Incesante búsqueda de uranio en Chubut
15:17 | 
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Sigue siendo incesante la búsqueda de uranio en la meseta de Chubut
Fecha de Publicación: 13/06/2011
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Trabajos exploratorios encuentran cada vez más uranio en la provincia, con rechazo social de fondo. Además de Cerro Solo, también se destacan El Regalo, Bororo Nuevo y el potencial Guanaco, todos ellos en la meseta central.
Wealth Minerals, UrAmerica, Pacific Bay Minerals y Calypso Uranium son las compañías mineras abocadas a las tareas exploratorias de uranio en la meseta chubutense (en las extensiones de la Cuenca del Golfo San Jorge), rodeando el codiciado yacimiento de Cerro Solo, operado por la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).
Todos los proyectos están en etapa exploratoria y no pueden pasar al nivel de producción porque es preciso aplicar técnicas a cielo abierto con químicos (cianuro, entre ellos). Sin embargo, la declinación de la extracción de hidrocarburos a nivel nacional reorientaron los esfuerzos hacia otras fuentes de energía.
En la Argentina hay dos yacimientos importantes de Uranio. Sierra Pintada en Mendoza y Cerro Solo en Chubut. Los dos no se pueden explotar: en el primer caso por las denuncias de contaminación del agua y en el segundo por la legislación restrictiva a la megaminería.
“Una diversificación de fuentes, especialmente un crecimiento del porcentaje de participación de la energía nuclear, es aconsejable para dar mayor estabilidad al sistema eléctrico y para disminuir el crecimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero”, explica el ex vicepresidente de la CNEA, Francisco Carlos Rey, en un informe disponible en el website de ese organismo.
Es que diversas fuentes, entre ellas Fundamin (Fundación para el Desarrollo de la Minería en la Argentina), es un recurso alternativo que no produce efecto invernadero y es aceptable para generar electricidad. Las posturas ambientalistas como Greenpeace cuestionan que aún no hay sistemas de tratamiento de los residuos nucleares.
Rechazo social
La minería, en especial la que es a cielo abierto, provoca posturas encontradas en la sociedad y los políticos. En Chubut existen dos leyes prohibitivas de la actividad a consecuencia de las movilizaciones en Esquel: la 5.001 (prohíbe la minería a cielo abierto) y la 5.504 (restringe hasta 2012 cualquier trabajo minero en la cordillera).
Pese a la negativa de amplios sectores de la sociedad, la determinación de minerales no quedó suspendida -de hecho, la Ley 5001 establece el diseño de un mapa de recursos-. Y de acuerdo con los más recientes trabajos de la CNEA, existen más depósitos uraníferos que los inicialmente supuestos en el yacimiento Cerro Solo.
En una entrevista con el medio especializado El Inversor Energético, Roberto Bianchi, gerente de Exploración de la CNEA, sostuvo que el uranio de Cerro Solo estará en condiciones técnicas de ser explotado en 2012 y que “en ese momento deberá existir un acuerdo entre la Nación y la provincia, y se tendrán que dar las condiciones políticas que permitan su extracción”.
“Hay que promover una discusión amplia y sincera. Hoy en día la minería uranífera resulta técnicamente controlable”, aseguró en relación a la legislación vigente.
Proyectos uraniferos
Además de Cerro Solo, en Wealth Minerals, a través de su subsidiaria Maderero Minerales, trabajan en la puesta a punto de Bororo Nuevo, una superficie de 10 mil hectáreas en el departamento Mártires. Bororo Nuevo es “el buque insignia de las propiedades de uranio de la compañía”, dice Wealth en su sitio en internet.
El Regalo fue uno de los últimos yacimientos encontrados por la firma Pacific Bay Minerals, cuya subsidiaria en el país es Bahía Atlántica. Está ubicado entre Cerro Cóndor, Gorro Frigio y El Escorial, en el centro norte de Chubut -a 500 kilómetros de Trelew- y suman 10.550 hectáreas.
UrAmerica obtuvo permisos exploratorios en 2009 en Martires. Un su website, la compañía sostiene que “Chubut es un distrito con un enorme potencial para convertirse en un importante zona con uranio”.
Calypso Uranium también está en Chubut para buscar uranio, y tiene como contratista principal a Energía Minera, en el departamento de Paso de Indios.
A todas las empresas mencionadas, hay que sumar Maple Minerals que descubrió el yacimiento de Guanaco, en Mártires, aún en sus primeras etapas.
Fecha de Publicación: 13/06/2011
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Trabajos exploratorios encuentran cada vez más uranio en la provincia, con rechazo social de fondo. Además de Cerro Solo, también se destacan El Regalo, Bororo Nuevo y el potencial Guanaco, todos ellos en la meseta central.
Wealth Minerals, UrAmerica, Pacific Bay Minerals y Calypso Uranium son las compañías mineras abocadas a las tareas exploratorias de uranio en la meseta chubutense (en las extensiones de la Cuenca del Golfo San Jorge), rodeando el codiciado yacimiento de Cerro Solo, operado por la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).
Todos los proyectos están en etapa exploratoria y no pueden pasar al nivel de producción porque es preciso aplicar técnicas a cielo abierto con químicos (cianuro, entre ellos). Sin embargo, la declinación de la extracción de hidrocarburos a nivel nacional reorientaron los esfuerzos hacia otras fuentes de energía.
En la Argentina hay dos yacimientos importantes de Uranio. Sierra Pintada en Mendoza y Cerro Solo en Chubut. Los dos no se pueden explotar: en el primer caso por las denuncias de contaminación del agua y en el segundo por la legislación restrictiva a la megaminería.
“Una diversificación de fuentes, especialmente un crecimiento del porcentaje de participación de la energía nuclear, es aconsejable para dar mayor estabilidad al sistema eléctrico y para disminuir el crecimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero”, explica el ex vicepresidente de la CNEA, Francisco Carlos Rey, en un informe disponible en el website de ese organismo.
Es que diversas fuentes, entre ellas Fundamin (Fundación para el Desarrollo de la Minería en la Argentina), es un recurso alternativo que no produce efecto invernadero y es aceptable para generar electricidad. Las posturas ambientalistas como Greenpeace cuestionan que aún no hay sistemas de tratamiento de los residuos nucleares.
Rechazo social
La minería, en especial la que es a cielo abierto, provoca posturas encontradas en la sociedad y los políticos. En Chubut existen dos leyes prohibitivas de la actividad a consecuencia de las movilizaciones en Esquel: la 5.001 (prohíbe la minería a cielo abierto) y la 5.504 (restringe hasta 2012 cualquier trabajo minero en la cordillera).
Pese a la negativa de amplios sectores de la sociedad, la determinación de minerales no quedó suspendida -de hecho, la Ley 5001 establece el diseño de un mapa de recursos-. Y de acuerdo con los más recientes trabajos de la CNEA, existen más depósitos uraníferos que los inicialmente supuestos en el yacimiento Cerro Solo.
En una entrevista con el medio especializado El Inversor Energético, Roberto Bianchi, gerente de Exploración de la CNEA, sostuvo que el uranio de Cerro Solo estará en condiciones técnicas de ser explotado en 2012 y que “en ese momento deberá existir un acuerdo entre la Nación y la provincia, y se tendrán que dar las condiciones políticas que permitan su extracción”.
“Hay que promover una discusión amplia y sincera. Hoy en día la minería uranífera resulta técnicamente controlable”, aseguró en relación a la legislación vigente.
Proyectos uraniferos
Además de Cerro Solo, en Wealth Minerals, a través de su subsidiaria Maderero Minerales, trabajan en la puesta a punto de Bororo Nuevo, una superficie de 10 mil hectáreas en el departamento Mártires. Bororo Nuevo es “el buque insignia de las propiedades de uranio de la compañía”, dice Wealth en su sitio en internet.
El Regalo fue uno de los últimos yacimientos encontrados por la firma Pacific Bay Minerals, cuya subsidiaria en el país es Bahía Atlántica. Está ubicado entre Cerro Cóndor, Gorro Frigio y El Escorial, en el centro norte de Chubut -a 500 kilómetros de Trelew- y suman 10.550 hectáreas.
UrAmerica obtuvo permisos exploratorios en 2009 en Martires. Un su website, la compañía sostiene que “Chubut es un distrito con un enorme potencial para convertirse en un importante zona con uranio”.
Calypso Uranium también está en Chubut para buscar uranio, y tiene como contratista principal a Energía Minera, en el departamento de Paso de Indios.
A todas las empresas mencionadas, hay que sumar Maple Minerals que descubrió el yacimiento de Guanaco, en Mártires, aún en sus primeras etapas.
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Vía libre para soja transgénica en Río Negro
Dale que va: Saiz le abre la puerta a la soja transgénica en Río Negro
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: BWN
Provincia/Región: Río Negro
BWN Patagonia ya lo había adelantado: Saiz y un grupo de empresarios chinos dejarían sin bosque nativo a la provincia para poder sembrar soja. Más de 300 mil hectáreas serían afectadas por el desmonte, sin contar el resto de los daños que generan los transgénicos y los herbicidas necesarios para su desarrollo. Ni la Patagonia se salva…
Dale que va, total, al momento de correr más y más la llamada frontera de la soja, todo vale; inclusive lotear al futuro de una provincia entera. El gobernador radical de Río Negro acordó finalmente con una empresa China la plantación de soja transgénica en la provincia y como era de esperarse un grupo de dirigentes ambientalistas ya radicó una denuncia penal para que se investigue si cometió delito de abuso de autoridad al suscribir los convenios casi de modo inconsulto.
Ya desde el año pasado, la Legisladora justicialista Silvina García Larraburu insistía en la provisión de informes sobre el convenio celebrado entre Saiz y los chinos, tendientes a esclarecer el tema de los desmontes de bosque nativo para “hacer espacio” a las plantaciones.
A esto, se suman los denunciantes que además quieren saber si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la presentación se da cuenta de que Saiz, yendo contra la corriente, "emprendió peligrosos negocios tendientes a la extranjerización del uso de las tierras rionegrinas mediante lo que sería el aseguro a la provincia de Heilongjiang (la empresa China) de la explotación de una extensión de tierras cercana a las 300 mil hectáreas por el plazo de 20 años para la producción agrícola para el consumo de ese país asiático".
Para la semana entrante se prevé una marcha y presentaciones en la Legislatura que incluyen un proyecto de ordenanza para que sea tratado en los municipios involucrados, en el cual se propone repudiar los acuerdos suscriptos en octubre por Saiz en China, que se prohíba su aplicación en las diferentes comunas como también el cultivo y tránsito de organismos modificados genéticamente.
Además, impulsan que los poderes ejecutivos elaboren un plan de desarrollo agroalimentario orientado hacia la producción de los alimentos y productos derivados necesarios para el desarrollo de la población local, con miras a lograr municipios autosuficientes.
Mucho más que un cuento chino
De acuerdo a un comunicado oficial de la misma empresa china, “Representantes del Gobierno de la Provincia de Río Negro y de la empresa china Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, ratificaron los importantes avances en la ejecución del Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Inversión Agroalimenticio entre ambas partes. Del encuentro participaron el representante de la empresa en Argentina y Presidente de la Cámara Internacional de Comercio China, Yue Gang Weng, el iniciador del proyecto Oscar Gómez, el Ministro de la Produccion de la Provincia, Juan Accatino y el subsecretario de Desarrollo Económico, Maximiliano Bruno.Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, perteneciente a la provincia china de Heilongjiang, es la contraparte internacional de un proyecto que prevé la inversión de 1.500 millones de dólares en la provincia de Rio Negro”.
El monstruo chino tiene 800.000 empleados y es la mayor productora de alimentos de ese país, y ahora, viene a hacer el cuento a la Patagonia diciendo que “Este es un emprendimiento, que por su envergadura, podrán aprovechar nuestras segundas y terceras generaciones”. ¿Cómo serán esas generaciones que crecerán (si pueden) a la sombra cancerígena del glifosato necesario para fumigar la soja con la que piensan infestar la región? Más que a cuento, suena a broma macabra.
El mismo comunicado oficial describe que “el acuerdo será por veinte años, con negociaciones permanentes que se irán amoldando según las circunstancias”. Algo similar a “sobornaremos a quién sea necesario”.
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: BWN
Provincia/Región: Río Negro
BWN Patagonia ya lo había adelantado: Saiz y un grupo de empresarios chinos dejarían sin bosque nativo a la provincia para poder sembrar soja. Más de 300 mil hectáreas serían afectadas por el desmonte, sin contar el resto de los daños que generan los transgénicos y los herbicidas necesarios para su desarrollo. Ni la Patagonia se salva…
Dale que va, total, al momento de correr más y más la llamada frontera de la soja, todo vale; inclusive lotear al futuro de una provincia entera. El gobernador radical de Río Negro acordó finalmente con una empresa China la plantación de soja transgénica en la provincia y como era de esperarse un grupo de dirigentes ambientalistas ya radicó una denuncia penal para que se investigue si cometió delito de abuso de autoridad al suscribir los convenios casi de modo inconsulto.
Ya desde el año pasado, la Legisladora justicialista Silvina García Larraburu insistía en la provisión de informes sobre el convenio celebrado entre Saiz y los chinos, tendientes a esclarecer el tema de los desmontes de bosque nativo para “hacer espacio” a las plantaciones.
A esto, se suman los denunciantes que además quieren saber si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la presentación se da cuenta de que Saiz, yendo contra la corriente, "emprendió peligrosos negocios tendientes a la extranjerización del uso de las tierras rionegrinas mediante lo que sería el aseguro a la provincia de Heilongjiang (la empresa China) de la explotación de una extensión de tierras cercana a las 300 mil hectáreas por el plazo de 20 años para la producción agrícola para el consumo de ese país asiático".
Para la semana entrante se prevé una marcha y presentaciones en la Legislatura que incluyen un proyecto de ordenanza para que sea tratado en los municipios involucrados, en el cual se propone repudiar los acuerdos suscriptos en octubre por Saiz en China, que se prohíba su aplicación en las diferentes comunas como también el cultivo y tránsito de organismos modificados genéticamente.
Además, impulsan que los poderes ejecutivos elaboren un plan de desarrollo agroalimentario orientado hacia la producción de los alimentos y productos derivados necesarios para el desarrollo de la población local, con miras a lograr municipios autosuficientes.
Mucho más que un cuento chino
De acuerdo a un comunicado oficial de la misma empresa china, “Representantes del Gobierno de la Provincia de Río Negro y de la empresa china Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, ratificaron los importantes avances en la ejecución del Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Inversión Agroalimenticio entre ambas partes. Del encuentro participaron el representante de la empresa en Argentina y Presidente de la Cámara Internacional de Comercio China, Yue Gang Weng, el iniciador del proyecto Oscar Gómez, el Ministro de la Produccion de la Provincia, Juan Accatino y el subsecretario de Desarrollo Económico, Maximiliano Bruno.Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, perteneciente a la provincia china de Heilongjiang, es la contraparte internacional de un proyecto que prevé la inversión de 1.500 millones de dólares en la provincia de Rio Negro”.
El monstruo chino tiene 800.000 empleados y es la mayor productora de alimentos de ese país, y ahora, viene a hacer el cuento a la Patagonia diciendo que “Este es un emprendimiento, que por su envergadura, podrán aprovechar nuestras segundas y terceras generaciones”. ¿Cómo serán esas generaciones que crecerán (si pueden) a la sombra cancerígena del glifosato necesario para fumigar la soja con la que piensan infestar la región? Más que a cuento, suena a broma macabra.
El mismo comunicado oficial describe que “el acuerdo será por veinte años, con negociaciones permanentes que se irán amoldando según las circunstancias”. Algo similar a “sobornaremos a quién sea necesario”.
Jujuy controla más el negocio del litio
Jujuy controla más el negocio del litio y crea una minera
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Jujuy
El litio promete ser uno de los metales del futuro, no sólo por el uso que ya tiene en celulares, computadoras portátiles y agendas electrónicas, sino por el que tendrá en baterías de autos eléctricos. Se trata, por ahora, de una promesa de grandeza, pero lo suficientemente convincente como para que en Jujuy, una de las provincias con las mayores reservas, pusieran la lupa en el negocio. Recientemente, de hecho, se firmaron dos decretos que allanan el camino para que el gobierno provincial aumente su injerencia en el sector y que, según advirtieron en las empresas, podrían poner en riesgo los proyectos en marcha.
Los decretos que llevan la firma del gobernador Walter Barrionuevo (PJ) declaran el mineral "recurso natural estratégico"; establecen la creación de un comité de expertos para el análisis integral de los proyectos de litio y, además, crean una sociedad provincial para la exploración y explotación minera denominada Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado.
En Jujuy, hay dos grandes proyectos de litio: uno, a cargo de la Minera Exar (de capitales canadienses) y otro, más avanzado, de Sales de Jujuy (de la australiana Orocobre). A raíz de los decretos, sin embargo, Sales de Jujuy frenó la ronda de inversiones prevista en el exterior, a la espera del visto bueno del nuevo comité de expertos. "El comité tiene como función revisar los proyectos no sólo desde el punto de vista ambiental, sino del proyecto en general", dijo Damián Altgelt, gerente general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). "El problema es que no se termina de entender el alcance de esto y el temor es que no se comprende bien cuál es el nivel de participación que la provincia quiere asumir en el negocio."
Consultados por La Nacion, los representantes de las mineras intentaron bajarle el tono a la situación, pero diversas fuentes relacionadas con el negocio reconocieron que las nuevas normas abren un vacío legal para la exploración y explotación del litio. Dentro de poco tiempo, vence el mandato del actual gobernador. Desde la oposición radical deslizaron en varias ocasiones que estarían a favor de una mayor intervención del Estado.
"Cuando cambia la regulación, siempre hay preocupación, pero no hay que darle una segunda lectura; está bien que el Estado evalúe los proyectos", afirma Waldo Pérez, presidente de Exar. En la misma línea, José de Castro, gerente general de Sales de Jujuy, dice: "Hay buenas intenciones de la provincia; sólo necesitamos saber los tiempos, para poder ajustar los tiempos empresariales". El martes, no obstante, representantes de la CAEM se reunieron con Barrionuevo en busca de certezas. El gobernador les aseguró que no tiene intenciones de ir en contra de la propiedad privada. La Nacion intentó comunicarse sin suerte con diversas oficinas de la gobernación. "La inversión de alto riesgo [por el litio] fue posible gracias un marco jurídico sólido", alerta el ex subsecretario de Minería de la Nación Carlos Saravia Frías. "Mantener las condiciones originales de las inversiones es fundamental para que éstas se consoliden."
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Jujuy
El litio promete ser uno de los metales del futuro, no sólo por el uso que ya tiene en celulares, computadoras portátiles y agendas electrónicas, sino por el que tendrá en baterías de autos eléctricos. Se trata, por ahora, de una promesa de grandeza, pero lo suficientemente convincente como para que en Jujuy, una de las provincias con las mayores reservas, pusieran la lupa en el negocio. Recientemente, de hecho, se firmaron dos decretos que allanan el camino para que el gobierno provincial aumente su injerencia en el sector y que, según advirtieron en las empresas, podrían poner en riesgo los proyectos en marcha.
Los decretos que llevan la firma del gobernador Walter Barrionuevo (PJ) declaran el mineral "recurso natural estratégico"; establecen la creación de un comité de expertos para el análisis integral de los proyectos de litio y, además, crean una sociedad provincial para la exploración y explotación minera denominada Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado.
En Jujuy, hay dos grandes proyectos de litio: uno, a cargo de la Minera Exar (de capitales canadienses) y otro, más avanzado, de Sales de Jujuy (de la australiana Orocobre). A raíz de los decretos, sin embargo, Sales de Jujuy frenó la ronda de inversiones prevista en el exterior, a la espera del visto bueno del nuevo comité de expertos. "El comité tiene como función revisar los proyectos no sólo desde el punto de vista ambiental, sino del proyecto en general", dijo Damián Altgelt, gerente general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). "El problema es que no se termina de entender el alcance de esto y el temor es que no se comprende bien cuál es el nivel de participación que la provincia quiere asumir en el negocio."
Consultados por La Nacion, los representantes de las mineras intentaron bajarle el tono a la situación, pero diversas fuentes relacionadas con el negocio reconocieron que las nuevas normas abren un vacío legal para la exploración y explotación del litio. Dentro de poco tiempo, vence el mandato del actual gobernador. Desde la oposición radical deslizaron en varias ocasiones que estarían a favor de una mayor intervención del Estado.
"Cuando cambia la regulación, siempre hay preocupación, pero no hay que darle una segunda lectura; está bien que el Estado evalúe los proyectos", afirma Waldo Pérez, presidente de Exar. En la misma línea, José de Castro, gerente general de Sales de Jujuy, dice: "Hay buenas intenciones de la provincia; sólo necesitamos saber los tiempos, para poder ajustar los tiempos empresariales". El martes, no obstante, representantes de la CAEM se reunieron con Barrionuevo en busca de certezas. El gobernador les aseguró que no tiene intenciones de ir en contra de la propiedad privada. La Nacion intentó comunicarse sin suerte con diversas oficinas de la gobernación. "La inversión de alto riesgo [por el litio] fue posible gracias un marco jurídico sólido", alerta el ex subsecretario de Minería de la Nación Carlos Saravia Frías. "Mantener las condiciones originales de las inversiones es fundamental para que éstas se consoliden."
Acuerdo escandaloso entre Gobierno y Barrick
Acuerdo escandaloso entre Gobierno y Barrick Gold
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: CNC - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El diputado Miguel Bonasso denunció que el inventario previsto por la ley de glaciares fue encomendado a una fundación que mantiene un acuerdo de cooperación con la empresa minera Barrick Gold.
"El Poder Ejecutivo ha vuelto a demostrar su total falta de respeto por la ley 26.639 de protección de los glaciares, al encomendar la confección del inventario previsto por la norma a una fundación que ha mantenido un acuerdo de cooperación con la Barrick Gold, la empresa canadiense que se opone a la ley y ha logrado paralizarla en San Juan mediante un amparo judicial", aseguro Miguel Bonasso, del interbloque Proyecto Sur y principal impulsor de la ley sancionada el año pasado.
De acuerdo al diputado, en un acto realizado en la propia Residencia de Olivos y conducido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -a cargo de Juan José Mussi- le entregó $ 3.400.000 a la Fundación Innova-T, para colaborar en el primer año "de ejecución del inventario de glaciares".
La Fundación Innova-T, que fue creada en 1993 por el CONICET y es cuestionada por miembros del propio organismo, informa en su página web que ha firmado "acuerdos de cooperación" con diversas entidades públicas y privadas entre las que destaca Barrick Exploraciones Argentina S.A., subsidiaria local de la Barrick Gold Corporation, que explota en San Juan las minas de Veladero y Pascua Lama, dos de los proyectos más cuestionados por la amenaza a los glaciares que representan.
"Es un verdadero escándalo que una fundación que mantiene o ha mantenido lazos con la empresa que más ha saboteado la ley de glaciares, 'apoye' a la Secretaría de Ambiente en su coordinación´' de tareas con el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para realizar el inventario que ordena la ley. Es como darle a contar al zorro las gallinas del gallinero", señalo el legislador porteño.
Para culminar, Bonasso puntualizó que "no se trata de una exageración retórica: una denuncia judicial realizada hace más de un año por la diputada (de la Coalición Cívica) Fernanda Reyes estableció que la empresa Barrick Exploraciones Argentina S.A. tenía sus oficinas en el mismo edificio que dos empresas pertenecientes al actual Secretario de Minería Jorge Mayoral. Así de impunes son las cosas".
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: CNC - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El diputado Miguel Bonasso denunció que el inventario previsto por la ley de glaciares fue encomendado a una fundación que mantiene un acuerdo de cooperación con la empresa minera Barrick Gold.
"El Poder Ejecutivo ha vuelto a demostrar su total falta de respeto por la ley 26.639 de protección de los glaciares, al encomendar la confección del inventario previsto por la norma a una fundación que ha mantenido un acuerdo de cooperación con la Barrick Gold, la empresa canadiense que se opone a la ley y ha logrado paralizarla en San Juan mediante un amparo judicial", aseguro Miguel Bonasso, del interbloque Proyecto Sur y principal impulsor de la ley sancionada el año pasado.
De acuerdo al diputado, en un acto realizado en la propia Residencia de Olivos y conducido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -a cargo de Juan José Mussi- le entregó $ 3.400.000 a la Fundación Innova-T, para colaborar en el primer año "de ejecución del inventario de glaciares".
La Fundación Innova-T, que fue creada en 1993 por el CONICET y es cuestionada por miembros del propio organismo, informa en su página web que ha firmado "acuerdos de cooperación" con diversas entidades públicas y privadas entre las que destaca Barrick Exploraciones Argentina S.A., subsidiaria local de la Barrick Gold Corporation, que explota en San Juan las minas de Veladero y Pascua Lama, dos de los proyectos más cuestionados por la amenaza a los glaciares que representan.
"Es un verdadero escándalo que una fundación que mantiene o ha mantenido lazos con la empresa que más ha saboteado la ley de glaciares, 'apoye' a la Secretaría de Ambiente en su coordinación´' de tareas con el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para realizar el inventario que ordena la ley. Es como darle a contar al zorro las gallinas del gallinero", señalo el legislador porteño.
Para culminar, Bonasso puntualizó que "no se trata de una exageración retórica: una denuncia judicial realizada hace más de un año por la diputada (de la Coalición Cívica) Fernanda Reyes estableció que la empresa Barrick Exploraciones Argentina S.A. tenía sus oficinas en el mismo edificio que dos empresas pertenecientes al actual Secretario de Minería Jorge Mayoral. Así de impunes son las cosas".
Clausuran papelera en Buenos Aires
Clausuran papelera que contamino y tiño de blanco un arroyo
Fecha de Publicación: 11/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) clausuró parcialmente una papelera ubicada en la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, por contaminar y teñir de blanco un arroyo.
Se trata de la empresa Nicaragua S.A., dedicada a la producción de papel tissue, ubicado en el kilómetro 26 de la ruta provincial 6 de Los Cardales.
El OPDS dispuso la clausura parcial del establecimiento por incumplimiento de la ley 11.723 del Medio Ambiente.
La medida se dispuso luego de que inspectores del OPDS constataran irregularidades en el vuelco de efluentes líquidos de un color blancuzco que fueron vertidos en el arroyo “El Clavel” tiñendo con esa misma tonalidad al menos 6 kilómetros de dicho recurso hídrico, que incluye su paso por el barrio privado “Club de Campo los Quinchos”.
José Molina, titular del OPDS, destacó que “estos operativos que se realizan en forma constante en el territorio de la Provincia de Buenos Aires tanto a industrias como a transportes de residuos, apuntan a concientizar a los empresarios y empleados sobre los riesgos que implica no respetar las leyes ambientales”.
Según precisó el OPDS, dicho arroyo posee poco caudal y tiene un ancho de aproximadamente 3 metros, por lo que dicha acción afecta negativamente el recurso natural mencionado degradando el ambiente.
El proceso que realiza la empresa es el tratamiento de papel tissue en bobinas para papel higiénico y servilletas, utilizando para ello papel de diarios, revistas y papel de rezago en general.
La superficie total del predio es de aproximadamente 17.290 m2 y afectada a la producción una superficie de 1760 m2 aproximadamente.
Además de la irregularidad citada, durante la inspección integral en el establecimiento industrial se observó una ampliación estructural de la planta que supera en un 20 por ciento los parámetros establecidos según la superficie cubierta, la potencia instalada y la capacidad productiva de la misma.
El establecimiento exhibió la Evaluación e Impacto Ambiental y la nota de Renovación de permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas pertinentes, pero presentó otras irregularidades como la existencia de barros desparramados provenientes de la playa de secado, en infracción al artículo 1° del Decreto 1741/96, reglamentado por la Ley 11.459 (de Radicación y Habilitación de Industrias).
También se observó, entre otras anomalías, la ausencia de cartelería indicatoria de la ausencia o presencia de PCB en dos transformadores y por ese motivo se imputó infracción a los artículos 1° y 2° de la Resolución 618/03.(Télam).
Fecha de Publicación: 11/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) clausuró parcialmente una papelera ubicada en la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, por contaminar y teñir de blanco un arroyo.
Se trata de la empresa Nicaragua S.A., dedicada a la producción de papel tissue, ubicado en el kilómetro 26 de la ruta provincial 6 de Los Cardales.
El OPDS dispuso la clausura parcial del establecimiento por incumplimiento de la ley 11.723 del Medio Ambiente.
La medida se dispuso luego de que inspectores del OPDS constataran irregularidades en el vuelco de efluentes líquidos de un color blancuzco que fueron vertidos en el arroyo “El Clavel” tiñendo con esa misma tonalidad al menos 6 kilómetros de dicho recurso hídrico, que incluye su paso por el barrio privado “Club de Campo los Quinchos”.
José Molina, titular del OPDS, destacó que “estos operativos que se realizan en forma constante en el territorio de la Provincia de Buenos Aires tanto a industrias como a transportes de residuos, apuntan a concientizar a los empresarios y empleados sobre los riesgos que implica no respetar las leyes ambientales”.
Según precisó el OPDS, dicho arroyo posee poco caudal y tiene un ancho de aproximadamente 3 metros, por lo que dicha acción afecta negativamente el recurso natural mencionado degradando el ambiente.
El proceso que realiza la empresa es el tratamiento de papel tissue en bobinas para papel higiénico y servilletas, utilizando para ello papel de diarios, revistas y papel de rezago en general.
La superficie total del predio es de aproximadamente 17.290 m2 y afectada a la producción una superficie de 1760 m2 aproximadamente.
Además de la irregularidad citada, durante la inspección integral en el establecimiento industrial se observó una ampliación estructural de la planta que supera en un 20 por ciento los parámetros establecidos según la superficie cubierta, la potencia instalada y la capacidad productiva de la misma.
El establecimiento exhibió la Evaluación e Impacto Ambiental y la nota de Renovación de permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas pertinentes, pero presentó otras irregularidades como la existencia de barros desparramados provenientes de la playa de secado, en infracción al artículo 1° del Decreto 1741/96, reglamentado por la Ley 11.459 (de Radicación y Habilitación de Industrias).
También se observó, entre otras anomalías, la ausencia de cartelería indicatoria de la ausencia o presencia de PCB en dos transformadores y por ese motivo se imputó infracción a los artículos 1° y 2° de la Resolución 618/03.(Télam).
El Salí ya tiene “cero vida” en el ingreso al lago
El Salí ya tiene “cero vida” en el ingreso al lago de Río Hondo
Fecha de Publicación: 10/06/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El río presentaba ayer al mediodía una ausencia total de oxígeno, no se observaban peces y de su cauce emanaba un potente olor nauseabundo. Biólogos de la Secretaría del Agua tomaron muestras.
as Termas, Río Hondo (C) Técnicos de la Secretaría del Agua de la provincia constataron ayer que el río Salí, uno de los cursos que más agua aporta al Embalse Río Hondo, no registraba oxígeno y que emanaba un olor nauseabundo. Los profesionales sospechan que podría ser a causa de la vinaza que vuelcan los ingenios tucumanos. En otros cuatro tributarios, no se constató signos de vida por la presencia de carbonilla, residuo que eliminan los ingenios a la hora de limpiar sus filtros.
EL LIBERAL participó nuevamente de un nuevo recorrido por puntos geográficos de la provincia de Tucumán, donde especialistas tomaron muestras de agua para luego ser analizadas en los laboratorios que tiene el organismo provincial. No obstante, advirtieron que existen evidentes signos de contaminación en al menos cinco tributarios que aportan agua al Embalse Río Hondo.
Los elementos de pruebas sobre el desorden ambiental se pudieron comprobar in situ al observar el color verde oscuro y con espuma del canal Troncal (Dp1 y Dp2), canal ubicado en la localidad de Molle Pozo, departamento Leales, distante 35 kilómetros de Las Termas. “El olor es penetrante y no cloacal, pero un olor fuerte y el color del agua cambió en menos de dos semanas”, señaló el biólogo Sergio Saltz.
En menos de 15 días, el río Salí mostró un paisaje desolador al percibir olores fétidos cloacales y un color verde amarronado. Al medir el nivel de oxígeno, la sonda multiparamétrica marcó 1 de oxígeno diluido en agua, diagnosticando la falta de vida en el principal tributario que llega al Embalse. Así también, exhibía en la orilla una ostensible proliferación de algas. “El Salí está muy complicado, es impresionante el olor a cloaca, acá no hay vida, no hay peces y avanza hacia el Embalse”, dijo el especialista.
El panorama era aún peor al llegar al río Colorado, cauce en el que se sospecha que papeleras y citrícolas arrojan descomunalmente desechos tóxicos para convertir el lecho en un pantano. “Acá tenemos cero oxígeno, no hay vida en absoluto y no se puede estar por el olor, el agua sigue siendo de color verde grisáceo”, indicó.
Más adelante, a pocos kilómetros de la ciudad de Simoca por la ruta 157, los arroyos Estero y Agua Blanca registraban una mínima presencia de oxígeno, pero sus aguas turbias transportaban carbonilla en suspensión, desechos que quedan en los filtros de los ingenios al lavarse la caña quemada. El residuo se lograba ver depositado en la orilla.
Veneno
“Son restos de quemazón de caña. Lavan este producto y luego lo desechan a los arroyos. Es un contaminante que no genera una demanda importante de oxígeno, pero aporta un nivel que causa a la larga que los peces se vean imposibilitados de sobrevivir porque la carbonilla se deposita en las branquias del cardumen y quizá no genera una mortalidad inmediata, pero su ciclo de vida no lo puede completar, el agua está alterada y la vida alterada”, manifestó el biólogo santiagueño.
El arroyo Matazambi, el río Medina y Graneros contaban con un gran volumen de agua y presencia de oxígeno. Particularmente el arroyo Matazambi es un afluente que sufre directamente el impacto de la contaminación porque recepta los desechos del ingenio Marapa y la planta cloacal de Guayacane. “En varias oportunidades lo hemos visto teñido de color rojo y con peces muertos”, contó Saltz.
Finalmente dijo que estas variantes en los ríos tucumanos podrían tratarse de la presencia del vuelco de residuos, entre ellos, la vinaza, efluente industrial que al eliminarse en gran medida ocasiona un desastre ambiental en la cuenca Salí Dulce. “Nosotros seguiremos controlando y brindando la alerta temprano que ponga en conocimiento a los organismos que trabajan en la problemática”, manifestó.
Fecha de Publicación: 10/06/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El río presentaba ayer al mediodía una ausencia total de oxígeno, no se observaban peces y de su cauce emanaba un potente olor nauseabundo. Biólogos de la Secretaría del Agua tomaron muestras.
as Termas, Río Hondo (C) Técnicos de la Secretaría del Agua de la provincia constataron ayer que el río Salí, uno de los cursos que más agua aporta al Embalse Río Hondo, no registraba oxígeno y que emanaba un olor nauseabundo. Los profesionales sospechan que podría ser a causa de la vinaza que vuelcan los ingenios tucumanos. En otros cuatro tributarios, no se constató signos de vida por la presencia de carbonilla, residuo que eliminan los ingenios a la hora de limpiar sus filtros.
EL LIBERAL participó nuevamente de un nuevo recorrido por puntos geográficos de la provincia de Tucumán, donde especialistas tomaron muestras de agua para luego ser analizadas en los laboratorios que tiene el organismo provincial. No obstante, advirtieron que existen evidentes signos de contaminación en al menos cinco tributarios que aportan agua al Embalse Río Hondo.
Los elementos de pruebas sobre el desorden ambiental se pudieron comprobar in situ al observar el color verde oscuro y con espuma del canal Troncal (Dp1 y Dp2), canal ubicado en la localidad de Molle Pozo, departamento Leales, distante 35 kilómetros de Las Termas. “El olor es penetrante y no cloacal, pero un olor fuerte y el color del agua cambió en menos de dos semanas”, señaló el biólogo Sergio Saltz.
En menos de 15 días, el río Salí mostró un paisaje desolador al percibir olores fétidos cloacales y un color verde amarronado. Al medir el nivel de oxígeno, la sonda multiparamétrica marcó 1 de oxígeno diluido en agua, diagnosticando la falta de vida en el principal tributario que llega al Embalse. Así también, exhibía en la orilla una ostensible proliferación de algas. “El Salí está muy complicado, es impresionante el olor a cloaca, acá no hay vida, no hay peces y avanza hacia el Embalse”, dijo el especialista.
El panorama era aún peor al llegar al río Colorado, cauce en el que se sospecha que papeleras y citrícolas arrojan descomunalmente desechos tóxicos para convertir el lecho en un pantano. “Acá tenemos cero oxígeno, no hay vida en absoluto y no se puede estar por el olor, el agua sigue siendo de color verde grisáceo”, indicó.
Más adelante, a pocos kilómetros de la ciudad de Simoca por la ruta 157, los arroyos Estero y Agua Blanca registraban una mínima presencia de oxígeno, pero sus aguas turbias transportaban carbonilla en suspensión, desechos que quedan en los filtros de los ingenios al lavarse la caña quemada. El residuo se lograba ver depositado en la orilla.
Veneno
“Son restos de quemazón de caña. Lavan este producto y luego lo desechan a los arroyos. Es un contaminante que no genera una demanda importante de oxígeno, pero aporta un nivel que causa a la larga que los peces se vean imposibilitados de sobrevivir porque la carbonilla se deposita en las branquias del cardumen y quizá no genera una mortalidad inmediata, pero su ciclo de vida no lo puede completar, el agua está alterada y la vida alterada”, manifestó el biólogo santiagueño.
El arroyo Matazambi, el río Medina y Graneros contaban con un gran volumen de agua y presencia de oxígeno. Particularmente el arroyo Matazambi es un afluente que sufre directamente el impacto de la contaminación porque recepta los desechos del ingenio Marapa y la planta cloacal de Guayacane. “En varias oportunidades lo hemos visto teñido de color rojo y con peces muertos”, contó Saltz.
Finalmente dijo que estas variantes en los ríos tucumanos podrían tratarse de la presencia del vuelco de residuos, entre ellos, la vinaza, efluente industrial que al eliminarse en gran medida ocasiona un desastre ambiental en la cuenca Salí Dulce. “Nosotros seguiremos controlando y brindando la alerta temprano que ponga en conocimiento a los organismos que trabajan en la problemática”, manifestó.
Glaciares: Corte Suprema aceptó su jurisdicción
La Corte Suprema se encargará de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal de la Nación declaró su competencia originaria en tres causas en donde se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre del año pasado, y que impone ciertas restricciones a la actividad de las empresas mineras.
A raíz de los pleitos entablados por la Provincia de San Juan y las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y Asociación Obrera Minera, que explotan a "cielo abierto" el yacimiento de Pascua Lama, la Corte sostuvo que “dada la índole de la participación asumida en el pleito por San Juan corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”.
Las mineras argumentaron que con la sanción de la Ley de Glaciares se introdujo una modificación perjudicial para sus intereses y consiguieron seguir operando en los yacimientos por la sanción de medidas cautelares que posibilitaron la continuidad de la explotación, cuestionada por asambleas ciudadanas y organizaciones sociales por el impacto ecológico negativo.
Las medidas cautelares suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26.639, denominada "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial", destinada a la preservación del medio ambiente y, en especial, de los reservorios de agua dulce.
"Dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio", expresó el máximo tribunal.
Asimismo, sostuvo que "esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte, en mérito a que es la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia como el Estado Nacional". Tras la reforma de la constitución en 1994, los recursos naturales quedaron bajo el orden provincial.
La Ley de Glaciares, que impone límites a la actividad minera en el país, fue convertida en ley el 30 de septiembre de 2010 por el Senado de la Nación. En 2008, la presidenta Cristina Kirchner vetó una ley similar, pero el senador porteño y ahora candidato a jefe de gobierno, Daniel Filmus, volvió a presentar un nuevo texto, finalmente sancionado en 2010.
El 28 de febrero de 2011, la Presidenta firmó un decreto que aprobó el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar, en el marco de la reglamentación de la Ley de Glaciares.
El trámite se produjo una semana después de una protesta realizada por la organización ambientalista Greepeace en San Juan, donde la policía desalojó un campamento montado en el camino hacia la mina Veladero y detuvo a una decena de manifestantes que reclamaban la reglamentación.
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La Corte intervendrá en la causa por los glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Declaró su competencia originaria ante el planteo de 3 causas que cuestionan la ley nacional.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en las causas interpuestas por el sector privado minero local y la provincia de San Juan contra la Nación, que a fines del año pasado frenaron en esta jurisdicción la vigencia de la Ley Nacional 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, por considerarla inconstitucional.
Esos expedientes fueron interpuestos por dos mineras y el gremio AOMA, y la provincia ingresó al pleito como "tercero involucrado", como parte de una estrategia de llevar el caso a la Corte argumentando que la ley sancionada atenta contra la autonomía y federalismo de las provincias, al avasallar los derechos de disponer de sus recursos naturales. Según informaron desde el Centro de Información Judicial, la Corte declaró su "competencia originaria" en las causas que cuestionan la constitucionalidad de la ley, y se constituyó en "tribunal único", lo que quiere decir que no intervendrá otro de inferior jerarquía. Además, el Máximo Tribunal sostuvo que "dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan en la calidad indicada en el considerando precedente, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio". El gobierno local esperaba este paso de la Corte, que significa nada menos que será el máximo tribunal del país quien decidirá finalmente si la ley de glaciares sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado es inconstitucional y avasalla los derechos federales de las provincias.
El Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, se mostró satisfecho por la decisión del máximo tribunal y dijo que ahora la provincia, al sustanciarse la causa; podrá demostrar "que no sólo está protegiendo sus recursos glaciares, sino que además estamos llevando la actividad minera en zona de glaciares y periglaciares de una manera sustentable y sin afectarlos\'. "Eso es lo que queremos demostrar ante la Corte", admitió De Sanctis.
La decisión judicial de ayer engrosa la larga lista de idas y vueltas en el intento por sancionar una ley nacional de glaciares que arrancó en el 2008 (ver página 7).
Argumentos
Según informaron las fuentes judiciales, el Máximo Tribunal consideró la petición de la provincia de San Juan bajo los siguientes términos: "Al haber invocado el Estado provincial en su primera presentación el privilegio que le asiste en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte\'\'
"Es un paso decisivo, y esperado y que celebramos\'\', dijo al respecto De Sanctis. "Como fiscal de Estado, y en defensa del patrimonio provincial, de la jurisdicción y de las atribuciones constitucionales de la provincia en relación al manejo y uso de los recursos naturales como son los glaciares; y también en defensa de nuestras atribuciones en defensa del medio ambiente, celebro que la Corte se haya manifestado\'\', agregó. Las tres causas declarativas de inconstitucionalidad de la ley de glaciares fueron interpuestas en San Juan, en noviembre de 2010 por Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y la Asociación Obrera Minera. En todas ellas el gobierno se presentó como tercero involucrado. El titular del Juzgado Federal Nro.1, Miguel Galvez hizo lugar a la presentación y frenó la aplicación de la ley. Esta iba a impedir que las mineras radicadas en San Juan siguieran operando, debido a una serie de prohibiciones (ver recuadro). La provincia de San Juan cuenta con su propia ley de protección de glaciares -la Nro 8144, además de que está realizando un inventario de glaciares desde antes que se sancionara la ley nacional.
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La Corte Suprema aceptó su jurisdicción en cautelares por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El Máximo Tribunal del país intervendrá en tres causas en las cuales se dictaron medidas de esa índole, que involucran emprendimientos mineros en el territorio de la provincia de San Juan.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró su competencia originaria en tres causas en las cuales se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26639, de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con respecto a emprendimientos mineros en el territorio de la provincia de San Juan.
En ese sentido, el Máximo Tribunal sostuvo que “dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan en la calidad indicada en el considerando precedente, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”.
“En tales condiciones y al haber invocado el Estado provincial en su primera presentación el privilegio que le asiste en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte rationae personae, en mérito a que la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia a no ser juzgada por los tribunales inferiores de la Nación, en virtud de la referida garantía de rango constitucional que al respecto le reconoce el citado artículo 117, como el Estado Nacional al fuero federal, según el artículo 116 de la Ley Fundamental, es sustanciado el proceso en esta instancia”, se agregó.
El fracaso de Macri en la gestión de residuos
La Ley de Basura Cero no es bienvenida
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
En el primer cuatrimestre del año, la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios aumentó un 13,23 por ciento respecto del mismo período del año anterior. En 2010, la Ciudad alcanzó el record histórico de enterramiento de residuos.
Durante los primeros cuatro meses de este año, la basura que la ciudad de Buenos Aires envió a los rellenos del conurbano aumentó un 13,23 por ciento respecto de los mismos meses de 2010, según revela un informe de la organización ambientalista Greenpeace, elaborado a partir de datos del Ceamse, al que accedió Página/12. De esta manera, la gestión de Mauricio Macri incumple doblemente la Ley de Basura Cero: no solo no reduce la cantidad de residuos generados, de acuerdo con el cronograma que marca la ley, sino que lo incrementa.
“Esto ocurre porque el gobierno de Macri desmanteló lo que había empezado a implementarse en 2007 con la doble contenerización en el 25 por ciento de la ciudad”, dijo a este diario Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Basura Cero de la organización ambientalista. En efecto, durante la gestión de Jorge Telerman se había comenzado a instalar en algunos barrios contenedores con tapa naranja, destinados a productos reciclables. A poco de asumir, el entonces ministro macrista de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, frenó ese programa con el argumento de que los vecinos no separaban los residuos y las empresas recolectoras mezclaban ambos recipientes en un mismo camión. “Si nunca hubo campaña pública de separación de residuos, no se puede esperar que los vecinos usen correctamente los contenedores”, agregó Pujó.
La ley 1854, sancionada en 2005, establecía metas de reducción en forma progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios, hasta llegar a la prohibición absoluta en 2020. En ese cronograma, la primera meta fijada para 2010 establecía una reducción del 30 por ciento respecto de la cantidad de basura enviada a la Ceamse en 2004. “La Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a relleno más del doble: 2.110,122 toneladas. Esa cifra, según la evaluación de Greenpeace, representó un aumento del 14,3 por ciento respecto de 2009.
“Durante 2010, la Ciudad mandó en promedio 5781 toneladas diarias a rellenos y al superar el techo de los dos millones de toneladas alcanzó el record histórico de enterramiento”, sintetiza el informe de la organización ambientalista.
La ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), más conocida como Ley de Basura Cero, establece que la administración porteña debe adoptar un conjunto de medidas tendientes a la separación de residuos en origen y a la recolección diferenciada, de manera de recuperar para el reciclado aquellos materiales que se pueden reutilizar. Lejos de poner en marcha estas medidas, la administración macrista dio marcha atrás con lo implementado por gestiones anteriores. Recién ahora, con vistas a la futura licitación de Higiene Urbana, comienza a plantear la separación domiciliaria de residuos, que recién se pondría en marcha el año próximo.
Como resultado de la política ejecutada en estos cuatro años, según las cifras de Ceamse, se produjo un crecimiento en el volumen de residuos destinados a rellenos. En 2008, durante el primer año de la gestión de Macri, se enviaron 1.844.460 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,53 por ciento más que en 2007. “La cifra representó el mayor aumento porcentual interanual de la década”, sostiene el informe de Greenpeace (ver cuadro).
En 2009, el volumen de RSU enviados a rellenos representó 1.847.748 toneladas, cifra apenas superior a la del año anterior. En 2010, como se mencionó, la cifra fue de 2.110122 toneladas, un 14,19 por ciento más que el año anterior. Se superó entonces el pico histórico registrado en 2000: 1.953.375 toneladas.
Según la denuncia de Greenpeace, además de interrumpir y desarticular el sistema de doble contenerización, el gobierno porteño “interrumpió el servicio de recolección diferenciada entre reciclables y no reciclables, que figura en el contrato de higiene urbana; no implementó una campaña de concientización acerca de la separación domiciliaria de residuos y no invirtió en la creación y mantenimiento de centros verdes, para la clasificación de residuos reciclables”.
Las falencias no obedecieron a falta de recursos ni de instrumentos legales. “El gobierno pagaba a las empresas por el servicio de recolección diferenciada, establecido por contrato, y contaba con presupuesto para la realización de campañas de comunicación, educación y concientización ciudadana sobre separación de residuos en origen”, advierte el informe de Greenpeace.
La organización ambientalista sostiene que el Gobierno de la Ciudad “no puede continuar con una política caracterizada por la contaminación, enfermando a las comunidades que habitan en las cercanías de los rellenos sanitarios. También rechaza la incineración de residuos, impulsada en distritos de la provincia de Buenos Aires, porque “supone un derroche de recursos” aprovechables y “emite a la atmósfera sustancias químicas persistentes, tóxicas y bioacumulativas, como las dioxinas y los furanos”. Como cierre del informe, Greenpeace reclamó al jefe de Gobierno porteño y a los demás candidatos a ese cargo “que se comprometan a cumplir con la segunda meta de la Ley de Basura Cero, que consiste en reducir para 2015 en un 50 por ciento los residuos generados, respecto de 2004”.
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
En el primer cuatrimestre del año, la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios aumentó un 13,23 por ciento respecto del mismo período del año anterior. En 2010, la Ciudad alcanzó el record histórico de enterramiento de residuos.
Durante los primeros cuatro meses de este año, la basura que la ciudad de Buenos Aires envió a los rellenos del conurbano aumentó un 13,23 por ciento respecto de los mismos meses de 2010, según revela un informe de la organización ambientalista Greenpeace, elaborado a partir de datos del Ceamse, al que accedió Página/12. De esta manera, la gestión de Mauricio Macri incumple doblemente la Ley de Basura Cero: no solo no reduce la cantidad de residuos generados, de acuerdo con el cronograma que marca la ley, sino que lo incrementa.
“Esto ocurre porque el gobierno de Macri desmanteló lo que había empezado a implementarse en 2007 con la doble contenerización en el 25 por ciento de la ciudad”, dijo a este diario Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Basura Cero de la organización ambientalista. En efecto, durante la gestión de Jorge Telerman se había comenzado a instalar en algunos barrios contenedores con tapa naranja, destinados a productos reciclables. A poco de asumir, el entonces ministro macrista de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, frenó ese programa con el argumento de que los vecinos no separaban los residuos y las empresas recolectoras mezclaban ambos recipientes en un mismo camión. “Si nunca hubo campaña pública de separación de residuos, no se puede esperar que los vecinos usen correctamente los contenedores”, agregó Pujó.
La ley 1854, sancionada en 2005, establecía metas de reducción en forma progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios, hasta llegar a la prohibición absoluta en 2020. En ese cronograma, la primera meta fijada para 2010 establecía una reducción del 30 por ciento respecto de la cantidad de basura enviada a la Ceamse en 2004. “La Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a relleno más del doble: 2.110,122 toneladas. Esa cifra, según la evaluación de Greenpeace, representó un aumento del 14,3 por ciento respecto de 2009.
“Durante 2010, la Ciudad mandó en promedio 5781 toneladas diarias a rellenos y al superar el techo de los dos millones de toneladas alcanzó el record histórico de enterramiento”, sintetiza el informe de la organización ambientalista.
La ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), más conocida como Ley de Basura Cero, establece que la administración porteña debe adoptar un conjunto de medidas tendientes a la separación de residuos en origen y a la recolección diferenciada, de manera de recuperar para el reciclado aquellos materiales que se pueden reutilizar. Lejos de poner en marcha estas medidas, la administración macrista dio marcha atrás con lo implementado por gestiones anteriores. Recién ahora, con vistas a la futura licitación de Higiene Urbana, comienza a plantear la separación domiciliaria de residuos, que recién se pondría en marcha el año próximo.
Como resultado de la política ejecutada en estos cuatro años, según las cifras de Ceamse, se produjo un crecimiento en el volumen de residuos destinados a rellenos. En 2008, durante el primer año de la gestión de Macri, se enviaron 1.844.460 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,53 por ciento más que en 2007. “La cifra representó el mayor aumento porcentual interanual de la década”, sostiene el informe de Greenpeace (ver cuadro).
En 2009, el volumen de RSU enviados a rellenos representó 1.847.748 toneladas, cifra apenas superior a la del año anterior. En 2010, como se mencionó, la cifra fue de 2.110122 toneladas, un 14,19 por ciento más que el año anterior. Se superó entonces el pico histórico registrado en 2000: 1.953.375 toneladas.
Según la denuncia de Greenpeace, además de interrumpir y desarticular el sistema de doble contenerización, el gobierno porteño “interrumpió el servicio de recolección diferenciada entre reciclables y no reciclables, que figura en el contrato de higiene urbana; no implementó una campaña de concientización acerca de la separación domiciliaria de residuos y no invirtió en la creación y mantenimiento de centros verdes, para la clasificación de residuos reciclables”.
Las falencias no obedecieron a falta de recursos ni de instrumentos legales. “El gobierno pagaba a las empresas por el servicio de recolección diferenciada, establecido por contrato, y contaba con presupuesto para la realización de campañas de comunicación, educación y concientización ciudadana sobre separación de residuos en origen”, advierte el informe de Greenpeace.
La organización ambientalista sostiene que el Gobierno de la Ciudad “no puede continuar con una política caracterizada por la contaminación, enfermando a las comunidades que habitan en las cercanías de los rellenos sanitarios. También rechaza la incineración de residuos, impulsada en distritos de la provincia de Buenos Aires, porque “supone un derroche de recursos” aprovechables y “emite a la atmósfera sustancias químicas persistentes, tóxicas y bioacumulativas, como las dioxinas y los furanos”. Como cierre del informe, Greenpeace reclamó al jefe de Gobierno porteño y a los demás candidatos a ese cargo “que se comprometan a cumplir con la segunda meta de la Ley de Basura Cero, que consiste en reducir para 2015 en un 50 por ciento los residuos generados, respecto de 2004”.
Potencial del mar argentino para generar energía
Destacan el potencial del mar argentino para generar energía
Fecha de Publicación: 08/06/2011
Fuente: La Capital MDP
Provincia/Región: Nacional
Especialistas en hidrógeno y fuentes sustentables de energía participan de este encuentro que busca difundir la importancia de construir un desarrollo energético sustentable.
El océano es el ecosistema que está absorbiendo gran parte de la contaminación con CO2 y los aumentos de la temperatura. Es además un recurso económico fundamental para las ciudades costeras -tanto por la pesca como por el turismo- y además tiene una enorme potencialidad como generador de energía limpia.
Así lo expuso el licenciado Francisco Galia, del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, en su conferencia en la jornada inaugural del cuarto congreso Nacional y tercero Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía, que comenzó ayer en Mar del Plata.
El director de relaciones institucionales de la UTN destacó que "la mitad de los gases que emanan las industrias a la atmósfera lo está absorbiendo el mar, al igual que la temperatura. El mar tiene una bomba soluble de CO2 con la atmósfera pero también tiene una bomba biológica que está afectando al plancton que es el regulador del clima en el planeta y es la primera cadena alimentaria de todas las especies marinas" definió, al hacer referencia a la importancia de cuidar el mar, que a pesar del maltrato es fuente de recursos importantísimos.
"El 2007 marcó un punto de inflexión, la temperatura global alcanzó un nivel importante sobre presencia de CO2 y la sociedad está tomando conciencia. Por eso estamos en una etapa de investigación y desarrollo, el mundo está cambiando, está empezando a generar hidrógeno, está comenzando a emplear energías limpias" valoró, señalando que a pesar del maltrato recibido, el mar está jugando ahora un papel importante también en este sentido, junto al sol, el viento y otras fuentes naturales de energía.
"La Argentina está en vías de desarrollo en esos temas. Hoy el uso de energías limpias está en el orden del 3% sobre las otras. Hay una ley, la 26.190, que fija para el año 2016 cubrir el 8% con energías limpias, lo que es un desafío importante porque obliga a todas las universidades y el mundo científico a trabajar para que eso se logre" valoró.
En ese marco, Galia se refirió a las posibilidades que brinda el mar argentino, como el aprovechamiento de la marea, de las olas (corrientes) y de las algas.
"el recurso maremotriz aprovecha la marea propiamente dicha en un lugar confinado (energía potencial) o a través de las corrientes de mareas (energía cinemática)" explicó.
Pero el proyecto que está llevando adelante la UTN tiene que ver con la energía undimotriz, que es la energía de las olas. "Estamos elaborando como proyecto de investigación un equipo en el que se aprovecha la amplitud de la ola que es energía potencial y la energía cinética de la partícula que es orbital".
Estos trabajos se están llevando adelante luego de haber realizado estudios que dan cuenta de la enorme capacidad de generación de energía del mar argentino.
"Hay un mapa potencial de la capacidad del mar argentino que analizó, en virtud de las olas en distintos puntos de nuestro litoral, qué rango de potencias podemos obtener" explicó. En ese sentido aseguró que "los resultados son que la primera prioridad es aprovechar las corrientes de mareas que son las que mayor productividad nos van a dar en cuanto a capacidad de captación de energía. Esa energía sinética, con equipos modernos como las turbinas de marea pueden obtener en el orden de 1,2 mw hora que es una carga importante".
Galia aseguró que en el mar argentino hay que dejar de lado experiencias de otros países, como barreras porque "tuvieron un gran impacto ambiental, visual y problemas ecológicos".
"Hay turbinas de flujos abiertos que se están desarrollando, que van debajo del agua y aprovechan la corriente de flujo y reflujo cuando la marea sube y baja y conviven normalmente -con la pesca y el turismo- porque van completamente sumergidas, no hay impacto visual, no afectan la biodiversidad, no causan daños y el mantenimiento es sencillo".
Galia reconoció que en la actualidad "este tipo de energía no va a llegar a complementar la red nacional de electricidad" pero aclaró que "por ejemplo en nuestra Patagonia puede servir para localidades chicas, que pueden aislarse de la red nacional y alimentarse con eso, al igual que ciertas industrias, fábricas, que se instalan en nuestras costas y se pueden sustentar con esta energía".
Fecha de Publicación: 08/06/2011
Fuente: La Capital MDP
Provincia/Región: Nacional
Especialistas en hidrógeno y fuentes sustentables de energía participan de este encuentro que busca difundir la importancia de construir un desarrollo energético sustentable.
El océano es el ecosistema que está absorbiendo gran parte de la contaminación con CO2 y los aumentos de la temperatura. Es además un recurso económico fundamental para las ciudades costeras -tanto por la pesca como por el turismo- y además tiene una enorme potencialidad como generador de energía limpia.
Así lo expuso el licenciado Francisco Galia, del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, en su conferencia en la jornada inaugural del cuarto congreso Nacional y tercero Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía, que comenzó ayer en Mar del Plata.
El director de relaciones institucionales de la UTN destacó que "la mitad de los gases que emanan las industrias a la atmósfera lo está absorbiendo el mar, al igual que la temperatura. El mar tiene una bomba soluble de CO2 con la atmósfera pero también tiene una bomba biológica que está afectando al plancton que es el regulador del clima en el planeta y es la primera cadena alimentaria de todas las especies marinas" definió, al hacer referencia a la importancia de cuidar el mar, que a pesar del maltrato es fuente de recursos importantísimos.
"El 2007 marcó un punto de inflexión, la temperatura global alcanzó un nivel importante sobre presencia de CO2 y la sociedad está tomando conciencia. Por eso estamos en una etapa de investigación y desarrollo, el mundo está cambiando, está empezando a generar hidrógeno, está comenzando a emplear energías limpias" valoró, señalando que a pesar del maltrato recibido, el mar está jugando ahora un papel importante también en este sentido, junto al sol, el viento y otras fuentes naturales de energía.
"La Argentina está en vías de desarrollo en esos temas. Hoy el uso de energías limpias está en el orden del 3% sobre las otras. Hay una ley, la 26.190, que fija para el año 2016 cubrir el 8% con energías limpias, lo que es un desafío importante porque obliga a todas las universidades y el mundo científico a trabajar para que eso se logre" valoró.
En ese marco, Galia se refirió a las posibilidades que brinda el mar argentino, como el aprovechamiento de la marea, de las olas (corrientes) y de las algas.
"el recurso maremotriz aprovecha la marea propiamente dicha en un lugar confinado (energía potencial) o a través de las corrientes de mareas (energía cinemática)" explicó.
Pero el proyecto que está llevando adelante la UTN tiene que ver con la energía undimotriz, que es la energía de las olas. "Estamos elaborando como proyecto de investigación un equipo en el que se aprovecha la amplitud de la ola que es energía potencial y la energía cinética de la partícula que es orbital".
Estos trabajos se están llevando adelante luego de haber realizado estudios que dan cuenta de la enorme capacidad de generación de energía del mar argentino.
"Hay un mapa potencial de la capacidad del mar argentino que analizó, en virtud de las olas en distintos puntos de nuestro litoral, qué rango de potencias podemos obtener" explicó. En ese sentido aseguró que "los resultados son que la primera prioridad es aprovechar las corrientes de mareas que son las que mayor productividad nos van a dar en cuanto a capacidad de captación de energía. Esa energía sinética, con equipos modernos como las turbinas de marea pueden obtener en el orden de 1,2 mw hora que es una carga importante".
Galia aseguró que en el mar argentino hay que dejar de lado experiencias de otros países, como barreras porque "tuvieron un gran impacto ambiental, visual y problemas ecológicos".
"Hay turbinas de flujos abiertos que se están desarrollando, que van debajo del agua y aprovechan la corriente de flujo y reflujo cuando la marea sube y baja y conviven normalmente -con la pesca y el turismo- porque van completamente sumergidas, no hay impacto visual, no afectan la biodiversidad, no causan daños y el mantenimiento es sencillo".
Galia reconoció que en la actualidad "este tipo de energía no va a llegar a complementar la red nacional de electricidad" pero aclaró que "por ejemplo en nuestra Patagonia puede servir para localidades chicas, que pueden aislarse de la red nacional y alimentarse con eso, al igual que ciertas industrias, fábricas, que se instalan en nuestras costas y se pueden sustentar con esta energía".
Avanza la minería en Santa Cruz
Minera planea dejar un hoyo de 1,2 km de largo y 150 metros de profundidad
Fecha de Publicación: 08/06/2011
Fuente: No a la Mina - Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores y ni hablar San Julián (entre otras localidades) son pueblos impactados directamente por la minería. La acción de las multinacionales es frenética, intensiva y tiene como objeto la mayor producción en el menor tiempo posible. Patagonia Gold informó que el proyecto Cap Oeste, ubicado en "El Tranquilo" a poco más de 100 kms de Perito Moreno, cuando entre en la fase extractiva prevé la apertura de un "open pit" (explotación a cielo abierto) de 1.200 metros de largo y 150 metros de profundidad.
En Santa Cruz la megaminería no se detiene y los pueblos parecen estar al margen de lo que ocurre (y lo que les ocurrirá). Patagonia Gold informó que el proyecto Cap Oeste, ubicado en "El Tranquilo" a poco más de 100 kms (línea recta) de Perito Moreno, sobre el Macizo del Deseado está avanzado en un 95% (estaría terminado a fines de junio) promete altas leyes de oro y plata, incluyendo, de acuerdo a las muestras obtenidas, 13,30 metros con 8,58 gramos de oro y 508 gramos de plata por tonelada de piedra que destruirán.
Ya en "producción", la minera prevé la apertura de un "open pit" (explotación a cielo abierto, tal como se hace en Cerro Vanguardia) de 1.200 metros de largo y 150 metros de profundidad, tal como se desprende del comunicado de la empresa: "Tres perforadoras se encuentran actualmente trabajando en el lugar, completando una campaña de sondajes con diamantina HQ iniciada en el último trimestre del año pasado. A la fecha se han realizado 102 pozos por 20.646 metros. La campaña se encuentra actualmente en un 95% de avance y se estima su finalización para fines de junio" y señala "Cap Oeste incluye al depósito de Cap Oeste y al depósito COSE adyacente, en los que se han delineado hasta la fecha recursos combinados de 762.325 onzas de oro equivalente, 85% en la categoría de indicados".
¿Emprendimientos pesqueros?
Tal vez lo peritenses y por qué no los antiquenses tendrían que preguntarse si en un futuro, cuando la megaminería haya pasado como una exhalación por esas tierras y dejado enormes y profundos pozos contaminados, los cuales quedarán abiertos eternamente, porque jamás cumplirán las cláusulas dibujadas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) donde se "comprometen" a remediar el suelo "y dejarlo en condiciones similares a las encontradas antes del inicio de la actividad... (¿?)", podrán desarrollar tareas relacionadas con el turismo y la pesca, idea creada desde Fomicruz que, para evitarle a CV cumplir con las millonarias tareas de remediación de los más de 40 open pit visualizables desde las estratósfera, se les ha ocurrido llenarlos de agua y transformarlos en extraordinarios espejos para que los santacruceños tengamos al alcance de la mano una nueva atracción para pasar los fines de semana...
Apurémonos, antes que se aviven
Decenas y hasta cientos de proyectos mineros se desarrollan hoy en Santa Cruz, al amparo de una actividad silenciosa que recién sale a la luz cuando los réditos del negocio están expresamente comprobados. Las "políticas blandas" que desarrolla la nación en esta materia y la permisividad del gobierno provincial para ejercer controles y poner límites, les permiten desarrollar a las multinacionales un agresivo programa de cateo, exploración y explotación de oro y plata en todo el territorio santacruceño, utilizando la destructiva modalidad "a cielo abierto", donde las empresas vuelan miles de toneladas de roca con explosivos durante una década o más, generando un daño ambiental irreparable, sabiendo que nadie les exigirá rendición de cuentas, al cabo del programa establecido.
La inestabilidad política y social de países como el nuestro (y particularmente de provincias como Santa Cruz), hacen que estas empresas se pongan objetivos claros, precisos y a cumplir en el corto tiempo: mayor producción en el menor tiempo posible. De ahí la colocación de dobles y triples moliendas, que les permite a los yacimientos incrementar en dos o tres veces la producción, acortando en forma inversamente proporcional, los tiempos de explotación prometidos en los acuerdos previos.
Todos estos años las mineras han pagado solo el 1% de regalías a la provincia. Luego de grandes debates y presionados por la circunstancias (también por vergüenza, claro está) los diputados provinciales votaron llevar ese porcentaje al 3% (máximo permitido por ley nacional). Hoy existe un proyecto de los diputados de la oposición (Radicalismo) para elevar esas regalías al 12%. La pregunta es: Si se implementara el 12% de regalías y las empresas siguen operando en Santa Cruz, lo que evidenciaría la super rentabilidad que tienen las multinacionales, cuando el valor de la onza pasa los U$S 1.500 en el mundo; ¿Cuánto se ha perdido de ganar la provincia en todos este tiempo, en el cual las mineras han vaciado la tierra de un recurso que jamás volveremos a tener?. (1)
Acción sin reacción
La llamada "evangelización minera" es una estrategia similar (salvando las distancias temporales y las armas que utilizan) a la que motivó a los viejos conquistadores llegar al continente sudamericano: crear las condiciones favorables para llevarse las riquezas de la tierra a un costo mínimo. En ese marco todo les era permitido a los españoles y portugueses. Hoy, los gobiernos nacionales y provinciales admiten la intrusión de multinacionales que antes de afincarse en un lugar, despliegan en la zona una tarea de "concientización" de las bondades de la actividad, prometen suplir necesidades sociales "en lo inmediato", regeneran una y otra vez el gastado discurso de las "inversiones", lo cual no es otra cosa que el capital demandado por la empresa, para poder realizar las tareas de búsqueda o explotación del oro y la plata. Lo que se "derrama" de ese capital, en los pueblos impactados, es nimio y se genera como factor residual de la actividad en la región: alguna mano de obra primaria, compra de muy pocos insumos de ocasión en las localidades y algún servicio tercerizado que la minera suele contratar (transporte de personal, acarreo de material, repuestos o combustibles), lo cual suele generar algunas Pymes cuya estabilidad financiera depende, exclusivamente, de la actividad monoproductiva; cuando la minería sufre una crisis, estas empresas caen, quiebran o desaparecen.
A pesar de todo, los pueblos como Perito Moreno, Los Antiguos, Gregores y San Julián se mantienen al margen de las consecuencias nefastas que en el futuro repercutirán directamente en la vida de sus generaciones. Excepto algunos grupos de habitantes que son vistos como locos y "enemigos del progreso", no hay un movimiento social que ejerza control y exija compromiso a las empresas o reclamen ante el gobierno. Por el contrario, se sobrepone el interés de muchos propietarios de estancias por lucrar sin límites, el conformismo de sociedades que se contentan con pequeñas "donaciones", intendentes que callan, otorgan y hasta apoyan por dádivas y superempresarios mineros que reeditan el reparto de los espejitos de colores, a los naturales de América, cuando los conquistadores bajaban de sus barcos para "evangelizar", con la biblia en una mano y la espada en la otra.
(1) Nota de la redacción: La pregunta es correcta, sin embargo la dimensión de los impactos sociales y ambientales de la megaminería es muy superior a cualquier compensación o aporte económico o fiscal. Es riesgoso reducir la problemática de las industrias extractivas no sustentables, como la minería a gran escala, solo a los tributos fiscales de la actividad y su relación con el valor de los minerales. También es necesario poner en discusión el propio modelo económico centrado en la explotación de bienes naturales y su exportación.
Fecha de Publicación: 08/06/2011
Fuente: No a la Mina - Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores y ni hablar San Julián (entre otras localidades) son pueblos impactados directamente por la minería. La acción de las multinacionales es frenética, intensiva y tiene como objeto la mayor producción en el menor tiempo posible. Patagonia Gold informó que el proyecto Cap Oeste, ubicado en "El Tranquilo" a poco más de 100 kms de Perito Moreno, cuando entre en la fase extractiva prevé la apertura de un "open pit" (explotación a cielo abierto) de 1.200 metros de largo y 150 metros de profundidad.
En Santa Cruz la megaminería no se detiene y los pueblos parecen estar al margen de lo que ocurre (y lo que les ocurrirá). Patagonia Gold informó que el proyecto Cap Oeste, ubicado en "El Tranquilo" a poco más de 100 kms (línea recta) de Perito Moreno, sobre el Macizo del Deseado está avanzado en un 95% (estaría terminado a fines de junio) promete altas leyes de oro y plata, incluyendo, de acuerdo a las muestras obtenidas, 13,30 metros con 8,58 gramos de oro y 508 gramos de plata por tonelada de piedra que destruirán.
Ya en "producción", la minera prevé la apertura de un "open pit" (explotación a cielo abierto, tal como se hace en Cerro Vanguardia) de 1.200 metros de largo y 150 metros de profundidad, tal como se desprende del comunicado de la empresa: "Tres perforadoras se encuentran actualmente trabajando en el lugar, completando una campaña de sondajes con diamantina HQ iniciada en el último trimestre del año pasado. A la fecha se han realizado 102 pozos por 20.646 metros. La campaña se encuentra actualmente en un 95% de avance y se estima su finalización para fines de junio" y señala "Cap Oeste incluye al depósito de Cap Oeste y al depósito COSE adyacente, en los que se han delineado hasta la fecha recursos combinados de 762.325 onzas de oro equivalente, 85% en la categoría de indicados".
¿Emprendimientos pesqueros?
Tal vez lo peritenses y por qué no los antiquenses tendrían que preguntarse si en un futuro, cuando la megaminería haya pasado como una exhalación por esas tierras y dejado enormes y profundos pozos contaminados, los cuales quedarán abiertos eternamente, porque jamás cumplirán las cláusulas dibujadas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) donde se "comprometen" a remediar el suelo "y dejarlo en condiciones similares a las encontradas antes del inicio de la actividad... (¿?)", podrán desarrollar tareas relacionadas con el turismo y la pesca, idea creada desde Fomicruz que, para evitarle a CV cumplir con las millonarias tareas de remediación de los más de 40 open pit visualizables desde las estratósfera, se les ha ocurrido llenarlos de agua y transformarlos en extraordinarios espejos para que los santacruceños tengamos al alcance de la mano una nueva atracción para pasar los fines de semana...
Apurémonos, antes que se aviven
Decenas y hasta cientos de proyectos mineros se desarrollan hoy en Santa Cruz, al amparo de una actividad silenciosa que recién sale a la luz cuando los réditos del negocio están expresamente comprobados. Las "políticas blandas" que desarrolla la nación en esta materia y la permisividad del gobierno provincial para ejercer controles y poner límites, les permiten desarrollar a las multinacionales un agresivo programa de cateo, exploración y explotación de oro y plata en todo el territorio santacruceño, utilizando la destructiva modalidad "a cielo abierto", donde las empresas vuelan miles de toneladas de roca con explosivos durante una década o más, generando un daño ambiental irreparable, sabiendo que nadie les exigirá rendición de cuentas, al cabo del programa establecido.
La inestabilidad política y social de países como el nuestro (y particularmente de provincias como Santa Cruz), hacen que estas empresas se pongan objetivos claros, precisos y a cumplir en el corto tiempo: mayor producción en el menor tiempo posible. De ahí la colocación de dobles y triples moliendas, que les permite a los yacimientos incrementar en dos o tres veces la producción, acortando en forma inversamente proporcional, los tiempos de explotación prometidos en los acuerdos previos.
Todos estos años las mineras han pagado solo el 1% de regalías a la provincia. Luego de grandes debates y presionados por la circunstancias (también por vergüenza, claro está) los diputados provinciales votaron llevar ese porcentaje al 3% (máximo permitido por ley nacional). Hoy existe un proyecto de los diputados de la oposición (Radicalismo) para elevar esas regalías al 12%. La pregunta es: Si se implementara el 12% de regalías y las empresas siguen operando en Santa Cruz, lo que evidenciaría la super rentabilidad que tienen las multinacionales, cuando el valor de la onza pasa los U$S 1.500 en el mundo; ¿Cuánto se ha perdido de ganar la provincia en todos este tiempo, en el cual las mineras han vaciado la tierra de un recurso que jamás volveremos a tener?. (1)
Acción sin reacción
La llamada "evangelización minera" es una estrategia similar (salvando las distancias temporales y las armas que utilizan) a la que motivó a los viejos conquistadores llegar al continente sudamericano: crear las condiciones favorables para llevarse las riquezas de la tierra a un costo mínimo. En ese marco todo les era permitido a los españoles y portugueses. Hoy, los gobiernos nacionales y provinciales admiten la intrusión de multinacionales que antes de afincarse en un lugar, despliegan en la zona una tarea de "concientización" de las bondades de la actividad, prometen suplir necesidades sociales "en lo inmediato", regeneran una y otra vez el gastado discurso de las "inversiones", lo cual no es otra cosa que el capital demandado por la empresa, para poder realizar las tareas de búsqueda o explotación del oro y la plata. Lo que se "derrama" de ese capital, en los pueblos impactados, es nimio y se genera como factor residual de la actividad en la región: alguna mano de obra primaria, compra de muy pocos insumos de ocasión en las localidades y algún servicio tercerizado que la minera suele contratar (transporte de personal, acarreo de material, repuestos o combustibles), lo cual suele generar algunas Pymes cuya estabilidad financiera depende, exclusivamente, de la actividad monoproductiva; cuando la minería sufre una crisis, estas empresas caen, quiebran o desaparecen.
A pesar de todo, los pueblos como Perito Moreno, Los Antiguos, Gregores y San Julián se mantienen al margen de las consecuencias nefastas que en el futuro repercutirán directamente en la vida de sus generaciones. Excepto algunos grupos de habitantes que son vistos como locos y "enemigos del progreso", no hay un movimiento social que ejerza control y exija compromiso a las empresas o reclamen ante el gobierno. Por el contrario, se sobrepone el interés de muchos propietarios de estancias por lucrar sin límites, el conformismo de sociedades que se contentan con pequeñas "donaciones", intendentes que callan, otorgan y hasta apoyan por dádivas y superempresarios mineros que reeditan el reparto de los espejitos de colores, a los naturales de América, cuando los conquistadores bajaban de sus barcos para "evangelizar", con la biblia en una mano y la espada en la otra.
(1) Nota de la redacción: La pregunta es correcta, sin embargo la dimensión de los impactos sociales y ambientales de la megaminería es muy superior a cualquier compensación o aporte económico o fiscal. Es riesgoso reducir la problemática de las industrias extractivas no sustentables, como la minería a gran escala, solo a los tributos fiscales de la actividad y su relación con el valor de los minerales. También es necesario poner en discusión el propio modelo económico centrado en la explotación de bienes naturales y su exportación.
Y siguen con la idea de otra central nuclear...
Argentina construirá una cuarta central nuclear pero espera nuevas normas de seguridad
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, confirmó en esta ciudad que Argentina construirá una cuarta central atómica, que se sumará a las de Embalse, Atucha I y Atucha II, ésta última todavía en construcción.
"El proyecto no está parado, está atrasado a la espera de si se realizan nuevas guías de seguridad después de lo de Fukushima, pero va a haber una cuarta central en la Argentina", aseguró a Télam la funcionaria.
En el marco de la ATOMEXPO 2011, donde hoy expondrá sobre el plan nuclear argentino, Boero dijo que la nueva central generará entre 1.000 y 1.600 megavatios, lo que representa un poco más del 4% de la energía total del país.
"Hemos preclasificado a cinco países, entre los cuales está Rusia, por eso estamos en la exposición", señaló.
La licitación se encuentra un poco demorada a la espera de los resultados finales de lo que ha sucedido en la central japonesa de Fukushima.
"Se está haciendo toda una revisión nuclear y ahora, el próximo 20, habrá una reunión muy importante donde vamos a tener un poco más claro todo lo que pasó, y un poco más de información, y con esos datos veremos si la Organización Internacional de Energía Atómica (OEIA) saca otro tipo de guías en materia de seguridad", agregó.
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, confirmó en esta ciudad que Argentina construirá una cuarta central atómica, que se sumará a las de Embalse, Atucha I y Atucha II, ésta última todavía en construcción.
"El proyecto no está parado, está atrasado a la espera de si se realizan nuevas guías de seguridad después de lo de Fukushima, pero va a haber una cuarta central en la Argentina", aseguró a Télam la funcionaria.
En el marco de la ATOMEXPO 2011, donde hoy expondrá sobre el plan nuclear argentino, Boero dijo que la nueva central generará entre 1.000 y 1.600 megavatios, lo que representa un poco más del 4% de la energía total del país.
"Hemos preclasificado a cinco países, entre los cuales está Rusia, por eso estamos en la exposición", señaló.
La licitación se encuentra un poco demorada a la espera de los resultados finales de lo que ha sucedido en la central japonesa de Fukushima.
"Se está haciendo toda una revisión nuclear y ahora, el próximo 20, habrá una reunión muy importante donde vamos a tener un poco más claro todo lo que pasó, y un poco más de información, y con esos datos veremos si la Organización Internacional de Energía Atómica (OEIA) saca otro tipo de guías en materia de seguridad", agregó.
Chaco: satélites para detectar desmontes
Usan imágenes satelitales para detectar desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques, cuyas oficinas funcionan en Sáenz Peña, cuenta con un Centro de Geo Información. Se trata de un centro donde se hace todo el seguimiento de permisos forestales e infracciones.
Las herramientas que se utilizan son imágenes satelitales y el mapeo digital Geo referenciado con el cual se puede hacer un seguimiento casi diario de todos los permisos y las infracciones.
“Es muy difícil escaparse a las imágenes, porque son datos casi diarios, muy objetivos, cualquiera puede pedir la imagen y verlas”, comentó el ingeniero Walter Massad coordinador de este centro. Señaló por otro lado que de esta forma se colabora también y mucho con la justicia, “la imagen en este caso pasa a ser una herramienta de la justicia como prueba por la objetividad y por el alcance”, explicó.
“Las imágenes de este centro están disponibles para todos los interesados”, dijo Massad al tiempo que recordó que hay diversos tipos de imágenes, pero que desde Recursos Naturales se trabaja con una imagen del Satélite Lanza y se la consigue por medio de un convenio que cuentan con la Comisión de Actividades Espaciales de la Nación en forma gratuita.
Desmontes ilegales
El ingeniero Massad explico que en la actualidad el GEO se dedica a dos cosas fundamentales, uno “ el monitoreo de los permisos, se entregan los permisos forestales y se pide unos datos que nos dan a nosotros la posición del terreno a trabajar sobre la superficie terrestre, por lo tanto nosotros cada semana, cada quince días estamos recorriendo cada uno de los permisos para ver en qué etapa va, y si no se sale del área especificada por el permiso. Y la otra gran tarea que está haciendo el centro es la detección de desmontes ilegales que llevamos detectados más de 400 desde marzo del 2010. Estos desmontes ilegales están concentrados en el norte de Cas Pampa del Infierno y Frentones, Rio Muerto, pero hay algunos en otras zonas como el sudeste de Charata, 9 de julio también tenemos algunos desmontes significativos y muchos menos en la zona este”, señaló el coordinador del GEO.
Sobre el particular dijo Massad que “los productores en general se cuidan mucho de no pasarse de la línea que ha fijado para su trabajo, pero tenemos algunos inconvenientes con el agente que maneja la topadora, ya que no está muy al tanto de lo que es una coordenada, de lo que es un punto georeferenciado entonces si no se les indica bien ellos generalmente tienden a salirse del predio”.
Aclaró entre otros aspectos que de esta forma se tiene identificado cada uno de los permisos, el tipo de permiso y sobre eso se va haciendo el monitoreo.
Al ser consultado si también se detecta la extracción de madera para sacarlo ilegalmente de la provincia dijo que si, “tenemos la capacidad de detectar el desmonte por topadora, y también podemos detectar el “picoteo” , que es la extracción de arboles con valores económicos y dejar todo lo otro como esta, eso nosotros lo hacemos a través de una metodología que tiene la imagen que se llama Radiometría en el cual cuando cambia la cobertura del suelo o del bosque, cambian ciertos parámetros de la imagen que a nosotros nos están indicando sin ver que se está sacando el árbol. En esos pixeles que son de 30 x 30 cuando hay 10 pixeles que están cambiando en forma vecina, nosotros mandamos los inspectores para ver que es lo que está pasando”.
Ejemplo de esto es un silvopastoril clandestino detectado de 830 has, en un campo fiscal según las imágenes que pueden observarse, este es un campo adjudicado a un Sr. Riva, pero que aparentemente fue adquirido en forma ilegal por un Sr. Chiappero, este expediente fue enviado a la oficina de fiscalización y control para que se actúe legalmente y se notifique al Instituto de Colonización sobre el importante daño al medio ambiente ocasionado por esta persona.
Entre otros aspectos sostuvo el ingeniero Masad que la provincia del Chaco es una de las pocas provincias que tiene este sistema de seguimiento contra los desmontes , “ en el seguimiento de montes y a este nivel sí, no somos muchos los que trabajos en imágenes satelitales para el monitoreo y evaluación de bosques”.
Otra tarea que se cumple a través del GEO es el seguimiento de aquellos planes otorgados para reforestación, “lo estamos haciendo con mucha intensidad porque eso nos interesa y se está por incentivar a través del Gobierno todo ese tema y también va a ser un monitoreo por imágenes muy intensivo”.
Finalmente aclaró que “el suelo de la provincia del Chaco está completamente mapeado y georeferenciado, o sea sabemos el monte sobre que unidad cartográfica cae en todo momento, es decir no hace falta verlo por imágenes, el INTA tiene su carta de suelo que esta georeferenciada y por ese lado nosotros sabemos qué tipo de suelo hay debajo de cada monte”.
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques, cuyas oficinas funcionan en Sáenz Peña, cuenta con un Centro de Geo Información. Se trata de un centro donde se hace todo el seguimiento de permisos forestales e infracciones.
Las herramientas que se utilizan son imágenes satelitales y el mapeo digital Geo referenciado con el cual se puede hacer un seguimiento casi diario de todos los permisos y las infracciones.
“Es muy difícil escaparse a las imágenes, porque son datos casi diarios, muy objetivos, cualquiera puede pedir la imagen y verlas”, comentó el ingeniero Walter Massad coordinador de este centro. Señaló por otro lado que de esta forma se colabora también y mucho con la justicia, “la imagen en este caso pasa a ser una herramienta de la justicia como prueba por la objetividad y por el alcance”, explicó.
“Las imágenes de este centro están disponibles para todos los interesados”, dijo Massad al tiempo que recordó que hay diversos tipos de imágenes, pero que desde Recursos Naturales se trabaja con una imagen del Satélite Lanza y se la consigue por medio de un convenio que cuentan con la Comisión de Actividades Espaciales de la Nación en forma gratuita.
Desmontes ilegales
El ingeniero Massad explico que en la actualidad el GEO se dedica a dos cosas fundamentales, uno “ el monitoreo de los permisos, se entregan los permisos forestales y se pide unos datos que nos dan a nosotros la posición del terreno a trabajar sobre la superficie terrestre, por lo tanto nosotros cada semana, cada quince días estamos recorriendo cada uno de los permisos para ver en qué etapa va, y si no se sale del área especificada por el permiso. Y la otra gran tarea que está haciendo el centro es la detección de desmontes ilegales que llevamos detectados más de 400 desde marzo del 2010. Estos desmontes ilegales están concentrados en el norte de Cas Pampa del Infierno y Frentones, Rio Muerto, pero hay algunos en otras zonas como el sudeste de Charata, 9 de julio también tenemos algunos desmontes significativos y muchos menos en la zona este”, señaló el coordinador del GEO.
Sobre el particular dijo Massad que “los productores en general se cuidan mucho de no pasarse de la línea que ha fijado para su trabajo, pero tenemos algunos inconvenientes con el agente que maneja la topadora, ya que no está muy al tanto de lo que es una coordenada, de lo que es un punto georeferenciado entonces si no se les indica bien ellos generalmente tienden a salirse del predio”.
Aclaró entre otros aspectos que de esta forma se tiene identificado cada uno de los permisos, el tipo de permiso y sobre eso se va haciendo el monitoreo.
Al ser consultado si también se detecta la extracción de madera para sacarlo ilegalmente de la provincia dijo que si, “tenemos la capacidad de detectar el desmonte por topadora, y también podemos detectar el “picoteo” , que es la extracción de arboles con valores económicos y dejar todo lo otro como esta, eso nosotros lo hacemos a través de una metodología que tiene la imagen que se llama Radiometría en el cual cuando cambia la cobertura del suelo o del bosque, cambian ciertos parámetros de la imagen que a nosotros nos están indicando sin ver que se está sacando el árbol. En esos pixeles que son de 30 x 30 cuando hay 10 pixeles que están cambiando en forma vecina, nosotros mandamos los inspectores para ver que es lo que está pasando”.
Ejemplo de esto es un silvopastoril clandestino detectado de 830 has, en un campo fiscal según las imágenes que pueden observarse, este es un campo adjudicado a un Sr. Riva, pero que aparentemente fue adquirido en forma ilegal por un Sr. Chiappero, este expediente fue enviado a la oficina de fiscalización y control para que se actúe legalmente y se notifique al Instituto de Colonización sobre el importante daño al medio ambiente ocasionado por esta persona.
Entre otros aspectos sostuvo el ingeniero Masad que la provincia del Chaco es una de las pocas provincias que tiene este sistema de seguimiento contra los desmontes , “ en el seguimiento de montes y a este nivel sí, no somos muchos los que trabajos en imágenes satelitales para el monitoreo y evaluación de bosques”.
Otra tarea que se cumple a través del GEO es el seguimiento de aquellos planes otorgados para reforestación, “lo estamos haciendo con mucha intensidad porque eso nos interesa y se está por incentivar a través del Gobierno todo ese tema y también va a ser un monitoreo por imágenes muy intensivo”.
Finalmente aclaró que “el suelo de la provincia del Chaco está completamente mapeado y georeferenciado, o sea sabemos el monte sobre que unidad cartográfica cae en todo momento, es decir no hace falta verlo por imágenes, el INTA tiene su carta de suelo que esta georeferenciada y por ese lado nosotros sabemos qué tipo de suelo hay debajo de cada monte”.
La fiebre del litio en Salta
La fiebre del litio
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.
“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.
Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.
“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.
Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”
Quieren sanciones para los delitos ambientales
Quieren sanciones para los delitos ambientales
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La legisladora nacional presenta hoy un proyecto de ley para tipificar e incluir en el Código Penal los delitos que atenten contra la naturaleza.
En materia de derecho ambiental, la Conferencia de Estocolmo fue el punto de partida para que algunos países latinoamericanos comenzaran a legislar sobre protección. Pero esos esfuerzos legislativos no han sido suficientes para detener un flagelo que creció exponencialmente en detrimento de esas aspiraciones y del cuidado de la naturaleza.
La Constitución nacional consagra derechos relacionados con ello en su artículo 41, y la normativa respecto a la materia penal ambiental es dispersa.
Se estima que desde 2000 se vienen sustanciando en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial. Sólo por la contaminación del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, la unidad recibió más de 200 denuncias, de las cuales la mitad es contra curtiembres y frigoríficos que nunca fueron condenados.
En ese marco y, teniendo en cuenta que ayer se conmemoró el Día del Ambiente, la candidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada nacional Fernanda Reyes decidieron presentar un proyecto de ley para tipificar y penar los delitos ambientales.
Con esta última dialogó Comercio y Justicia y le pidió algunas precisiones sobre la iniciativa, que ingresa hoy a la Cámara Baja. Cabe destacar que Reyes integra la Comisión de Minería de ese cuerpo y ha presentado durante su gestión varios proyectos relacionados con la cuestión ambiental y de recursos naturales.
- Antes de elaborar el proyecto ¿cuál es el diagnóstico que hicieron sobre la situación ambiental en el país?
- El problema ambiental en Argentina es grave. El vacío legal o la dificultad a la que se enfrentan quienes tienen que investigar los delitos de índole ambiental es muy grande y ha permitido que los problemas sean cada vez mayores. Nosotros recibimos todos los días reclamos de la gente, que ve avasallados sus derechos y no sabe qué hacer.
Está claro que la cuestión no ha tenido una política de Estado y hoy se encuentra subordinada a los negocios del Ministerio de Planificación y de los gobernadores. La legislación vigente se incumple con el otorgamiento de recursos para la aplicación de las normas ambientales o se subejecutan las partidas presupuestarias.
- ¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto que presentarán?
- Procuramos saldar la protección indirecta que tiene el ambiente, otorgándole un capítulo exclusivo dentro del Código Penal, igual que a los delitos contra la vida o la libertad. El proyecto tipifica como delitos las acciones y obras que atenten contra el patrimonio cultural y arquitectónico, contra el ambiente y los recursos naturales. También establece sanciones para funcionarios y particulares que falseen información en las evaluaciones de impacto ambiental, y para los funcionarios públicos que autoricen obras o actividades que violen las normas ambientales vigentes. El proyecto tiene como base la normativa española, que es una de las más avanzada en lo que a delitos ambientales se refiere.
- ¿Prevén penas de prisión para quienes incumplan la normativa y pongan en riesgo la salud de la población?
- Sí, precisamente la idea es que esos delitos merezcan un castigo y una pena según sea la responsabilidad y el tipo de delito del que se trate. No obstante, esas penas, evidentemente, deberán debatirse oportunamente en la Cámara Diputados.
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La legisladora nacional presenta hoy un proyecto de ley para tipificar e incluir en el Código Penal los delitos que atenten contra la naturaleza.
En materia de derecho ambiental, la Conferencia de Estocolmo fue el punto de partida para que algunos países latinoamericanos comenzaran a legislar sobre protección. Pero esos esfuerzos legislativos no han sido suficientes para detener un flagelo que creció exponencialmente en detrimento de esas aspiraciones y del cuidado de la naturaleza.
La Constitución nacional consagra derechos relacionados con ello en su artículo 41, y la normativa respecto a la materia penal ambiental es dispersa.
Se estima que desde 2000 se vienen sustanciando en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial. Sólo por la contaminación del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, la unidad recibió más de 200 denuncias, de las cuales la mitad es contra curtiembres y frigoríficos que nunca fueron condenados.
En ese marco y, teniendo en cuenta que ayer se conmemoró el Día del Ambiente, la candidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada nacional Fernanda Reyes decidieron presentar un proyecto de ley para tipificar y penar los delitos ambientales.
Con esta última dialogó Comercio y Justicia y le pidió algunas precisiones sobre la iniciativa, que ingresa hoy a la Cámara Baja. Cabe destacar que Reyes integra la Comisión de Minería de ese cuerpo y ha presentado durante su gestión varios proyectos relacionados con la cuestión ambiental y de recursos naturales.
- Antes de elaborar el proyecto ¿cuál es el diagnóstico que hicieron sobre la situación ambiental en el país?
- El problema ambiental en Argentina es grave. El vacío legal o la dificultad a la que se enfrentan quienes tienen que investigar los delitos de índole ambiental es muy grande y ha permitido que los problemas sean cada vez mayores. Nosotros recibimos todos los días reclamos de la gente, que ve avasallados sus derechos y no sabe qué hacer.
Está claro que la cuestión no ha tenido una política de Estado y hoy se encuentra subordinada a los negocios del Ministerio de Planificación y de los gobernadores. La legislación vigente se incumple con el otorgamiento de recursos para la aplicación de las normas ambientales o se subejecutan las partidas presupuestarias.
- ¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto que presentarán?
- Procuramos saldar la protección indirecta que tiene el ambiente, otorgándole un capítulo exclusivo dentro del Código Penal, igual que a los delitos contra la vida o la libertad. El proyecto tipifica como delitos las acciones y obras que atenten contra el patrimonio cultural y arquitectónico, contra el ambiente y los recursos naturales. También establece sanciones para funcionarios y particulares que falseen información en las evaluaciones de impacto ambiental, y para los funcionarios públicos que autoricen obras o actividades que violen las normas ambientales vigentes. El proyecto tiene como base la normativa española, que es una de las más avanzada en lo que a delitos ambientales se refiere.
- ¿Prevén penas de prisión para quienes incumplan la normativa y pongan en riesgo la salud de la población?
- Sí, precisamente la idea es que esos delitos merezcan un castigo y una pena según sea la responsabilidad y el tipo de delito del que se trate. No obstante, esas penas, evidentemente, deberán debatirse oportunamente en la Cámara Diputados.
Atucha cuesta tres veces más que lo previsto
Terminar Atucha cuesta tres veces más que lo previsto
Fecha de Publicación: 05/06/2011
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Demandó US$ 2.200 millones desde que se retomó la obra en 2005. Una planta nuclear nueva cuesta unos US$ 3 mil millones.
Como sucedió con la Represa Binacional Yacyretá, la Central Nuclear Atucha II demandará casi tres décadas de construcción y mucho más presupuesto que el estimado. En el caso de la planta atómica, que como anticipó PERFIL el domingo pasado, será inaugurada por la presidenta Cristina Kirchner en septiembre, el monto se multiplicaría al menos por tres o incluso más.
En 2005, cuando surgió la idea de retomar la construcción de la central, se proyectaba un costo de US$ 700 millones para terminarla. Pero se demandaron US$ 2.200 millones para hacerlo.
La información fue confirmada por fuentes oficiales.
“Levantar una central nuclear desde cero tiene un costo que supera los US$ 3 mil millones; pero en 2006, cuando comenzaron las tareas para terminarla, la obra tenía un avance superior al 80%. Se estimó entonces menos de US$ 700 millones”, aseguraron funcionarios.
“Sin embargo, en 2010 se actualizó a US$ 2.200 millones”. Es decir que el costo de terminar Atucha II será un poco menos que el de una central nueva.
El martes último, en ocasión del Día Nacional de la Energía Atómica, se realizaron varios actos y reuniones en donde la empresa estatal NA-SA difundió información en el que se asegura que la inversión es de US$ 2.200 millones, que la obra tiene un avance de 90% y que será inaugurada en septiembre y estará operando desde 2012 (ver aparte).
Fuentes cercanas al proyecto acusan al incremento de los costos: “El cobre triplicó su precio desde 2005 a hoy de US$ 2.700 a US$ 9 mil la tonelada”, argumentó. Explicó que en los últimos meses se terminó de montar el sistema eléctrico de Atucha II, para los que se necesitaron “3 mil kilómetros de cable”, provistos por la empresa norteamericana Prysmian.
El incremento en los fondos benefició a empresas que suelen estar detrás de proyectos públicos, como Eletroingeniería, Dycasa y Iecsa. También Techint y Siemens participan de la obra. Entre todas llegaron a contratar a más de 5 mil personas, con elevados sueldos. Un soldador, por ejemplo, cobraba en 2009 unos $ 10 mil de bolsillo. “Y aún así había vacantes” sin cubrir. Por eso, NA-SA abrió una escuela dedicada a esa tarea.
Este año, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá más de $ 40 millones adicionales de presupuesto para las tareas de revisión de la obra y habilitación.
Confirmación, por otros medios
Jorge Sidelnik gerente de NA-SA, la empresa estatal que construye Atucha II confirmó que la planta atómica será inaugurada en el mes de septiembre y sugirió que será la presidenta Cristina Kirchner la que lo hará. Así lo informó PERFIL la semana pasada, a pesar de que los funcionarios de NA-SA no respondieron los llamados de este medio.
“Pronto arrancaremos con las pruebas. Esperamos llegar a la puesta en marcha de Atucha II para el mes de septiembre de este año”, dijo Sidelnik, gerente a medios locales de Zárate y Campana, consignadas ayer por el diario El Debate.
“Estamos con muchas expectativas en la puesta en marcha de Atucha II y en este segundo semestre vamos a continuar con las pruebas”, expresó Sidelnik, quien reconoció que no obstante, la pruebas del reactor nuclear se produciría recién “a principios del año que viene”. Sugirió, además, que la primera mandataria encabezaría la inauguración, al resaltar que en realidad “es el esfuerzo de todos, más allá de quien presiona un botón o no. Esto va desde la Presidencia, el directorio hasta la última persona”.
Sidelnik dijo que hay 2 mil personas trabajando en la nueva planta y que se compró un simulador para el entrenamiento de los 500 técnicos que operarán la central cuando esté activa. También se entusiasmó con levantar la cuarta central nuclear argentina, en los predios aledaños a Atucha I y II. Para eso, el Gobierno firmó acuerdos con Rusia para construir el nuevo reactor.
Fecha de Publicación: 05/06/2011
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Demandó US$ 2.200 millones desde que se retomó la obra en 2005. Una planta nuclear nueva cuesta unos US$ 3 mil millones.
Como sucedió con la Represa Binacional Yacyretá, la Central Nuclear Atucha II demandará casi tres décadas de construcción y mucho más presupuesto que el estimado. En el caso de la planta atómica, que como anticipó PERFIL el domingo pasado, será inaugurada por la presidenta Cristina Kirchner en septiembre, el monto se multiplicaría al menos por tres o incluso más.
En 2005, cuando surgió la idea de retomar la construcción de la central, se proyectaba un costo de US$ 700 millones para terminarla. Pero se demandaron US$ 2.200 millones para hacerlo.
La información fue confirmada por fuentes oficiales.
“Levantar una central nuclear desde cero tiene un costo que supera los US$ 3 mil millones; pero en 2006, cuando comenzaron las tareas para terminarla, la obra tenía un avance superior al 80%. Se estimó entonces menos de US$ 700 millones”, aseguraron funcionarios.
“Sin embargo, en 2010 se actualizó a US$ 2.200 millones”. Es decir que el costo de terminar Atucha II será un poco menos que el de una central nueva.
El martes último, en ocasión del Día Nacional de la Energía Atómica, se realizaron varios actos y reuniones en donde la empresa estatal NA-SA difundió información en el que se asegura que la inversión es de US$ 2.200 millones, que la obra tiene un avance de 90% y que será inaugurada en septiembre y estará operando desde 2012 (ver aparte).
Fuentes cercanas al proyecto acusan al incremento de los costos: “El cobre triplicó su precio desde 2005 a hoy de US$ 2.700 a US$ 9 mil la tonelada”, argumentó. Explicó que en los últimos meses se terminó de montar el sistema eléctrico de Atucha II, para los que se necesitaron “3 mil kilómetros de cable”, provistos por la empresa norteamericana Prysmian.
El incremento en los fondos benefició a empresas que suelen estar detrás de proyectos públicos, como Eletroingeniería, Dycasa y Iecsa. También Techint y Siemens participan de la obra. Entre todas llegaron a contratar a más de 5 mil personas, con elevados sueldos. Un soldador, por ejemplo, cobraba en 2009 unos $ 10 mil de bolsillo. “Y aún así había vacantes” sin cubrir. Por eso, NA-SA abrió una escuela dedicada a esa tarea.
Este año, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá más de $ 40 millones adicionales de presupuesto para las tareas de revisión de la obra y habilitación.
Confirmación, por otros medios
Jorge Sidelnik gerente de NA-SA, la empresa estatal que construye Atucha II confirmó que la planta atómica será inaugurada en el mes de septiembre y sugirió que será la presidenta Cristina Kirchner la que lo hará. Así lo informó PERFIL la semana pasada, a pesar de que los funcionarios de NA-SA no respondieron los llamados de este medio.
“Pronto arrancaremos con las pruebas. Esperamos llegar a la puesta en marcha de Atucha II para el mes de septiembre de este año”, dijo Sidelnik, gerente a medios locales de Zárate y Campana, consignadas ayer por el diario El Debate.
“Estamos con muchas expectativas en la puesta en marcha de Atucha II y en este segundo semestre vamos a continuar con las pruebas”, expresó Sidelnik, quien reconoció que no obstante, la pruebas del reactor nuclear se produciría recién “a principios del año que viene”. Sugirió, además, que la primera mandataria encabezaría la inauguración, al resaltar que en realidad “es el esfuerzo de todos, más allá de quien presiona un botón o no. Esto va desde la Presidencia, el directorio hasta la última persona”.
Sidelnik dijo que hay 2 mil personas trabajando en la nueva planta y que se compró un simulador para el entrenamiento de los 500 técnicos que operarán la central cuando esté activa. También se entusiasmó con levantar la cuarta central nuclear argentina, en los predios aledaños a Atucha I y II. Para eso, el Gobierno firmó acuerdos con Rusia para construir el nuevo reactor.
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