Lanzan en la provincia una campaña inédita sobre atropellamiento de fauna

Fecha de Publicación: 12/02/2025
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: San Juan


La iniciativa busca generar conciencia sobre el impacto del atropellamiento de animales silvestres en rutas y caminos, promoviendo medidas de prevención y preservación de la biodiversidad.
La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan puso en marcha una campaña de concientización sobre el atropellamiento de fauna silvestre, marcando un hito en la provincia. La iniciativa se llevó a cabo durante el Safari Tras las Sierras en Valle Fértil, con el objetivo de educar a turistas y residentes sobre el impacto del tránsito vehicular en la biodiversidad local.
El atropellamiento de fauna silvestre representa una amenaza para numerosas especies. Según registros de la Secretaría de Ambiente, se documentaron al menos 76 casos en diversas rutas provinciales y nacionales, siendo el zorro gris (Lycalopex griseus) la especie más afectada. Este fenómeno ocurre debido a la proximidad de los hábitats naturales a las vías de circulación, la actividad nocturna de algunos animales y el exceso de velocidad de los vehículos.

Las principales rutas con mayor impacto de atropellamientos en la provincia son:
-Ruta Nacional N° 40
-Ruta Nacional N° 20
-Ruta Provincial N° 510

La campaña en Valle Fértil contempla diversas acciones concretas:
-Instalación de señalización preventiva en puntos estratégicos.
-Distribución de material informativo para conductores y visitantes.
-Charlas y actividades de educación ambiental.
-Recomendaciones clave para los conductores

Para disminuir la mortalidad de especies en las rutas, se recomienda:
-Respetar los límites de velocidad en zonas naturales.
-Prestar atención a la señalización de cruce de fauna.
-Reportar casos a las autoridades ambientales.
-Apoyar iniciativas de conservación y educación.

¿Cómo actuar ante un atropellamiento de fauna?
-Si se encuentra un animal herido o sin vida en la ruta, se recomienda:
-No acercarse ni manipularlo sin conocimiento especializado.
-Avisar de inmediato a la Secretaría de Ambiente (4305057) o a la Policía Ecológica (911).
-Documentar el hecho (si es seguro hacerlo) para contribuir con los registros de monitoreo.
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Generación distribuida: el modelo que puede aliviar la crisis eléctrica en Argentina

Fecha de Publicación: 11/02/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Año con año, la crisis eléctrica que sufre la Argentina se agrava. Son varios factores los que componen este problema. Primero, aparece un consumo energético per persona mucho más alto al del resto de la región que crece de forma ininterrumpida desde hace al menos 40 años.
Lo alarmante es que esto se desenvuelve sobre una infraestructura que pide renovación. Además, la red eléctrica nacional está dotada de solo algunas arterias, que son el sostén de la mayor parte de la población, de las industrias y de las empresas.
No es casual que la primera emergencia declarada por el gobierno de Javier Milei haya sido la del sector energético en los segmentos de generación, transporte y distribución, tanto para electricidad como para combustibles. Y aunque la crisis es general, son varias fuentes consultadas para este artículo las que ponen a la transmisión en la cabeza de las prioridades.
“Hoy son muchos los problemas que tenemos, pero el primer objetivo es aliviar el transporte de energía”, confirma Mariela Beljansky, que hasta hace poco más de un mes fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento del gobierno nacional.
Y es que estos desmejorados cables de alta tensión no son capaces de soportar por mucho tiempo un flujo de electricidad que, en los picos de demanda, quizás ni siquiera en su mejor época podrían haber resistido. Hoy corren el riesgo de sufrir daños fatales.
Pero este no es un problema nuevo. El gobierno anterior autorizó en 2023 el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica en Alta Tensión y el de Distribución Troncal para atender la emergencia del transporte y promover la transición a energías renovables en el sector eléctrico.
Esto también se contemplaba en el ambicioso Plan Nacional de Transición Energética. Sin embargo, tanto los planes como la estrategia nacional parecen permanecer hoy en el congelador. Se contactó a la Secretaría de Energía sobre estos proyectos y sus avances, pero hasta el momento de publicación de este informe, pero sin recibir respuesta.
A pesar de este contexto, el gobierno actual, en el poder desdediciembre de 2023,  sí planteó medidas que buscan atender la emergencia del transporte de electricidad.
Por un lado, prorrogó la declaración de emergencia energética hasta julio de 2025, desarrolló medidas como el Plan Verano 2024-2025, el aumento de la importación de combustibles y anunció que lanzará una serie de licitaciones para ampliar el transporte eléctrico.
Durante el 2024 también arrancó el Programa de reconversión y eficiencia energética que tenía como principal objetivo hacer un recambio de tecnología para reducir el gasto eléctrico y, según Bejansky, también la generación distribuida, tanto para el sector residencial, como para la industria y las pyme.
La generación distribuida es, tanto para Beljansky como para el resto de las fuentes consultadas, una de las soluciones a apostar para atender el problema del transporte o transmisión de energía. Según ellos, el potencial es aún vasto y tiene como ventaja que se necesitan inversiones atomizadas.
Primero que nada, con generación distribuida, también conocida como ciudadana,  se entiende, en términos llanos, a que las personas que consumen electricidad son también las que la producen. Pero no hay que imaginar tener un pozo petrolero en el jardín o un molino de viento en el techo del edificio. Casi 100 % de la energía que se consume bajo este esquema es fotovoltaica, es decir, que la electricidad proviene de paneles solares.
De hecho, según el informe más reciente sobre generación distribuida de la organización regional Onterra, 50 % de la potencia solar en América Latina está instalada bajo esa modalidad. Esto se debe a que los precios de la tecnología cayeron casi 90 % en los últimos años y también por una cuestión práctica: cabe en más lugares y requiere de poco mantenimiento.
Según el mismo reporte, el año pasado América Latina rompió el récord en instalaciones y plantea que tiene el potencial para aumentar de 31 gigavatios que hubo al cierre del 2023 a 159 gigavatios .
Solo como ejemplo, una familia tipo (dos personas adultas y dos menores de edad) requiere una potencia de alrededor de tres kilovatios en su casa. Esto significa que hasta el año pasado se podría haber abastecido a más de 10 millones de familias y tendría el potencial de cubrir a 53 millones.
Hoy, Brasil, México y Puerto Rico son quienes lideran en la región y muy por debajo, en el penúltimo lugar de la tabla, se encuentra la Argentina. Hasta el año pasado, este país solo tenía 33 megavatios de capacidad instalada, aunque durante el 2024, según datos oficiales, la potencia creció a casi el doble.
Esto pasó en un contexto de recesión, con caída en el consumo y recortes a subsidios, incluidos los destinados a promocionar la generación distribuida. Aquí surgen dos preguntas: ¿Por qué la Argentina tiene tan poco desarrollo comparado con América Latina?, ¿y qué significa el crecimiento de este año?

De los últimos en la lista
De acuerdo con Ignacio Romero, María Paz Cristófalo, Franco Borrello, que son los miembros fundadores de Onterra, la baja potencia de la Argentina se debe a cuatro razones.
La primera es que el país fue uno de los últimos de la región en desarrollar un marco normativo para promocionar la generación distribuida. Fue hasta 2019 que entró en operación el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública que plantea como objetivo llegar al 2030 con un gigavatios de potencia instalada.
“Somos de los países que menos tiempo llevamos desarrollando este tipo de estructura eléctrica. Además, el contexto inflacionario y el desorden macroeconómico no ayudaron nada”, explica Cristófalo. Y es que, para instalar la energía fotovoltaica, dos de los componentes clave se importan: los paneles solares y el inversor de corriente.
Estos dos aparatos vienen primordialmente de China, que en los últimos años se volvió el principal exportador de la tecnología fotovoltaica del mundo. Antes, esta tecnología era muy cara pero desde la llegada del gigante asiático a ese mercado, los precios se desplomaron.
Pero como cualquier acuerdo comercial internacional, la seguridad que brinda un país es clave, y con un contexto de deuda como el de la Argentina, el desarrollo solar en el país no se comparaba con el de otros países de la región.
Esto sumado a que la inflación explosiva y los costos, tanto de la mano de obra como de otros componentes, se dispararon. Pensemos que de diciembre de 2022 a 2023 hubo una inflación acumulada de 211,4 %, algo que disminuyó a 117,8 % de diciembre del 2023 hasta el mismo mes del año pasado.
La tercera razón que destacan los autores es el subsidio a la energía eléctrica que prevaleció hasta la administración pasada y que hacía poco competitiva a la generación distribuida.
A pesar del aumento en los costos de la electricidad, tanto por la inflación como por el alza en el costo de los combustibles fósiles (que es la principal fuente de energía eléctrica del país), los gobiernos anteriores trataron de mantener los precios bajos.
«Con la quita de subsidios y la eliminación de precios artificiales, muchas pymes e industrias empezaron a hacer el recambio por paneles solares. Eso explica el aumento de la generación distribuida durante este año», detalla Beljansky.
Para Pablo Bertinat, ingeniero eléctrico, autor e investigador especializado en transición energética de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina en la ciudad occidental de Rosario, hubo una falta de lectura tanto de esos factores macroeconómicos, como de otros aspectos técnicos y operativos a la hora de desarrollar las políticas de promoción.
“Tenemos un desarrollo con muchísimos equívocos. La ley tuvo un proceso inicial que no fue lo suficientemente discutido y acordado”, plantea. Para él, en consecuencia, el desarrollo de este esquema eléctrico ha sido “completamente anárquico”.
Bertinat explica que cada provincia desarrolló una estrategia distinta para promocionar la generación distribuida. Muchas tenían regímenes de promoción previos al nacional, otras decidieron no adherirse a la propuesta del gobierno, y otras más, han demorado años en reglamentar la ley. Ejemplo de esto es que hay provincias que tienen capacidad instalada que no aparece en los informes nacionales.
Según Martín Dapelo, miembro de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Energía Renovable, esta falta de homogeneidad puede traducirse en mayores gastos por temas administrativos, operativos o de infraestructura, dependiendo de la provincia.
Explica que para una familia tipo, el costo de instalación de potencia solar ronda los 3000 a 3500 dólares, “pero lo que tal vez en un lugar te puede costar eso, en otro lado puede escalar a 6000 dólares”. A pesar de esto, durante el 2024 el país entero vio crecer a la generación distribuida.

Cómo es un desarrollo sin subsidios y regida por el mercado
Beljansky explica que en materia energética, como en el resto de los sectores del Gobierno, la directriz siempre fue reducir la intervención estatal: “Buscamos liberalizar todo lo que el mercado pueda abordar y después que el Estado vea programas de lo que el mercado no pueda solucionar”.
Bajo ese esquema, según el equipo de Onterra, es usual que el desarrollo de la generación distribuida en la Argentina comience en el sector industrial, seguido por las clases altas del sector residencial y, tal vez, en los estratos medio-altos más adelante.
En contraste, para los sectores de menores ingresos resulta poco probable lograr los recambios bajo las reglas exclusivas del mercado y en el contexto económico actual.
Actualmente, Argentina cuenta con cerca de 1600 usuarios-generadores de energía eléctrica, registrados a nivel nacional, en su mayoría residenciales y, probablemente, pertenecientes a estratos medios y altos, aunque no son ellos quienes más energía consumen.
Según datos oficiales, la potencia instalada, que ronda los 60 megavatios, se concentra principalmente en las industrias. Estos números están influenciados por tres factores clave: los subsidios a la electricidad, el costo de la infraestructura y los incentivos existentes.
Para instalar un sistema fotovoltaico en una vivienda, es necesario contar con al menos 3000 dólares, y esta cifra aumenta considerablemente si se trata de pymes, y aún más en el caso de industrias.
“Muchos usuarios no tienen esa plata. Según las cifras oficiales, la mitad de la población es pobre y no va a poder invertir. Quizás una élite pueda hacerlo dentro del país”, señala Martín Kalos, economista y director de la consultora EP y CA Consult.
Además, los sectores más bajos de la población enfrentan barreras económicas adicionales para acceder a estas tecnologías, por ejemplo, la infraestructura de sus viviendas. Según Dapelo, la infraestructura de más de 50 años no puede soportar paneles solares. “Los techos no están preparados”, explica.
“Teniendo en cuenta que los sectores sin subsidios son los que más consumen energía, es lógico que les resulte conveniente realizar el cambio. En este contexto, el tiempo de repago [cuando la inversión inicial se recupera] es de aproximadamente cinco años, especialmente considerando los costos históricamente bajos de la tecnología solar”, explica Romero.
Pero no es suficiente con la remoción de subsidios para desarrollar este modelo energético, explica quien además de ser miembro de Onterra, fue director del departamento nacional de Generación Distribuida durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Los incentivos elaborados por el Estado, según el propio reporte de Onterra, son herramientas útiles para la promoción de estas tecnologías.
Hasta la asunción de Javier Milei, existían tres tipos de incentivos contemplados por la ley. El Fodis, un fideicomiso que buscaba subsanar la inversión inicial de la infraestructura, beneficios promocionales para abaratar costos y un régimen de fomento de la industria nacional.
Sin embargo, estas herramientas fueron eliminadas por decreto. Según Beljansky, la razón por la que se quitaron fue porque el contexto inflacionario provocaba que se licuaran los subsidios, pues los usuarios hacían la inversión que meses después se devolvía.
No obstante, tanto para Dapelo como para Bertinat esa razón es inválida. El ingeniero eléctrico opina que tiene más una connotación ideológica que un fin práctico.
En sustitución a estos incentivos, a través de una resolución se diseñó una línea de crédito a través del programa de reconversión y eficiencia energética.
Con ella, el Banco de la Nación Argentina podría otorgar créditos de cinco a diez años con una tasa fija para la compra de casi 100 ítems entre los que se encuentran electrodomésticos eficientes, aislantes de temperatura, calentadores de agua solares y celdas fotovoltaicas.
Beljansky explica que esta fue una de las principales medidas que se tomaron en torno a la generación distribuida.
Kalos opina que la generación distribuida seguirá creciendo, pero no considera que el crédito diseñado por el Ejecutivo influya, tampoco piensa que resolverá temas de pobreza energética. “Hay que tener un perfil para acceder a ese como a cualquier crédito. Quién tiene la espalda para hacer pagos a 10 años, mucha gente no”, reflexiona.
A pesar de no tener en cuenta, al menos en un primer momento, a las clases más pobres del país, Blejansky piensa que la energía distribuida seguirá creciendo. Y si el ritmo continúa, se podría llegar al objetivo planteado en el régimen nacional.

El reto para las zonas más pobladas
Además de las variables económicas, el desarrollo de la generación distribuida también se ve moldeado por el espacio. Los paneles solares lo requieren, y es justo en los sitios donde más demanda hay que el espacio escasea.
Los núcleos urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires o capitales provinciales como Rosario y Córdoba son los lugares donde más serviría este tipo de esquemas. Pero, por un lado, los edificios no pueden cubrir con la demanda pues no hay superficie suficiente y, segundo, donde hay sol un día, puede que al siguiente deje de haber.
La referencia es a la construcción de edificios altos que generan sombra.
Beljansky reconoce que es un tema del que se habla poco dentro del Gobierno, pero que al plantearse un desarrollo en zonas urbanas es fundamental. “No hay derecho al sol en la Argentina. Vos podés instalar un panel solar y el año que viene construyen un edificio que te haga sombra”, reflexiona.
Pero tanto ella como Dapelo y el propio Bertinat plantean que para estas zonas, la solución potencial es la de formar comunidades energéticas. Consiste en tener una planta de baja tensión conectada a la red eléctrica de tu barrio, tu pueblo o tu ciudad.
Esta planta estaría lógicamente cerca, pero no lo suficiente como para verse afectada por edificios. Uno podría comprar una porción de la potencia de esa planta y recibir directamente la energía. Es una forma de energía distribuida que recién comienza a formarse en el país, con apenas algunos proyectos en las provincias de Córdoba y en Santa Fe.
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Un informe técnico confirma altos niveles de contaminación en suelo y agua de una petroquímica de Taselli

Fecha de Publicación: 11/02/2025
Fuente: Portal LaPolíticaOnLine
Provincia/Región: Santa Fe


La contaminación del acuífero subterráneo y del suelo es a 5 kilómetros de Rosario, junto con la afectación de la costa del río. El caso contra el empresario sigue en litigio.
El perturbador espectáculo de un brazo del riachuelo teñido de un rojo intenso, que se presume es efecto de un hecho de contaminación industrial en un área densamente poblada, tiene una analogía muy fuerte en Rosario. Es a raíz del daño ambiental que sí está probado en Capitán Bermúdez, a cinco kilómetros al norte de la ciudad, ocasionado hace casi una década por una petroquímica de uno de los empresarios más fuertes de Argentina.
A diferencia de lo que se verificó esta semana en el riachuelo, en los terrenos de Capitán Bermúdez el daño casi no se ofrece a los ojos. Pero uno de los últimos informes técnicos que encargó el Ministerio de Ambiente de Santa Fe, que no trascendió públicamente, constata niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
Los especialistas señalan que sustancias de cloro u organoclorados altamente tóxicos están próximos a las napas del Acuífero Pampeano y que también migraron a inmediaciones del lecho del Paraná desde donde se incorporan al caudal del río. Un segundo acuífero, el Puelche, también puede estar afectado.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de la UTN de San Nicolás. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, "se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado". Esto ocurre en el predio de 23 hectáreas de Petroquímica Bermúdez que son linderas al río.
Se tomaron extracciones de siete pozos. En tres de ellos se advierten valores extremos de contaminación (los denominan Gamexane, Río y Tricloroetileno). Al excavar el pozo Tricloroetileno se encontraron valores altos de ese elemento, tetracloruro de carbono y cloroformo, que se incrementan desde los 60 centímetros de profundidad hasta los 16 metros.
El asesor ambiental de la firma Petroquímica Capitán Bermúdez presentó una propuesta de remediación para las aguas subterráneas contaminadas en enero de 2024 de parte de la empresa HSE Ingeniería, que previó la construcción de perforaciones de testeo para el bombeo en napas. Eso supone una red de extracción de agua subterránea donde se hayan detectados niveles de toxicidad. El agua extraída según proponen será tratada antes de su descarga ya que el procedimiento, dicen en la propuesta, producirá emisiones atmosféricas del aireador y descarga de efluentes tratados al alcantarillado público.

Cal carburo
Un escrito del 5 de agosto del año pasado incluido en ese mismo expediente al que tuvo acceso LPO "acredita la contaminación de los recursos de agua subterránea y suelo de la empresa Capitán Bermúdez y la potencial afectación de la costa del río (Paraná) lindera a la empresa con cal de carburo". Luego se confirma "la contaminación de la costa del río (de acceso público) con cal de carburo de idéntica composición que la que se encuentra dentro del predio de la empresa, producto de los procesos productivos de la misma en el pasado". En la foja 1427 de ese expediente "se notifica al representante técnico la contaminación de la costa del río con cal carburo y su obligación de evaluar el pasivo y presentar un plan de remediación.
Poco antes, el 18 de junio de 2024, se hace referencia en el mismo documento público a las muestras tomadas en la ribera del río Paraná, a la detección de cal de carburo que "con un espesor variable cubre aproximadamente unos 150 meteros de la costa del río lindera al predio de Petroquímica Capitán Bermúdez.
"La presencia y magnitud del residuo en la costa del río, lugar de acceso público e inclusive poblado en las cercanías del hallazgo, constituye una afectación del suelo potencialmente peligrosa para la salud humana y la flora y fauna naturales, dado el pH extremo del material", indica el informe técnico, que adjunta fotos donde se advierte con claridad un residuo blanquecino en la orilla de la barranca del río. El perito recomienda un estudio más profundo "que permita cuantificar el daño y riesgo identificados, a fin de diseñar una remediación y prevenir mayores perjuicios".

El pleito y las tierras
El punto es qué dispondrá el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro en relación a las tierras que detenta la empresa todavía controlada por Taselli. Si le da aval al plan de remediación de la empresa o avanza en la perspectiva propuesta en el caso penal por los fiscales que pasa por fijar multas multimillonarias y recuperar para la provincia las 23 hectáreas con daño ambiental constatado.
La responsabilidad penal que llevó a imputación a Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos se determinó después de que la Fiscalía de Estado de Santa Fe constatara que Petroquímica Bermúdez operaba desde 2015 en instalaciones deterioradas, no patas para la manipulación de químicos. Las inspecciones manifestaron falta de mantenimiento en accesorias, cañerías y tanques de almacenamiento. Hubo derrame de sustancias peligrosas, emisiones corroboradas de gas cloro, presencia de residuos peligrosos mal tratados y bombonas contenedoras de químicos rotas a la intemperie y sus fluidos derramados. En esos recipientes se guardaban sustancias como benceno, amianto y mercurio.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y negocios agropecuarios. Fue representado al ser imputado por Mariano Cuneo Libarona hasta el día en que asumió como actual ministro de Justicia de la Nación.
La causa penal abierta por orden del ex gobernador Miguel Lifschitz tuvo una resolución favorable a Taselli a fin de 2024 cuando la Corte Suprema de Santa Fe, en votación que debió ser desempatada por un conjuez, resolvió que por este caso al empresario ya lo habían juzgado. Para los fiscales del caso más todos los juzgados inferiores la cosa juzgada que invoca la Corte Suprema para beneficiar a Taselli fue una trampa gigantesca.
Se dio cuando el anterior fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, que afrontará por otros motivos un juicio por corrupción, ordenó repentinamente al fiscal que investigaba el daño ambiental cerrar el caso y concederle a Taselli un criterio de oportunidad, con lo que el caso fue al archivo y el empresario no recibió sanción. Este caso está actualmente discutido ante la Corte Suprema de la Nación. Justamente Cuneo Libarona sostenía que su cliente no debía ir a proceso porque sería en ese caso juzgado dos veces. Es el criterio que prevaleció, tras un empate 3 a 3 entre sus ministros, en el máximo tribunal santafesino. El juzgado de primera instancia y tres miembros de la Cámara Penal por unanimidad aseguraban lo contrario.
Mientras el caso se dirime penalmente la cuestión es cómo accionará la provincia de Santa Fe con las tierras envenenadas durante la gestión de la empresa. En las audiencias preliminares contra Taselli uno de sus acusadores se preguntaba más allá de la disputada causa penal. "Qué va a hacer Santa Fe con un predio contaminado? ¿Tenemos como estado la decisión de hacer pagar la responsabilidad de contaminar?"
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Incendios en la Patagonia: 14 mil hectáreas consumidas por el fuego en Lanín, evacuación preventiva en El Bolsón, medidas en Lago Puelo

Fecha de Publicación: 10/02/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


La Patagonia se encuentra en alerta ante múltiples focos de incendio que se desataron en los últimos día. En El Bolsón trabajan brigadistas de distintas localidades para apagar el fuego que comenzó en la miércoles 29 de enero, hay focos activos en el parque Lanín en Valle Magdalena y Nahuel Huapi. También se desató un enorme incendio forestal en Chile, en la frontera con Neuquén. En Puerto Madryn lograron extinguir el incendio que se desató la semana pasada. Las llamas se contuvieron en Epuyén, Parque Los Alerces y en El Pedregoso.

Incendios en la Patagonia: fuego en El Bolsón, Epuyén y los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, los detalles
El jueves, un incendio forestal de grandes magnitudes se desató en el circuito troncal del Cajón del Azul, en el Bolsón. Hay múltiples focos activos, y la situación es aún más crítica debido al fuerte viento que propaga las llamas rápidamente.
El incendio se desató en la zona del Cajón del Azul, con una columna de humo grande que es más visible desde Mallín Ahogado, Mallín Alto, Rinconada Inalef y, debido al viento, se propaga rápidamente hacia el este donde se encuentra ubicada la chacra Wharton.
En simultaneo, brigadistas continúan con el combate del fuego en los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi. Autoridades del parque nacional Lanín informaron sobre un nuevo foco de incendio en la zona centro, en el Valle Magdalena y detallaron que se trata de «un área de muy difícil acceso y «su dimensión está aún en evaluación«, a unos 12 kilómetros del área denominada «Tromen».
En el parque nacional Nahuel Huapi las altas temperaturas y vientos que se vivieron el jueves generaron un segundo foco de incendio en la punta del cerro Santa Rica y que rápidamente se propagó.
En Chubut hay dos incendios activos: uno en Epuyen y otro en Atilio Viglione. El de Epuyén pudo ser contenido. Durante los primeros días también se había registrado un foco en Puerto Madryn que logró ser extinguido Después se reportó otro en El Pedregoso.
Según los primeros informes las llamas, en la zona rural de Puerto Madryn, se habrían iniciado como consecuencia de la caída de un rayo, en medio de la tormenta que se desató en las primeras horas del jueves pasado.
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En tres décadas, La Pampa duplicó el uso de los agroquímicos

Fecha de Publicación: 10/02/2025
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa


Según el INTA en Argentina se consumen 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de otros fitosanitarios, consignando que la participación de La Pampa es del 6,4% del país. De allí se deriva que aquí se utilizan 37,1 mill/lts de agroquímicos (14,7 millones de herbicidas y 22,4 millones de otros fitosanitarios).
El agroquímico es una sustancia usada en el campo para proteger cultivos de plagas, malezas y otras enfermedades para mejor productividad del suelo. Son pesticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes conocidos como fitosanitarios.
Hay tres multinacionales que las manejan para soja, maíz, trigo, cebada y girasol siendo el segundo agronegocio en importancia. Aquí lo comercializan 173 veterinarias rurales, 18 cooperativas y 8 franquicias en un área tratada de 2.504.111 ha. en la fina y la gruesa.
En el país se desechan 17.000 toneladas de polietileno en envases y en La Pampa 1.100 toneladas Los organismos encargados de registrar agroquímicos (Senasa y Anmat) cuentan con un registro de plaguicidas domisanitarios y agroquímicos clasificados según toxicidad según la clasificación de la OMS que los admite como de venta libre o de uso profesional. Para el Senasa el 42% consumido son herbicidas; 23% pesticidas; 20% fungicidas y 15% restante otros productos fitosanitarios (acaricidas, nematicidas, molusquicidas, reguladores de crecimiento, etcétera).
Según Fertilizar, el sector agrícola del país demandará en esta cosecha 6.551.300 toneladas de fertilizantes, 4.488.000 nitrogenados; 1.337.156 fosfatados y otras 684.500 toneladas. En La Pampa la explosión en la demanda de fertilizantes comenzó con maíz y soja para derivar en los cereales de verano e invierno. Pasamos de 15 millones de litros en 1989 a 37 millones de agroquímicos en la campaña anterior.
Un gran negocio de multinacionales que capturan 80% del negocio que factura en el país US$ 4 mil millones con un mapa global de 3 megaempresas: Bayer-Monsanto; Dow (se separó de Dow- Dupont) y ChemChina (absorbió a Syngenta) con el 56% del mercado mundial.

Envases y CAT
El uso de agroquímicos para la producción agrícola genera una gran cantidad de envases vacíos (38 millones en el país y 1,8 millones en La Pampa) que, si no se manejan en forma adecuada, pueden significar un impacto ambiental significativo. Esto pasa porque contienen residuos químicos que contaminan suelos, aguas superficiales y subterráneas, poniendo en peligro la salud humana y los ecosistemas.
En La Pampa se usan, como se explicó, por campaña alrededor de 1,8 millones de envases de fitosanitarios (a un promedio de 20 litros por envase). Años atrás el gobierno pampeano prohibió la comercialización de agroquímicos intimando a la Fundación Campo Limpio, integrada por Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) para poner a funcionar tres Centros de Acopios Transitorio (CAT) que se habían prometido establecer para manejo y tratamiento de los envases vacíos de agroquímicos y trazabilidad de bidones, dispuesto por la ley Nacional N° 27.279, de Productos Fitosanitarios. En febrero de 2025 la mayoría de los registrantes están agrupados en la Asociación Civil Campo Limpio y en la actualidad funcionan cinco centros ubicados geográficamente en las localidades de Alta Italia, Gral. Pico, Colonia Barón, Catriló y Rolón.
La clave aquí, además de otras obligaciones sanitarias y administrativas de las empresas, es el llamado “triple lavado” o “lavado a presión”, donde los productores deben purificar exhaustivamente los envases para eliminar los restos de productos químicos. Estos envases son clasificados como envases tipo A. Aquellos que por sus características no pueden ser lavados, son clasificados como envases tipo B.
En 2023 el INTA presentó un informe en donde analiza el rol de los productos fitosanitarios de síntesis química en las producciones agropecuarias. Bajo este marco, el relevamiento resalta que es posible “incrementar la productividad y rentabilidad con un menor impacto ambiental, de la mano de una reducción gradual de insumos externos”. De igual manera, el informe confirma que “la agricultura argentina no puede prescindir completamente de los productos fitosanitarios (también conocidos como agroquímicos) sin poner en riesgo el
volumen y la calidad de la producción”. Además en un informe del INTA del año anterior se desprende según la especialista Jorgelina Montoya (coordinadora del proyecto estructural gestión sostenible de fitosanitarios y especialista del INTA Anguil, La Pampa) que “sin el uso de fitosanitarios las pérdidas en manos de las plagas serían significativas”.

Distribución espacial
De acuerdo a los datos del informe del INTA sobre agroquímicos y de acuerdo al porcentual de la superficie cultivada departamental puede inferirse que la superficie tratada en La Pampa con agroquímicos crece a pasos geométricos. Solo en plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas) las áreas tratadas superaron los 2,1 millones de hectáreas y con fertilizantes (urea, superfosfato triple y fosfato diamónico) y 300 mil hectáreas más con otros agentes.
En la anterior campaña (2022/23) los ejidos rurales con mayor utilización en la cantidad de plaguicidas sería el departamento Maracó (General Pico con 95.700 hectáreas), Chapaleufu (Intendente Alvear con 83.250 y Larroudé con 66.230), Catriló con 57.128, Colonia Barón con 55.300, Agustoni 53.300, Vértiz con 46.721, Ingeniero Luiggi con 43.611, Quemú Quemú con 42.900, Ceballos con 35.221 y Lonquimay con 33.120 hectáreas. En el mix de utilización de herbicidas de verano e invierno lidera Pico con 48.256 en verano y 11.230 hectáreas en invierno, seguida por Catriló con 29.630 hectáreas de verano y 11.321 de invierno. En insecticidas, Pico y Larroudé son las que más lo utilizan con 48.922 y 47.200 hectáreas tratadas respectivamente, precedida por Intendente Alvear con 33.000.
En fungicidas, Ceballos está al frente con 3.680 hectáreas, seguida por Luiggi con 3.420 y Alvear con 3.020 hectáreas. En superficies mejoradas con fertilizantes Alvear tiene 11.123 hectáreas, Pico con 9.921, Lonquimay 7.923, Falucho 6.303 y Ceballos con 6.121. En Urea granulada han hecho punta Pico, Alvear, Agustoni y Lonquimay con 12.200, 9.621 y 7.174 hectáreas respectivamente. En Superfosfato triple las localidades con mayor tasa de utilización son Ceballos, Santa Teresa y Sarah con 921, 720 y 544 respectivamente. En cambio con fosfato diamónico, Falucho detenta 6.226 hectáreas, seguida de Alvear y Macachín con 5.879 y 3.266 hectáreas.
Aquí se utilizan productos químicos habituales, como urea, carbonato de potasio, cloruro de manganeso, cloruro de amonio, urea metileno, cloruro de calcio anhidro y cloruro de zinc. La expectativas de un mejor clima en la campaña actual después de las lluvias casi con seguridad traerá aparejado aumentos en la siembra de semillas, por tanto más compras de herbicidas a base de glifosato con envíos de abonos nitrogenados y potásicos junto a abonos fosfatados al igual que productos químicos orgánicos y fungicidas.
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El arroyo Sarandí se tiñó de rojo y los vecinos creen que es por desechos industriales

Fecha de Publicación: 08/02/2025
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.
 En la localidad bonaerense de Avellaneda, el arroyo Sarandí apareció hoy teñido de rojo, lo que desató la preocupación y especulaciones de los vecinos. El intenso color rojo de las aguas se pudo apreciar a la altura del barrio Villa Inflamable, y algunos vecinos adjudicaron el tono a los desechos industriales.
Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.
“Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos”, aseguró Silvia, una vecina de la zona en declaraciones a C5N.
Y agregó: “En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable”. 

Más Información:

Tiempo Argentino. Alarma por el arroyo Sarandí, que amaneció teñido de rojo y con olores nauseabundos
El arroyo Sarandí amaneció teñido de rojo y tanto el color como el olor nauseabundo llamó la atención de las y los vecinos de Avellaneda, que apuntan contra empresas de la zona por arrojar desechos industriales al agua. Un viejo problema de la zona que tuvo su pico de contaminación en el Riachuelo. El Gobierno provincial ordenó tomar muestras para analizarlas.

Clarín. La historia del arroyo que se tiñó de rojo: contaminación y sospechas de sabotaje por la mancha que alertó a los vecinos
La impactante imagen del arroyo Sarandí teñido de un rojo intenso que sorprendió a los vecinos de Avellaneda aún no tiene una explicación certera. Aunque la mancha que quedó registrada en videos y redes sociales se disipó, las autoridades que tienen jurisdicción sobre cauces hídricos y control ambiental no pudieron determinar el origen del fenómeno. Y la escena pone en agenda la contaminación de este y otras cuencas en el Gran Buenos Aires.
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Conceden uso de agua en la puna jujeña para la minería sin importar la falta o disminución -

Fecha de Publicación: 08/02/2025
Fuente: Portal JujuyDice
Provincia/Región: Jujuy


La empresa Sales de Jujuy descubrió agua subterránea, por lo que solicitó a la Dirección de Recursos Hídricos su concesión, la cual será permanente por 40 años. De ocurrir faltante en la cuenca, el ente no se hará responsable
El litio se ha convertido en la principal amenaza para las comunidades indígenas de la puna jujeña para su forma de vida ante el uso excesivo del agua y así quedó manifiesto en una reciente resolución que concede por 40 años el uso de este elemento vital a Sales de Jujuy.
La empresa asentada en Olaroz descubrió aguas subterráneas sobre la cuenca del Río Rosario, por lo cual presentó un recurso ante la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia para obtener así un permiso del agua, el cual fue aprobado.
Con apenas 5 artículos, la normativa establece condiciones muy favorables para la empresa, aún cuando ello implique el faltante del agua.
Según señala el art 1, se otorga a Sales de Jujuy la “Concesión Permanente del uso de agua para la etapa de Explotación de 160 Its/seg. de la Cuenca Rio Rosario y 35 lts/seg. del Pozo WSE-01, ubicado en la misma cuenca para el Proyecto Olaroz, ubicado en el departamento de Susques de la Provincia de Jujuy, por el termino de 40 años por motivos expuestos en los considerandos”.
Como único limitante se dispuso que el manejo del agua de formas no autorizadas permitirán la quita de la concesión, aunque no se impondrá ninguna sanción.
Pese a la importancia que tiene esta cuenca en la conservación de los humedales de la puna, la Dirección de Recursos Hídricos estableció que “no será responsable por la falta o disminución del caudal de agua expresado en la concesión, por causas naturales”, tal como indica el art 3 de la resolución 454, garantizando así la impunidad de funcionarios.
El acto administrativo data de mayo de mayo de 2023, un año antes de la polémica presentación de la Mesa del Agua en la cual participa la denunciada empresa israelí Mekorot. Allí, nuevamente se negó la participación de las comunidades indígenas que reclaman saber qué implica este acuerdo entre la compañía, el CFI -Consejo Federal de Inversiones- y el gobierno jujeño, que solo indicó que se trata de un Plan Maestro Hídrico con el objetivo de planificar de forma integral los recursos hídricos de la provincia, desde la gestión de la oferta y la demanda hídrica, la optimización de la disponibilidad del recurso, entre otros puntos. Sin detalles, tampoco se sabe si la concesión a Sales de Jujuy será alcanzada por este plan hídrico.
La importancia del Río Rosario es vital para la puna, el mismo nace en el departamento de Rinconada, sigue un curso de norte a sur y, después de un recorrido aproximado de 80 km, desemboca en el Salar de Olaroz. Al igual que todos los ríos de la zona, estos proporcionan agua para la población y la crianza de su ganado y el cultivo de plantas forrajeras adaptadas a estas regiones áridas y de clima riguroso.
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Investigadores de la UBA crean un sistema para tratar residuos de agroquímicos

Fecha de Publicación: 07/02/2025
Fuente: Portal UniversidadesHoy
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Un grupo de especialistas creó un sistema basado en biotecnología para tratar aguas residuales con agroquímicos. La iniciativa apunta a mejorar las prácticas agrícolas y reducir el impacto ambiental.
Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) desarrollaron un biofiltro biotecnológico para tratar el agua utilizada en la limpieza de equipos de aplicación de agroquímicos. Esta innovación busca reducir el impacto ambiental del sector agrícola y mejorar su sustentabilidad, con el potencial de expandirse a otras industrias.
El agua empleada para limpiar la maquinaria agrícola suele contener restos de fitosanitarios que, si no se gestionan adecuadamente, pueden afectar el ambiente. Para abordar esta problemática, el equipo de investigación diseñó un sistema que colecta esta agua y la transporta a un biofiltro donde los residuos son degradados.

Una solución innovadora y escalable
El docente de la cátedra de Protección Vegetal de la FAUBA y coordinador técnico de CIAFA, Daniel Mazzarella, explicó que el sistema está basado en una cama biológica compuesta por materiales vegetales, como restos de poda o chipeado de maíz. Estos elementos actúan como soporte para microorganismos capaces de degradar los agroquímicos.
“Estamos evaluando cómo diferentes tipos de camas degradan el glifosato, uno de los fitosanitarios más utilizados. Hasta ahora, los mejores resultados se obtuvieron con chipeado de maíz”, detalló Mazzarella.
Por su parte, Nicolás Borrelli, también docente de la FAUBA, indicó que el prototipo puede tratar hasta 1000 litros de agua por año y su diseño permite escalarlo según las necesidades del usuario. “Puede ser utilizado tanto por pequeños productores como por grandes establecimientos agrícolas. Incluso, es posible conectar hasta 10 biofiltros en serie para aumentar su capacidad”, precisó.

Practicidad y posibilidad de expansión
Borrelli destacó la facilidad de uso del sistema, ya que fue diseñado para ser práctico y funcional para los aplicadores. Además, su estructura permite desarmarlo y trasladarlo a diferentes ubicaciones, lo que lo convierte en una herramienta versátil.
El Director Ejecutivo de CIAFA, Armando Allinghi, subrayó la importancia del proyecto para la industria: “Nos faltaba una solución eficiente para el tratamiento de aguas residuales. Con esta iniciativa, podemos cerrar el ciclo y mejorar la sustentabilidad del sector”.
Además, los investigadores señalaron que el biofiltro podría aplicarse en otros ámbitos industriales, con ajustes en la combinación de materiales biológicos y microorganismos específicos para tratar distintos tipos de aguas residuales.

Un aporte a la educación y la investigación
Mazzarella destacó que el prototipo también podría integrarse a la enseñanza y la investigación en la FAUBA, permitiendo mejorar el manejo de fitosanitarios en los campos experimentales de la universidad y capacitar a los estudiantes en buenas prácticas ambientales.
“Estamos trabajando en protocolos de limpieza y formación del personal, lo que además abre oportunidades para que los alumnos conozcan más sobre este tema e incluso realicen sus tesis de grado”, concluyó.
Los investigadores coincidieron en que aún hay mucho por explorar en cuanto a la combinación de materiales biológicos y microorganismos, así como en la optimización del sistema para distintos fitosanitarios y mezclas de productos.
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Robo de madera: advierten que Misiones debería tener 936 guardaparques y son 120

Fecha de Publicación: 07/02/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Los guardaparques y trabajadores ambientales de Misiones usaron las redes sociales para denunciar la situación de desfinanciamiento y vaciamiento del Ministerio de Ecología en la protección de los recursos naturales.
Mediante un documento publicado en la cuenta “Parques en Peligro” en Facebook, con el fin de “socializar” para “no ser cómplices de una realidad no adecuada al contexto misionero”.
Hicieron esta publicación días atrás, con datos técnicos y citando informes científicos, en un contexto de creciente cuestionamiento sobre las autoridades a raíz de que se han producido numerosos robos de madera en los Parques Provinciales, que son categorías Zona Roja, de máxima conservación.
Los Parques Piñalito, Urugua-í tuvieron graves daños ambientales confirmados por el Ministerio y en Esmeralda el robo se produjo en el límite del Parque, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, pero pese a ser una reserva privada, forma parte del territorio que debe proteger esta cartera ambiental.
Para los guardaparques en Misiones existe una política “reactiva de perseguir infractores posevento de daño ambiental, hacer prensa y anunciar mediáticamente temibles multas de muchos millones”. Pero advierten que “sin embargo, la ley general del ambiente plantea otra estrategia, evitar el daño ambiental”, que se logra con prevención y más recursos presupuestarios.

Menos del 10%
“La política de la infracción cuenta con un presupuesto tan bajo que facilita la infracción, eso es una decisión política de autoridades y diputados provinciales”, remarcan los trabajadores.
Enumeran que la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable tiene jurisdicción en bosques de alta y media prioridad para la conservación (zonas rojas y amarillas), le toca lidiar con la pesca, el hurto de madera y la cacería silvestre y para ello recibe solo el 9,39% del presupuesto total del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales.
En cambio, el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) recibe el 28,59% del presupuesto; y la Unidad Superior tiene el 48,1% del presupuesto del Ministerio de Ecología para el 2025.
Denuncian que “esta política de asignación de recursos desprotege zonas rojas y amarillas y por lo tanto libera zonas para la actividad antijurídicas”.
Para ser más gráficos, explican que por cada $100 destinado al Ministerio de Ecología, se disponen de 48,1 pesos; el IMiBio de 28,59 pesos; y la Subsecretaría de Ecología y las Áreas Naturales Protegidas “dispone de miserables 9,39 pesos”.
Aclaran que “el despliegue territorial y la llegada a las zonas de máxima protección lo debe hacer el personal de las ANP”, sugiriendo que los sectores que trabajan en oficina reciben más presupuesto que los que ponen el cuerpo en el monte.
“Pongamos otro enfoque, por cada cien litros de combustible que se le asigna al Ministerio de Ecología, 50 litros los dispone el ministro Recaman, 29 litros el IMiBio, y 9 litros los dispone la Subsecretaría de Ecología que tiene a su cargo las ANP, los monumentos naturales provinciales y la diversidad”, explican.
En este sentido remarca que “está claro que, si no mejora la inversión en las ANP próximamente señores diputados y funcionarios, por omisión de acción, deberíamos declararnos Capital de Cacería Furtiva, posponiendo el de Capital de la Biodiversidad hasta que cambien la política de la cacería hacia una de conservación integral o no disruptiva, si no es muy tarde en términos ambientales, hablando del estado de las poblaciones de fauna”.

Menos fondos cada año
Los trabajadores ambientales recordaron que durante los últimos años se ha podido trabajar en terreno “gracias a los fondos provenientes de Fundación Vida Silvestre Argentina, el cual ha servido para equipar destacamentos de Zona Norte y Zona Sur y para realizar Educación Ambiental y Control y Vigilancia”.
Pero expresan que “desde mediados del año 2024 esos fondos de conservación ya no están, y la capacidad de trabajar en terreno se ha resentido al máximo histórico, la virulencia el hurto de madera se lleva chorros de tinta”.
Y cuestionan que “a pesar del mundo dinámico de los ministros de Ecología, en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no hay cambios sustanciales de nada, como pasó con la crisis de incendios forestales del año 2020, no se trabaja en los planes de manejo de las ANP, hay parques que no tienen documento de gestión, ni personal ni los medios para alcanzar los objetivos de la ley XVI – N° 29”.
“Se cierran oficinas técnicas como el AMIRBY (Área de Manejo Integral Biosfera Yabotí) aunque se mantiene las estructuras vacías”, remarcaron.
Por otra parte, citaron un informe técnico que señala la baja protección de la selva misionera en cuanto al recurso humano asignado: “El Congreso de Conservación de la UICN, hecho en Hawaii en el año 2016, en su moción 32 sugiere a los gobiernos incrementar la planta de guardaparques hasta lograr un valor de un guardaparques cada 500 hectáreas (1 cada 5 km2)”.
Pero dada la superficie con categorías de manejo que la provincia de Misiones declara en el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), de 468.359 hectáreas alcanzando un 15,72% de su superficie provincial, “hoy cada guardaparques tendría más de 3.500  hectáreas, con lo cual la provincia de Misiones debería tener 936 guardaparques como valor óptimo”.
Compararon que “hoy el Sistema Provincial cuenta con aproximadamente 120 agentes, de los cuales estarían de guardia unos 60 en un día ordinario, ese número solo es el 6,4% del valor óptimo de personal”.
“Duplicar el personal del SANP en un número aproximado de 250 agentes en los próximos años sería una medida que fortalece las ANP de Misiones, así como dotar de equipamiento y logística adecuada”, finalizaron los trabajadores ambientales.
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Península Mitre es declarada "Sitio Ramsar" y se suma a la lista de humedales de importancia internacional

Fecha de Publicación: 06/02/2025
Fuente: Portal MinutoFueguino
Provincia/Región: Tierra del Fuego


En el marco del Día Internacional de los Humedales, celebrado el 2 de febrero, Península Mitre ha sido designada como “Sitio Ramsar”, integrándose así al listado de humedales de importancia internacional. Con esta inclusión, Argentina suma su 24° sitio reconocido bajo esta categoría a nivel global.
La subsecretaria de Gestión de Recursos Naturales, Fiscalización y Control Ambiental, Ayelén Boryka, explicó que la iniciativa surgió a partir de una solicitud presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego en abril del año pasado. Esta petición fue elevada a la Convención Ramsar, organismo internacional con sede en Suiza encargado de la protección de humedales, que finalmente otorgó la designación.
 La postulación responde a la necesidad de resguardar un ecosistema clave dentro de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Península Mitre destaca por su biodiversidad, la complejidad de sus cuencas hídricas y la presencia de extensas turberas, fundamentales para la regulación del agua y la captura de carbono, contribuyendo así a mitigar el cambio climático tanto a nivel local como global.
El área reconocida abarca cerca de 370.000 hectáreas dentro del Área Natural Protegida Península Mitre. Su superficie terrestre está compuesta en un 86 % por turberas y bosques nativos de Nothofagus spp. , incluyendo especies como lengas, ñires, canelos y guindos. Además, alberga ecosistemas marinos y costeros, como bosques de macroalgas gigantes ( Macrocystis pyrifera ) y praderas de algas ( Durvillaea antárctica ).
Cabe destacar que el 95 % de las turberas de Argentina se encuentran en Tierra del Fuego, y la mayor concentración se localiza en Península Mitre, convirtiéndola en la principal reserva de carbono del país.
Desde el Ministerio de Producción y Ambiente valoraron la designación en una fecha tan significativa, resaltando la importancia de este ecosistema en el equilibrio ambiental. “Este reconocimiento no solo pone en valor el rol fundamental de los humedales en nuestra provincia, sino que también nos impulsa a seguir trabajando en su protección y manejo sostenible para garantizar su conservación en el tiempo”, afirmaron.
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Mendoza busca convertirse en la nueva meca de la minería y el petróleo

Fecha de Publicación: 06/02/2025
Fuente: Portal CiudadanoNews
Provincia/Región: Mendoza


En diálogo con Círculo Político, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, destacó la transformación que está atravesando la industria.
La Provincia redobla esfuerzos para atraer inversores y optimizar su producción hidrocarburífera y minera. Con la exploración en Vaca Muerta y la apuesta por la eficiencia operativa, el sector busca consolidarse como un pilar económico clave.
En diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 horas por FM 91.7, Ciudadano.News y Twitch Ciudadano), el subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Manuel Sánchez Bandini, destacó la transformación que está atravesando la industria. "Lo que está pasando es una reconversión de la industria a nivel nacional, donde el foco de los inversores globales está migrando a lo no convencional. Esta inversión ya no tiene el mismo riesgo que antes, es más segura y tiene un menor tiempo de repago", señaló.
La provincia sigue apostando al petróleo convencional, pero el objetivo es aumentar la eficiencia. "YPF sigue siendo el mayor productor de petróleo en la provincia, pero declina en un promedio del 9% anual. En cambio, hay operadores más pequeños que pierden solo entre el 3 y el 5% por año. Buscamos una reconversión hacia operadores más eficientes que extiendan la vida útil de los yacimientos", explicó el funcionario.

Regalías y producción: el desafío económico
En cuanto al impacto en las regalías, Sánchez Bandini explicó que el modelo de Mendoza no busca aumentarlas directamente, sino incentivarlas mediante una mayor producción. "Nosotros queremos que haya más inversores, que haya más trabajo y que si trabajan más eficientemente, podamos producir más. Hoy las regalías representan el 10% de los ingresos de la provincia, pero en los últimos 25 años han llegado a ser hasta el 20%", detalló.

Avances concretos en exploración
La exploración en la región mendocina de Vaca Muerta avanza con tres frentes clave:
Paso Bardas Norte y Aguada Negra: YPF ya pidió el pase al segundo período exploratorio.
Payúno Este: actualmente concesionado a Aconcagua, con capacidad para alcanzar horizontes no convencionales.
Clúster Sur: zona colindante a Paso de Bardas y Aguada Negra, con interés de la firma Quintana.
En paralelo, se adjudicará una licitación para un estudio técnico de Vaca Muerta mendocina, lo que facilitará nuevas inversiones.

Foro de inversión y nuevos jugadores
En el marco del Foro de Inversiones, que se realizará el 6 y 7 de marzo, Mendoza expondrá sus proyectos en energía, hidrocarburos y minería. "Estamos poniendo mucho foco en la inversión privada, tanto en minería, como en hidrocarburos y energía. Emiratos Árabes, Canadá y Australia han mostrado interés, y vamos en ese camino", aseguró Sánchez Bandini.

Potasio Río Colorado y energía renovable
El proyecto de Potasio Río Colorado sigue en marcha, con controles sobre la inversión comprometida por Minera Aguilar. "Hemos dado una prórroga por problemas en la importación de equipos, pero los plazos se están cumpliendo. El objetivo es producir 1,5 millones de toneladas, frente a los 4,5 millones que originalmente planeaba Vale", afirmó el subsecretario.
Sobre energía renovable, aseguró que el Gobierno mantiene su interés en proyectos fotovoltaicos y en la expansión de la infraestructura eléctrica, clave para el desarrollo minero e hidrocarburífero.

Desafíos logísticos y empleo local
Una de las críticas recurrentes es la preferencia por trabajadores neuquinos en el sector mendocino de Vaca Muerta. "No es una cuestión de origen, sino de logística y costos. Para una empresa, contratar en Neuquén es más fácil que buscar trabajadores de Malargüe, que está a seis horas de ripio. Sin embargo, las operadoras tienen el compromiso de priorizar a mendocinos", aseguró.
En cuanto a la metalmecánica local, indicó que "se prioriza el compre mendocino siempre y cuando sea competitivo. El trabajador mendocino es altamente valorado, pero el mercado exige eficiencia y costos adecuados".
Mendoza está en plena transformación para consolidarse como un polo estratégico en energía, petróleo y minería. La clave estará en atraer inversión privada, optimizar la producción y fortalecer el desarrollo local, con el desafío de mejorar la competitividad y la infraestructura.
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Los incendios en la Patagonia no se detienen y afectan ya más de 20.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 05/02/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Patagonia


Los cinco focos principales se encuentran distribuidos entre las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en el sur del país.
La Patagonia atraviesa un verano trágico, con al menos cinco grandes incendios que han quemado ya más de 20.000 hectáreas, incluyendo en dos importantes parques nacionales y en los últimos días también en la localidad turística de El Bolsón, donde se registró la primera víctima mortal.
Los cinco focos principales se encuentran distribuidos entre las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en el sur del país.
El incendio más grave es el del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado entre Neuquén y Río Negro y donde el fuego, originado a finales de diciembre pasado, ha arrasado más de 10.000 hectáreas en las zona de Los Manzanos y más de 600 en el sector de El Manso, según las últimas cifras difundidas por las autoridades del parque.
Las condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos y altas temperaturas, dificultaron las labores de los cerca de 200 brigadistas que luchan para contener las llamas.
En el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, el incendio en el Valle Magdalena, que comenzó a principios de enero, afectó ya más de 4.000 hectáreas y se mantiene activo pese al trabajo de más de un centenar de brigadistas y voluntarios.
La provincia de Chubut, más al sur del país, alberga otros dos importantes focos. El principal se encuentra en la localidad de Epuyén, donde el fuego quemó hasta el momento más de 3.500 hectáreas de vegetación, incluyendo matorrales, pastizales, plantaciones, arbustos y bosque nativo, además de al menos 70 viviendas.
En paralelo, la provincia registra otro foco desde el pasado 19 de enero, cuando se incendió la zona rural de Atilio Viglione, donde las llamas continúan activas y ya se han quemado más de 3.000 hectáreas.

Un muerto y miles de hectáreas arrasadas en El Bolsón
El incendio más reciente comenzó el pasado jueves en El Bolsón, una localidad ubicada en Río Negro y conocida por ser uno de los destinos más turísticos de la Patagonia argentina.
Según el último informe del Gobierno provincial, ya se quemaron unas 2.800 hectáreas y se registró el fallecimiento de un hombre de unos 80 años.
Más de 300 personas trabajan en la zona para intentar contener las llamas, algunos de los cuales lo hacen sobre el terreno y otros por aire, mediante el uso de tres aviones hidrantes y dos helicópteros del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Tanto el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, como el de Chubut, Ignacio Torres, denunciaron que los incendios en sus provincias fueron causados intencionalmente.
 Además, junto a los gobernadores de provincias aledañas, incluyendo al de Neuquén, elaboraron un documento conjunto en el que expresaron el “apoyo y compromiso en la lucha contra los incendios que afectan a la zona cordillerana”.
 “Hoy, más que nunca, nos encontramos trabajando juntos para combatir los incendios y proteger a nuestras comunidades”, indicaron en el comunicado.
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Los fiscales de Rosario advierten que irán a la CIDH si queda impune el daño ambiental de la Petroquímica Bermúdez

Fecha de Publicación: 05/02/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Santa Fe


La piden a la Corte que rechace el fallo santafesino que avaló una salida alternativa a Taselli. Es un caso donde se contaminaron 23 hectáreas con cloro y donde están implicados funcionarios públicos.
Fiscales de Rosario apelaron una resolución que consagró la impunidad para los acusados de una gravísima contaminación con químicos de un predio industrial de 23 hectáreas a cinco kilómetros de la ciudad.
El planteo hace foco en el derrame de cloro en los terrenos de la empresa que manejaba el poderoso empresario Sergio Taselli. La Corte Suprema de Santa Fe lo acaba de eximir de responsabilidad penal con un fallo dividido y controvertido en extremo. Contra eso va el pedido de los fiscales al máximo tribunal argentino que tiene en sus manos la última palabra sobre el caso.
Es un asunto sensible y estratégico para la provincia de Santa Fe, en tanto implica un envenenamiento del ambiente en una zona densamente poblada, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar. Después del fallo que perdonó a Taselli no hubo pronunciamiento de la provincia sobre qué pasará con esas tierras cuya contaminación está probada por pericias oficiales.
Esta tragedia ambiental entrelaza factores de poder, decisiones judiciales oscuras y sospechas manifiestas de corrupción institucional. Taselli que consiguió eludir sanciones pese al derrame constatado de cloro en su firma Petoquímica Capitán Bermúdez fue representado por Mariano Cúneo Libarona hasta el día que asumió el Ministerio de Justicia de la Nación. También estaban imputados los directivos Máximo Taselli y Matías Gallegos.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron.

Problema ambiental
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
El entonces fiscal regional de Rosario Serjal, acusado de corrupción en otras causas, de manera polémica ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar al empresario un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. Fue por cuatro votos a tres y con la convocatoria de un conjuez para desempatar, que votó a favor de la pretroquímica, sin notificación a la fiscalía que pedía anular esa decisión.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina le piden a la Corte Nacional que rechace lo actuado por el superior tribunal santafesino porque la resolución que dictó afecta los derechos del medio ambiente como derecho humano fundamental, deja impunes a personas que provocaron graves daños al ecosistema y anticipa que concurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el fallo no se impugna.
El caso también tiene pendiente un juicio colateral, ahora interrumpido, contra funcionarios públicos. El 22 de agosto de 2017, por instrucción del ex gobernador Miguel Lifschitz, el fiscal de Estado provincial Pablo Saccone había denunciado a Sergio Taselli, Máximo Taselli y Matías Gallegos por los delitos de adulteración o envenenamiento dolosos mediante la Utilización de Residuos Peligrosos. El 21 de diciembre de 2018 la Fiscalía de Estado, a cargo de Gustavo Luzzini, presentó ante el Ministerio Público de la Acusación un acuerdo transaccional y conciliatorio que los tres directivos de la empresa. Luzzini manifestaba allí, en acuerdo con los defensores de los empresarios, su expreso consentimiento para considerar extinguida la acción penal.
En audiencia los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron que era imposible no sospechar que la salida propuesta por el jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal no fuera un hecho turbio ya que el delito de la empresa y sus consecuencias medioambientales estaban probados. Y no hubo ninguna explicación de por qué se renunciaba a una pena ni tampoco la obligada convocatoria a las víctimas del daño ambiental para prestar acuerdo a esa inesperada salida.
Tanto el ex fiscal de Estado adjunto Luzzini como el ex fiscal regional Serjal están actualmente acusados y esperan juicio por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento agravado y omisión de persecución. El trámite está suspendido hasta que la Corte Nacional se pronuncie sobre el tema de fondo.
En 2020 Patricio Serjal renunció a su cargo de fiscal regional de Rosario empujado por el escándalo del cobro de coimas para evitar la persecución al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti. En ese momento se sometieron a revisión algunas decisiones de Serjal consideradas inexplicables. Una de ellas su orden al fiscal Juan Carlos Ledesma de que renunciara a perseguir a los directivos de Petroquímica. Cuando el caso se llevó frente al juez Andrés Gazza este consideró que los valores de contaminación en petroquímica nunca se le mostraron al juez Juan José Tutau que aceptó la salida alternativa para los acusados.
Al mostrar las constancias verificadas del daño ambiental, dijo Gazza: "Estos son los valores que nunca se le expusieron al juez Tutau en la audiencia, estos son los valores que entiende el tribunal que son atentatorios del interés público, estos son los valores que no pueden pasar sin atención de un magistrado al que se le presente un pedido, ya sea de aplicación de un criterio de oportunidad o para declarar abstracta la cuestión penal evitando así la persecución de la conducta, siendo el producto de un convenio entre partes, no podemos obviar que están en juego bienes jurídicos colectivos, supraindividuales y entiende este magistrado que su protección es algo en lo que el Poder Judicial no puede hacerse el desentendido."

El desempate
Sin embargo la Corte Suprema de Santa Fe lo hizo con los votos de Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y el conjuez Fernando Gentile Bersano. Votaron en contra Roberto Falistocco, Mario Netri y Daniel Erbetta. El argumento de la apretada mayoría era que el asunto ya estaba juzgado. La minoría señaló que el fin del caso estaba totalmente viciado, era inmotivado, apartado de la normativa vigente y sin ninguna fundamentación. En las audiencias Schiappa Pietra y Edery señalaron que lo único que podría explicarlo con lógica a lo que no tenía ninguna era un acto de corrupción.
En la apelación, Caterina y Schiappa Pietra dijeron que la salida que objetaron ante la Corte Nacional consagra la impunidad en un caso que beneficia a poderosos empresarios sin explicar por qué razón jurídica lo hace. Y remarcaron cómo el supremo santafesino lo hizo contra un juez de primera instancia y tres camaristas que por unanimidad sí explicaron con argumentos cómo el perdón otorgado a Taselli y sus directivos no tenía asidero jurídico. En este último caso en audiencias que duraron dos días enteros.
Para la posición que cuestiona el fallo de la Corte, es insostenible decir que a Taselli se lo juzgará dos veces si sigue el caso. Porque no hubo primera: la primera vez al poderoso empresario lo perdonaron de una manera injustificada y sospechosa, con una salida espuria y gravemente viciada, como remarcó en su voto el ministro Daniel Erbetta, validando lo que habían dicho antes juez y camaristas.
Más allá del desenlace del caso jurídico queda en pie algo que para la comunidad es relevante: qué hará el gobierno santafesino con las 23 hectáreas ubicadas en un lugar estratégico, en el hinterland portuario de donde salen a ultramar la mayoría de las cargas del complejo oleaginoso argentino, que están según peritos diversos seriamente contaminadas.
Entretanto, el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini también esperan juicio. Este último fue acusado por los fiscales del caso en audiencia preliminar el 4 de septiembre del año pasado por abuso de autoridad y encubrimiento agravado por prestar conformidad a la salida de Taselli, cuando tenía una orden del exgobernador Lifschitz para ir a fondo contra la empresa y sus responsables por el daño ambiental contra Santa Fe.
Los defensores que continúan la línea de Cuneo Libarona aducen que tampoco a estos funcionarios se los puede perseguir porque el fallo de la Corte santafesina extingue la causa por completo. Al revés, los fiscales aducen que el caso no está cerrado y que la imputación a Serjal y Luzzini es una causa autónoma, que podría generarles condenas de 5 y 4 años de prisión efectiva respectivamente.
Para los fiscales Caterina y Schiappa Pietra, que la Corte Nacional avale la decisión de la Corte provincial implicará un espaldarazo a una decisión sin fundamentación, denegar justicia para un caso de contaminación que atenta contra la tutela efectiva a las víctimas, los habitantes de la zona de Capitán Bermúdez sobre los que se constataron daños a la salud.
La Corte nacional tiene pendiente hace tres años, junto a esta reciente elevación, otro caso de gran debate público en Rosario. Se trata de del planteo de inconstitucionalidad al artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar penalmente a un legislador si no se lo despoja de sus fueros. Fue iniciado por el caso del senador Armando Traferri, quien por años no pudo ser llevado a audiencia, aunque hace meses compareció por primera vez, tras ser reelecto en su banca, por acceder a que el cuerpo lo despoje de esa provisoria inmunidad.
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El gobierno nacional aprobó en 2024 la cifra más alta de transgénicos de las últimas tres décadas

Fecha de Publicación: 04/02/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El año pasado la Secretaría de Agricultura autorizó 25 productos biotecnológicos. Es la cuarta parte del total aprobado desde 1997, es decir, la más alta en 30 años. La otra cara: el freno las políticas agroalimentarias y la concentración del mercado.
El primer año de gobierno de Javier Milei será recordado como un año récord en la aprobación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). En el mismo lapso fue desmantelada la mayor parte de las políticas agroalimentarias que impulsaba el Estado.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca perdió el rango de ministerio desde que asumió Milei y ahora está bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según un comunicado el año pasado se autorizaron 25 productos biotecnológicos, tanto en vegetales como en microorganismos. La cifra “representa un hito histórico ya que constituye el 24,53% del total de aprobaciones en nuestro país en los últimos 28 años”.
El elocuente número de autorizaciones superó al alcanzado en 2018, con la aprobación de 16 OGM bajo la presidencia de Mauricio Macri. El dato se basó en la aceleración de los trámites de evaluación y registro. De este modo, los funcionarios libertarios avalaron la aprobación comercial de 19 microorganismos modificados como levaduras para la producción de bioetanol y vacunas biotecnológicas para porcinos y aves; y seis cultivos genéticamente modificados (dos para soja y cuatro para maíz).

Menos para muchos, más para unos pocos
La contracara de este “récord” fue el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias y de protección a los consumidores, con una creciente concentración del mercado de alimentos en unas pocas compañías agroexportadoras.
Según un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Fundación Rosa Luxemburgo, en 2024 se eliminaron la mayoría de las políticas dirigidas a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, incluyendo la interrupción del histórico programa Pro Huerta, que por más de 30 años se ocupó de la distribución de insumos, capacitación y apoyo técnico para el desarrollo de huertas familiares, escolares y comunitarias, así como granjas familiares para la autoproducción de alimentos frescos. Además, “la derogación del procedimiento de inscripción de biopreparados, junto con la desarticulación de la Comisión para la Agricultura Familiar del SENASA y el virtual vaciamiento del INTA (con despido de profesionales y venta de su edificio histórico en el barrio porteño de Palermo), debilitaron las posibilidades de fortalecer la agroecología y el rol de la agricultura familiar, campesina e indígena en la provisión de alimentos saludables.
De acuerdo al trabajo, titulado “Rascar la Olla. El desmantelamiento de las políticas agroalimentarias durante el gobierno de Milei”, “el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Las caídas más significativas se observaron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
Entre noviembre y julio de 2024, los precios de los alimentos aumentaron un 128% y Argentina lideró el ranking de inflación nominal en alimentos según el Banco Mundial.
En ese período, “preparar un guiso se volvió un 151% más caro. Con el Salario Mínimo Vital y Móvil o una jubilación mínima en julio de 2024, era posible preparar un 27% menos de porciones. Y tomar una taza de mate cocido con leche y pan implicó un incremento del 147% en el gasto (solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período).

Un modelo de transición justa
Durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza se congelaron iniciativas para promover los mercados de cercanía como la Ley de Góndolas, y se eliminaron programas de educación alimentaria y nutricional y de asistencia a comedores comunitarios.
Al mismo tiempo, “las grandes empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1.300% y el complejo exportador de granos un 4.900%”, destaca el trabajo del CELS y la Fundación Rosa Luxemburgo. Estas ganancias se verán reforzadas en 2025 con la baja de retenciones a las agroexportadoras.
Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) conformada por organizaciones de pequeños productores, cooperativas y comunidades campesinas como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y la Federación de Organizaciones de Agricultura Familiar (FONAF), denunciaron el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias y el vaciamiento de organismos y programas fundamentales.
Al mismo tiempo, destacaron el rol de la agroecología y la agricultura familiar, campesina e indígena como un modelo sostenible. “La producción agroecológica reduce los costos entre 60% y 70%, lo que permite a las familias productoras disponer de mayor capital para mejorar sus unidades productivas o invertir en infraestructura”, destacó el productor de la UTT y referente del Consultorio Técnico Popular (CoTePo), Juan Amador, durante el primer Congreso de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires, realizado en noviembre de 2024.
En tiempos de crisis climática y socioambiental, el acceso a alimentos sanos producidos localmente es a la vez un desafío y una oportunidad de generar empleo y valor económico, social y ambiental.
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