Santa Fe: la contaminación de Petroquímica Bermúdez llegó a la Corte Suprema y vuelve a poner en foco uno de los mayores pasivos ambientales de la provincia

Fecha de Publicación: 23/04/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Santa Fe


La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, volvió a tomar fuerza y ahora podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un caso que lleva más de una década, pero que recién ahora empieza a ser conocido a nivel nacional por la magnitud del daño ambiental denunciado y por las sospechas de encubrimiento judicial y político.
La planta estaba ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, dentro del cordón industrial que une varias localidades al norte de Rosario. Durante años, la empresa funcionó elaborando productos químicos, pero cuando cerró definitivamente en 2014 dejó detrás un predio abandonado, con instalaciones deterioradas, residuos peligrosos y una fuerte contaminación en el suelo y en el agua subterránea.

Qué encontraron en el predio abandonado
Las pericias y estudios realizados en la zona detectaron sustancias altamente tóxicas que permanecían en el terreno incluso años después del cierre de la fábrica. Entre los contaminantes hallados aparecieron cloroformo, benceno, mercurio, tetracloruro de carbono y lindano, un pesticida prohibido en muchos países por su nivel de toxicidad.
También se denunciaron pérdidas de cloro, restos de materiales químicos abandonados y cientos de tubos con sustancias peligrosas que permanecieron durante años dentro del predio sin controles adecuados.
La preocupación no era solo ambiental. Muy cerca de la planta viven familias y funcionan escuelas. Vecinos de la zona denunciaron durante años olores fuertes, irritación en los ojos, problemas respiratorios y episodios vinculados a posibles escapes de gases.

El cierre de la causa y las sospechas de protección política
Cuando la investigación judicial empezaba a apuntar contra los responsables de la empresa, la causa tomó un giro inesperado. En 2018, la firma llegó a un acuerdo con autoridades provinciales para realizar tareas de remediación ambiental y, poco después, se avanzó en el cierre de la causa penal.
Ese acuerdo generó una fuerte polémica porque muchos sostienen que las tareas de limpieza nunca se completaron y que la contaminación sigue presente en el lugar. Además, se cuestionó que se utilizara una figura legal pensada para delitos menores en un caso de contaminación grave.
Con el paso de los años aparecieron sospechas de que existió una maniobra para beneficiar a los dueños de la empresa y evitar que afrontaran consecuencias penales. Parte de esas sospechas apuntan a ex funcionarios judiciales y provinciales que intervinieron en el expediente.

La pelea ahora llega a la Corte Suprema
Frente a las decisiones que cerraron o limitaron la investigación, la Fiscalía General decidió insistir y llevar el caso a la Corte Suprema nacional. El objetivo es que se revise todo el proceso y se determine si hubo irregularidades en la forma en que se archivó una de las causas ambientales más graves de Santa Fe.
Para quienes siguen el caso desde hace años, no se trata solamente de una discusión sobre una empresa quebrada. Lo que está en juego es si una fábrica puede contaminar durante décadas, cerrar, dejar residuos peligrosos y evitar sanciones mientras la comunidad sigue conviviendo con las consecuencias.
La historia de Petroquímica Bermúdez expone un problema que se repite en distintas partes del país: empresas que dejan pasivos ambientales enormes, controles estatales insuficientes y procesos judiciales que avanzan mucho más lento que la contaminación.
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Córdoba crea un Observatorio Climático en medio del ajuste nacional al sistema meteorológico

Fecha de Publicación: 23/04/2026
Fuente: Portal DataDiario
Provincia/Región: Córdoba


La Provincia puso en marcha el Observatorio Provincial de Acción Climática (OPAC) para generar información estratégica y fortalecer políticas públicas, en un contexto de recortes al Servicio Meteorológico Nacional.
En un contexto de cuestionamientos por el recorte de recursos al sistema meteorológico nacional, el Gobierno de Córdoba puso en marcha el Observatorio Provincial de Acción Climática (OPAC), un espacio orientado a producir información estratégica y fortalecer la toma de decisiones frente al cambio climático.
La iniciativa fue impulsada por la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, que encabezó el primer encuentro del organismo, concebido como un ámbito de articulación entre el sector público, el sistema científico y distintos actores vinculados a la agenda ambiental.
El observatorio tendrá funciones de monitoreo, evaluación y asesoramiento, además de promover políticas públicas en línea con el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático y compromisos internacionales asumidos por la provincia.
Del OPAC participan siete universidades públicas y privadas de Córdoba, junto al Observatorio Hidro-Meteorológico provincial, en una estructura que busca consolidar el trabajo interdisciplinario y el respaldo científico en la gestión climática.
Durante la reunión inaugural, autoridades provinciales destacaron la importancia de poner el conocimiento científico al servicio de las políticas públicas, en un escenario donde la disponibilidad de información técnica resulta clave para anticipar riesgos y planificar respuestas.
El encuentro permitió además que las instituciones compartieran sus líneas de trabajo y acordaran ejes comunes para la agenda climática 2026, en una instancia de intercambio técnico orientada a definir prioridades y fortalecer la coordinación interinstitucional.
La creación del observatorio se da en paralelo a un escenario nacional marcado por el vaciamiento de áreas vinculadas al monitoreo climático, lo que refuerza el rol de las provincias en la generación de datos y en el diseño de estrategias propias frente a fenómenos cada vez más complejos.
Con esta herramienta, Córdoba busca consolidar un espacio permanente que permita integrar información, mejorar la planificación y sostener políticas basadas en evidencia, en un contexto donde la crisis climática exige respuestas articuladas y de largo plazo.
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Corrientes: trasladan muitúes al Iberá para recuperar la especie en la región

Fecha de Publicación: 22/04/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Así se suman más aves nativas al Iberá en un nuevo paso para restaurar el ecosistema.
A seis meses del primer operativo, el Parque de la Biodiversidad (Córdoba) concretó un nuevo traslado de cinco ejemplares de muitú (Crax fasciolata) al Gran Parque Iberá, en Corrientes.
Esta acción forma parte de un programa de conservación que busca reintroducir esta especie en su ambiente natural.

Trabajo articulado para la conservación
El proyecto se desarrolla en conjunto con la Fundación Rewilding Argentina.
Gracias a este trabajo, se logró duplicar la cantidad de nacimientos en el último año, alcanzando diez pichones criados en condiciones controladas, de los cuales ya fueron trasladados diez en total hacia la provincia.

Una especie clave en riesgo
El muitú es un ave nativa de los bosques del noreste argentino y otras regiones de Sudamérica.
Su rol ecológico es central, pero enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y la caza furtiva, factores que redujeron significativamente su población en el último siglo.

Etapas antes de la liberación
Los ejemplares trasladados deberán atravesar un período de cuarentena y adaptación en el Iberá.
Luego, pasarán por una etapa de pre-suelta antes de su liberación definitiva en el entorno natural.

Restauración del ecosistema
La reintroducción del muitú se inscribe en una estrategia más amplia de restauración ambiental en el noreste argentino.
Iniciativas de este tipo buscan recomponer el equilibrio ecológico en la región y recuperar especies nativas que cumplen funciones clave en el ecosistema.
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Minería solicitó un nuevo informe de Impacto Ambiental para la reactivación de Alumbrera

Fecha de Publicación: 22/04/2026
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


El pasado viernes, en las instalaciones del club Racing de Andalgalá, se llevó a cabo la 9na Audiencia Pública de actualización del Informe de Impacto Ambiental etapa de explotación del proyecto minero Bajo La Alumbrera.
La audiencia contó con la participación de más de 300 vecinos de Andalgalá, equipo técnico de la Municipalidad de Andalgalá, del Concejo Deliberante, del Ministerio de Minería, del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, asambleas ciudadanas, representantes de la Cámara de Proveedores, autoridades de la empresa a cargo del proyecto, entre otras.
Tras escuchar todas las voces de los presentes, en una audiencia que duró 11 horas, el Ministerio de Minería ordenó la realización de un nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) a la empresa. Esta decisión se estableció dadas las observaciones fundadas del Equipo Técnico del Municipio de Andalgalá y miembros de la comunidad, atendiendo a la rigurosidad que debe tener un Informe de Impacto Ambiental y mediante la escucha activa a los vecinos. Al respecto, la ministra de Minería, Teresita Regalado, cerró la audiencia sosteniendo que “la empresa minera debe presentar una nueva versión del informe de impacto ambiental con todas las observaciones que realizó el equipo técnico del municipio”.
Argumentó que “es nuestro proceder (como Ministerio de Minería) que cuando hay más del 50% de cambios y observaciones, hay que realizar un nuevo informe que considere todas esas observaciones”. Ahora, la empresa deberá presentar un nuevo informe ante la sociedad andalgalense en un plazo que estipula el Ministerio de Minería según la normativa vigente.
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Más de 5.000 basurales a cielo abierto: contaminación, enfermedades y riesgo infantil

Fecha de Publicación: 21/04/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional


La existencia de unos 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina refleja una problemática estructural que combina deficiencias en la gestión de residuos, desigualdad social y riesgos sanitarios.
Así lo señala un documento de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que analiza el fenómeno desde una mirada integral y advierte sobre sus consecuencias en el ambiente y en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Residuos y contaminación
Los basurales a cielo abierto son el resultado de una gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos. Se trata de espacios donde la basura se deposita sin control ni tratamiento, en condiciones de total informalidad y sin medidas de seguridad, higiene o protección ambiental.
Esta situación tiene consecuencias directas sobre el entorno. La acumulación de residuos degrada los suelos y pone en riesgo la calidad del agua, especialmente por la filtración de contaminantes hacia las napas. Entre ellos, se destacan los nitratos, que pueden provocar enfermedades graves como la metahemoglobinemia en lactantes.
A su vez, la quema de basura —una práctica frecuente en estos sitios— libera gases tóxicos que afectan la salud de las comunidades cercanas, generando problemas respiratorios como asma o bronquitis crónica. Este fenómeno no solo impacta a nivel local: los basurales son responsables de aproximadamente el 10% de las emisiones de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero.

Vulnerabilidad social
El informe también pone el foco en el impacto social de estos espacios. La cercanía de los basurales con zonas habitadas es un dato preocupante: se estima que el 5,4% de los niños, niñas y adolescentes vive a menos de tres cuadras de uno, cifra que aumenta en contextos de mayor vulnerabilidad.
En barrios populares, la situación es aún más crítica. Un alto porcentaje presenta microbasurales en su entorno inmediato, sumado a deficiencias en servicios básicos como agua potable, cloacas y recolección regular de residuos.
En este contexto, los basurales se convierten en espacios de subsistencia para muchas familias. La recuperación de materiales reciclables o la búsqueda de alimentos forman parte de estrategias de supervivencia en escenarios de pobreza estructural.
Esta dinámica expone a niños y adolescentes a riesgos sanitarios severos, además de vulnerar derechos fundamentales como la educación, el juego y el acceso a un ambiente saludable. La informalidad en la actividad impide cualquier tipo de control o protección, lo que agrava la situación.

Falta de políticas públicas
Uno de los puntos críticos que señala el informe es la falta de un enfoque integral en la gestión de residuos. La presencia de niños en basurales no está suficientemente visibilizada en la legislación ni en los planes de manejo de residuos sólidos urbanos.
Las políticas ambientales y las de niñez suelen funcionar de manera separada, lo que dificulta abordar el problema en su complejidad. La ausencia de datos sistemáticos y registros específicos también limita la capacidad de diseñar intervenciones eficaces.
En este marco, se plantea la necesidad de fortalecer el monitoreo de normativas como la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, orientada a garantizar un manejo adecuado de los residuos y proteger la salud de la población.
Frente a este escenario, la SAP propone avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, basado en la economía circular y en la formalización de las actividades vinculadas al reciclaje.
Entre las medidas sugeridas se encuentra la implementación de rellenos sanitarios controlados, que permitan reducir la contaminación y minimizar los riesgos ambientales. También se plantea la necesidad de promover políticas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
Un aspecto clave es la formalización del trabajo adulto en este sector. Integrar a los recicladores en sistemas organizados y con condiciones laborales adecuadas no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que también reduce la necesidad de que niños participen en estas actividades.
Asimismo, se destaca la importancia de fortalecer el Plan Nacional de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, con acciones coordinadas entre los distintos niveles del Estado.
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Donde vuelve el agua, renace la vida: la misión de restaurar vertientes en la Patagonia

Fecha de Publicación: 21/04/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Santa Cruz


En uno de los paisajes más áridos del país, los humedales vencieron a la sequía gracias al trabajo de un equipo científico en Santa Cruz. "Son como oasis", explica el guardaparques Román Mosqueira. La experiencia de devolver equilibrio ecológico.
En la estepa patagónica, donde el clima impone sus reglas y el horizonte se extiende sin final, algo empieza a suceder en Santa Cruz: el agua vuelve a abrirse camino luego del trabajo científico en territorio, casi en silencio. 
No son grandes ríos ni lagos. Son vertientes o nacimientos de agua subterránea que, al reaparecer, reactivan uno de los procesos ecológicos vitales para la región: la regeneración de humedales. Este fenómeno no es espontáneo. Es el resultado de ocho años de trabajo sostenido en el Parque Patagonia, donde equipos técnicos y científicos avanzan en la restauración de ecosistemas degradados. 
Las vertientes son nacimientos de agua que provienen de las mesetas, en este caso Buenos Aires y Summich. El trabajo por recuperarlas, tiene una historia reciente que explica por qué estos ambientes pueden regenerarse.
“Los campos que hoy forman parte del Parque Patagonia eran usados para la producción de ganado”, cuenta el guardaparque e integrante de la Estación Biológica El Unco de la Fundación Rewilding Argentina a Diario RÍO NEGRO.
Oriundo de Chubut, Román se graduó en la Universidad Provincial de Córdoba en 2022. “Desde muy chico mi papá me llevaba siempre a pescar o a recorrer campos de la Patagonia. Y siempre se me despertaba el deseo de querer explorar, de conocer un poco más allá de lo que veíamos”, cuenta. 
Ese fue su primer contacto con la naturaleza. En 2023 ingresó a Fundación Rewilding, primero como voluntario, ahora es referente no solo del proyecto de restauración de humedales, sino también en uno de control de especies exóticas invasoras.

Ocho años de trabajo con los humedales
Las primeras tareas en la zona comenzaron en 2018. Lo primero que hicieron fue retirar el ganado, luego los alambrados y empezaron a intervenir las vertientes. “Al hacer todos estos trabajos, observamos que el humedal empezó a regenerarse y, a lo largo de cuatro años, de tener 8 hectáreas, se transformaron en 30 hectáreas. Y esto sigue creciendo”, comenta.
Actualmente, el equipo compuesto por cuatro personas trabaja sobre seis vertientes activas, aunque un relevamiento del año pasado identificó que hay más de 100 vertientes dentro del parque. «Tenemos un gran trabajo por delante», dice. 

Restaurar sin imponer: acompañar a la naturaleza
“El objetivo no es construir algo nuevo, sino ayudar a que el sistema vuelva a funcionar”, explica Román. Esa definición sintetiza el enfoque científico del proyecto: intervenir lo mínimo indispensable para reactivar procesos naturales. 
«Sería como acompañar estos procesos naturales en lugar de reemplazarlos, haciendo lo mínimo necesario para que el propio ecosistema pueda ir recuperándose», explica el guardaparques.
Las acciones que implementan son precisas y concretas: limpian cauces obstruidos, remueven especies exóticas invasoras como menta y berro, recanalizan vertientes, construyen pequeñas retenciones para regular el flujo de agua y plantan especies nativas como juncos y ciperáceas.
Cada intervención persigue el objetivo de permitir que el agua fluya, se distribuya y permanezca el tiempo suficiente para sostener biodiversidad. 
Las señales de reactivación se perciben por la vista: agua, verde y aves. Primero, aparece el agua, que empieza a fluir con mayor continuidad, se mantiene en superficie por más tiempo y genera nuevas zonas húmedas. Después, la vegetación: vuelven las especies hidrófilas y se expanden zonas verdes en plena estepa. Y por último, se ve en la fauna. Aparecen aves y mamíferos. Cada especie que se suma confirma el logro: ese sistema vuelve a estar en funcionamiento.

El rol de los humedales en la Patagonia: pequeños oasis
En un ambiente árido como el de la región patagónica, los humedales cumplen un papel clave, según detalla Román. «Son indispensables para todo el ecosistema en general porque ayudan a retener y a regular el agua, mantienen los suelos húmedos, permiten el desarrollo de vegetación», plantea. 
“Son como oasis”, describe el guardaparque sin exagerar. Su recuperación no solo mejora el paisaje sino que también redefine el equilibrio ecológico de toda la región. 

El impacto de la recuperación de humedales
Desde el inicio del proyecto en 2018, tras el retiro del ganado y la eliminación de infraestructuras que alteraban el terreno, un humedal se expandió. Ese crecimiento es la evidencia de que los sistemas ecológicos tienen capacidad de resiliencia. “Cuando el agua vuelve a circular, el ecosistema responde”, resume Mosqueira.
Lejos de ser un proceso aislado, la restauración contempla un factor comunitario. Las comunidades aportan conocimiento porque saben dónde estaban las vertientes, cómo cambió el paisaje y qué usos tuvo el territorio. Esa información se complementa con el trabajo científico para hacer intervenciones más efectivas. “Es un proceso compartido”, dice Román.
La restauración en el Parque Patagonia deja una lección que trasciende lo ambiental. A pesarde los años de degradación, los ecosistemas son capaces de regenerarse. Solo necesitan tiempo, condiciones adecuadas y, en algunos casos, una ayuda mínima, pero estratégica.
«La naturaleza tiene una gran capacidad de resiliencia. Después de haber sido alterados, degradados por las distintas acciones humanas, si se les da tiempo y se generan las condiciones adecuadas, estos ecosistemas pueden recuperarse», reflexiona Román. 
“Quizá no vuelva a ser exactamente como antes, pero se trata de encontrar un equilibrio que permita que la vida siga sosteniéndose”, cierra. 
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Ley de Glaciares: la reforma llega a la Corte Suprema y se redefine el futuro del agua y la minería en Argentina

Fecha de Publicación: 20/04/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Nacional


La reforma de la Ley de Glaciares abrió una nueva etapa marcada por la judicialización del conflicto ambiental en Argentina. Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el debate se trasladó rápidamente a la Corte Suprema.
Sin embargo, lo que está en juego trasciende lo legal, ya que involucra la protección de reservas estratégicas de agua dulce. En consecuencia, el escenario anticipa una fuerte disputa que podría resolverse en los tribunales federales.
Al mismo tiempo, organizaciones ambientales y sectores productivos sostienen posturas contrapuestas. Por lo tanto, el país enfrenta una discusión clave sobre su modelo de desarrollo.

Amparos y ofensiva judicial en Mendoza, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
Diversas organizaciones presentaron amparos para frenar la aplicación de la reforma. A su vez, estas acciones se multiplican en provincias como Mendoza, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
En paralelo, la Asociación Americana de Juristas y el Foro Ecologista de Paraná impulsaron una presentación directa ante la Corte Suprema. Este recurso propone un enfoque innovador en la protección ambiental.
Asimismo, se plantea reconocer a los glaciares y al ambiente periglacial como sujetos de derecho. De este modo, se busca otorgarles una protección jurídica autónoma frente a intereses económicos.

Los cambios en la ley: qué se busca modificar y su impacto ambiental
La reforma apunta a redefinir criterios sobre qué áreas deben considerarse protegidas. En particular, introduce precisiones sobre zonas glaciares y periglaciares, lo que podría habilitar actividades productivas en ciertos territorios.
Además, se busca reducir ambigüedades en la normativa vigente. Según sectores productivos, esto permitiría mayor previsibilidad para inversiones mineras.
No obstante, ambientalistas advierten que estos cambios implican una flexibilización de la protección. En consecuencia, temen que se afecten reservas clave de agua dulce y ecosistemas de alta montaña.

El agua en el centro del conflicto: Neuquén y La Pampa marcan el camino
En Neuquén, legisladores impulsaron un amparo al considerar que la reforma pone en riesgo más de 500 cuerpos de hielo. Estos sistemas son fundamentales para el abastecimiento hídrico regional.
Por su parte, La Pampa también judicializó la norma, pese a no contar con glaciares propios. Sin embargo, depende de ríos de origen glaciar, como el Colorado.
En este contexto, ambas provincias coinciden en que cualquier alteración en estos ecosistemas puede impactar directamente en la disponibilidad y calidad del agua.
La provincia de Buenos Aires rechaza la reforma de la Ley de Glaciares asegurando que “el daño será irreversible”. Foto: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Glaciares, cambio climático y riesgos ambientales en aumento
La discusión ocurre en un escenario de creciente presión climática sobre la criosfera. En efecto, el retroceso de glaciares ya es una realidad en gran parte de la cordillera.
Además, los incendios forestales en la Patagonia agravan la situación, afectando áreas periglaciares. Por ello, algunos sectores reclaman un plan interjurisdiccional de gestión del riesgo climático.
En consecuencia, la posible reducción de controles podría acelerar procesos de degradación. Esto impactaría no solo en el ambiente, sino también en actividades productivas que dependen del agua.

Minería, inversiones y el desafío de equilibrar desarrollo y conservación
Desde el sector minero, la reforma es vista como una oportunidad para destrabar proyectos estratégicos. Particularmente, aquellos vinculados a minerales como cobre y oro.
Asimismo, sostienen que la actualización normativa permite operar bajo estándares ambientales claros. De este modo, buscan compatibilizar producción y cuidado del entorno.
Sin embargo, la judicialización introduce incertidumbre sobre el futuro de estas inversiones. Finalmente, será la Corte Suprema la que defina el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
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Del Riachuelo a Vaca Muerta: las compañías que acumulan denuncias ambientales y ahora temen la cárcel para sus CEOs

Fecha de Publicación: 20/04/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


El comportamiento ambiental de las empresas en Argentina está bajo una lupa más estricta que nunca. La crisis climática dejó de ser advertencia para convertirse en realidad cotidiana, y con ella llegó un cambio de reglas: el mercado y la sociedad civil exigen hoy una «licencia social para operar» que muchas compañías locales y multinacionales están perdiendo.
Los balances financieros positivos ya no alcanzan. En 2026, varios sectores concentran la mayor cantidad de denuncias y sanciones por su impacto en los ecosistemas argentinos, y el costo de ignorar esa realidad ya no es solo una multa, sino la exclusión comercial internacional y, en casos extremos, la cárcel para sus directivos, según detalló Economía Sustentable.

El sector agroquímico lidera el ranking de sanciones ambientales
La industria agroquímica encabeza el listado de conflictos legales por daño ambiental. El problema central: la gestión deficiente de envases de fitosanitarios.
La falta de un sistema eficiente de recuperación llevó a que toneladas de plásticos con restos de químicos peligrosos terminen quemados o enterrados. Las consecuencias: napas y suelos contaminados en zonas agrícolas.
Bayer (ex Monsanto) lidera históricamente los rankings de multas en la Provincia de Buenos Aires. En años recientes, las sanciones superaron los $130 millones por incumplimiento de la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos.
Syngenta y Atanor también figuran en el top de las más sancionadas. Atanor enfrentó clausuras preventivas en su planta de San Nicolás tras confirmarse vertidos contaminantes que afectan directamente a comunidades locales.

Riachuelo: la herida abierta que involucra a 434 empresas contaminantes
El río Matanza-Riachuelo sigue siendo una de las cuencas más contaminadas del mundo. Son 64 km que actúan como límite sur de la Ciudad de Buenos Aires y desembocan en el Río de la Plata.
La cuenca concentra efluentes industriales y cloacales con altos niveles de metales pesados que afectan a más de cuatro millones de personas. A pesar de los planes de saneamiento de ACUMAR, el río sigue recibiendo desechos de cientos de establecimientos.
ACUMAR tiene identificadas al menos 434 empresas como agentes contaminantes vigentes en la cuenca. Incluyen frigoríficos, curtiembres, empresas químicas y metalúrgicas.
Informes recientes enumeran un listado de responsables directos de la situación socioambiental que denuncian los habitantes de la zona, según detalló Economía Sustentable.
La cadena de supermercados Coto CICSA continúa contaminando el Riachuelo, pese a tener un plan de adecuación presentado y en ejecución.
Sadesa S.A., curtiembre propiedad de Manuel Galperín (hermano del fundador de Mercado Libre), provee cuero a Nike y Adidas. Según ACUMAR, su planta en Villa Fiorito vierte plomo y cromo al barrio, a pesar de la presión vecinal.
STERICYCLE, multinacional de tratamiento de desechos médicos con sede en Illinois, enfrenta acusaciones por pago de coimas para obtener contratos. Hoy opera bajo el nombre TriEco, con incineradores en Villa Inflamable.
Shell (ahora Raizen) aparece denunciada por contaminación desde el aeropuerto de Ezeiza y desde su refinería en Dock Sud.
Klaukol-Sika, empresa canadiense de productos para construcción, vio frenada su actividad en La Matanza en 2022 por la Justicia Federal, tras verificarse contaminación de napas.
DOTA S.A., el grupo más grande de transporte de pasajeros del país, opera 182 de las 390 líneas de colectivo del AMBA. Sus terminales en Lomas de Zamora fueron registradas como focos de vertidos de hidrocarburos y residuos peligrosos sin tratamiento.

Minería y energía: el boom del litio trae nuevas denuncias
El sector minero-energético tiene su propio listado de empresas cuestionadas. Con el auge del litio y la expansión petrolera, las denuncias por falta de consulta previa y riesgo hídrico escalaron a nivel judicial.
Minera Alumbrera fue condenada por contaminación de suelos y aguas. El caso sentó precedente sobre responsabilidad corporativa en zonas de explotación minera.

Del castigo económico a la responsabilidad penal: el debate que divide al sector
Organizaciones como Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas advierten que mientras las multas sigan siendo costos pagables en comparación con las ganancias, el daño continuará.
Para muchas grandes corporaciones, una multa de millones de dólares es simplemente un gasto operativo. Si implementar tecnología limpia cuesta u$s100 millones, pero la multa por contaminar es de u$s10 millones, la lógica financiera dicta seguir contaminando.
Además, muchas empresas declaran quiebra o vacían activos tras un desastre ambiental, dejando al Estado la carga económica de la limpieza. En Argentina, las multas a veces quedan desfasadas por la inflación antes de ser cobradas.
La propuesta de criminalizar los delitos ambientales busca romper la barrera de la persona jurídica y responsabilizar a directorios y CEOs. Sus defensores aseguran que tiene un efecto disuasorio real: la amenaza de pérdida de libertad tiene un peso que el dinero no tiene.
A nivel internacional, existe un fuerte movimiento para que el «Ecocidio» sea reconocido como el quinto crimen contra la paz en la Corte Penal Internacional, al nivel de los crímenes de lesa humanidad, según detalló Economía Sustentable.

Las tres alternativas que ya aplica la justicia argentina
Más allá de la cárcel o el dinero, está surgiendo una tercera vía que parece la más efectiva:
- Reparación obligatoria: que la empresa no solo pague, sino que deba restaurar el ecosistema dañado a su estado original.
- Sanciones reputacionales: prohibición de contratar con el Estado o pérdida de certificaciones internacionales, golpeando el valor de las acciones.
- Monitoreo comunitario: permitir que las comunidades afectadas auditen las operaciones de forma permanente.
La tendencia global sugiere que las multas por sí solas fracasaron. Para frenar el daño se requiere un esquema híbrido: sanciones económicas punitivas, reparación obligatoria y, en casos de dolo o negligencia grave, responsabilidad penal.

La justicia argentina ya envía CEOs a prisión por contaminar
Contrario a la creencia popular, la justicia argentina ya está enviando directivos a prisión, aunque con matices importantes.
En los últimos años (2024-2026) se dictaron sentencias históricas que aplican la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos:
- Caso Ingenio La Corona (Tucumán, 2024): dos directivos condenados a tres años de prisión por vertido de vinaza que contaminó cursos de agua.
- Caso Ingenio La Florida (Santiago del Estero): penas de prisión a responsables corporativos por contaminación ambiental.
- Caso Vintage Oil (Mendoza): condenas a tres ingenieros y jefes de yacimiento por vuelco de agua de purga en cauces secos.
Si bien hay condenas, la mayoría son de ejecución condicional. El CEO declarado culpable tiene antecedentes penales, pero no pisa una celda salvo que reincida.
Los proyectos de ley (como el de Ecocidio) buscan elevar el piso de las penas a 5 o 15 años en casos irreversibles, lo que obligaría al cumplimiento efectivo.

El Efecto Bruselas: cómo Europa obliga a los jueces argentinos a ser más duros
En Argentina ya está sucediendo un fenómeno global conocido como el «Efecto Bruselas». Se trata de la presión internacional que no llega solo como pedido diplomático, sino como barrera comercial y legal infranqueable que obliga a los jueces locales a elevar la vara de las sanciones.
Tres motores están forzando a la justicia argentina a ser más severa:
1. La Cláusula Espejo y la Trazabilidad (EUDR): Con el Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación, las empresas argentinas que exportan soja, carne o madera deben demostrar con geolocalización que no dañaron ecosistemas desde diciembre de 2020.
Si un juez argentino es laxo y permite que una empresa desmonte ilegalmente, esa empresa queda fuera del mercado europeo. Los jueces ahora entienden que un fallo a favor del infractor condena comercialmente a la compañía a nivel global.
2. La Directiva de Debida Diligencia (CSDDD): Esta normativa europea obliga a las grandes empresas de la UE a responder legalmente por abusos ambientales cometidos por sus proveedores en el extranjero, incluida Argentina.
La directiva facilita que comunidades afectadas en Argentina demanden a la casa matriz en Europa. Ante el riesgo de que una corte europea intervenga, los jueces argentinos se ven presionados a actuar con celeridad para mantener la soberanía judicial.
3. El Mecanismo CBAM (Impuesto al Carbono): Penaliza las importaciones de acero, cemento o fertilizantes que no paguen un precio por sus emisiones en su país de origen.
Para que Argentina no pierda ese dinero en aduanas europeas, el país necesita fortalecer su propio mercado de carbono. Un juez que impone multas severas está ayudando a crear el precio al carbono que la UE exige para no cobrar impuestos en frontera.

Cómo reacciona el círculo rojo empresario ante el fin de la impunidad
Dentro del sector corporativo argentino, este cambio de paradigma genera la convivencia de dos realidades paralelas. La conciencia de que el escenario cambió es total, pero la resistencia interna se manifiesta como inercia operativa difícil de romper.
El sector privado se divide en tres grupos según su nivel de adaptación: las empresas exportadoras que se adaptaron por necesidad financiera, las PyMEs del mercado interno que resisten argumentando costos, y las grandes firmas que hacen greenwashing sin cambiar procesos productivos de fondo.
El Grupo de la Adaptación Forzada (Exportadores): Empresas del agro, minería y energía (YPF, Arcor, mineras de litio) son las más conscientes. Para ellas no es ética, sino supervivencia financiera.
Saben que si no cumplen estándares internacionales (como normas IFC del Banco Mundial), el costo del financiamiento se dispara o los fondos de inversión les cierran la ventanilla.
El Grupo de la Resistencia Tradicional (PyMEs e Industrias): Para empresas que no miran al mercado externo, la sustentabilidad se percibe como un lujo de país rico.
El argumento recurrente ante inspecciones: «Si me exigen esta planta de tratamiento, tengo que cerrar y echar a 50 empleados». Siguen apostando a que la justicia local cajonee expedientes o aplique multas que la inflación licuará.
El Sector de Greenwashing (Resistencia Pasiva): Es el grupo más peligroso. Crearon grandes departamentos de sustentabilidad y marketing verde, pero sus procesos de producción no cambiaron.
Utilizan cumplimiento de normas cosméticas para evitar auditorías profundas. Sin embargo, este modelo choca con la trazabilidad digital (satélites y blockchain), que hace mentir cada vez más difícil.
Las cámaras empresariales centran su resistencia en tres puntos: presión desigual (se persigue a la empresa formal mientras la contaminación informal queda impune), falta de incentivos (solo multas, sin créditos para reconversión), y jurisdicciones superpuestas (normativas municipales, provinciales y nacionales que se contradicen).
Para los analistas, el punto de inflexión es el relevo generacional. Los directivos que hoy promedian los 40 años tienen una visión del riesgo ambiental muy distinta a la de dueños de empresas de hace tres décadas.
Saben que una denuncia viralizada en redes sociales o una causa penal activa destruye el valor de la compañía más rápido que cualquier crisis económica.
Los empresarios argentinos saben que las multas baratas son un recuerdo del pasado. Sin embargo, todavía hay un grupo importante que intenta ganar tiempo, esperando que la institucionalidad argentina sea lo suficientemente lenta como para permitirles una última vuelta bajo el viejo modelo.
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La Justicia define un fallo clave por la masacre de pingüinos en Punta Tombo

Fecha de Publicación: 20/04/2026
Fuente: Portal LaTeclaPatagónica
Provincia/Región: Chubut


El Superior Tribunal de Justicia de Chubut revisará la condena contra Ricardo La Regina por daño ambiental y crueldad animal. La resolución puede sentar un precedente histórico en la protección de la fauna silvestre y los ecosistemas patagónicos
El caso que conmocionó a Chubut y tuvo repercusión internacional volverá a ocupar el centro de la escena judicial la próxima semana. El Superior Tribunal de Justicia provincial fijó para el 21 de abril una audiencia decisiva para revisar la condena contra Ricardo La Regina, el productor ganadero declarado culpable por la destrucción de nidos de pingüinos y la muerte de cientos de ejemplares en la zona de Punta Tombo.
La instancia será determinante porque el máximo tribunal deberá resolver el recurso presentado por la defensa del empresario, que busca revertir o reducir la pena de tres años de prisión condicional impuesta por daño ambiental agravado y crueldad animal. Si la sentencia queda firme, el expediente consolidará uno de los antecedentes más relevantes en materia de justicia ambiental de la Argentina.
Los hechos investigados ocurrieron entre agosto y noviembre de 2021, en un campo lindero a la reserva natural de Punta Tombo. Según se acreditó en el juicio, maquinaria pesada fue utilizada para abrir un camino interno y modificar el terreno en plena temporada reproductiva de los pingüinos de Magallanes, provocando la destrucción de nidos, huevos y pichones.
La causa también incorporó pruebas sobre la instalación de un alambrado electrificado que obstaculizó el desplazamiento natural de las aves entre la costa y las áreas de nidificación. Ese cerco, de acuerdo con la acusación, causó además la muerte de ejemplares adultos.
En noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal de Rawson encontró culpable a La Regina. Más tarde, en mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó el fallo. Ahora será el turno del Superior Tribunal, última instancia provincial antes de un eventual recorrido extraordinario en la Justicia nacional.
Desde la fiscalía, encabezada por Florencia Gómez, sostienen que el caso excede la situación personal del condenado y abre una discusión de fondo sobre los límites del derecho de propiedad cuando entra en conflicto con bienes ambientales protegidos. La postura del Ministerio Público es que ningún interés privado puede justificar la devastación de un ecosistema de valor colectivo.
El expediente fue seguido de cerca por organizaciones ambientalistas, científicas y jurídicas de todo el país. Entidades como Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y asociaciones especializadas en derecho ambiental remarcaron la importancia de que la condena se mantenga, al considerar que una marcha atrás enviaría una señal negativa frente a delitos contra la fauna silvestre.
Punta Tombo no es un sitio cualquiera. Se trata de la colonia continental de pingüinos de Magallanes más grande del mundo y uno de los principales atractivos naturales y turísticos de Chubut. Cada temporada recibe miles de visitantes y representa una pieza central del patrimonio ecológico patagónico.
Además de definir la suerte judicial de La Regina, el fallo podría tener consecuencias prácticas. Entre ellas, la eventual apertura de nuevas medidas de reparación ambiental sobre las zonas afectadas y la consolidación de criterios legales para proteger áreas sensibles frente a intervenciones ilegales.
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Presupuesto ambiental en Argentina: resultados del 2025 y proyecciones para el 2026

Fecha de Publicación: 18/04/2026
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional


El presupuesto nacional 2025 sufrió un ajuste real del 28,8% en comparación con 2023. Al igual que durante 2024, el presupuesto nacional se ejecutó sin la aprobación de una nueva ley presupuestaria, otorgando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) amplias facultades para modificar la asignación de recursos mediante Decretos de Necesidad y Urgencia y Decisiones Administrativas.
El resultado fue la consolidación de un proceso de ajuste, con impactos particularmente severos en el financiamiento de políticas ambientales, que en algunos casos registraron caídas reales cercanas al 95%, como sucedió con el Fondo Nacional para la Conservación y Enriquecimiento de los Bosques Nativos.
A su vez, durante el 2025 se profundizó el debilitamiento institucional y financiero en materia ambiental que se había iniciado el año anterior. La reducción sostenida del presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente, junto con los recortes en programas estratégicos vinculados a la evaluación y control ambiental, la conservación de bosques nativos, la prevención y manejo del fuego, la protección de áreas marinas y la promoción de energías renovables, evidencia un proceso de retracción de las capacidades estatales para planificar, regular y monitorear políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente.

La consolidación del ajuste de las políticas ambientales
- En 2025, la Subsecretaría de Ambiente ejecutó el presupuesto más bajo de los últimos 9 años. Para 2026 se espera una caída real del 79,6% con respecto al 2023.
- La Administración de Parques Nacionales (APN) subejecutó su presupuesto en 2025, dejando $13.720 millones sin utilizar. De esta manera, la APN presentó una caída real del 39,3% de sus fondos en comparación con 2023.
- El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) ejecutó $2.383 millones, 155 veces menos que los $368.633 millones que debería haber ejecutado para cumplir con la Ley 26.331. Para el 2026 el FNECBN cuenta con apenas $17.468 millones.
- En 2025, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) ejecutó el 75,7% de sus fondos, dejando sin utilizar $19.300 millones. El 38% de sus fondos se ejecutaron en el mes de diciembre, lo que permite inferir una falta de planificación preventiva para la gestión integral del fuego. En el presupuesto de 2026, el SNMF vuelve a presentar una fuerte caída real: 69,2% en comparación con 2023.
- En 2025, las partidas destinadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo ejecutaron $66.988 millones. Esto equivale a una caída real del 87,7% en comparación con 2023. Para el 2026, este presupuesto se reduce aún más: un 92,2% menos que hace tres años.
- Las partidas destinadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética ejecutaron $9.190 millones, lo que representó una caída real del 64% en comparación con lo ejecutado en 2023.

Subsidios a empresas de hidrocarburos y beneficios fiscales a la minería
- Los subsidios destinados a empresas hidrocarburíferas ($377.824 millones) representaron 41,5 veces más que lo destinado al fomento de energías renovables y eficiencia energética. Estos subsidios serán de $651.600 millones en 2026.
- En 2025, el presupuesto destinado a subsidiar empresas hidrocarburíferas representó más de 6 veces el importe ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y 158 veces el monto destinado al Fondo de Bosques.
- Según estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto, durante 2025 el Estado habría dejado de recaudar $508.954 millones como gasto tributario por el régimen de exenciones de la Ley de Inversiones Mineras. Este monto equivale a 8,5 veces el presupuesto ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y a 213 veces el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

El análisis del presupuesto nacional evidencia que las partidas destinadas a la política ambiental continúan ocupando un lugar marginal dentro de las prioridades del gasto público. La persistencia de recortes y subejecuciones presupuestarias reflejan no sólo una reducción del financiamiento ambiental, sino también la materialización del desguace estatal y la ausencia de un diseño integral de políticas públicas que permita abordar de manera estratégica los desafíos socioambientales que enfrenta el país.
El deterioro del financiamiento ambiental tampoco puede analizarse de manera aislada del funcionamiento estructural de la economía argentina. La persistente dependencia del endeudamiento externo genera presiones para obtener divisas destinadas al pago de los servicios de la deuda pública, incentivando el desarrollo de sectores exportadores altamente extractivos. Este esquema no sólo profundiza impactos socioambientales, sino que también tensiona la asignación del gasto público, obligando al Estado a destinar recursos crecientes al cumplimiento de compromisos financieros por sobre la garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Ver Informe Completo
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Población de aves en riesgo: la especie que lucha por no desaparecer de la Patagonia

Fecha de Publicación: 18/04/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Patagonia


Quedan menos de mil ejemplares de esta atípica ave de la Patagonia. Un proyecto en une a productores y ambientalistas para proteger sus nidos y evitar su extinción.
En el Sur profundo y remoto de la Argentina, aquel paraje donde el viento marca el ritmo y la solitaria estepa patagónica parece infinita, hay una especie silenciosa que se dirime entre la vida y la muerte. Y es que, sin exagerar, se encuentra al límite de la extinción.
Se trata del chorlito ceniciento, una de las aves más amenazadas del planeta y cuya población total mundial no supera los 1.000 individuos en la actualidad.
En este escenario adverso y, al mismo tiempo, atrapante -sobre todo, para la ciencia- empieza a tomar forma una idea que hasta hace no mucho parecía improbable: la convivencia entre la producción ganadera y la conservación ambiental.
Este acuerdo inédito une a dos mundos históricamente enfrentados como son los productores rurales y los ambientalistas, muchas veces en veredas opuestas de la mano del desconocimiento. Pero ahora ambos actores comparten un objetivo común: evitar la extinción de esta especie única y clave en el ecosistema; y que, además, no afecta para nada al ganado ni representa amenaza de ningún tipo.

Por qué el chorlito ceniciento está en peligro
El chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis, según su nombre científico) es un ave pequeña -no más de 18 centímetros- que se camufla con una habilidad asombrosa entre las piedras y la vegetación de las lagunas patagónicas. 
Su plumaje grisáceo, sus patas rosadas y sus ojos rojizos lo vuelven tan particular como difícil de detectar.
A nivel conservación, esta especie está catalogada como en peligro de extinción, y su hábitat (orillas de lagunas en la estepa) es compartido con el de los campos productivos en esta región argentina.
Porque en estos espejos de agua, donde el ganado se acerca a beber agua, se encuentran los nidos del chorlito. Y en ese cruce inevitable de ambientes, muchas veces -por desgracia- los huevos de las aves terminan destruidos por el paso y la presencia de los otros animales.

Un pacto para vivir
Frente a este panorama crítico y adverso -sobre todo, para el chorlito-, la organización Ambiente Sur (de Río Gallegos, Santa Cruz), puso en marcha el Proyecto Pluvianellus. Se trata de una iniciativa que apunta a acuerdos voluntarios de conservación con productores del Sur de la Patagonia (Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Lo que propone el programa de conservación es adaptar pequeñas prácticas dentro de los campos para, de ese modo, proteger los nidos sin afectar la producción ganadera.
Paso a paso: así es el proyecto que propone la convivencia entre el ganado y el chorlito ceniciento.
El inicio de todo el trabajo se da con recorridas por los establecimientos ganaderos y las inmediaciones de las lagunas, donde se identifican zonas de nidificación del ave. 
Luego, se avanzan con la primera medida concreta: la instalación de protectores de nidos. Consisten en pequeñas estructuras que evitan que el ganado los pise en su ruta al agua
Además, se colocan cámaras trampa para monitorear el comportamiento de las aves. El chorlito, en tanto, se adapta a estos dispositivos como parte de su hábitat natural, por lo que no hay afectación de su ciclo natural.
Incluso, los propios productores celebran esta iniciativa y hasta ofrecen sus campos para que se ponga en marcha esta experiencia que, durante sus primeras semanas de implementación ha arrojado resultados positivos.

Un cambio de paradigma en marcha
Lo que está ocurriendo en la Patagonia referido a la convivencia amena entre la actividad ganadera y el chorlito ceniciento no es un fenómeno aislado. Forma parte de una tendencia global donde se apunta a que los sistemas productivos sean compatibles con el cuidado del ambiente.
De esta manera, iniciativas como la de este caso hacen la diferencia. La ganadería regenerativa, el cuidado del pastizal y la preservación de la fauna silvestre se convierten en prácticas concretas que impactan en el valor final de lo que se produce.
Para los impulsores del proyecto, estos acuerdos generan un verdadero “círculo virtuoso” en donde se protege la biodiversidad, se mejora la calidad del ecosistema y, en paralelo, se fortalece la actividad productiva.

Un respaldo internacional clave
El impulso local encontró, además, respaldo global. Y es que durante la última cumbre de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, Argentina y Chile se aprobó una Acción Concertada internacional para proteger al chorlito ceniciento.
Este paso es crucial y consolida el trabajo binacional que vienen realizando organizaciones de ambos países desde hace años, con foco en identificar áreas críticas de reproducción y fortalecer las estrategias de conservación.
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El Iberá celebra su yaguareté silvestre número 50

Fecha de Publicación: 17/04/2026
Fuente: Diario La República de Corrientes
Provincia/Región: Corrientes


El parque Iberá alcanza un hito histórico en el ambicioso proyecto de reintroducción de su depredador tope. 
Este mes se confirmó que la yaguareté Porá fue madre nuevamente, dando vida al ejemplar número 50 registrado en estado silvestre dentro del ecosistema correntino. La noticia se compartió ayer a través de las redes sociales de la fundación Rewilding Argentina. 
 Porá es una de las tres primeras yaguaretés liberadas al inicio del programa y su capacidad para procrear en libertad simboliza el éxito del retorno de la especie a sus antiguos dominios.
"El regreso del gran felino significa mucho más que la recuperación de una especie emblemática", explicaron desde la fundación. 
Como depredador tope, el yaguareté cumple una función esencial: regula las poblaciones de otras especies y garantiza el equilibrio del ecosistema. 
Con medio centenar de individuos recorriendo los esteros, el Iberá vuelve a estar completo. El sistema de humedales recupera su fisonomía natural y demuestra que es posible revertir la extinción mediante el trabajo conjunto de especialistas y la voluntad de un territorio que abraza su fauna nativa.
Un video reciente capturado en la isla San Alonso, en el corazón del parque, pone imágenes esta realidad científica. 
En el registro se observa a uno de estos ejemplares transitando con absoluta calma y soberanía por su hábitat. Este fragmento visual es la evidencia directa de un animal que no se siente extraño en su tierra, sino que se desplaza como el verdadero dueño de la isla. 
San Alonso se fue convirtiendo en el santuario donde la vida silvestre late con una fuerza, algo que no se veía en Corrientes desde hace décadas. Ante este crecimiento poblacional, la responsabilidad ciudadana es vital para el éxito a largo plazo del Código Iberá. Se solicita a la comunidad que, ante cualquier avistamiento o duda sobre registros que circulan en redes, se contacte con las vías oficiales antes de difundir el material. 
Para informar avistajes o realizar consultas técnicas que ayuden al monitoreo científico, el contacto es con Nicolás, al teléfono 3773 402261. El respeto por el espacio de estos 50 yaguaretés es el compromiso necesario para que la especie siga prosperando en libertad.
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Medio Ambiente intensifica las inspecciones en los ingenios tucumanos

Fecha de Publicación: 17/04/2026
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán


Autoridades provinciales supervisaron el ingenio Bella Vista para verificar el estado de sus instalaciones y asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales antes del inicio de la molienda.
En el marco del cronograma de control para la zafra 2026, la Subsecretaría de Medio Ambiente realizó una nueva jornada de inspección técnica, esta vez en el ingenio Bella Vista. El objetivo principal es garantizar que las plantas fabriles cumplan con los requisitos de sostenibilidad y protección del entorno antes de poner en marcha sus máquinas.
Durante la jornada, los directivos del establecimiento realizaron una presentación detallada sobre el funcionamiento de la fábrica. Posteriormente, un equipo multidisciplinario recorrió las instalaciones para constatar el estado de la infraestructura hídrica y de emisión de gases.
Como resultado de la visita, se labró un acta donde quedaron asentadas:
Observaciones y sugerencias para optimizar procesos.
Requisitos técnicos obligatorios para operar.
Compromisos de adecuación bajo el Programa de Reconversión Industrial (PRI).
Según informaron las autoridades, se estima que el ingenio Bella Vista iniciará su actividad de molienda aproximadamente a mediados de mayo, sumándose así al ciclo productivo de la provincia.
"Estas inspecciones de pre zafra son fundamentales para prevenir incidentes ambientales y asegurar que la industria motor de Tucumán opere bajo estándares modernos", destacaron desde el equipo técnico.

Presencia de autoridades
De la supervisión participaron el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach, y el director de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, junto a coordinadores del PRI y especialistas de la Dirección de Fiscalización y el Laboratorio Ambiental.
Este operativo forma parte de una serie de visitas que la Secretaría de Producción viene realizando a todos los ingenios de la provincia para asegurar una zafra con menor impacto ambiental.
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Asedio final al bosque nativo: modificación de la Ley 26.331 y crisis socioambiental sin precedentes para Argentina

Fecha de Publicación: 16/04/2026
Fuente: Portal LaTinta
Provincia/Región: Nacional


Nuestro país se encuentra en una encrucijada socioambiental de consecuencias incalculables. Tras la reciente batalla por la protección de los glaciares, la amenaza se cierne ahora sobre el pilar de la conservación forestal: la Ley de Bosques Nativos 26.331. El plan impulsado por el gobierno de Javier Milei, junto a gobernadores aliados, busca modificar esta normativa fundamental, presentándolo bajo el paraguas del «Consejo de Mayo» como una vía hacia la «eficiencia productiva». Sin embargo, la iniciativa comienza a ser duramente denunciada por un amplio arco de la sociedad civil. Científicos, organizaciones territoriales y expertos legales, agrupados en la “Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas”, califican este movimiento como un «grave e inédito retroceso institucional». Según sus advertencias, esta modificación pondría en riesgo hasta el 80% de los bosques nativos remanentes del país, desatando una crisis socioambiental sin precedentes para Argentina.
La “Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas”, motorizada por entidades como la REDAF ―Red Agroforestal Chaco―, entre otras, se gesta como respuesta a la iniciativa hecha pública el 9 de diciembre de 2025 por el “Consejo de Mayo”, presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e integrado por funcionarios como Federico Sturzenegger y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que explícitamente proponen la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El proyecto, según los críticos, no busca mejorar la implementación de la ley, sino su desmantelamiento, orientado a liquidar el «capital natural» del país en favor de intereses extractivistas inmediatos.
Hasta ahora, la Ley Nacional 26331 funciona como un semáforo de conservación, con categorías Rojo (máxima protección), Amarillo (uso sostenible) y Verde (desmonte autorizado bajo estricto permiso), que configura el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La alarma se dispara ante el intento del Poder Ejecutivo nacional de alterar esta arquitectura técnica, enfocándose en la Categoría Amarilla (II).
Actualmente, estas áreas de mediano valor solo permiten el uso sostenible (ecoturismo, recolección), con actividades de desmonte prohibidas. La modificación propuesta, sin embargo, busca habilitar el cambio de uso de suelo en la Categoría Amarilla. 
Las cifras son dramáticas: la superficie de bosque nativo en riesgo de desmonte se dispararía de 10 millones de hectáreas a cerca de 42 millones de hectáreas. Esto expondría a la inmensa mayoría de los bosques argentinos al avance irracional de la frontera agropecuaria y urbanística.

Desmonte libre e impunidad a medida: los pilares de las modificaciones
La ofensiva se profundiza con cambios que anulan el rol fiscalizador del Estado. En las áreas de bajo valor (Categoría III o Verde), donde el desmonte era posible con permiso previo, las modificaciones buscan eliminar la autorización estatal anticipada y reemplazarla por un simple «aviso». Esto dinamita la capacidad del Estado de vetar proyectos con alto impacto antes de que el daño sea irreversible.
Simultáneamente, la propuesta apunta a la privatización de la fiscalización y la amnistía ambiental: delega el control en profesionales privados y suprime el Registro Nacional de Infractores. Esta «garantía de impunidad» —sostienen los críticos— genera un conflicto de interés evidente y elimina una herramienta clave de disuasión, borrando el historial de reincidencia.
En síntesis, el paquete de medidas atenta contra los tres pilares de la Ley de Bosques: el ordenamiento territorial (desmonte en Categoría Amarilla), el control preventivo (eliminación de autorización previa en Categoría Verde) y la fiscalización (privatización del control y supresión de la lista negra).

Voces del territorio: agroecología y la defensa del Chaco y Misiones
La crítica más sólida proviene de las bases técnicas y territoriales, que coinciden en que el problema no es el exceso de regulación, sino el desfinanciamiento sistemático y la falta de cumplimiento de la ley vigente.
En diálogo con La tinta desde Misiones, el coordinador en Argentina del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), Enzo Ortt, advierte que la modificación amenaza a la selva misionera, que alberga el 52% de la biodiversidad argentina. «Desde la mirada agroecológica, consideramos que los montes, los bosques y las selvas son aliados para el desarrollo de la producción», afirma Ortt, desmintiendo la visión productivista que ve al bosque como un obstáculo. Destaca que los sistemas agroforestales, como la yerba mate cultivada en asociación con árboles nativos, son más resilientes y que la reforma solo responde a una «visión puramente económica y extractivista» que beneficia a grandes capitales.
Desde el Chaco, una de las provincias más afectadas históricamente por el desmonte, el ingeniero forestal Sebastián Keez (presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales e investigador del INTA) utiliza una potente analogía financiera: el país estaría «malgastando su capital natural». Comparando el bosque con un capital monetario, sentenció: «Tenemos 5 millones de dólares en el banco (hectáreas). La decisión financiera inteligente sería poner ese capital a plazo fijo y vivir del crecimiento del bosque». En cambio, el desmonte irracional es como «sacar la plata del plazo fijo, pagarse un boleto en un crucero y pasarla bien unos días». El Chaco pasó de más de 8 millones de hectáreas boscosas en los años 80 a cerca de 4.6 millones hoy. «El crucero que nos estamos pagando es muy caro», enfatizó Keez, señalando que la falta de bosque aumenta las inundaciones y disminuye el rinde ganadero.
La multipremiada internacionalmente Dra. Micaela Camino, investigadora del CONICET, integrante de REDAF y directora del Proyecto Quimilero, ofrece un diagnóstico contundente: la conservación efectiva del Chaco pasa por reconocer y garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y criollas. La experta en conservación desmantela la «falsa disyuntiva» de especie sin bosque o bosque sin gente. Subraya que la seguridad en la tenencia de la tierra para estas comunidades es la barrera más eficaz contra la deforestación.
Además, desarma la narrativa dominante que concibe a los bosques como «yuyales improductivos», destacando que la gente que vive en ellos produce bienes de alto valor, como la harina de algarroba. La especialista es categórica: el desmonte genera un ciclo insostenible de degradación, con erosión del suelo, salinización de napas y un aumento de la pobreza.
La Ley de Bosques, una herramienta «valiosa» y pionera, no necesita modificaciones, sino implementación. La visión de Camino es clara: la solución a la crisis ambiental es integral, exige la garantía de derechos humanos, la implementación de la ley y el apoyo a las comunidades que son las guardianas más efectivas del ecosistema.

Riesgo comercial y soberanía nacional
El debate trasciende la esfera doméstica y toca la competitividad internacional. La flexibilización de la Ley de Bosques podría excluir a las exportaciones argentinas de mercados de alto valor, como el de la Unión Europea, que exige trazabilidad y garantía de producción libre de deforestación bajo su nuevo marco normativo de commodities.
La Ley de Bosques Nativos se erige, entonces, no como un límite al progreso, sino como la última línea de defensa para la sostenibilidad de Argentina. La batalla por su defensa no es solo legislativa o ambiental, es una elección fundacional sobre el modelo de país: persistir en la senda del extractivismo a corto plazo, hipotecando el futuro a un «crucero muy caro» de ganancias efímeras, o abrazar la agroecología y la producción sostenible como pilares innegociables para construir una economía resiliente y justa. 
Para algunos, el bosque nativo es apenas un ‘yuyal improductivo’; para otros, es el aliado indispensable que sostiene la biodiversidad y el arraigo de pueblos enteros. La selva misionera, la región del Gran Chaco, los bosques patagónicos o los montes cordobeses no son solo coordenadas en un mapa, sino los últimos bastiones de una Argentina que todavía respira. Sin embargo, una nueva ofensiva legislativa pretende cambiar el uso del suelo, transformando la protección en permiso y el control en impunidad. La batalla por la Ley 26331 ha comenzado y lo que está en juego es, literalmente, el suelo y el aire de nuestro país. 
Sí, porque aunque la idea no le agrade, el aire que respira el presidente Milei y sus funcionarios es el mismo que respiramos todos los argentinos y argentinas. La diferencia tal vez sea que nosotros somos conscientes de dónde proviene ese oxígeno.
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Un santuario natural argentino entra en una red internacional y sorprende al mundo científico

Fecha de Publicación: 16/04/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Nacional - Mendoza


La Laguna de Llancanelo fue reconocida a nivel internacional por su importancia en las rutas migratorias de aves y se suma a una red clave de conservación continental.
La Laguna de Llancanelo es uno de esos paisajes que bien podrían ser considerados de un cuento de fantasía, aunque traídos al mundo y la vida real. Un inmenso espejo de agua rodeado de volcanes y soledades en el sur mendocino, donde vale la pena perderse disfrutando y recorriendo.
Y este remoto paraje malargüino (en el Sur de la provincia de Mendoza) es protagonista de un reciente salto histórico. Porque la Laguna de Llancanelo fue incorporada oficialmente a la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras, uno de los sistemas de conservación más prestigiosos del continente. 
Este reconocimiento no solo coloca a Malargüe en el mapa global de la biodiversidad, sino que también ratifica el valor ecológico excepcional de un humedal que guarda secretos que fascinan -e exceso- al mundo científico.
Esta incorporación apunta a trabajar y mejorar la conservación, el manejo responsable, el turismo de naturaleza y articulación con la comunidad local dentro de la zona.

Un punto clave en la ruta de miles de aves migratorias
El ingreso de Llancanelo a esta red no es mero azar. Durante los últimos años, equipos técnicos y científicos encabezaron exhaustivos estudios que fascinaron a los observadores de aves y permitieron confirmar que el humedal funciona como un punto de descanso y alimentación esencial para numerosas especies que recorren miles de kilómetros en sus trayectos migratorios.
Algunas de estas aves llegan a volar hasta 16.000 kilómetros entre los hemisferios Norte y Sur. Y, dentro de ese viaje monumental, Llancanelo se convierte en una estación vital para recuperar energía antes de continuar el itinerario.
Entre los registros más impactantes sobresale la presencia estable de más de 1% de la población mundial del playero de Baird. Los conteos superaron los 5.400 individuos, cifra que basta para justificar la categoría internacional alcanzada.
Para los especialistas, esto confirma que la laguna es mucho más que un atractivo turístico o un paisaje fotogénico; es un santuario ecológico y donde la estabilidad resulta determinante para la supervivencia y el ciclo vital de miles de especies.

Reconocimiento y compromisos
El ingreso de Llancanelo a la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras incluye una hoja de ruta (para los conservacionistas, no para las aves) que marca hacia dónde deberá dirigirse el trabajo en los próximos años.
Entre otras cosas, el acuerdo incluye líneas de acción orientadas a fortalecer la conservación del humedal, a impulsar un turismo de naturaleza responsable, a desarrollar programas de capacitación para guías, prestadores turísticos y actores locales y promover la participación comunitaria en el cuidado del entorno.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza destacaron que la inclusión de Llancanelo en la red representa un “hito estratégico para la conservación”, ya que permite al humedal sumarse a una estructura internacional con estándares, financiamiento y soporte técnico.
Además, remarcaron que el reconocimiento abre puertas para proyectos educativos y científicos que contribuirán a comprender aún mejor el comportamiento migratorio de las especies que utilizan el sitio.

Un tesoro mendocino que ahora mira al mundo
La Laguna de Llancanelo siempre ha sido un emblema natural del Sur mendocino. Con su mezcla de volcanes apagados, planicies salinas, espejos de agua y una fauna sorprendente, el paraje se convirtió en un clásico para investigadores, fotógrafos de naturaleza y amantes del avistaje de aves.
Con su ingreso a la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras, Llancanelo pasa -además- a integrar un círculo selecto de sitios que son fundamentales para la conectividad ecológica del continente.
Si se lo mira en perspectiva, el humedal malargüino funciona como un eslabón dentro de una cadena que une Alaska, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.
En pocas palabras, cuando una pequeña ave playera levanta vuelo desde la tundra ártica y emprende su travesía hacia el sur, sabe -por instinto y gracias a millones de años de evolución- que en Llancanelo encontrará alimento, refugio y descanso. Y eso es, justamente, lo que la comunidad científica internacional acaba de reconocer.

Un ecosistema único y crucial
El objetivo de este acuerdo es garantizar que la Laguna de Llancanelo continúe cumpliendo su función ecológica, pero también que se convierta en un motor de desarrollo basado en el cuidado del patrimonio natural.
En los próximos meses comenzarán a definirse estrategias para mejorar la gestión del sitio, reforzar los monitoreos biológicos, ordenar el uso público y profundizar el vínculo entre la laguna y la comunidad.
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Tráfico ilegal de vida silvestre: se estima que más de 135 especies son afectadas y al menos 20 están en peligro de extinción en Argentina

Fecha de Publicación: 15/04/2026
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Nacional


Cada año, miles de especies exóticas son capturadas en Argentina para ser comercializadas ilegalmente como mascotas, productos de artesanías, ornamentos, joyas, medicinas o para coleccionismo. 
Tan solo en febrero último, en la ciudad de Santa Fe, más de 500 animales silvestres fueron rescatados en un operativo vial sobre la Ruta 34, donde se interceptó un camión que viajaba de Santiago del Estero a Buenos Aires. El Gobierno provincial incautó 219 loros habladores, 146 tortugas terrestres y decenas de otras aves, que eran transportados en “condiciones precarias e incompatibles con su bienestar”.
Un operativo similar en Maipú, Mendoza, permitió rescatar decenas de aves silvestres. La mayoría eran “7 cuchillos”, principalmente machos adultos, una especie muy buscada para peleas clandestinas. En esa provincia, este ave registra una de las mayores presiones de caza y tráfico ilegal y encabeza la lista de animales más rescatados del comercio ilegal en la última década.
En Colón, Entre Ríos, el 6 de marzo fuerzas de seguridad provinciales allanaron un centro de tráfico ilegal de fauna, rescatando a una pareja de zorros y numerosas aves autóctonas, así como elementos de caza, cueros, trofeos, pieles y osamentas. Ese mismo mes, en Chaco, fueron rescatados 2 coatíes que eran ofrecidos para la venta en redes sociales, una modalidad cada vez más frecuente que amplía el alcance del comercio ilegal.
El año pasado en la ciudad de Corrientes, un operativo conjunto entre la Municipalidad, la Dirección de Recursos Naturales y la Policía permitió rescatar cerca de 100 aves exóticas y autóctonas que eran mantenidas en domicilios particulares de manera ilegal y sin las condiciones adecuadas.
La captura, tenencia, transporte y comercialización ilegal de animales silvestres está prohibida en nuestro país, según establece la Ley 22.421 desde 1981.
El comercio ilegal de vida silvestre también es un delito a nivel internacional. Se considera uno de los “crímenes organizados más grandes del mundo”, después del tráfico de drogas, la falsificación y la trata de personas, según la Interpol.
Además, representa una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad y un riesgo sanitario, ya que los animales extraídos de su ambiente natural pueden portar o transmitir enfermedades zoonóticas.

Más de 135 especies silvestres son afectadas por el tráfico 
Argentina es un país clave en Sudamérica dentro del tráfico ilegal de vida silvestre: funciona como origen, tránsito y destino de estas redes, según organizaciones ambientales.
Según un informe publicado por la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina, se estima que en nuestro país más de 135 especies son afectadas por el tráfico ilegal y al menos 20 de ellas están en peligro de extinción. 
Sin embargo, no existen datos precisos sobre la magnitud del problema. El propio informe advierte que, en un país federal con múltiples jurisdicciones, la limitada coordinación entre provincias y Nación, junto con deficiencias en la recolección de información y el carácter clandestino del delito, dificultan construir un panorama completo.
En diálogo con Chequeado, Carina Righi, coordinadora de Prevención del Tráfico de Vida Silvestre de WCS Argentina, señaló que las cifras disponibles “siempre van a subestimar la problemática”, ya que se basan en hallazgos y operativos, y no reflejan todo lo que ocurre. No obstante, destacó que en los últimos años “hay cada vez más controles” y operativos por parte de las fuerzas de seguridad.
Entre las especies más comercializadas hay aves, como el loro hablador, el tucán, el flamenco y el cardenal amarillo; reptiles, como el lagarto overo y la tortuga terrestre; y mamíferos, como los monos caí y carayá, además de felinos, como el yaguareté. También se trafican plantas -como cactus y orquídeas- e incluso maderas.
Algunos animales son capturados y vendidos de forma informal en zonas rurales como carne de monte. Otros son trasladados a grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba, que funcionan como centros de demanda de mascotas y animales de colección.
Desde allí se organiza la distribución hacia otras localidades y el contrabando a países vecinos y mercados internacionales, principalmente en América del Norte, Europa y Asia.

9 de cada 10 animales silvestres capturados mueren durante su traslado
Según datos compartidos por la ONG Aves Argentinas, WCS Argentina y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, se calcula que solo 1 de cada 10 animales capturados sobrevive por las condiciones en las que son transportados. De los que llegan a venderse, 10 de cada 100 se recuperan y solo el 5% logra regresar a su hábitat.
“El animal que termina estando en un hogar como mascota es un sobreviviente. El 90% ha muerto por el camino”, confirmó Righi a este medio.
Los mayores volúmenes de animales capturados son aves y reptiles “por la diversidad y por la facilidad del transporte y de supervivencia”, destacó. Sin embargo, dijo, “estos animales son extraídos en condiciones muy precarias, de mucho maltrato, y es muy poca la cantidad que sobrevive a toda esta cadena de tráfico”.

Los animales silvestres no pueden ser mascotas y su tenencia está prohibida
La tenencia de animales silvestres como mascotas es un fenómeno extendido a nivel global, muchas veces impulsado por la desinformación, advierte la Fundación Vida Silvestre.
Un caso frecuente es el de las tortugas terrestres, cuya venta y tenencia están prohibidas en Argentina. Lo mismo ocurre con otras especies como lagartos, monos, zorros y boas. 
“El animal doméstico es el de compañía, como el gato o el perro -y, en algunos casos, animales de granja-. Si se trata de otra especie, hay que informarse mejor”, explicó Carina Righi.
En el país, la fauna silvestre está protegida por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, sancionada en 1981, que prohíbe la captura, el traslado, el comercio y la tenencia de animales silvestres, así como de sus productos y subproductos. A esto se suman normativas específicas en cada provincia.
Desde los organismos ambientales insisten en que los animales silvestres no son mascotas. “No debemos tenerlos como mascotas porque, además de ser ilegal, en la mayoría de los casos no conocemos su origen, que probablemente sea ilícito”, señaló Righi.
Para ayudar a combatir el tráfico, recomiendan no comprar ni capturar animales silvestres. Si se encuentra uno, es clave no retenerlo ni trasladarlo por cuenta propia y dar aviso a las autoridades.
En caso de que un animal haya sido mantenido como mascota, tampoco debe liberarse sin intervención oficial. Las autoridades advierten que estos ejemplares necesitan procesos de rehabilitación antes de volver a su hábitat.
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