Incendios forestales: ya se quemaron 230.000 hectáreas y gobernadores le reclaman la Emergencia al Congreso

Fecha de Publicación: 29/01/2026
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional


Gobernadores patagónicos solicitaron que la Emergencia ígnea se trate en sesiones extraordinarias para destrabar fondos y reforzar la coordinación con la Nación
Tras los incendios forestales que azotan al país desde principios de diciembre, los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este lunes al Congreso que trate con carácter de “urgente” la ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias.
Del encuentro, que se realizó de manera virtual, participaron Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes coincidieron en advertir sobre la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses.

Casi 230.000 hectáreas fueron arrasadas por los incendios forestales
Según detallaron, en ese período se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.
Los mandatarios destacaron el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional. Sin embargo, remarcaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia exigen recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.
En ese marco, informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de impulsar este planteo ante el Congreso con el objetivo de lograr la pronta sanción de la ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias, según se informó en un comunicado.
La eventual aprobación de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

Investigan a funcionarios por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces
Mientras el fuego avanza en Chubut, con dos incendios en los alrededores de Cholila, en la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel informó que se encuentra en curso una investigación federal para determinar la actuación y eventual responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego.
La causa es en relación con los incendios forestales detectados el pasado 9 de diciembre en el brazo sur del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces.
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Varamiento de delfines en la costa de Río Negro: dónde aparecieron y qué explican los especialistas

Fecha de Publicación: 29/01/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Los varamientos se registraron en distintos puntos de la Bahía de San Antonio. Especialistas explicaron las causas posibles y brindaron recomendaciones a la comunidad. 
En distintos sectores de la Bahía de San Antonio se registró en los últimos días el varamiento de delfines comunes (Delphinus delphis), una situación que activó operativos de asistencia, monitoreo y retiro sanitario por parte de organismos provinciales, fuerzas de seguridad y personal especializado en fauna silvestre.
Según explicó el  integrante del área de Guardas Ambientales, Sebastián Ortega, hasta el momento se encuentran registrados siete ejemplares, hallados en Península Villarino, El Sótano y playas aledañas a Bahía Creek. Además, indicó que no se descarta la aparición de nuevos animales, motivo por el cual se intensificaron los rastrillajes y recorridos preventivos en la zona.
El primer aviso se produjo el 21 de enero, cuando un delfín común fue encontrado encallado en la Península Villarino. El animal no lograba regresar al mar por sus propios medios y presentaba un marcado estado de agotamiento. Ortega indicó que, tras la intervención del personal técnico y la aplicación de los protocolos vigentes, el ejemplar pudo ser devuelto al agua y nadó mar adentro, aunque la situación continuó siendo monitoreada.
En los días siguientes comenzaron a registrarse hallazgos de animales muertos en distintos puntos de la bahía. El 22 de enero se reportaron dos delfines sin vida, uno en playas del Puerto del Este y otro en El Sótano, mientras que el 23 de enero se notificó la aparición de otro ejemplar en Playa Acantilados, una zona balnearia de alta concurrencia durante el verano.
En estos casos, se activaron operativos de extracción debido al riesgo sanitario, ya que los mamíferos marinos muertos pueden portar parásitos y enfermedades, entre ellas afecciones de la piel e incluso viruela. Los animales retirados fueron trasladados al Centro de Investigación de Mamíferos Marinos (CIMAS) para su análisis.
El 24 de enero, cerca del mediodía, se reportó un nuevo delfín común muerto en playas de Punta Villarino, lo que elevó a seis el total de ejemplares muertos registrados hasta el momento. De acuerdo a lo informado por el guarda ambiental, los delfines analizados resultaron ser hembras, y en dos de ellas se detectó presencia de leche en las mamas, un dato que podría indicar la existencia de crías en período de lactancia.

Qué especie es y por qué aparece en la costa
Respecto a la especie, Ortega detalló que se trata del delfín común (Delphinus delphis), un mamífero marino oceánico, que no suele habitar zonas cercanas a la costa. «Es una especie pelágica, que vive en mar abierto, se desplaza grandes distancias y se alimenta principalmente de peces y calamares», señaló.
Consultado sobre la frecuencia de este tipo de episodios, Ortega indicó que los varamientos de delfines y ballenas no son hechos aislados en la provincia. En los últimos cinco años se registraron al menos ocho eventos, principalmente en San Antonio Oeste y en sectores del Área Natural Protegida Caleta de los Loros – Pozo Salado – Punta Mejillón. Desde 2021, estos episodios se repiten de manera anual, incluyendo el varamiento masivo de casi 400 delfines ocurrido en abril de 2023 en Puerto del Este.
En cuanto a las posibles causas, el guarda ambiental explicó que pueden estar asociadas a factores naturales, como ataques de orcas, que generan pánico y desorientación en los delfines, llevándolos a encallar en zonas con bancos de arena o bajantes de marea.


Los canales habilitados para reportar estos casos son:
- 911 Emergencias.
- 101 Policía de Río Negro.
- 106 Prefectura Naval Argentina.
- 2920 612000 – Subsecretaría de Fauna Silvestre.
En cuanto al rol de la comunidad, el guarda ambiental remarcó que «una buena intención no siempre es una buena acción» y advirtió que intentar ayudar a un animal sin el conocimiento adecuado puede perjudicarlo. Ante la presencia de un delfín varado, recomendó no tocarlo ni manipularlo y comunicarse de inmediato con las autoridades.
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Argentina ante el mundo: el costo de una NDC sin definición

Fecha de Publicación: 28/01/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


Demoras, críticas y falta de definiciones marcan la nueva NDC, un compromiso clave para su inserción internacional y el acceso al financiamiento climático.
 La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) es el compromiso formal que asume un país en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). No son solo metas técnicas ni compromisos abstractos ante la ONU en el marco del Acuerdo de París (2015), sino que es la señal que se envía al mundo sobre hacia dónde se dirige la matriz productiva de un país, qué tipo de desarrollo promueve y en qué medida tiene en cuenta la transición hacia un futuro bajo en emisiones de carbono.
Cada país define allí sus compromisos de mitigación, adaptación y su abordaje de pérdidas y daños. Estas contribuciones deben actualizarse cada cinco años y elevar progresivamente su nivel de ambición, en un mecanismo pensado para acercar las promesas nacionales al objetivo global de limitar el aumento de la temperatura promedio del planeta por debajo de los 2 °C. 
 En febrero del 2025 venció el plazo para presentar la nueva actualización de la NDC, con posibilidad de extenderse hasta diciembre. En el último ciclo, numerosos países cumplieron con ese mandato. Economías desarrolladas y emergentes presentaron o actualizaron sus NDC con metas más exigentes, incorporando mejoras metodológicas, nuevos sectores y señales claras hacia el financiamiento verde. En ese contexto, la expectativa sobre la posición argentina era alta, especialmente luego de los avances recientes en la firma de los acuerdos comerciales del Mercosur con la Unión Europea y la EFTA. Esos tratados, que buscan posicionar a la Argentina y la región en el comercio global, tienen al cuidado del ambiente como uno de sus ejes transversales. Una NDC actualizada y ambiciosa no sólo es coherente con esa estrategia, es casi una condición necesaria para que funcione.
Sin embargo, el proceso argentino estuvo lejos de ser lineal. En las semanas previas a la COP30 -la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-, realizada en noviembre de 2025 en Belém, Brasil, la Subsecretaría de Ambiente convocó a dos espacios de presentación de las metas a nivel nacional: el taller “Potenciando la acción climática en Argentina a través de la cooperación internacional” y la Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático. En ambos ámbitos se anticipó la presentación de la NDC 3.0 en el marco de la COP, pero esa presentación formal nunca ocurrió durante la conferencia.
De manera simultánea a la NDC 3.0, se dio a conocer la Tercera Comunicación de Adaptación (ADCOM 3), elaborada conforme a los lineamientos internacionales. Este informe detalla los principales riesgos y exposiciones frente al cambio climático, define las prioridades estratégicas del país y reconoce de forma explícita a las pérdidas y daños como el tercer eje de la política climática nacional.
Por otro lado, uno de los cambios más relevantes de esta nueva versión es el reconocimiento explícito de los mercados de carbono como una fuente adicional de financiamiento climático. En línea con el Artículo 6 del Acuerdo de París, Argentina manifiesta su intención de participar en mecanismos bilaterales, regionales o multilaterales de cooperación voluntaria, siempre que se garantice la integridad ambiental, social y económica. Este giro es clave, ya que habilita la venta de créditos de carbono a precios internacionales, superiores a los del mercado voluntario local, y puede mejorar la viabilidad financiera de proyectos de gran escala, con fuerte participación del sector privado.
En este marco, un grupo de organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se posicionó en un comunicado argumentando que, pese a las instancias mencionadas, el proceso careció de participación real, transparencia y enfoque federal. Según estos actores los encuentros se realizaron de manera virtual, con limitada posibilidad de intercambio, y sin convocar al Consejo Asesor Externo previsto en la Ley 27.520. En lugar de un documento oficial, se difundieron “resultados preliminares” y lineamientos generales de un compromiso climático que aún no fue comunicado formalmente a nivel internacional. Además, estas organizaciones criticaron las metas propuestas, y es que lejos de aumentar la ambición, la nueva versión flexibiliza los compromisos: el tope de emisiones se eleva de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (COe), fijado en 2021, a 375 millones para 2030 y 2035.
Desde el gobierno, la lectura es distinta. Según explicaron, la nueva contribución es “más ambiciosa” en términos metodológicos y de calidad de la información. Incorpora mejoras sustanciales, ya que amplía la cobertura territorial del 65 al 79 %, aumenta las categorías de emisiones reportadas de 146 a 162 y adopta nuevas métricas del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Estas modificaciones, sostienen, permiten una medición más completa y transparente. “Nuestra NDC muestra que Argentina está haciendo los deberes en política ambiental. La ambición debe ser siempre lo posible”, afirmó el Subsecretario de Ambiente Fernando Brom durante la presentación, que contó con más de 220 participantes de distintos sectores.
Sin embargo, el Círculo de Políticas Ambientales calificó la nueva NDC como un retroceso, señalando que elevar el techo de emisiones “corrompe un principio básico del Acuerdo de París: la buena fe”. Según el análisis de la organización, la nueva meta no solo es menos ambiciosa, sino que congela el nivel de compromiso entre 2030 y 2035, contradiciendo la lógica de revisión progresiva. En términos concretos, implica un aumento del 7,5% respecto de las metas anteriores.
A estas críticas se sumó una declaración institucional de peso: la del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). El organismo que reúne a Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, expresó su preocupación por la falta de una presentación oficial de la NDC. En una declaración formal, el COFEMA solicitó al gobierno nacional que comunique el documento correspondiente al ciclo 2025 para dar previsibilidad al federalismo climático y garantizar una representación técnica y ambientalmente sólida en las negociaciones internacionales.
Este documento condensa una preocupación común. Y es que, más allá de las diferencias partidarias que existen entre los gobiernos provinciales, hay un punto de consenso difícil de ignorar: la NDC no es un mero compromiso ambiental, sino que es la llave de acceso al financiamiento climático internacional. Este último es necesario para poder concretar proyectos de políticas públicas en cartera de los distintos gobiernos subnacionales. Fondos de organismos internacionales utilizan las NDC como referencia central para evaluar si los proyectos presentados están alineados con las prioridades nacionales. Sin una NDC clara, oficial y consensuada, se debilita la capacidad del país para atraer recursos, inversiones y cooperación internacional.
En un contexto en el que la Argentina busca posicionarse globalmente, avanzar en acuerdos comerciales estratégicos y recuperar credibilidad, la definición de su compromiso climático no puede quedar en una zona gris. La presentación formal de las Contribuciones y su coherencia con una estrategia de desarrollo sostenible serán determinantes para demostrar la voluntad de estar a la altura de las exigencias globales. Solo así podrá insertarse en el mundo bajo reglas claras, previsibilidad y una visión de desarrollo acorde a los desafíos del siglo XXI.
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El Gobierno de Mendoza desmintió desbordes y negó contaminación del agua tras la tormenta en San Rafael

Fecha de Publicación: 28/01/2026
Fuente: Portal MendozaToday
Provincia/Región: Mendoza


El Ministerio de Energía y Ambiente y el Departamento General de Irrigación informaron que no se registraron desbordes ni situaciones de riesgo en el arroyo El Tigre ni en los reservorios del complejo Sierra Pintada, y confirmaron controles preventivos sobre el sistema hídrico.
Luego de la tormenta que afectó a San Rafael durante las últimas horas, el Gobierno de Mendoza desmintió las versiones que alertaban sobre un presunto desborde del arroyo El Tigre y de los reservorios del complejo Sierra Pintada, así como supuestos episodios de contaminación del agua potable.
Las aclaraciones oficiales llegaron luego de la difusión de videos y publicaciones en redes sociales que vinculaban las crecidas con un eventual contacto del agua con instalaciones vinculadas a la planta de uranio. Desde el Ejecutivo provincial descartaron de plano esas versiones y aseguraron que no existe ningún riesgo para la población.
A través de un comunicado, el Ministerio de Energía y Ambiente, en conjunto con el Departamento General de Irrigación, informó que no se registraron desbordes del arroyo El Tigre ni de ninguno de los reservorios que integran el complejo Sierra Pintada.
Según detallaron, durante la jornada personal del Ministerio realizó inspecciones en el lugar, donde se constató que los niveles de agua en los reservorios eran bajos y que las obras de contención funcionaban con normalidad. En ese marco, señalaron que no se detectaron desbordes ni situaciones de riesgo asociadas al fenómeno meteorológico.
Indicaron además que se mantiene una comunicación permanente con el Departamento General de Irrigación, organismo que también confirmó que no se produjeron desbordes en ninguno de los reservorios del complejo.
De manera preventiva, el Ministerio informó que se están llevando adelante maniobras para disminuir los niveles de la Represa II, cuya función es contener las escorrentías pluviales internas del complejo, ante la posibilidad de nuevas tormentas durante la jornada.
Paralelamente, se continúa con la toma sistematizada de muestras durante las crecidas del río Diamante, así como del agua que ingresa al sistema de distribución, como parte de los controles habituales. También se dispuso la conformación de una guardia de contingencia destinada a realizar inspecciones de control ante eventos hidrometeorológicos extraordinarios, con monitoreo permanente de la situación y aplicación de medidas preventivas.
En relación con la difusión de versiones sobre una supuesta contaminación del agua, el ministro Natalio Mema, se expresó en términos contundentes a través de su cuenta en la red social X. Allí advirtió que generar temor en la población mediante información falsa sobre los servicios básicos puede tener consecuencias legales.
“Atemorizar a la población tiene consecuencias jurídicas. Difundir que no se puede tomar agua de la red domiciliaria por contaminación, en el marco de una tormenta torrencial, es un delito. Vamos a denunciar penalmente a quienes infunden temor en la población con falsas noticias sobre los servicios básicos. No vamos a permitir que un grupo de personas con intereses políticos y económicos alteren la tranquilidad de los mendocinos”.
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Alerta ambiental en la Antártida: investigan prácticas prohibidas en una base argentina 

Fecha de Publicación: 27/01/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Antártida


El COCOANTAR investiga al jefe de la base Petrel por incumplimientos reiterados de la normativa ambiental y por denuncias de maltrato al personal durante la Campaña Antártica 2025.
El Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) a cargo del contralmirante Maximiliano Mangiaterra encargado de la logística y el funcionamiento permanente de las bases, bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto recibió una grave denuncia de contaminación ambiental ocurrida en la base antártica conjunta Petrel.
Esta base en plena recuperación con el desarrollo de sus pistas de aterrizaje será el nodo estratégico de movilización de personal y cargas con medios navales y aéreos y conectividad hacia el interior profundo de la Antártida.
El segundo jefe de la base Petrel redactó el memorando ME-20226-03490366-APN-COCOANTAR#EMCO fechado el 10 de enero e informó a sus superiores del Estado Mayor Conjunto: “irregularidades acaecidas, durante el transcurso de la Campaña Antártica 2025 en la Base Antártica Conjunta Petrel; originadas por las conductas ejercidas por el jefe de Base, capitán de fragata de Infantería de Marina (CFIM) Cristian Gabriel De Gregori”, lo acusa de “incumplimiento reiterado a la normativa ambiental vigente y maltrato sistemático al personal de la dotación a su cargo”.
El punto de mayor gravedad ambiental se atribuye a “reiteradas órdenes directas verbales emitidas por el capitán De Gregori de: “Eliminación de remanentes de combustible (JP1-combustible para aeronaves, nafta super, GOA) y/o aceites (lubricantes, aceites 15w40 originados como residuo del recambio efectuado en generadores y automotores); todo ello se efectuó mediante vertido y/o quema en una batea metálica; causando un riesgo crítico de contaminación del suelo, la fauna local y la biodiversidad antártica” (conforme se acredita con las fotografías adjuntas al presente como archivo embebido), dice el informe.
También, “Disposición final mediante incineración no controlada de residuos que incluyeron: víveres vencidos (latas de conservas, cajas, bolsas plásticas conteniendo alimentos a granel), goma, materiales de construcción y residuos plásticos varios”.
Es cierto que antes de que existieran instrumentos como la Recomendación XV-3 (1989) del Comité Científico para la Investigación Antártica, la gestión de residuos en las instalaciones antárticas solía llevarse a cabo mediante la quema al aire libre y la eliminación de residuos en vertederos.
Aquella Recomendación sumó mayores exigencias; la prohibición de quema a cielo abierto; plasmadas en el Anexo III del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, conocido como Protocolo de Madrid; firmado en 1991 y rige desde 1998.
La práctica ordenada por el capitán De Grégori, de comprobarse cierta, expone al país representado por la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de la Cancillería y a la autoridad superior; el comandante Conjunto Antártico a un reproche internacional de los miembros del sistema antártico.

Cuál es el tratamiento de los residuos en la Antártida
Los residuos antárticos se clasifican en 4 grupos: el Grupo 1 se compone de madera, papeles y restos de comida; el Grupo 2 de caucho, polietileno y envases metalizados, el Grupo 3 de lubricantes, pinturas ácidas y otros líquidos o sólidos peligrosos y, finalmente, el Grupo 5 está compuesto de vidrios, alambres y hormigón.
De acuerdo con las características de los materiales, cada grupo recibe un tratamiento específico para su evacuación. Los sólidos, plásticos, combustibles, chatarra y restos de material de construcción una vez clasificados se embarcan en tambores de 200 litros y contenedores que traslada el rompehielos ARA Almirante Irizar para su disposición final a la llegada al continente. Las aguas de baños y cocinas pueden verterse al mar previo tratamiento en plantas de depuración. 
Se sabe que la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la base Petrel; un proyecto iniciado en 2022-2023; aún está inconcluso a pesar de que contó en 2024 con una partida cercana a los 100 millones de pesos. En ese trabajo participaron el Centro de Tecnología del Uso del Agua del INA (SCTUA), la empresa Grupo IFES, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR).
Sólo algunos tipos de residuos son tratados en suelo antártico, los orgánicos, como alimentos, papeles y cartones. Pueden ser incinerados en equipos especiales que filtran las emisiones contaminantes, pero está prohibido la quema a cielo abierto.
Incinerar desechos de hidrocarburos encuadrados en el grupo de “Residuos Peligrosos” a cielo abierto es una grave contravención a las normas de conservación del ecosistema antártico.

Los ejes de la investigación disciplinaria
¿Impericia del jefe de Base para conducir la instalación? o ¿desgastada relación entre los involucrados?, son parte de los ejes que tendrá que desarrollar la investigación para esclarecer los hechos y establecer las consecuencias disciplinarias.
Meses de tensión por diferencias de criterio y malos tratos del capitán de fragata De Grégori hacia algunos miembros de la base entre ellos el médico sumado a decisiones contrarias a la preservación del ecosistema antártico parece haber sido el detonante del informe que elevó el subjefe de Petrel al Comando Conjunto Antártico.
La base alberga una dotación estable de personal militar, entre ellos un médico y algunos científicos que permanece durante el invierno antártico, y se refuerza con más investigadores del Instituto Antártico para las tareas científicas que se cumplen en el verano.
El memo del subjefe de Petrel describe “el uso de lenguaje hostil, descalificante, intimidante y soez; concomitantes con amenazas, intimidaciones y humillaciones verbales ejercidas hacia sus subalternos frente al resto de la dotación” por parte del CFIM De Gregori, que “vulneraron la dignidad del personal bajo su mando”.
Las actividades antárticas con duras condiciones climáticas que exigen pasar mucho tiempo en un espacio interior confinado ponen a prueba la convivencia que depende de las cualidades de liderazgo, equilibrio emocional y trabajo en equipo que manifieste el jefe de la base hacia los integrantes de la dotación aspectos que al parecer no reuniría el mencionado capitán De Grégori.
Psicólogos consultados por Ámbito señalan el efecto que puede tener el aislamiento en el comportamiento humano. "Algo que sabemos de estos casos es que en aislamiento forzado como el que se vive en bases antárticas, las diferencias graves o pequeñas pueden desatar un conflicto”.
Por eso, “los problemas sobre jerarquía, sobre la distribución de la carga de trabajo, el tiempo libre, las raciones o las porciones de comida suelen eclosionar en algo de mayor envergadura si el líder no sabe gestionarlas”.
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ESTEPPA: la Patagonia busca regenerar 10 millones de hectáreas y mitigar 5,5 millones de toneladas de CO₂

Fecha de Publicación: 27/01/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Patagonia


La Patagonia enfrenta desafíos crecientes para sostener su futuro rural y ambiental. Con más de 50 millones de hectáreas de praderas templadas, la región constituye uno de los ecosistemas más valiosos del país. Sin embargo, la variabilidad climática, las sequías, los incendios y la degradación de los suelos amenazan la productividad y la vida rural.
Los productores necesitan herramientas prácticas y accesibles para mantener el campo y adaptarse al cambio climático.

El programa ESTEPPA
The Nature Conservancy (TNC) y Halkis lanzaron el Programa ESTEPPA (Estrategias de Producción y Pastoreo en la Estepa Patagónica), una iniciativa binacional en Argentina y Chile que impulsa:
- Ganadería regenerativa como aliada en la conservación y restauración de pastizales.
- Mejora de la salud del suelo, biodiversidad y resiliencia ecosistémica.
- Créditos de carbono de alta integridad, bajo estándares internacionales.
- Capacitación técnica e intercambio entre productores.
- Apoyo financiero e infraestructura clave.
- Trabajo colaborativo con asociaciones rurales, universidades y actores locales.

Relevancia para la región
La degradación de pastizales y la variabilidad climática afectan cada vez más la productividad. La adopción de prácticas regenerativas permite:
- Mitigar el cambio climático mediante captura de carbono en suelos.
- Acceder a incentivos económicos a través de la venta de créditos de carbono.
- Fortalecer la vida rural con manejos adaptativos basados en ciencia.

Etapas de implementación
El programa se encuentra en fase de co-diseño con productores y actores locales. Sus pasos incluyen:
- Relevamiento técnico y análisis de factibilidad (ya completado).
- Mesas participativas para definir prácticas y gobernanza.
- Inicio del manejo regenerativo en abril de 2026.
- Mediciones de carbono en suelo con línea de base en primavera de 2026.
- Validación y emisión de créditos de carbono, generando ingresos para productores.
Todo el proceso se acompaña con asistencia técnica personalizada en cada establecimiento.

Potencial de impacto
La Patagonia posee gran capacidad de almacenamiento de carbono en sus suelos. El programa busca:
- Regenerar 10 millones de hectáreas de pastizales bajo manejo sostenible para 2030.
- Mitigar más de 5,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente por año.
- Escalar acciones regenerativas mediante colaboración con productores e instituciones.
Como primer paso, el Cluster 1 implementará prácticas regenerativas en 200.000 hectáreas para 2026, sentando las bases para la expansión del modelo en toda la región.

ESTEPPA en la Expo Rural de Neuquén
El programa será presentado en la 83° Exposición Rural de Neuquén, los días 23 y 24 de enero de 2026, donde equipos de TNC y Halkis compartirán información sobre ganadería regenerativa y mercados de carbono, respondiendo preguntas y mostrando experiencias concretas.
ESTEPPA representa un cambio de paradigma para la Patagonia: integrar producción ganadera, conservación y acción climática en un modelo regenerativo que fortalezca la economía rural y contribuya a la lucha contra el cambio climático.
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Argentina tiene una nueva lista roja de mamíferos amenazados: cuáles son y qué zonas son las más complicadas

Fecha de Publicación: 26/01/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


“Muchas de las especies que ingresan a categorías de amenaza son poco visibles para el público general, pero enfrentan riesgos elevados”. La cita pertenece al investigador del Conicet Javier Pereira, quien participó, junto a unas 450 personas, de la actualización de la categorización del listado de mamíferos en peligro que existen en el país y que llevó a cabo la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem). La mayoría de las especies que fueron reconsideradas como amenazadas solo existen en Argentina, por lo que su desaparición significaría su extinción global.
La actualización llegó tras el primer trabajo, desarrollado en 2019, con el que se categorizó a los mamíferos del país y a través del cual se pudo establecer la primera Lista Roja nacional, siguiendo los criterios globales de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El primer trabajo permitió categorizar a 395 especies de mamíferos nativos, cifra que se incrementó a 417 en el nuevo estudio. Participaron más de 450 personas, entre científicos, técnicos, gestores, guardaparques y naturalistas de todo el país. Una de las cuestiones a resaltar fue la mayor precisión de datos, que permiten identificar claras señales de que muchas especies siguen enfrentando presiones considerables.
La categorización de las especies en los grupos “vulnerable”, “en peligro” y “en peligro crítico” tiene en cuenta una serie de pautas. Algunas de ellas son la cantidad de ejemplares que desaparecieron en los últimos diez años o tres generaciones y los motivos por los cuales se dan esas pérdidas.
Ahí es cuando entran en juego diversos factores, como el avance de la frontera agropecuaria o la deforestación, que deriva en la pérdida de territorios para el desarrollo de estas especies.
Si bien los autores del proyecto señalaron que aún es pronto para magnificar si hay más o menos especies en peligro, resaltaron que la gran cantidad de nuevos datos, incluso si derivan en la recategorización de animales y que estos pasen a clasificarse como en peligro, es positivo ya que permite elaborar políticas públicas para su preservación.
“Por su naturaleza, esta herramienta es útil mientras sea actualizada, ya que la información disponible, las amenazas, las políticas o el contexto en el que viven las especies es de por sí dinámico”, explicó Pereira a TN, quien también es el coordinador general de la Categorización del Estado de Conservación de los Mamíferos de Argentina 2025 de la Sarem.
El trabajo, al que calificó como “titánico”, consistió en revisar y volver a evaluar el estado de conservación de todas las especies de mamíferos de Argentina.

Nuevas especies en peligro
Una vez que se actualizó la cantidad de especies, el paso siguiente fue actualizar sus estados de conservación.
Una de las novedades más relevantes de la nueva actualización fue la evaluación de los impactos ambientales ocasionados por las especies exóticas que fueron introducidas en el país. “Por primera vez, se usó un protocolo internacional de la UICN para clasificar la magnitud de los daños que causan las especies introducidas a la biodiversidad nativa”, explicó Pereira. Los resultados de estos estudios permitirán abordar correctamente a las especies invasoras para reducir esos impactos.
Pereira adelantó que “fueron muchas las especies que cambiaron de categoría”, pero que esto se debió a un incremento en la cantidad de información nueva, los cambios de clasificación y hasta una modificación en las interpretaciones de los datos disponibles.
“Técnicamente, dichos cambios se conocen como ‘no genuinos’ porque no reflejan un cambio real en el estado de conservación de la especie en el terreno, sino en la propia evaluación”, explicó. De todos modos, marcó que esto es positivo y ejemplificó: “Si una especie que no estaba en una categoría de amenaza ahora lo está, eso implica que la nueva información permitió ajustar lo que conocíamos de esa especie para evaluarla mejor. Su nueva situación de conservación es ahora peor, pero eso permite priorizar su tratamiento o gestión y tomar decisiones mejor informadas para intentar revertir su estado de amenaza”.
Teniendo en cuenta este punto, el investigador marcó que varios felinos silvestres pequeños incrementaron su grado de amenaza. En ese grupo, se encuentran el gato huiña de los bosques patagónicos, el gato tirica de las Yungas y “algunas especies nuevas de felinos que antes se consideraban como una sola especie, conocida como el gato del pajonal”.
“Otros grupos de mamíferos también tienen representantes que ahora se consideran amenazados, como el chinchillón anaranjado de la Patagonia, el falso vampiro orejón del norte argentino y varios roedores pequeños de hábitos cavadores conocidos como los tuco-tucos, que fueron categorizados como En Peligro debido a su distribución geográfica muy restringida y a la presión creciente sobre los ambientes que habitan”, agregó.
A su vez, remarcó que “la mayoría de estas especies existen solamente en la Argentina, por lo que su pérdida representaría su extinción a nivel global”.
También hay una contrapartida: las especies que mejoraron y tienen un grado de amenaza menor. En este grupo se encuentra el ciervo de los pantanos (declarado monumento natural en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos), que pasó de Vulnerable a “casi amenazado”. Además, también se contemplan el oso melero, el hurón mayor y el huroncito patagónico, que figuraban como “casi amenazadas” y, con las nuevas evaluaciones, pasaron a la categoría de “preocupación menor”.
En este caso, Pereira también recordó que las mejoras no se deben exclusivamente a una recuperación poblacional, sino a mejor información disponible y ajustes metodológicos.

Regiones más complicadas
Consultado sobre los motivos por los que las especies pueden ingresar a categorías en las que puedan considerarse amenazadas, el investigador detalló: “En la mayoría de los casos, los mamíferos comparten distribución geográfica muy restringida, alta especialización ecológica y una fuerte exposición a la pérdida y degradación de hábitat”.
A esos factores, se agrega el avance de la frontera agropecuaria que consume los territorios donde estos animales viven, algo que también ocurre con las urbanizaciones, los incendios y la caza.
En tanto, señaló que hay una concentración importante de especies amenazadas en el Gran Chaco, el Bosque Atlántico (comprendido por regiones de Argentina, Brasil y Paraguay, y que en el país incluye a la selva misionera), los pastizales pampeanos y diversos sectores de la Patagonia, principalmente en el centro-oeste de la región: “Estas regiones combinan alta biodiversidad y fuertes transformaciones recientes del uso del suelo, lo que las convierte en áreas prioritarias para la conservación”.
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«Cambio de régimen climático»: el fenómeno que está secando los campos de Neuquén y Río Negro

Fecha de Publicación: 26/01/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro


Investigadores del INTA Bariloche y Conicet informaron sobre un marcado cambio de tendencia en el clima de la región, con precipitaciones hasta 25% inferiores que el promedio histórico. La ganadería en secano, entre las actividades más afectadas. 
La merma de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas en el norte de la Patagonia, puntualmente en Neuquén y Río Negro, fueron motivo de estudio para un grupo de investigadores del INTA Bariloche y Conicet, quienes publicaron un estudio informando que la región está pasando por un “cambio de régimen climático”.
Ese documento fue utilizado por los gobiernos de ambas provincias como insumo para analizar y finalmente declarar el estado de emergencia agropecuaria por sequía en sus territorios, ante el impacto de la falta de humedad, tanto a nivel ambiental como productivo.

Caudales de enero, pero en marzo
Dos de los cuatro autores del informe, elaborado a mediados del año pasado, hablaron con Diario RÍO NEGRO e indicaron que los ríos y lagos de la región, lejos de recuperar sus volúmenes, presentan en enero los niveles que deberían tener a fines de febrero y principios de marzo, cuando los caudales y las cotas suelen marcar sus mínimos anuales.
Manuela Fernández y Martín Calianno, ambos doctores en ciencias ambientales, explicaron que la región está pasando por un periodo «muy seco», derivado de lo que llamaron un «cambio de régimen climático».
De acuerdo a los investigadores, que trabajan en la sede del INTA en la ciudad cordillerana, el punto de quiebre se dio alrededor de 2007, con un paulatino pero marcado descenso de las precipitaciones.
Desde entonces, los acumulados anuales empezaron a ubicarse entre un 15% y un 25% abajo respecto al anterior periodo histórico, entre la década de los 90 y mediados de los 2000.
«Esto se puede ver, por ejemplo, con el cerro Catedral, que el último año tuvo muy poca nieve. Y los ríos y los lagos son dependientes de esa nieve para su alimentación. «Aun en verano se veían cubres blancas y ahora no está pasando», indicó Calianno.
El panorama, señalaron, se anticipaba complejo desde la salida del invierno. «Sabíamos que íbamos a tener problemas y desde el invierno hasta ahora casi no tuvimos lluvias«, agregó el investigador.

El impacto en la producción
La información recolectada por los especialistas fue utilizada más tarde por la secretaría de Producción e Industria de Neuquén, que había solicitado la redacción del informe a la estación experimental para obtener datos actualizados y eventualmente declarar el estado de emergencia.
La declaración se realizó a nivel provincial en septiembre y sobre el final de año fue reconocida por Nación, que esta semana hizo lo propio con Río Negro.
«Con los insumos que brinda el INTA, se puede evaluar la pertinencia de la declaración de emergencia a nivel local y, con esa información, gestionar posteriormente su reconocimiento con el gobierno nacional, bajo el encuadre de la ley 26.509», señaló Fernández.
Al repasar el estudio, la especialista dijo que se tuvieron en cuenta variables hídricas, con mediciones de los ríos Limay y Neuquén, y el impacto sobre el estado de los pastizales naturales, base de la dieta forrajera de buena parte de los establecimientos que realizan ganadería en secano.
Sostuvo que, con las actuales condiciones de humedad, resultará difícil que alcance el alimento sin estrategias de eficiencia y conservación. “Según el informe elaborado que integra datos de SENASA,  el stock bovino de Neuquén se ha incrementado levemente entre los periodos 2023-2024. En este sentido, es difícil que esta tendencia se pueda mantener con la actual disponibilidad de pastizales y agua», detalló. 
Una de las posibles consecuencias, dijo, es que se observe una disminución del stock de cabezas de la provincia. También podría ocurrir que, de no regular la carga animal, se vea comprometida la condición del ganado, con menos peso que el ideal.
«Es esperable que si los animales están en una condición mala o regular, el índice reproductivo también baje o que el destete sea menor«, añadió Fernández.
Para mitigar esos efectos y sostener el acompañamiento al sector ganadero, desde INTA asesoran a cooperativas, empresas y gobiernos locales, con la finalidad de llevar adelante técnicas de manejo de rodeos acordes al contexto climático.
El pico de preocupación por parte de los productores se dio a la salida de la primavera. En ese momento, ya se observaba que la nieve no era la habitual en alta montaña y que los ríos no iban a contar con agua suficiente durante los meses posteriores.
«Hay que tomar acciones, la gente está viendo que sus arroyos traen cada vez menos agua y que los pastizales están cada vez más secos. Año tras año tienen que comprar más forraje, porque lo que proveen los pastizales no alcanza«, resumió.

«Ya no tenemos nieve en stock»
Sobre las perspectivas a nivel climático, Calianno dijo que, de momento, nada hace pensar que el nuevo régimen se marche. Indicó que ya no se trata de una sequía más, que puede ser descrita como un evento puntual, sino de una modificación sustancial de las condiciones del clima.
El cambio involucra también a las temperaturas de la región, recordó el doctor en ciencias ambientales. En promedio, dijo que la temperatura media se elevó entre 0,5°C y 1°C en la Patagonia norte.
Según explicó, ese fenómeno incrementó durante el invierno la ocurrencia de la lluvia por sobre la nieve, que es la forma de humedad que se necesita para recargar las montañas de la cordillera y garantizar el agua que luego baja por los ríos y arroyos en la primavera. “Ya no tenemos esa nieve como stock”, relató.
Hacia adelante, indicaron que «es de esperar» que las estrategias destinadas a mitigar esta situación, ideadas por organismos como INTA junto a gobiernos provinciales, se sostengan en el tiempo, ya que todo indica que el cambio de régimen climático llegó para quedarse.
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Denuncias y fuego fuera de control: el Gobierno intervino el parque nacional Los Alerces

Fecha de Publicación: 24/01/2026
Fuente: Perfil 
Provincia/Región: Nacional - Chubut 


Más de 20.000 hectáreas quemadas en Chubut y una investigación penal en curso marcan el escenario en el parque reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. La emergencia ígnea expuso fallas operativas, reclamos de pobladores y tensiones entre gestión ambiental y respuesta estatal. 
En medio de los incendios que azotan a la provincia de Chubut, la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo descentralizado que depende de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, resolvió este viernes intervenir el Parque Nacional Los Alerces y apartó de sus cargos a las autoridades locales, en un contexto marcado por las tareas para contener el avance del fuego que ya consumió más de 20.000 hectáreas de bosques nativos, plantaciones y decenas de viviendas.
A partir de la medida, la gestión del área protegida —reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde julio de 2017— será asumida de manera provisoria por un "Comité de Intervención", órgano que concentrará de forma transitoria la totalidad de las competencias de la Intendencia hasta tanto se restablezca el normal desenvolvimiento institucional y administrativo.
La decisión fue comunicada oficialmente por la APN a través de un comunicado. Según precisó el organismo, “la medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales” y responde a “la necesidad de fortalecer la gestión institucional y el desarrollo de las acciones operativas desplegadas frente a dicha situación excepcional en el Parque Nacional Los Alerces”.
En ese sentido, el texto oficial detalló que la resolución fue adoptada luego de una revisión exhaustiva del escenario en el terreno. “En ese marco, se realizó una evaluación integral de la situación por parte de la delegación institucional incorporada al Comando Operativo desde el 6 de enero”, proceso que estuvo encabezado por el titular de la APN, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer.

La Administración de Parque Nacionales decidió "adoptar medidas inmediatas”
De acuerdo con el comunicado, “como resultado de dicha evaluación, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional”, con el objetivo de “asegurar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces”, al que se define como un área integrante del Sistema Federal de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
El texto también hace referencia al contexto judicial que rodea la situación. En ese punto, la APN señaló que, “ante la existencia de actuaciones judiciales de público conocimiento radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut, y sin perjuicio de las competencias propias del Poder Judicial”, el organismo resolvió “extremar los recaudos institucionales y adoptar las medidas que resulten conducentes dentro del ámbito de sus competencias”, con el propósito de “preservar el adecuado funcionamiento del área protegida”.
Finalmente, el comunicado fundamenta la intervención como una herramienta para reforzar la conducción del parque en un escenario excepcional. “En ese contexto, y con el objeto de garantizar una gestión eficaz, coordinada y orientada al cumplimiento de los fines de conservación, protección, manejo sustentable y uso público previstos por la Ley N° 22.351”, la medida apunta a “fortalecer la conducción integral del área, asegurar la debida ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la situación excepcional en curso”.

Denuncias por irregularidades en el control del fuego en el Parque Nacional Los Alerces
En paralelo al avance del incendio forestal, la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Esquel por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia en la conducción del operativo frente al fuego iniciado en diciembre de 2025 dentro del parque nacional Los Alerces, que al momento de la presentación judicial permanecía fuera de control.
La acusación alcanza al intendente del área protegida, Danilo Hernández Otaño; a la jefa del cuerpo de Guardaparques, María Laura Fenoglio; al jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), Mario Cárdenas; y a otros responsables de la cadena jerárquica vinculada a las decisiones operativas.
De acuerdo con el escrito, la propagación del incendio habría estado asociada a la ausencia de respuestas tempranas y a deficiencias en la planificación, lo que permitió que las llamas avanzaran sobre sectores intangibles de máxima protección ambiental, que afectaron tanto patrimonio estatal como bienes de pobladores de la zona.
Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere a la limitada dotación de personal desplegada en el ataque inicial del incendio. Según testimonios de vecinos y registros públicos citados en la presentación, en las primeras horas sólo habrían sido enviados alrededor de 30 brigadistas, mientras se descartó la participación de guardaparques con formación específica que se encontraban disponibles para intervenir.
Incluso, cerca de un mes después del inicio del siniestro, se reconoció públicamente que el operativo contaba con aproximadamente 40 combatientes, una cifra que los denunciantes consideran claramente insuficiente frente a la magnitud del fuego.
En ese contexto, sostienen que, pese a la existencia de personal capacitado en otras provincias, se optó por no convocarlo por “razones operativas” que califican como ilógicas e injustificadas.
La denuncia también pone el foco en la falta de tareas preventivas estructurales. Entre los señalamientos figuran la ausencia de medios acuáticos propios, la inexistencia de bases operativas permanentes, helipuertos y protocolos adecuados para una región que arrastra antecedentes reiterados de incendios forestales.
Otro de los aspectos cuestionados refiere a las dificultades logísticas durante las primeras etapas del combate. Según el escrito, los brigadistas debieron recurrir al apoyo de una empresa turística privada para poder acceder al foco inicial del incendio.
Asimismo, se mencionan demoras atribuibles a decisiones administrativas, como la suspensión transitoria de la navegación en la zona y el retraso en la intervención aérea por supuestas disposiciones sanitarias.
La presentación judicial también cuestiona la prohibición del uso de retardantes químicos en el combate del fuego. De acuerdo con la denuncia, esa restricción se habría justificado en criterios de preservación ambiental que, lejos de proteger el área, habrían contribuido a la propagación del incendio y a la destrucción de amplias superficies de bosque nativo.
Finalmente, los denunciantes solicitaron que la Fiscalía Federal lleve adelante una investigación detallada día por día sobre el accionar de las autoridades involucradas, la cantidad de brigadistas desplegados, la existencia y aplicación de protocolos, el estado del equipamiento disponible, las decisiones operativas adoptadas y la eventual configuración de conductas negligentes o de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Captan a la yaguareté Janaína con dos nuevos cachorros

Fecha de Publicación: 24/01/2026
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


El registro, obtenido mediante cámaras trampa en el Parque Nacional do Iguaçu, confirmó una nueva camada de una de las hembras clave para la conservación de la especie en la región.
Un registro inédito captó a la yaguareté Janaína junto a dos nuevos cachorros en el sector brasileño del Parque Nacional do Iguaçu. Las imágenes fueron obtenidas mediante cámaras trampa instaladas en el área protegida.
El avistamiento se produjo en diciembre de 2025 y permitió confirmar que los cachorros tendrían entre cinco y seis meses de edad. El material fue difundido por el Proyecto Onças do Iguaçu, que realiza el monitoreo de la especie en la región.
Janaína fue identificada por primera vez en 2018 y es considerada una de las hembras más relevantes para la conservación del yaguareté en libertad. Con este nuevo nacimiento, se convirtió en el primer ejemplar monitoreado por el proyecto en registrar cinco camadas documentadas.
Desde el equipo de investigación destacaron que la presencia de crías es un indicador positivo del estado de conservación del ambiente.
El monitoreo de la hembra y de sus cachorros continuará en los próximos meses y, cuando sea posible identificar el sexo de los jóvenes, el proyecto prevé involucrar a la comunidad en la elección de los nombres.
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Ballenas, gas y geopolítica: el impulso de Argentina para exportar GNL

Fecha de Publicación: 24/01/2026
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional - Río Negro


Durante tres siglos, las ballenas francas australes fueron conocidas en inglés como “las ballenas adecuadas” para cazar. Su docilidad, su lentitud y sus cadáveres flotantes las convertían en presas fáciles para los balleneros. En la década de 1920, la población mundial estimada de la especie, que superaba las 70 000, se había reducido prácticamente a unas 300. La caza fue prohibida en 1935.
Desde entonces, iniciativas como la Comisión Ballenera Internacional, un organismo intergubernamental encargado de regular la caza de ballenas y conservar todas las especies de estos animales, han tratado de revertir la tendencia.
La comisión celebra este año su 80 aniversario. En la actualidad, las poblaciones de la costa de la Patagonia argentina muestran signos de recuperación. Allí, el “golfo azul” de San Matías se ha convertido en un lugar clave para su reproducción y cría. Sin embargo, se avecina una nueva amenaza.
El golfo San Matías, en la costa de la provincia argentina de Río Negro, se ha convertido en un lugar clave en los planes nacionales para exportar gas natural licuado (GNL).
A medida que se intensifican las operaciones de extracción en el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta (uno de los mayores depósitos de petróleo y gas de esquisto del mundo), la exportación se está impulsando bajo la presidencia favorable a la extracción de Javier Milei, quien ha descrito el GNL del país como “la inversión más grande de la historia argentina”.
Argentina tiene la mirada puesta en los mercados de GNL de Europa, India, China, Corea del Sur, Japón y Brasil. Aún no hay acuerdos firmes con ninguno de estos países, aunque sí hay señales de interés por parte de algunos.
Sin embargo, el golfo San Matías es un área de gran valor ecológico: alberga cinco reservas marinas nacionales y provinciales y es reconocida internacionalmente desde hace alrededor de veinte años como uno de los ecosistemas más ricos del país: concentra fitoplancton, captura grandes cantidades de CO₂ y es uno de los pocos lugares del mundo donde las ballenas francas australes pueden observarse desde la costa.
Biólogos y oceanógrafos han declarado a Dialogue Earth que la instalación de proyectos petroleros y gasíferos en la zona supone un riesgo crítico para estas ballenas, así como para el resto del ecosistema.
Hasta hace poco más de tres años, dicha actividad estaba prohibida por ley. En 2022, la construcción del polo exportador tuvo un punto de inflexión con la reforma de la ley provincial 3308, que prohibía las actividades hidrocarburíferas en el área. La reforma ha allanado el camino para la construcción de un nuevo puerto que permita la exportación de GNL y otros proyectos estratégicos.
El interés sobre el golfo San Matías se explica por sus condiciones técnicas: es uno de los pocos puntos de la costa atlántica con profundidad suficiente y conexión directa con Vaca Muerta.
Desde entonces se desarrollan cuatro proyectos: un oleoducto, un puerto y dos plantas de GNL montadas sobre buques flotantes. La empresa petrolera estatal YPF proyecta, además, cuatro desarrollos adicionales. Varios ecologistas y científicos se oponen a ellos y expresan su preocupación por su impacto acumulativo.

Colisiones de barcos y derrames de petróleo
Los críticos afirman que este desarrollo aumentará el riesgo de derrames de petróleo y podría alterar la dinámica oceánica. También provocará un aumento generalizado de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Existen múltiples riesgos para las ballenas y otros animales que viven en el golfo San Matías, advierte la ecóloga Belén Braga, miembro del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), una organización multinacional sin fines de lucro.
Uno de los más importantes es el de las colisiones con barcos, que según Braga aumentarán.
A esto se suma el riesgo de enredo con las redes de la industria pesquera. Además, el aumento del número de buques de licuefacción de gas podría provocar un mayor crecimiento de algas, lo que aumentaría el riesgo de enfermedades, añade.
“Hablamos de colisiones, contaminación acústica, derrames y microderrames crónicos. Todas estas advertencias están sobre la mesa”, explicó Braga. Los impactos no solo comprometerían a la fauna, sino también a la economía regional, basada en la pesca y el turismo.
En su evaluación de impacto ambiental YPF reconoce que el oleoducto y las monoboyas podrían derivar en ello.
Ante esa posibilidad, las empresas operarias diseñaron un plan de “gestión de operación segura” que se basa en distintos escenarios de derrame elaborados a partir de cálculos que determinan el ritmo en el que el petróleo se dispersaría por el agua hasta llegar a las costas del golfo, de esta forma podrían reaccionar y dar seguridad de contención ante una situación así.
Sin embargo, un estudio de 2025 concluyó que, en varios escenarios, el petróleo podría dispersarse hasta en 30 horas más rápido que lo calculado por YPF. El estudio fue coordinado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, una red de organizaciones de la sociedad civil que incluye al ICB.
Varias fuentes señalaron a Dialogue Earth que las evaluaciones ambientales de los proyectos de combustibles fósiles en el golfo San Matías son fragmentadas. Como resultado, afirman, aún no se ha realizado un análisis exhaustivo de los impactos acumulativos de estos desarrollos en esta zona.
“El estudio de impacto ambiental omite un análisis serio de las emisiones, entre ellas dióxido de carbono, metano y compuestos orgánicos volátiles como el benceno”, explicó a Dialogue Earth Cristian Fernández, coordinador de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Para esta organización, la combinación de omisiones científicas y las irregularidades en los procesos de consulta y participación pública revelan que el golfo San Matías está siendo tratado como una “zona de sacrificio” en nombre del desarrollo económico.

Proyectos de LNG
Hasta ahora hay cuatro proyectos aprobados por el gobierno nacional. El principal es un oleoducto de casi 500 kilómetros —dividido en dos tramos— llamado Vaca Muerta Oil Sur, que Horacio Marín, presidente y director general de YPF, calificó como “la obra de infraestructura más grande del país”.
Las empresas accionistas son YPF, Vista Energy, Pampa Energía, todas ellas latinoamericanas, y Pan American Energy, con sede en Canadá.
La tubería inicia en Loma Campana, en Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta, y llega hasta Punta Colorada, un poblado ubicado entre dos áreas protegidas del golfo San Matías. El oleoducto se conectará con un puerto compuesto por dos monoboyas flotantes.
Además, se espera que dos buques flotantes de la empresa noruega Golar LNG, llamados Hilli Epiceyo y MK II, se desplieguen frente a las costas de Argentina para licuar el gas. Como alternativa a las instalaciones permanentes en tierra, los buques son unidades basadas en barcos, de 300 a 400 metros de eslora y 112 metros de altura.
Este proyecto está a cargo del consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Golar LNG y Harbour Energy, con sede en Londres.
Según el consorcio, el primer buque comenzaría a operar en 2027 y el segundo en 2028. Con el tiempo, procesarán alrededor del 17% de la producción actual de gas de Argentina.
El gas llegaría a través de un gasoducto aún en proceso de licitación, que ha generado tensiones, en particular con la empresa ítaloargentina Techint, interesada en concentrar el proyecto, frente a la competencia de empresas chinas todavía no identificadas.
La inserción de China en la infraestructura fósil no se limita a ese tramo. El MK II se está reconvirtiendo en buque licuefactor en un astillero de ese país. Para Philip Andrews-Speed, investigador del Oxford Institute for Energy Studies, China “se está convirtiendo en uno de los mayores constructores de barcos del mundo, y eso puede otorgarle un rol clave en el mercado del GNL”.
Sin embargo, a pesar del fuerte apoyo del gobierno, el GNL argentino aún no ha logrado impulsar su comercialización.
En abril de 2025, YPF firmó un memorando de entendimiento con Eni, una importante petrolera italiana. En noviembre del mismo año, YPF firmó otro acuerdo similar con la petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC.
Pero a principios de diciembre, la gigante petrolera Shell, con sede en Londres, se retiró del proyecto antes de que este comenzara. Shell había sustituido a otra empresa que también se retiró, la malasia Petronas.
Mientras tanto, China, el país con las cifras de importación de GNL más altas del mundo, ha estado reduciendo sus compras de gas extranjero debido a “sobredemanda” y a precios más altos de lo esperado.
A pesar de estos problemas, el gobierno de Río Negro ha seguido apoyando el avance de los proyectos.

La reforma que habilitó todo
La reforma de la ley rionegrina 3308 avanzó a un ritmo inusual, según sus críticos: se aprobó de forma apresurada y no cumplió con los requisitos de consulta.
Pablo Barreno, legislador provincial, dijo a Dialogue Earth que el proyecto de ley llegó de forma inesperada y con el firme apoyo de la entonces gobernadora, Arabela Carreras.
“Nos enteramos por el grupo de WhatsApp. Pedimos el proyecto y no lo recibimos hasta después de la sesión”, señaló. “El lunes supe del proyecto; el martes hubo reunión de comisión y no respondieron ninguna de las preguntas”, agregó. Él fue el único legislador que votó en contra, al considerar que no contaba con información suficiente para decidir.
La sesión fue objeto de protestas. Fabrizio di Giacomo, miembro de la Multisectorial del golfo San Matías (MGSM), que agrupa a vecinos, comunidades costeras y organizaciones, fue parte de las manifestaciones.
Di Giacomo sostuvo a Dialogue Earth que el gobierno buscó impedir cualquier forma de participación social, cerrando las puertas de la legislatura y reforzando el control policial.
La Multisectorial, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y numerosas instituciones científicas sostienen desde 2022 que la reforma es inconstitucional.
“Viola el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresión de la Ley General del Ambiente”, explicó Di Giacomo. Ese planteamienro fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y actualmente llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
Dialogue Earth contactó a la actual secretaria de Ambiente de Río Negro, Judith Jiménez, para consultarle sobre la posición del gobierno provincial frente a las denuncias que hoy residen en la Corte Suprema. Al cierre de este informe, no obtuvo respuesta.
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Ambientalista denunció caza ilegal de pumas tras publicaciones en redes 

Fecha de Publicación: 23/01/2026
Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia
Provincia/Región: Santa Cruz


La difusión de imágenes que muestran pumas cazados y exhibidos en redes sociales, en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, generó un fuerte repudio público y reavivó el debate sobre la protección de la fauna silvestre patagónica. El hecho fue denunciado por el ambientalista Luis Martínez, quien reclamó la intervención inmediata de la Justicia y de las autoridades provinciales.
Según explicó, las fotografías corresponderían a episodios de caza furtiva ocurridos en zonas rurales santacruceñas y exhiben al menos dos pumas abatidos en distintos momentos, lo que agrava la situación. Martínez calificó el hecho como un “crimen ecológico” y advirtió sobre la falta de controles y sanciones efectivas.
En su descargo, remarcó que el puma es una especie protegida y un símbolo del equilibrio natural de la Patagonia. “Esta imagen no es una postal de orgullo ni de tradición, es el reflejo crudo de la crueldad”, expresó, al cuestionar la naturalización de la violencia contra la fauna nativa.
El ambientalista reclamó que se identifique a los responsables, no solo por matar a los animales, sino también por exhibirlos públicamente en redes sociales. Recordó que la caza de fauna silvestre autóctona está prohibida por la Ley Nacional de Fauna y por normativas provinciales vigentes en Santa Cruz.
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Los desechos cloacales en el Río de la Plata: una contaminación persistente y silenciosa que exige respuestas

Fecha de Publicación: 23/01/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


El Río de la Plata, una de las principales reservas de agua dulce de la Argentina y eje ambiental del Área Metropolitana de Buenos Aires, atraviesa desde hace años una situación crítica marcada por la descarga sostenida de desechos cloacales y contaminantes urbanos. Aunque el problema no es nuevo, estudios recientes del CONICET vuelven a ponerlo en primer plano: el estuario recibe efluentes que superan ampliamente su capacidad natural de depuración.
Lejos de tratarse de episodios aislados, la contaminación cloacal del Río de la Plata es estructural y persistente, producto de una infraestructura de saneamiento incompleta y, en muchos casos, obsoleta.

Qué dice la ciencia sobre el estado del río
Investigaciones realizadas por equipos del CONICET y universidades públicas, en particular la Universidad Nacional de La Plata, detectaron en muestras de agua y sedimentos la presencia de residuos cloacales, bacterias fecales y fármacos de uso masivo. Entre ellos se identificaron analgésicos, antibióticos y medicamentos cardiovasculares, compuestos diseñados para el consumo humano pero que terminan circulando en el ambiente.
Según los estudios, más del 80% de los puntos muestreados en sectores urbanos del estuario presentaron algún tipo de contaminante asociado a descargas cloacales. Esto incluye zonas costeras utilizadas para recreación y pesca.

El origen del problema: cloacas que no alcanzan
La principal fuente de contaminación es la descarga de efluentes cloacales sin tratamiento adecuado. En el conurbano bonaerense, una porción significativa de la población no cuenta con conexión a redes cloacales, mientras que muchas plantas existentes no están preparadas para remover contaminantes emergentes como fármacos y productos químicos domésticos.
Especialistas estiman que alrededor del 45% de los efluentes cloacales llegan al Río de la Plata de forma directa o con tratamientos mínimos, un 35% recibe un tratamiento parcial, y solo cerca del 20% pasa por procesos considerados adecuados según estándares ambientales actuales.

Impactos ambientales y riesgos para la salud
La contaminación cloacal tiene efectos directos sobre los ecosistemas acuáticos. Estudios del CONICET documentaron alteraciones hormonales en peces, acumulación de sustancias en sedimentos y una reducción de la biodiversidad en áreas cercanas a descargas constantes.
Desde el punto de vista sanitario, la presencia de bacterias fecales y compuestos farmacológicos representa un riesgo potencial, especialmente porque no todos estos contaminantes son eliminados en los procesos de potabilización. Esto refuerza la idea de que el problema debe abordarse en origen y no únicamente en la etapa de consumo.

Una deuda ambiental histórica
El Río de la Plata funciona como un espejo de una deuda ambiental acumulada durante décadas. La falta de inversión sostenida en saneamiento, el crecimiento urbano desordenado y la ausencia de controles eficaces consolidaron un modelo en el que el río opera como receptor final de los residuos de millones de personas.
Los informes científicos son claros: sin políticas públicas integrales, planificación a largo plazo y decisiones que prioricen el ambiente por sobre la lógica del descarte, la contaminación cloacal seguirá siendo parte del paisaje cotidiano, aunque no siempre visible.
El estuario más importante del país continúa recibiendo una carga que no eligió, mientras el debate sobre el saneamiento sigue llegando tarde, como el agua que baja turbia hacia el río.
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La oposición suma presión para regular las fumigaciones con agroquímicos

Fecha de Publicación: 23/01/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


El diputado Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, pidió unificar criterios. Cree que no hay que politizar las posiciones y que es inconveniente que cada municipio dicte sus propias ordenanzas. La Corte y el caso de Rauch y Tandil.
El diputado provincial Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, se sumó a las voces opositoras que piden una ley provincial que regule el uso de fitosanitarios en la Provincia, un debate postergado a pesar de haber varios proyectos en la Legislatura.
El legislador, autor de una de las iniciativas, sostuvo que la normativa actual no estipula distancias, por lo que cada municipio estable sus propias ordenanzas con diferentes distancias y áreas de amortiguación.
“En PBA necesitamos una nueva Ley de Aplicaciones de Fitosanitarios, para poner fin al desorden reglamentario, territorial e ideológico que castiga a la producción. Desde hace tiempo tenemos un proyecto acorde a los tiempos que corren, presentado en Diputados, que lamentablemente duerme por desinterés de muchos. Esperemos que este año, con nueva conformación de la Cámara, esto pueda avanzar y dar solución a un problema real del interior bonaerense”, sostuvo en sus redes sociales el “lilito”.
La oposición suma presión para regular las fumigaciones con agroquímicosBugallo también cuestionó la intervención de la Justicia en estos temas, citando el caso de Pergamino, donde un fallo fijó una distancia de 1.095 metros para las aplicaciones, por lo que esa resolución “genera un desorden tremendo a nivel territorial” y un perjuicio severo para los productores.
Como informó La Tecla.info, la legisladora monzoista Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), se pronunció en el mismo sentido luego del fallo de la Suprema Corte suspendiendo las fumigaciones con agroquímicos en los distritos de Tandil y Rauch.
En tal sentido, la diputada por la Cuarta Sección señaló que “una vez más, el vacío legal que existe en la provincia respecto a la aplicación de los fitosanitarios pone trabas a la producción en territorio bonaerense”. 
“La decisión generó pérdidas millonarias, con el argumento de las distancias permitidas, las cuales varían considerablemente de un municipio a otro”, añadió, considerando que “frente a este escenario, en septiembre de 2024, presenté un proyecto de ley para regular la aplicación de fitonsanitarios, pero lamentablemente sigue esperando por su tratamiento en comisión, no es la justicia quien debe definir los parámetros de aplicación, es un tema que debe ser abordado en la Legislatura, dando un debate serio y sin prejuicios”.
Vaccarezza explicó que la Provincia cuenta con una ley que intenta regular el uso de los fitosanitarios, pero data del año 1998, remarcando que “lo ideal es que, como bonaerenses, podamos aprobar una ley integral, que unifique los criterios del uso de agroquímicos. Por eso, el proyecto que presenté contempla todos los puntos de vista, y fue escrito en colaboración con la Cámara de Ingenieros Agrónomos, veterinarios, la Sociedad Rural, CONINAGRO, el INTA, y otros sectores que hacen uso de fitosanitarios”.
Días atrás, el máximo órgano de justicia provincial frenó de manera preventiva las ordenanzas que regulan el uso de fitosanitarios en Tandil y Rauch, al advertir riesgos ambientales y cuestionamientos de constitucionalidad vinculados a la cuenca del arroyo Chapaleofú. Lo hizo luego de un dictamen del Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en ese mismo sentido.
En la cautelar, los magistrados pusieron el foco en el posible impacto ambiental sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú, tras el uso de fitosanitarios, y en la necesidad de una evaluación más profunda antes de avanzar con restricciones más profundas, aunque destacó el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico.
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“Ecocidio”: qué dice la propuesta cuyo espíritu resurgió por los últimos incendios

Fecha de Publicación: 22/01/2026
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


Por la catástrofe que se vive en el sur del país a raíz de los incendios forestales, la senadora nacional Edith Terenzi (Despierta Chubut) presentó un proyecto para que el denominado “ecocidio” sea un delito.
La iniciativa tiene estado parlamentario y la legisladora busca que se incorpore al temario de las sesiones extraordinarias.
En la misma sintonía, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres”, le pidió la “Ley de ecocidio” al Congreso Nacional.
El pedido para tipificar el ecocidio data de julio 2022, cuando la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (Aidpac), fundada por Dino Bellorio Clabot, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano y liderada por el profesor de la alta casa de estudios Miguel Ángel Asturias, propuso incorporar la figura al Código Penal (CP), con penas de hasta 20 años de prisión para las personas físicas y de suspensión de actividades para las empresas.
La propuesta de la Aidpac planteó con prisión de tres años y seis meses a 10 años a quien cometa cualquier acto ilícito o arbitrario que pueda causar daño grave, extenso o duradero al ambiente. La escala pasa de ocho a 20 años si aquél efectivamente tiene lugar.
Las sanciones aumentan si interviene en la ejecución del delito un funcionario público o existe una conexión con una organización criminal internacional; si el delito se comete en una zona protegida o una reserva natural; si resulta en la muerte o lesiones graves o gravísimas de personas o afecta bienes de organizaciones públicas o privadas.
También prevé que si en el delito interviene o se beneficia una persona jurídica cabe la imposición de una multa equivalente a de dos a diez veces el valor del posible daño, junto con la obligación de restablecer la afectación del ambiente; la suspensión total o parcial de actividades o de participar en concursos o licitaciones estatales; la cancelación de la personería y la pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviera, entre otras sanciones.
Como ejemplos de crimen ambiental, Asturias, el impulsor de la iniciativa, citó los incendios forestales intencionales en nuestro país y en el Amazonas; la destrucción de los humedales; la extracción indiscriminada de recursos naturales; el tráfico ilícito de flora y fauna; la contaminación del agua, la tierra y el aire; la pesca ilegal y el tráfico de recursos naturales como metales y piedras preciosas.
“El grave daño y la destrucción masiva de los ecosistemas, es decir, el ecocidio, cometido durante décadas y sin una ley que lo sancione, es una de las causas de la actual crisis ambiental y climática, así como del colapso de la biodiversidad”, sentenció el docente,
“Si bien la incorporación del ecocidio como crimen no es la única solución para combatir los delitos ambientales, resulta la piedra angular para proteger la vida en nuestro planeta”, estimó.

Código 
Cabe recordar que el nuevo proyecto del CP presentado por el gobierno a inicios de diciembre reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del ambiente e introduce el ecocidio como delito, una propuesta que podría transformar la política ambiental argentina.
El borrador prevé penas de prisión y multas económicas para quienes provoquen daños graves, duraderos o generalizados a ecosistemas, especies o recursos hídricos.
El ecocidio se entiende como una acción u omisión que produce un perjuicio severo y persistente al Ambiente, con conocimiento del riesgo que esto implica.
El concepto tomó fuerza en foros internacionales y busca equiparar la destrucción ambiental masiva con otros crímenes de alto impacto social.

Torres
La semana pasada, el chubutense Torres reclamó penas mucho más duras para quienes provocan incendios forestales de manera intencional.
Lo hizo una vez que se confirmó que el foco que arrasó la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo, fue iniciado de forma deliberada. “La bronca aparece cuando agarrás a dos personas con un bidón en la mano y después cumplen apenas seis meses de prisión”, dijo.
“No importa quién sea ni dónde ocurra: quien realiza un incendio intencional tiene que pagar las consecuencias, con medidas ejemplificadoras. De milagro no pasó a mayores”, sumó.
También rechazó el uso político del tema, así como las teorías conspirativas.
“Quien haya prendido ese árbol tiene que estar preso muchos años y vamos a ser garantes de que sea así”, aseveró.
El Gobierno de Chubut anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables del incendio en Puerto Patriada.
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Colón: el STJ ratificó la condena por desmonte ilegal en el Arroyo Perucho Verna

Fecha de Publicación: 22/01/2026
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


El STJ confirmó la condena por desmonte ilegal en la reserva Arroyo Perucho Verna en Colón. Ordenó el cese de las actividades y la recuperación ambiental.
El Superior Tribunal de Justicia de Feria ratificó la condena establecida en primera instancia que dispuso el cese de las actividades de movimiento de suelo y desmonte y ordenó se cumpla con un plan de recuperación de la cobertura vegetal en el Arroyo Perucho Verna en Colón.
El fallo, firmado por la vocal Gisela Schumacher, el vocal Marcelo Marchesi y la Vocal Adriana Acevedo, confirmó la sentencia dictada en la causa ACAPS c/ Rossier Francisco y otros", promovida por la ONG "Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje" (ACAPS).
Además, se resolvió que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de San José, como autoridades de aplicación deben controlar, coordinar y supervisar las acciones de recomposición ambiental dispuestas. Al revisar la sentencia de primera instancia el Superior Tribunal de Justicia amplió la condena al Municipio que había sido eximido de responsabilidad.
La demanda ambiental colectiva fue promovida contra Francisco Rossier, ejecutor de las obras denunciadas, y Milagros Belén Rossier, propietaria del inmueble, tras constatarse movimientos de tierra con maquinaria pesada y la destrucción de flora en un área protegida por la Ley Provincial Nº 11.011. Contra la Municipalidad de San José y con citación de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.

Ubicación del Arroyo Perucho Verna
El predio afectado se encuentra dentro de la "Reserva de Usos Múltiples Arroyo Perucho Verna", clasificada como bosque nativo de Categoría II (amarilla), donde este tipo de intervenciones y cambios de uso de suelo están estrictamente prohibidos. A pesar de los argumentos de la defensa, que calificó las tareas como una simple "limpieza de terreno", la pericia ambiental confirmó una lesión manifiesta al derecho a un ambiente sano.

Sentencia confirmatoria
La sentencia ratificó la condena que dispuso el cese inmediato y paralización definitiva de cualquier actividad de desmonte o movimiento de suelo en el predio y la implementación de un plan de recuperación que incluye la plantación de al menos 100 ejemplares de especies arbóreas y arbustivas nativas.
Asimismo, la Secretaría de Ambiente de la Provincia y la Municipalidad de San José deberán supervisar estrictamente el cumplimiento del plan de recuperación y la estabilización del suelo afectado.
El fallo refuerza la vigencia de los principios de precaución y prevención establecidos en la Ley General del Ambiente (25.675) y la Constitución Provincial, recordando que el derecho de propiedad privada no es absoluto cuando entra en conflicto con la preservación de los recursos naturales colectivos.
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