Censura policial y el reclamo contra la megaminería volvió a marcar la agenda en Mendoza

Fecha de Publicación: 11/03/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Mendoza


La Fiesta Nacional de la Vendimia volvió a quedar atravesada por un fuerte conflicto político y ambiental este fin de semana en Mendoza. Mientras miles de personas salían a las calles para defender el agua y rechazar el avance de proyectos mineros, organizaciones socioambientales denunciaron un hecho que generó fuerte polémica: la Policía provincial bloqueó la salida de una carroza con consignas contra la megaminería.
Para las asambleas por el agua, lo ocurrido no fue un episodio menor. Afirman que se trató de un acto de censura directa en uno de los eventos culturales más importantes de la provincia y en un momento de máxima visibilidad pública.

Una carroza detenida por la Policía
El episodio ocurrió antes del tradicional carrusel vendimial. Según denunciaron los organizadores del Contracarrusel, la Policía de Mendoza se apostó en la salida de un galpón donde se encontraba preparada una carroza artística con mensajes críticos hacia el avance de la minería metalífera.
El vehículo formaba parte de las intervenciones que cada año realizan organizaciones ambientales para visibilizar el conflicto por el agua. Sin embargo, el operativo policial impidió que la carroza pudiera salir a la calle.
De acuerdo con los asambleístas, no existía orden judicial ni resolución administrativa que justificara el bloqueo. Abogados que acompañan a las organizaciones señalaron que la medida podría constituir una restricción arbitraria al derecho a la libre expresión y a la protesta.
Para los colectivos socioambientales, el objetivo fue claro: evitar que una crítica al modelo extractivo se hiciera visible en medio de una fiesta que reúne a miles de personas y concentra la atención mediática nacional.

Contracarrusel masivo y defensa del agua
Pese al intento de frenar la intervención artística, la movilización se realizó igual y volvió a demostrar la magnitud del movimiento en defensa del agua en la provincia.
El Contracarrusel reunió a una multitud que recorrió el centro de la ciudad con banderas, pancartas y consignas contra el avance de la megaminería. Entre los mensajes que más se repitieron estuvieron “El agua de Mendoza no se negocia” y “Sin agua no hay vendimia”.
La protesta tuvo como eje central el rechazo al proyecto minero San Jorge, una iniciativa que busca explotar cobre en la zona de Uspallata y que desde hace años genera una fuerte oposición social en Mendoza.
Las organizaciones advierten que este tipo de emprendimientos podrían afectar las cuencas hídricas de una provincia donde el agua es un recurso escaso y estratégico para la producción agrícola, especialmente para la vitivinicultura.

El reclamo llegó al escenario mayor
La tensión ambiental también logró colarse en el espectáculo central de la Vendimia. Durante el acto en el teatro griego Frank Romero Day, artistas desplegaron un cartel con consignas contra el proyecto San Jorge, lo que provocó aplausos de parte del público.
La escena fue breve, pero significativa: incluso dentro del escenario principal de la fiesta apareció el conflicto por el agua que atraviesa a la provincia.

Un clima de creciente censura
Para las asambleas socioambientales, el bloqueo policial a la carroza se suma a un clima de creciente hostilidad hacia las voces críticas frente al modelo extractivo.
“Quieren una Vendimia sin conflicto, sin reclamos y sin cuestionamientos”, señalaron integrantes de las organizaciones que participaron de la movilización.
Sin embargo, el debate ambiental sigue abierto. Mendoza arrastra desde hace años una discusión profunda sobre el uso del agua y el avance de la minería metalífera, una actividad que genera fuertes controversias en territorios con escasez hídrica.
En ese contexto, cada Vendimia vuelve a convertirse no solo en una celebración cultural, sino también en un escenario donde se discute el futuro productivo y ambiental de la provincia.
Porque en Mendoza, repiten las asambleas cada año en las calles, la ecuación es simple: sin agua no hay vendimia, y sin agua tampoco hay futuro.
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Secuestraron 600 kilos de piñones de araucaria: intentaban sacarlos de la cordillera

Fecha de Publicación: 11/03/2026
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Neuquén


Cuando se llevan piñones del suelo, bajan las posibilidades de que el bosque se regenere naturalmente.
El personal de la Delegación de Fauna de Junín de los Andes realizó un control sobre Ruta 40, a la altura del Puente La Rinconada, en el marco de la temporada de caza mayor y la época de recolección de piñones.
Durante el operativo se controló una camioneta que transportaba aproximadamente 600 kilos de piñones sin documentación, que iban a ser comercializados de manera ilegal.
Ante esta situación, el personal de Fauna procedió al secuestro de la carga y al labrado del acta de infracción correspondiente. Los piñones serán donados a instituciones de bien público, tal como lo establece la Ley Provincial de Fauna N.º 2539 y su decreto reglamentario 1777/07.
Desde la Dirección Provincial de Fauna reafirmamos nuestro compromiso de cuidar Neuquén y proteger nuestro patrimonio natural. Porque cuando defendemos nuestros bosques, defendemos lo que es de todos.

Prohibido recolectar
Desde el Parque Nacional Lanín recordaron a los visitantes que no está permitida la recolección de piñones dentro del área protegida. La intendencia enfatizó en que se trata de una acción prohibida.
Para que las personas se informen y no tomen mal la medida, explicaron que los piñones de la Araucaria araucana son un recurso fundamental para el equilibrio del bosque andino patagónico. Es de suma importancia no recolectarlos ni llevárselos ya que se necesitan para la regeneración.
La araucaria es una especie de crecimiento lento que no todos los años produce semillas en abundancia y muchas de ellas no logran convertirse en nuevos árboles. Cuando se llevan piñones del suelo, bajan las posibilidades de que el bosque se regenere naturalmente.
Además se trata de un alimento clave para la fauna nativa, diversas especies dependen de los piñones como fuente energética esencial, especialmente durante el otoño e invierno. Aves y mamíferos cumplen además un rol ecológico al dispersar semillas, ayudando a la regeneración del bosque.
Por último, volvieron a recordar que el Parque Nacional es un área destinada a la conservación, que se rige bajo una normativa vigente. Dentro de ella la extracción de recursos naturales sin autorización afecta directamente los objetivos de protección y puede ser sancionada.
"Las araucarias son un símbolo natural y cultural de la región andina patagónica. Su protección garantiza la continuidad de un ecosistema único en el mundo. Cuidar el bosque es una responsabilidad compartida. Respetar la normativa es proteger la biodiversidad hoy y para las generaciones futuras", finalizaron.
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"Ficha Limpia": ¿Chubut liderará la transparencia pesquera en Argentina o se quedará a medio camino?

Fecha de Publicación: 10/03/2026
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Chubut


La reciente reforma a la Ley de Ficha Limpia genera elogios y advertencias clave. Las organizaciones ambientales reclaman acceso público a datos de embarcaciones
La Legislatura de Chubut sancionó recientemente la reforma a la Ley IX Nº 157 de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable, que instituye el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera. Esta modificación, impulsada por el gobierno provincial, representa un paso concreto hacia mayor transparencia y control en uno de los sectores económicos más relevantes de la provincia patagónica. Sin embargo, la ley no garantiza el acceso libre a la información de las embarcaciones y todo parece indicar que se trata de un punto es clave para el control ciudadano y la protección de los recursos.
Organizaciones especializadas como el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde reconocen la voluntad política del Ejecutivo chubutense para fortalecer la gobernanza pesquera mediante mecanismos de integridad y digitalización de datos. Sin embargo, advierten que la norma actual presenta limitaciones críticas que impiden alcanzar estándares internacionales mínimos de acceso a la información pública.

Un avance valorado, pero insuficiente
La reforma crea el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera (artículo 12 de la modificación), que obliga a digitalizar y hacer públicos los datos referidos a sujetos y permisos de pesca. Esta medida alinea la provincia con esfuerzos nacionales de modernización administrativa y combate a irregularidades en el sector.
Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, destaca el valor de la iniciativa: “Es un avance la digitalización de los datos públicos sobre sujetos y permisos, pero no es suficiente si no se garantiza el libre acceso a la información y la vinculación con las embarcaciones pesqueras.”
La digitalización centralizada constituye un progreso significativo respecto al registro nacional de pesca, donde los datos existen en formato digital pero permanecen inaccesibles en línea. Aun así, las organizaciones insisten en que la utilidad real del sistema depende de tres pilares esenciales: acceso en línea permanente, actualización constante y libre disponibilidad para cualquier ciudadano o investigador.

El eslabón clave: publicar los datos de las embarcaciones
El principal reclamo apunta a la ausencia de un módulo público que detalle información sobre las embarcaciones pesqueras. Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, subraya la relevancia de este componente: “Los listados de embarcaciones son la piedra angular de cualquier política de acceso a la información en el sector. Los sistemas de control robustos, que se aplican en la región y el mundo, disponen de datos públicos de las embarcaciones y sus autorizaciones como herramienta para facilitar el escrutinio público y combatir la pesca ilegal.”
La publicación abierta de estos datos permitiría un escrutinio ciudadano efectivo, fortalecería la integridad del sistema y aportaría claridad técnica tanto a la autoridad de aplicación como a la sociedad. En un contexto donde Argentina carece todavía de un registro público, en línea y de libre acceso de la flota pesquera nacional, Chubut tiene una oportunidad estratégica de posicionarse como referente en gobierno abierto aplicado al sector pesquero.

Oportunidad de liderazgo nacional
Incorporar y publicar los datos de la flota provincial elevaría el estándar de transparencia en el país. Las organizaciones ambientales enfatizan que la complementación del registro actual con información detallada sobre embarcaciones robustecería el control de la actividad, facilitaría la detección de irregularidades y contribuiría a la sustentabilidad del recurso.
La reforma ya incorpora nuevas causales de suspensión y caducidad de permisos, lo que refuerza la predictibilidad y el orden en la asignación de derechos pesqueros. Sin embargo, para que el Régimen de Ficha Limpia Pesquera cumpla plenamente su propósito transformador, resulta indispensable avanzar hacia un sistema de información completamente abierto y vinculado a las unidades productivas (embarcaciones).
Chubut se encuentra en una encrucijada: puede consolidarse como vanguardia en políticas de transparencia pesquera o limitarse a un avance parcial. Las organizaciones ambientales instan a completar el esquema con la publicación efectiva de los datos de embarcaciones, un paso que no solo alinearía a la provincia con las mejores prácticas globales, sino que también potenciaría el control ciudadano y técnico sobre una actividad estratégica para la economía y el ambiente patagónico.
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El "guardián de los cerros" está de vuelta: confirman la presencia del oso andino en Jujuy

Fecha de Publicación: 10/03/2026
Fuente: Portal SomosJujuy
Provincia/Región: Jujuy


El registro se logró en las selvas de montaña tras intensas tareas de monitoreo. Su aparición es un indicador clave de la salud de nuestros bosques y reabre el debate sobre la conservación del monte nativo
El registro se logró en las selvas de montaña tras intensas tareas de monitoreo. Su aparición es un indicador clave de la salud de nuestros bosques y reabre el debate sobre la conservación del monte nativo
En medio de la agenda informativa diaria, una noticia invita a los jujeños a mirar con orgullo y responsabilidad hacia nuestra biodiversidad: se confirmó oficialmente la presencia del oso andino (Tremarctos ornatus) en territorio provincial. Se trata del único oso nativo de Sudamérica y un habitante histórico de nuestras yungas que se creía casi desaparecido.
El hallazgo se produjo en zonas de selva de montaña y monte nativo gracias a cámaras trampa instaladas para el monitoreo ambiental. Debido a que es un animal sumamente esquivo y solitario, captar su imagen en estado silvestre es considerado por los especialistas como un hito para la fauna argentina.

¿Por qué su presencia es una "joya" para Jujuy?
El oso andino, también conocido como Jukumari en la cultura regional, es lo que los biólogos llaman una "especie paraguas". Su supervivencia requiere de grandes extensiones de bosque conservado, alimento natural y fuentes de agua limpia.
Su aparición en Jujuy no es casualidad:
- Equilibrio ecológico: Su presencia garantiza que el ecosistema todavía mantiene un equilibrio real.
- Reforestador natural: Al alimentarse de frutos y recorrer largas distancias, el oso dispersa semillas, cumpliendo un rol vital en la regeneración de nuestros bosques.
- Valor cultural: Para las comunidades andinas, el Jukumari es símbolo de fuerza y un nexo espiritual con la naturaleza y el territorio.

El debate por la protección del monte
Más allá de la alegría por el registro, la noticia enciende las alarmas sobre el estado actual de nuestro ambiente. La confirmación del oso obliga a poner en agenda temas sensibles para la provincia:
- Control de desmontes: La pérdida de hábitat es la principal amenaza para esta especie.
- Planificación productiva: Cómo integrar la actividad humana sin invadir los corredores biológicos necesarios para su movimiento.
- Agenda pública: La necesidad de políticas de conservación que no queden solo en el papel, sino que protejan los rincones de biodiversidad que aún le quedan a Jujuy.
"Si el oso nunca se fue del todo es porque el monte todavía tiene vida", señalan los expertos. El desafío ahora es asegurar que, dentro de unas décadas, el Jukumari siga siendo el dueño de nuestros cerros y no solo un recuerdo en una fotografía de monitoreo.
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Inédito: hallaron medusas de agua dulce en el parque Nahuel Huapi, por qué su dispersión preocupa

Fecha de Publicación: 09/03/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El parque nacional confirmó el hallazgo de la especie Craspedacusta sowerbii en la laguna Bullines de Villa La Angostura. El registro encendió alertas por tratarse de una especie invasora y motivó estudios del INIBIOMA, del Conicet y de la UNCo. 
El parque nacional Nahuel Huapi detectó por primera vez ejemplares de medusas de agua dulce en la laguna Bullines de Villa La Angostura. El hallazgo ocurrió el mes pasado durante un monitoreo de huillín realizado por el Área Biología de la Conservación y confirmó la presencia de la especie invasora Craspedacusta sowerbii en el ambiente.
La información fue difundida por el propio parque nacional Nahuel Huapi. El organismo explicó que se trata de una especie originaria de Asia, considerada invasora a nivel global, cuyo registro representa un antecedente para el seguimiento de ecosistemas en el área protegida.

El hallazgo de medusas invasoras activó monitoreos científicos en lagos de la Patagonia
Tras la detección, el parque convocó al Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a escala de Paisajes (GESAP) del INIBIOMA, dependiente del Conicet y la UNCo, con el fin de analizar el registro y evaluar la situación en lagos y lagunas de la región.
En este contexto informaron que las doctoras María del Carmen Diéguez y Mariana Reissig realizaron tareas de evaluación en la laguna. Ahora el equipo trabaja para determinar el grado de establecimiento de la especie y sus posibles efectos ecológicos en ambientes acuáticos de la zona.

Cómo viven estas medusas y por qué su dispersión enciende alertas
El ciclo de vida de esta medusa indicaron que incluye dos fases. Una es la fase pólipo, microscópica y adherida al fondo. La otra es la fase medusa, visible en la columna de agua durante períodos breves cuando las condiciones ambientales son favorables.
Los especialistas indicaron que estas medusas aparecen cuando la temperatura del agua supera los 17°C. En esas condiciones, los ejemplares pueden observarse flotando en la columna de agua.
Su dispersión puede producirse por transporte involuntario de pólipos o formas microscópicas resistentes. Estas pueden adherirse a plantas acuáticas, peces, aves, embarcaciones o equipamiento utilizado en distintos cuerpos de agua.
Desde el parque nacional Nahuel Huapi señalaron que el hallazgo refuerza la necesidad de sostener monitoreos ambientales y aplicar medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la especie dentro de la cuenca del río Limay.
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Clausuraron la planta de Cresta Roja en Esteban Echeverría tras denuncias impulsadas por vecinos y el CEPIS

Fecha de Publicación: 09/03/2026
Fuente: Portal InfoRegión
Provincia/Región: Buenos Aires


La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) dispuso este viernes la clausura de la planta avícola Cresta Roja (Wade S.A.) ubicada en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, en el marco de un procedimiento vinculado a denuncias ambientales impulsadas por vecinos del distrito.
El reclamo había sido reactivado la semana pasada por el vecino de Monte Grande, Alejandro Cruz, referente comunitario y conductor local del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), quien promovió presentaciones formales ante autoridades municipales y ante ACUMAR para denunciar los olores nauseabundos y la contaminación del aire que, según sostienen los residentes, emanan desde la planta avícola.
La iniciativa impulsada por Cruz y el CEPIS incluyó reuniones con funcionarios municipales, la difusión de un petitorio digital y un pedido de acceso a la información pública dirigido al organismo de cuenca, con el objetivo de conocer los controles ambientales realizados sobre la empresa.
La clausura se conoció pocos días después de que el Municipio de Esteban Echeverría labrara un acta de infracción en la que se constató la emisión reiterada de gases desagradables e irritantes a la atmósfera, una situación que, según el documento oficial, afecta “el bienestar, la salubridad y la seguridad de las personas”.

El acta municipal que precedió a la clausura
La actuación administrativa que antecedió a la intervención de ACUMAR fue labrada por inspectores municipales el 3 de marzo de 2026 en el establecimiento ubicado en Estancia Los Remedios 2701, donde funciona la planta de faena de aves de Wade S.A.
Según el acta de infracción, durante la inspección se constató “la emisión de gases desagradables e irritantes a la atmósfera en reiteradas ocasiones”, lo que constituye una infracción al artículo 16 de la Ordenanza 1641/80, modificado posteriormente por la Ordenanza 1969/84.
En el documento se intimó a la empresa a “cesar en forma inmediata la descarga a la atmósfera de dichos gases perjudiciales para el bienestar, la salubridad y la seguridad de las personas”, bajo apercibimiento de sanciones.
Tras esa constatación, ACUMAR avanzó con la clausura del establecimiento, una medida que vecinos y organizaciones vinculan con la presión social generada por el reclamo iniciado días atrás.

Vecinos denuncian impacto en la vida cotidiana
“Se clausuró Cresta Roja y acá te explico por qué: el aire contaminado que respiramos en Esteban Echeverría es producto de la cocción de tripas, plumas, más productos químicos que lleva adelante la planta cuando produce harina para alimento balanceado”, señaló Alejandro Cruz, referente del CEPIS, en un video difundido en redes sociales tras conocerse la medida.
El dirigente vecinal explicó que el problema afecta a unas 220.000 personas del distrito y describió el impacto que, según denuncian los residentes, generan los olores provenientes del establecimiento.
“Formo parte de una comunidad de 220.000 personas en Esteban Echeverría que padecemos los olores nauseabundos de Cresta Roja, olores que hacen que tengamos que cerrar la ventana en los colegios, impide el normal desenvolvimiento en los comercios”, afirmó.
Según indicó, las emanaciones afectan el desarrollo de actividades cotidianas en distintos puntos del distrito y alcanzan zonas alejadas del predio industrial.
“Genera problemas para que podamos desarrollar actividad al aire libre y en un radio de acción que llega a la Universidad de Lomas de Zamora”, agregó.

El proceso de reclamo impulsado por vecinos y el CEPIS
El conflicto ambiental escaló durante los últimos días a partir de la intervención de Cruz y del CEPIS, organización que encabeza a nivel local, desde donde se canalizaron los reclamos vecinales y se impulsaron gestiones institucionales para que los organismos de control intervinieran en el caso.
“Hicimos un contundente reclamo vecinos, organizaciones, de una problemática que venía de años y el día lunes la municipalidad nos dio una reunión y estableció un cronograma de fiscalización”, explicó Cruz.
Durante ese proceso, el municipio intensificó las inspecciones en la planta y elevó reclamos ante ACUMAR, organismo con competencias sobre la contaminación del aire, agua y suelo dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Según el vecino, el acta municipal fue un punto de inflexión en el proceso que derivó en la clausura.
“El martes se labró un acta de infracción donde se habla de que el bienestar de las personas, la salubridad y la seguridad está afectada por la emisión de gases; claramente la empresa contaminaba como habíamos dicho”, sostuvo.

Antecedentes del conflicto ambiental
La clausura de la planta se inscribe en un conflicto que lleva años de denuncias por olores y contaminación ambiental en distintos barrios de Esteban Echeverría.
En ese contexto, funcionarios municipales mantuvieron a comienzos de la semana una reunión de trabajo con Alejandro Cruz, quien participó en representación de vecinos afectados y del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
Del encuentro participaron la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizzi; el subsecretario de Gobierno, Alejandro Bonomo; y el director de la Agencia Ambiental, Claudio Molero, funcionarios designados por el intendente Fernando Gray.
Durante la reunión se revisaron actas de infracción y multas previas aplicadas a la empresa, y el municipio reconoció formalmente que las emanaciones odoríferas constituyen un “problema real y complejo” que impacta en la calidad de vida de miles de habitantes.
En ese marco se definieron tres ejes de acción: intensificar las inspecciones municipales ante cada episodio de olor, elevar reclamos formales ante ACUMAR y avanzar en una mesa de trabajo conjunta con la autoridad de cuenca para abordar el caso.

Salud pública, trabajo y medio ambiente
Durante la reunión también se planteó que la problemática no solo afecta a los barrios cercanos sino también al ambiente laboral dentro de la planta, por lo que el reclamo se formuló en términos de salud pública y condiciones de trabajo.
En ese sentido, Cruz remarcó que la responsabilidad por la contaminación corresponde a la empresa y no a su personal.
“No sabemos por cuánto tiempo, pero lo que queremos marcar es lo siguiente: los trabajadores no contaminan, la empresa sí; por eso deben seguir cobrando hasta que la empresa readecue todo su sistema de producción y que sea en equilibrio con el medio ambiente”, afirmó.

Petitorio y campaña vecinal
En paralelo a las gestiones institucionales, Cruz y el CEPIS mantienen activa una campaña de recolección de firmas para respaldar el reclamo ambiental y sostener el seguimiento público del caso mediante un petitorio digital en Change.org. Según precisaron, ese canal se mantiene activo como herramienta de acompañamiento al reclamo y de visibilización del conflicto.
El petitorio digital, difundido a través de redes sociales, busca sumar adhesiones de vecinos, comerciantes e instituciones del distrito, mientras se aguardan definiciones sobre el alcance y la duración de la clausura.
“La lucha sigue. Tenemos que seguir casa por casa juntando firmas, comercio por comercio. ¿Saben por qué? Porque no queremos sorpresas, queremos una Echeverría que respire aire puro”, concluyó Cruz.
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Redes ilegales, toneladas de comida a la basura y 3.000 cajones descartados: el impacto de la depredación pesquera en la Patagonia

Fecha de Publicación: 07/03/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Nacional


La impunidad en las aguas patagónicas volvió a quedar expuesta tras la denuncia de los propios tripulantes del buque fresquero Nddanddu. Los marineros se vieron obligados a desechar toneladas de pescado para cumplir con una directiva empresarial insostenible. La orden exigía llenar la bodega exclusivamente con calamar y desencadenó un daño ambiental gravísimo que dejó al descubierto prácticas pesqueras clandestinas y destructivas.
José Rodríguez, primer pescador de la embarcación, rompió el silencio ante lo que consideró una verdadera matanza comercial. El trabajador relató a Revista Puerto cómo la tripulación pasó jornadas enteras devolviendo al océano miles de ejemplares sin vida. Según el artículo, el nivel de depredación alcanzó cifras escalofriantes cuando se tiraron más de tres mil cajones de merluza al agua con el único fin de juntar apenas ochenta cajones de calamar.
Frente a este escenario alarmante, el coordinador en Chubut de la Fundación Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, advirtió que lo ocurrido con el buque Nddanddu no es un hecho aislado sino la expresión más cruda del método de arrastre de fondo, un sistema que naturaliza el descarte y la depredación. El referente ambiental remarcó que se trata de un daño ecológico “generado por decisiones empresariales que priorizan la rentabilidad inmediata por sobre la sostenibilidad del Mar Argentino” y exigió que este tipo de prácticas “deben ser investigadas y sancionadas con todo el peso de la ley”.

Una faena irracional al límite del colapso
El desastre ecológico estuvo acompañado de una logística deficiente que puso en riesgo hasta la escasa captura retenida. La embarcación perdió rápidamente la capacidad de generar hielo, el insumo vital para mantener la cadena de frío del pescado fresco. A pesar de esta carencia estructural y del inminente riesgo de pudrición de la carga, las autoridades a bordo continuaron con los lances bajo la fuerte presión de los armadores. Rodríguez aseguró que hacían unos cuatro lances de trescientos cajones por día y tiraban todo al mar, generando un volumen inmenso de alimento desperdiciado.
Al llegar al límite físico y moral de arrojar comida en perfecto estado por la borda, los trabajadores decidieron plantarse y exigieron regresar a puerto. La primera reacción de la empresa fue la intimidación con amenazas de desembarcarlos de oficio para no pagarles la marea. La maniobra extorsiva fracasó de inmediato porque los marineros habían registrado todo el descarte en video con sus propios teléfonos celulares, blindando así su reclamo y documentando el ilícito.

La trampa mortal que aniquila a los juveniles
El descarte indiscriminado representa solo una fracción de la infracción, ya que el método utilizado para capturar la especie agrava severamente el delito. El propio primer pescador admitió que la red de arrastre tenía colocado un calcetín en su interior. Esta malla interna más cerrada funciona como una trampa ciega que anula por completo la luz de la red principal y bloquea cualquier vía de escape para los peces de menor tamaño.
El uso de este aditamento viola de forma flagrante las regulaciones del Consejo Federal Pesquero y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Históricamente, normativas vigentes como la Resolución CFP N° 8/2010 establecen el uso obligatorio de dispositivos de selectividad comprobados científicamente. Las empresas deben utilizar sistemas como el DEJUPA o las grillas Flexigrid, diseñados para respetar una luz de malla mínima de 120 milímetros en el copo. El objetivo legal es que la merluza juvenil logre salir de la red y continuar su ciclo de desarrollo en el mar.
Al respecto, Coustet señaló que la utilización de dispositivos prohibidos para impedir el escape de juveniles constituye una infracción grave que compromete la recuperación de las especies y pone en riesgo el equilibrio del Atlántico Sur. El coordinador de Sin Azul No Hay Verde advirtió además que si el Estado no garantiza controles efectivos en alta mar, estas maniobras seguirán ocurriendo en la más absoluta impunidad.

El costo de un modelo sin fiscalización
Al colocar un calcetín de malla fina, el buque arrasa con todo el fondo marino y captura individuos pre-reproductivos, interrumpiendo el ciclo biológico de la especie. Pescar juveniles bajo estas modalidades furtivas constituye un daño irreparable para el ecosistema y aniquila la biomasa futura del caladero bajo la mirada ausente de los entes fiscalizadores.
El caso del Nddanddu es un síntoma claro de un modelo extractivo que prioriza el rendimiento económico inmediato sobre la conservación marina. La valentía de una tripulación dispuesta a frenar la maquinaria de descarte abre nuevamente el debate sobre la urgencia de aplicar medidas concretas y transparentes.Para frenar esta sangría ecológica es fundamental avanzar con “auditorías inmediatas, monitoreo satelital transparente y la aplicación estricta de las resoluciones vigentes“, tal como concluyó el representante de la organización ambiental. Las normativas y los estudios técnicos sobran, pero a millas de la costa la trampa sigue dictando las reglas del juego.
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Chubut habilita exploración de uranio y reabre la grieta ambiental

Fecha de Publicación: 07/03/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Chubut


El gobierno de Chubut autorizó el inicio de tareas de exploración de uranio en el área de Laguna Salada, en la meseta central provincial. La decisión habilita estudios geológicos, perforaciones y trabajos de campo impulsados por la empresa Jaguar, que busca avanzar en la evaluación del potencial del yacimiento.
Aunque se trata formalmente de una etapa exploratoria y no de explotación minera, la medida tiene un fuerte peso político. En Chubut, la discusión minera no es técnica: es social, histórica y profundamente emocional. Desde hace más de dos décadas, amplios sectores de la población han manifestado su rechazo a la megaminería, especialmente en territorios donde el agua es un recurso escaso y estratégico.

Exploración hoy, explotación mañana
Quienes cuestionan la autorización sostienen que la exploración es el primer paso de un proceso que suele terminar en explotación. Las perforaciones y estudios iniciales permiten confirmar reservas y allanan el camino para proyectos a gran escala. En ese sentido, el permiso otorgado no es neutro: define una orientación productiva para el territorio.
El uranio, además, no es un mineral cualquiera. Su uso está vinculado a la industria nuclear y su manipulación implica controles estrictos y gestión de residuos específicos. El debate ambiental se centra en los riesgos de contaminación de acuíferos, en la gestión de desechos y en los antecedentes de pasivos ambientales que todavía persisten en distintas regiones del país.

Torres y la contradicción política
El gobernador Ignacio Torres enfrenta críticas crecientes por esta decisión. Durante la campaña electoral, su discurso fue interpretado por muchos sectores como respetuoso de la voluntad popular expresada históricamente en contra de la megaminería. La sociedad chubutense protagonizó movilizaciones masivas en el pasado para frenar proyectos extractivos, dejando en claro que el tema no admite decisiones a puertas cerradas.
Hoy, con la autorización de la exploración en Laguna Salada, distintas asambleas ambientales y sectores ciudadanos consideran que el gobierno provincial le dio la espalda a ese mandato social. Señalan una contradicción entre el tono moderado o cauteloso que mantuvo durante su candidatura y el impulso actual a iniciativas extractivas.
Desde el oficialismo argumentan que la provincia necesita diversificar su matriz productiva y aprovechar sus recursos naturales para generar empleo e ingresos. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿a qué costo ambiental y con qué nivel de consenso social?

Modelo productivo en debate
Chubut atraviesa una situación económica compleja, con dificultades estructurales y dependencia histórica de actividades como el petróleo y la pesca. En ese contexto, la minería aparece para algunos como una salida financiera. Para otros, es una profundización de un modelo extractivo que no resuelve los problemas de fondo y pone en riesgo ecosistemas frágiles.
La autorización en Laguna Salada no es sólo un trámite administrativo. Es una señal política clara sobre el rumbo que el gobierno provincial está dispuesto a tomar. Y, como ya ocurrió en el pasado, es probable que la discusión vuelva a trasladarse a las calles.
En una provincia donde la ciudadanía ha demostrado capacidad de movilización frente a decisiones ambientales controvertidas, el debate por el uranio recién empieza. Lo que está en juego no es únicamente un yacimiento: es el modelo de desarrollo que definirá el futuro de la meseta chubutense.
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Ley de Glaciares: el oficialismo cedió y convocará a una audiencia pública federal antes de avanzar con la reforma

Fecha de Publicación: 06/03/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La presión de bloques opositores obligó a La Libertad Avanza a modificar el cronograma que había previsto para un tratamiento exprés. La audiencia será el 25 y 26 de marzo y el dictamen quedaría para después de Semana Santa. 
El Gobierno tuvo que recalcular su estrategia en Diputados para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares. Luego de que la oposición reclamara abrir el debate técnico y advirtiera sobre posibles cuestionamientos judiciales, el oficialismo aceptó convocar a una audiencia pública federal antes de avanzar con el dictamen del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y estaba con muy justo apoyo en Diputados.
La decisión se formalizó este miércoles durante un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales. Allí se resolvió que la audiencia pública se realizará en dos jornadas: el 25 de marzo de manera presencial en Diputados y el 26 de marzo de forma remota, con participación federal de especialistas, organizaciones y ciudadanos.
De esta manera, el oficialismo dejó atrás el plan inicial que buscaba aprobar la iniciativa en un trámite rápido y llevarla al recinto en cuestión de días. Ahora el cronograma prevé que el dictamen se emita después de Semana Santa, entre el 7 y el 8 de abril, y que la discusión en el recinto se concrete durante ese mes.
Si bien en el oficialismo confiaron en que tienen los votos para aprobar la ley, en la oposición ya ven como una "victoria" que haya una audiencia pública, en la que intentarán visibilizar la cuestión y lograr el rechazo de la ley. De ser así, en el oficialismo tampoco descartan introducir algunas modificaciones que impliquen que se tenga que devolver la reforma al Senado.

Cómo será la audiencia pública por la Ley de Glaciares
La convocatoria a la audiencia pública fue uno de los principales reclamos de sectores opositores como la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Unión por la Patria. El pedido fue impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien invocó el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú para exigir un proceso de participación pública antes de avanzar con el dictamen.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, terminó avalando la propuesta y confirmó que la audiencia será “pública, abierta, inclusiva y federal”. Según se acordó en el plenario, las exposiciones tendrán una duración aproximada de cinco minutos y el evento será transmitido en vivo por los canales de la Cámara de Diputados.
Además, se habilitará la presentación de informes por escrito y el registro permanecerá abierto hasta 24 horas antes del inicio de la audiencia.

El debate entre la minería y el agua
Durante el debate en comisión hubo momentos de fuerte tensión política. Desde la oposición cuestionaron el impacto ambiental que podría tener la reforma impulsada por el Ejecutivo.
El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés planteó que la discusión debe centrarse en el acceso al agua dulce y en el rol de los glaciares como reservas estratégicas.
“Tenemos que debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce. La ley vigente protege a los glaciares como a los periglaciares. Glaciar es agua y agua es vida”, afirmó. El legislador también cuestionó el argumento utilizado por algunos defensores de la reforma en el Senado.
“Cada glaciar tiene una formación de por lo menos cien años, no es una roca perdida en la montaña como dijo algún senador. Hay 17 mil glaciares en todo el país. Solo San Juan tiene 4572, Santa Cruz 2420, Jujuy 255 y Tucumán 122”, señaló.
En esa línea, vinculó el proyecto con el interés de empresas internacionales en el desarrollo de la minería de minerales críticos. “Las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial a la minería de litio, cobre y tierras raras, y para eso necesitan la modificación de la ley de Glaciares”, sostuvo.
Y agregó una referencia al evento Argentina Week organizado en Nueva York para promover inversiones en minería: “La embajada argentina en Estados Unidos organiza una ronda de negocios llamada Argentina Week donde uno de los títulos es ‘Desbloqueando la frontera minera de Argentina’. Eso va a pasar antes de que nosotros hagamos audiencias públicas y escuchemos a la comunidad”.

La reforma clave para el RIGI
La modificación de la ley de Glaciares se convirtió en una pieza central de la estrategia del Gobierno para potenciar proyectos mineros vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto aprobado por el Senado redefine los conceptos de glaciar y ambiente periglacial y delega en las provincias la utilización de los recursos naturales en esas zonas. También establece que, sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada área en el Inventario Nacional de Glaciares.
Si una zona analizada no cumple funciones hídricas, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) podrá retirarla del inventario. Para las organizaciones ambientalistas, ese punto podría habilitar la exploración minera e hidrocarburífera en áreas que hoy están protegidas.
La ley vigente, sancionada en 2010, prohíbe ese tipo de actividades en glaciares y ambientes periglaciares al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce.
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Residuos nucleares. Acusaciones cruzadas de demoras entre Nación y Provincia por la remediación de Los Gigantes

Fecha de Publicación: 06/03/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


En respuesta a un pedido de informes, la CNEA dijo que tenía presentado el plan y que Ambiente de la Provincia no lo autorizaba. Desde la Provincia, afirmaron que el plan carecía de información básica y que la demora es responsabilidad de la CNEA por no completar los requerimientos.
La remediación del ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes (CMFLG) quedó en medio de versiones contrapuestas entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el otrora Ministerio (ahora Secretaría) de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba.
Mientras el organismo nacional sostiene que se encuentra a la espera de autorizaciones desde hace años para iniciar la remediación, la cartera provincial respondió que el proyecto no avanza porque la Nación no ha cumplimentado los requisitos técnicos básicos.
Las dos posiciones están expresadas en respuestas a pedidos de informes. La palabra de la CNEA surgió por un pedido de acceso a información pública presentado por la legisladora radical Brenda Austin, mientras que la respuesta de Ambiente se dio por un pedido de informes que hizo el ahora exlegislador Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal).
"Se están pasando la pelota", describió Austin. "Es por estas situaciones en las que se demuestra la necesidad de tener una autoridad independiente que controle los sitios radiactivos y no radiactivos en Córdoba", abundó la legisladora, haciendo una referencia a un proyecto que busca generar esa nueva entidad para salir de las opacidades que tiene todo lo que involucra la producción nuclear.

La postura de Nación: espera aprobación
Desde la CNEA, informaron que el ex-CMFLG está actualmente en proceso de cierre y que el "Plan de Cierre del yacimiento Schlagintweit", que contempla la remediación ambiental, ya fue presentado ante las autoridades provinciales.
Según el organismo nacional, la CNEA está a la espera de la aprobación de dicho plan por parte de la autoridad regulatoria provincial. Una vez obtenida la autorización, se procedería a la elaboración del Proyecto Ejecutivo, el cual definirá cronogramas, presupuestos y mecanismos de auditoría. En este esquema, la CNEA se define como el "proponente" y el Ministerio de Ambiente provincial, como la "autoridad regulatoria".

La respuesta de la Provincia: incumplimientos técnicos esenciales
Por su parte, la Secretaría de Ambiente de Córdoba sostiene una versión diferente sobre el origen de la demora. En respuesta a pedidos de informes, el organismo provincial dejó constancia de que el expediente del "Plan de Cierre" no cuenta con un acto administrativo resolutivo (aprobación), debido a que la CNEA no ha cumplido con los requerimientos técnicos esenciales solicitados oportunamente.
La Provincia enfatiza que el avance de cualquier instancia de evaluación está supeditado a que el titular responsable (CNEA) complete la documentación requerida. Asimismo, señalaron que la Secretaría no tiene injerencia en la programación ni la ejecución de las tareas, que son responsabilidades exclusivas del titular del pasivo ambiental.

Incidentes y falta de estudios actualizados
Otro punto de discrepancia reside en los incidentes registrados y el monitoreo ambiental:
- Incidentes en los diques: la CNEA reportó un único incidente en septiembre de 2021, cuando vientos de más de 100 km/h dañaron la membrana del dique auxiliar, reemplazada en 2023. Sin embargo, la Provincia indicó que ha solicitado informes técnicos actualizados sobre el estado estructural y ambiental tras detectar un "desanclaje parcial" de la membrana, pero que la Nación no ha presentado la totalidad de la documentación solicitada hasta la fecha.
- Monitoreo de integridad: la CNEA admitió que el único informe de integridad estructural y estabilidad disponible corresponde al año 2016, y que no existen registros fotográficos o documentos de mantenimiento preventivo para los últimos cinco años.
- Impacto ambiental: mientras la CNEA adjuntó monitoreos de agua de los años 2023 y 2024, la Provincia advierte que no cuenta con un estudio integral actualizado que permita emitir una conclusión definitiva sobre la posible afectación de suelo, aire y agua en el área de influencia.
En resumen, la remediación de los pasivos ambientales de uranio en la cuenca alta del río San Antonio permanece estancada en un laberinto administrativo donde ambas jurisdicciones se atribuyen mutuamente la responsabilidad por la falta de progreso.
Específicamente, la Provincia señala que faltan documentos y estudios técnicos.
Respecto al incidente ocurrido en septiembre de 2021 en el ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes, existen dos versiones sobre su impacto ambiental, según la fuente consultada:
- Postura de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA): el organismo nacional sostiene que el evento no produjo ningún impacto ambiental. Según su informe, el incidente consistió en el daño de la membrana del dique auxiliar provocado por vientos extraordinarios superiores a los 100 km/h. La CNEA argumenta la ausencia de impacto, debido a que el dique solo contenía acumulación de agua de lluvia en su fondo al momento de la rotura. Además, informaron que la membrana fue totalmente reemplazada en 2023 por material nuevo y con refuerzos adicionales.
- Postura de la Secretaría de Ambiente de la Provincia: la autoridad provincial mantiene una posición más cautelosa y afirma que no cuenta con un estudio integral actualizado que permita emitir una conclusión definitiva sobre la eventual afectación ambiental. Si bien coinciden en que se trató de un "desanclaje parcial de la membrana" y no de una rotura estructural del dique 3, señalan que la CNEA no ha presentado la totalidad de los informes técnicos requeridos para determinar fehacientemente el estado ambiental del sector afectado.
En conclusión, mientras la Nación descarta cualquier tipo de contaminación por tratarse de agua de lluvia, la Provincia sostiene que la falta de documentación técnica impide confirmar o descartar daños en el agua, el suelo o el aire de la zona de influencia.

Los documentos que Ambiente reclama a la CNEA
- Informes técnicos actualizados sobre el estado estructural y ambiental: son necesarios para determinar la situación real del sector afectado por el desanclaje de la membrana en el área de los diques.
- Estudio integral actualizado de afectación ambiental: la Provincia indica que no cuenta con un estudio completo y reciente que permita emitir una conclusión definitiva sobre el impacto en la zona.
- Informes de calidad de matrices ambientales: específicamente, se han requerido informes sobre la calidad de agua, suelo y aire en el área de influencia del complejo.
- Actualización del estado de las instalaciones: se ha solicitado información técnica que refleje la situación actual de toda la infraestructura del predio.
- Póliza de seguro ambiental: es uno de los instrumentos administrativos y técnicos exigidos que aún no ha sido presentado.
- Información técnica integral: un requerimiento general para avanzar en la evaluación del Plan de Cierre del Yacimiento Schlagintweit (Etapa I-Gestión Zona de Diques).
La Secretaría de Ambiente enfatiza que, al no contar con esta documentación, el expediente administrativo no puede avanzar hacia un acto resolutivo de aprobación.
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El glaciar Perito Moreno entra en una fase de retroceso acelerado tras décadas de aparente estabilidad

Fecha de Publicación: 06/03/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Santa Cruz


Durante décadas fue considerado el glaciar “estable” de la Patagonia. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas muestran que el Perito Moreno ha comenzado un proceso de retroceso. No desaparecerá mañana, pero sí ha abandonado el equilibrio que lo mantuvo casi intacto.
Durante años, el glaciar Perito Moreno fue una excepción dentro de la Patagonia. Mientras la mayoría de los glaciares de la región retrocedían debido al calentamiento global, este gigante de hielo parecía mantenerse en equilibrio. Su frente avanzaba y retrocedía ligeramente, pero sin una tendencia clara de pérdida, lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia frente al cambio climático.
A largo plazo, el proceso podría modificar incluso uno de los fenómenos más famosos del parque: las rupturas del glaciar que bloquean y liberan el brazo Rico del lago Argentino. Si el frente se aleja definitivamente de la península, esos eventos podrían volverse cada vez más raros hasta desaparecer.
Sin embargo, nuevas investigaciones que combinan mediciones con radar aerotransportado, batimetría del lago mediante sonar y observaciones satelitales revelan que ese equilibrio se ha roto. Tal como explica BBC Mundo, los científicos reconstruyeron la geometría del glaciar y modelaron su evolución futura, concluyendo que el sistema ha entrado en una fase de retroceso sostenido.
La razón principal es física: el glaciar está perdiendo apoyo sobre el lecho rocoso y avanzando hacia zonas donde el lago es más profundo. Esto favorece que partes del frente comiencen a flotar y se desprendan con mayor facilidad. Según indica Euronews, este proceso acelera el desprendimiento de bloques de hielo, conocido como calving, y conduce a un adelgazamiento progresivo del glaciar.

De excepción climática a símbolo del calentamiento
Durante décadas, el Perito Moreno fue citado como un caso atípico dentro de los Andes Patagónicos. Mientras alrededor del 90 % de los glaciares de la región retrocedían, este mantenía una posición relativamente estable. Incluso fue utilizado por sectores negacionistas como ejemplo para cuestionar el impacto del calentamiento global.
Pero esa narrativa comenzó a cambiar hacia 2017-2018. Las series de observación empezaron a mostrar una pérdida de masa y un adelgazamiento generalizado del hielo. Tal como señala El País, en los últimos años el glaciar ha perdido cerca de dos kilómetros en algunos de sus márgenes, un cambio significativo para un sistema que durante décadas parecía inmóvil.
Las mediciones recientes también indican que el frente del glaciar está perdiendo altura varios metros por año. Investigadores argentinos y equipos internacionales advierten que el aumento de la temperatura regional favorece el derretimiento superficial y la infiltración de agua hacia la base del glaciar. Ese agua actúa como lubricante entre el hielo y la roca, acelerando el flujo y facilitando el retroceso. En términos simples, el Perito Moreno dejó de ser la excepción que confirmaba la regla. Hoy se está convirtiendo en otro ejemplo de cómo incluso los glaciares considerados más robustos responden a un planeta que se calienta.

Un cambio visible para científicos y turistas
El retroceso del glaciar ya es perceptible incluso para quienes visitan las famosas pasarelas del Parque Nacional Los Glaciares. Comparaciones entre fotografías recientes y registros de años anteriores muestran que el frente del hielo se encuentra cada vez más alejado de puntos fijos del paisaje.
Según publicaciones difundidas por el museo Glaciarium y el propio parque nacional, las imágenes tomadas en 2025 muestran un frente más bajo, fragmentado y distante de la península. Tal como recoge el medio regional Tiempo Sur, guías turísticos y científicos coinciden en que el retroceso observado en pocos años resulta inédito para este glaciar.
Paradójicamente, esta fase de adelgazamiento puede generar espectáculos más frecuentes para los visitantes. El desprendimiento de bloques y los estruendos del hielo cayendo al agua podrían volverse más comunes. Pero, como advierten los glaciólogos, esos eventos no son una señal de estabilidad sino el síntoma de una pérdida acelerada de masa.
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Qué reformas ambientales impulsaría el Gobierno de Milei

Fecha de Publicación: 05/03/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El oficialismo avanza con modificaciones a las leyes de Bosques Nativos y Acuicultura; crecen las dudas sobre el impacto ambiental y los compromisos internacionales
Reducción de la estructura estatal y flexibilización de las regulaciones. Este parece ser el objetivo del Ejecutivo en materia de política ambiental para este año. Si bien en el incendiario discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el presidente Javier Milei se refirió poco a esta cuestión, ratificó algo repetido en esta administración: la relevancia comercial de la Argentina recae en gran medida en los recursos naturales que resguarda.
“Vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y su riqueza. Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”, declaró el presidente de la Nación, Javier Milei, el domingo pasado en su discurso de apertura.
Parece que para Milei algunas de las regulaciones ambientales vigentes ya llegaron a ese límite.
Al menos dos de ellas están entre los planes de reforma que la administración libertaria pretende impulsar este año. No hay claridad sobre cuándo se entregarían al Congreso; sin embargo, las discusiones ya están en curso. 
De acuerdo con información que pudo confirmar LA NACION con una persona cercana a la Jefatura de Gabinete, miembros del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) y dos fuentes que trabajan dentro de la administración libertaria, hay dos reformas en la mira: la Ley de Bosques Nativos (26.331) y la Ley Nacional de Acuicultura (27.231). Esto forma parte de un paquete de reformas ambientales que también incluía la Ley de Glaciares, una que ya obtuvo media sanción la semana pasada en el Senado y que el oficialismo espera que se vote pronto en la Cámara baja.
Este medio se contactó directamente con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación para recibir una confirmación oficial de estas reformas y conocer la letra chica; sin embargo, no obtuvo respuesta hasta el momento.
A pesar de estar alineadas con el ideario libertario, estas modificaciones no serían planteadas por el Ejecutivo ni formarían parte de una ocurrencia presidencial, al menos en su propuesta original. Y es que desde hace tiempo, esto ha sido un pedido insistente de varias provincias desde el inicio de esta administración.
Las reformas a la Ley de Glaciares y a la de Bosques Nativos ya aparecían en el primer borrador de la Ley Bases y, aunque se desestimaron en un primer momento, nunca dejaron de discutirse. En diciembre pasado, en el informe final de la última reunión del Consejo de Mayo, las provincias insistieron en estas reformas y sumaron la de la Ley Nacional de Acuicultura.
El viernes pasado, un día después de que el Senado otorgara media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares y aprobara el Acuerdo UE-Mercosur, hubo una reunión del Cofema en la que se discutieron nuevamente estas reformas ambientales.
Los objetivos, en términos amplios, son dos: dar mayor potestad a las provincias en la regulación ambiental —y reducir la de la Nación— y disminuir los procesos que limitan la expansión, en este caso, de la salmonicultura y el desarrollo acuícola, así como de la producción agroganadera.
En materia de protección de bosques, un asistente a esa reunión, que prefirió no revelar su nombre, explicó a LA NACION que hubo dos pedidos específicos.
El primero tiene que ver con los permisos de desmonte. En las zonas verdes —la única categoría en la que puede haber tala— el gobierno nacional debe autorizar cualquier plan de desmonte. “Lo que plantean las provincias es un aviso de la tala después de haberlo hecho y no antes”, aseguró, y explicó que eso reduciría los trámites burocráticos.
Añadió: “También piden una flexibilización para la zona amarilla [de protección media] y que la autoridad provincial tenga más facultades que la Nación”. Además, en las propuestas incluidas en el informe final del Consejo de Mayo se establece la obligatoriedad de una Evaluación de Impacto Ambiental solo en los casos de desmonte y no en los proyectos de manejo sustentable, a menos que estos “tengan el potencial de causar impactos ambientales significativos”.
En el caso del proyecto de modificación de la Ley Nacional de Acuicultura, los cambios consisten en la ampliación de los sistemas de producción sin guiarse necesariamente por criterios ambientales estrictos. Se establecería que los sistemas se mantendrán “en lo posible” ecológicamente sustentables y se buscaría reforzar la potestad provincial en la toma de decisiones. Asimismo, se permitiría la producción “de cualquier especie de organismo acuático que se trate”, sea nativo o exótico. Esto sigue la misma línea de las modificaciones que la Ley de Acuicultura Sustentable de la provincia de Tierra del Fuego (1355) pasó a finales del año pasado con la intención de flexibilizar las regulaciones ambientales.
No hay certezas, pero varias fuentes mencionaron también la posibilidad de que el Estado impulse reformas a otras leyes, como la de Parques Nacionales o el Régimen Federal de Pesca. Si bien por ahora son rumores, parece haber un clima que favorece la desregulación de varias políticas ambientales, según deslizó una persona cercana a la Jefatura de Gabinete y con amplia experiencia en la política ambiental.
“Nos integraremos a los tratados internacionales necesarios, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos. Y esta relevancia proviene del aprovechamiento de nuestros recursos”, señaló Javier Milei
Y precisó: “Me refiero a todos los recursos, a los minerales críticos como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario”.
Habría que preguntarse a qué acuerdos internacionales se refiere. Y es que tanto el Acuerdo Argentina-Estados Unidos como el UE-Mercosur o incluso los criterios de entrada para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluyen criterios de protección ambiental y cumplimiento de acuerdos internacionales. En particular, los últimos dos son muy estrictos.
El exsecretario de Cambio Climático de la Nación con amplia experiencia en las negociaciones multilaterales, Rodrigo Rodríguez Tornquist, sostuvo que habría que repasar los criterios planteados en el documento del propio Acuerdo UE-Mercosur, que en su artículo 18 fija criterios estrictos en materia de protección ambiental, respeto a acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, la Declaración de Río de Janeiro y los Objetivos para el Desarrollo Sustentable. Un principio común en varios de los mencionados es el de no regresión a las políticas ambientales. Algo que en una carta de alrededor de 85 constitucionalistas señalaron hace unas semanas, en la antesala de la media sanción que el oficialismo obtuvo la semana pasada.
El documento del acuerdo también establece requisitos estrictos en la trazabilidad de productos asociados a la deforestación y a la producción acuícola. “El relajamiento de las regulaciones ambientales puede significar un límite importante a la entrada en vigor de Merco Sur-UE”, opinó Rodríguez Tornquist y advirtió que este tipo de regulaciones también se reproducen en los requisitos para formar parte de la exclusiva Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un espacio al que el gobierno argentino ha trabajado por años para pertenecer.
Para Elizabeth Möhle, investigadora especializada en ambiente y política pública de Fundar, tanto las declaraciones públicas como las políticas concretas impulsadas por el Gobierno en materia ambiental generan dudas sobre cómo se administrarán las tensiones territoriales entre desarrollo y protección ambiental. “Desde ese lugar tan adversarial, no parece promisoria la forma en que lo van a administrar. Incluso, con la forma en la que obtienen la media sanción de la Ley de Glaciares: se hizo rápido y sin demasiada discusión”, planteó Möhle.
Y agregó que la planteada “federalización” de la administración de los recursos naturales también puede esconder una descoordinación nacional. “La configuración que plantean termina siendo un mix en el que son solo las provincias las que impulsan estas actividades productivas, y si tienen o no capacidades de fiscalizar en clave ambiental”, añadió.
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Afirman que hay aves en peligro de extinción a raíz de los incendios

Fecha de Publicación: 05/03/2026
Fuente: EL Chubut
Provincia/Región: Patagonia


Los incendios forestales que se sucedieron en distintos puntos de la cordillera durante este verano y la lo largo de los últimos años han provocado no solo la perdida de incalculable masa boscosa, especialmente de bosque nativo, generando un fuerte impacto en los ecosistemas, afectando la flora y la fauna del lugar.
En el caso de las aves, estudios elaborados dan cuenta que algunas podrían estar en peligro de extinción a raíz de los incendios ya que el fuego a destruido sus nidos de cría y/o en el mejor de los casos han provocado la fuga masiva de esas especies, migrando a zonas de mejor confort, de similar clima y vegetación pero alejada de los incendios de la cordillera chubutense.
El COA (Club de Observadores de Aves) Diucón Comarca Los Alerces, junto a más de 80 Clubes de Observadores de Aves del país, difundieron un comunicado sobre esta situación, advirtiendo sobre el «impacto irreversible» de los incendios.
Entre las especies de esta zona afectadas se mencionan al Cauquén Real, especie amenazada a nivel nacional; el Carpintero Gigante, que tarda meses en excavar sus nidos; el Chucao y el Huet-huet, dependientes del sotobosque y el Picaflor Rubí, que pierde tanto su nido como las flores de las que se alimenta.
También el informe advierte sobre el impacto en mamíferos como el Huemul, en anfibios como la Rana de los Alerces, especie microendémica cuya área fue devastada, y en polinizadores fundamentales como el Mangangá naranja.
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Más de 2000 especies y 9000 observaciones: qué reveló un amplio relevamiento de biodiversidad en Argentina

Fecha de Publicación: 04/03/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Un proyecto científico registró una variada gama de datos en apenas cuatro días. Los detalles en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre
Este martes 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “las personas en todo el mundo dependen de los recursos basados en la vida silvestre y la biodiversidad para satisfacer sus necesidades, desde alimentos hasta combustible, medicinas, vivienda y ropa. De ahí que todos debamos trabajar juntos para asegurarnos que los ecosistemas prosperen y las especies vegetales y animales existan en el futuro”.
En 2026, el tema central es “Plantas medicinales y aromáticas: conservar la salud, el patrimonio natural y los medios de subsistencia”, resaltando el papel clave de estas especies en la salud humana, el patrimonio cultural y los medios de vida locales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la biodiversidad, definida como la variedad de organismos vivos en todos los niveles, constituye el pilar fundamental de la vida en la Tierra. Incluye la diversidad genética de plantas, animales y microorganismos, así como la complejidad de los ecosistemas.
En ese sentido, en Argentina, actividades lideradas por expertos han puesto el foco en esta dinámica y se detectaron cifras récord de especies en un relevamiento.
Safari de Verano de ciencia ciudadana, coordinado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, alcanzó un nuevo hito en la documentación de la biodiversidad nacional al registrar cerca de 9.000 observaciones de 2.500 especies en apenas cuatro días. Más de 800 personas participaron en la toma de registros en todo el país, mientras que otras 800 colaboraron en la identificación de especies a través de la plataforma ArgentiNat, nodo argentino de la red global iNaturalist. El anuncio se realizó en la antesala del Día Mundial de la Vida Silvestre 2026.
El proyecto permitió que cualquier persona con un teléfono móvil o cámara digital pudiera aportar datos sobre la flora y fauna local. Las observaciones se cargaron en ArgentiNat, donde la comunidad colaboró en la validación e identificación de especies, generando una base de datos abierta y útil tanto para la investigación científica como para proyectos de conservación y educación ambiental.
Durante el Safari de Verano se documentaron 1.070 especies de plantas, 382 de aves, 58 de hongos, 49 de mamíferos, 33 de reptiles, 16 de anfibios, 107 de arácnidos, 736 de insectos y 29 de moluscos, lo que conforma una “fotografía colectiva” de la biodiversidad argentina en verano y amplía el conocimiento sobre la distribución de especies en diferentes ecosistemas.

Ciencia ciudadana y biodiversidad: una red en expansión
Cada registro contribuye a una base de datos global, accesible a investigadores y conservacionistas de todo el mundo. Manuel Jaramillo, director general de la organización, destacó: “Miles de observaciones realizadas por personas en todo el país permiten construir conocimiento que sería imposible de generar de manera individual”. La entidad subraya que estos eventos no solo fortalecen la investigación, sino que también promueven el vínculo entre las personas y la naturaleza.
El ciclo de safaris continuará con el Safari de Otoño, programado del 1 al 4 de mayo de 2026, con la convocatoria abierta a toda la población interesada en observar y documentar la riqueza natural del país. Estas jornadas buscan sostener la movilización social y fortalecer una red nacional de ciudadanos comprometidos con el monitoreo y la defensa de la biodiversidad.

Por qué se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre
La conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre tiene su origen en la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en 2013 proclamó el 3 de marzo como fecha oficial. Esta elección recuerda la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1973, un tratado que marcó un hito en la protección de la biodiversidad global. Desde entonces, la jornada busca visibilizar la importancia de la vida silvestre y sensibilizar sobre la necesidad de conservar las especies y los ecosistemas para las generaciones futuras.

Día Mundial de la Vida Silvestre 2026: plantas medicinales y aromáticas en el centro
El Día Mundial de la Vida Silvestre, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y coordinado por la Secretaría de la CITES, se celebra cada 3 de marzo en conmemoración del tratado internacional para la protección de especies amenazadas. En 2026, la celebración internacional estará dedicada al papel fundamental de las plantas medicinales y aromáticas en la salud, los medios de vida y la cultura global.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre el 70 y el 95% de la población en países en desarrollo depende de la medicina tradicional basada en estas especies. Actualmente, entre 50.000 y 70.000 especies de plantas se recolectan con fines medicinales o aromáticos a nivel mundial, de las cuales unas 1.500 figuran en los apéndices de la CITES y más de 800 en el apéndice II. Estas plantas no solo sustentan la salud primaria y la farmacología moderna, sino que también son pilares de industrias como la cosmética, la alimentación y la agricultura, beneficiando directamente a comunidades rurales y pueblos originarios.

Desafíos y perspectivas para la conservación de especies
El uso sostenible de recursos biológicos plantea desafíos globales. Más del 20% de las especies vegetales empleadas con fines medicinales o aromáticos están en riesgo de extinción, de acuerdo con la Lista Roja de la UICN. Entre los factores de amenaza destacan la sobreexplotación, la destrucción de hábitats, el comercio ilegal y el cambio climático, lo que exige políticas efectivas y modelos de aprovechamiento responsable.
La salud humana depende de ecosistemas equilibrados que proporcionan recursos esenciales como aire limpio, agua dulce, medicinas naturales y seguridad alimentaria, además de regular enfermedades y estabilizar el clima. Los bosques, por ejemplo, absorben más de 2.600 millones de toneladas de CO2 al año y ayudan a reducir enfermedades relacionadas con la contaminación.
La pérdida acelerada de biodiversidad, con cerca de un millón de especies en peligro de extinción, amenaza recursos vitales y aumenta los riesgos para la salud pública global. Nuestra supervivencia depende de los beneficios que aportan los ecosistemas, como alimentos, agua, regulación de plagas y enfermedades, y calidad del aire, agua y suelo. Cuando estos recursos dejan de satisfacer las necesidades sociales, el deterioro de la biodiversidad puede perjudicar directamente la salud, afectar medios de vida, ingresos y migraciones locales, e incluso agravar conflictos políticos.
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Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un convenio para proteger el Delta del Paraná de los incendios

Fecha de Publicación: 04/03/2026
Fuente: Portal Conclusión
Provincia/Región: Litoral Argentino


Las tres provincias, junto a la Agencia Federal de Emergencias, consolidaron un esquema de trabajo conjunto iniciado en 2024 y establecieron una coordinación operativa permanente para prevenir y responder al fuego en la región.
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para fortalecer la coordinación operativa en el Delta del Paraná frente a los incendios. El convenio, rubricado en Alvear, da continuidad al trabajo articulado iniciado en enero de 2024 y establece un protocolo común de actuación ante emergencias.
Las autoridades destacaron que el Delta del Paraná es un territorio compartido cuya dinámica ambiental exige respuestas coordinadas, ya que el fuego no reconoce límites geográficos. En ese sentido, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, subrayó la importancia de que las provincias y la Nación trabajen de manera articulada para abordar desafíos ambientales que trascienden fronteras.
En ese sentido, el ministro Enrique Estévez destacó que “es muy importante este paso que estamos dando. Tres provincias y Nación trabajando conjuntamente sobre un territorio que nos es común. El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos que están atravesados por desafíos que trascienden sus límites”.
Asimismo, el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo, remarcó el valor institucional del acuerdo y recordó que en 2022 la zona evidenció problemas de coordinación en el combate del fuego.
Por lo tanto, consideró que la firma del acta compromiso representa un paso clave para consolidar una política de Estado orientada a la prevención.
Por otra parte, en los últimos dos años Santa Fe destinó más de 2.500 millones de pesos a infraestructura y equipamiento para el combate del fuego, incluyendo herramientas, camionetas y capacitación específica para 632 brigadistas forestales. Además, el nuevo acuerdo establece que todos los recursos disponibles de las tres provincias estarán coordinados bajo un mismo protocolo operativo en articulación con la AFE.
En consecuencia, se busca optimizar los tiempos de respuesta, compartir información estratégica y garantizar intervenciones conjuntas ante eventuales focos ígneos. De hecho, el despliegue comenzó de inmediato con la instalación de un campamento base que funcionará con tres grupos de trabajo específicos en el territorio.
Además, en la segunda quincena de marzo se realizará una nueva reunión para avanzar en un marco administrativo que permita viabilizar económicamente la intervención de una provincia en territorio de otra, superando posibles trabas operativas y asegurando mayor agilidad en la respuesta.
Las autoridades explicaron que la decisión de anticipar las acciones responde a un factor climático concreto, las lluvias recientes generaron un importante crecimiento de vegetación que, al secarse durante el invierno, podría convertirse en biomasa altamente inflamable.
Por ello, actuar ahora de manera preventiva y coordinada resulta fundamental para reducir el riesgo de incendios en una región estratégica tanto en términos ambientales como productivos.
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Los costos del fin del Estado en los barrios populares: «Volvió el olor al Riachuelo»

Fecha de Publicación: 03/03/2026
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Denuncian que con el cierre de la SISU están en riesgo unas 5 millones de personas. El gobierno nacional incumple la Ley 27.453 y abandona 648 obras de integración sociourbana en el país.
El ajuste en las políticas de integración sociourbana por parte del gobierno de Milei golpea a los barrios populares, que son miles en el país. Las consecuencias son palpables: no hay obras de vivienda ni de infraestructura, tampoco de acceso al agua potable, a la electricidad y a la red de cloacas. No hay asfalto, ni espacios recreativos. En los barrios aumenta la contaminación, el desempleo y la conflictividad social. Sitios paradigmáticos como el Riachuelo vuelven a ser ejemplos de abandono.
Desde que asumió, la gestión de Milei tomó la decisión de vaciar la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), área encargada de llevar adelante las políticas habitacionales. De hecho, en febrero los casi 300 trabajadores que aún sobrevivían de este programa quedaron en la calle porque el gobierno no renovó sus contratos. El retiro del Estado tiene efectos concretos. Álvaro Llambi, militante del MTE y ex director de Fortalecimiento de Organizaciones Productivas de la Comunidad, detalló que en los barrios que componen Campo Unamuno, al sur del Conurbano, tienen paralizada la obra de cloacas: “Tuvimos que ir a una demanda judicial para que refuercen los camiones que sacan; básicamente, la mierda de todas las cloacas que están en el barrio. Estamos hablando de 2000 familias que están sacando los residuos cloacales con camiones cisternas durante la semana porque la planta de tratamiento fue suspendida por parte del Gobierno Nacional”. 
Los fondos que la administración ‘libertaria’ invierte para mejorar las condiciones de vida de los 6467 barrios populares en los que habitan cerca de 5 millones de personas, son ínfimos. Sólo hasta noviembre de 2025, había desembolsado el 0,2% del monto anual para la integración habitacional.
El escenario para quienes habitan los barrios populares en la Cuenca Matanza Riachuelo -como Villa Fiorito- se agrava más aún luego de que la Corte decidiera cerrar la causa “Mendoza”, la más importante y emblemática en materia ambiental de la historia del país. Hoy, Llambi denuncia que no hay tareas de saneamiento y que “volvió el olor al Riachuelo”. Acota: “Volvemos a ver residuos flotando en el Riachuelo, olores nauseabundos y ni hablar de la falta de control de las fábricas que están alrededor de la Cuenca, como es el caso del Barrio El Paredón en Fiorito por parte de SADESA, la empresa de cuero más grande de Latinoamérica, propiedad de la familia Galperín”.
Desde la Mesa Nacional de Barrios Nacionales, el gobierno nacional lleva adelante un “plan de miseria planificada”: abandonó 648 obras, dejó a 11.265 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y dio vía libre para que se activen 150 juicios de desalojo. Además, dejó sin empleo a 35 mil trabajadores de la economía popular que llevaban adelante las obras.
“En mi barrio, algunos pibes que laburaban con nosotros en las obras, hoy laburan para el transa”, graficó a este medio Gastón Reyes, integrante de la Mesa y vecino del barrio El Bajo de Aldo Bonzi, en La Matanza.
“La situación es triste. Vemos a las madres tratando de contener a sus pibes que venden, pero también a los que consumen. Vemos compañeros que quedaron tirados con las obras, cloacas sin terminar, pozos abiertos, caños que se están echando a perder”. La vida cotidiana de los barrios se vuelve así una “pelea entre pobres. Vos tenés una parte del barrio que pudo acceder a una casita y a un tanque de agua. Y después tenés a quienes no accedieron a eso que vuelven a enganchar la manguera, le sacan presión al otro. Se está retrocediendo con todo lo que habíamos logrado”.

El riesgo es la vida
La geografía cambia pero no las problemáticas. “Cuando llueve, el agua se mete en las casas porque se frenaron las obras de cordones cuneta”, afirma Lila Calderón, vecina del Barrio Obrero, al norte de Cipolletti, Río Negro. Se dejaron de hacer los cordones, las veredas quedaron inconclusas, se frenaron las conexiones intradomiciliarias de luz. “El riesgo de esto es que un cortocircuito te queme todo, corre riesgo la vida. Perdimos un montón de vidas por los incendios a causa de malas conexiones”.
El 30% de las obras que se realizaron en el Barrio Obrero estuvieron en manos de cooperativas integradas por los mismos vecinos del lugar. “Hoy eso ya no existe”, dice Calderón. Y describe la crudeza del abandono: “Hay vecinos que trabajaban en las obras que hoy son los arbolitos de los narcos. Esto es lo que está sucediendo. Cuando el derecho retrocede gana el narcotráfico. Ni hablar de la cantidad de pibes que trabajaban bien y terminaron suicidándose”.
Los barrios populares esperan que el gobierno nacional cumpla la Ley de Integración Sociourbana. “Nacimos de asentamientos porque políticamente a nadie le importó –concluye Calderón–, pero tenemos el derecho de vivir dignamente”.

Afecta a más de 5 millones de personas
Organizaciones sociales, populares, la Iglesia y referentes territoriales que conforman la Mesa Nacional de Barrios Populares se movilizaron el martes pasado hacia la sede de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU). Bajo la consigna “El Estado se retira, los barrios pagan”, denunciaron que el desmantelamiento de las políticas de integración habitacional por parte del gobierno de Milei afecta a más de 5 millones de personas. El viernes también marchó la UTEP. La SISU fue creada en el 2018 a partir de la Ley de Integración Sociourbana 27.453. Hoy el 92% de los barrios populares carece de conexión formal de agua, el 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 66% depende de conexiones eléctricas informales.
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