Misiones busca herramientas para preservar
08:15 | 
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Buscan compensación económica por preservar montes nativos
Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Comité de Cuencas del arroyo Ramón se reunió con técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para analizar alternativas que sirvan de incentivo para los colonos que mantengan la cobertura verde.
Se trata de una necesidad que surgió a partir de que apenas el 10 por ciento de la cuenca del arroyo Ramón tiene cobertura de montes, una situación preocupante, ya que se trata del recurso que abastece de agua potable a cuatro localidades de la zona Centro.
José Alberto Gobbi, director del Centro Regional del Inta, dio detalles del programa de pago de servicios ambientales con fondos internacionales, que, de concretarse en la cuenca del Ramón, podría replicarse en otras zonas.
Sobre los alcances del plan, comentó que “hay productores que tienen distintos usos de la tierra y hay distintos productos que generan servicios ecosistémicos, que benefician al hombre, capturan nutrientes y generan un hábitat para la diversidad, pero no son rentables a largo plazo y entonces dejan de aplicarlo. La idea es apuntalar a esos productores y compensarlos para que sigan haciendo lo correcto”, remarcó.
Gobbi indicó que en la zona Centro existen determinados usos de la tierra y prácticas agrícolas y forestales que favorecen la calidad del agua y la regulación del flujo hídrico.
Si un productor tiene cobertura forestal adecuada, mantiene el bosque nativo o utiliza prácticas que son amigables con el medio ambiente, están generando beneficios al ecosistema.
“Por lo tanto, este programa pretende compensarlos económicamente, capacitación mediante”, precisó el funcionario.
En alerta
Además, alertó que “la toma de agua de la ciudad de Oberá comenzó a tener problemas y esto no se daba desde hace 20 años. Hay cambios en el uso de la tierra que hacen que se pierda el servicio de regulación del flujo de agua, por lo tanto se compensará a los productores aledaños de la alta cuenca para que sigan generando beneficios para toda la comunidad y para sí mismos”.
Ante este panorama, la Fundación Misiones Sustentable y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) trabajan en conjunto para tratar de revertir la crítica situación actual.
Ambas entidades encabezan el proyecto “Montes del Ramón”, dividido en tres etapas: diseño de un Sistema de Información Geográfica (SIG), difusión y creación de un foro.
La primera etapa avanzó alrededor del 80 por ciento; la tarea de promoción también tiene un importante alcance, mientras que la tercera fue la creación del Comité de Cuenca.
“La alta cuenca del arroyo Ramón está prácticamente deforestada. En la parte de la cuenca que corresponde al municipio de Oberá, hay sólo un 10 por ciento de cobertura de montes”, alertó el ingeniero Ricardo Hartel, presidente de la Fundación Misiones Sustentable.
Por ello, instó a elevar dicha superficie a un 50 por ciento de cobertura, con lo que “por lo menos aseguraremos las tasas de infiltración necesarias para mantener el cauce del arroyo con cantidad y calidad de agua”.
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Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Comité de Cuencas del arroyo Ramón se reunió con técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para analizar alternativas que sirvan de incentivo para los colonos que mantengan la cobertura verde.
Se trata de una necesidad que surgió a partir de que apenas el 10 por ciento de la cuenca del arroyo Ramón tiene cobertura de montes, una situación preocupante, ya que se trata del recurso que abastece de agua potable a cuatro localidades de la zona Centro.
José Alberto Gobbi, director del Centro Regional del Inta, dio detalles del programa de pago de servicios ambientales con fondos internacionales, que, de concretarse en la cuenca del Ramón, podría replicarse en otras zonas.
Sobre los alcances del plan, comentó que “hay productores que tienen distintos usos de la tierra y hay distintos productos que generan servicios ecosistémicos, que benefician al hombre, capturan nutrientes y generan un hábitat para la diversidad, pero no son rentables a largo plazo y entonces dejan de aplicarlo. La idea es apuntalar a esos productores y compensarlos para que sigan haciendo lo correcto”, remarcó.
Gobbi indicó que en la zona Centro existen determinados usos de la tierra y prácticas agrícolas y forestales que favorecen la calidad del agua y la regulación del flujo hídrico.
Si un productor tiene cobertura forestal adecuada, mantiene el bosque nativo o utiliza prácticas que son amigables con el medio ambiente, están generando beneficios al ecosistema.
“Por lo tanto, este programa pretende compensarlos económicamente, capacitación mediante”, precisó el funcionario.
En alerta
Además, alertó que “la toma de agua de la ciudad de Oberá comenzó a tener problemas y esto no se daba desde hace 20 años. Hay cambios en el uso de la tierra que hacen que se pierda el servicio de regulación del flujo de agua, por lo tanto se compensará a los productores aledaños de la alta cuenca para que sigan generando beneficios para toda la comunidad y para sí mismos”.
Ante este panorama, la Fundación Misiones Sustentable y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) trabajan en conjunto para tratar de revertir la crítica situación actual.
Ambas entidades encabezan el proyecto “Montes del Ramón”, dividido en tres etapas: diseño de un Sistema de Información Geográfica (SIG), difusión y creación de un foro.
La primera etapa avanzó alrededor del 80 por ciento; la tarea de promoción también tiene un importante alcance, mientras que la tercera fue la creación del Comité de Cuenca.
“La alta cuenca del arroyo Ramón está prácticamente deforestada. En la parte de la cuenca que corresponde al municipio de Oberá, hay sólo un 10 por ciento de cobertura de montes”, alertó el ingeniero Ricardo Hartel, presidente de la Fundación Misiones Sustentable.
Por ello, instó a elevar dicha superficie a un 50 por ciento de cobertura, con lo que “por lo menos aseguraremos las tasas de infiltración necesarias para mantener el cauce del arroyo con cantidad y calidad de agua”.
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IANIGLA informa que se relevaron 4000 glaciares
Ya se identificaron a más de 4000 glaciares en el primer relevamiento
Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Nacional
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales ya le entregó el primer informe a la Secretaría de Medio Ambiente. Los cuerpos de hielo identificados equivalen a 17 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.
Apartir de lo que solicita la Ley de Glaciares, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET presentó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) los primeros informes correspondientes al inventario. Se trata del primer informe del Inventario Nacional de Glaciares, y hasta el momento se relevaron cuerpos de hielo en algunas de las once provincias. Allí se identificaron más de 4000 glaciares que cubren un área superior a los 3700 kilómetros cuadrados, más de 17 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se presentaron a la Secretaría que conduce Juan José Mussi los datos finales de seis subcuencas hidrográficas, donde todavía se están haciendo relevamientos más detallados.
Así lo informaron desde la secretaría, desde donde precisaron el contenido de este documento, titulado “Fundamentos y Cronograma de Ejecución del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial”.
El objetivo de este relevamiento, según consta en el escrito, es “identificar, caracterización y monitoreo de todos los glaciares y crioformas que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina, establecer los factores ambientales que regulan su comportamiento, y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina. Este objetivo general se enmarca en el Objeto de la Ley de Presupuestos Mínimos definido en su Artículo 1”, en referencia a la Ley Nº 26.639.
Algunos de los más de 4000 cuerpos de hielo a los que hace referencia el informe se registraron en distintas subcuencas de las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Ricardo Villalba, investigador principal del CONICET y director del IANIGLA, explicó: “Este inventario es un gran paso para las ciencias de la criósfera –ambientes fríos- en Argentina. Es la primera vez que se cuenta con una información tan detallada para muchas zonas de la cordillera y esto nos va a permitir conocer mejor este recurso estratégico y elaborar una perspectiva a largo plazo para monitorear los fenómenos que ocurren en esas áreas”.
El inventario se realiza en dos etapas: la delimitación en el laboratorio de las áreas cubiertas por los glaciares; y el control de campo. Para la primera, los investigadores usan imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y organismos internacionales. En la segunda, se seleccionan algunas zonas para corroborar los resultados obtenidos en laboratorio y hacer un control. Los primeros resultados mostraron que el porcentaje de error de la primera etapa fue menor al 3 por ciento.
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Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Nacional
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales ya le entregó el primer informe a la Secretaría de Medio Ambiente. Los cuerpos de hielo identificados equivalen a 17 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.Apartir de lo que solicita la Ley de Glaciares, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET presentó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) los primeros informes correspondientes al inventario. Se trata del primer informe del Inventario Nacional de Glaciares, y hasta el momento se relevaron cuerpos de hielo en algunas de las once provincias. Allí se identificaron más de 4000 glaciares que cubren un área superior a los 3700 kilómetros cuadrados, más de 17 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se presentaron a la Secretaría que conduce Juan José Mussi los datos finales de seis subcuencas hidrográficas, donde todavía se están haciendo relevamientos más detallados.
Así lo informaron desde la secretaría, desde donde precisaron el contenido de este documento, titulado “Fundamentos y Cronograma de Ejecución del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial”.
El objetivo de este relevamiento, según consta en el escrito, es “identificar, caracterización y monitoreo de todos los glaciares y crioformas que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina, establecer los factores ambientales que regulan su comportamiento, y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina. Este objetivo general se enmarca en el Objeto de la Ley de Presupuestos Mínimos definido en su Artículo 1”, en referencia a la Ley Nº 26.639.
Algunos de los más de 4000 cuerpos de hielo a los que hace referencia el informe se registraron en distintas subcuencas de las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Ricardo Villalba, investigador principal del CONICET y director del IANIGLA, explicó: “Este inventario es un gran paso para las ciencias de la criósfera –ambientes fríos- en Argentina. Es la primera vez que se cuenta con una información tan detallada para muchas zonas de la cordillera y esto nos va a permitir conocer mejor este recurso estratégico y elaborar una perspectiva a largo plazo para monitorear los fenómenos que ocurren en esas áreas”.
El inventario se realiza en dos etapas: la delimitación en el laboratorio de las áreas cubiertas por los glaciares; y el control de campo. Para la primera, los investigadores usan imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y organismos internacionales. En la segunda, se seleccionan algunas zonas para corroborar los resultados obtenidos en laboratorio y hacer un control. Los primeros resultados mostraron que el porcentaje de error de la primera etapa fue menor al 3 por ciento.
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Andalgalá sigue resistiendo a Agua Rica
Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Catamarca
Un sector de ese pueblo catamarqueño mantiene su objeción al megaemprendimiento. Afirman que contaminará el agua y que no genera progreso. Podría comenzar a funcionar en 2018.Con caminatas y cortes de ruta, un sector del pueblo catamarqueño de Andalgalá mantiene la resistencia a la instalación de la mina Agua Rica, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de esa localidad.
El megaemprendimiento de extracción de cobre, molibdeno y oro, que avanza a paso lento pero sostenido, podría comenzar a funcionar en 2018. Quienes se oponen afirman que contaminará la cuenca hídrica de Andalgalá y descreen del progreso económico prometido por las empresas mineras y los gobiernos provincial y nacional.
“Asumí la intendencia diciéndole ‘no’ a Agua Rica porque puede poner en serio riesgo el agua en Andalgalá”, afirmó en diálogo con La Voz del Interior el intendente Alejandro Páez, quien el mes pasado rechazó una invitación de la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, a participar de la convención internacional de minería más grande del mundo, que se realiza desde el sábado y hasta el 6 de marzo en Toronto, Canadá.
Como este, Páez tuvo otros gestos políticos en contra de la gobernadora, como el faltazo a un acto en que Corpacci puso la piedra basal de un nuevo hospital en Andalgalá, que pagará la minera Alumbrera.
Los asambleístas contra la minería reconocen el apoyo del intendente pero critican que sólo se trata de gestos y pocas acciones concretas.
Andalgalá tiene unos 20.000 habitantes y está ubicada a unos 180 kilómetros al noroeste de la capital catamarqueña. Después del 15 febrero de 2010, el pueblo quedó prácticamente dividido en dos: los promineros y antimineros. Ese día, una fuerte represión policial desalojó un bloqueo de ambientalistas en una de las rutas que conduce a Agua Rica, en el camino comunero que une Chaquiago con El Potrero. Hubo numerosos heridos y 150 personas detenidas.
En la actualidad, la Asamblea El Algarrobo mantiene ese corte, pero la minera tiene caminos alternativos para llegar al emprendimiento. Además, desde hace tres años, todos los sábados, vecinos realizan caminatas por el pueblo, en rechazo al emprendimiento.
Agua Rica, ubicada en el suroeste de las montañas de la Sierra del Aconquija, está bajo el control del Minera Alumbrera, que el año pasado comenzó con la actividad de exploración.
Esta compañía, de capitales suizos y canadienses, explota desde hace 16 años el yacimiento de cobre y oro Bajo de la Alumbrera que se encuentra a unos 40 kilómetros al noroeste de Andalgalá. Para esta explotación, la minera conforma una Unión Transitoria de Empresas con la titular del yacimiento, que es la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), integrada por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno nacional.
En el caso de Agua Rica, Minera Alumbrera no está asociada a YMAD, sino que pagará 300 millones de dólares a otra empresa canadiense, Yamana Gold, titular del yacimiento, para tener la opción exclusiva de explotación, según informó la empresa a este diario.
Minera Alumbrera mantiene un bajo perfil en relación al emprendimiento. “Deben ponerse las expectativas en su punto justo porque aún deben cumplirse muchos pasos para el desarrollo del proyecto Agua Rica”, sostuvieron. “Apuntamos a que, si se toma la decisión de realizarlo, recién entraría en producción a finales del 2018”.
Resistencia. El intendente Páez rechaza el emprendimiento porque afirma que la actividad contamina el río Minas, tributario del río El Candado, que junto con el Blanco conforman el río Andalgalá. Agua Rica se encuentra en el tramo superior del Minas.
“Todo aquello que vaya a producir la mina en cuanto a desechos tóxicos, polvo en suspensión y todo lo demás va a caer en la cuenca hídrica. Y es la única fuente de agua que tenemos”, sostuvo el jefe comunal. Y afirmó que los trabajos de exploración que ya se realizaron, sumado a las lluvias estivales, hicieron que el agua que toman los andalgalenses se pusiera turbia, casi amarronada. La empresa negó esa versión (ver Minera...).
En tanto, vecinos señalan otro riesgo: “Violan la ley de glaciares”, sostuvo Sergio Martínez, uno de los asambleístas de El Algarrobo. “Hay varios estudios, uno de ellos del Cedha (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) que inventariaron más de 150 glaciares en la zona que estarían afectados por Agua Rica”, dijo en diálogo telefónico con este diario.
Otro de los argumentos en contra de Agua Rica es que después de 16 años de la explotación de Bajo de la Alumbrera, y pese a las promesas de progreso, el pueblo sigue en la pobreza.
“Hasta hace dos años había menos de 100 personas de Andalgalá trabajando en las minas. La mayoría de los que trabajan allí son extranjeros o vienen de otras provincias. Nunca hubo en Andalgalá una escuela de formación minera”, se quejó Páez.
“Tenemos un 60 por ciento de desocupación. La única contención laboral son las escuelas o la administración pública provincial o municipal”, continuó el intendente.
Tampoco tienen gas natural y cuentan con un precario sistema eléctrico que se corta cuando hay fuertes vientos o nevadas y todo el pueblo se queda sin luz.
El intendente afirma que esta falta de inversión en infraestructura también afecta la posibilidad de que se generen otras actividades económicas en su localidad y la región.
Este diario consultó al gobierno de Catamarca sobre esta situación durante más de una semana, sin obtener respuestas.
Nueva ley de regalías. El viernes pasado, la gobernadora Corpacci reglamentó una nueva ley de regalías mineras, según informó Télam. Su gobierno sostiene que en muchos casos los municipios malgastan el dinero de las regalías mineras, por lo que afirman que con esta ley garantizarán que los fondos se destinen a obras de infraestructura y desarrollo.
Con este instrumento legal, la Provincia determinará qué tipo de obras corresponde para el desarrollo de cada municipio y qué podrán financiar los intendentes con los fondos que genera la minería.
Otras actividades. Asambleístas de El Algarrobo afirman que en Andalgalá se pueden desarrollar la agricultura y la agroindustria (vid, los nogales y el membrillo, entre otros). Descreen que la minería sea la única actividad posible y acusan al Gobierno provincial de no promover otras áreas productivas.
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SENASA duramente cuestionada por la AGN
Agrotóxicos y un informe 'lapidario': el SENASA, entre la labor deficiente y la anarquía legislativa
Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional
Una investigación de la AGN dice que el ente tiene atribuciones que no puede cumplir. Se fumigan cultivos transgénicos sobre 22 millones de hectáreas de 12 provincias. Las tareas de promoción de la salud para las 12 millones de personas afectadas no avanzan desde 2010.
Fue tal la magnitud de los hallazgos, que los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) calificaron su propia investigación sobre el uso de agroquímicos en el país como un “informe lapidario”.
Según este trabajo, se fumigan en la Argentina unas 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos y el encargado de chequear cómo se aplican los agrotóxicos es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Pero resulta que el organismo en cuestión tiene “atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”, dice la Auditoría. Esto genera que la actuación del SENASA sea “deficiente”, y no justamente por falta de normas, sino por no acatar las reglas ya existentes.
Entre las limitaciones a la labor del SENASA, se destaca lo que la AGN llama “anarquía legislativa”. Es que aquellas 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos abarcan 12 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. Esta “disparidad de jurisdicciones” que deben intervenir en el control (nación, provincias, municipalidades), generó que los técnicos hayan dejado explícita una pregunta en su investigación: “¿Cómo se hace con la aplicabilidad de normas cuando cada municipio tiene su propio sistema respecto de la prohibición o no de fumigar?”.
Siguiendo con la normativa, hay una disposición del año 1964 en la que se establece que “toda persona física o ideal que se dedica a realizar trabajos de lucha contra las plagas deberá inscribirse en el Registro”. Se trata, llevado a estos días, del Registro de Empresas Aplicadoras de Agroquímicos Terrestres y Aéreas.
Sobre este punto, la Auditoría señaló que “el registro es incompleto y parcial”, porque más allá de que la inscripción sea obligatoria, “en la práctica, opera como voluntaria”.
Añade la AGN que “no hay una base de datos integrada, completa y sistematizada” que contenga la información de todas las empresas registradas, y que el SENASA “sólo cuenta con tres listados separados y con diseños diferentes”.
Para completar el cuadro, las empresas no cumplen con todos los requisitos legales exigidos para la inscripción en el Registro, “tampoco existe una notificación de la Administración requiriendo su cumplimiento”, y ni siquiera se aplican sanciones a las firmas “incumplidoras”, explican los auditores.
Aquí, la “ausencia de coordinación” entre las jurisdicciones vuelve a aparecer como una limitación del SENASA. Es que en el informe se observa que no hay un control cruzado entre el registro nacional de empresas que aplican agrotóxicos, y los listados elaborados en las provincias.
Prevención de la salud
Por otra parte, la Auditoría también cuenta que en 2009 se creó por decreto un organismo llamado Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), para que funcionara bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El área tenía el objetivo de investigar, prevenir y brindar asistencia y tratamiento a las personas expuestas al uso de sustancias agroquímicas, con el propósito de promover la salud pública.
Pero según la AGN, “no se tiene evidencia de avances en las tareas de esta Comisión posteriores al año 2010”.
Paralelamente, una Dirección del SENASA, la de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, participó junto a la CNIA en la coordinación de tres grupos de trabajo.
El primero, llamado “GT 1”, dedicado a la investigación y desarrollo del conocimiento, realizó un informe sobre el glifosato en julio de 2009, pero desde entonces no hay constancias de otras tareas o reuniones.
El “GT 2”, por su parte, había elaborado un “programa federal para el fortalecimiento de los sistemas locales de control de plaguicidas”. A pesar de su título ambicioso, el plan nunca fue puesto en marcha.
Y el tercer grupo, el “GT 6”, sí había comenzado a aplicar un plan de “capacitación en el uso responsable de agroquímicos -CURA-”, pero el último registro que se tiene sobre el avance de la tarea data de octubre de 2010.
“La continuidad del trabajo de la CNIA permitiría al Estado contar con datos y análisis específicos de las realidades locales para actuar preventivamente”, concluye la Auditoría, y añade que, si así fuera, la Nación podría tener “su propia producción científica y no depender de la información presentada por partes interesadas”.
Esta investigación de la AGN, aprobada sobre el cierre del año pasado, surgió como consecuencia del mecanismo de “planificación participativa”. Fue cuando el ente de control convocó durante 2011 a organizaciones civiles para escuchar sus propuestas sobre las temáticas que podían ser investigadas.
La magnitud del tema es explicada en el mismo informe: “La contaminación por agroquímicos termina siendo una intoxicación silenciosa porque la exposición repetida y a largo plazo –es decir toxicidad crónica- produce daños y/o muerte; de esta manera, se naturaliza una enfermedad de la que todos hablan”.
La Auditoría completa diciendo que la población expuesta a las fumigaciones con agroquímicos asciende a 12 millones de personas, “sin contar las poblaciones de las grandes ciudades de cada provincia” afectada.
El carácter “lapidario” del informe también se explica en el hecho de que el SENASA “no pudo refutar las observaciones” de la AGN.
* Nota Publicada en su Web el día 27/02/2013.
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Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional
Una investigación de la AGN dice que el ente tiene atribuciones que no puede cumplir. Se fumigan cultivos transgénicos sobre 22 millones de hectáreas de 12 provincias. Las tareas de promoción de la salud para las 12 millones de personas afectadas no avanzan desde 2010.Fue tal la magnitud de los hallazgos, que los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) calificaron su propia investigación sobre el uso de agroquímicos en el país como un “informe lapidario”.
Según este trabajo, se fumigan en la Argentina unas 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos y el encargado de chequear cómo se aplican los agrotóxicos es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Pero resulta que el organismo en cuestión tiene “atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”, dice la Auditoría. Esto genera que la actuación del SENASA sea “deficiente”, y no justamente por falta de normas, sino por no acatar las reglas ya existentes.
Entre las limitaciones a la labor del SENASA, se destaca lo que la AGN llama “anarquía legislativa”. Es que aquellas 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos abarcan 12 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. Esta “disparidad de jurisdicciones” que deben intervenir en el control (nación, provincias, municipalidades), generó que los técnicos hayan dejado explícita una pregunta en su investigación: “¿Cómo se hace con la aplicabilidad de normas cuando cada municipio tiene su propio sistema respecto de la prohibición o no de fumigar?”.
Siguiendo con la normativa, hay una disposición del año 1964 en la que se establece que “toda persona física o ideal que se dedica a realizar trabajos de lucha contra las plagas deberá inscribirse en el Registro”. Se trata, llevado a estos días, del Registro de Empresas Aplicadoras de Agroquímicos Terrestres y Aéreas.
Sobre este punto, la Auditoría señaló que “el registro es incompleto y parcial”, porque más allá de que la inscripción sea obligatoria, “en la práctica, opera como voluntaria”.
Añade la AGN que “no hay una base de datos integrada, completa y sistematizada” que contenga la información de todas las empresas registradas, y que el SENASA “sólo cuenta con tres listados separados y con diseños diferentes”.
Para completar el cuadro, las empresas no cumplen con todos los requisitos legales exigidos para la inscripción en el Registro, “tampoco existe una notificación de la Administración requiriendo su cumplimiento”, y ni siquiera se aplican sanciones a las firmas “incumplidoras”, explican los auditores.
Aquí, la “ausencia de coordinación” entre las jurisdicciones vuelve a aparecer como una limitación del SENASA. Es que en el informe se observa que no hay un control cruzado entre el registro nacional de empresas que aplican agrotóxicos, y los listados elaborados en las provincias.
Prevención de la salud
Por otra parte, la Auditoría también cuenta que en 2009 se creó por decreto un organismo llamado Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), para que funcionara bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El área tenía el objetivo de investigar, prevenir y brindar asistencia y tratamiento a las personas expuestas al uso de sustancias agroquímicas, con el propósito de promover la salud pública.
Pero según la AGN, “no se tiene evidencia de avances en las tareas de esta Comisión posteriores al año 2010”.
Paralelamente, una Dirección del SENASA, la de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, participó junto a la CNIA en la coordinación de tres grupos de trabajo.
El primero, llamado “GT 1”, dedicado a la investigación y desarrollo del conocimiento, realizó un informe sobre el glifosato en julio de 2009, pero desde entonces no hay constancias de otras tareas o reuniones.
El “GT 2”, por su parte, había elaborado un “programa federal para el fortalecimiento de los sistemas locales de control de plaguicidas”. A pesar de su título ambicioso, el plan nunca fue puesto en marcha.
Y el tercer grupo, el “GT 6”, sí había comenzado a aplicar un plan de “capacitación en el uso responsable de agroquímicos -CURA-”, pero el último registro que se tiene sobre el avance de la tarea data de octubre de 2010.
“La continuidad del trabajo de la CNIA permitiría al Estado contar con datos y análisis específicos de las realidades locales para actuar preventivamente”, concluye la Auditoría, y añade que, si así fuera, la Nación podría tener “su propia producción científica y no depender de la información presentada por partes interesadas”.
Esta investigación de la AGN, aprobada sobre el cierre del año pasado, surgió como consecuencia del mecanismo de “planificación participativa”. Fue cuando el ente de control convocó durante 2011 a organizaciones civiles para escuchar sus propuestas sobre las temáticas que podían ser investigadas.
La magnitud del tema es explicada en el mismo informe: “La contaminación por agroquímicos termina siendo una intoxicación silenciosa porque la exposición repetida y a largo plazo –es decir toxicidad crónica- produce daños y/o muerte; de esta manera, se naturaliza una enfermedad de la que todos hablan”.
La Auditoría completa diciendo que la población expuesta a las fumigaciones con agroquímicos asciende a 12 millones de personas, “sin contar las poblaciones de las grandes ciudades de cada provincia” afectada.
El carácter “lapidario” del informe también se explica en el hecho de que el SENASA “no pudo refutar las observaciones” de la AGN.
* Nota Publicada en su Web el día 27/02/2013.
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Riachuelo: Mussi y Greenpeace cruzan opiniones
"No negamos la contaminación, pero pensamos en el trabajador"
Fecha de Publicación: 03/03/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo - Nacional
El presidente de Acumar respondió a las críticas de Greenpeace. "Es un golpe bajo, parecen ignorar que hay un cuerpo colegiado que ellos mismos integran". Y explica que en la reconversión, se tiene en cuenta a la mano de obra.
El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, conversó en exclusiva con Tiempo Argentino acerca de la acción realizada por la organización ambientalista Greenpeace el pasado martes en la curtiembre Antonio Espósito, y la marcha en el proceso de saneamiento del Riachuelo.
El también presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) definió la manifestación como una "actitud que sólo tiene ánimos de crítica".
–¿Cómo define la acción realizada por Greenpeace?
–Greenpeace parece ignorar que acá hay un cuerpo colegiado que ellos integran y que vinieron a una industria que ya está haciendo un plan de reconversión industrial (PRI). Nos pareció un golpe bajo que no tiene nada que ver con la ética. Ellos saben perfectamente que en este momento hay más de 500 empresas trabajando en la reconversión y 300 que ambientalmente ya no contaminan. No dejamos de atender este tema dentro de Acumar y diría que es el más difícil, porque tiene que ver con el trabajo de la gente. No podemos hacerlo con la premura que querríamos tener y Greenpeace se pone en el lugar de reclamar que las industrias no contaminen. Es muy fácil decirlo, a lo mejor no harían lo mismo si tuvieran parientes trabajando en esas empresas. Creemos que a fines del año 2014 todas las industrias estarán reconvertidas. Greenpeace ignora todo lo que se ha hecho. ¿O acaso sacar 59 barcos no es importante para detener la contaminación del Riachuelo? ¿O no es importante sacar 110 coches? ¿O sacar todos los días toneladas de basura que están en los bordes? ¿O no es importante la planta de tratamiento de líquidos cloacales para 400 mil vecinos que está terminada y funcionando en La Matanza? Los ecopuntos que estamos construyendo para achicar la cantidad de residuos en todo el camino de sirga durante los 14 municipios del Conurbano, ¿no son importantes? Las empresas del polo Dock Sud que ya no contaminan más, ¿no son importantes? ¿Y las 14 unidades sanitarias en marcha, algunas terminadas, otras para equiparse? En consecuencia, ¿se puede decir que no se hizo nada? El propio presidente de Greenpeace reconoció hace un año que se estaba trabajando mucho, lo hizo al lado mío. Lo mismo dijo el presidente de la Corte.
–¿En qué momento del saneamiento está la cuenca?
–En este momento estamos en un 50%. El avance es muy franco. Greenpeace nos pedirá que cerremos una empresa que nos dijo que va a hacer la reconversión en seis meses y, cuando lo vamos a ver, detectamos que le falta el 30%, lo dejamos porque algo hicieron. Eso es lo que piensa la Corte y por eso no ha puesto plazos. El presidente del tribunal nos pidió que se avance y en eso estamos. Ahora estamos en proceso de los PRI. El propio gobierno nacional ofreció no un crédito sino un subsidio para que puedan reconvertirse las industrias, porque tenemos en cuenta algo muy importante: la mano de obra. No podemos mirar al país desde un solo lugar, apurarse y cerrar empresas cuando esta contaminación viene de hace 200 años. El medio ambiente también incluye al hombre.
–¿Qué tipo de empresarios se encontró?
–Tenemos que tener en cuenta que el 80% de las industrias contaminantes son pymes. Por eso el subsidio que la presidenta estableció. Las relaciones son difíciles con los empresarios, pero tenemos que cuidar las dos cosas porque una persona sin trabajo tiene otro tipo de alteraciones en su salud. Nosotros no negamos la contaminación y por eso trabajamos. Negar esto y ceñirse solamente a lo industrial es una actitud que sólo tiene ánimos de crítica.
–Hay dos casos paradigmáticos. El primero es donde nació esta demanda, Villa Inflamable. El segundo es Barrio Acuba, ¿Qué pasó con esos casos?
–En el primero estamos trabajando en la relocalización. Hicimos un canje con la empresa Exolgan. Allí va a mudarse la mayoría de las 1190 familias de Villa Inflamable. Las familias de Acuba se van a relocalizar en dos predios que eran de Vialidad Nacional y de Fabricaciones Militares.
–¿Cuál cree que son entonces las causas reales de esta denuncia?
–Las malas lenguas dicen que Greenpeace tiene subsidio internacional y si es así, algunos dicen que es de Shell. Habrá que pensarlo por ese lado. Greenpeace no toca la ciudad y a lo mejor el candidato de Shell es el jefe de gobierno de la Ciudad. Son conjeturas que no podremos comprobar. Lo que sí es evidente es que la gran preocupación de Greenpeace pasa por el tema de la basura. Ellos se niegan en forma permanente a la generación de energía a través de la basura y dicen que todo termina en el relleno sanitario. Habrá que indagar por ahí.
–Sin embargo, Greenpeace lleva adelante una campaña en el Ártico en contra de Shell…
–Hemos visto muchas cosas. Muchas de esas campañas que se hacen en algún lugar son para ocultar la falta de campañas en el resto de los lugares. El resto de los integrantes del cuerpo colegiado escucharon en esta misma mesa a la representante de Greenpeace cuando dijo "nosotros tenemos que criticar". Cuando les pedimos que aporten ideas con respecto a los barrios o con respecto al impacto ambiental en el polo petroquímico de Dock Sud nos respondieron que ellos critican y no gestionan. «
Aportes de la ciudad. La relocalización de villas y asentamientos es el tema más controvertido en la relación entre el gobierno porteño y Acumar.
–¿Los empresarios son más difíciles que los intendentes?
–Los intendentes del Conurbano colaboran y aportan. Con la ciudad de Buenos Aires la relación es diferente. Los representantes de la ciudad en Acumar vienen, observan y después no aportan absolutamente nada. En provincia prácticamente ya no tenemos más viviendas al borde del Riachuelo. En la ciudad tenemos la Villa 21-24 por la que ya se pidió varias veces prórroga y no se está haciendo nada para mudar 1393 viviendas. El propio jefe de gobierno me llamó y me dijo que no tenían plata para hacer las viviendas. No sabía que no tenía que poner plata sino que el monto de esas viviendas lo pone el gobierno nacional a través del Plan Federal de Vivienda. No se puede gobernar sin saber estas cosas.
–¿Existe incumplimiento económico por parte del gobierno porteño?
–El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que aportar a un fondo de fideicomiso, que es el de funcionamiento de Acumar. Con eso se le paga a las cooperativas, los inspectores y se mueven los vehículos, entre otros gastos operativos y de limpieza de márgenes. De acuerdo a la composición de Acumar, el 50% lo aporta el gobierno nacional, el 25% la provincia y el resto la Ciudad. Los representantes de la Ciudad votaron ese compromiso. La provincia lo puso en su presupuesto y dijo 'no tengo dinero para poner’ pero la Ciudad directamente niega su participación. Son 160 millones de pesos por año y pusieron sólo 25 millones.
Las críticas de greenpeace
La organización ambientalista respondió el comunicado difundido por Acumar en respuesta a su acción en Avellaneda. Greenpeace señaló “que la estrategia de controles a las empresas que contaminan el Riachuelo ha demostrado no ser eficaz, ya que no se está reclamando a las empresas que dejen de arrojar sustancias tóxicas a la Cuenca”.
“Los planes de reconversión industrial que las autoridades demandan a las industrias no apuntan al cese de vertidos tóxicos al agua. Aún si todas las empresas que han sido declaradas ‘agente contaminante’, cumplieran al pie de la letra las exigencias de la autoridad a cargo de saneamiento, el Riachuelo seguiría contaminado” sostuvo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña en cuestión.
“ACUMAR estableció estándares muy poco ambiciosos en cuanto a los límites de sustancias tóxicas y peligrosas que descargan las industrias en el Riachuelo y también respecto de los valores que establecen la calidad de las aguas”, denunció Pujó. Y sostuvo que “en el Arroyo Sarandí, ACUMAR ni siquiera está realizando mediciones de calidad del agua, es decir, desconoce absolutamente el estado de contaminación de este arroyo”.
En otro comunicado lanzado esta semana, Greenpeace hizo referencia a una chimenea de Shell que “emana un denso humo tóxico desde hace días”. “Ni la empresa ni ACUMAR, informaron públicamente qué fue lo que sucedió, cuáles son las sustancias tóxicas ”, que emanaron.
Luego de que Acumar intimara y pidiera explicaciones a la empresa, las emisiones concluyeron.
Réplica de Greenpeace a Mussi sobre el Riachuelo
La organización ambientalista Greenpeace opinó que las autoridades a cargo del saneamiento del Riachuelo deberían terminar con la contaminación en lugar de acusarlos a ellos de poner en riesgo fuentes laborales o cuestionar la independencia política y económica que tiene.
Greenpeace respondió al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi cuando en diálogo con Tiempo Argentino consideró que los miembros de la ONG “a lo mejor no harían lo mismo (de pedir clausuras) si tuvieran parientes trabajando en esas empresas”. Greenpeace reclama que las empresas en la Cuenca Matanza-Riachuelo implementen planes de producción limpia que apunten al cese de vertidos de sustancias tóxicas. Esto fue visto como un “golpe bajo” por parte de Mussi, presidente también de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo.
“Greenpeace no demanda que se clausuren, cierren o muden empresas a contaminar a otras zonas, ni que se afecte el personal ocupado. Pero sí deben dejar de contaminar para poder alcanzar el objetivo de recomposición ambiental que exigió la Corte Suprema en 2008”, sostuvo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace. “El presidente de ACUMAR reconoce la contaminación del Riachuelo, pero pone en duda sin fundamentos la independencia política y económica de Greenpeace, y elude así explicar cómo van a poner fin a los vertidos tóxicos de las empresas de la Cuenca”, dijo Pujó. La ONG recordó que tiene 25 años en el país y que es financiada con aportes de personas individuales, sin aceptar donaciones de partidos políticos, gobiernos ni empresas.
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Fecha de Publicación: 03/03/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo - Nacional
El presidente de Acumar respondió a las críticas de Greenpeace. "Es un golpe bajo, parecen ignorar que hay un cuerpo colegiado que ellos mismos integran". Y explica que en la reconversión, se tiene en cuenta a la mano de obra.El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, conversó en exclusiva con Tiempo Argentino acerca de la acción realizada por la organización ambientalista Greenpeace el pasado martes en la curtiembre Antonio Espósito, y la marcha en el proceso de saneamiento del Riachuelo.
El también presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) definió la manifestación como una "actitud que sólo tiene ánimos de crítica".
–¿Cómo define la acción realizada por Greenpeace?
–Greenpeace parece ignorar que acá hay un cuerpo colegiado que ellos integran y que vinieron a una industria que ya está haciendo un plan de reconversión industrial (PRI). Nos pareció un golpe bajo que no tiene nada que ver con la ética. Ellos saben perfectamente que en este momento hay más de 500 empresas trabajando en la reconversión y 300 que ambientalmente ya no contaminan. No dejamos de atender este tema dentro de Acumar y diría que es el más difícil, porque tiene que ver con el trabajo de la gente. No podemos hacerlo con la premura que querríamos tener y Greenpeace se pone en el lugar de reclamar que las industrias no contaminen. Es muy fácil decirlo, a lo mejor no harían lo mismo si tuvieran parientes trabajando en esas empresas. Creemos que a fines del año 2014 todas las industrias estarán reconvertidas. Greenpeace ignora todo lo que se ha hecho. ¿O acaso sacar 59 barcos no es importante para detener la contaminación del Riachuelo? ¿O no es importante sacar 110 coches? ¿O sacar todos los días toneladas de basura que están en los bordes? ¿O no es importante la planta de tratamiento de líquidos cloacales para 400 mil vecinos que está terminada y funcionando en La Matanza? Los ecopuntos que estamos construyendo para achicar la cantidad de residuos en todo el camino de sirga durante los 14 municipios del Conurbano, ¿no son importantes? Las empresas del polo Dock Sud que ya no contaminan más, ¿no son importantes? ¿Y las 14 unidades sanitarias en marcha, algunas terminadas, otras para equiparse? En consecuencia, ¿se puede decir que no se hizo nada? El propio presidente de Greenpeace reconoció hace un año que se estaba trabajando mucho, lo hizo al lado mío. Lo mismo dijo el presidente de la Corte.
–¿En qué momento del saneamiento está la cuenca?
–En este momento estamos en un 50%. El avance es muy franco. Greenpeace nos pedirá que cerremos una empresa que nos dijo que va a hacer la reconversión en seis meses y, cuando lo vamos a ver, detectamos que le falta el 30%, lo dejamos porque algo hicieron. Eso es lo que piensa la Corte y por eso no ha puesto plazos. El presidente del tribunal nos pidió que se avance y en eso estamos. Ahora estamos en proceso de los PRI. El propio gobierno nacional ofreció no un crédito sino un subsidio para que puedan reconvertirse las industrias, porque tenemos en cuenta algo muy importante: la mano de obra. No podemos mirar al país desde un solo lugar, apurarse y cerrar empresas cuando esta contaminación viene de hace 200 años. El medio ambiente también incluye al hombre.
–¿Qué tipo de empresarios se encontró?
–Tenemos que tener en cuenta que el 80% de las industrias contaminantes son pymes. Por eso el subsidio que la presidenta estableció. Las relaciones son difíciles con los empresarios, pero tenemos que cuidar las dos cosas porque una persona sin trabajo tiene otro tipo de alteraciones en su salud. Nosotros no negamos la contaminación y por eso trabajamos. Negar esto y ceñirse solamente a lo industrial es una actitud que sólo tiene ánimos de crítica.
–Hay dos casos paradigmáticos. El primero es donde nació esta demanda, Villa Inflamable. El segundo es Barrio Acuba, ¿Qué pasó con esos casos?
–En el primero estamos trabajando en la relocalización. Hicimos un canje con la empresa Exolgan. Allí va a mudarse la mayoría de las 1190 familias de Villa Inflamable. Las familias de Acuba se van a relocalizar en dos predios que eran de Vialidad Nacional y de Fabricaciones Militares.
–¿Cuál cree que son entonces las causas reales de esta denuncia?
–Las malas lenguas dicen que Greenpeace tiene subsidio internacional y si es así, algunos dicen que es de Shell. Habrá que pensarlo por ese lado. Greenpeace no toca la ciudad y a lo mejor el candidato de Shell es el jefe de gobierno de la Ciudad. Son conjeturas que no podremos comprobar. Lo que sí es evidente es que la gran preocupación de Greenpeace pasa por el tema de la basura. Ellos se niegan en forma permanente a la generación de energía a través de la basura y dicen que todo termina en el relleno sanitario. Habrá que indagar por ahí.
–Sin embargo, Greenpeace lleva adelante una campaña en el Ártico en contra de Shell…
–Hemos visto muchas cosas. Muchas de esas campañas que se hacen en algún lugar son para ocultar la falta de campañas en el resto de los lugares. El resto de los integrantes del cuerpo colegiado escucharon en esta misma mesa a la representante de Greenpeace cuando dijo "nosotros tenemos que criticar". Cuando les pedimos que aporten ideas con respecto a los barrios o con respecto al impacto ambiental en el polo petroquímico de Dock Sud nos respondieron que ellos critican y no gestionan. «
Aportes de la ciudad. La relocalización de villas y asentamientos es el tema más controvertido en la relación entre el gobierno porteño y Acumar.
–¿Los empresarios son más difíciles que los intendentes?
–Los intendentes del Conurbano colaboran y aportan. Con la ciudad de Buenos Aires la relación es diferente. Los representantes de la ciudad en Acumar vienen, observan y después no aportan absolutamente nada. En provincia prácticamente ya no tenemos más viviendas al borde del Riachuelo. En la ciudad tenemos la Villa 21-24 por la que ya se pidió varias veces prórroga y no se está haciendo nada para mudar 1393 viviendas. El propio jefe de gobierno me llamó y me dijo que no tenían plata para hacer las viviendas. No sabía que no tenía que poner plata sino que el monto de esas viviendas lo pone el gobierno nacional a través del Plan Federal de Vivienda. No se puede gobernar sin saber estas cosas.
–¿Existe incumplimiento económico por parte del gobierno porteño?
–El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que aportar a un fondo de fideicomiso, que es el de funcionamiento de Acumar. Con eso se le paga a las cooperativas, los inspectores y se mueven los vehículos, entre otros gastos operativos y de limpieza de márgenes. De acuerdo a la composición de Acumar, el 50% lo aporta el gobierno nacional, el 25% la provincia y el resto la Ciudad. Los representantes de la Ciudad votaron ese compromiso. La provincia lo puso en su presupuesto y dijo 'no tengo dinero para poner’ pero la Ciudad directamente niega su participación. Son 160 millones de pesos por año y pusieron sólo 25 millones.
Las críticas de greenpeace
La organización ambientalista respondió el comunicado difundido por Acumar en respuesta a su acción en Avellaneda. Greenpeace señaló “que la estrategia de controles a las empresas que contaminan el Riachuelo ha demostrado no ser eficaz, ya que no se está reclamando a las empresas que dejen de arrojar sustancias tóxicas a la Cuenca”.
“Los planes de reconversión industrial que las autoridades demandan a las industrias no apuntan al cese de vertidos tóxicos al agua. Aún si todas las empresas que han sido declaradas ‘agente contaminante’, cumplieran al pie de la letra las exigencias de la autoridad a cargo de saneamiento, el Riachuelo seguiría contaminado” sostuvo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña en cuestión.
“ACUMAR estableció estándares muy poco ambiciosos en cuanto a los límites de sustancias tóxicas y peligrosas que descargan las industrias en el Riachuelo y también respecto de los valores que establecen la calidad de las aguas”, denunció Pujó. Y sostuvo que “en el Arroyo Sarandí, ACUMAR ni siquiera está realizando mediciones de calidad del agua, es decir, desconoce absolutamente el estado de contaminación de este arroyo”.
En otro comunicado lanzado esta semana, Greenpeace hizo referencia a una chimenea de Shell que “emana un denso humo tóxico desde hace días”. “Ni la empresa ni ACUMAR, informaron públicamente qué fue lo que sucedió, cuáles son las sustancias tóxicas ”, que emanaron.
Luego de que Acumar intimara y pidiera explicaciones a la empresa, las emisiones concluyeron.
Réplica de Greenpeace a Mussi sobre el Riachuelo
La organización ambientalista Greenpeace opinó que las autoridades a cargo del saneamiento del Riachuelo deberían terminar con la contaminación en lugar de acusarlos a ellos de poner en riesgo fuentes laborales o cuestionar la independencia política y económica que tiene.
Greenpeace respondió al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi cuando en diálogo con Tiempo Argentino consideró que los miembros de la ONG “a lo mejor no harían lo mismo (de pedir clausuras) si tuvieran parientes trabajando en esas empresas”. Greenpeace reclama que las empresas en la Cuenca Matanza-Riachuelo implementen planes de producción limpia que apunten al cese de vertidos de sustancias tóxicas. Esto fue visto como un “golpe bajo” por parte de Mussi, presidente también de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo.
“Greenpeace no demanda que se clausuren, cierren o muden empresas a contaminar a otras zonas, ni que se afecte el personal ocupado. Pero sí deben dejar de contaminar para poder alcanzar el objetivo de recomposición ambiental que exigió la Corte Suprema en 2008”, sostuvo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace. “El presidente de ACUMAR reconoce la contaminación del Riachuelo, pero pone en duda sin fundamentos la independencia política y económica de Greenpeace, y elude así explicar cómo van a poner fin a los vertidos tóxicos de las empresas de la Cuenca”, dijo Pujó. La ONG recordó que tiene 25 años en el país y que es financiada con aportes de personas individuales, sin aceptar donaciones de partidos políticos, gobiernos ni empresas.
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Siguen bucándole la vuelta a Vale
Mendoza y Vale buscan reflotar el proyecto minero
Fecha de Publicación: 03/03/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Mendoza
El gobierno de Mendoza y la minera Vale lograron firmar anoche a última hora un acuerdo, después de una tensa reunión para destrabar el multimillonario proyecto de sales de potasio de US$ 5.900 millones en Malargüe, que está paralizado desde enero. El Gobierno mendocino logró que la empresa brasileña garantizara por al menos 15 días más el pago de los salarios de 2.800 obreros, y que se pusiera al día con los proveedores. El plazo está atado a la reunión que mantendrán en El Calafate las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff el 7 de marzo y que tiene a la megainversión como uno de sus temas centrales. Además, la empresa anunció que el futuro del proyecto será discutido el 11 de marzo, en reunión de directorio.
" La empresa ha pedido una nueva prórroga que se vence a mediados de marzo y van a presentar una reingeniería del proyecto”, dijo anoche un vocero del Gobierno mendocino.
Entre las reformas al proyecto original que podrían encararse se menciona la obra del ferrocarril que une Neuquén con el puerto de Bahía Blanca, que sería rediseñada para reducir costos. Vale no tendría que invertir en un tren de pasajeros en Neuquén, como parte de un plan de Responsabilidad Social Empresaria. El Gobierno nacional intervendrá en las negociación por los terrenos por donde pasa la traza para que la empresa no deba abonar un alto costo por derechos de servidumbre, lo que significaría un ahorro de mil millones de dólares.
Vale –que perdió US$ 2.647 millones en el último trimestre de 2012– argumentó problemas financieros para hacer frente a la inversión, que se volvió más cara a causa de la inflación y el tipo de cambio retrasado.
La reunión entre ejecutivos de Vale y el Gobierno mendocino, que comenzó a las 15 y se extendió hasta pasadas las 22, se realizó en el ministerio de Planificación que conduce Julio de Vido. Estuvieron los representantes de la minera, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y el director de Minería de Mendoza, Carlos Molina.
Con la firma de este compromiso de continuar con la redefinición del proyecto, Mendoza prorrogó el emplazamiento a Vale, ya que el plazo para resolver si seguía con la concesión era el 28 de febrero. Cuando la suspensión de la obra se volvió “indefinida”, la compañía informó que estaba revisando “las variaciones en los fundamentos económicos”. Los trabajadores vinculados a la obra civil siguen cobrando. Pero se estima que de los 4.100 que había en diciembre, 2.800 reciben el pago. Esto debido a que se fueron venciendo contratos. Personal administrativo y gerencial de la compañía se ha sumado a la licencia forzosa
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Fecha de Publicación: 03/03/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Mendoza
El gobierno de Mendoza y la minera Vale lograron firmar anoche a última hora un acuerdo, después de una tensa reunión para destrabar el multimillonario proyecto de sales de potasio de US$ 5.900 millones en Malargüe, que está paralizado desde enero. El Gobierno mendocino logró que la empresa brasileña garantizara por al menos 15 días más el pago de los salarios de 2.800 obreros, y que se pusiera al día con los proveedores. El plazo está atado a la reunión que mantendrán en El Calafate las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff el 7 de marzo y que tiene a la megainversión como uno de sus temas centrales. Además, la empresa anunció que el futuro del proyecto será discutido el 11 de marzo, en reunión de directorio." La empresa ha pedido una nueva prórroga que se vence a mediados de marzo y van a presentar una reingeniería del proyecto”, dijo anoche un vocero del Gobierno mendocino.
Entre las reformas al proyecto original que podrían encararse se menciona la obra del ferrocarril que une Neuquén con el puerto de Bahía Blanca, que sería rediseñada para reducir costos. Vale no tendría que invertir en un tren de pasajeros en Neuquén, como parte de un plan de Responsabilidad Social Empresaria. El Gobierno nacional intervendrá en las negociación por los terrenos por donde pasa la traza para que la empresa no deba abonar un alto costo por derechos de servidumbre, lo que significaría un ahorro de mil millones de dólares.
Vale –que perdió US$ 2.647 millones en el último trimestre de 2012– argumentó problemas financieros para hacer frente a la inversión, que se volvió más cara a causa de la inflación y el tipo de cambio retrasado.
La reunión entre ejecutivos de Vale y el Gobierno mendocino, que comenzó a las 15 y se extendió hasta pasadas las 22, se realizó en el ministerio de Planificación que conduce Julio de Vido. Estuvieron los representantes de la minera, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y el director de Minería de Mendoza, Carlos Molina.
Con la firma de este compromiso de continuar con la redefinición del proyecto, Mendoza prorrogó el emplazamiento a Vale, ya que el plazo para resolver si seguía con la concesión era el 28 de febrero. Cuando la suspensión de la obra se volvió “indefinida”, la compañía informó que estaba revisando “las variaciones en los fundamentos económicos”. Los trabajadores vinculados a la obra civil siguen cobrando. Pero se estima que de los 4.100 que había en diciembre, 2.800 reciben el pago. Esto debido a que se fueron venciendo contratos. Personal administrativo y gerencial de la compañía se ha sumado a la licencia forzosa
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A mitad de año arranca Atucha II
Energía nuclear para el invierno
Fecha de Publicación: 02/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, participó ayer de la última colocación del combustible en el reactor de Atucha II, que entrará en funcionamiento a mitad de año. “La puesta en marcha de la central nuclear generará un ahorro de 1500 millones de dólares anuales en importación de combustibles”, aseveró el funcionario. Atucha II aportará al sistema nacional interconectado el equivalente al 4 por ciento del consumo total del país.
“Se está cumpliendo hoy (por ayer) con los plazos comprometidos para la colocación del último elemento en el núcleo del reactor que ya está completamente cargado y también hemos hecho la prueba con agua liviana. En los próximos días estaremos trabajando para hacer una prueba que nos permita tensionar la línea, prueba previa a la inclusión de agua pesada, que es la última fase”, explicó De Vido durante la recorrida por las instalaciones de Atucha.
La potencia de la central Atucha II es de 745 megavatios y funcionará a base de uranio natural y agua pesada. La central está ubicada sobre el margen derecho del río Paraná, a la altura de la localidad de Lima, en el partido bonaerense de Zárate. El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), José Luis Antúnez, explicó que “a mediados de año la central comenzaría a generar energía y en dos o tres meses más alcanzaría su máxima potencia”.
El proceso de pruebas comenzó el pasado 6 de enero con el testeo del agua, una primera etapa en caliente y luego el sistema primario y moderador. Se hicieron circular y calentar 500.000 litros de agua liviana mediante las dos bombas principales del reactor y las cuatro bombas del moderador, para luego presurizar el reactor, el sistema primario y el moderador, a una presión equivalente a 175 veces la presión atmosférica.
“Hoy la Presidenta fue muy clara respecto del rol que juega la energía en la economía argentina, y esto es un espaldarazo y un envión muy grande al robustecimiento de la industria argentina, fundamentalmente al sector nuclear, que abarca distintas especialidades”, agregó De Vido.
Por otro lado, el funcionario destacó la mención que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la construcción de la cuarta central nuclear, que tendrá dos reactores independientes ubicados en un predio junto al que ocupa Atucha II. La misma podría estar en condiciones de funcionar en un plazo de aproximadamente ocho años.
“Un primer relevamiento nos permite afirmar que hay empresas de al menos cinco países interesadas en participar de la construcción de la nueva central”, destacó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 02/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, participó ayer de la última colocación del combustible en el reactor de Atucha II, que entrará en funcionamiento a mitad de año. “La puesta en marcha de la central nuclear generará un ahorro de 1500 millones de dólares anuales en importación de combustibles”, aseveró el funcionario. Atucha II aportará al sistema nacional interconectado el equivalente al 4 por ciento del consumo total del país.
“Se está cumpliendo hoy (por ayer) con los plazos comprometidos para la colocación del último elemento en el núcleo del reactor que ya está completamente cargado y también hemos hecho la prueba con agua liviana. En los próximos días estaremos trabajando para hacer una prueba que nos permita tensionar la línea, prueba previa a la inclusión de agua pesada, que es la última fase”, explicó De Vido durante la recorrida por las instalaciones de Atucha.
La potencia de la central Atucha II es de 745 megavatios y funcionará a base de uranio natural y agua pesada. La central está ubicada sobre el margen derecho del río Paraná, a la altura de la localidad de Lima, en el partido bonaerense de Zárate. El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), José Luis Antúnez, explicó que “a mediados de año la central comenzaría a generar energía y en dos o tres meses más alcanzaría su máxima potencia”.
El proceso de pruebas comenzó el pasado 6 de enero con el testeo del agua, una primera etapa en caliente y luego el sistema primario y moderador. Se hicieron circular y calentar 500.000 litros de agua liviana mediante las dos bombas principales del reactor y las cuatro bombas del moderador, para luego presurizar el reactor, el sistema primario y el moderador, a una presión equivalente a 175 veces la presión atmosférica.
“Hoy la Presidenta fue muy clara respecto del rol que juega la energía en la economía argentina, y esto es un espaldarazo y un envión muy grande al robustecimiento de la industria argentina, fundamentalmente al sector nuclear, que abarca distintas especialidades”, agregó De Vido.
Por otro lado, el funcionario destacó la mención que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la construcción de la cuarta central nuclear, que tendrá dos reactores independientes ubicados en un predio junto al que ocupa Atucha II. La misma podría estar en condiciones de funcionar en un plazo de aproximadamente ocho años.
“Un primer relevamiento nos permite afirmar que hay empresas de al menos cinco países interesadas en participar de la construcción de la nueva central”, destacó el funcionario.
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Denuncian incidente ambiental de la Shell
Greenpeace exige información sobre el humo tóxico de Shell en Dock Sud
Fecha de Publicación: 02/03/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Buenos Aires
La organización ambientalista denunció hoy que a tres días del incidente que interrumpió las operaciones de Shell en Dock Sud, ni la empresa ni la ACUMAR, informaron públicamente qué fue lo que sucedió, cuáles son las sustancias tóxicas que todavía emanan de una de las chimeneas de la compañía y cuáles son los riesgos para la salud de la población que convive con la contaminación del Polo Petroquímico.
"Este es el tercer incidente con emisiones de gases tóxicos ocurrido en Buenos Aires en el último año. Primero fue una nube de amoníaco, luego la nube tóxica que cubrió gran parte de la ciudad en diciembre y ahora una chimenea de la refinería de la empresa Shell, que desde el martes emana fuego y un denso humo tóxico.
Las autoridades deben informar a la población sobre los riesgos de las sustancias que se están emitiendo al ambiente. Tanto la empresa como ACUMAR, autoridad a cargo del saneamiento de la Cuenca Matanza- Riachuelo, han minimizado completamente esta grave situación y abandonado a la población en total incertidumbre”, expresó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Riachuelo de Greenpeace.
En un primer momento, las autoridades municipales informaron que no existía ningún inconveniente y se trataba de una parada programada de la planta y que no había riesgos para la población, sin aclarar cómo llegaron a esta afirmación. Sin embargo, con el transcurso de las horas, un vocero de la empresa Shell admitió una anormalidad en el funcionamiento y admitió que la refinería estaría fuera de operaciones por cuatro días debido a una falla en el sistema eléctrico, pero aún ningún miembro de la compañía aclaró cuáles son los riesgos para los vecinos.
“Es inaceptable que ni la empresa ni las autoridades den a conocer a la población cómo se realizan los controles y que no sepan o informen sobre las causas del fuego y el humo que todavía hoy sale de la chimenea. Nadie dio explicaciones sobre las causas de este grave incidente, por lo que resulta imperioso que comuniquen a la sociedad qué falló y cómo están trabajando para evitar peores consecuencias. Exigimos información y que se garantice que se están realizando las tareas adecuadas para evitar que se produzca un accidente mayor”, concluyó Pujó.
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Fecha de Publicación: 02/03/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Buenos Aires
La organización ambientalista denunció hoy que a tres días del incidente que interrumpió las operaciones de Shell en Dock Sud, ni la empresa ni la ACUMAR, informaron públicamente qué fue lo que sucedió, cuáles son las sustancias tóxicas que todavía emanan de una de las chimeneas de la compañía y cuáles son los riesgos para la salud de la población que convive con la contaminación del Polo Petroquímico. "Este es el tercer incidente con emisiones de gases tóxicos ocurrido en Buenos Aires en el último año. Primero fue una nube de amoníaco, luego la nube tóxica que cubrió gran parte de la ciudad en diciembre y ahora una chimenea de la refinería de la empresa Shell, que desde el martes emana fuego y un denso humo tóxico.
Las autoridades deben informar a la población sobre los riesgos de las sustancias que se están emitiendo al ambiente. Tanto la empresa como ACUMAR, autoridad a cargo del saneamiento de la Cuenca Matanza- Riachuelo, han minimizado completamente esta grave situación y abandonado a la población en total incertidumbre”, expresó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Riachuelo de Greenpeace.
En un primer momento, las autoridades municipales informaron que no existía ningún inconveniente y se trataba de una parada programada de la planta y que no había riesgos para la población, sin aclarar cómo llegaron a esta afirmación. Sin embargo, con el transcurso de las horas, un vocero de la empresa Shell admitió una anormalidad en el funcionamiento y admitió que la refinería estaría fuera de operaciones por cuatro días debido a una falla en el sistema eléctrico, pero aún ningún miembro de la compañía aclaró cuáles son los riesgos para los vecinos.
“Es inaceptable que ni la empresa ni las autoridades den a conocer a la población cómo se realizan los controles y que no sepan o informen sobre las causas del fuego y el humo que todavía hoy sale de la chimenea. Nadie dio explicaciones sobre las causas de este grave incidente, por lo que resulta imperioso que comuniquen a la sociedad qué falló y cómo están trabajando para evitar peores consecuencias. Exigimos información y que se garantice que se están realizando las tareas adecuadas para evitar que se produzca un accidente mayor”, concluyó Pujó.
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Prometen terminar con los reservorios con vinaza
Tucumán se comprometió a eliminar, este año, los inmensos reservorios con vinaza
Fecha de Publicación: 01/03/2013
Fuente: Tres Líneas
Provincia/Región: Tucumán
Ayer se reunió el Grupo de Gestión de Tiempo Real del Comité de Cuenca Salí -Dulce y se abordó un importante temario. Se planificó el trabajo de control a los ingenios en la presente zafra.
Las instrucciones del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, en su última visita a Tucumán, era que se tenían que eliminar los inmensos reservorios en los que los ingenios con destilería acumulaban millones de litros de vinaza, poniendo en riesgo a la cuenca Salí-Dulce. También era la preocupación de las autoridades santiagueñas que semejante cantidad de desechos estuviera tan cerca de canales, ríos y arroyos que desembocan en el embalse Río Hondo.
Ayer en la reunión del Grupo de Gestión de Tiempo Real del Comité de Cuenca Salí Dulce (a cargo de los monitoreos en el embalse y tributarios), Tucumán, en la persona del secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, se comprometió a que este año desaparecerán los piletones. Se acordó que sólo quedarán pequeños “pulmones” en los ingenios para acumular vinaza durante la época de producción por un término máximo de 15 días antes de que el residuo sea transportado a campos para utilizar como fertilizante. Las autoridades santiagueñas estaban preocupadas por los 500 millones de litros de vinaza que el ingenio Santa Bárbara tenía cerca de un río de la cuenca. Montalván informó que el ingenio está secando y borrando las lagunas y que nunca más se las usará como reservorios. “Durante este año se van a clausurar todas las lagunas y van a quedar solamente reservorios que permitan la acumulación de la producción de vinaza por un período de no más de 15 días, que sirva como pulmón para que luego se utilice como fertirriego en los campos”, contó Abel Tévez, secretario del Agua.
Por otra parte, dijo que independientemente de los monitoreos que Tucumán, Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo santiagueña realizan en tributarios y en los ingenios; ambas provincias harán controles mensuales junto con Córdoba y Catamarca. Por otra parte, remarcó que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente provincial clausuraron un frigorífico en La Banda, sector La Isla, porque no estaba “cumpliendo con las normas de vuelco de efluentes”.
Al respecto, enfatizó que el frigorífico “no va a ser habilitado hasta tanto no presente un programa que garantice que los efluentes vertidos tienen el tratamiento adecuado. “Nos vemos afectados por la contaminación que genera la industria tucumana y no podemos actuar de otra manera que no sea tomando medidas ejemplificadoras”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 01/03/2013
Fuente: Tres Líneas
Provincia/Región: Tucumán
Ayer se reunió el Grupo de Gestión de Tiempo Real del Comité de Cuenca Salí -Dulce y se abordó un importante temario. Se planificó el trabajo de control a los ingenios en la presente zafra. Las instrucciones del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, en su última visita a Tucumán, era que se tenían que eliminar los inmensos reservorios en los que los ingenios con destilería acumulaban millones de litros de vinaza, poniendo en riesgo a la cuenca Salí-Dulce. También era la preocupación de las autoridades santiagueñas que semejante cantidad de desechos estuviera tan cerca de canales, ríos y arroyos que desembocan en el embalse Río Hondo.
Ayer en la reunión del Grupo de Gestión de Tiempo Real del Comité de Cuenca Salí Dulce (a cargo de los monitoreos en el embalse y tributarios), Tucumán, en la persona del secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, se comprometió a que este año desaparecerán los piletones. Se acordó que sólo quedarán pequeños “pulmones” en los ingenios para acumular vinaza durante la época de producción por un término máximo de 15 días antes de que el residuo sea transportado a campos para utilizar como fertilizante. Las autoridades santiagueñas estaban preocupadas por los 500 millones de litros de vinaza que el ingenio Santa Bárbara tenía cerca de un río de la cuenca. Montalván informó que el ingenio está secando y borrando las lagunas y que nunca más se las usará como reservorios. “Durante este año se van a clausurar todas las lagunas y van a quedar solamente reservorios que permitan la acumulación de la producción de vinaza por un período de no más de 15 días, que sirva como pulmón para que luego se utilice como fertirriego en los campos”, contó Abel Tévez, secretario del Agua.
Por otra parte, dijo que independientemente de los monitoreos que Tucumán, Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo santiagueña realizan en tributarios y en los ingenios; ambas provincias harán controles mensuales junto con Córdoba y Catamarca. Por otra parte, remarcó que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente provincial clausuraron un frigorífico en La Banda, sector La Isla, porque no estaba “cumpliendo con las normas de vuelco de efluentes”.
Al respecto, enfatizó que el frigorífico “no va a ser habilitado hasta tanto no presente un programa que garantice que los efluentes vertidos tienen el tratamiento adecuado. “Nos vemos afectados por la contaminación que genera la industria tucumana y no podemos actuar de otra manera que no sea tomando medidas ejemplificadoras”, finalizó.
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Gualeguaychú vuelve se moviliza nuevamente
La Asamblea se moviliza contra Botnia
Fecha de Publicación: 01/03/2013
Fuente: El Diario Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará mañana una nueva movilización para recordar la vigencia de la lucha contra la presencia de Botnia-UPM y para reclamar –por enésima vez- que los gobiernos informen los resultados del monitoreo a la planta y a la desembocadura del río Gualeguaychú con el Uruguay.
Mientras los gobiernos guardan un ominoso silencio, la pastera sigue contaminando con total impunidad.
Por otro lado, los asambleístas también denunciaron que Botnia-UPM sigue violando la licencia social y rompe con las más elementales responsabilidades sociales.
La marcha de mañana comenzará a las 19, desde San Martín y Rocamora bajo la denuncia “¿Tenemos que comer contaminación?”.
Los asambleístas agradecieron a los miembros de la Comisión de Carnaval, que siempre han colaborado con su organización al permitirles desfilar por la pasarela más convocante del verano como es el Corsódromo durante todas las noches de Carnaval.
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Fecha de Publicación: 01/03/2013
Fuente: El Diario Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará mañana una nueva movilización para recordar la vigencia de la lucha contra la presencia de Botnia-UPM y para reclamar –por enésima vez- que los gobiernos informen los resultados del monitoreo a la planta y a la desembocadura del río Gualeguaychú con el Uruguay. Mientras los gobiernos guardan un ominoso silencio, la pastera sigue contaminando con total impunidad.
Por otro lado, los asambleístas también denunciaron que Botnia-UPM sigue violando la licencia social y rompe con las más elementales responsabilidades sociales.
La marcha de mañana comenzará a las 19, desde San Martín y Rocamora bajo la denuncia “¿Tenemos que comer contaminación?”.
Los asambleístas agradecieron a los miembros de la Comisión de Carnaval, que siempre han colaborado con su organización al permitirles desfilar por la pasarela más convocante del verano como es el Corsódromo durante todas las noches de Carnaval.
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Chaco quiere instalar una importante central solar
Chaco proyecta una central generadora de 20 megavatios con energía solar
Fecha de Publicación: 01/03/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El ministro de Infraestructura, Omar Judis, sostuvo que mantuvo una reunión positiva con el presidente de Enarsa, Ezequiel Espinoza, donde analizaron “la posibilidad de que el Chaco presente ofertas para instalar una central de generación de energía solar que proveerá al sistema energético nacional”.
“Es una forma más de ir avanzando en la sustentabilidad de generación eléctrica, que es uno de los grandes temas a resolver no sólo en la provincia sino en todo el país”, determinó el ministro chaqueño.
También comentó que “sobre el Gasoducto del Nea, vieron el estado en el que están los trámites de licitación del gasoducto. También dialogamos sobre el acuerdo con YPF para iniciar la exploración petrolera”.
“Pero el tema central fue la propuesta de una central fotovoltaica que quiere instalar el Chaco, una central de 20 megavatios. Y es una muy buena noticia que tengamos la prefactibilidad para hacer la presentación de los documentos”, aclaró.
“Capitanich, no bien se enteró, me dio instrucciones para que inmediatamente se presenten los proyectos para tener este tipo de generación de energía en nuestra provincia”, destacó el funcionario.
“Con respecto a la generación eólica, respondió que si bien hay estudios en la punta norte de la Isla del Cerrito, donde se registra el mayor caudal de vientos, el Chaco no es una provincia que se destaque por la potencia de sus vientos. Pero, en cambio, las horas de mayor consumo de energía coinciden con una buena insolación, por eso damos un fuerte impulso a esta idea”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 01/03/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El ministro de Infraestructura, Omar Judis, sostuvo que mantuvo una reunión positiva con el presidente de Enarsa, Ezequiel Espinoza, donde analizaron “la posibilidad de que el Chaco presente ofertas para instalar una central de generación de energía solar que proveerá al sistema energético nacional”.
“Es una forma más de ir avanzando en la sustentabilidad de generación eléctrica, que es uno de los grandes temas a resolver no sólo en la provincia sino en todo el país”, determinó el ministro chaqueño.
También comentó que “sobre el Gasoducto del Nea, vieron el estado en el que están los trámites de licitación del gasoducto. También dialogamos sobre el acuerdo con YPF para iniciar la exploración petrolera”.
“Pero el tema central fue la propuesta de una central fotovoltaica que quiere instalar el Chaco, una central de 20 megavatios. Y es una muy buena noticia que tengamos la prefactibilidad para hacer la presentación de los documentos”, aclaró.
“Capitanich, no bien se enteró, me dio instrucciones para que inmediatamente se presenten los proyectos para tener este tipo de generación de energía en nuestra provincia”, destacó el funcionario.
“Con respecto a la generación eólica, respondió que si bien hay estudios en la punta norte de la Isla del Cerrito, donde se registra el mayor caudal de vientos, el Chaco no es una provincia que se destaque por la potencia de sus vientos. Pero, en cambio, las horas de mayor consumo de energía coinciden con una buena insolación, por eso damos un fuerte impulso a esta idea”, finalizó.
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Inventario de Glaciares, solicitan saber los avances
Piden informes sobre el avance en la elaboración del Inventario de Glaciares
Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: FARN - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta desde el año 2010 con La Ley Nº 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El objetivo de dicha ley es proteger a estos frágiles ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.
No obstante el avance que significa contar con la citada ley, su efectiva implementación depende principalmente del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente y Periglacial para conocer con exactitud el número, área y volumen de hielo que ocupan los glaciares y zonas periglaciales de nuestro país.
El inventario debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en coordinación con la autoridad nacional de aplicación (la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).
Si bien desde la sanción de la Ley de Protección de Glaciares se estableció un cronograma para la ejecución de dicho inventario, y más allá de que el mismo no haya sido finalizado, todavía no se ha podido acceder ni a sus avances ni a sus resultados parciales.
Por ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina presentaron ante la Secretaría de Ambiente de Desarrollo Sustentable y el IANIGLA pedidos de informes solicitando el acceso a la información respecto del estado de avance de dicho inventario.
Las organizaciones de la sociedad civil resaltan la importancia de que el inventario sea realizado con transparencia y profesionalidad, ya que de su correcta confección depende la protección de estos recursos hídricos de vital importancia para nuestro país.
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Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: FARN - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta desde el año 2010 con La Ley Nº 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El objetivo de dicha ley es proteger a estos frágiles ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.No obstante el avance que significa contar con la citada ley, su efectiva implementación depende principalmente del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente y Periglacial para conocer con exactitud el número, área y volumen de hielo que ocupan los glaciares y zonas periglaciales de nuestro país.
El inventario debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en coordinación con la autoridad nacional de aplicación (la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).
Si bien desde la sanción de la Ley de Protección de Glaciares se estableció un cronograma para la ejecución de dicho inventario, y más allá de que el mismo no haya sido finalizado, todavía no se ha podido acceder ni a sus avances ni a sus resultados parciales.
Por ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina presentaron ante la Secretaría de Ambiente de Desarrollo Sustentable y el IANIGLA pedidos de informes solicitando el acceso a la información respecto del estado de avance de dicho inventario.
Las organizaciones de la sociedad civil resaltan la importancia de que el inventario sea realizado con transparencia y profesionalidad, ya que de su correcta confección depende la protección de estos recursos hídricos de vital importancia para nuestro país.
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Entre Ríos: piden que se trata la ley de bosques
Piden que se trate la ley de bosque nativo
Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Comunidades educativas de las escuelas rurales del departamento Villaguay presentaron una nota en la Cámara de Diputados de la provincia, en la que se pide que se le de tratamiento a la Ley del Bosque Nativo, también llamada Ley Bonasso, que se encuentra para su tratamiento en ese recinto, desde octubre de 2012.
El proyecto de ley promueve la adhesión de la provincia a la norma nacional Nº 26.331 de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos, sancionada en 2007.
Esa iniciativa cuenta con media sanción de Senadores, pero aún resta la aprobación en la cámara baja y la promulgación para que, efectivamente, la Nación pueda enviar los fondos del llamado presupuesto mínimo para la protección ambiental de los bosques nativos, ley nacional 26.331, sancionada en 2007.
El pedido de tratamiento de la legislación lleva la firma de las directoras de las escuelas primarias 103, Rincón del Charrúa y 80 Martín Güemes, Colonia Itatí, Lucas Sud, Villaguay, quienes piden en nombre de esas comunidades la aprobación de la ley de ordenamiento territorial.
La nota está dirigida al presidente de la cámara baja, José Allende. En la carta, se le recordó al presidente de la Cámara que las escuelas número 80 Martín Güemes y en la 103, Rincón del Charrúa, Colonia Nueva Itatí, en Lucas Sud, del departamento Villaguay, como sus comunidades, “hemos participado en la elaboración del anteproyecto, mediante aportes con otras instituciones gubernamentales y civiles” y “nos encontramos abocados a un trabajo sobre proyecto educativo sobre el cuidado del ambiente. Temática que presenta como eje transversal en la currícula provincial de educación en todos los niveles de enseñanza” Por esa razón, es que se pide, en carácter de urgente el tratamiento de dicha ley, “ya que la tala indiscriminada, se acentúa cada vez más”.
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Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Comunidades educativas de las escuelas rurales del departamento Villaguay presentaron una nota en la Cámara de Diputados de la provincia, en la que se pide que se le de tratamiento a la Ley del Bosque Nativo, también llamada Ley Bonasso, que se encuentra para su tratamiento en ese recinto, desde octubre de 2012. El proyecto de ley promueve la adhesión de la provincia a la norma nacional Nº 26.331 de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos, sancionada en 2007.
Esa iniciativa cuenta con media sanción de Senadores, pero aún resta la aprobación en la cámara baja y la promulgación para que, efectivamente, la Nación pueda enviar los fondos del llamado presupuesto mínimo para la protección ambiental de los bosques nativos, ley nacional 26.331, sancionada en 2007.
El pedido de tratamiento de la legislación lleva la firma de las directoras de las escuelas primarias 103, Rincón del Charrúa y 80 Martín Güemes, Colonia Itatí, Lucas Sud, Villaguay, quienes piden en nombre de esas comunidades la aprobación de la ley de ordenamiento territorial.
La nota está dirigida al presidente de la cámara baja, José Allende. En la carta, se le recordó al presidente de la Cámara que las escuelas número 80 Martín Güemes y en la 103, Rincón del Charrúa, Colonia Nueva Itatí, en Lucas Sud, del departamento Villaguay, como sus comunidades, “hemos participado en la elaboración del anteproyecto, mediante aportes con otras instituciones gubernamentales y civiles” y “nos encontramos abocados a un trabajo sobre proyecto educativo sobre el cuidado del ambiente. Temática que presenta como eje transversal en la currícula provincial de educación en todos los niveles de enseñanza” Por esa razón, es que se pide, en carácter de urgente el tratamiento de dicha ley, “ya que la tala indiscriminada, se acentúa cada vez más”.
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bosques nativos,
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Río Negro saneará áreas contaminadas con plomo
Nación financiará remediación de áreas contaminadas con plomo
Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Secretaría de Minería de la Nación confirmó que financiará la obra del cerco perimetral y protección de los sitios con depósitos de escorias contaminadas con plomo existentes en un lugar cercano a la ciudad de San Antonio Oeste. Así lo ratificó hoy el presidente del Concejo Deliberante sanantoniense, Claudio Palomequez, quien ayer recibió la ratificación a través de una copia documentada del financiamiento por parte del subprograma GEAMIN del organismo nacional.
Se informó oficialmente que el financiamiento de los trabajos, que cubre la totalidad de los materiales, mano de obra, cartelería de prevención y portones de ingreso a los espacios definidos, tiene por objeto “evitar el acceso a las áreas contaminadas, protegiendo a las personas y animales del contacto con el sitio precisados por la consultoría oportunamente ejecutada”.
Se trata de evitar el contacto directo hasta la realización completa de la obra definitiva de remediación y disposición final de las escorias y suelo impactado.
Durante diciembre del pasado año y enero y febrero últimos, a pedido del intendente Javier Iud, el ingeniero Palomequez solicitó la participación del subprograma GEAMIN para “la búsqueda de recursos para dar respuesta a los pedidos de la Multisectorial y los funcionarios judiciales que solicitan cumplir esta demanda”.
“Esto pudo ser logrado gracias a la colaboración permanente del secretario de Minería de la Provincia de Río Negro, Gustavo Ferreyra, quien en forma personal se ocupó de acompañar esta importante gestión, como así también la participación del coordinador del subprograma, geólogo Luis Ferpozzi”, consignó la información oficial difundida esta mañana.
Se recordó que Bajos del Riñón y San Antonio fueron desestimados como lugares para la disposición final y queFerreyra y Palomequez junto con el secretario municipal de Gobierno, Luis Noale, mantuvieron varias reuniones con vecinos y ocupantes de la zona denominada “Mancha Blanca”, con el objeto de “informar y dar respuestas de los avances de las decisiones tomadas y a considerar en cuanto a los lugares y sitios específicos para la disposición de las escorias, además de las posibles metodologías a usar para los trabajos”.
En las mismas reuniones se acordó y se informó que en la medida que estén terminadas y resueltas las evaluaciones y las precisiones de los especialistas de la consultora, las conclusiones serán dadas a conocer públicamente, avanzando “de manera responsable debido a la urgencia del problema y también por los tiempos administrativos de financiamiento”.
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Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Secretaría de Minería de la Nación confirmó que financiará la obra del cerco perimetral y protección de los sitios con depósitos de escorias contaminadas con plomo existentes en un lugar cercano a la ciudad de San Antonio Oeste. Así lo ratificó hoy el presidente del Concejo Deliberante sanantoniense, Claudio Palomequez, quien ayer recibió la ratificación a través de una copia documentada del financiamiento por parte del subprograma GEAMIN del organismo nacional.
Se informó oficialmente que el financiamiento de los trabajos, que cubre la totalidad de los materiales, mano de obra, cartelería de prevención y portones de ingreso a los espacios definidos, tiene por objeto “evitar el acceso a las áreas contaminadas, protegiendo a las personas y animales del contacto con el sitio precisados por la consultoría oportunamente ejecutada”.
Se trata de evitar el contacto directo hasta la realización completa de la obra definitiva de remediación y disposición final de las escorias y suelo impactado.
Durante diciembre del pasado año y enero y febrero últimos, a pedido del intendente Javier Iud, el ingeniero Palomequez solicitó la participación del subprograma GEAMIN para “la búsqueda de recursos para dar respuesta a los pedidos de la Multisectorial y los funcionarios judiciales que solicitan cumplir esta demanda”.
“Esto pudo ser logrado gracias a la colaboración permanente del secretario de Minería de la Provincia de Río Negro, Gustavo Ferreyra, quien en forma personal se ocupó de acompañar esta importante gestión, como así también la participación del coordinador del subprograma, geólogo Luis Ferpozzi”, consignó la información oficial difundida esta mañana.
Se recordó que Bajos del Riñón y San Antonio fueron desestimados como lugares para la disposición final y queFerreyra y Palomequez junto con el secretario municipal de Gobierno, Luis Noale, mantuvieron varias reuniones con vecinos y ocupantes de la zona denominada “Mancha Blanca”, con el objeto de “informar y dar respuestas de los avances de las decisiones tomadas y a considerar en cuanto a los lugares y sitios específicos para la disposición de las escorias, además de las posibles metodologías a usar para los trabajos”.
En las mismas reuniones se acordó y se informó que en la medida que estén terminadas y resueltas las evaluaciones y las precisiones de los especialistas de la consultora, las conclusiones serán dadas a conocer públicamente, avanzando “de manera responsable debido a la urgencia del problema y también por los tiempos administrativos de financiamiento”.
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Acumar dice que Espósito S.A. está OK
Acumar, sobre la curtiembre
Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) afirmó que cumple con el control industrial en esa cuenca, a raíz de una denuncia efectuada por Greenpeace que sostuvo que una empresa vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo. “Según una ONG ambientalista, una empresa vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo. Acumar informó que ya había intimado a esa empresa a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por el organismo, y el mismo está en proceso de ejecución. Este proceso fue verificado constantemente por la Acumar, que ha realizado su última inspección el día 18 de enero del corriente año”, señaló el organismo en un comunicado. En tanto, el presidente de Acumar, Juan José Mussi, afirmó que “llama la atención que esta ONG no cuestione al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que incumple constantemente con los fondos que tiene que aportar para este organismo como lo indicó la Corte”. “Acumar sigue lo dispuesto por la Corte Suprema. Y es lo que realizó para con la firma Antonio Espósito S.A. sobre la cual Greenpeace ha bloqueado un vuelco de efluentes. La curtiembre en cuestión ha sido relevada y declarada agente contaminante. Se la intimó a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por este organismo, y el mismo está en proceso de ejecución”, se informó. “Mientras dure el mismo, el organismo no está facultado a clausurar el vuelco, el cual implicaría el cese de tareas de la empresa, con la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo de una de las principales firmas exportadoras del sector”, destacó el comunicado.
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Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) afirmó que cumple con el control industrial en esa cuenca, a raíz de una denuncia efectuada por Greenpeace que sostuvo que una empresa vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo. “Según una ONG ambientalista, una empresa vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo. Acumar informó que ya había intimado a esa empresa a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por el organismo, y el mismo está en proceso de ejecución. Este proceso fue verificado constantemente por la Acumar, que ha realizado su última inspección el día 18 de enero del corriente año”, señaló el organismo en un comunicado. En tanto, el presidente de Acumar, Juan José Mussi, afirmó que “llama la atención que esta ONG no cuestione al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que incumple constantemente con los fondos que tiene que aportar para este organismo como lo indicó la Corte”. “Acumar sigue lo dispuesto por la Corte Suprema. Y es lo que realizó para con la firma Antonio Espósito S.A. sobre la cual Greenpeace ha bloqueado un vuelco de efluentes. La curtiembre en cuestión ha sido relevada y declarada agente contaminante. Se la intimó a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por este organismo, y el mismo está en proceso de ejecución”, se informó. “Mientras dure el mismo, el organismo no está facultado a clausurar el vuelco, el cual implicaría el cese de tareas de la empresa, con la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo de una de las principales firmas exportadoras del sector”, destacó el comunicado.
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Argentina es la tercera en cultivos transgénicos
Argentina, tercera en el ranking mundial de los controvertidos cultivos transgénicos
Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Los cultivos transgénicos van ganando espacio en las preferencias de los agricultores de todo el mundo, al punto que en los últimos 17 años creció 100 veces la siembra de semillas genéticamente modificadas (GM).
Así se desprende del informe del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-Biotecnológicas (Isaaa), entidad promotora de los cultivos transgénicos.
Según los datos presentados, durante 2012 se sembraron 170 millones de hectáreas transgénicas que, en comparación con las 1,7 millones cultivadas en 1996 cuando estos cultivos se sembraron por primera vez, mostraron que la tecnología fue la de más rápida adopción en la historia reciente de la agricultura internacional.
En este contexto de crecimiento, la Argentina se posiciona en el tercer lugar en el podio de los países con mayor porcentaje de área cultiva de transgénicos.
La siembra de semillas genéticamente modificadas evoluciona acompañada de la controversia dado que, por su carácter de novedad tecnológica, en Argentina y buena parte de los países del mundo se cuestiona cuáles serán los efectos a largo plazo de estos alimentos sobre la salud humana.
Según el informe de Isaaa, el año pasado se cultivaron 23,9 millones de hectáreas con organismos genéticamente modificado lo que dejó al país en tercer lugar detrás de Estados Unidos (69,5 millones de ha.), y de Brasil (36,6 millones de ha.)
Esa cantidad de hectáreas significaron el 14% del área global cultivada con transgénicos.
"A 17 años de su primera utilización, mientras Sudán y Cuba estrenaron el uso de la tecnología, China, India, Brasil, Argentina y Sudáfrica, países que suman aproximadamente el 40% de la población mundial, cultivaron 78,2 millones de hectáreas de transgénicos, lo que representa el 46% de los cultivos genéticamente modificados en 2012" dice el informe.
Otra particularidad que mostró la utilización de esta tecnología fue que, además del exponencial aumento, el año pasado fue la primera vez en la que los países en vías en desarrollo sembraron más organismos genéticamente modificados que las naciones desarrolladas.
Según el trabajo de la entidad creada a mediados de los 90, de los 28 países que cultivaron transgénicos, 20 fueron países en desarrollo y 8 industrializados, en comparación con los 19 en desarrollo y 10 industrializados de 2011. Aproximadamente el 60% de la población mundial, o sea 4.000 millones de personas, vive en los países que sembraron cultivos GM.
"La adopción de los cultivos GM en los países en vías de desarrollo ha crecido ininterrumpidamente a lo largo de los años, hasta alcanzar y superar a los países industrializados en 2012, un hito inimaginable para algunos", señaló Clive James, autor del informe anual y director-fundador de Isaaa.
"El trabajo se plantea a futuro la necesidad de sistemas regulatorios adecuados, basados en ciencia, y eficientes desde el punto de vista de los costos y de los tiempos. Sobre todo para los países pequeños y con menos recursos, en los cuales es necesario contar con regulaciones responsables, rigurosas pero no onerosas", señaló James en el trabajo del organismo internacional.
* Publicado el 25/02/2012 en su respectiva web
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Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Los cultivos transgénicos van ganando espacio en las preferencias de los agricultores de todo el mundo, al punto que en los últimos 17 años creció 100 veces la siembra de semillas genéticamente modificadas (GM).Así se desprende del informe del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-Biotecnológicas (Isaaa), entidad promotora de los cultivos transgénicos.
Según los datos presentados, durante 2012 se sembraron 170 millones de hectáreas transgénicas que, en comparación con las 1,7 millones cultivadas en 1996 cuando estos cultivos se sembraron por primera vez, mostraron que la tecnología fue la de más rápida adopción en la historia reciente de la agricultura internacional.
En este contexto de crecimiento, la Argentina se posiciona en el tercer lugar en el podio de los países con mayor porcentaje de área cultiva de transgénicos.
La siembra de semillas genéticamente modificadas evoluciona acompañada de la controversia dado que, por su carácter de novedad tecnológica, en Argentina y buena parte de los países del mundo se cuestiona cuáles serán los efectos a largo plazo de estos alimentos sobre la salud humana.
Según el informe de Isaaa, el año pasado se cultivaron 23,9 millones de hectáreas con organismos genéticamente modificado lo que dejó al país en tercer lugar detrás de Estados Unidos (69,5 millones de ha.), y de Brasil (36,6 millones de ha.)
Esa cantidad de hectáreas significaron el 14% del área global cultivada con transgénicos.
"A 17 años de su primera utilización, mientras Sudán y Cuba estrenaron el uso de la tecnología, China, India, Brasil, Argentina y Sudáfrica, países que suman aproximadamente el 40% de la población mundial, cultivaron 78,2 millones de hectáreas de transgénicos, lo que representa el 46% de los cultivos genéticamente modificados en 2012" dice el informe.
Otra particularidad que mostró la utilización de esta tecnología fue que, además del exponencial aumento, el año pasado fue la primera vez en la que los países en vías en desarrollo sembraron más organismos genéticamente modificados que las naciones desarrolladas.
Según el trabajo de la entidad creada a mediados de los 90, de los 28 países que cultivaron transgénicos, 20 fueron países en desarrollo y 8 industrializados, en comparación con los 19 en desarrollo y 10 industrializados de 2011. Aproximadamente el 60% de la población mundial, o sea 4.000 millones de personas, vive en los países que sembraron cultivos GM.
"La adopción de los cultivos GM en los países en vías de desarrollo ha crecido ininterrumpidamente a lo largo de los años, hasta alcanzar y superar a los países industrializados en 2012, un hito inimaginable para algunos", señaló Clive James, autor del informe anual y director-fundador de Isaaa.
"El trabajo se plantea a futuro la necesidad de sistemas regulatorios adecuados, basados en ciencia, y eficientes desde el punto de vista de los costos y de los tiempos. Sobre todo para los países pequeños y con menos recursos, en los cuales es necesario contar con regulaciones responsables, rigurosas pero no onerosas", señaló James en el trabajo del organismo internacional.
* Publicado el 25/02/2012 en su respectiva web
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Minera demanda a OIKOS de Mendoza
Minera intenta censurar ambientalista en Mendoza
Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Mendoza
En un caso preocupante de judicialización, la Minera San Jorge presentó una demanda por "calumnias e injurias" contra Eduardo Sosa, presidente de la organización OIKOS de Mendoza. Importantes entidades ambientalistas de Argentina se presentaron en su defensa ante el tribunal. Por su parte, la Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata también mostraron su total repudio a la acción y solidaridad con el afectado. El sábado que viene, será uno de los reclamos en la marcha del Currusel Vendimial. ComAmbiental entrevistó a Eduardo Sosa, quien afirmó que su juicio se inscribe dentro de la criminalización de la protesta social.
La semana pasada, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras entidades como Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace, Los Verdes-FEP y Fundación M´biguá, formalizaron su presentación con la figura de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) en la causa iniciada por calumnias e injurias. En el comunicado, se destaca "el rol clave que juegan las organizaciones de la sociedad civil, tal como OIKOS, en la promoción y defensa de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en el monitoreo del accionar de la administración pública y la vigencia del Estado de Derecho". Y afirman: "Para que este rol no se vea cercenado, la libertad de expresión es un derecho que debe ser plenamente garantizado, ya que es elemental para el debate público de ideas".
"¿No causaron suficiente daño moral cuando extorsionaron a toda una población, mintiendo, dividiendo familias?", se preguntaron desde la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza sobre el accionar de la minera Coro Mining Corp, autodenominada "San Jorge". En la misma línea, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata remarcaron que las acciones de Eduardo Sosa no fueron en su nombre, sino "un reflejo paralelo a las acciones de nuestra Asamblea. Las mismas evidenciaban un manejo inescrupuloso de la información por parte de la empresa que, a menudo trataba de disfrazar, tergiversar y ocultar las irregularidades del proyecto". Del mismo modo, destacan que "sin el apoyo legal proporcionados pos OIKOS Red Ambiental, nada podrían haber hecho los vecinos de Uspallata que fueron injustamente judicializados por manifestarse en reclamo de sus derechos".
El proyecto "San Jorge" fue rechazado por la Legislatura de Mendoza en agosto del 2011. Es por ello que también la Asamblea Popular por el Agua plantea que los empresarios "decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero". No es solamente esto, sino que la empresa desde el año pasado intenta una nueva estrategia, que consiste en extraer el material en San Jorge y luego separar el metal en San Juan para evitar la Ley 7.722 de Mendoza que prohíbe el uso de químicos para esta minería. En este contexto, la Asamblea advirtió que una condena al ecologista "representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la Justicia".
Ver toda la Nota
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Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Mendoza
En un caso preocupante de judicialización, la Minera San Jorge presentó una demanda por "calumnias e injurias" contra Eduardo Sosa, presidente de la organización OIKOS de Mendoza. Importantes entidades ambientalistas de Argentina se presentaron en su defensa ante el tribunal. Por su parte, la Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata también mostraron su total repudio a la acción y solidaridad con el afectado. El sábado que viene, será uno de los reclamos en la marcha del Currusel Vendimial. ComAmbiental entrevistó a Eduardo Sosa, quien afirmó que su juicio se inscribe dentro de la criminalización de la protesta social.
La semana pasada, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras entidades como Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace, Los Verdes-FEP y Fundación M´biguá, formalizaron su presentación con la figura de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) en la causa iniciada por calumnias e injurias. En el comunicado, se destaca "el rol clave que juegan las organizaciones de la sociedad civil, tal como OIKOS, en la promoción y defensa de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en el monitoreo del accionar de la administración pública y la vigencia del Estado de Derecho". Y afirman: "Para que este rol no se vea cercenado, la libertad de expresión es un derecho que debe ser plenamente garantizado, ya que es elemental para el debate público de ideas".
"¿No causaron suficiente daño moral cuando extorsionaron a toda una población, mintiendo, dividiendo familias?", se preguntaron desde la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza sobre el accionar de la minera Coro Mining Corp, autodenominada "San Jorge". En la misma línea, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata remarcaron que las acciones de Eduardo Sosa no fueron en su nombre, sino "un reflejo paralelo a las acciones de nuestra Asamblea. Las mismas evidenciaban un manejo inescrupuloso de la información por parte de la empresa que, a menudo trataba de disfrazar, tergiversar y ocultar las irregularidades del proyecto". Del mismo modo, destacan que "sin el apoyo legal proporcionados pos OIKOS Red Ambiental, nada podrían haber hecho los vecinos de Uspallata que fueron injustamente judicializados por manifestarse en reclamo de sus derechos".
El proyecto "San Jorge" fue rechazado por la Legislatura de Mendoza en agosto del 2011. Es por ello que también la Asamblea Popular por el Agua plantea que los empresarios "decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero". No es solamente esto, sino que la empresa desde el año pasado intenta una nueva estrategia, que consiste en extraer el material en San Jorge y luego separar el metal en San Juan para evitar la Ley 7.722 de Mendoza que prohíbe el uso de químicos para esta minería. En este contexto, la Asamblea advirtió que una condena al ecologista "representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la Justicia".
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Curtiembre "clausurada" en el Riachuelo
Empresas que no paran de contaminar
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Se trata de una importante curtiembre cuyo dueño integra el staff de la UIA y es directivo de una firma dedicada al tratamiento de efluentes. Los ambientalistas advierten sobre la falta de controles de Acumar, pero el organismo lo rechaza.
Una de las principales curtiembres que envían efluentes a la cuenca del Riachuelo –cuyo dueño es tesorero de la Unión Industrial Argentina y presidente de la entidad Industriales para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo– “no ha cesado de verter sustancias contaminantes”, según un informe elaborado por Greenpeace Argentina. Ello incluye cantidades de cromo “doce veces superiores al límite fijado” y de materia orgánica “casi tres veces por encima de lo establecido”; en los sedimentos, “el plomo supera más de quince veces” los parámetros internacionales. El mismo empresario integra el directorio de una firma, supuestamente dedicada a tratar efluentes, que habría simplemente arrojado “una enorme cantidad de barros de cromo, sin tratar”, en un baldío adyacente. Para Greenpeace, el caso da testimonio de que “las grandes curtiembres no han asumido el compromiso de dejar de contaminar”. Pero, también, reflejaría “la falta de controles efectivos por Acumar y la falencia de los planes de reconversión industrial”. Según Greenpeace, “no hay ningún dato de mejoría en la calidad del agua del Riachuelo” desde que, en 2008, la Corte Suprema de la Nación ordenó su saneamiento.
La firma Antonio Esposito S.A. “forma parte del grupo de las principales curtiembres exportadoras del país; vende sus productos a Alemania, Italia, Brasil y Estados Unidos, y también distribuye cueros en todo el país. Posee cuatro establecimientos, todos en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. A pesar de contar con el Plan de Reconversión Industrial (PRI) aprobado por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), la empresa no ha cesado de verter en el arroyo Sarandí –en la cuenca del Riachuelo– contaminantes por encima de los valores permitidos por la normativa de Acumar, que de por sí es laxa”: así lo sostiene el informe “Cueros tóxicos II: Curtiembres. Actualización de evidencias de contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo”.
Greenpeace tomó muestras de efluentes de la curtiembre, situada en Gibraltar 1432, Sarandí, partido de Avellaneda: “Mientras el límite permitido de vertido de cromo es de dos miligramos por litro, las muestras arrojaron la cifra de 23,1 miligramos por litro”, precisa el informe; en cuanto a la contaminación por materia orgánica, “el límite establecido por Acumar es 250 miligramos por litro y las muestras demostraron 730 miligramos por litro”. La entidad ambientalista también tomó muestras de sedimento en la orilla del arroyo Sarandí, cerca del efluente de Antonio Esposito S.A. En este caso, al no haber legislación nacional sobre estándares de calidad de sedimentos, se consideró la legislación de Canadá, utilizada como referencia en distintos países: “El cadmio superó hasta 4,65 veces los parámetros canadienses; el mercurio, hasta 3,76; el plomo, hasta 15,68; y el cromo, hasta 27,88 veces”.
El presidente de Esposito S.A. es Aldo Rubén Esposito, también tesorero de la Unión Industrial Argentina, vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Unión Industrial de Lanús y presidente de la Unión de Industriales para el Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista, cuyo principal objetivo es “resolver sustentablemente la problemática ambiental y fomentar la responsabilidad social empresaria”. Aldo Esposito integra también el directorio de Tratamientos de Efluentes Avellaneda (TEA), “empresa que recibió barros de cromo para tratar pero, como no podía tratarlos, los enterró en el predio de al lado”, según el informe de Greenpeace.
TEA fue clausurada por Acumar en abril de 2012 por contaminar. “A partir de la constatación de que TEA disponía de manera ilegal residuos sólidos en uno de los predios lindantes, Greenpeace tomó muestras de suelo: los valores de cromo hallados superan 84 veces el límite permitido para el uso residencial de suelo, y 26 veces lo permitido para uso industrial”, sostiene el documento.
Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Riachuelo de Greenpeace Argentina, comentó que “en los últimos tiempos, muchas empresas incorporaron el discurso del cuidado de medio ambiente, que suena lindo pero, cuando uno va a ver cómo están trabajando, la realidad es muy distinta”. La ambientalista sostuvo que “las empresas deben hacerse responsables de sus vertidos y desde ya deben informar, por Internet, qué sustancias están emitiendo, cuáles son las que irán eliminando prioritariamente y en qué plazo. Este compromiso público está basado en el derecho que la gente tiene a saber qué emiten las industrias contaminantes con las que debe convivir y también permitirá establecer una línea de base, un diagnóstico general de la contaminación de la cuenca”.
En cuanto a la Acumar, “hasta hoy no les exige a las empresas que dejen de contaminar: aun cuando todas las empresas cumplieran las pautas de Acumar, el Riachuelo seguiría contaminado. La Resolución 1 de Acumar, de 2007, se limita a pedir a las empresas que sus efluentes no superen determinado porcentaje de contaminantes: así, para cumplir, la empresa no tiene más que utilizar más agua, de modo que el tóxico se diluya más, aunque la cantidad vertida sea la misma. Y la Resolución 3, de 2009, establece objetivos tan poco ambiciosos como ‘la apreciación del paisaje’ o ‘el ciclismo’ en las cercanías, pero no reconoce ningún uso para el agua, que seguirá contaminada. La Acumar tiene potestad para modificar esas resoluciones, hechas a medida de la contaminación, pero las mantiene”, afirmó Pujó.
Según la representante de Greenpeace, “no encontramos ningún parámetro para suponer que la contaminación del Riachuelo esté mejorando. Algunos sitios, donde los muestreos de 2009 habían mejorado, han vuelto a empeorar: no hay ninguna tendencia a una mejora en la calidad del agua. Por ejemplo, el oxígeno disuelto, del cual depende la posibilidad de que haya vida acuática, no presenta avances desde 2008. En 2011 había mejorado un poquito en la cuenca alta, pero en 2012 volvió a empeorar: salvo en dos puntos, en la cuenca no hay oxígeno suficiente para permitir vida acuática”.
Cueros for export
“El sector de curtiembres está dominado por un grupo de grandes empresas que, si bien adaptaron sus productos a las exigencias internacionales de calidad, no han adoptado estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas. Estas empresas aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos de los países a donde destinan sus productos, para evitar implementar estrictos controles de sustancias químicas peligrosas en los procesos productivos y sus vertidos, que en cambio sí aplican en su producto final para poder acceder a esos mercados. Entre las principales curtiembres exportadoras de la cuenca se puede mencionar a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli, Américo Gaita y Esposito. Este sector fue identificado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como uno de los más contaminantes de la Cuenca Riachuelo-Matanza”, destaca el informe “Cueros tóxicos II”, de Greenpeace Argentina.
“Hay menos vertidos”
Osvaldo Reynoso, coordinador general de Fiscalización y Reconversión Industrial de Acumar, consultado por este diario sobre la denuncia de Greenpeace Argentina (ver nota principal), afirmó que “hay una campaña muy fuerte para que las curtiembres instalen plantas de eliminación de sulfuro y cromo. En general, las empresas han brindado participación y han instalado plantas de ese tipo y hacen mediciones. La mayoría presta mucha colaboración, e incluso la Cámara de Curtidores ha hecho acuerdos con Acumar para la eliminación de esos dos componentes”.
–¿Las mediciones las hacen sólo las empresas?
–Ellos hacen sus monitoreos y nosotros corroboramos con mediciones propias. En general constatamos que esos vertidos han disminuido sensiblemente en muchos establecimientos. En el caso de Antonio Esposito SA, la empresa está dentro de nuestro programa de reconversión, dentro del cual tiene varias obras comprometidas, de las que ha terminado la mayor parte. En las últimas inspecciones se constató que falta un último tramo, que supongo se terminará con prontitud.
“Puede haber deficiencias”
Aldo Esposito –titular de la curtiembre Antonio Esposito SA y de la Unión de Industriales para el Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista–, consultado sobre la denuncia de Greenpeace, sostuvo que “el tema del cromo ya está solucionado en la curtiembre, porque desde hace unos años hay procedimientos para resolverlo: se reutiliza en la misma curtiembre o se devuelve el residuo al proveedor, que lo vuelve a transformar en materia prima. Puede haber en algún momento alguna deficiencia, pero se están haciendo mejoras continuas. En Avellaneda hicimos una inversión de cuatro millones de dólares para crear una planta de tratamiento de efluentes, a donde todos los curtidores enviaban los precipitados de cromo y allí se hacía un producto homogéneo que a su vez se devolvía al proveedor, en Alemania.
–Usted se refiere a la empresa TEA, clausurada por Acumar.
–TEA se cerró porque los curtidores empezaron a hacer su propio reciclado y dejaron de enviar los efluentes. En el ínterin hubo una inspección de Acumar que la clausuró.
–Hay una denuncia de que TEA arrojó residuos tóxicos sin tratar en un predio lindero...
–No me consta, pero me llegó esa versión; de ser cierto, fue hecho a espaldas del directorio de la empresa. Vamos a hacer la denuncia correspondiente y el que se mandó la macana, que la pague. Es una asquerosidad.
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Greenpeace bloquea el caño de una curtiembre
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Riachuelo
Esta mañana activistas de Greenpeace bloquearon el caño de la curtiembre Antonio Esposito SA, tras confirmar que la empresa vierte sustancias tóxicas en aguas del Raichuelo. Luego llevaron la llave del bloqueador a la Casa Rosada para reclamarle al jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, de quien depende la presidencia de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo -ACuMaR-, que ponga fin a la contaminación.
Greenpeace bloqueó la salida de los efluentes de la Curtiembre Antonio Esposito, ubicada en Avellaneda, tras obtener resultados de laboratorio que prueban que sus caños arrojan cromo en cantidades 12 veces superiores a las permitidas. Además, la empresa vierte ilegalmente esta y otras sustancias tóxicas en las aguas del Arroyo Sarandí. Su dueño, Aldo Rubén Esposito, también es miembro del directorio de la empresa Tratamiento de Efluentes Avellaneda (TEA), que dispuso clandestinamente cromo en estado sólido en los predios vecinos a la vera del mismo arroyo (1). A su vez, Esposito preside una organización de empresarios de las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista que promueve el desarrollo sustentable, la responsabilidad social empresaria y el cuidado ambiental (2).
“Este es un claro ejemplo del descontrol industrial en el Riachuelo en manos del sector curtiembres, uno de los sectores más contaminantes de la Cuenca. Desde 2011, Greenpeace demanda a las empresas de este sector un compromiso para llevar a cero los vertidos de sustancias tóxicas. A pesar de que la organización ya expuso la contaminación de empresas como La Hispano, Gaita, La Teresa, Ángel Giordano y María Lettieri, hasta el momento ninguna asumió el compromiso (3). Las autoridades no controlan suficientemente y la normativa que aplican es muy débil.”, manifestó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Riachuelo de Greenpeace.
Greenpeace señaló que, frente a este nuevo caso de contaminación industrial, es necesario evaluar la eficacia del plan de saneamiento, más allá de las acciones y obras anunciadas. Los resultados de los propios monitoreos realizados por ACUMAR y analizados por Greenpeace, demuestran que los cursos de agua de la Cuenca Matanza- Riachuelo mantienen los mismos niveles de contaminación que tenían 5 años atrás, cuando comenzaron las gestiones de saneamiento en la Cuenca (4).
Junto con el bloqueo, la organización ambientalista presentó hoy el informe “Cueros Tóxicos II” en el que detalla cómo la curtiembre y la planta de tratamiento denunciadas contaminan con sustancias tóxicas la Cuenca Matanza – Riachuelo (5).
Como parte del Cuerpo Colegiado designado por la Corte Suprema de la Nación para monitorear el saneamiento de la Cuenca, Greenpeace demanda a las autoridades que redefinan los objetivos de recomposición, y pongan en marcha un plan integral que apunte al cese total de los vertidos, como lo dispuso el máximo tribunal tras el fallo del año 2008.
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Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Se trata de una importante curtiembre cuyo dueño integra el staff de la UIA y es directivo de una firma dedicada al tratamiento de efluentes. Los ambientalistas advierten sobre la falta de controles de Acumar, pero el organismo lo rechaza.
Una de las principales curtiembres que envían efluentes a la cuenca del Riachuelo –cuyo dueño es tesorero de la Unión Industrial Argentina y presidente de la entidad Industriales para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo– “no ha cesado de verter sustancias contaminantes”, según un informe elaborado por Greenpeace Argentina. Ello incluye cantidades de cromo “doce veces superiores al límite fijado” y de materia orgánica “casi tres veces por encima de lo establecido”; en los sedimentos, “el plomo supera más de quince veces” los parámetros internacionales. El mismo empresario integra el directorio de una firma, supuestamente dedicada a tratar efluentes, que habría simplemente arrojado “una enorme cantidad de barros de cromo, sin tratar”, en un baldío adyacente. Para Greenpeace, el caso da testimonio de que “las grandes curtiembres no han asumido el compromiso de dejar de contaminar”. Pero, también, reflejaría “la falta de controles efectivos por Acumar y la falencia de los planes de reconversión industrial”. Según Greenpeace, “no hay ningún dato de mejoría en la calidad del agua del Riachuelo” desde que, en 2008, la Corte Suprema de la Nación ordenó su saneamiento.
La firma Antonio Esposito S.A. “forma parte del grupo de las principales curtiembres exportadoras del país; vende sus productos a Alemania, Italia, Brasil y Estados Unidos, y también distribuye cueros en todo el país. Posee cuatro establecimientos, todos en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. A pesar de contar con el Plan de Reconversión Industrial (PRI) aprobado por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), la empresa no ha cesado de verter en el arroyo Sarandí –en la cuenca del Riachuelo– contaminantes por encima de los valores permitidos por la normativa de Acumar, que de por sí es laxa”: así lo sostiene el informe “Cueros tóxicos II: Curtiembres. Actualización de evidencias de contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo”.
Greenpeace tomó muestras de efluentes de la curtiembre, situada en Gibraltar 1432, Sarandí, partido de Avellaneda: “Mientras el límite permitido de vertido de cromo es de dos miligramos por litro, las muestras arrojaron la cifra de 23,1 miligramos por litro”, precisa el informe; en cuanto a la contaminación por materia orgánica, “el límite establecido por Acumar es 250 miligramos por litro y las muestras demostraron 730 miligramos por litro”. La entidad ambientalista también tomó muestras de sedimento en la orilla del arroyo Sarandí, cerca del efluente de Antonio Esposito S.A. En este caso, al no haber legislación nacional sobre estándares de calidad de sedimentos, se consideró la legislación de Canadá, utilizada como referencia en distintos países: “El cadmio superó hasta 4,65 veces los parámetros canadienses; el mercurio, hasta 3,76; el plomo, hasta 15,68; y el cromo, hasta 27,88 veces”.
El presidente de Esposito S.A. es Aldo Rubén Esposito, también tesorero de la Unión Industrial Argentina, vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Unión Industrial de Lanús y presidente de la Unión de Industriales para el Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista, cuyo principal objetivo es “resolver sustentablemente la problemática ambiental y fomentar la responsabilidad social empresaria”. Aldo Esposito integra también el directorio de Tratamientos de Efluentes Avellaneda (TEA), “empresa que recibió barros de cromo para tratar pero, como no podía tratarlos, los enterró en el predio de al lado”, según el informe de Greenpeace.
TEA fue clausurada por Acumar en abril de 2012 por contaminar. “A partir de la constatación de que TEA disponía de manera ilegal residuos sólidos en uno de los predios lindantes, Greenpeace tomó muestras de suelo: los valores de cromo hallados superan 84 veces el límite permitido para el uso residencial de suelo, y 26 veces lo permitido para uso industrial”, sostiene el documento.
Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Riachuelo de Greenpeace Argentina, comentó que “en los últimos tiempos, muchas empresas incorporaron el discurso del cuidado de medio ambiente, que suena lindo pero, cuando uno va a ver cómo están trabajando, la realidad es muy distinta”. La ambientalista sostuvo que “las empresas deben hacerse responsables de sus vertidos y desde ya deben informar, por Internet, qué sustancias están emitiendo, cuáles son las que irán eliminando prioritariamente y en qué plazo. Este compromiso público está basado en el derecho que la gente tiene a saber qué emiten las industrias contaminantes con las que debe convivir y también permitirá establecer una línea de base, un diagnóstico general de la contaminación de la cuenca”.
En cuanto a la Acumar, “hasta hoy no les exige a las empresas que dejen de contaminar: aun cuando todas las empresas cumplieran las pautas de Acumar, el Riachuelo seguiría contaminado. La Resolución 1 de Acumar, de 2007, se limita a pedir a las empresas que sus efluentes no superen determinado porcentaje de contaminantes: así, para cumplir, la empresa no tiene más que utilizar más agua, de modo que el tóxico se diluya más, aunque la cantidad vertida sea la misma. Y la Resolución 3, de 2009, establece objetivos tan poco ambiciosos como ‘la apreciación del paisaje’ o ‘el ciclismo’ en las cercanías, pero no reconoce ningún uso para el agua, que seguirá contaminada. La Acumar tiene potestad para modificar esas resoluciones, hechas a medida de la contaminación, pero las mantiene”, afirmó Pujó.
Según la representante de Greenpeace, “no encontramos ningún parámetro para suponer que la contaminación del Riachuelo esté mejorando. Algunos sitios, donde los muestreos de 2009 habían mejorado, han vuelto a empeorar: no hay ninguna tendencia a una mejora en la calidad del agua. Por ejemplo, el oxígeno disuelto, del cual depende la posibilidad de que haya vida acuática, no presenta avances desde 2008. En 2011 había mejorado un poquito en la cuenca alta, pero en 2012 volvió a empeorar: salvo en dos puntos, en la cuenca no hay oxígeno suficiente para permitir vida acuática”.
Cueros for export
“El sector de curtiembres está dominado por un grupo de grandes empresas que, si bien adaptaron sus productos a las exigencias internacionales de calidad, no han adoptado estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas. Estas empresas aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos de los países a donde destinan sus productos, para evitar implementar estrictos controles de sustancias químicas peligrosas en los procesos productivos y sus vertidos, que en cambio sí aplican en su producto final para poder acceder a esos mercados. Entre las principales curtiembres exportadoras de la cuenca se puede mencionar a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli, Américo Gaita y Esposito. Este sector fue identificado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como uno de los más contaminantes de la Cuenca Riachuelo-Matanza”, destaca el informe “Cueros tóxicos II”, de Greenpeace Argentina.
“Hay menos vertidos”
Osvaldo Reynoso, coordinador general de Fiscalización y Reconversión Industrial de Acumar, consultado por este diario sobre la denuncia de Greenpeace Argentina (ver nota principal), afirmó que “hay una campaña muy fuerte para que las curtiembres instalen plantas de eliminación de sulfuro y cromo. En general, las empresas han brindado participación y han instalado plantas de ese tipo y hacen mediciones. La mayoría presta mucha colaboración, e incluso la Cámara de Curtidores ha hecho acuerdos con Acumar para la eliminación de esos dos componentes”.
–¿Las mediciones las hacen sólo las empresas?
–Ellos hacen sus monitoreos y nosotros corroboramos con mediciones propias. En general constatamos que esos vertidos han disminuido sensiblemente en muchos establecimientos. En el caso de Antonio Esposito SA, la empresa está dentro de nuestro programa de reconversión, dentro del cual tiene varias obras comprometidas, de las que ha terminado la mayor parte. En las últimas inspecciones se constató que falta un último tramo, que supongo se terminará con prontitud.
“Puede haber deficiencias”
Aldo Esposito –titular de la curtiembre Antonio Esposito SA y de la Unión de Industriales para el Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista–, consultado sobre la denuncia de Greenpeace, sostuvo que “el tema del cromo ya está solucionado en la curtiembre, porque desde hace unos años hay procedimientos para resolverlo: se reutiliza en la misma curtiembre o se devuelve el residuo al proveedor, que lo vuelve a transformar en materia prima. Puede haber en algún momento alguna deficiencia, pero se están haciendo mejoras continuas. En Avellaneda hicimos una inversión de cuatro millones de dólares para crear una planta de tratamiento de efluentes, a donde todos los curtidores enviaban los precipitados de cromo y allí se hacía un producto homogéneo que a su vez se devolvía al proveedor, en Alemania.
–Usted se refiere a la empresa TEA, clausurada por Acumar.
–TEA se cerró porque los curtidores empezaron a hacer su propio reciclado y dejaron de enviar los efluentes. En el ínterin hubo una inspección de Acumar que la clausuró.
–Hay una denuncia de que TEA arrojó residuos tóxicos sin tratar en un predio lindero...
–No me consta, pero me llegó esa versión; de ser cierto, fue hecho a espaldas del directorio de la empresa. Vamos a hacer la denuncia correspondiente y el que se mandó la macana, que la pague. Es una asquerosidad.
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Greenpeace bloquea el caño de una curtiembre
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Riachuelo
Esta mañana activistas de Greenpeace bloquearon el caño de la curtiembre Antonio Esposito SA, tras confirmar que la empresa vierte sustancias tóxicas en aguas del Raichuelo. Luego llevaron la llave del bloqueador a la Casa Rosada para reclamarle al jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, de quien depende la presidencia de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo -ACuMaR-, que ponga fin a la contaminación.
Greenpeace bloqueó la salida de los efluentes de la Curtiembre Antonio Esposito, ubicada en Avellaneda, tras obtener resultados de laboratorio que prueban que sus caños arrojan cromo en cantidades 12 veces superiores a las permitidas. Además, la empresa vierte ilegalmente esta y otras sustancias tóxicas en las aguas del Arroyo Sarandí. Su dueño, Aldo Rubén Esposito, también es miembro del directorio de la empresa Tratamiento de Efluentes Avellaneda (TEA), que dispuso clandestinamente cromo en estado sólido en los predios vecinos a la vera del mismo arroyo (1). A su vez, Esposito preside una organización de empresarios de las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista que promueve el desarrollo sustentable, la responsabilidad social empresaria y el cuidado ambiental (2).
“Este es un claro ejemplo del descontrol industrial en el Riachuelo en manos del sector curtiembres, uno de los sectores más contaminantes de la Cuenca. Desde 2011, Greenpeace demanda a las empresas de este sector un compromiso para llevar a cero los vertidos de sustancias tóxicas. A pesar de que la organización ya expuso la contaminación de empresas como La Hispano, Gaita, La Teresa, Ángel Giordano y María Lettieri, hasta el momento ninguna asumió el compromiso (3). Las autoridades no controlan suficientemente y la normativa que aplican es muy débil.”, manifestó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Riachuelo de Greenpeace.
Greenpeace señaló que, frente a este nuevo caso de contaminación industrial, es necesario evaluar la eficacia del plan de saneamiento, más allá de las acciones y obras anunciadas. Los resultados de los propios monitoreos realizados por ACUMAR y analizados por Greenpeace, demuestran que los cursos de agua de la Cuenca Matanza- Riachuelo mantienen los mismos niveles de contaminación que tenían 5 años atrás, cuando comenzaron las gestiones de saneamiento en la Cuenca (4).
Junto con el bloqueo, la organización ambientalista presentó hoy el informe “Cueros Tóxicos II” en el que detalla cómo la curtiembre y la planta de tratamiento denunciadas contaminan con sustancias tóxicas la Cuenca Matanza – Riachuelo (5).
Como parte del Cuerpo Colegiado designado por la Corte Suprema de la Nación para monitorear el saneamiento de la Cuenca, Greenpeace demanda a las autoridades que redefinan los objetivos de recomposición, y pongan en marcha un plan integral que apunte al cese total de los vertidos, como lo dispuso el máximo tribunal tras el fallo del año 2008.
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Siguen la pelea por la obra en la 9 de Julio
Otro round en la pelea por los árboles entre Nación y Ciudad
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Capital Federal
El Gobierno Nacional continuó ayer la polémica con Mauricio Macri por los árboles.
Luego de que el jefe de Gobierno porteño denunciara que la Nación sacó en Tecnópolis más árboles que los removidos por la obra del Metrobús en la 9 de Julio, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli le contestó que “sin mentiras se dedique a gobernar”.
Parrilli volvió ayer a la carga: “Deje de contar arbolitos en imágenes que le preparan sus asesores. Los árboles están. Dedíquese en serio y sin mentiras a gobernar la Ciudad”, dijo, e invito a Macri a recorrer el predio. Además, en el perfil de Facebook de Tecnópolis apareció un irónico mensaje dedicado a Macri, en el que los árboles “hablan” y dicen: “Estamos bien los 2.936”.
La polémica con los árboles comenzó cuando se conoció que por la obra del Metrobús la Ciudad tenía pensado remover 305 ejemplares en las plazoletas de la 9 de Julio. A cambio, el Gobierno porteño prometía plantar 500.
Pero el kirchnerismo lo aprovechó como argumento para la pelea política. La propia Presidenta dijo que para ella eran “sagrados” y que nunca talaría un árbol.
A esto Macri le respondió que en Tecnópolis habían talado, lo que le valió una acusación de Parrilli de ser “un vago irresponsable”. El jefe de Gobierno porteño difundió fotos satelitales para probar que faltan 478 árboles en el predio de Villa Martelli.
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Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Capital Federal
El Gobierno Nacional continuó ayer la polémica con Mauricio Macri por los árboles.
Luego de que el jefe de Gobierno porteño denunciara que la Nación sacó en Tecnópolis más árboles que los removidos por la obra del Metrobús en la 9 de Julio, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli le contestó que “sin mentiras se dedique a gobernar”.
Parrilli volvió ayer a la carga: “Deje de contar arbolitos en imágenes que le preparan sus asesores. Los árboles están. Dedíquese en serio y sin mentiras a gobernar la Ciudad”, dijo, e invito a Macri a recorrer el predio. Además, en el perfil de Facebook de Tecnópolis apareció un irónico mensaje dedicado a Macri, en el que los árboles “hablan” y dicen: “Estamos bien los 2.936”.
La polémica con los árboles comenzó cuando se conoció que por la obra del Metrobús la Ciudad tenía pensado remover 305 ejemplares en las plazoletas de la 9 de Julio. A cambio, el Gobierno porteño prometía plantar 500.
Pero el kirchnerismo lo aprovechó como argumento para la pelea política. La propia Presidenta dijo que para ella eran “sagrados” y que nunca talaría un árbol.
A esto Macri le respondió que en Tecnópolis habían talado, lo que le valió una acusación de Parrilli de ser “un vago irresponsable”. El jefe de Gobierno porteño difundió fotos satelitales para probar que faltan 478 árboles en el predio de Villa Martelli.
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Justicia ordena frenar obra de Monsanto en Córdoba
Monsanto: dictan la suspensión de obras
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Córdoba
La sala 2 de Cámara de Conciliación Laboral provincial dispuso que no continúen las obras en Malvinas Argentinas.
La sala 2 de la Cámara de Conciliación Laboral provincial dispuso que no continúen las obras de la firma Monsanto que se están ejecutando en Malvinas Argentinas y ordenó a la Municipalidad de esa localidad que suspenda los efectos de la ordenanza que autorizaba la obra civil.
El auto interlocutorio 21 del pasado viernes está firmado por los vocales Silvia Díaz, Luis Fernando Farías y Miguel Ángel Azar y revoca el punto 1 de la decisión de la jueza Claudia Zalazar (del 25 de enero), quien había dicho que podían construir pero no poner en marcha la planta de secado de semillas hasta que no presentaran los estudios de impacto ambiental.
Aún no se conocen los fundamentos de la decisión. Si bien administrativamente la resolución no fue recibida por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, el abogado de esta comuna, Gustavo Asís, confirmó anoche la novedad a La voz del Interior. En su estudio jurídico de Córdoba recibió la notificación judicial a última hora del viernes.
El letrado confirmó que los jueces hicieron “lugar a la cautelar innovativa peticionada por los amparistas” y ordenaron a la Municipalidad “suspender los efectos de la ordenanza”.
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Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Córdoba
La sala 2 de Cámara de Conciliación Laboral provincial dispuso que no continúen las obras en Malvinas Argentinas.La sala 2 de la Cámara de Conciliación Laboral provincial dispuso que no continúen las obras de la firma Monsanto que se están ejecutando en Malvinas Argentinas y ordenó a la Municipalidad de esa localidad que suspenda los efectos de la ordenanza que autorizaba la obra civil.
El auto interlocutorio 21 del pasado viernes está firmado por los vocales Silvia Díaz, Luis Fernando Farías y Miguel Ángel Azar y revoca el punto 1 de la decisión de la jueza Claudia Zalazar (del 25 de enero), quien había dicho que podían construir pero no poner en marcha la planta de secado de semillas hasta que no presentaran los estudios de impacto ambiental.
Aún no se conocen los fundamentos de la decisión. Si bien administrativamente la resolución no fue recibida por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, el abogado de esta comuna, Gustavo Asís, confirmó anoche la novedad a La voz del Interior. En su estudio jurídico de Córdoba recibió la notificación judicial a última hora del viernes.
El letrado confirmó que los jueces hicieron “lugar a la cautelar innovativa peticionada por los amparistas” y ordenaron a la Municipalidad “suspender los efectos de la ordenanza”.
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Piensan en que el estado explote el litio
Evalúan crear empresa estatal para explotar litio
Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Un sector del Gobierno analiza formar un organismo o compañía estatal que juegue un papel clave en la producción. La Argentina concentra el 13,3% de las reservas mundiales
El desarrollo e industrialización del litio, considerado un "recurso estratégico" por su proyección futura, debería ir acompañado por la creación de una entidad estatal. De ese modo se podrían "articular los intereses" económicos, sociales y ambientales con la expectativas privadas, según un trabajo académico que analiza las "oportunidades y desafíos" del mineral que permitiría sustituir parcialmente al petróleo. Esa idea, del Estado al frente de un organismo con poder de control, sigue en la agenda de algunos sectores de La Cámpora, que plantean la necesidad de agregar valor a los minerales extraídos.
La definición no es menor porque la Argentina posee el 13,3% de las reservas mundiales de litio que pueden emplearse en la fabricación de baterías. Junto con Bolivia (35,9%) y Chile (19,95%) conforma del denominado "triángulo del litio", que se utiliza para alimentar celulares y computadoras. Además, se convirtió en el tercer productor mundial con sus salares Hombre Muerto (Catamarca), Rincón (Salta) y Olaroz (Jujuy), que tienen una gran calidad por su baja concentración de impurezas y son operados por empresas de Estados Unidos y Australia.
"La explotación del litio no debe limitarse a la producción primaria y exportación como commodity, sino que deben realizarse todos los esfuerzos para que su extracción se convierta en la etapa primaria para el posterior desarrollos de una industria de tecnología de punta, en este caso el de las baterías y sistemas de almacenamiento de energía", subrayaron el economista Julio Sevares y el especialista en relaciones internacionales Juan Pablo Krzemien. Advirtieron, además, que este proceso debe ir acompañado por "la creación de una entidad estatal" que sea capaz de controlar y orientar el proceso.
En su trabajo "El litio en la Argentina: oportunidades y desarrollos de un recurso estratégico", que publicaron en la revista especializada Realidad Económica, los académicos señalaron la preocupación del sector privado: las automotrices ya cerraron acuerdos estratégicos con las empresas extractivas.
La necesidad de crear un organismo que pueda "definir el rumbo y perfil productivo del sector minero" también está planteado en un paper que recorrió parte de La Cámpora y suma simpatías de otros sectores del kirchnerismo, como Kolina, la corriente que lidera Alicia Kichner. El documento, que el año pasado publicó Federico Basualdo (investigador de Flacso), advirtió sobre el "escaso poder de negociación que tienen las provincias mineras" frente a las empresas extractivas trasnacionales y consideró que "la reversión de esta situación requiere necesariamente la recuperación por parte del Estado nacional de los resortes fundamentales para definir el rumbo y el perfil productivo del sector minero".
Por eso, destacó la necesidad de "concretar el funcionamiento efectivo de un organismo nacional que ejerza el control y seguimiento de las empresas". Además, estimó que "la redefinición del papel del Estado nacional permitirá crear una empresa estatal que participe en la explotación minera mediante la implementación de proyectos propios que permitan modificar paulatinamente el actual perfil productivo del sector".
Las automotrices se aseguran sus insumos
El Grupo Toyota cerró un acuerdo en 2010 para extraer litio junto a la australiana Orocobre, que opera en el Salar de Olaroz, en Jujuy. De ese modo, la firma japonesa participa con el 25% del proyecto extractivo y se asegura el litio para sus vehículos híbridos. Del proyecto, también participa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).
En tanto, en los otros salares argentinos también trabajan otras automotrices: la canadiense Magna, que fabrica autopartes y baterías de litio, y la japonesa Mitsubishi, participan de la canadiense Lithium Americas Corp (LAC), que a través de Minera Exar tiene los derechos de explotación sobre 5 salares de Jujuy. Magna es propietaria del 13,3% de LAC y Mitsubishi posee el 4,1%.
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Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Un sector del Gobierno analiza formar un organismo o compañía estatal que juegue un papel clave en la producción. La Argentina concentra el 13,3% de las reservas mundialesEl desarrollo e industrialización del litio, considerado un "recurso estratégico" por su proyección futura, debería ir acompañado por la creación de una entidad estatal. De ese modo se podrían "articular los intereses" económicos, sociales y ambientales con la expectativas privadas, según un trabajo académico que analiza las "oportunidades y desafíos" del mineral que permitiría sustituir parcialmente al petróleo. Esa idea, del Estado al frente de un organismo con poder de control, sigue en la agenda de algunos sectores de La Cámpora, que plantean la necesidad de agregar valor a los minerales extraídos.
La definición no es menor porque la Argentina posee el 13,3% de las reservas mundiales de litio que pueden emplearse en la fabricación de baterías. Junto con Bolivia (35,9%) y Chile (19,95%) conforma del denominado "triángulo del litio", que se utiliza para alimentar celulares y computadoras. Además, se convirtió en el tercer productor mundial con sus salares Hombre Muerto (Catamarca), Rincón (Salta) y Olaroz (Jujuy), que tienen una gran calidad por su baja concentración de impurezas y son operados por empresas de Estados Unidos y Australia.
"La explotación del litio no debe limitarse a la producción primaria y exportación como commodity, sino que deben realizarse todos los esfuerzos para que su extracción se convierta en la etapa primaria para el posterior desarrollos de una industria de tecnología de punta, en este caso el de las baterías y sistemas de almacenamiento de energía", subrayaron el economista Julio Sevares y el especialista en relaciones internacionales Juan Pablo Krzemien. Advirtieron, además, que este proceso debe ir acompañado por "la creación de una entidad estatal" que sea capaz de controlar y orientar el proceso.
En su trabajo "El litio en la Argentina: oportunidades y desarrollos de un recurso estratégico", que publicaron en la revista especializada Realidad Económica, los académicos señalaron la preocupación del sector privado: las automotrices ya cerraron acuerdos estratégicos con las empresas extractivas.
La necesidad de crear un organismo que pueda "definir el rumbo y perfil productivo del sector minero" también está planteado en un paper que recorrió parte de La Cámpora y suma simpatías de otros sectores del kirchnerismo, como Kolina, la corriente que lidera Alicia Kichner. El documento, que el año pasado publicó Federico Basualdo (investigador de Flacso), advirtió sobre el "escaso poder de negociación que tienen las provincias mineras" frente a las empresas extractivas trasnacionales y consideró que "la reversión de esta situación requiere necesariamente la recuperación por parte del Estado nacional de los resortes fundamentales para definir el rumbo y el perfil productivo del sector minero".
Por eso, destacó la necesidad de "concretar el funcionamiento efectivo de un organismo nacional que ejerza el control y seguimiento de las empresas". Además, estimó que "la redefinición del papel del Estado nacional permitirá crear una empresa estatal que participe en la explotación minera mediante la implementación de proyectos propios que permitan modificar paulatinamente el actual perfil productivo del sector".
Las automotrices se aseguran sus insumos
El Grupo Toyota cerró un acuerdo en 2010 para extraer litio junto a la australiana Orocobre, que opera en el Salar de Olaroz, en Jujuy. De ese modo, la firma japonesa participa con el 25% del proyecto extractivo y se asegura el litio para sus vehículos híbridos. Del proyecto, también participa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).
En tanto, en los otros salares argentinos también trabajan otras automotrices: la canadiense Magna, que fabrica autopartes y baterías de litio, y la japonesa Mitsubishi, participan de la canadiense Lithium Americas Corp (LAC), que a través de Minera Exar tiene los derechos de explotación sobre 5 salares de Jujuy. Magna es propietaria del 13,3% de LAC y Mitsubishi posee el 4,1%.
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Otro foco de tensión en Santa Fe por fumigaciones
Alvear: preocupación de los vecinos por la aspersión de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Denunciaron en la comuna y en la Defensoría que se fumiga a pocos metros de viviendas, plazas e instituciones educativas. Aseguran que hay muchos casos de vecinos que sufren enfermedades severas.
El alerta surgió a fines de octubre de 2012, cuando una vecina de Alvear que vive en la planta urbana, sufrió la pérdida de su mascota por causas no determinadas. El día anterior una máquina aspersora de agroquímicos había recorrido el sembrado que comenzaba a escasos metros del patio de su vivienda. Según veterinario que analizó al perro la causa de muerte se podía asociar a una intoxicación similar que habían sufrido las mascotas de otros vecinos. En total murieron veinte animales y hubo gran cantidad de personas con problemas de exposición.
Con el objetivo de buscar una explicación y de alertar a los pobladores de que podían estar expuestos a los efectos de los químicos que se utilizan en los campos la maestra Andrea Druetta, comenzó indagar sobre otras posibles consecuencias que se evidenciaran en el pueblo y los modos utilizados por los agricultores de la región.
Poco después observó que el problema podía amenazar seriamente la salud los vecinos, más si se tiene en cuenta que en esta pequeña localidad, distante 14 kilómetros al sur de Rosario, también había otras actividades que podían asociarse a la contaminación ambiental como una planta de silos, un puerto cerealero y el parque industrial. A partir de allí realizó un trabajo minucioso junto a otros 40 vecinos que se sumaron a la causa, el cual los llevó a determinar que prácticamente convivían con la actividad agraria.
"Hasta en el mismo límite de las viviendas hay campos sembrados en los que se utilizan agroquímicos", explicó Druetta y añadió que "en general se usa glifosato, 2,4 D, cipermetrina y otros plaguicidas no determinados".
El trabajo pormenorizado que realizaron los vecinos los llevó a concluir que en el pueblo hay gran cantidad de habitantes con afecciones de salud serias que los especialistas vinculan a la contaminación del ambiente. "Hay niños con problemas congénitos, muchos enfermos de cáncer de diversas edades, problemas respiratorios y afecciones en la piel", señaló la vecina y avaló sus dichos con un archivo de certificaciones médicas e historias clínicas que colectaron entre los vecinos voluntarios.
"También se pueden observar efectos en el arbolado urbano y en las quintas de verduras ubicadas en las afuera del pueblo, que también son alcanzados por las fumigaciones y esos productos llegan fumigados a los puestos de consumo", añadió y contó que en los campos linderos con la pista del Aeroclub Rosario se siembra soja y cuando la fumigan se afecta a las viviendas cercanas y a quienes transitan por la ruta 21.
Los reclamos. Los vecinos de Alvear reclamaron en conjunto a las autoridades comunales y fueron atendidos por el presidente comunal Carlos Pighin, pero hasta el momento no recibieron respuestas satisfactorias. "Nos atienden y se ocupan pero no hay soluciones de fondo" indicaron y señalaron que los procesos de siembra continúan y la preocupación en la población va en aumento.
"Ayer —por el sábado— hubo vecinos que tenían la intención de evitar el paso de una máquina aplicadora en la zona cercana a sus casas parándose delante del tractor", contó Druetta y aseguró que la tensión puede generar episodios indeseables.
"Ahora la esperanza está depositada en la intervención de la Defensoría del Pueblo", explicó. Unos 25 vecinos llegaron a la sede rosarina de la entidad y fueron atendidos por el asesor de Gabinete, Fernando Daniluk, quien recibió el reclamo y dispuso instruir a los pobladores afectados sobre los pasos a seguir. "Creemos que en no mucho tiempo habrá novedades respecto al trámite que iniciamos", relató Druetta".
Según el relato, en cercanías de la zona urbana se emplazan el Hogar Enrique Astengo, una institución que alberga a niños huérfanos o en situación de contención judicial, una escuela secundaria en la que se cultivan hortalizas y una escuela primaria, que también sufren los alcances de la aspersiones agrarias.
"Tenemos el aval de 170 vecinos entre los que se encuentran autoridades institucionales", comentó la maestra Druetta y aseguró que "muchos, aunque ven el problema, no se atreven a protestar porque de algún modo están vinculados a los productores o a las empresas que provocan contaminación en la zona".
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Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Denunciaron en la comuna y en la Defensoría que se fumiga a pocos metros de viviendas, plazas e instituciones educativas. Aseguran que hay muchos casos de vecinos que sufren enfermedades severas.El alerta surgió a fines de octubre de 2012, cuando una vecina de Alvear que vive en la planta urbana, sufrió la pérdida de su mascota por causas no determinadas. El día anterior una máquina aspersora de agroquímicos había recorrido el sembrado que comenzaba a escasos metros del patio de su vivienda. Según veterinario que analizó al perro la causa de muerte se podía asociar a una intoxicación similar que habían sufrido las mascotas de otros vecinos. En total murieron veinte animales y hubo gran cantidad de personas con problemas de exposición.
Con el objetivo de buscar una explicación y de alertar a los pobladores de que podían estar expuestos a los efectos de los químicos que se utilizan en los campos la maestra Andrea Druetta, comenzó indagar sobre otras posibles consecuencias que se evidenciaran en el pueblo y los modos utilizados por los agricultores de la región.
Poco después observó que el problema podía amenazar seriamente la salud los vecinos, más si se tiene en cuenta que en esta pequeña localidad, distante 14 kilómetros al sur de Rosario, también había otras actividades que podían asociarse a la contaminación ambiental como una planta de silos, un puerto cerealero y el parque industrial. A partir de allí realizó un trabajo minucioso junto a otros 40 vecinos que se sumaron a la causa, el cual los llevó a determinar que prácticamente convivían con la actividad agraria.
"Hasta en el mismo límite de las viviendas hay campos sembrados en los que se utilizan agroquímicos", explicó Druetta y añadió que "en general se usa glifosato, 2,4 D, cipermetrina y otros plaguicidas no determinados".
El trabajo pormenorizado que realizaron los vecinos los llevó a concluir que en el pueblo hay gran cantidad de habitantes con afecciones de salud serias que los especialistas vinculan a la contaminación del ambiente. "Hay niños con problemas congénitos, muchos enfermos de cáncer de diversas edades, problemas respiratorios y afecciones en la piel", señaló la vecina y avaló sus dichos con un archivo de certificaciones médicas e historias clínicas que colectaron entre los vecinos voluntarios.
"También se pueden observar efectos en el arbolado urbano y en las quintas de verduras ubicadas en las afuera del pueblo, que también son alcanzados por las fumigaciones y esos productos llegan fumigados a los puestos de consumo", añadió y contó que en los campos linderos con la pista del Aeroclub Rosario se siembra soja y cuando la fumigan se afecta a las viviendas cercanas y a quienes transitan por la ruta 21.
Los reclamos. Los vecinos de Alvear reclamaron en conjunto a las autoridades comunales y fueron atendidos por el presidente comunal Carlos Pighin, pero hasta el momento no recibieron respuestas satisfactorias. "Nos atienden y se ocupan pero no hay soluciones de fondo" indicaron y señalaron que los procesos de siembra continúan y la preocupación en la población va en aumento.
"Ayer —por el sábado— hubo vecinos que tenían la intención de evitar el paso de una máquina aplicadora en la zona cercana a sus casas parándose delante del tractor", contó Druetta y aseguró que la tensión puede generar episodios indeseables.
"Ahora la esperanza está depositada en la intervención de la Defensoría del Pueblo", explicó. Unos 25 vecinos llegaron a la sede rosarina de la entidad y fueron atendidos por el asesor de Gabinete, Fernando Daniluk, quien recibió el reclamo y dispuso instruir a los pobladores afectados sobre los pasos a seguir. "Creemos que en no mucho tiempo habrá novedades respecto al trámite que iniciamos", relató Druetta".
Según el relato, en cercanías de la zona urbana se emplazan el Hogar Enrique Astengo, una institución que alberga a niños huérfanos o en situación de contención judicial, una escuela secundaria en la que se cultivan hortalizas y una escuela primaria, que también sufren los alcances de la aspersiones agrarias.
"Tenemos el aval de 170 vecinos entre los que se encuentran autoridades institucionales", comentó la maestra Druetta y aseguró que "muchos, aunque ven el problema, no se atreven a protestar porque de algún modo están vinculados a los productores o a las empresas que provocan contaminación en la zona".
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