilizar ese criterio, lo cual demuestra que la decisión de las autoridades a cargo del inventario no fue basada en ningún aspecto legal. Pero además, como aclaró el abogado Seguí, "cualquier geoforma que tiene dimensión inferior a una hectárea también cumple un función hídrica, y de hecho en ambientes áridos, como la cordillera andina central, es normal que esos cuerpos sean pequeños, lo que se compensa con la gran cantidad que hay".
Hay otro tema que genera incertidumbre: hay cuestiones sobre las que el Ianigla ya avanzó y ahora deberían ser revisadas. Es decir que habría que volver para atrás en la mínima aplicación que ya se hizo de la ley.
Algo que llama poderosamente la atención es la cantidad de recursos que el Estado destinó a destruir la ley de glaciares. Son los abogados y equipos técnicos del Poder Ejecutivo los que realizaron el trabajo de las mineras. Pero aquí hay otra discusión de fondo: el esquema de desarrollo que promueve el gobierno. Si bien la minería se suele calificar como un motor de progreso, las zonas mineras, en todo el mundo, son las que peores indicadores tienen en sus países. Y Argentina, naturalmente, no es la excepción: el mayor desempleo de San Juan está en los cinco departamentos con proyectos mineros, superando el 50% en el que Barrick Gold instaló Veladero. Es más: las provincias con minería a cielo abierto, como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, son de las que peores indicadores socioeconómicos tienen del país. A esta altura de la historia, cualquiera debería saberlo.
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Represas de Santa Cruz frenandas
La Corte frena provisoriamente las obras de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic"
Fecha de Publicación: 22/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz
La Corte Suprema de Justicia suspendió hoy provisoriamente la construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic" en la provincia de Santa Cruz, hasta tanto se realice una evaluación del "impacto ambiental" que tendrán en la zona.
La medida cautelar del máximo tribunal no incluyó las tareas preliminares del proyecto, tales como las obras de sondeo geotécnicos exploratorios, actividades de estudio de base para el proyecto, caminos de acceso, construcción de villas temporarias y ejecución y funcionamiento de obradores.
La Corte, por unanimidad, hizo lugar a una solicitud de medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas, que pedían el freno de ambas represas iniciadas por el Gobierno anterior, de Cristina Fernández, con financiación de China, y readecuada de su proyecto originario por el de Mauricio Macri.
Las obras están suspendidas "hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia o hasta el momento en que dicte la sentencia definitiva, lo que suceda en primer término", precisó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Además, el tribunal fijó competencia para que en lo sucesivo, el expediente trámite ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, pues el demandado es el Estado Nacional.
Para la Corte, "no se habría cumplido con el procedimiento de impacto ambiental y audiencia previstos en la ley 23.879, sin que se haya ofrecido, al menos en esta etapa inicial del proceso, razones que expliquen dicha conducta".
Las marchas y contramarchas en torno al proyecto había generado una serie de consultas entre Pekín y la Casa Rosada, hasta que se decidió avanzar con la construcción, aunque readecuada por decisión del actual Gobierno.
En septiembre pasado, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió las revisiones en el proyecto de las centrales hidroeléctricas, al advertir que si se continuaba con el plan impulsado por el kirchnerismo "se habrían afectado la oscilación normal del Lago Argentino y los glaciares relacionados".
De esta manera, Aranguren salió al cruce del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, quien, previamente, cuestionó la reducción de 450 MW de esas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. "El conjunto NK-JC tendrá un esquema de funcionamiento muy similar a El Chocón-Arroyito, sobre el río Limay, cuyo caudal es coincidente con el del río Santa Cruz", explicó Aranguren el 27 de septiembre último.
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Fecha de Publicación: 22/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz
La Corte Suprema de Justicia suspendió hoy provisoriamente la construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic" en la provincia de Santa Cruz, hasta tanto se realice una evaluación del "impacto ambiental" que tendrán en la zona.
La medida cautelar del máximo tribunal no incluyó las tareas preliminares del proyecto, tales como las obras de sondeo geotécnicos exploratorios, actividades de estudio de base para el proyecto, caminos de acceso, construcción de villas temporarias y ejecución y funcionamiento de obradores.
La Corte, por unanimidad, hizo lugar a una solicitud de medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas, que pedían el freno de ambas represas iniciadas por el Gobierno anterior, de Cristina Fernández, con financiación de China, y readecuada de su proyecto originario por el de Mauricio Macri.
Las obras están suspendidas "hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia o hasta el momento en que dicte la sentencia definitiva, lo que suceda en primer término", precisó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Además, el tribunal fijó competencia para que en lo sucesivo, el expediente trámite ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, pues el demandado es el Estado Nacional.
Para la Corte, "no se habría cumplido con el procedimiento de impacto ambiental y audiencia previstos en la ley 23.879, sin que se haya ofrecido, al menos en esta etapa inicial del proceso, razones que expliquen dicha conducta".
Las marchas y contramarchas en torno al proyecto había generado una serie de consultas entre Pekín y la Casa Rosada, hasta que se decidió avanzar con la construcción, aunque readecuada por decisión del actual Gobierno.
En septiembre pasado, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió las revisiones en el proyecto de las centrales hidroeléctricas, al advertir que si se continuaba con el plan impulsado por el kirchnerismo "se habrían afectado la oscilación normal del Lago Argentino y los glaciares relacionados".
De esta manera, Aranguren salió al cruce del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, quien, previamente, cuestionó la reducción de 450 MW de esas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. "El conjunto NK-JC tendrá un esquema de funcionamiento muy similar a El Chocón-Arroyito, sobre el río Limay, cuyo caudal es coincidente con el del río Santa Cruz", explicó Aranguren el 27 de septiembre último.
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El problema de arsénico: 1 de cada 10 está expuesto
Uno de cada 10 argentinos vive en una zona con agua contaminada con arsénico
Fecha de Publicación: 22/12/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Argentina está entre los 12 países con mayor concentración de arsénico en el agua, según un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria.
Uno de cada 10 argentinos vive en una zona donde el agua está contaminada con arsénico. Y la Argentina es uno de los 12 países del mundo con más concentración de arsénico en el agua, según un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
El consumo de agua contaminada con arsénico en forma sostenida en el tiempo puede provocar a largo plazo enfermedades graves como cáncer, anemia o afecciones en la piel.
Según publica hoy el diario La Nación, las regiones del país más afectadas son las provincias del noroeste, cuyo, la llanura chacopampeana, con los valores más altos de arsénico en el agua subterránea. Buenos Aires, en tanto, presentó 9 de cada 10 muestras de agua de la red pública o de pozo con valores por encima de los recomendados.
En América Latina las zonas más críticas "están en la Argentina, Chile y México. Se estima que la población que vive en áreas con agua contaminada con arsénico en la Argentina alcanza a los cuatro millones de personas", publica en la revista Science of the Total Environment el equipo del instituto designado Centro Cochrane Argentina.
El estudio del IECS concluye que el 10% de los argentinos viviría expuesto al agua contaminada con arsénico. Y 2,6% de la población ya tiene arsenicosis, esto es, enfermedad provocada por el consumo prolongado de agua con arsénico. Los afectados viven principalmente en el norte de La Pampa, el este de Tucumán, 31 localidades de la provincia de Buenos Aires, y el sur sudeste de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Salta.
Una de las coautoras del estudio, Marta Litter, que integra la Unidad de Actividad Química del Centro Atómico Constituyentes, advierte que la cuestión del arsénico en el agua “es un tema difícil y que se prefiere mantener en secreto. No hay voluntad, y nunca la hubo para solucionarlo”, afirma tajante. “Como en cualquier enfermedad, sin dudas tiene un impacto en el sistema sanitario. Pero es totalmente evitable, en eso soy categórica”, añade. Litter asegura que lo que falta es “voluntad política” para resolver esta problemática. “Sólo es necesario que nos convoquen, lo principal es que las autoridades suministren agua segura o que instalen algún sistema económico que antes hay que probar en cada localidad”.
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Fecha de Publicación: 22/12/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Argentina está entre los 12 países con mayor concentración de arsénico en el agua, según un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria.
Uno de cada 10 argentinos vive en una zona donde el agua está contaminada con arsénico. Y la Argentina es uno de los 12 países del mundo con más concentración de arsénico en el agua, según un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
El consumo de agua contaminada con arsénico en forma sostenida en el tiempo puede provocar a largo plazo enfermedades graves como cáncer, anemia o afecciones en la piel.
Según publica hoy el diario La Nación, las regiones del país más afectadas son las provincias del noroeste, cuyo, la llanura chacopampeana, con los valores más altos de arsénico en el agua subterránea. Buenos Aires, en tanto, presentó 9 de cada 10 muestras de agua de la red pública o de pozo con valores por encima de los recomendados.
En América Latina las zonas más críticas "están en la Argentina, Chile y México. Se estima que la población que vive en áreas con agua contaminada con arsénico en la Argentina alcanza a los cuatro millones de personas", publica en la revista Science of the Total Environment el equipo del instituto designado Centro Cochrane Argentina.
El estudio del IECS concluye que el 10% de los argentinos viviría expuesto al agua contaminada con arsénico. Y 2,6% de la población ya tiene arsenicosis, esto es, enfermedad provocada por el consumo prolongado de agua con arsénico. Los afectados viven principalmente en el norte de La Pampa, el este de Tucumán, 31 localidades de la provincia de Buenos Aires, y el sur sudeste de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Salta.
Una de las coautoras del estudio, Marta Litter, que integra la Unidad de Actividad Química del Centro Atómico Constituyentes, advierte que la cuestión del arsénico en el agua “es un tema difícil y que se prefiere mantener en secreto. No hay voluntad, y nunca la hubo para solucionarlo”, afirma tajante. “Como en cualquier enfermedad, sin dudas tiene un impacto en el sistema sanitario. Pero es totalmente evitable, en eso soy categórica”, añade. Litter asegura que lo que falta es “voluntad política” para resolver esta problemática. “Sólo es necesario que nos convoquen, lo principal es que las autoridades suministren agua segura o que instalen algún sistema económico que antes hay que probar en cada localidad”.
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Bosques de Córdoba y una audiencia que no es audiencia
Críticas de la oposición al traslado de la audiencia pública a Villa de María de Río Seco
Fecha de Publicación: 21/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Según Buttarelli, la ley se aprobará en la sesión de miércoles 28 diciembre. “Esta ley no es un cuco. Somos respetuosos de todas las opiniones”, dijo.
La audiencia pública por la ley de bosques se realizará lejos de la Unicameral.
El oficialismo decidió convocarla este jueves a las 12 en Villa de María de Río Seco, 175 kilómetros al norte provincial de la capital provincial.
Para justificar esa decisión, Germán Buttarelli, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral, argumentó: “La Unicameral recibió una carta del Centro Comercial que nos pidió que la peatonal se mantenga libre de manifestantes, porque una protesta les causaría perjuicios en relación a las ventas navideñas. Por eso decidimos descomprimir la situación. Además, la trasladamos al corazón del bosque nativo. Tanto que se habla del norte provincial. Igual, quienes no pueden ir, la comisión está abierta a recibir todas las inquietudes. Queremos que esta ley salga por amplio consenso”, señaló Buttarelli.
La convocatoria oficial de la audiencia será hoy, un día antes de que se realice el acto público. Luego de que se hiciera pública la decisión de trasladar a Villa María de Río Seco la audiencia, el municipio ofreció su polideportivo.
Según Buttarelli, la ley se aprobará en la sesión de miércoles 28 diciembre. “Esta ley no es un cuco. Somos respetuosos de todas las opiniones”, dijo.
Por su parte, Eduardo Salas, legislador del Frente de Izquierda, declaró: “Luego de que más de 300 activistas, el martes de la semana pasada, se movilizaran a la Legislatura para rechazar el ante proyecto de ley de bosques, el Gobierno provincial armó una pantomima de debates abiertos para descomprimir el descontento sobre una ley, cocinada por la Sociedad Rural y Cartez, que definitivamente avanza sobre el bosque nativo”.
En tanto, desde la bancada radical consideraron que “tal como está planteado el proyecto no se puede aprobar”. Y criticó la forma de hacer política del Gobierno provincial.
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Fecha de Publicación: 21/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Según Buttarelli, la ley se aprobará en la sesión de miércoles 28 diciembre. “Esta ley no es un cuco. Somos respetuosos de todas las opiniones”, dijo.
La audiencia pública por la ley de bosques se realizará lejos de la Unicameral.
El oficialismo decidió convocarla este jueves a las 12 en Villa de María de Río Seco, 175 kilómetros al norte provincial de la capital provincial.
Para justificar esa decisión, Germán Buttarelli, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral, argumentó: “La Unicameral recibió una carta del Centro Comercial que nos pidió que la peatonal se mantenga libre de manifestantes, porque una protesta les causaría perjuicios en relación a las ventas navideñas. Por eso decidimos descomprimir la situación. Además, la trasladamos al corazón del bosque nativo. Tanto que se habla del norte provincial. Igual, quienes no pueden ir, la comisión está abierta a recibir todas las inquietudes. Queremos que esta ley salga por amplio consenso”, señaló Buttarelli.
La convocatoria oficial de la audiencia será hoy, un día antes de que se realice el acto público. Luego de que se hiciera pública la decisión de trasladar a Villa María de Río Seco la audiencia, el municipio ofreció su polideportivo.
Según Buttarelli, la ley se aprobará en la sesión de miércoles 28 diciembre. “Esta ley no es un cuco. Somos respetuosos de todas las opiniones”, dijo.
Por su parte, Eduardo Salas, legislador del Frente de Izquierda, declaró: “Luego de que más de 300 activistas, el martes de la semana pasada, se movilizaran a la Legislatura para rechazar el ante proyecto de ley de bosques, el Gobierno provincial armó una pantomima de debates abiertos para descomprimir el descontento sobre una ley, cocinada por la Sociedad Rural y Cartez, que definitivamente avanza sobre el bosque nativo”.
En tanto, desde la bancada radical consideraron que “tal como está planteado el proyecto no se puede aprobar”. Y criticó la forma de hacer política del Gobierno provincial.
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