El fantasma del glifosato en el conurbano
17:34 | 
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El fantasma del glifosato se instala en el conurbano y preocupa por sus daños
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Diario El Sur del GBA
Provincia/Región: Buenos Aires
El uso de este peligroso agroquímico fue denunciado en varios distritos de la zona. Se usa en especial cerca de las estaciones para desmalezar. Lanús y Brown prohibieron su uso, pero hay denuncias de violaciones de las normas. Qué hay detrás de la peor cara del boom sojero.
Suelo arrasado, pastos quemados, olores nauseabundos y una atmósfera irritante. Ese es el panorama que queda luego del uso del glifosato, un agroquímico tristemente célebre en el país a partir del boom sojero. Pese a los distintos estudios que alertan sobre los problemas de salud y los daños ambientales que su uso tiene, el producto es el más utilizado en el sector agropecuario en la actualidad. Pero, además del campo, las zonas urbanas están especialmente amenazadas por su peligrosa presencia. Es que desde hace años se denuncia que en el conurbano se aplica glifosato en el desmalezamiento de zonas linderas a las estaciones ferroviarias. Por esto, varios distritos como Lanús o Vicente López prohibieron su uso, pero organizaciones ambientales aseguran que la restricción no se cumple. El peligro de su presencia alerta a los especialistas. Además del daño ambiental, este agroquímico está vinculado con varios efectos sanitarios graves, incluyendo defectos reproductivos, tumores y males neurológicos. Glifosato, un fantasma que se instaló en el conurbano.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, que los especialistas definen como “no selectivo”, utilizado para matar malezas en el campo o en zonas urbanas. Creado en la década del ’60, es el principio activo del Roundup (nombre comercial del herbicida de Monsanto) con el que se fumigan cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. Este tipo de cultivos resisten al compuesto sólo porque están preparados genéticamente para hacerlo.
Si bien tiene una larga historia en todo en el planeta, desde que la soja se instaló en el país como “cultivo de oro”, su nombre se conoce cada vez más. No es para menos. Según el Servicio para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA), el glifosato es el agrotóxico “pilar” de la industria sojera argentina. “En el año 2007, la Argentina fue el segundo productor mundial de cultivos transgénicos con 19.1 millones de hectáreas, el 19 por ciento de la superficie destinada a este tipo de cultivos en todo el mundo. 16 millones de esas hectáreas están sembradas con soja, 2,8 millones con maíz y 400 mil con algodón”, expresa la entidad. De las plantaciones de soja, el 90 por ciento utiliza glifosato.
Un tóxico “urbanizado”
Pero la irrupción del agroquímico en el mundo de la soja se trasladó sorpresivamente al panorama urbano. En 2007, las primeras denuncias realizadas por vecinos de Vicente López con respecto al uso de glifosato para desmalezar zonas linderas a los espacios de circulación de trenes sacudieron a la opinión pública. Con el tiempo, su uso en forma de fumigación —más efectivo que la aspersión de otros productos— se popularizó pese al rechazo inicial. Las primeras denuncias llegaron en la zona norte, en el distrito de Vicente López, pero pronto la actividad llegó al sur del conurbano. Así, el año pasado, en los principales distritos de la región hubo denuncias de utilización de este producto en las estaciones ferroviarias. Todas las miradas apuntaron a la empresa que actualmente tiene la concesión del servicio: la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE).
“Desde Libres del Sur trabajamos el tema del glifosato en las vías de la ex línea Roca, porque tuvimos denuncias de varias zonas de que estaban fumigando con ese elemento, como en la zona de Turdera, del triángulo de Temperley y en Claypole, donde con glifosato quemaron árboles recién forestados”, le recordó a Diario del Sur Ivanna Rezano, concejal de Almirante Brown. En ese distrito, como en Lanús o Lomas de Zamora, las denuncias vecinales llegaron a los Concejos Deliberantes, que en los últimos años aprobaron ordenanzas para prohibir su uso.
Las ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad, pero no siempre se cumplen. Por esto, Rezano y otros concejales realizaron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Según confirmó Rezano a este medio, ante el requerimiento de la defensoría, la UGOFE “reconoce el uso del agroquímico en la zona de vías, pero amparándose en resolución de la Secretaría de Transportes de la Nación, desde la cual es aceptado el uso de estos productos en función de la ambigüedad de la Ley de Agroquímicos”.
En el caso de Almirante Brown, el HCD aprobó una ordenanza que establece la prohibición del uso de este producto con el objeto de proteger “la salud humana y del medio ambiente”. La ordenanza —que contó con el apoyo de todos los bloques— incluye a todos los espacios verdes dentro del territorio del municipio, lo que obliga a la comuna a crear un proyecto de régimen de sanciones administrativas y económicas en caso de incumplimiento.
En tanto, en el caso de Lanús, se aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de agrotóxicos en todo el territorio local. La iniciativa fue impulsada por varias organizaciones ambientalistas, entre ella la ONG Oikos. Su titular, el ex concejal Vicente Piccirillo, destacó la participación de otras entidades, como la Asociación Guardianes del Ambiente, la Asociación Ecológica de Lanús y Eco-hábitat Nueva Frontera. “La ordenanza obliga al ejecutivo a actuar y cuando se sancione la fiscal impositiva, ahí la Municipalidad tendrá que establecer las multas para quienes no cumplan. Las sanciones pueden ser en dinero o administrativas, como las clausuras”, dijo Piccirillo.
Estos dos ejemplos muestran la preocupación de los distritos, medidas que se fueron dispersando en la región. Sin embargo, no fue suficiente.
Advertencias
Los esfuerzos locales tuvieron eco en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a preocuparse por la situación y dar un marco general a la prohibición. Incluso, el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, presentó la Resolución 32/11 que solicita iniciar investigaciones de oficio para determinar la probable incidencia en la salud de la población y en los alimentos para consumo, del uso de agroquímicos en la provincia. Por otra parte, recomienda a los Municipios que adopten las medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación del medio ambiente.
Si bien fuentes de la Defensoría le alertaron a Diario del Sur que esta resolución apunta fundamentalmente “a los distritos del interior que tienen actividad agrícola”, el uso en el conurbano existe. “La resolución fue formulada a raíz del trabajo que la Defensoría del Pueblo viene llevando adelante a través de diversas intervenciones en materia de medio ambiente”, dijeron desde la Defensoría.
Pero, pese a las ordenanzas, la UGOFE y otras empresas suelen desoír las normas. En este sentido, en Lomas de Zamora la Asamblea Finky Verde viene denunciando a la empresa ferroviaria por el uso de glifosato. Alrededor de ese parque, entre las vías que unen Temperley con Haedo, la entidad dijo que varias veces se usó el agroquímico para combatir la maleza.
Algunos especialistas aseguran que poco se podrá hacer si no se cambia la Ley de Agroquímicos provincial, que tiene cerca de 20 años y que el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense busca modificar, cambiando el decreto reglamentario 499/91.
“Esperamos no tener que acudir a la Justicia. Es de buenas prácticas administrativas que los municipios y las provincias acomoden las normas al cuidado de la salud y el ambiente”, advirtió el titular de la Defensoría bonaerense.
Peligro inminente
Con la soja instalada en el horizonte inmediato de la economía del país, el glifosato tiene una larga vida entre nosotros. Por lo que será necesario hacer una fuerte revisión de los mecanismos para evitar que su uso no genere —en el interior y el conurbano— daños irreparables a la salud y el medio ambiente.
“Entendemos que UGOFE sigue utilizando glifosato, fundamentalmente porque la Nación no se lo prohíbe, y porque los gobiernos municipales en general miran para otro lado. Hay una gran red por la modificación de agroquímicos para que no se fumigue en zonas pobladas con estos productos”, analizó Rezano. La concejal de Brown recordó que en Santa Fe, por ejemplo, la provincia “ha presentado denuncias y resoluciones para que no fumiguen en zonas pobladas”.
En tanto, Piccirillo apuntó a las cuestiones prácticas: “la sanción económica, en casos de contaminación, no parece ser la mejor, porque las empresas prefieren pagar las multas y seguir contaminando”. Como sea, el fantasma está presente. Y millones de habitantes bajo su amenaza.
Los informes de salud que condenan al glifosato
Las advertencias lanzadas en todo el mundo por los riesgos que genera el glifosato se fueron acrecentando con el correr de los años, y en 2011 se incrementaron los informes contra su uso en zonas urbanas y rurales. Entre ellos, la ONG Greenpeace difundió un trabajo categórico contra el producto agroquímico.
“Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Por qué el mundo debería estar preparado para abandonar el glifosato”, es un informe publicado por Greenpeace en julio de este año, y demuestra que los productos sobre la base del agroquímico pueden tener efectos adversos sobre la salud humana y animal y el ambiente. En este sentido, el informe advierte que la exposición de los seres humanos al glifosato “ha sido vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto por los agricultores o por la exposición de los habitantes”.
Además, el informe señala la preocupación de que los defectos congénitos experimentados por mujeres en la Argentina y Paraguay puedan ser consecuencia de su exposición al glifosato utilizado en cultivos de soja y arroz transgénicos. Se indica que estudios científicos demuestran el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción, por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias; y de causar alteraciones endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina.
“Existe mucha evidencia científica de los efectos que el glifosato provoca en la salud. Debemos tomar esto muy en serio y llevar a cabo una reevaluación urgente de los impactos en la salud del glifosato y sus productos”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha revelado que el glifosato y su desglose, el ácido aminometilfosfónico, conocido como AMPA, se encuentran con frecuencia en las precipitaciones y los ríos de la cuenca del Mississippi, donde se siembra la mayoría de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato. Los resultados del USGS se basan en dos estudios de la lluvia y las cuencas hidrográficas en las zonas agrícolas de la cuenca del Mississippi, donde está el "el mayor uso" de glifosato para controlar las malezas en maíz transgénico, la soja y el algodón tolerante a glifosato “Roundup”. Los informes del USGS de que el uso de glifosato aumentó en más de ocho veces, en los 15 años hasta el 2007, erosionan aún más el mito de que los cultivos transgénicos reducen el uso de productos químicos.
Fecha de Publicación: 04/10/2011
Fuente: Diario El Sur del GBA
Provincia/Región: Buenos Aires
El uso de este peligroso agroquímico fue denunciado en varios distritos de la zona. Se usa en especial cerca de las estaciones para desmalezar. Lanús y Brown prohibieron su uso, pero hay denuncias de violaciones de las normas. Qué hay detrás de la peor cara del boom sojero.
Suelo arrasado, pastos quemados, olores nauseabundos y una atmósfera irritante. Ese es el panorama que queda luego del uso del glifosato, un agroquímico tristemente célebre en el país a partir del boom sojero. Pese a los distintos estudios que alertan sobre los problemas de salud y los daños ambientales que su uso tiene, el producto es el más utilizado en el sector agropecuario en la actualidad. Pero, además del campo, las zonas urbanas están especialmente amenazadas por su peligrosa presencia. Es que desde hace años se denuncia que en el conurbano se aplica glifosato en el desmalezamiento de zonas linderas a las estaciones ferroviarias. Por esto, varios distritos como Lanús o Vicente López prohibieron su uso, pero organizaciones ambientales aseguran que la restricción no se cumple. El peligro de su presencia alerta a los especialistas. Además del daño ambiental, este agroquímico está vinculado con varios efectos sanitarios graves, incluyendo defectos reproductivos, tumores y males neurológicos. Glifosato, un fantasma que se instaló en el conurbano.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, que los especialistas definen como “no selectivo”, utilizado para matar malezas en el campo o en zonas urbanas. Creado en la década del ’60, es el principio activo del Roundup (nombre comercial del herbicida de Monsanto) con el que se fumigan cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. Este tipo de cultivos resisten al compuesto sólo porque están preparados genéticamente para hacerlo.
Si bien tiene una larga historia en todo en el planeta, desde que la soja se instaló en el país como “cultivo de oro”, su nombre se conoce cada vez más. No es para menos. Según el Servicio para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA), el glifosato es el agrotóxico “pilar” de la industria sojera argentina. “En el año 2007, la Argentina fue el segundo productor mundial de cultivos transgénicos con 19.1 millones de hectáreas, el 19 por ciento de la superficie destinada a este tipo de cultivos en todo el mundo. 16 millones de esas hectáreas están sembradas con soja, 2,8 millones con maíz y 400 mil con algodón”, expresa la entidad. De las plantaciones de soja, el 90 por ciento utiliza glifosato.
Un tóxico “urbanizado”
Pero la irrupción del agroquímico en el mundo de la soja se trasladó sorpresivamente al panorama urbano. En 2007, las primeras denuncias realizadas por vecinos de Vicente López con respecto al uso de glifosato para desmalezar zonas linderas a los espacios de circulación de trenes sacudieron a la opinión pública. Con el tiempo, su uso en forma de fumigación —más efectivo que la aspersión de otros productos— se popularizó pese al rechazo inicial. Las primeras denuncias llegaron en la zona norte, en el distrito de Vicente López, pero pronto la actividad llegó al sur del conurbano. Así, el año pasado, en los principales distritos de la región hubo denuncias de utilización de este producto en las estaciones ferroviarias. Todas las miradas apuntaron a la empresa que actualmente tiene la concesión del servicio: la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE).
“Desde Libres del Sur trabajamos el tema del glifosato en las vías de la ex línea Roca, porque tuvimos denuncias de varias zonas de que estaban fumigando con ese elemento, como en la zona de Turdera, del triángulo de Temperley y en Claypole, donde con glifosato quemaron árboles recién forestados”, le recordó a Diario del Sur Ivanna Rezano, concejal de Almirante Brown. En ese distrito, como en Lanús o Lomas de Zamora, las denuncias vecinales llegaron a los Concejos Deliberantes, que en los últimos años aprobaron ordenanzas para prohibir su uso.
Las ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad, pero no siempre se cumplen. Por esto, Rezano y otros concejales realizaron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Según confirmó Rezano a este medio, ante el requerimiento de la defensoría, la UGOFE “reconoce el uso del agroquímico en la zona de vías, pero amparándose en resolución de la Secretaría de Transportes de la Nación, desde la cual es aceptado el uso de estos productos en función de la ambigüedad de la Ley de Agroquímicos”.
En el caso de Almirante Brown, el HCD aprobó una ordenanza que establece la prohibición del uso de este producto con el objeto de proteger “la salud humana y del medio ambiente”. La ordenanza —que contó con el apoyo de todos los bloques— incluye a todos los espacios verdes dentro del territorio del municipio, lo que obliga a la comuna a crear un proyecto de régimen de sanciones administrativas y económicas en caso de incumplimiento.
En tanto, en el caso de Lanús, se aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de agrotóxicos en todo el territorio local. La iniciativa fue impulsada por varias organizaciones ambientalistas, entre ella la ONG Oikos. Su titular, el ex concejal Vicente Piccirillo, destacó la participación de otras entidades, como la Asociación Guardianes del Ambiente, la Asociación Ecológica de Lanús y Eco-hábitat Nueva Frontera. “La ordenanza obliga al ejecutivo a actuar y cuando se sancione la fiscal impositiva, ahí la Municipalidad tendrá que establecer las multas para quienes no cumplan. Las sanciones pueden ser en dinero o administrativas, como las clausuras”, dijo Piccirillo.
Estos dos ejemplos muestran la preocupación de los distritos, medidas que se fueron dispersando en la región. Sin embargo, no fue suficiente.
Advertencias
Los esfuerzos locales tuvieron eco en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a preocuparse por la situación y dar un marco general a la prohibición. Incluso, el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, presentó la Resolución 32/11 que solicita iniciar investigaciones de oficio para determinar la probable incidencia en la salud de la población y en los alimentos para consumo, del uso de agroquímicos en la provincia. Por otra parte, recomienda a los Municipios que adopten las medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación del medio ambiente.
Si bien fuentes de la Defensoría le alertaron a Diario del Sur que esta resolución apunta fundamentalmente “a los distritos del interior que tienen actividad agrícola”, el uso en el conurbano existe. “La resolución fue formulada a raíz del trabajo que la Defensoría del Pueblo viene llevando adelante a través de diversas intervenciones en materia de medio ambiente”, dijeron desde la Defensoría.
Pero, pese a las ordenanzas, la UGOFE y otras empresas suelen desoír las normas. En este sentido, en Lomas de Zamora la Asamblea Finky Verde viene denunciando a la empresa ferroviaria por el uso de glifosato. Alrededor de ese parque, entre las vías que unen Temperley con Haedo, la entidad dijo que varias veces se usó el agroquímico para combatir la maleza.
Algunos especialistas aseguran que poco se podrá hacer si no se cambia la Ley de Agroquímicos provincial, que tiene cerca de 20 años y que el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense busca modificar, cambiando el decreto reglamentario 499/91.
“Esperamos no tener que acudir a la Justicia. Es de buenas prácticas administrativas que los municipios y las provincias acomoden las normas al cuidado de la salud y el ambiente”, advirtió el titular de la Defensoría bonaerense.
Peligro inminente
Con la soja instalada en el horizonte inmediato de la economía del país, el glifosato tiene una larga vida entre nosotros. Por lo que será necesario hacer una fuerte revisión de los mecanismos para evitar que su uso no genere —en el interior y el conurbano— daños irreparables a la salud y el medio ambiente.
“Entendemos que UGOFE sigue utilizando glifosato, fundamentalmente porque la Nación no se lo prohíbe, y porque los gobiernos municipales en general miran para otro lado. Hay una gran red por la modificación de agroquímicos para que no se fumigue en zonas pobladas con estos productos”, analizó Rezano. La concejal de Brown recordó que en Santa Fe, por ejemplo, la provincia “ha presentado denuncias y resoluciones para que no fumiguen en zonas pobladas”.
En tanto, Piccirillo apuntó a las cuestiones prácticas: “la sanción económica, en casos de contaminación, no parece ser la mejor, porque las empresas prefieren pagar las multas y seguir contaminando”. Como sea, el fantasma está presente. Y millones de habitantes bajo su amenaza.
Los informes de salud que condenan al glifosato
Las advertencias lanzadas en todo el mundo por los riesgos que genera el glifosato se fueron acrecentando con el correr de los años, y en 2011 se incrementaron los informes contra su uso en zonas urbanas y rurales. Entre ellos, la ONG Greenpeace difundió un trabajo categórico contra el producto agroquímico.
“Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Por qué el mundo debería estar preparado para abandonar el glifosato”, es un informe publicado por Greenpeace en julio de este año, y demuestra que los productos sobre la base del agroquímico pueden tener efectos adversos sobre la salud humana y animal y el ambiente. En este sentido, el informe advierte que la exposición de los seres humanos al glifosato “ha sido vinculada a varios efectos crónicos: reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto por los agricultores o por la exposición de los habitantes”.
Además, el informe señala la preocupación de que los defectos congénitos experimentados por mujeres en la Argentina y Paraguay puedan ser consecuencia de su exposición al glifosato utilizado en cultivos de soja y arroz transgénicos. Se indica que estudios científicos demuestran el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción, por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias; y de causar alteraciones endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina.
“Existe mucha evidencia científica de los efectos que el glifosato provoca en la salud. Debemos tomar esto muy en serio y llevar a cabo una reevaluación urgente de los impactos en la salud del glifosato y sus productos”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha revelado que el glifosato y su desglose, el ácido aminometilfosfónico, conocido como AMPA, se encuentran con frecuencia en las precipitaciones y los ríos de la cuenca del Mississippi, donde se siembra la mayoría de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato. Los resultados del USGS se basan en dos estudios de la lluvia y las cuencas hidrográficas en las zonas agrícolas de la cuenca del Mississippi, donde está el "el mayor uso" de glifosato para controlar las malezas en maíz transgénico, la soja y el algodón tolerante a glifosato “Roundup”. Los informes del USGS de que el uso de glifosato aumentó en más de ocho veces, en los 15 años hasta el 2007, erosionan aún más el mito de que los cultivos transgénicos reducen el uso de productos químicos.
Glifosato: tres pueblos acuden a la justicia
Otros tres pueblos santafesinos acuden a la justicia contra el glifosato
Fecha de Publicación: 03/10/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Santa Fe
Sociedad / En San Jorge, donde las muertes por cáncer aumentaron un 30%, un fallo impide la fumigación. En Ibarlucea, abogados ambientalistas denuncian aprietes. Y en La Criolla liberaron de agroquímicos la zona urbana, pero no los cursos de agua.
Qué tienen en común pueblos como San Jorge, Ibarlucea o La Criolla? Además de estar todos en la provincia de Santa Fe, comparten un triste destino que, boom sojero mediante, los está convirtiendo en pueblos fumigados, donde escuelas, casas y barrios enteros no se salvan del afán agropecuario, sólo preocupado por el rinde de la semilla.
Hay otros indicadores, preocupantes, que crecen al ritmo de la producción sojera. Hace tiempo que Alicia Boscatto, subjefa del Registro Civil de San Jorge, comenzó a contar los fallecimientos registrados por cáncer. La cifra hiela la sangre: un 30% más que hace tres años. A ella se suma el doctor Ángel Bracco, que constata esos efectos en su consultorio y curiosamente explica a Tiempo Argentino que “muchos llegan a la consulta preocupados por su falta de rendimiento sexual, sin saber que los pesticidas inciden en los procesos hormonales de un modo notable”.
Bracco enumera además alergias severas, cuadros de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas que superan su capacidad de asombro. “El estado de la salud pública aquí es inversamente proporcional al enriquecimiento sojero”, dice, contundente, y agrega que cada vez son más visibles los aumentos en las tasas de infertilidad por el efecto endócrino.
“Fumigan a la noche y la gente se siente mal por la mañana, pero yo, por ejemplo, tengo alergia, me pica todo el cuerpo y la cabeza como si tuviese piojos, y me hice un análisis porque tengo alteraciones de la flora intestinal como si fuese celíaca, pero no lo soy. Me están apareciendo cosas que jamás tuve en la vida”, se queja ante Tiempo Argentino una vecina, que no quiere dar su nombre y que vive justo enfrente de un silo sojero, en San Jorge, ubicado peligrosamente junto a una plaza donde juegan niños.
Héctor Lombarte, responsable de una de las obras sociales del pueblo, reseña que en los últimos tres años “los casos de cáncer que llegan hasta nuestra institución treparon un 400%”.
La justicia llegó a San Jorge a partir de las denuncias de la vecina Viviana Peralta sobre el modo en que cada fumigación afectaba a su hija Ailén prácticamente desde que nació. Ellos, junto a otros vecinos del Barrio Urquiza, recurrieron a todas las instancias judiciales y, además, revolearon unos cuantos cascotazos contra los “mosquitos” (las máquinas fumigadoras), logrando que un fallo judicial impida la fumigación en esa zona que, pese a estar pegada a los campos, sigue siendo urbana.
La medida, no obstante, sólo protege al barrio en cuestión y no a todo el pueblo. Como la provincia de Santa Fe se negó a realizar estudios, el fallo es precautorio: la prohibición ante el riesgo y amenaza para la salud. Pero en San Jorge, hasta las banquinas tienen soja.
EL FALLO ESCONDIDO. Ibarlucea es otro pueblo rural ubicado a pocos kilómetros de Rosario. Allí, la vecina María Celeste Bravo inició una acción legal contra la comuna santafesina por las fumigaciones que se realizan casi de modo constante y apenas a 100 metros de áreas habitadas.
Tras más de 150 días desde la prescripción del plazo legal, todo sigue igual y el juez tampoco se expidió sobre la medida cautelar solicitada. Fuentes judiciales de la provincia de Santa Fe advirtieron a Tiempo sobre una posible recusación al magistrado Néstor Osvaldo García. Por lo pronto, el intendente de Ibarlucea, Juan José Prino, ordenó fumigar a 100 metros de la casa de la familia demandante, cuando la ley provincial estipula 500 como mínimo.
La abogada ambientalista Graciela Gómez, que representa a la familia Bravo, denunció que recibió amenazas en la puerta del juzgado por parte de Eduardo Sosa, el abogado de la comuna de Ibarlucea. En el Juzgado Civil N°6 de Rosario no le dejan ver el expediente. “Una vez más la justicia santafesina demuestra que los jueces sojeros están al servicio de la producción, y del envenenamiento antes que la vida”, dijo Gómez, y agregó: “Los voy a llevar a la Corte de ser necesario, a mí no me van a correr con sus mañas procesales ni con sus amenazas.”
LA TIERRA SÍ, EL AGUA NO. Después de largos debates y contratiempos, Oscar Brasca, vecino de La Criolla, puede sonreír, aunque no del todo. “Hoy tenemos la zona urbana libre de pesticidas”, le cuenta a este diario, “pero no los ríos, lagunas y humedales que lindan con lotes sojeros, de modo que, aunque sea en forma parcial, la contaminación sigue. Medio Ambiente de la provincia hace caso omiso a las quejas que presentamos porque, luego de fumigar, dejan los residuos y bidones de glifosato tirados, inclusive cerca de tomas de agua”, subraya preocupado.
Oscar es un referente en el norte de Santa Fe, por la experiencia adquirida durante años de lucha contra la fumigación. Cuenta que en el pueblo vecino, Vera y Pintado, “siembran hasta la última calle de la localidad”, pero advierte que parte de la batalla se gana educando: “Yo doy talleres en los colegios para que padres y chicos sepan sobre los peligros y puedan organizarse igual que nosotros.”
Respecto de las escuelas, un dato más viene a pintar de lleno cuál es el panorama en la provincia fumigada. Hace tres meses, al menos tres escuelas rurales sufrieron las consecuencias de fumigaciones en terrenos linderos e inclusive en el mismo espacio ocupado por los colegios, según denunció el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). “Mosquitos y avionetas han realizado fumigaciones a escasísima distancia de establecimientos educativos, algunas a 15 metros, y con los alumnos en clase”, informó esa ONG en un comunicado.
Las escuelas rurales primarias de Paraje El Ombú (cerca de Arroyo Seco), Villa Amelia (vecina a Rosario) y Paraje El Mataco fueron las últimas, pero son apenas una muestra de lo que sucede con las más de 800 escuelas rurales de la provincia. Desde el Cepronat grafican: “Reciben las gotas de veneno sobre las cabezas de docentes y alumnos.”
Fecha de Publicación: 03/10/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Santa Fe
Sociedad / En San Jorge, donde las muertes por cáncer aumentaron un 30%, un fallo impide la fumigación. En Ibarlucea, abogados ambientalistas denuncian aprietes. Y en La Criolla liberaron de agroquímicos la zona urbana, pero no los cursos de agua.
Qué tienen en común pueblos como San Jorge, Ibarlucea o La Criolla? Además de estar todos en la provincia de Santa Fe, comparten un triste destino que, boom sojero mediante, los está convirtiendo en pueblos fumigados, donde escuelas, casas y barrios enteros no se salvan del afán agropecuario, sólo preocupado por el rinde de la semilla.
Hay otros indicadores, preocupantes, que crecen al ritmo de la producción sojera. Hace tiempo que Alicia Boscatto, subjefa del Registro Civil de San Jorge, comenzó a contar los fallecimientos registrados por cáncer. La cifra hiela la sangre: un 30% más que hace tres años. A ella se suma el doctor Ángel Bracco, que constata esos efectos en su consultorio y curiosamente explica a Tiempo Argentino que “muchos llegan a la consulta preocupados por su falta de rendimiento sexual, sin saber que los pesticidas inciden en los procesos hormonales de un modo notable”.
Bracco enumera además alergias severas, cuadros de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas que superan su capacidad de asombro. “El estado de la salud pública aquí es inversamente proporcional al enriquecimiento sojero”, dice, contundente, y agrega que cada vez son más visibles los aumentos en las tasas de infertilidad por el efecto endócrino.
“Fumigan a la noche y la gente se siente mal por la mañana, pero yo, por ejemplo, tengo alergia, me pica todo el cuerpo y la cabeza como si tuviese piojos, y me hice un análisis porque tengo alteraciones de la flora intestinal como si fuese celíaca, pero no lo soy. Me están apareciendo cosas que jamás tuve en la vida”, se queja ante Tiempo Argentino una vecina, que no quiere dar su nombre y que vive justo enfrente de un silo sojero, en San Jorge, ubicado peligrosamente junto a una plaza donde juegan niños.
Héctor Lombarte, responsable de una de las obras sociales del pueblo, reseña que en los últimos tres años “los casos de cáncer que llegan hasta nuestra institución treparon un 400%”.
La justicia llegó a San Jorge a partir de las denuncias de la vecina Viviana Peralta sobre el modo en que cada fumigación afectaba a su hija Ailén prácticamente desde que nació. Ellos, junto a otros vecinos del Barrio Urquiza, recurrieron a todas las instancias judiciales y, además, revolearon unos cuantos cascotazos contra los “mosquitos” (las máquinas fumigadoras), logrando que un fallo judicial impida la fumigación en esa zona que, pese a estar pegada a los campos, sigue siendo urbana.
La medida, no obstante, sólo protege al barrio en cuestión y no a todo el pueblo. Como la provincia de Santa Fe se negó a realizar estudios, el fallo es precautorio: la prohibición ante el riesgo y amenaza para la salud. Pero en San Jorge, hasta las banquinas tienen soja.
EL FALLO ESCONDIDO. Ibarlucea es otro pueblo rural ubicado a pocos kilómetros de Rosario. Allí, la vecina María Celeste Bravo inició una acción legal contra la comuna santafesina por las fumigaciones que se realizan casi de modo constante y apenas a 100 metros de áreas habitadas.
Tras más de 150 días desde la prescripción del plazo legal, todo sigue igual y el juez tampoco se expidió sobre la medida cautelar solicitada. Fuentes judiciales de la provincia de Santa Fe advirtieron a Tiempo sobre una posible recusación al magistrado Néstor Osvaldo García. Por lo pronto, el intendente de Ibarlucea, Juan José Prino, ordenó fumigar a 100 metros de la casa de la familia demandante, cuando la ley provincial estipula 500 como mínimo.
La abogada ambientalista Graciela Gómez, que representa a la familia Bravo, denunció que recibió amenazas en la puerta del juzgado por parte de Eduardo Sosa, el abogado de la comuna de Ibarlucea. En el Juzgado Civil N°6 de Rosario no le dejan ver el expediente. “Una vez más la justicia santafesina demuestra que los jueces sojeros están al servicio de la producción, y del envenenamiento antes que la vida”, dijo Gómez, y agregó: “Los voy a llevar a la Corte de ser necesario, a mí no me van a correr con sus mañas procesales ni con sus amenazas.”
LA TIERRA SÍ, EL AGUA NO. Después de largos debates y contratiempos, Oscar Brasca, vecino de La Criolla, puede sonreír, aunque no del todo. “Hoy tenemos la zona urbana libre de pesticidas”, le cuenta a este diario, “pero no los ríos, lagunas y humedales que lindan con lotes sojeros, de modo que, aunque sea en forma parcial, la contaminación sigue. Medio Ambiente de la provincia hace caso omiso a las quejas que presentamos porque, luego de fumigar, dejan los residuos y bidones de glifosato tirados, inclusive cerca de tomas de agua”, subraya preocupado.
Oscar es un referente en el norte de Santa Fe, por la experiencia adquirida durante años de lucha contra la fumigación. Cuenta que en el pueblo vecino, Vera y Pintado, “siembran hasta la última calle de la localidad”, pero advierte que parte de la batalla se gana educando: “Yo doy talleres en los colegios para que padres y chicos sepan sobre los peligros y puedan organizarse igual que nosotros.”
Respecto de las escuelas, un dato más viene a pintar de lleno cuál es el panorama en la provincia fumigada. Hace tres meses, al menos tres escuelas rurales sufrieron las consecuencias de fumigaciones en terrenos linderos e inclusive en el mismo espacio ocupado por los colegios, según denunció el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). “Mosquitos y avionetas han realizado fumigaciones a escasísima distancia de establecimientos educativos, algunas a 15 metros, y con los alumnos en clase”, informó esa ONG en un comunicado.
Las escuelas rurales primarias de Paraje El Ombú (cerca de Arroyo Seco), Villa Amelia (vecina a Rosario) y Paraje El Mataco fueron las últimas, pero son apenas una muestra de lo que sucede con las más de 800 escuelas rurales de la provincia. Desde el Cepronat grafican: “Reciben las gotas de veneno sobre las cabezas de docentes y alumnos.”
Alumbrera acusada de un desastre ambiental
Acusan a la Alumbrera de producir desastre ambiental
Fecha de Publicación: 02/10/2011
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Catamarca
Desde Catamarca dicen que la minera afecta a varias zonas de la provincia.
Desde la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, el integrante de la asamblea “El Algarrobo”, Roberto Luna, detalló a Nuevo Diario su visión acerca del desastre ambiental y sanitario generado por la megaminería transnacional, Minera la Alumbrera desde el mismo momento en que hizo su aparición en la provincia de Catamarca.
Al respecto, señaló que desde su aparición, “la empresa ha venido desinformando, falseando y ocultando información sobre sus actividades y prácticas a toda la sociedad en su conjunto. Es obvio que en este propósito fue acompañada por los sucesivos gobiernos de la provincia”.
“Esta conducta de la ‘minera‘, como parte de su política empresaria, tiene el propósito de esconder al conocimiento de la ciudadanía las reales consecuencias e impactos de esos emprendimientos sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones de la región, especialmente notables en el departamento de Andalgalá, aunque también en Belén, pueblos cercanos a la mina Bajo la Alumbrera y zonas de la provincia de Tucumán, donde hubo derrames de concentrado del mineraloducto”. Entre otros aspectos, remarcó que “su objetivo es el lucro con urgencia, a través de la extracción del oro y otros metales, sin importarles el desastre ambiental y sanitario que están causando”.
Agregó que como la mina en Andalgalá está próxima a agotarse, Minera la Alumbrera acaba de hacerse cargo de la otra mina, Agua Rica, y junto con el gobierno de la provincia de Catamarca pretende iniciar su explotación lo antes posible. “Hay que destacar que el yacimiento está a sólo 21 kilómetros de la ciudad de Andalgalá y se ubica sobre sus fuentes de agua. Su puesta en marcha implicará de hecho la desaparición en poco tiempo de Andalgalá”, remarcó el ambientalista Roberto Luna.
“El resto, es decir el palabrerío de la empresa Minera Alumbrera, sus maniobras, sus mentiras, inclusive hasta el sospechado informe de impacto ambiental ya aprobado por el actual gobernador Brizuela del Moral, son puro cuento minero”, puntualizó.
La amenaza minera de Agua Rica
En relación al trabajo a desarrollar por parte del próximo emprendimiento minero denominado Agua Rica, el ambientalista Luna expresó a Nuevo Diario que de implementarse dicho proyecto en los nevados del Aconquija, produciría un gran impacto en el agua, con la destrucción inmediata del río Minas, que recorre el centro del yacimiento.
Asimismo, agregó que el río Candado será afectado por derrumbes y contaminación; el caudal del río Andalgalá será mínimo. Los ríos El Potrero, Choya y Blanco también serán afectados. Mencionó, además, impacto sobre el aire que se origina en las cumbres nevadas del Aconquija bajarán hacia Andalgalá y pueblos vecinos portando polvo fugitivo de las explosiones en la mina, con partículas de uranio, torio, cesio, arsénico, plomo, zinc, entre otros elementos.
Resaltó que poblaciones más alejadas también sufrirán el problema. Sumado a ello, se producirá la destrucción masiva del relieve, cerros, cursos de agua, ecosistema y paisaje, en la mina y varios kilómetros a la redonda, en donde se acumulará la contaminación.
Fecha de Publicación: 02/10/2011
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Catamarca
Desde Catamarca dicen que la minera afecta a varias zonas de la provincia.
Desde la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, el integrante de la asamblea “El Algarrobo”, Roberto Luna, detalló a Nuevo Diario su visión acerca del desastre ambiental y sanitario generado por la megaminería transnacional, Minera la Alumbrera desde el mismo momento en que hizo su aparición en la provincia de Catamarca.
Al respecto, señaló que desde su aparición, “la empresa ha venido desinformando, falseando y ocultando información sobre sus actividades y prácticas a toda la sociedad en su conjunto. Es obvio que en este propósito fue acompañada por los sucesivos gobiernos de la provincia”.
“Esta conducta de la ‘minera‘, como parte de su política empresaria, tiene el propósito de esconder al conocimiento de la ciudadanía las reales consecuencias e impactos de esos emprendimientos sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones de la región, especialmente notables en el departamento de Andalgalá, aunque también en Belén, pueblos cercanos a la mina Bajo la Alumbrera y zonas de la provincia de Tucumán, donde hubo derrames de concentrado del mineraloducto”. Entre otros aspectos, remarcó que “su objetivo es el lucro con urgencia, a través de la extracción del oro y otros metales, sin importarles el desastre ambiental y sanitario que están causando”.
Agregó que como la mina en Andalgalá está próxima a agotarse, Minera la Alumbrera acaba de hacerse cargo de la otra mina, Agua Rica, y junto con el gobierno de la provincia de Catamarca pretende iniciar su explotación lo antes posible. “Hay que destacar que el yacimiento está a sólo 21 kilómetros de la ciudad de Andalgalá y se ubica sobre sus fuentes de agua. Su puesta en marcha implicará de hecho la desaparición en poco tiempo de Andalgalá”, remarcó el ambientalista Roberto Luna.
“El resto, es decir el palabrerío de la empresa Minera Alumbrera, sus maniobras, sus mentiras, inclusive hasta el sospechado informe de impacto ambiental ya aprobado por el actual gobernador Brizuela del Moral, son puro cuento minero”, puntualizó.
La amenaza minera de Agua Rica
En relación al trabajo a desarrollar por parte del próximo emprendimiento minero denominado Agua Rica, el ambientalista Luna expresó a Nuevo Diario que de implementarse dicho proyecto en los nevados del Aconquija, produciría un gran impacto en el agua, con la destrucción inmediata del río Minas, que recorre el centro del yacimiento.
Asimismo, agregó que el río Candado será afectado por derrumbes y contaminación; el caudal del río Andalgalá será mínimo. Los ríos El Potrero, Choya y Blanco también serán afectados. Mencionó, además, impacto sobre el aire que se origina en las cumbres nevadas del Aconquija bajarán hacia Andalgalá y pueblos vecinos portando polvo fugitivo de las explosiones en la mina, con partículas de uranio, torio, cesio, arsénico, plomo, zinc, entre otros elementos.
Resaltó que poblaciones más alejadas también sufrirán el problema. Sumado a ello, se producirá la destrucción masiva del relieve, cerros, cursos de agua, ecosistema y paisaje, en la mina y varios kilómetros a la redonda, en donde se acumulará la contaminación.
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Los residuos electrónicos, sin destino
Los residuos electrónicos, sin destino
Fecha de Publicación: 02/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
De las 100.000 toneladas de aparatos que se descartan por año en la Argentina, sólo se recicla aproximadamente el 2 por ciento
uería encontrar la clásica heladera SIAM de bolita, símbolo de lo que había sido la empresa décadas atrás. Corrió hacia una más moderna que todavía tenía los imanes pegados sobre la puerta; se metió por un angosto pasillo entre los electrodomésticos arrumbados y la encontró. Descascarada, con el logo colgando, esa heladera había ido a parar ahí, a un patio trasero de la ex fábrica SIAM, situada en Avellaneda, a orillas del Riachuelo, procedencia directa de alguna casa como parte del plan canje de electrodomésticos de línea blanca que en 2009 promovió el gobierno nacional.
Esa heladera, al igual que las 1500 que quedan a su alrededor, ya fue desguazada: se le extrajeron los aceites del compresor y los materiales aislantes, y se separaron el gas, el plástico, el acero, el cobre y el aluminio para comercializarlos. A las carcasas se las fueron llevando de a poco en camiones, rumbo a una planta de recuperación de metales ferrosos que los clasifica y selecciona para abastecer a las plantas siderúrgicas de Ternium Siderar y de Tenaris, donde se convertirán en tubos o chapas laminadas de acero para la fabricación de autos, sembradoras, postes de luz, silos y lavarropas.
Contento por haber encontrado el modelo que buscaba, Julio Cozes, una de las 105 personas que trabaja hoy en la cooperativa que se formó tras la quiebra de la empresa a mediados de los 90, cuenta que por el plan canje llegaron a acumularse en pasillos, patios y galpones unas 16.000 heladeras y lavarropas. Un verdadero cementerio de electrodomésticos, destinado al reciclaje, que muestra sólo una ínfima parte de la contracara del boom de consumo: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuyo número no sólo aumenta cada año, sino que, de no recuperarse, son los que mayor cantidad de sustancias contaminantes aportan al medio ambiente.
Porque, en líneas generales, el trabajo que viene realizando la cooperativa SIAM con las heladeras es una excepción: se calcula que se recicla no más del 2 por ciento de las 100.000 toneladas de RAEE que se generan por año en el país, según Greenpeace. Lo demás termina en la bolsa de basura, en la vereda, en services o acopiados en roperos, garajes y oficinas públicas y privadas.
Hoy, en la Argentina, en una casa de una familia tipo de cuatro personas pueden contabilizarse unos 50 aparatos o dispositivos eléctricos y electrónicos, entre electrodomésticos, televisores, equipos de audio o video, juegos, iluminación, pilas, baterías y cámaras de fotos, que pesan unos 420 kg, según precisa Gustavo Protomastro, director de Escrap, una red de operadores de residuos que promueve el uso sustentable de los aparatos electrónicos. De ese total, se desechan unos 10 kg por año, es decir unos 3 por habitante, y cuyo mayor peligro son los componentes altamente contaminantes que poseen, como mercurio, cadmio, bromo, selenio y plomo.
"La venta como segunda mano ha caído notablemente a la par del ciclo de vida de esos aparatos. Entre el 30 y el 40% de lo que va a la basura termina contaminando suelos y rellenos sanitarios; lo que se deja en la vereda es recuperado por cartoneros o chatarreros en busca de sus metales, pero también se desechan. Más del 50% queda acopiado en casas y una pequeña fracción llega en la actualidad a plantas, debidamente, para ser reciclada. De 120.000 toneladas anuales, no más de 10.000 se reciclan en plantas habilitadas", explica.
Son pocas las empresas habilitadas por la Secretaría de Medio Ambiente que gestionan residuos. Y firmas como Silkers o Scrap, y Rezagos se dedican a residuos informáticos y de telecomunicaciones, pero no a RAEE de línea blanca.
Números en alza
La cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que se descartan aumenta cada año. En su previsión para 2011, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) estima que se generarán unos 74.562.400 kg de residuos entre fotocopiadoras, impresoras, computadoras, cartuchos, teléfonos... Unos cuatro millones más de lo que se había alcanzado en 2010, sin tener en cuenta los residuos de electrodomésticos de línea blanca, respecto de los cuales no existen índices oficiales ni privados.
A Greenpeace no sólo le preocupan los residuos que se producen todos los años, sino también el acortamiento de los ciclos de vida de estos aparato, tanto por el boom del consumo como por la cada vez más acelerada renovación tecnológica. Por ejemplo, las computadoras: para este año, calculan que en el país se descartará más de un millón, número que en años venideros subirá fuertemente.
El de los televisores es un caso emblemático: entre la renovación tecnológica, el plan LCD para todos, las cincuenta cuotas sin interés, el efecto Mundial 2010 y el denominado "apagón analógico" por la llegada de la televisión digital se ha impulsado un fuerte recambio, que significó un incremento del parque de televisores en más de 20 millones de unidades en menos de una década, según Greenpeace.
Respecto de los celulares, en los últimos dos años se desecharon en el país casi 10 millones, es decir, cerca del 30% del parque actual.
En Números
2% De los residuos se recicla. No más de 10.000 toneladas se reciclan en plantas habilitadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
120.000 T. Se descartan por año. Es el número aproximado de residuos eléctricos y electrónicos entre los que se cuentan desde computadoras y celulares hasta pilas, televisores y electrodomésticos.
16.000 Heladeras por el plan canje. Como parte de ese programa de 2009, promovido por el gobierno nacional en 2009, la cooperativa de la ex fábrica Siam recibió esa cantidad para reciclar.
La ley que espera en Diputados
En mayo de este año, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que promueve la responsabilidad del fabricante hasta el destino final del producto, y que establece presupuestos mínimos para que se defina qué hacer con las más de 100.000 toneladas de basura electrónica que se producen por año en el país. Hoy, el proyecto que se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y que será girado a la de Industria y a la de Presupuesto, espera alcanzar dictamen. "Mientras se dilate la promulgación de la ley, la basura electrónica en la Argentina seguirá creciendo", afirmó Yanina Rullo, coordinadora de la Campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace, que confía en que el proyecto se pueda convertir en ley antes de fines de año.
Fecha de Publicación: 02/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
De las 100.000 toneladas de aparatos que se descartan por año en la Argentina, sólo se recicla aproximadamente el 2 por ciento
uería encontrar la clásica heladera SIAM de bolita, símbolo de lo que había sido la empresa décadas atrás. Corrió hacia una más moderna que todavía tenía los imanes pegados sobre la puerta; se metió por un angosto pasillo entre los electrodomésticos arrumbados y la encontró. Descascarada, con el logo colgando, esa heladera había ido a parar ahí, a un patio trasero de la ex fábrica SIAM, situada en Avellaneda, a orillas del Riachuelo, procedencia directa de alguna casa como parte del plan canje de electrodomésticos de línea blanca que en 2009 promovió el gobierno nacional.
Esa heladera, al igual que las 1500 que quedan a su alrededor, ya fue desguazada: se le extrajeron los aceites del compresor y los materiales aislantes, y se separaron el gas, el plástico, el acero, el cobre y el aluminio para comercializarlos. A las carcasas se las fueron llevando de a poco en camiones, rumbo a una planta de recuperación de metales ferrosos que los clasifica y selecciona para abastecer a las plantas siderúrgicas de Ternium Siderar y de Tenaris, donde se convertirán en tubos o chapas laminadas de acero para la fabricación de autos, sembradoras, postes de luz, silos y lavarropas.
Contento por haber encontrado el modelo que buscaba, Julio Cozes, una de las 105 personas que trabaja hoy en la cooperativa que se formó tras la quiebra de la empresa a mediados de los 90, cuenta que por el plan canje llegaron a acumularse en pasillos, patios y galpones unas 16.000 heladeras y lavarropas. Un verdadero cementerio de electrodomésticos, destinado al reciclaje, que muestra sólo una ínfima parte de la contracara del boom de consumo: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuyo número no sólo aumenta cada año, sino que, de no recuperarse, son los que mayor cantidad de sustancias contaminantes aportan al medio ambiente.
Porque, en líneas generales, el trabajo que viene realizando la cooperativa SIAM con las heladeras es una excepción: se calcula que se recicla no más del 2 por ciento de las 100.000 toneladas de RAEE que se generan por año en el país, según Greenpeace. Lo demás termina en la bolsa de basura, en la vereda, en services o acopiados en roperos, garajes y oficinas públicas y privadas.
Hoy, en la Argentina, en una casa de una familia tipo de cuatro personas pueden contabilizarse unos 50 aparatos o dispositivos eléctricos y electrónicos, entre electrodomésticos, televisores, equipos de audio o video, juegos, iluminación, pilas, baterías y cámaras de fotos, que pesan unos 420 kg, según precisa Gustavo Protomastro, director de Escrap, una red de operadores de residuos que promueve el uso sustentable de los aparatos electrónicos. De ese total, se desechan unos 10 kg por año, es decir unos 3 por habitante, y cuyo mayor peligro son los componentes altamente contaminantes que poseen, como mercurio, cadmio, bromo, selenio y plomo.
"La venta como segunda mano ha caído notablemente a la par del ciclo de vida de esos aparatos. Entre el 30 y el 40% de lo que va a la basura termina contaminando suelos y rellenos sanitarios; lo que se deja en la vereda es recuperado por cartoneros o chatarreros en busca de sus metales, pero también se desechan. Más del 50% queda acopiado en casas y una pequeña fracción llega en la actualidad a plantas, debidamente, para ser reciclada. De 120.000 toneladas anuales, no más de 10.000 se reciclan en plantas habilitadas", explica.
Son pocas las empresas habilitadas por la Secretaría de Medio Ambiente que gestionan residuos. Y firmas como Silkers o Scrap, y Rezagos se dedican a residuos informáticos y de telecomunicaciones, pero no a RAEE de línea blanca.
Números en alza
La cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que se descartan aumenta cada año. En su previsión para 2011, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) estima que se generarán unos 74.562.400 kg de residuos entre fotocopiadoras, impresoras, computadoras, cartuchos, teléfonos... Unos cuatro millones más de lo que se había alcanzado en 2010, sin tener en cuenta los residuos de electrodomésticos de línea blanca, respecto de los cuales no existen índices oficiales ni privados.
A Greenpeace no sólo le preocupan los residuos que se producen todos los años, sino también el acortamiento de los ciclos de vida de estos aparato, tanto por el boom del consumo como por la cada vez más acelerada renovación tecnológica. Por ejemplo, las computadoras: para este año, calculan que en el país se descartará más de un millón, número que en años venideros subirá fuertemente.
El de los televisores es un caso emblemático: entre la renovación tecnológica, el plan LCD para todos, las cincuenta cuotas sin interés, el efecto Mundial 2010 y el denominado "apagón analógico" por la llegada de la televisión digital se ha impulsado un fuerte recambio, que significó un incremento del parque de televisores en más de 20 millones de unidades en menos de una década, según Greenpeace.
Respecto de los celulares, en los últimos dos años se desecharon en el país casi 10 millones, es decir, cerca del 30% del parque actual.
En Números
2% De los residuos se recicla. No más de 10.000 toneladas se reciclan en plantas habilitadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
120.000 T. Se descartan por año. Es el número aproximado de residuos eléctricos y electrónicos entre los que se cuentan desde computadoras y celulares hasta pilas, televisores y electrodomésticos.
16.000 Heladeras por el plan canje. Como parte de ese programa de 2009, promovido por el gobierno nacional en 2009, la cooperativa de la ex fábrica Siam recibió esa cantidad para reciclar.
La ley que espera en Diputados
En mayo de este año, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que promueve la responsabilidad del fabricante hasta el destino final del producto, y que establece presupuestos mínimos para que se defina qué hacer con las más de 100.000 toneladas de basura electrónica que se producen por año en el país. Hoy, el proyecto que se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y que será girado a la de Industria y a la de Presupuesto, espera alcanzar dictamen. "Mientras se dilate la promulgación de la ley, la basura electrónica en la Argentina seguirá creciendo", afirmó Yanina Rullo, coordinadora de la Campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace, que confía en que el proyecto se pueda convertir en ley antes de fines de año.
Una estrategia para el cambio climático
Una estrategia para el cambio climático
Fecha de Publicación: 01/10/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente presentó ayer la fase inicial del programa, consensuado por 24 organismos nacionales. La primera fase de la estrategia se basa en atacar la emisión de gases de efecto invernadero.
En respuesta a los desafíos que plantea de manera creciente la cuestión ambiental, Argentina avanza, por primera vez, en una Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) que sentará las bases de mitigación de las causas y adaptación al impacto producido por el fenómeno. Ayer fue presentada la fase inicial de ese plan, consensuado por los 24 organismos nacionales que conforman el comité gubernamental que se abocará al tema. El director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente, Nazareno Castillo Marín, destacó que la concreción del proyecto evidencia que “se ha logrado incorporar la temática a la agenda nacional” y anticipó que la segunda parte del programa constará de una definición de las metas concretas y sus indicadores, a cumplir en un tiempo fijado.
“La temática del cambio climático es extremadamente compleja”, definió Castillo Marín. Argentina es responsable de menos del uno por ciento de los gases de efecto invernadero emitidos mundialmente y, sin embargo, “se estima que si se continúa con el actual ritmo de producción el país habrá incrementado (las emisiones) en un 105 por ciento para el 2030”, especificaba ayer el funcionario durante una reunión realizada con representantes de los ministerios de Economía, Planificación, Agricultura y Salud, entre otros. También participaron delegados de las secretarías de Industria y Transporte, y representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y del Consejo Hídrico Federal (Cofime).
La primera fase de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) se basa en dos grandes ejes: atacar la producción de gases de efecto invernadero y, por otro lado, crear políticas de adaptación y de manejo de emergencias sobre los impactos del cambio climático existente. En el primer grupo, las estrategias estarán dirigidas a “mejorar la eficiencia energética, incrementar la participación de energías renovables, y aumentar la eficiencia en la industria, en la agricultura, en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de los efluentes líquidos”. El punto número 13 de los ejes de acción promueve cambios en estilos de vida de la población.
El coordinador residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Martín Santiago Herrero, resaltó en el encuentro realizado en el Hotel Sheraton Libertador que “la creación de la Estrategia determina una visión muy coherente y responsable del Estado argentino” y consideró “esencial que se continúe con la política de crecimiento económico con inclusión social, pero deberá incluirse también la cuestión del ambiente”.
Actualmente, según la Secretaría de Ambiente, la producción de gases de efecto invernadero a escala nacional corresponde en un 47 por ciento al sector de energía y en un 42 por ciento al de agricultura. Dentro de la estrategia prevista para el sector del campo, se prevé promover la diversificación e integración de producciones agropecuarias y forestales. Dentro de las convenciones sobre medio ambiente, el concepto de “responsabilidad común pero diferenciada” cobra vital importancia. Así lo entiende Martín Chojo, representante técnico de la Secretaría de Políticas Económicas, quien explicó que “en los acuerdos internacionales son parte inherente no sólo el compromiso a reducir la contaminación, sino a que los países con mayores recursos, que son los que mayores emisiones de gases tienen, financien” proyectos fuera de sus fronteras.
En ese sentido, aseguró a Página/12 que la creación del Nuevo Fondo Climático Verde, que comenzará a funcionar en enero próximo, será “el instrumento de mayor importancia en la estructura financiera de programas sobre el cambio climático global”. En la próxima cumbre de Cambio Climático que se realizará en Durban, Sudáfrica, los 194 países miembros de Naciones Unidas tendrán que ratificar la creación del banco.
Por su parte, el delegado por la Secretaría de Transporte, Rodrigo Rodríguez Torquinst, contó que la cartera tiene una gran posibilidad de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través del tendido de nuevas vías de ferrocarriles, el transporte público más ecológico.
Por otra parte, en el país hay más de 1,5 millón de hectáreas de bosques nativos protegidos y casi un millón de hectáreas de glaciares, que “deben ser privilegiados en materia de cambio climático”, exhortó una representante de Parques Nacionales.
La presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático continuó ayer con la exposición por parte de los sectores privados, científico-académicos y de los trabajadores para sentar los lineamientos básicos que deberá incluir la segunda fase del plan. Es “la manera más coordinada y eficiente de hacer frente a la problemática”, definió Castillo Marín.
Fecha de Publicación: 01/10/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente presentó ayer la fase inicial del programa, consensuado por 24 organismos nacionales. La primera fase de la estrategia se basa en atacar la emisión de gases de efecto invernadero.
En respuesta a los desafíos que plantea de manera creciente la cuestión ambiental, Argentina avanza, por primera vez, en una Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) que sentará las bases de mitigación de las causas y adaptación al impacto producido por el fenómeno. Ayer fue presentada la fase inicial de ese plan, consensuado por los 24 organismos nacionales que conforman el comité gubernamental que se abocará al tema. El director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente, Nazareno Castillo Marín, destacó que la concreción del proyecto evidencia que “se ha logrado incorporar la temática a la agenda nacional” y anticipó que la segunda parte del programa constará de una definición de las metas concretas y sus indicadores, a cumplir en un tiempo fijado.
“La temática del cambio climático es extremadamente compleja”, definió Castillo Marín. Argentina es responsable de menos del uno por ciento de los gases de efecto invernadero emitidos mundialmente y, sin embargo, “se estima que si se continúa con el actual ritmo de producción el país habrá incrementado (las emisiones) en un 105 por ciento para el 2030”, especificaba ayer el funcionario durante una reunión realizada con representantes de los ministerios de Economía, Planificación, Agricultura y Salud, entre otros. También participaron delegados de las secretarías de Industria y Transporte, y representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y del Consejo Hídrico Federal (Cofime).
La primera fase de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) se basa en dos grandes ejes: atacar la producción de gases de efecto invernadero y, por otro lado, crear políticas de adaptación y de manejo de emergencias sobre los impactos del cambio climático existente. En el primer grupo, las estrategias estarán dirigidas a “mejorar la eficiencia energética, incrementar la participación de energías renovables, y aumentar la eficiencia en la industria, en la agricultura, en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de los efluentes líquidos”. El punto número 13 de los ejes de acción promueve cambios en estilos de vida de la población.
El coordinador residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Martín Santiago Herrero, resaltó en el encuentro realizado en el Hotel Sheraton Libertador que “la creación de la Estrategia determina una visión muy coherente y responsable del Estado argentino” y consideró “esencial que se continúe con la política de crecimiento económico con inclusión social, pero deberá incluirse también la cuestión del ambiente”.
Actualmente, según la Secretaría de Ambiente, la producción de gases de efecto invernadero a escala nacional corresponde en un 47 por ciento al sector de energía y en un 42 por ciento al de agricultura. Dentro de la estrategia prevista para el sector del campo, se prevé promover la diversificación e integración de producciones agropecuarias y forestales. Dentro de las convenciones sobre medio ambiente, el concepto de “responsabilidad común pero diferenciada” cobra vital importancia. Así lo entiende Martín Chojo, representante técnico de la Secretaría de Políticas Económicas, quien explicó que “en los acuerdos internacionales son parte inherente no sólo el compromiso a reducir la contaminación, sino a que los países con mayores recursos, que son los que mayores emisiones de gases tienen, financien” proyectos fuera de sus fronteras.
En ese sentido, aseguró a Página/12 que la creación del Nuevo Fondo Climático Verde, que comenzará a funcionar en enero próximo, será “el instrumento de mayor importancia en la estructura financiera de programas sobre el cambio climático global”. En la próxima cumbre de Cambio Climático que se realizará en Durban, Sudáfrica, los 194 países miembros de Naciones Unidas tendrán que ratificar la creación del banco.
Por su parte, el delegado por la Secretaría de Transporte, Rodrigo Rodríguez Torquinst, contó que la cartera tiene una gran posibilidad de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través del tendido de nuevas vías de ferrocarriles, el transporte público más ecológico.
Por otra parte, en el país hay más de 1,5 millón de hectáreas de bosques nativos protegidos y casi un millón de hectáreas de glaciares, que “deben ser privilegiados en materia de cambio climático”, exhortó una representante de Parques Nacionales.
La presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático continuó ayer con la exposición por parte de los sectores privados, científico-académicos y de los trabajadores para sentar los lineamientos básicos que deberá incluir la segunda fase del plan. Es “la manera más coordinada y eficiente de hacer frente a la problemática”, definió Castillo Marín.
Atucha II: La central nuclear más cara del mundo
Atucha II/ “La central de energía nuclear más cara del mundo”
Fecha de Publicación: 30/09/2011
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
“A pesar de los anuncios, no hay un ingreso de potencia real al Sistema Interconectado Nacional porque la central no entrará en funcionamiento sino hasta dentro de un año y medio o dos años cuando logre cumplir con las condiciones de seguridad internacionales requeridas para las centrales nucleares”, indicó a AIM el coordinador del área de energía del Taller Ecologista de Rosario, Pablo Bertinat, quien agregó: “si tenemos en cuenta los costos desde que se empezó a construir hasta ahora, y lo que falta para completar la obra, podremos hablar de Atucha II como la central más cara del mundo, comparable con la hidroeléctrica Yacyretá”.
En diálogo con esta Agencia, el ingeniero precisó que “es difícil hacer los cálculos del valor del kilovatio de energía que producirá Atucha II, pero rondaría los
6.000 dólares, teniendo en cuenta los costos implicados desde que se empezó a construir en los años ochenta hasta estas últimas inversiones, mientras que la misma cantidad de energía producida por una fuente renovable y limpia como la eólica rondaría los 1.200 dólares”.
¿Diversificación de la matriz?
“Atucha II no es un aporte a la diversificación de la matriz energética argentina, porque esa matriz ya tenía un componente nuclear”, aseguró a AIM el especialista, y agregó: “a la diversificación hay que buscarla a través de fuentes renovables y limpias, para no profundizar la dependencia de las fuentes que ya tenemos y presentan estos rasgos de inseguridad, riesgo y altos costos”.
“Creo que hay una decisión estratégica en torno a la visualización de este tipo de obras que suponen un desarrollo tecnológico para el país, de ahí parte la decisión de avanzar en el proyecto que tiene que ver, además, con una fascinación geopolítica, y con la creencia de que esto es realmente un avance tecnológico, sin mencionar la seducción que par los gobiernos tienen las obras gigantescas”, consideró a AIM Bertinat, quien añadió: “y esto sin tener en cuenta los costos y riesgos de de la energía nuclear”.
En cambio, “se podría invertir esa suma y profundizar la licitación que hizo Enarsa el año pasado, por el que se construirían fuentes de energía eólica con una capacidad similar a la de Atucha II”, consideró el ingeniero, quien añadió: “se trata de energía renovable, con mayor perspectiva a largo plazo, fundamentalmente por su sustentabilidad”.
Fecha de Publicación: 30/09/2011
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
“A pesar de los anuncios, no hay un ingreso de potencia real al Sistema Interconectado Nacional porque la central no entrará en funcionamiento sino hasta dentro de un año y medio o dos años cuando logre cumplir con las condiciones de seguridad internacionales requeridas para las centrales nucleares”, indicó a AIM el coordinador del área de energía del Taller Ecologista de Rosario, Pablo Bertinat, quien agregó: “si tenemos en cuenta los costos desde que se empezó a construir hasta ahora, y lo que falta para completar la obra, podremos hablar de Atucha II como la central más cara del mundo, comparable con la hidroeléctrica Yacyretá”.
En diálogo con esta Agencia, el ingeniero precisó que “es difícil hacer los cálculos del valor del kilovatio de energía que producirá Atucha II, pero rondaría los
6.000 dólares, teniendo en cuenta los costos implicados desde que se empezó a construir en los años ochenta hasta estas últimas inversiones, mientras que la misma cantidad de energía producida por una fuente renovable y limpia como la eólica rondaría los 1.200 dólares”.
¿Diversificación de la matriz?
“Atucha II no es un aporte a la diversificación de la matriz energética argentina, porque esa matriz ya tenía un componente nuclear”, aseguró a AIM el especialista, y agregó: “a la diversificación hay que buscarla a través de fuentes renovables y limpias, para no profundizar la dependencia de las fuentes que ya tenemos y presentan estos rasgos de inseguridad, riesgo y altos costos”.
“Creo que hay una decisión estratégica en torno a la visualización de este tipo de obras que suponen un desarrollo tecnológico para el país, de ahí parte la decisión de avanzar en el proyecto que tiene que ver, además, con una fascinación geopolítica, y con la creencia de que esto es realmente un avance tecnológico, sin mencionar la seducción que par los gobiernos tienen las obras gigantescas”, consideró a AIM Bertinat, quien añadió: “y esto sin tener en cuenta los costos y riesgos de de la energía nuclear”.
En cambio, “se podría invertir esa suma y profundizar la licitación que hizo Enarsa el año pasado, por el que se construirían fuentes de energía eólica con una capacidad similar a la de Atucha II”, consideró el ingeniero, quien añadió: “se trata de energía renovable, con mayor perspectiva a largo plazo, fundamentalmente por su sustentabilidad”.
Día de Acción Global contra la Basura e Incineración
En el Día de Acción Global contra la Basura y la Incineración
Fecha de Publicación: 30/09/2011
Fuente: Coalición Ciudadana Anti-incineración
Provincia/Región: Nacional
La Coalición Ciudadana Anti-incineración, red de más de 50 organizaciones de todo el país e integrante de GAIA (Alianza Global por Alternativas a la Incineración) hizo un llamado de atención sobre los proyectos de “valorización energética” de residuos que están proliferando en Argentina, en el marco del el Día de Acción Global (DAG) contra la Basura y la Incineración, fecha celebrada desde hace 10 años en todo el mundo.
“Estos proyectos se están instalando o proponiendo con la pretensión de resolver las crisis del mal manejo de residuos domiciliarios en varias ciudades de Argentina, particularmente la zona Metropolitana de Buenos Aires, región Capital - La Plata y Córdoba. Pero se trata de falsas soluciones que generarán nuevos riesgos ambientales, sanitarios y económicos, y no contribuirán a disminuir los impactos de la mala gestión de los RSU”, explicaron desde la Coalición.
A pesar de la intensa publicidad por parte de empresas y gobiernos, algunas de las tecnologías que se están evaluando en el país (gasificación, depolimerización catalítica) no sólo no han demostrado ser viables para el tratamiento de RSU a una escala significativa sino que además han resultado ser muy riesgosas desde el punto de vista ambiental, social y económico, por las emisiones de sustancias tóxicas, recurrentes fallas operativas y escasa generación de energía.
Otras alternativas en evaluación, como la incineración y la co-incineración en cementeras, también generan emisiones tóxicas, son grandes generadoras de gases de efecto invernadero, tienen un balance energético altamente desfavorable, destruyen recursos que podrían ser reciclados o recuperados y obstaculizan los programas reciclaje. Por esto último, representan una amenaza para quienes hoy viven del reciclaje. De hecho, la Unión Europea está recomendando limitar la incineración sólo a materiales no reciclables.
"Es una irresponsabilidad de las autoridades que avancen con completa ligereza con estos proyectos, cuando incluso los responsables del plan de residuos en la Cuenca Matanza-Riachuelo estuvieron directamente implicados en el escandaloso fracaso de los proyectos de la empresa Innviron en la provincia de Córdoba", agregaron
Finalmente las organizaciones reclamaron que se inviertan recursos en “verdaderas soluciones”, en planes de separación en origen, compostaje, reciclaje, en estrategias para reducir la producción de basura. “Si los recursos millonarios que se van a gastar en estos mega-proyectos se invirtieran en programas de gestión integral de residuos, ambientalmente sustentables y con las estrategias y tecnologías que ya están probadas, podríamos sin duda resolver en poco tiempo las crisis actuales de manejo de residuos”, expresaron.
La Coalición Ciudadana Anti-Incineración se formó en 1995 y está integrada por más de 50 ciudadanos y organizaciones no gubernamentales preocupados por la expansión de la incineración de residuos hospitalarios, industriales y urbanos en la Argentina, y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana.
Iniciativas y proyectos en evaluación:
• Centro de Recomposición Energética - CARE (La Matanza): planta de clasificación y producción de combustible derivado de residuos, que se enviaría a plantas cementeras u otros usos (co-incineración). El año pasado fue presentado públicamente como una “solución mágica” para obtener energía “limpia” de la basura. Es financiado por ENARSA. No se está apuntando a separar los residuos en origen ya que la planta está concebida para procesar residuos mezclados, lo que implica porcentajes muy bajos de reciclaje.
• ACUMAR - Cuenca Matanza-Riachuelo. La Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo ha presentado un Plan Maestro de Residuos que incluye la utilización de las tecnologías de gasificación y oxidación térmica para obtener energía de la basura. Se firmó un convenio entre ENARSA, CEAMSE, Ministerio de Defensa y ACUMAR para desarrollar proyectos de valorización energética en la cuenca, y ENARSA realizó a tal fin un llamado a licitación. Según ENARSA, este llamado se realiza en concordancia con la ley de energías renovables, Nº 26190, sin embargo esta ley no incluye a los residuos sólidos urbanos.
• Región Capital-La Plata (La Plata, Ensenada, Berisso, Brandsen, Punta Indio): se aprobó el proyecto de construcción de una planta de clasificación y producción de combustible derivado de residuos que se enviaría a cementeras (co-incineración), a instalarse en Ensenada. El proyecto original incluye la utilización de la tecnología depolimerización catalítica. El proyecto no se basa en la separación en origen por lo que resultarían porcentajes bajos de reciclaje y una producción de compost de mala calidad.
• Córdoba: en 2010 la empresa Innviron propuso obtener energía de la basura de las ciudades de Córdoba, Villa María y Rio Cuarto a través de la tecnología de gasificación; sin embargo, no pudo sostener la viabilidad de la tecnología y los proyectos fracasaron. Hoy, el recientemente electo gobernador está evaluando alternativas en España; concretamente, de la empresa Griñó Ecologic que envía residuos a quemar en cementeras y está ofreciendo la tecnología de depolimerización catalítica. Dicha empresa también fue visitada por autoridades del Concejo Deliberante de Mar del Plata.
Más información: Página web http://www.noalaincineracion.org/
Fecha de Publicación: 30/09/2011
Fuente: Coalición Ciudadana Anti-incineración
Provincia/Región: Nacional
La Coalición Ciudadana Anti-incineración, red de más de 50 organizaciones de todo el país e integrante de GAIA (Alianza Global por Alternativas a la Incineración) hizo un llamado de atención sobre los proyectos de “valorización energética” de residuos que están proliferando en Argentina, en el marco del el Día de Acción Global (DAG) contra la Basura y la Incineración, fecha celebrada desde hace 10 años en todo el mundo.
“Estos proyectos se están instalando o proponiendo con la pretensión de resolver las crisis del mal manejo de residuos domiciliarios en varias ciudades de Argentina, particularmente la zona Metropolitana de Buenos Aires, región Capital - La Plata y Córdoba. Pero se trata de falsas soluciones que generarán nuevos riesgos ambientales, sanitarios y económicos, y no contribuirán a disminuir los impactos de la mala gestión de los RSU”, explicaron desde la Coalición.
A pesar de la intensa publicidad por parte de empresas y gobiernos, algunas de las tecnologías que se están evaluando en el país (gasificación, depolimerización catalítica) no sólo no han demostrado ser viables para el tratamiento de RSU a una escala significativa sino que además han resultado ser muy riesgosas desde el punto de vista ambiental, social y económico, por las emisiones de sustancias tóxicas, recurrentes fallas operativas y escasa generación de energía.
Otras alternativas en evaluación, como la incineración y la co-incineración en cementeras, también generan emisiones tóxicas, son grandes generadoras de gases de efecto invernadero, tienen un balance energético altamente desfavorable, destruyen recursos que podrían ser reciclados o recuperados y obstaculizan los programas reciclaje. Por esto último, representan una amenaza para quienes hoy viven del reciclaje. De hecho, la Unión Europea está recomendando limitar la incineración sólo a materiales no reciclables.
"Es una irresponsabilidad de las autoridades que avancen con completa ligereza con estos proyectos, cuando incluso los responsables del plan de residuos en la Cuenca Matanza-Riachuelo estuvieron directamente implicados en el escandaloso fracaso de los proyectos de la empresa Innviron en la provincia de Córdoba", agregaron
Finalmente las organizaciones reclamaron que se inviertan recursos en “verdaderas soluciones”, en planes de separación en origen, compostaje, reciclaje, en estrategias para reducir la producción de basura. “Si los recursos millonarios que se van a gastar en estos mega-proyectos se invirtieran en programas de gestión integral de residuos, ambientalmente sustentables y con las estrategias y tecnologías que ya están probadas, podríamos sin duda resolver en poco tiempo las crisis actuales de manejo de residuos”, expresaron.
La Coalición Ciudadana Anti-Incineración se formó en 1995 y está integrada por más de 50 ciudadanos y organizaciones no gubernamentales preocupados por la expansión de la incineración de residuos hospitalarios, industriales y urbanos en la Argentina, y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana.
Iniciativas y proyectos en evaluación:
• Centro de Recomposición Energética - CARE (La Matanza): planta de clasificación y producción de combustible derivado de residuos, que se enviaría a plantas cementeras u otros usos (co-incineración). El año pasado fue presentado públicamente como una “solución mágica” para obtener energía “limpia” de la basura. Es financiado por ENARSA. No se está apuntando a separar los residuos en origen ya que la planta está concebida para procesar residuos mezclados, lo que implica porcentajes muy bajos de reciclaje.
• ACUMAR - Cuenca Matanza-Riachuelo. La Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo ha presentado un Plan Maestro de Residuos que incluye la utilización de las tecnologías de gasificación y oxidación térmica para obtener energía de la basura. Se firmó un convenio entre ENARSA, CEAMSE, Ministerio de Defensa y ACUMAR para desarrollar proyectos de valorización energética en la cuenca, y ENARSA realizó a tal fin un llamado a licitación. Según ENARSA, este llamado se realiza en concordancia con la ley de energías renovables, Nº 26190, sin embargo esta ley no incluye a los residuos sólidos urbanos.
• Región Capital-La Plata (La Plata, Ensenada, Berisso, Brandsen, Punta Indio): se aprobó el proyecto de construcción de una planta de clasificación y producción de combustible derivado de residuos que se enviaría a cementeras (co-incineración), a instalarse en Ensenada. El proyecto original incluye la utilización de la tecnología depolimerización catalítica. El proyecto no se basa en la separación en origen por lo que resultarían porcentajes bajos de reciclaje y una producción de compost de mala calidad.
• Córdoba: en 2010 la empresa Innviron propuso obtener energía de la basura de las ciudades de Córdoba, Villa María y Rio Cuarto a través de la tecnología de gasificación; sin embargo, no pudo sostener la viabilidad de la tecnología y los proyectos fracasaron. Hoy, el recientemente electo gobernador está evaluando alternativas en España; concretamente, de la empresa Griñó Ecologic que envía residuos a quemar en cementeras y está ofreciendo la tecnología de depolimerización catalítica. Dicha empresa también fue visitada por autoridades del Concejo Deliberante de Mar del Plata.
Más información: Página web http://www.noalaincineracion.org/
Una nueva central nuclear
Una nueva central nuclear, 30 años después
Fecha de Publicación: 29/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Se comenzó a construir en 1981, pero luego se suspendió. Néstor Kirchner la reactivó en 2006 y ayer la inauguró CFK. Con Atucha II, la energía nuclear pasará de cubrir del 7 al 10 por ciento de la oferta eléctrica nacional.
La escena estaba dominada por el domo gris de hormigón que durante muchos años fue la imagen de una obra abandonada y de un proyecto de país que había sido dejado de lado: ayer, luego de tres décadas desde que se iniciara el proyecto, Cristina Kirchner dio por inaugurada Atucha II, la tercera central nuclear argentina, que sumará 745 megavatios al sistema eléctrico, además de hacer aportes a la industria de defensa para el desarrollo de investigaciones sobre el uso pacífico de la energía atómica. La Presidenta, en tema, anunció la continuidad de la aplicación de políticas públicas destinadas a seguir desarrollando esta fuente de energía y resaltó nuevos objetivos, como las obras para alargar la vida útil de la central cordobesa de Embalse, la construcción de Atucha III y la del reactor nuclear Caren, de diseño argentino.
“Somos la generación del Bicentenario que está cubriendo todas las deudas históricas que se han generado en décadas de abandono e injerencia externa para que Argentina no tenga desarrollo. Hemos recuperado la decisión de que el país debe gobernarse a sí mismo a través de las autoridades democráticas elegidas por el voto, cumpliendo proyectos por los cuales la gente elige a sus gobernantes”, arengó CFK en el pasaje más emotivo del acto, que fue seguido por algo más de mil personas en el lugar y transmitido por cadena nacional.
“Mi compromiso no es sólo ser de una generación que pague deudas, sino de una generación que vuelva a poner en marcha esa maquinaria formidable y maravillosa que es nuestra Nación, que cuenta con el mejor combustible que tenemos: el pueblo argentino y su fuerza –continuó la mandataria–. Tenemos que ponernos de pie los argentinos para seguir asegurando que nadie la pueda detener, que siga su marcha por más crecimiento, más democracia, más justicia, más libertad y patria para todos.” Cerca de ella, la aplaudían el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el de Defensa, Arturo Puricelli, los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, y Formosa, Gildo Insfrán, entre otros funcionarios.
Después del acto, Cristina Kirchner se desvió de su camino y se demoró casi media hora recorriendo el perímetro de rejas instalado para separar a los invitados del público, saludando y tomándose fotos con los que se habían acercado a la inauguración, muchos de ellos empleados de la central, además de militantes de La Cámpora, la Uocra, el Partido Comunista y el Partido Solidario. Un rato antes, había destacado que el 88 por ciento de los insumos y la mano de obra utilizada en Atucha II es argentino y que más de 800 técnicos retornaron al país luego del impulso que se le dio al desarrollo nuclear. También que desde 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner decidió reflotar el proyecto, se formaron más de 900 soldadores nucleares, 100 técnicos y 200 operarios calificados.
Custodios de la soberanía
Atucha II, describió CFK, fue un “símbolo de la postergación” que vivió la industria argentina durante la etapa neoliberal, cuando se detuvo su construcción y las instalaciones se llenaron “de búhos y de ratas”. Pero ahora, aseguró, se está “recuperando el bastión más importante del desarrollo tecnológico argentino”. También recordó la botadura de un buque oceanográfico y la reparación del submarino San Juan en los astilleros Adolfo Storni, que había presenciado el día anterior, y los comparó con el caso del submarino Santa Cruz, que en 2001 debió ser reparado en Brasil porque el país no tenía la capacidad de hacerlo. “Durante esos años de parálisis” industrial, aseguró la Presidenta, las instalaciones fueron cuidadas por sus trabajadores. “Les agradezco que hayan sido custodios de la soberanía los obreros”, se emocionó.
Además, explicó que Atucha II, la tercera central nuclear argentina, demandó una inversión de 10.200 millones de pesos y aportará al sistema eléctrico 745 megavatios, sumándose a los 335 que aporta Atucha I y los 600 de Embalse. Hasta ahora, las instalaciones de este tipo cubrían el siete por ciento de la capacidad del sistema eléctrico argentino, mientras que con el aporte de la nueva central, el número subirá hasta diez por ciento. “Llegamos a 8122 megavatios más, de 2003 a la fecha –subrayó Cristina Kirchner –. Que se escuche bien lo cifra: hemos incorporado 45,4 por ciento más de lo que generamos en 2003”, cuando el kirchnerismo accedió al poder.
“No es sólo energía, porque en estos ocho años se abrieron fábricas, talleres que demandaron esa energía y tenemos que generar más –continuó–. Los argentinos hemos protagonizado en estos ocho años el crecimiento económico más importante, tenemos el orgullo de ser el segundo país después de China que más creció su economía en todo el mundo”. La mandataria también destacó la diferencia cualitativa que distinguen el modelo argentino de los países desarrollados, que graficó en el objetivo de “ser líderes en el uso pacífico de la energía nuclear, líderes de la no proliferación”. CFK advirtió: “Nuestros científicos nunca usaron su conocimiento para destruir la vida de otros seres en otros lugares del planeta. Somos gente de paz, somos buena gente”.
Durante el acto, también, se leyeron fragmentos de una carta que le hizo llegar a la Presidenta el titular de la Organización Internacional de Energía Atómica, el japonés Yukiya Amano, por la inauguración de la planta: “Me complace celebrar este hecho. La construcción de Atucha II fue de difícil cometido pero se logró gracias a la capacidad de su gente y la determinación de su gobierno. Ayudará a sostener el acelerado crecimiento argentino”, sostenía la misiva.
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La energía nuclear será el 10% del total del sistema eléctrico
Fecha de Publicación: 29/09/2011
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta puso en marcha Atucha II. Aportará700 megavatios. Prometió alargar la vida útil de Embalse y construir Atucha III y un reactor de baja potencia.
La presidenta Cristina Fernández puso ayer en marcha la central de Atucha II, que cuando comience a operar a pleno sumará al sistema eléctrico nacional 700 megavatios, con lo que la generación nuclear pasará del siete al 10 por ciento del total.
“Estamos diversificando la matriz energética”, señaló la jefa del Estado en un acto en la localidad bonaerense de Lima, donde encabezó la puesta en marcha de la central con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, además de trabajadores que participaron de la construcción de la obra.
Asimismo, anunció la construcción de la Central Nuclear Atucha III, el alargamiento de la vida útil de la Central Nuclear de Embalse y la puesta en funcionamiento de un reactor de baja potencia Carem.
“En esta obra hay (una inversión de) 2.200 millones de pesos pero algo más, el 88 por ciento de ese dinero son insumos y suministros argentinos y mano de obra de trabajadores argentinos”, destacó la presidenta en su discurso.
Luego de que se leyera una carta del director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (Oiea), Yukiya Amano, la primera mandataria recordó que la Argentina “en 1974 ponía en marcha Atucha I” y se convertía en “el primer país latinoamericano en operar una central nuclear”.
“Esto es un símbolo de la postergación de lo que fuimos pioneros”, reflexionó, al tiempo que valoró la tarea de su marido y predecesor Néstor Kirchner “cuando decidió poner en marcha el plan nuclear argentino” en 2006.
Con esa medida, recordó “estaba recuperando uno de los bastiones del desarrollo tecnológico argentino”.
La Presidenta accionó los interruptores 1 y 2 y destacó que cuando la central esté operando a pleno “vamos a inyectarle al sistema (eléctrico) 700 megavatios”, con lo que la participación de la energía atómica en el total pasará del 7 al 10 por ciento.
“Hemos incorporado en estos 8 años 7.422 megavatios, estamos llegando a 8.122 megavatios, 45,4 por ciento de lo que generábamos en 2003”, precisó.
Cristina enumeró que el 88 por ciento de los insumos y la mano de obra utilizada en Atucha II es argentino y que más de 800 técnicos retornaron al país luego del impulso que se le dio al desarrollo nuclear.
Además, destacó la formación de más de 900 soldadores nucleares; 100 técnicos; 200 operarios calificados y que se aumentó la matriz energética a 700 megavatios.
La Presidenta resaltó que “los argentinos hemos protagonizado en estos ocho años el crecimiento económico más importante, tenemos el orgullo de ser el segundo país después de China que más creció su economía en todo el mundo”.
700 megavatios
Es la potencia de Atucha II. La Presidenta dijo que con esto se llega los 8.122 megavatios del sistema eléctrico.
Mano de obra. Cristina destacó la formación de más de 900 soldadores nucleares, 100 técnicos y 200 operarios calificados.
Inversión. Fue de 10.200 millones de pesos.
2015. De Vido dijo que el objetivo es llegar a ese año con un 20 ó 25 por ciento de energía nuclear en el total del sistema eléctrico.
Estrategia Nacional de Cambio Climático
Presentación oficial de la Estrategia Nacional de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 29/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Mañana a partir de las 10.30, en el Hotel Sheraton Libertador –sito en Av. Córdoba 690-la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, hará la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Primera Fase) que contará con la participación de las autoridades máximas de los organismos públicos que integran el Comité Gubernamental de Cambio Climático.
Durante la mañana, se llevará a cabo la reunión del Segmento de Alto Nivel, donde estarán presentes los responsables de las 24 reparticiones nacionales que trabajaron en la confección de este primer documento, junto a los respectivos delegados al Comité.
Por la tarde, a partir de las 14.30, los representantes de los sectores privado, científico-académico, sociedad civil y de los trabajadores y del Consejo Federal del Medio Ambiente darán una presentación sobre su participación en el proceso y se harán comentarios del documento y recomendaciones para el proceso a seguir en la segunda fase. Además, la entrada se hará abierta al público.
Finalmente, el Director de Cambio Climático de la SAyDS junto con el coordinador de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Daniel Tomasini, establecerán las perspectivas de trabajo en la Segunda Fase de la Estrategia Nacional en Cambio Climático.
Nuestro país emite menos del 1% de gases de efecto invernadero mundial. Así, sobre el principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” entre los países desarrollados y los de menos recursos, la ENCC responde a la “necesidad de hacer frente de manera coordinada y eficiente a los desafíos que implica la problemática del cambio climático”.
Fecha de Publicación: 29/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Mañana a partir de las 10.30, en el Hotel Sheraton Libertador –sito en Av. Córdoba 690-la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, hará la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Primera Fase) que contará con la participación de las autoridades máximas de los organismos públicos que integran el Comité Gubernamental de Cambio Climático.
Durante la mañana, se llevará a cabo la reunión del Segmento de Alto Nivel, donde estarán presentes los responsables de las 24 reparticiones nacionales que trabajaron en la confección de este primer documento, junto a los respectivos delegados al Comité.
Por la tarde, a partir de las 14.30, los representantes de los sectores privado, científico-académico, sociedad civil y de los trabajadores y del Consejo Federal del Medio Ambiente darán una presentación sobre su participación en el proceso y se harán comentarios del documento y recomendaciones para el proceso a seguir en la segunda fase. Además, la entrada se hará abierta al público.
Finalmente, el Director de Cambio Climático de la SAyDS junto con el coordinador de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Daniel Tomasini, establecerán las perspectivas de trabajo en la Segunda Fase de la Estrategia Nacional en Cambio Climático.
Nuestro país emite menos del 1% de gases de efecto invernadero mundial. Así, sobre el principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” entre los países desarrollados y los de menos recursos, la ENCC responde a la “necesidad de hacer frente de manera coordinada y eficiente a los desafíos que implica la problemática del cambio climático”.
Lanzan el plan "Producción Limpia para Todos"
La Presidenta lanza el plan "Producción Limpia para Todos"
Fecha de Publicación: 28/09/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Cuenca Matanza Riachuelo
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará este martes por la tarde el plan Producción Limpia para Todos, que busca transformar los procesos de producción de las Pymes en la cuenca Matanza Riachuelo, según se informó.
La jefa de Estado inició su actividad matutina en su gabinete de trabajo de la residencia de Olivos.
La primera mandataria tiene además previsto asistir a las 19 al acto de entrega de 33 camionetas todo terreno para enfrentar los incendios en todo el país, y que se llevará a cabo en la explanada de la Casa de Gobierno, con la asistencia del secretario de Ambiente, Juan José Mussi.
La Presidenta hará entrega de los vehículos con el propósito de contar con los recursos para actuar de manera eficiente frente al ataque inicial del fuego y así incrementar el equipamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF).
Una hora más tarde, la jefa de Estado presidirá en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, el acto de lanzamiento del Plan Producción Limpia para Todos.
Se trata de un plan que brindará asistencia técnica y financiera a PyMEs que se encuentran en la Cuenca Matanza-Riachuelo, permitiéndoles cumplir con la reconversión de sus procesos productivos.
Según se indicó, la aplicación de esta política "redundará en beneficios para la salud y el ambiente de la región".
De esta manera, las empresas podrán adecuar ambientalmente sus modelos de producción fortaleciendo el trabajo que el gobierno nacional viene realizando para el saneamiento integral de esta zona.
Fecha de Publicación: 28/09/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Cuenca Matanza Riachuelo
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará este martes por la tarde el plan Producción Limpia para Todos, que busca transformar los procesos de producción de las Pymes en la cuenca Matanza Riachuelo, según se informó.
La jefa de Estado inició su actividad matutina en su gabinete de trabajo de la residencia de Olivos.
La primera mandataria tiene además previsto asistir a las 19 al acto de entrega de 33 camionetas todo terreno para enfrentar los incendios en todo el país, y que se llevará a cabo en la explanada de la Casa de Gobierno, con la asistencia del secretario de Ambiente, Juan José Mussi.
La Presidenta hará entrega de los vehículos con el propósito de contar con los recursos para actuar de manera eficiente frente al ataque inicial del fuego y así incrementar el equipamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF).
Una hora más tarde, la jefa de Estado presidirá en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, el acto de lanzamiento del Plan Producción Limpia para Todos.
Se trata de un plan que brindará asistencia técnica y financiera a PyMEs que se encuentran en la Cuenca Matanza-Riachuelo, permitiéndoles cumplir con la reconversión de sus procesos productivos.
Según se indicó, la aplicación de esta política "redundará en beneficios para la salud y el ambiente de la región".
De esta manera, las empresas podrán adecuar ambientalmente sus modelos de producción fortaleciendo el trabajo que el gobierno nacional viene realizando para el saneamiento integral de esta zona.
El país pierde 650.000 ha de tierras
El país pierde 650.000 ha de tierras
Fecha de Publicación: 27/09/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Como consecuencia de la desertificación avanzan las zonas áridas. En Argentina, casi ciento por ciento de la actividad agrícola y ganadera se produce en terreno afectado por la sequía; mientras que en éste vive alrededor de 30 por ciento de la población nacional.
Nuestro país tiene 70 por ciento de tierras bajo condiciones áridas y semiáridas. Y Mendoza contribuye bastante a esa realidad, ya que 97 por ciento de su geografía está bajo esas agobiantes condiciones.
En este contexto, en la Argentina, de los 270 millones de hectáreas que componen el territorio, 60 millones están afectadas por diferentes procesos y grados de desertificación y hasta 650.000 hectáreas se pierden por año.
La magnitud de las pérdidas económicas y sociales se evidencian si se considera que las tierras secas del país producen 50 por ciento de la actividad agrícola y 47 por ciento de la ganadera. Además, en ellas viven alrededor de 9 millones de personas (30 por ciento del total nacional) que ven disminuir su calidad de existencia y sus posibilidades de progreso jornada tras jornada.
Por eso, resulta de suma importancia la realización en nuestro medio de la Tercera Conferencia Internacional "Clima, Sostenibilidad y Desarrollo en regiones semiáridas" (ICID+19), que se prolongará hasta mañana .
El encuentro es preparatorio de la próxima Río+20 Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a realizarse en 2012 en la populosa ciudad brasileña, según explicó el experto local José Pozzoli, de la Secretaría de Ambiente de Mendoza.
Indicó que el documento que se elabore en Mendoza será el aporte que se llevará a las deliberaciones del próximo año, en la segunda ciudad más poblada de Brasil.
La desertificación está presente en grandes extensiones de Sudamérica. Nuestro país tiene 70 por ciento de su territorio ganado por ese flagelo; en Brasil representa 18 por ciento de su gran territorio; Chile cuenta con 70 por ciento de suelos áridos; Colombia y Ecuador, poseen 13,6 por ciento y 20 por ciento, respectivamente, de tierras secas.
Nuestra realidad
La especialista Elena Abraham, directora del Iadiza-CCT Conicet Mendoza, comentó que el encuentro internacional interesa en el medio, porque nuestro territorio, de más de 150.000 km2, se extienden bajo condiciones de sequedad, incluidos los tres oasis, "donde hemos inyectado una dosis de energía supletoria y humedad".
Las características de desertificación se detectan en suelos bajo las características de la salinidad, el revenimiento freático, la pérdida de capacidad productiva de los suelos, el abandono de las fincas y problemas de las aguas claras.
Para la estudiosa mendocina "el tema del mal uso del agua (de riego y potable) está en la base de los problemas ambientales que tenemos".
Refirió que en Mendoza una política de Estado debe apuntar "al aprovechamiento integral de estos cauces y, por eso, los diques contribuyen con una retención de agua para todo el año, y aunque falta mucho por hacer, los ríos están regulados, salvo el Grande".
En el caso de los ríos Tunuyán y Mendoza, opinó que están aprovechados totalmente para el consumo humano y para los otros usos, fundamentalmente el riego. Advirtió que la eficiencia de estos recursos por mal uso, es muy alto, llegando a 40% en materia de riego.
Además, hay problemas en el abastecimiento para consumo, porque los ductos y cañerías son deficientes y la gente no toma conciencia que "está en un ambiente seco y se hace derroche del líquido, perjudicando a los habitantes de la parte baja de la cuenca".
Asimismo, la investigadora planteó que "nadie está en contra del desarrollo de los oasis (3% de nuestra superficie), pero hay otros modelos de desarrollo de las tierras secas, que no son sólo los de regadío, como por ejemplo las actividades vinculadas con la ganadería, el uso del suelo agrosilvopastoril (el bosque) y labores relacionadas con la diversificación productiva en las mismas tierras secas (La Paz, Santa Rosa, Lavalle y norte de Las Heras)".
Añadió que es prioritario cuidar la población que vive en esos lugares, pero con infraestructura y servicios, para que se queden en esos territorios. "Hay que afianzar un desarrollo sustentable a lo largo del tiempo y que mantenga la regeneración del sistema".
También ponderó "los esfuerzos para que en zonas de nuestro desierto haya unidades de producción de leche y carne caprina, de junquillo (escobas), de miel y todo lo que va asociado a una producción sustentable. Todo esto conduce a retener poblaciones y evitar el éxodo a los alrededores de los centros urbanos".
Fecha de Publicación: 27/09/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Como consecuencia de la desertificación avanzan las zonas áridas. En Argentina, casi ciento por ciento de la actividad agrícola y ganadera se produce en terreno afectado por la sequía; mientras que en éste vive alrededor de 30 por ciento de la población nacional.
Nuestro país tiene 70 por ciento de tierras bajo condiciones áridas y semiáridas. Y Mendoza contribuye bastante a esa realidad, ya que 97 por ciento de su geografía está bajo esas agobiantes condiciones.
En este contexto, en la Argentina, de los 270 millones de hectáreas que componen el territorio, 60 millones están afectadas por diferentes procesos y grados de desertificación y hasta 650.000 hectáreas se pierden por año.
La magnitud de las pérdidas económicas y sociales se evidencian si se considera que las tierras secas del país producen 50 por ciento de la actividad agrícola y 47 por ciento de la ganadera. Además, en ellas viven alrededor de 9 millones de personas (30 por ciento del total nacional) que ven disminuir su calidad de existencia y sus posibilidades de progreso jornada tras jornada.
Por eso, resulta de suma importancia la realización en nuestro medio de la Tercera Conferencia Internacional "Clima, Sostenibilidad y Desarrollo en regiones semiáridas" (ICID+19), que se prolongará hasta mañana .
El encuentro es preparatorio de la próxima Río+20 Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a realizarse en 2012 en la populosa ciudad brasileña, según explicó el experto local José Pozzoli, de la Secretaría de Ambiente de Mendoza.
Indicó que el documento que se elabore en Mendoza será el aporte que se llevará a las deliberaciones del próximo año, en la segunda ciudad más poblada de Brasil.
La desertificación está presente en grandes extensiones de Sudamérica. Nuestro país tiene 70 por ciento de su territorio ganado por ese flagelo; en Brasil representa 18 por ciento de su gran territorio; Chile cuenta con 70 por ciento de suelos áridos; Colombia y Ecuador, poseen 13,6 por ciento y 20 por ciento, respectivamente, de tierras secas.
Nuestra realidad
La especialista Elena Abraham, directora del Iadiza-CCT Conicet Mendoza, comentó que el encuentro internacional interesa en el medio, porque nuestro territorio, de más de 150.000 km2, se extienden bajo condiciones de sequedad, incluidos los tres oasis, "donde hemos inyectado una dosis de energía supletoria y humedad".
Las características de desertificación se detectan en suelos bajo las características de la salinidad, el revenimiento freático, la pérdida de capacidad productiva de los suelos, el abandono de las fincas y problemas de las aguas claras.
Para la estudiosa mendocina "el tema del mal uso del agua (de riego y potable) está en la base de los problemas ambientales que tenemos".
Refirió que en Mendoza una política de Estado debe apuntar "al aprovechamiento integral de estos cauces y, por eso, los diques contribuyen con una retención de agua para todo el año, y aunque falta mucho por hacer, los ríos están regulados, salvo el Grande".
En el caso de los ríos Tunuyán y Mendoza, opinó que están aprovechados totalmente para el consumo humano y para los otros usos, fundamentalmente el riego. Advirtió que la eficiencia de estos recursos por mal uso, es muy alto, llegando a 40% en materia de riego.
Además, hay problemas en el abastecimiento para consumo, porque los ductos y cañerías son deficientes y la gente no toma conciencia que "está en un ambiente seco y se hace derroche del líquido, perjudicando a los habitantes de la parte baja de la cuenca".
Asimismo, la investigadora planteó que "nadie está en contra del desarrollo de los oasis (3% de nuestra superficie), pero hay otros modelos de desarrollo de las tierras secas, que no son sólo los de regadío, como por ejemplo las actividades vinculadas con la ganadería, el uso del suelo agrosilvopastoril (el bosque) y labores relacionadas con la diversificación productiva en las mismas tierras secas (La Paz, Santa Rosa, Lavalle y norte de Las Heras)".
Añadió que es prioritario cuidar la población que vive en esos lugares, pero con infraestructura y servicios, para que se queden en esos territorios. "Hay que afianzar un desarrollo sustentable a lo largo del tiempo y que mantenga la regeneración del sistema".
También ponderó "los esfuerzos para que en zonas de nuestro desierto haya unidades de producción de leche y carne caprina, de junquillo (escobas), de miel y todo lo que va asociado a una producción sustentable. Todo esto conduce a retener poblaciones y evitar el éxodo a los alrededores de los centros urbanos".
Tierra del Fuego: no habrá minería a cielo abierto
En Tierra del Fuego no habrá minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 27/09/2011
Fuente: No a la Mina -El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La norma sancionada a fin de agosto ya fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. La ley prohibe la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala y la utilización se sustancias contaminantes para la explotación de esos recursos naturales. De esta manera son ocho las provincias que cuentan con legislación similar por la cual se prohíbe o se condiciona severamente la actividad minera a gran escala: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y ahora Tierra del Fuego.
A partir del pasado miércoles 21, está prohibida en la provincia la explotación a gran escala de minerales metalíferos a cielo abierto. De esta manera Tierra del Fuego se suma al reducido grupo de provincias que han limitado esa metodología extractiva, que integran Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Tucumán, San Luís y Córdoba.
La norma también prohibe la utilización de una serie de sustancias consideradas contaminantes para el medio ambiente y potencialmente peligrosas para la salud humana "en la explotación de los recursos minerales metalíferos, incluyendo los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ, cualquiera sea el método extractivo utilizado", según determina la ley provincial 852 que fuera sancionada por el Parlamento el 25 de agosto y promulgada por el Poder Ejecutivo por decreto 2108/11, del 14 de septiembre.
La ley "tiene por objeto la aplicación a la actividad minera de los principios ambientales preventivos, precautorios y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley nacional 25.675, así como el principio de desarrollo sostenible establecido en la Ley provincial 55" para garantizar "garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales; proteger los recursos hídricos provinciales y compartidos; mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad biológica; prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades mineras puedan generar sobre el ambiente; promover la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; minimizar los riesgos ambientales de la minería y prevenir emergencias ambientales producidas por la actividad minera". Por tal razón, estipula que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para la aprobación de los proyectos mineros deberán respetar los principios de consentimiento previo e informado de la población que pueda ser afectada por los proyectos.
En ese marco de preservación ambiental prohibe el uso de las sustancias tales como ácido clorhídrico; ácido fluorhídrico; ácido nítrico; ácido sulfúrico; amonio; bromuro de sodio; cianuro; cianuro de sodio; mercurio y yoduro de sodio "en la explotación de los recursos minerales metalíferos, incluyendo los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ, cualquiera sea el método extractivo utilizado", como así también "la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala".
Dentro de esta categoría se cuentan, entre otros, el oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo y aluminio; combustibles minerales como la hulla y los hidrocarburos sólidos; las piedras preciosas; el cuarzo, la mica y los calizos.
Sin perjuicio de estas prohibiciones, la ley obliga a los concesionarios de minas de primera categoría a contar, antes del inicio de la actividad, con un seguro o garantía de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que se pueda producir.
Además crea un Fondo de Restauración Ambiental que se constituirá con aportes de los concesionarios, equivalentes al 5% del monto total de la inversión propuesta, que estará destinado a la instrumentación de acciones de reparación del ambiente afectado por las actividades mineras de primera categoría al momento del cierre de la mina.
Para el caso de aquellos emprendimientos que se encuentren en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, la norma determina que los titulares de las concesiones de esos yacimientos minerales metalíferos deberán elaborar un informe que indique la forma en que adecuarán sus explotaciones a las nuevas exigencias. En caso de no cumplir con este requisito deberán suspender su actividad hasta tanto adecuen sus procesos mineros o industriales.
Además, establece que la autoridad de aplicación – la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente– deberá realizar un relevamiento del pasivo ambiental que se haya generado en exploraciones o explotaciones de minerales metalíferos anteriores a la promulgación de la ley a fin de establecer los niveles de contaminación preexistentes. En tanto que para el caso de autorizaciones de exploraciones o explotaciones posteriores a la promulgación de la norma deberá realizar dicho relevamiento dentro de los 90 días, a partir del registro del pedido en la Escribanía de Minas.
Por otra parte, también pone en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Sustentable "las tareas de preservación y tutela del agua, y los recursos hídricos provinciales afectados por los proyectos sobre minerales de primera categoría", para lo cual deberá efectuar controles específicos en todas y cada una de las etapas de los proyectos, cuando los mismos afecten cuencas hídricas directa o indirectamente.
Fecha de Publicación: 27/09/2011
Fuente: No a la Mina -El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La norma sancionada a fin de agosto ya fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. La ley prohibe la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala y la utilización se sustancias contaminantes para la explotación de esos recursos naturales. De esta manera son ocho las provincias que cuentan con legislación similar por la cual se prohíbe o se condiciona severamente la actividad minera a gran escala: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y ahora Tierra del Fuego.
A partir del pasado miércoles 21, está prohibida en la provincia la explotación a gran escala de minerales metalíferos a cielo abierto. De esta manera Tierra del Fuego se suma al reducido grupo de provincias que han limitado esa metodología extractiva, que integran Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Tucumán, San Luís y Córdoba.
La norma también prohibe la utilización de una serie de sustancias consideradas contaminantes para el medio ambiente y potencialmente peligrosas para la salud humana "en la explotación de los recursos minerales metalíferos, incluyendo los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ, cualquiera sea el método extractivo utilizado", según determina la ley provincial 852 que fuera sancionada por el Parlamento el 25 de agosto y promulgada por el Poder Ejecutivo por decreto 2108/11, del 14 de septiembre.
La ley "tiene por objeto la aplicación a la actividad minera de los principios ambientales preventivos, precautorios y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley nacional 25.675, así como el principio de desarrollo sostenible establecido en la Ley provincial 55" para garantizar "garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales; proteger los recursos hídricos provinciales y compartidos; mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad biológica; prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades mineras puedan generar sobre el ambiente; promover la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; minimizar los riesgos ambientales de la minería y prevenir emergencias ambientales producidas por la actividad minera". Por tal razón, estipula que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para la aprobación de los proyectos mineros deberán respetar los principios de consentimiento previo e informado de la población que pueda ser afectada por los proyectos.
En ese marco de preservación ambiental prohibe el uso de las sustancias tales como ácido clorhídrico; ácido fluorhídrico; ácido nítrico; ácido sulfúrico; amonio; bromuro de sodio; cianuro; cianuro de sodio; mercurio y yoduro de sodio "en la explotación de los recursos minerales metalíferos, incluyendo los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ, cualquiera sea el método extractivo utilizado", como así también "la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala".
Dentro de esta categoría se cuentan, entre otros, el oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo y aluminio; combustibles minerales como la hulla y los hidrocarburos sólidos; las piedras preciosas; el cuarzo, la mica y los calizos.
Sin perjuicio de estas prohibiciones, la ley obliga a los concesionarios de minas de primera categoría a contar, antes del inicio de la actividad, con un seguro o garantía de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que se pueda producir.
Además crea un Fondo de Restauración Ambiental que se constituirá con aportes de los concesionarios, equivalentes al 5% del monto total de la inversión propuesta, que estará destinado a la instrumentación de acciones de reparación del ambiente afectado por las actividades mineras de primera categoría al momento del cierre de la mina.
Para el caso de aquellos emprendimientos que se encuentren en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, la norma determina que los titulares de las concesiones de esos yacimientos minerales metalíferos deberán elaborar un informe que indique la forma en que adecuarán sus explotaciones a las nuevas exigencias. En caso de no cumplir con este requisito deberán suspender su actividad hasta tanto adecuen sus procesos mineros o industriales.
Además, establece que la autoridad de aplicación – la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente– deberá realizar un relevamiento del pasivo ambiental que se haya generado en exploraciones o explotaciones de minerales metalíferos anteriores a la promulgación de la ley a fin de establecer los niveles de contaminación preexistentes. En tanto que para el caso de autorizaciones de exploraciones o explotaciones posteriores a la promulgación de la norma deberá realizar dicho relevamiento dentro de los 90 días, a partir del registro del pedido en la Escribanía de Minas.
Por otra parte, también pone en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Sustentable "las tareas de preservación y tutela del agua, y los recursos hídricos provinciales afectados por los proyectos sobre minerales de primera categoría", para lo cual deberá efectuar controles específicos en todas y cada una de las etapas de los proyectos, cuando los mismos afecten cuencas hídricas directa o indirectamente.
Deuda de la industria petrolera: el pasivo ambiental
La otra deuda de la industria petrolera: el pasivo ambiental
Fecha de Publicación: 26/09/2011
Fuente: El Patagonico
Provincia/Región: Patagonia
Extensiones de tierras degradadas, derrames de hidrocarburos que destruyen el suelo, modificación de la flora y fauna, contaminación de acuíferos, muerte de animales, desertificación, campos atravesados por picadas y cientos de hectáreas de suelo infértil parece la descripción de un documental futurista pero no es más que una foto de lo que ocurre en los campos de la Cuenca del Golfo San Jorge explotados por empresas petroleras para extraer petróleo y gas de las entrañas de la tierra. Sabemos lo que se llevan, pero ¿hay conciencia sobre lo que dejan?
Pasivo ambiental es sinónimo de “deuda”. Una deuda que se tiene por efecto de una determinada degradación en alguno de los componentes del ambiente -suelo, agua, aire, flora y fauna- y que en algún momento se debe erogar. Es sabido que los problemas ambientales se generaron a partir de la industrialización sin reparar demasiado en la incidencia que eso tendría en el medio ambiente.
En la Cuenca del Golfo San Jorge y luego de más de cien años de intensa actividad, se producen disturbios en el ambiente que alteran la estructura y función de los recursos naturales.
Pero esto no es exclusivo de esta región: las violaciones al medio ambiente ocurren en las provincias de las cinco cuencas petroleras del país: Noreste, Cuyana (Mendoza), Neuquina (Neuquén, Río Negro, La Pampa y sur de Mendoza), la del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz) y Cuenca Austral (pozos marinos offshore de Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Lo cierto es que el mapa del territorio nacional está cambiando por estas violaciones. En algunas provincias -dicen los especialistas- hasta la fauna se vio alterada y tendría un comportamiento distinto porque la degradación del suelo hizo que ciertas especies de animales ya no pasen de un lado a otro.
Pozos en Chubut
Según datos aportado por el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut, en la provincia hay unos 16.000 pozos de los cuales un 38% están en producción (aproximadamente 6.000), un 32% abandonados (4.900) y el resto inactivos (4.600).
Se puede tomar como pasivos los pozos abandonados y los que están inactivos, por lo general estos pasivos generan que se debe tomar un radio de seguridad de 60 metros desde la boca del pozo lo que imposibilita un desarrollo.
En este punto vale hacer una aclaración respecto a los pozos abandonados, se los divide en dos grupos diferenciales: aquellos que fueron abandonados antes del año 1996 -cuando sale la resolución 5/96 SE- la cual regula la técnica de abandono de pozos y que debe ser aplicada de forma obligatoria para cualquier abandono. En este caso, el pozo una vez abandonado no requerirá radio de seguridad.
Los pozos abandonados antes del año 1996 deben tener un radio de seguridad de al menos 60 metros dado que no estaba unificado el criterio de abandono y por lo tanto no se da seguridad de cómo esté abandonado dicho pozo.
También se pueden tomar como pasivos los pozos inactivos dado que estos no poseen abandono por lo cual requieren un radio de seguridad. Asociados a estos pozos se pueden mencionar como pasivos ambientales las siguientes instalaciones que pueden o no estar en cada pozo o que pueden o no estar asociados a los pozos del ejido urbano: piletas antiguas asociadas a cada pozo, se taparon sin ser saneadas (en algunos casos); caminos o picadas de sísmicas, caminos de acceso a pozos; baterías, plantas de tratamientos abandonadas; ductos, la mayoría quedaron enterrados ante el avance del desarrollo urbanístico; antiguos derrames de hidrocarburos; locaciones de pozos con dados de cemento donde se apoyaba el equipo perforador; transformadores antiguos en desuso y canteras donde se extraían los materiales para realizar las locaciones.
A modo comparativo, se calcula que sólo en la Cuenca Neuquina hay 10 mil pozos contaminantes y que a nivel nacional existen 18 mil pozos “satélites”, como se denomina a las perforaciones que cumplen su ciclo, pero que a pesar de seguir filtrando desechos a las napas subterráneas, fueron abandonados por las concesionarias sin ningún tipo de saneamiento.
La Cuenca Neuquina está cortada por 120 mil kilómetros lineales de “picadas” y se estima que en ella hay actualmente 12 mil piletones de 50 x 50 y 3 metros de profundidad destinados a volcar los residuos del petróleo extraído.
Campos devastados
En la Cuenca del Golfo San Jorge hay unas 780.000 hectáreas directamente afectadas a la actividad petrolera. Según la Universidad Nacional de la Patagonia son unos 500 los superficiarios involucrados en la asociación, de los cuales unos 100 pertenecen a la provincia de Chubut.
A diferencia de otras normas mineras en el mundo, en nuestro país existe la figura del superficiario de petróleo que son los dueños sólo de la superficie (campos, áreas de siembra o de pastoreo), pero no del subsuelo de donde se extraen los hidrocarburos.
La legislación vigente contempla dos tipos de daños, los denominados perjuicios inherentes a la actividad hidrocarburíferas -que son los provocados por el desarrollo de la actividad en los campos como pueden ser el desmatado de una locación, apertura de caminos, etc.- y los accidentales que se refieren a las contingencias que no están previstas, como los derrames o incendios.
En la Patagonia el suelo fértil es casi inexistente y cualquier intervención que se haga en los suelos, como el paso de una máquina, tarda muchísimo tiempo en recuperarse.
Es por ello, que desde la Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios afectados por la actividad hidrocarburíferas, minera y eléctrica plantean la necesidad de actualizar leyes y de que los estados intervengan en cuanto a la remediación de ese pasivo ambiental.
Es que, en el caso de los campos de la Patagonia la situación es preocupante porque transitan el quinto año de sequía y su deterioro es elocuente, especialmente en la meseta central donde es evidente -según algunos productores- el retroceso de productividad y potencial de pasturas.
Costos
Peritos agrónomos designados por la justicia en una causa iniciada por un particular contra la empresa Medanito SA en 2007, evaluaron que reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada cuesta 55 pesos más IVA; objetivo que se logra luego de dos años. En el caso de las locaciones, el proceso dura dos años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. Recuperar cada metro cúbico de tierra empetrolada cuesta alrededor de 100 dólares.
El Ministerio de Ambiente de la provincia no desconoce la situación por la que atraviesan productores y campos de la Patagonia. Por ello, en el caso de algún incidente ambiental esta dependencia solicita la caracterización del lugar afectado (suelo, flora, agua, entre otros) a fin de determinar un plan de saneamiento en el cual se debe incluir el tiempo que demandará el mismo.
Es que “en la industria petrolera los costos y tiempo de recuperación de un suelo son muy variable y principalmente dependen de varios factores como son la magnitud de un derrame, el área afectada, la geografía del lugar, terceros afectados, etc.”.
Situación de comodoro
Se estima que Comodoro Rivadavia es una de las ciudades de mayor pasivo ambiental del país. Según los últimos datos dados a conocer, tiene un total de 2.444 pozos petroleros abandonados, de los cuales unos 1.425 pertenecen a YPF.
Mediante la resolución N° 11/ 2004 de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería se creó el Registro de Pasivos Ambientales generados por la actividad petrolera de exploración, explotación y actividades relacionadas. Registro de pozos activos, inactivos y abandonados producto de la actividad petrolera. A partir de esta resolución, las empresas operadoras deben presentar un informe detallado de los pasivos ambientales existentes en el área conteniendo la individualización de la zona a operar. Dicha información deberá ser actualizada antes del 30 de abril de cada año y presentada ante el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable.
Acuíferos
Actualmente el Ministerio de Ambiente de la provincia se encuentra abocado al análisis de los estudios de vulnerabilidad de acuíferos someros (acuíferos freáticos), los diagnósticos ambientales de los proyectos de recuperación secundaria e instalaciones que fueron presentados por las operadoras. Así lo estipula el marco del Decreto Provincial N° 1.567/09 instruye al Ministerio de Ambiente y CDS a confeccionar, operar y mantener de manera conjunta y coordinada con otras entidades públicas un Registro Hidrogeológico Provincial. A partir de este análisis se podrá identificar la existencia de potenciales riesgos de contaminación de los acuíferos de interés.
“Se están haciendo inspecciones en campo a fin de corroborar los datos aportados por medio de pruebas de integridad y hermeticidad de instalaciones de fondo (pozos inyectores), pruebas con trazadores a fin de verificar el estado de los pakers, controles y muestreo de freatímetros a fin evaluar las condiciones de los acuíferos y detectar por medios analíticos la presencia de contaminantes”, informó la dependencia.
Desde el Ministerio se aseguró que en el caso de constatar situaciones ambientales en las cuales se afecte el recurso hídrico subterráneo se generaran los expedientes correspondientes y el seguimiento en campo a fin de corroborar las tareas tendientes a la caracterización inicial del sitio afectado para posteriormente monitorear los saneamientos propuestos.
Fecha de Publicación: 26/09/2011
Fuente: El Patagonico
Provincia/Región: Patagonia
Extensiones de tierras degradadas, derrames de hidrocarburos que destruyen el suelo, modificación de la flora y fauna, contaminación de acuíferos, muerte de animales, desertificación, campos atravesados por picadas y cientos de hectáreas de suelo infértil parece la descripción de un documental futurista pero no es más que una foto de lo que ocurre en los campos de la Cuenca del Golfo San Jorge explotados por empresas petroleras para extraer petróleo y gas de las entrañas de la tierra. Sabemos lo que se llevan, pero ¿hay conciencia sobre lo que dejan?
Pasivo ambiental es sinónimo de “deuda”. Una deuda que se tiene por efecto de una determinada degradación en alguno de los componentes del ambiente -suelo, agua, aire, flora y fauna- y que en algún momento se debe erogar. Es sabido que los problemas ambientales se generaron a partir de la industrialización sin reparar demasiado en la incidencia que eso tendría en el medio ambiente.
En la Cuenca del Golfo San Jorge y luego de más de cien años de intensa actividad, se producen disturbios en el ambiente que alteran la estructura y función de los recursos naturales.
Pero esto no es exclusivo de esta región: las violaciones al medio ambiente ocurren en las provincias de las cinco cuencas petroleras del país: Noreste, Cuyana (Mendoza), Neuquina (Neuquén, Río Negro, La Pampa y sur de Mendoza), la del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz) y Cuenca Austral (pozos marinos offshore de Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Lo cierto es que el mapa del territorio nacional está cambiando por estas violaciones. En algunas provincias -dicen los especialistas- hasta la fauna se vio alterada y tendría un comportamiento distinto porque la degradación del suelo hizo que ciertas especies de animales ya no pasen de un lado a otro.
Pozos en Chubut
Según datos aportado por el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut, en la provincia hay unos 16.000 pozos de los cuales un 38% están en producción (aproximadamente 6.000), un 32% abandonados (4.900) y el resto inactivos (4.600).
Se puede tomar como pasivos los pozos abandonados y los que están inactivos, por lo general estos pasivos generan que se debe tomar un radio de seguridad de 60 metros desde la boca del pozo lo que imposibilita un desarrollo.
En este punto vale hacer una aclaración respecto a los pozos abandonados, se los divide en dos grupos diferenciales: aquellos que fueron abandonados antes del año 1996 -cuando sale la resolución 5/96 SE- la cual regula la técnica de abandono de pozos y que debe ser aplicada de forma obligatoria para cualquier abandono. En este caso, el pozo una vez abandonado no requerirá radio de seguridad.
Los pozos abandonados antes del año 1996 deben tener un radio de seguridad de al menos 60 metros dado que no estaba unificado el criterio de abandono y por lo tanto no se da seguridad de cómo esté abandonado dicho pozo.
También se pueden tomar como pasivos los pozos inactivos dado que estos no poseen abandono por lo cual requieren un radio de seguridad. Asociados a estos pozos se pueden mencionar como pasivos ambientales las siguientes instalaciones que pueden o no estar en cada pozo o que pueden o no estar asociados a los pozos del ejido urbano: piletas antiguas asociadas a cada pozo, se taparon sin ser saneadas (en algunos casos); caminos o picadas de sísmicas, caminos de acceso a pozos; baterías, plantas de tratamientos abandonadas; ductos, la mayoría quedaron enterrados ante el avance del desarrollo urbanístico; antiguos derrames de hidrocarburos; locaciones de pozos con dados de cemento donde se apoyaba el equipo perforador; transformadores antiguos en desuso y canteras donde se extraían los materiales para realizar las locaciones.
A modo comparativo, se calcula que sólo en la Cuenca Neuquina hay 10 mil pozos contaminantes y que a nivel nacional existen 18 mil pozos “satélites”, como se denomina a las perforaciones que cumplen su ciclo, pero que a pesar de seguir filtrando desechos a las napas subterráneas, fueron abandonados por las concesionarias sin ningún tipo de saneamiento.
La Cuenca Neuquina está cortada por 120 mil kilómetros lineales de “picadas” y se estima que en ella hay actualmente 12 mil piletones de 50 x 50 y 3 metros de profundidad destinados a volcar los residuos del petróleo extraído.
Campos devastados
En la Cuenca del Golfo San Jorge hay unas 780.000 hectáreas directamente afectadas a la actividad petrolera. Según la Universidad Nacional de la Patagonia son unos 500 los superficiarios involucrados en la asociación, de los cuales unos 100 pertenecen a la provincia de Chubut.
A diferencia de otras normas mineras en el mundo, en nuestro país existe la figura del superficiario de petróleo que son los dueños sólo de la superficie (campos, áreas de siembra o de pastoreo), pero no del subsuelo de donde se extraen los hidrocarburos.
La legislación vigente contempla dos tipos de daños, los denominados perjuicios inherentes a la actividad hidrocarburíferas -que son los provocados por el desarrollo de la actividad en los campos como pueden ser el desmatado de una locación, apertura de caminos, etc.- y los accidentales que se refieren a las contingencias que no están previstas, como los derrames o incendios.
En la Patagonia el suelo fértil es casi inexistente y cualquier intervención que se haga en los suelos, como el paso de una máquina, tarda muchísimo tiempo en recuperarse.
Es por ello, que desde la Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios afectados por la actividad hidrocarburíferas, minera y eléctrica plantean la necesidad de actualizar leyes y de que los estados intervengan en cuanto a la remediación de ese pasivo ambiental.
Es que, en el caso de los campos de la Patagonia la situación es preocupante porque transitan el quinto año de sequía y su deterioro es elocuente, especialmente en la meseta central donde es evidente -según algunos productores- el retroceso de productividad y potencial de pasturas.
Costos
Peritos agrónomos designados por la justicia en una causa iniciada por un particular contra la empresa Medanito SA en 2007, evaluaron que reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada cuesta 55 pesos más IVA; objetivo que se logra luego de dos años. En el caso de las locaciones, el proceso dura dos años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. Recuperar cada metro cúbico de tierra empetrolada cuesta alrededor de 100 dólares.
El Ministerio de Ambiente de la provincia no desconoce la situación por la que atraviesan productores y campos de la Patagonia. Por ello, en el caso de algún incidente ambiental esta dependencia solicita la caracterización del lugar afectado (suelo, flora, agua, entre otros) a fin de determinar un plan de saneamiento en el cual se debe incluir el tiempo que demandará el mismo.
Es que “en la industria petrolera los costos y tiempo de recuperación de un suelo son muy variable y principalmente dependen de varios factores como son la magnitud de un derrame, el área afectada, la geografía del lugar, terceros afectados, etc.”.
Situación de comodoro
Se estima que Comodoro Rivadavia es una de las ciudades de mayor pasivo ambiental del país. Según los últimos datos dados a conocer, tiene un total de 2.444 pozos petroleros abandonados, de los cuales unos 1.425 pertenecen a YPF.
Mediante la resolución N° 11/ 2004 de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería se creó el Registro de Pasivos Ambientales generados por la actividad petrolera de exploración, explotación y actividades relacionadas. Registro de pozos activos, inactivos y abandonados producto de la actividad petrolera. A partir de esta resolución, las empresas operadoras deben presentar un informe detallado de los pasivos ambientales existentes en el área conteniendo la individualización de la zona a operar. Dicha información deberá ser actualizada antes del 30 de abril de cada año y presentada ante el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable.
Acuíferos
Actualmente el Ministerio de Ambiente de la provincia se encuentra abocado al análisis de los estudios de vulnerabilidad de acuíferos someros (acuíferos freáticos), los diagnósticos ambientales de los proyectos de recuperación secundaria e instalaciones que fueron presentados por las operadoras. Así lo estipula el marco del Decreto Provincial N° 1.567/09 instruye al Ministerio de Ambiente y CDS a confeccionar, operar y mantener de manera conjunta y coordinada con otras entidades públicas un Registro Hidrogeológico Provincial. A partir de este análisis se podrá identificar la existencia de potenciales riesgos de contaminación de los acuíferos de interés.
“Se están haciendo inspecciones en campo a fin de corroborar los datos aportados por medio de pruebas de integridad y hermeticidad de instalaciones de fondo (pozos inyectores), pruebas con trazadores a fin de verificar el estado de los pakers, controles y muestreo de freatímetros a fin evaluar las condiciones de los acuíferos y detectar por medios analíticos la presencia de contaminantes”, informó la dependencia.
Desde el Ministerio se aseguró que en el caso de constatar situaciones ambientales en las cuales se afecte el recurso hídrico subterráneo se generaran los expedientes correspondientes y el seguimiento en campo a fin de corroborar las tareas tendientes a la caracterización inicial del sitio afectado para posteriormente monitorear los saneamientos propuestos.
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