Preso por caza un puma, especie protegida
07:00 | 
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Cazó un puma, se fotografió exhibiéndolo y lo metieron preso
Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: San Luis
Ocurrió en Candelaria, San Luis. Un joven de 19 años publicó fotografías del resultado de una noche de caza y la Policía inició una investigación. En un allanamiento, le encontraron con un arsenal.
Un joven de 19 años publicó fotografías en lo que se lo ve junto a un puma que cazó en Facebook y la Policía de la Brigada Rural de Unidad Regional Nº 5 de San Luis inició una investigación.
El posteo la realizó el 2 de julio pasado y estuvo acompañada de por al menos seis fotografías: “Feliz por la cacería”, escribió en su perfil.
El sábado, los policías llevaron adelante un allanamiento en el campo Balde de Ahumada (ubicado sobre la Ruta 5, a 15 kilómetros de Candelaria) del que también participó personal del COAR.
Allí encontraron los elementos que comprobaron la caza del animal: cuero y carne de puma. Y armas: una escopeta calibre 16 y dos rifles calibre 22; 93 cartuchos de escopeta y un proyectil de fusil 308. También había aves canoras y una gran variedad de cuchillos.
La causa fue caratulada como “tenencia Ilegal de arma de fuego e infracción a Ley de conservación de la fauna, caza y pesca”. El joven quedó a disposición del juzgado Correccional y Contravencional a cargo de Marcelo Bustamante Marone, según precisó InfoMerlo.
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Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: San Luis
Ocurrió en Candelaria, San Luis. Un joven de 19 años publicó fotografías del resultado de una noche de caza y la Policía inició una investigación. En un allanamiento, le encontraron con un arsenal.
Un joven de 19 años publicó fotografías en lo que se lo ve junto a un puma que cazó en Facebook y la Policía de la Brigada Rural de Unidad Regional Nº 5 de San Luis inició una investigación.
El posteo la realizó el 2 de julio pasado y estuvo acompañada de por al menos seis fotografías: “Feliz por la cacería”, escribió en su perfil.
El sábado, los policías llevaron adelante un allanamiento en el campo Balde de Ahumada (ubicado sobre la Ruta 5, a 15 kilómetros de Candelaria) del que también participó personal del COAR.
Allí encontraron los elementos que comprobaron la caza del animal: cuero y carne de puma. Y armas: una escopeta calibre 16 y dos rifles calibre 22; 93 cartuchos de escopeta y un proyectil de fusil 308. También había aves canoras y una gran variedad de cuchillos.
La causa fue caratulada como “tenencia Ilegal de arma de fuego e infracción a Ley de conservación de la fauna, caza y pesca”. El joven quedó a disposición del juzgado Correccional y Contravencional a cargo de Marcelo Bustamante Marone, según precisó InfoMerlo.
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Es oficial el traslado de más pobladores del Riachuelo
Reubicarán a más familias de la vera del Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Los vecinos de la Villa 26, ubicada entre la calle Perdriel, el paredón de la calle Pedro de Luján y el Riachuelo, van siendo trasladados desde hace dos años hacia complejos habitacionales que van siendo inaugurados en predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad.
Ya en enero de 2015, 125 familias fueron reubicadas en un complejo de Barracas, y ahora le llegó el turno al resto de los habitantes de la zona.
En este marco, el viernes último, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la disposición conjunta n° 746/IVC/17 que establece que las autoridades se encargarán de mudar a 64 familias de la Villa 26 al complejo habitacional construido en la calle San Antonio 721, en el barrio de Barracas “en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo de la Ciudad” y solicita un servicio de traslado para tal fin.
Por otro lado, mediante la disposición conjunta n° 747/IVC/17 se solicita “servicio de mudanza para 54 familias pertenecientes a la Villa 26 a fin de trasladarlas hacia Complejo Lacarra 2047 en el barrio porteño de Parque Avellaneda- en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires”.
De esta manera, 118 familias podrán comenzar a vivir alejadas de la contaminación de esa zona, al mismo tiempo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa ayudando a los vecinos de esa zona a llegar a mejores lugares, donde podrán preservar su salud.
En ambos casos, los interesados en prestar el servicio pueden presentar su propuestas hasta 30 días después de realizado el llamado, siempre teniendo en cuenta que la mudanza se llevará a cabo entre octubre de 2017 y marzo de 2018.
En 2008, la Corte Suprema estableció que el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios bonaerenses a través de los que se extiende la cuenca Matanza Riachuelo y 44 empresas que vierten allí sus desechos, debían hacerse cargo del traslado de los habitantes de la Villa 26, a fin de preservar su salud.
Asimismo, la Corte dispuso que a medida que se concretara el traslado de la población, debía construirse en la margen del Riachuelo, el denominado “Camino de sirga”, un acceso que permita al personal especializado limpiar la orilla del río para luego continuar con las aguas.
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Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Los vecinos de la Villa 26, ubicada entre la calle Perdriel, el paredón de la calle Pedro de Luján y el Riachuelo, van siendo trasladados desde hace dos años hacia complejos habitacionales que van siendo inaugurados en predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad.
Ya en enero de 2015, 125 familias fueron reubicadas en un complejo de Barracas, y ahora le llegó el turno al resto de los habitantes de la zona.
En este marco, el viernes último, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la disposición conjunta n° 746/IVC/17 que establece que las autoridades se encargarán de mudar a 64 familias de la Villa 26 al complejo habitacional construido en la calle San Antonio 721, en el barrio de Barracas “en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo de la Ciudad” y solicita un servicio de traslado para tal fin.
Por otro lado, mediante la disposición conjunta n° 747/IVC/17 se solicita “servicio de mudanza para 54 familias pertenecientes a la Villa 26 a fin de trasladarlas hacia Complejo Lacarra 2047 en el barrio porteño de Parque Avellaneda- en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires”.
De esta manera, 118 familias podrán comenzar a vivir alejadas de la contaminación de esa zona, al mismo tiempo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa ayudando a los vecinos de esa zona a llegar a mejores lugares, donde podrán preservar su salud.
En ambos casos, los interesados en prestar el servicio pueden presentar su propuestas hasta 30 días después de realizado el llamado, siempre teniendo en cuenta que la mudanza se llevará a cabo entre octubre de 2017 y marzo de 2018.
En 2008, la Corte Suprema estableció que el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios bonaerenses a través de los que se extiende la cuenca Matanza Riachuelo y 44 empresas que vierten allí sus desechos, debían hacerse cargo del traslado de los habitantes de la Villa 26, a fin de preservar su salud.
Asimismo, la Corte dispuso que a medida que se concretara el traslado de la población, debía construirse en la margen del Riachuelo, el denominado “Camino de sirga”, un acceso que permita al personal especializado limpiar la orilla del río para luego continuar con las aguas.
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Parques nacionales en Córdoba a diferentes ritmos
Los parques nacionales prometidos a Córdoba avanzan a diferente ritmo
Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Malena Srur estaba enfocando su cámara en una bandada de aves acuáticas cuando un aguará guazú se cruzó en el cuadro. “Es un bicho que cualquier naturalista busca ver. Que ocurra así de casualidad, fue increíble”, cuenta esta naturalista integrante de la ONG Aves Argentinas.
La organización es una de las encargadas en recabar información para la creación de un parque y una reserva nacionales en Mar Chiquita. Al visitar por primera vez el sitio, Malena se dio cuenta de que es un lugar único.
“Trabajé muchos años en los esteros del Iberá, en Chaco y Formosa, pero de Mar Chiquita me impactaron la superficie y el estado de conservación que tienen los pastizales de más de un metro de altura. No creo que haya otro lugar así en Argentina. Los pastizales se pierden en el horizonte. Tiene un potencial de conservación increíble”, cuenta.
Aves Argentinas estuvo en junio pasado relevando el sitio. Allí se cruzaron con el aguará guazú, una especie difícil de avistar y en peligro de extinción en el territorio cordobés. “Se nos cruzó mientras estábamos enfocando con la cámara a las aves. No acercamos un poco más. El bicho estaba confiado. Se quedó varios minutos”, dice Malena.
El parque y la reserva tendrán unas 800 mil hectáreas en conjunto, pero primero hay que resolver una situación catastral compleja.
“Es complicado: hay alrededor de 300 propietarios de tierras. También hay que analizar cómo la creación del parque puede afectar la ganadería que se realiza allí. Es ganadería trashumante. La definición exacta de los límites del parque dependerá de estas causas”, dice Javier Britch, secretario de Ambiente de Córdoba.
Malena, de Aves Argentina, asegura que los pobladores ven con buenos ojos la creación del área protegida. “Creen que se podrá ordenar el uso de los suelos y que una parte quizá se pueda destinar a un uso campesino”, explica.
Por su parte, la estancia Pinas, al oeste cordobés, está más encaminada ya que podría transformarse este año en un parque nacional. Tiene 105 mil hectáreas.
Desde Aves Argentinas y Ambiente de la provincia confirmaron que ya fueron presentados el proyecto de ley de sesión de jurisdicción ambiental y la declaración de utilidad pública. La Legislatura lo podría aprobar en agosto o septiembre.
Luego, el Congreso de la Nación debe aprobar una ley para crear el parque y para que el Estado nacional acepte la sesión de jurisdicción. Nación y Provincia firmaron un convenio que agilizaría todas estas formalidades.
La estancia forma parte de la conflictiva herencia de Juan Manubens Calvet. Sin embargo, Britch asegura que ese litigio no representará una traba para el trámite. “Al no haber quién pueda reclamar la herencia, se depositan los fondos bajo custodia judicial para que cuando se determine quiénes son los herederos se realice el pago”, explicó Britch.
En los dos casos, los fondos para comprar las tierras serán donaciones privadas canalizadas por ONG internacionales.
“Aves Argentinas ha firmado convenios con diferentes organizaciones mundiales para activar el turismo de naturaleza en la región, que deja 1.400 dólares por persona. YPF también tiene pensado instalar una estación de servicio cerca de Pinas. Se generarán varios puestos de trabajo por el turismo”, indicó Silvana Zaninetti, de Aves Argentinas.
Pastizales, aves y uno de los mayores humedales. Es el hábitat de 400 especies de aves. Junto a los bañados del río Dulce, es uno de los mayores humedales del mundo. Años atrás, se contabilizaron colonias de hasta 100 mil flamencos australes y de hasta 500 mil falaropos. En los últimos años, se detectó la presencia del aguará guazú, un mamífero que se creía desaparecido en Córdoba.
Relicto intacto del Chaco Seco. Pinas es una enorme estancia de más de 80 mil hectáreas que ocupa parte de la superficie de los departamentos Minas y Pocho. Por un litigio entre supuestos herederos del terrateniente Juan Feliciano Manubens Calvet, el predio no ha tenido casi actividad humana desde hace unos 40 años, por lo que el ecosistema nativo ha tenido tiempo para recuperarse. Están presentes todos los paisajes del bosque chaqueño seco, con especies emblemáticas como el guanaco y el pecarí quimelero.
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Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Malena Srur estaba enfocando su cámara en una bandada de aves acuáticas cuando un aguará guazú se cruzó en el cuadro. “Es un bicho que cualquier naturalista busca ver. Que ocurra así de casualidad, fue increíble”, cuenta esta naturalista integrante de la ONG Aves Argentinas.
La organización es una de las encargadas en recabar información para la creación de un parque y una reserva nacionales en Mar Chiquita. Al visitar por primera vez el sitio, Malena se dio cuenta de que es un lugar único.
“Trabajé muchos años en los esteros del Iberá, en Chaco y Formosa, pero de Mar Chiquita me impactaron la superficie y el estado de conservación que tienen los pastizales de más de un metro de altura. No creo que haya otro lugar así en Argentina. Los pastizales se pierden en el horizonte. Tiene un potencial de conservación increíble”, cuenta.
Aves Argentinas estuvo en junio pasado relevando el sitio. Allí se cruzaron con el aguará guazú, una especie difícil de avistar y en peligro de extinción en el territorio cordobés. “Se nos cruzó mientras estábamos enfocando con la cámara a las aves. No acercamos un poco más. El bicho estaba confiado. Se quedó varios minutos”, dice Malena.
El parque y la reserva tendrán unas 800 mil hectáreas en conjunto, pero primero hay que resolver una situación catastral compleja.
“Es complicado: hay alrededor de 300 propietarios de tierras. También hay que analizar cómo la creación del parque puede afectar la ganadería que se realiza allí. Es ganadería trashumante. La definición exacta de los límites del parque dependerá de estas causas”, dice Javier Britch, secretario de Ambiente de Córdoba.
Malena, de Aves Argentina, asegura que los pobladores ven con buenos ojos la creación del área protegida. “Creen que se podrá ordenar el uso de los suelos y que una parte quizá se pueda destinar a un uso campesino”, explica.
Por su parte, la estancia Pinas, al oeste cordobés, está más encaminada ya que podría transformarse este año en un parque nacional. Tiene 105 mil hectáreas.
Desde Aves Argentinas y Ambiente de la provincia confirmaron que ya fueron presentados el proyecto de ley de sesión de jurisdicción ambiental y la declaración de utilidad pública. La Legislatura lo podría aprobar en agosto o septiembre.
Luego, el Congreso de la Nación debe aprobar una ley para crear el parque y para que el Estado nacional acepte la sesión de jurisdicción. Nación y Provincia firmaron un convenio que agilizaría todas estas formalidades.
La estancia forma parte de la conflictiva herencia de Juan Manubens Calvet. Sin embargo, Britch asegura que ese litigio no representará una traba para el trámite. “Al no haber quién pueda reclamar la herencia, se depositan los fondos bajo custodia judicial para que cuando se determine quiénes son los herederos se realice el pago”, explicó Britch.
En los dos casos, los fondos para comprar las tierras serán donaciones privadas canalizadas por ONG internacionales.
“Aves Argentinas ha firmado convenios con diferentes organizaciones mundiales para activar el turismo de naturaleza en la región, que deja 1.400 dólares por persona. YPF también tiene pensado instalar una estación de servicio cerca de Pinas. Se generarán varios puestos de trabajo por el turismo”, indicó Silvana Zaninetti, de Aves Argentinas.
Pastizales, aves y uno de los mayores humedales. Es el hábitat de 400 especies de aves. Junto a los bañados del río Dulce, es uno de los mayores humedales del mundo. Años atrás, se contabilizaron colonias de hasta 100 mil flamencos australes y de hasta 500 mil falaropos. En los últimos años, se detectó la presencia del aguará guazú, un mamífero que se creía desaparecido en Córdoba.
Relicto intacto del Chaco Seco. Pinas es una enorme estancia de más de 80 mil hectáreas que ocupa parte de la superficie de los departamentos Minas y Pocho. Por un litigio entre supuestos herederos del terrateniente Juan Feliciano Manubens Calvet, el predio no ha tenido casi actividad humana desde hace unos 40 años, por lo que el ecosistema nativo ha tenido tiempo para recuperarse. Están presentes todos los paisajes del bosque chaqueño seco, con especies emblemáticas como el guanaco y el pecarí quimelero.
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Tres ejemplares de cóndor trasladados para liberación
Chubut ayudó al traslado de tres ejemplares de cóndor a Río Negro para su liberación
Fecha de Publicación: 18/07/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut - Río Negro
La Dirección de Fauna y Flora Silvestre del Ministerio de la Producción, que conduce Pablo Mamet, participó del traslado de 3 ejemplares de Cóndor Andino.
La Dirección de Fauna y Flora Silvestre del Ministerio de la Producción, que conduce Pablo Mamet, participó del traslado de tres ejemplares de Cóndor Andino desde el Aeropuerto de Trelew hasta Sierra de Pailemán, en Río Negro.
El traslado fue realizado en el Marco de un Convenio entre la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y la Fundación Bioandina, que tiene por objetivos la cría, el rescate y la rehabilitación de Cóndores Andinos (Vultur gryphus) para derivar los ejemplares a planes de conservación ex situ e in situ de la especie, con la finalidad de contribuir a la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. También contó con la colaboración del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.
En el marco del Programa del Retorno del Cóndor al Mar se realizará en septiembre la XV liberación, a la que sumarán estos tres cóndores en las Sierras de Paileman, departamento de Valcheta, provincia de Río Negro, luego de las tradicionales ceremonias ancestrales de los pueblos originarios.
Ellos tienen diferentes historias. Wamatinag (Madre de los metales) y Llajtay (De mi Pueblo), son dos hembras incubadas y criadas por sus padres en el Centro de Rescate y Preservación Llastay, La Rioja. Mientras que Nehuen Co (Fuerza del agua) es un macho incubado y criado por sus padres en cautiverio en la Quebrada del Cóndor, Reserva Provincial Sierra de Los Quinteros, La Rioja.
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Fecha de Publicación: 18/07/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut - Río Negro
La Dirección de Fauna y Flora Silvestre del Ministerio de la Producción, que conduce Pablo Mamet, participó del traslado de 3 ejemplares de Cóndor Andino.
La Dirección de Fauna y Flora Silvestre del Ministerio de la Producción, que conduce Pablo Mamet, participó del traslado de tres ejemplares de Cóndor Andino desde el Aeropuerto de Trelew hasta Sierra de Pailemán, en Río Negro.
El traslado fue realizado en el Marco de un Convenio entre la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y la Fundación Bioandina, que tiene por objetivos la cría, el rescate y la rehabilitación de Cóndores Andinos (Vultur gryphus) para derivar los ejemplares a planes de conservación ex situ e in situ de la especie, con la finalidad de contribuir a la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. También contó con la colaboración del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.
En el marco del Programa del Retorno del Cóndor al Mar se realizará en septiembre la XV liberación, a la que sumarán estos tres cóndores en las Sierras de Paileman, departamento de Valcheta, provincia de Río Negro, luego de las tradicionales ceremonias ancestrales de los pueblos originarios.
Ellos tienen diferentes historias. Wamatinag (Madre de los metales) y Llajtay (De mi Pueblo), son dos hembras incubadas y criadas por sus padres en el Centro de Rescate y Preservación Llastay, La Rioja. Mientras que Nehuen Co (Fuerza del agua) es un macho incubado y criado por sus padres en cautiverio en la Quebrada del Cóndor, Reserva Provincial Sierra de Los Quinteros, La Rioja.
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Material 'inerte' sale por primera vez de un pozo fracking
Allen: por primera vez saldrá el cutting del repositorio de YPF
Fecha de Publicación: 18/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Por primera vez desde que en Allen se extrae gas no convencional, el recorte de perforación (cutting base agua) de los pozos será utilizado para rellenar una cantera abandonada, en la barda norte. El barro fue tratado en el repositorio de YPF y desde la Secretaría de Medio Ambiente aprobaron su retiro, indicando que se trata de material inerte. “No contamina”, dijo Dina Migani, titular del organismo de control ambiental.
Pasaron más de 8 años desde que la industria hidrocarburífera comenzó a acopiar cutting en un predio que pertenece al Aeroclub Allen, en la barda norte. En ese lugar, cuando el área EFO estaba bajo el control de la petrolera estadounidense Apache, se habilitó un repositorio de cutting para secar y tratar el recorte de perforación de los pozos de tight gas.
La creciente actividad de perforación de pozos que en Allen se registró durante los últimos años hizo que el repositorio llegara a acopiar enormes montañas de barro seco que, en algunos sectores, desbordaban el cerco perimetral del predio. En marzo de este año “Río Negro” denunció esa situación y desde entonces se agilizó el diálogo entre la empresa YFP, que tiene la concesión del área EFO, y las autoridades provinciales para buscarle un destino final al material tratado.
Recientemente y según informaron desde YPF, la Secretaría de Medio Ambiente autorizó el retiro de 2.000 metros cúbicos de barro tratado, el cual comenzó a ser trasladado a una cantera abandonada que se encuentra cerca de repositorio, también en tierras del Aeroclub Allen. “Ese suelo está en las condiciones establecidas por la ley, fue tratado y liberado. Se va a utilizar para remediar una cantera”, dijo la secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Dina Migani, quien aseguró que el material liberado no contamina. Por el contacto con las formaciones geológicas durante el proceso de perforación, el barro en cuestión tuvo niveles de hidrocarburos que ahora – insistió Migani – “está en los límites y porcentajes establecidos por la legislación”
La funcionaria contó que el mismo material también podría ser utilizado para la reforestación. “Es otra de las posibilidades. Esa tierra es inerte, no tiene propiedades productivas, pero se la puede mejorar con determinadas técnicas”, explicó al agregar que existen gestiones con la empresa Forestal Rionegrina para darle ese uso.
Los 2.000 metros cúbicos que comenzaron a ser trasladados, representan sólo una parte (manos de la mitad) del cutting que está acopiado en el repositorio. Para Julio Contreras, presidente del Aeroclub Allen pero que no vive en esta ciudad, el relleno de la cantera con el cutting no traerá no traerá inconvenientes ambientales porque “están todos los permisos y nos servirá para rellenar un sector del predio de la institución”.
El dato
90 viajes con camiones que tienen bateas de 22 m³ se harán para trasladar el barro liberado.
El traslado del repositorio de cutting a tierras del municipio que también están localizadas en la barda norte, es un tema que todavía no está cerrado entre la comuna de Allen e YPF. La reubicación de ese predio es un eje que el Ejecutivo local trazó en el Plan Rector, aprobado por el Concejo Deliberante.
El actual gobierno quiere generar en la zona norte un sector al que vayan a parar los residuos industriales y en el que la comuna pueda ejercer un control directo. Ayer “Río Negro” recorrió el repositorio y advirtió que no había ningún empleado de vigilancia en el lugar. La tranquera estaba abierta, había cuatro máquinas viales estacionadas y un trailer sin ninguna custodia y cualquiera podía ingresar libremente al predio.
Pese a que el municipio está empeñado en apurar la reubicación del repositorio, muchos allenses desconfían de los organismo de control y creen que la acción del traslado y la disposición final del cutting como relleno de canteras, continuará contaminando la barda norte, que se ha convertido en el “patio trasero” de la ciudad por el vertido de desechos industriales y la quema a cielo abierto de la basura domiciliaria.
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Fecha de Publicación: 18/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Por primera vez desde que en Allen se extrae gas no convencional, el recorte de perforación (cutting base agua) de los pozos será utilizado para rellenar una cantera abandonada, en la barda norte. El barro fue tratado en el repositorio de YPF y desde la Secretaría de Medio Ambiente aprobaron su retiro, indicando que se trata de material inerte. “No contamina”, dijo Dina Migani, titular del organismo de control ambiental.
Pasaron más de 8 años desde que la industria hidrocarburífera comenzó a acopiar cutting en un predio que pertenece al Aeroclub Allen, en la barda norte. En ese lugar, cuando el área EFO estaba bajo el control de la petrolera estadounidense Apache, se habilitó un repositorio de cutting para secar y tratar el recorte de perforación de los pozos de tight gas.
La creciente actividad de perforación de pozos que en Allen se registró durante los últimos años hizo que el repositorio llegara a acopiar enormes montañas de barro seco que, en algunos sectores, desbordaban el cerco perimetral del predio. En marzo de este año “Río Negro” denunció esa situación y desde entonces se agilizó el diálogo entre la empresa YFP, que tiene la concesión del área EFO, y las autoridades provinciales para buscarle un destino final al material tratado.
Recientemente y según informaron desde YPF, la Secretaría de Medio Ambiente autorizó el retiro de 2.000 metros cúbicos de barro tratado, el cual comenzó a ser trasladado a una cantera abandonada que se encuentra cerca de repositorio, también en tierras del Aeroclub Allen. “Ese suelo está en las condiciones establecidas por la ley, fue tratado y liberado. Se va a utilizar para remediar una cantera”, dijo la secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Dina Migani, quien aseguró que el material liberado no contamina. Por el contacto con las formaciones geológicas durante el proceso de perforación, el barro en cuestión tuvo niveles de hidrocarburos que ahora – insistió Migani – “está en los límites y porcentajes establecidos por la legislación”
La funcionaria contó que el mismo material también podría ser utilizado para la reforestación. “Es otra de las posibilidades. Esa tierra es inerte, no tiene propiedades productivas, pero se la puede mejorar con determinadas técnicas”, explicó al agregar que existen gestiones con la empresa Forestal Rionegrina para darle ese uso.
Los 2.000 metros cúbicos que comenzaron a ser trasladados, representan sólo una parte (manos de la mitad) del cutting que está acopiado en el repositorio. Para Julio Contreras, presidente del Aeroclub Allen pero que no vive en esta ciudad, el relleno de la cantera con el cutting no traerá no traerá inconvenientes ambientales porque “están todos los permisos y nos servirá para rellenar un sector del predio de la institución”.
El dato
90 viajes con camiones que tienen bateas de 22 m³ se harán para trasladar el barro liberado.
El traslado del repositorio de cutting a tierras del municipio que también están localizadas en la barda norte, es un tema que todavía no está cerrado entre la comuna de Allen e YPF. La reubicación de ese predio es un eje que el Ejecutivo local trazó en el Plan Rector, aprobado por el Concejo Deliberante.
El actual gobierno quiere generar en la zona norte un sector al que vayan a parar los residuos industriales y en el que la comuna pueda ejercer un control directo. Ayer “Río Negro” recorrió el repositorio y advirtió que no había ningún empleado de vigilancia en el lugar. La tranquera estaba abierta, había cuatro máquinas viales estacionadas y un trailer sin ninguna custodia y cualquiera podía ingresar libremente al predio.
Pese a que el municipio está empeñado en apurar la reubicación del repositorio, muchos allenses desconfían de los organismo de control y creen que la acción del traslado y la disposición final del cutting como relleno de canteras, continuará contaminando la barda norte, que se ha convertido en el “patio trasero” de la ciudad por el vertido de desechos industriales y la quema a cielo abierto de la basura domiciliaria.
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Los Pelambres: que hay detras de la contaminación?
Los intereses no contados detrás de la basura minera de Los Pelambres
Fecha de Publicación: 18/07/2017
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
La guerra silenciosa entre ejecutivos, las corporaciones, la política y los millones de dólares en el trasfondo del megabasurero ilegal en la cordillera de los Andes. El adelanto de Tiempo sobre Glencore.
Las causas federales, la penal y la civil, por los 26 millones de toneladas de roca residual y cinco centenares de neumáticos gigantes que la minera Los Pelambres tiró ilegalmente en el departamento Calingasta, sobre la cordillera de los Andes, tienen un trasfondo no contado.
De fondo, nadie discute que la corporación chilena contaminó la tierra argentina.
El argumento que usan los deja ene videncia: que el Gobierno de Chile les informó mal los límites entre ambos países, por lo que al parecer intentan hacer deducir que ellos creían que estaban contaminando de su lado.
El problema de fondo es uno solo: los más de 200 millones de dólares que cuesta sacar esos escombros de Argentina.
Pero detrás de esa basura minera hay intereses cruzados que nunca se contaron.
Guerra de ejecutivos
Uno de ellos apunta a los altos mandos. En marzo último, mientras desfilaban por el Juzgado Federal de San Juan ante el juez Leopoldo Rago Gallo los gerentes chilenos, saltó un dato que ahora tomó fuerza desde el Gobierno de San Juan: Glencore podría pasar de ser la denunciante a estar en la mira por la contaminación.
"¿Y al quinto gerente, cuándo lo imputan y lo indagan?”, tiró a Tiempo de San Juan uno de los ejecutivos de Los Pelambres en la vereda del Juzgado Federal.
Hacía referencia a que los cuatro ejecutivos imputados e indagados son todos chilenos que trabajan o trabajaron en Los Pelambres y tuvieron responsabilidad a lo largo de los años en la contaminación.
Ellos son: Robert Andrew May-Nicholls (gerente general hasta abril); antes fue Alberto Cerda Mery y anteriormente Ignacio Cruz Zabala. Los últimos dos son ex gerentes generales. Y se les sumó en la investigación federal el director de Los Pelambres, Francisco Veloso (vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentables de la compañía Antofagasta Minerals).
El "quinto gerente” al que hizo referencia la alta fuente ejecutiva chilena es Jorge Gómez: fue gerente general de Los Pelambres, una de las minas de Antofagasta Minerals, cuando se inició la escombrera ilegal. Pero ahora es uno de los más altos ejecutivos de Glencore, la corporación que tiene el proyecto El Pachón, quienes denunciaron en la justicia federal a su competencia chilena.
¿Lo citarán a indagatoria a Gómez? ¿Pasará de denunciante a sospechoso?
La compra frustrada
Tras ser denunciados por Glencore, el equipo de abogados de Los Pelambres trató de minimizar la acusación diciendo en voz baja a los periodistas que era un réplica porque se había caído una operación comercial de miles de millones de dólares.
Sucede que Antofagasta Minerals había empezado a mirar con buenos ojos la posibilidad de comprar el proyecto El Pachón, la principal reserva de cobre y molibdeno de San Juan y una de las mayores reservas de cobre que se conoce.
Como la corporación chilena tenía su explotación justo del otro lado del límite, eso le simplificaba significativamente los costos de operación de la mina.
Pero esa operación multimillonaria se frustró. Y ahora, con la escombrera ilegal en el tapete, hay un mundo de especulaciones: que Glencore sabía que estaban tirando escombros pero que no dijo nada porque le estaba por vender el proyecto a quien estaba tirando los escombros; que Antofagsta Minerals empezó a tirar los escombros en el lado argentino especulando con que iba a comprar El Pachón y que así nadie los iba a descubrir; que una vez caída la operación, Glencore sabía y dejó tirar escombros para luego perjudicarlos económicamente con el costo de tener que sacar la basura; que Glencore dejó tirar la basura minera porque vio detrás de eso un negocio multimillonario: demandarlos y cobrarles a Antofagasta Minerals por el uso del suelo durante años…
Ahora el Gobierno de San Juan hizo oficial su interés, como querellantes en las causas, de ir también contra Glencore porque la consideran responsable de la contaminación, al igual que Los Pelambres.
La política
En el medio de esa guerra entre los ejecutivos y las corporaciones, también hay una batalla política.
Sucede que al estar involucrados dos países, la justicia federal en San Juan tiene sus límites y la solución definitiva pasa por las cancillerías de Argentina y de Chile.
Por eso el gobernador Sergio Uñac fue en la semana a Capital Federal a reunirse con el nuevo canciller por la escombrera minera ilegal de los chilenos.
Fue después de que tomó estado público una conclusión básica de los peritos que el juez federal Rago Gallo llevó a una inspección ocular que hizo en la escombrera a fines de marzo último.
Esas primeras conclusiones dicen que sí hay contaminación ambiental: en el suelo y en el agua, como consecuencia de la escombrera ilegal.
Para dimensionar el tamaño del basurero, los técnicos le dijeron al juez Rago Gallo que el tamaño era el equivalente a una pila de escombros y neumáticos que, de ser puestos en la Ciudad de San Juan, irían desde la plaza 25 de Mayo hasta el Centro Cívico, con una altura equivalente a un edificio de entre 3 y 4 pisos.
Como era de esperar, desde Los Pelambres trataron de opacar esa primera conclusión diciendo que "el agua contaminada no llegó al río”. Así, tratan de demostrar que la contaminación es sólo en la zona y que no se extendió ni afectó el curso de las aguas.
Todas esas son herramientas de un equipo de expertos (abogados e ingenieros) dirigidos por el prestigioso constitucionalista y político radical Ricardo Gil Laavedra (quien defiende a la empresa chilena pero es aliado político del actual Gobierno Nacional).
Mientras tanto, el juez federal Rago Gallo sigue avanzando en la causa penal, la cual determinará si los ejecutivos chilenos tienen o no responsabilidad penal en la contaminación.
Y el otro juez federal en San Juan, Miguel Gálvez, tramita la causa civil por la demanda que Glencore le hizo a Antofagasta Minerals por la contaminación y por el uso de su suelo.
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Fecha de Publicación: 18/07/2017
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
La guerra silenciosa entre ejecutivos, las corporaciones, la política y los millones de dólares en el trasfondo del megabasurero ilegal en la cordillera de los Andes. El adelanto de Tiempo sobre Glencore.
Las causas federales, la penal y la civil, por los 26 millones de toneladas de roca residual y cinco centenares de neumáticos gigantes que la minera Los Pelambres tiró ilegalmente en el departamento Calingasta, sobre la cordillera de los Andes, tienen un trasfondo no contado.
De fondo, nadie discute que la corporación chilena contaminó la tierra argentina.
El argumento que usan los deja ene videncia: que el Gobierno de Chile les informó mal los límites entre ambos países, por lo que al parecer intentan hacer deducir que ellos creían que estaban contaminando de su lado.
El problema de fondo es uno solo: los más de 200 millones de dólares que cuesta sacar esos escombros de Argentina.
Pero detrás de esa basura minera hay intereses cruzados que nunca se contaron.
Guerra de ejecutivos
Uno de ellos apunta a los altos mandos. En marzo último, mientras desfilaban por el Juzgado Federal de San Juan ante el juez Leopoldo Rago Gallo los gerentes chilenos, saltó un dato que ahora tomó fuerza desde el Gobierno de San Juan: Glencore podría pasar de ser la denunciante a estar en la mira por la contaminación.
"¿Y al quinto gerente, cuándo lo imputan y lo indagan?”, tiró a Tiempo de San Juan uno de los ejecutivos de Los Pelambres en la vereda del Juzgado Federal.
Hacía referencia a que los cuatro ejecutivos imputados e indagados son todos chilenos que trabajan o trabajaron en Los Pelambres y tuvieron responsabilidad a lo largo de los años en la contaminación.
Ellos son: Robert Andrew May-Nicholls (gerente general hasta abril); antes fue Alberto Cerda Mery y anteriormente Ignacio Cruz Zabala. Los últimos dos son ex gerentes generales. Y se les sumó en la investigación federal el director de Los Pelambres, Francisco Veloso (vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentables de la compañía Antofagasta Minerals).
El "quinto gerente” al que hizo referencia la alta fuente ejecutiva chilena es Jorge Gómez: fue gerente general de Los Pelambres, una de las minas de Antofagasta Minerals, cuando se inició la escombrera ilegal. Pero ahora es uno de los más altos ejecutivos de Glencore, la corporación que tiene el proyecto El Pachón, quienes denunciaron en la justicia federal a su competencia chilena.
¿Lo citarán a indagatoria a Gómez? ¿Pasará de denunciante a sospechoso?
La compra frustrada
Tras ser denunciados por Glencore, el equipo de abogados de Los Pelambres trató de minimizar la acusación diciendo en voz baja a los periodistas que era un réplica porque se había caído una operación comercial de miles de millones de dólares.
Sucede que Antofagasta Minerals había empezado a mirar con buenos ojos la posibilidad de comprar el proyecto El Pachón, la principal reserva de cobre y molibdeno de San Juan y una de las mayores reservas de cobre que se conoce.
Como la corporación chilena tenía su explotación justo del otro lado del límite, eso le simplificaba significativamente los costos de operación de la mina.
Pero esa operación multimillonaria se frustró. Y ahora, con la escombrera ilegal en el tapete, hay un mundo de especulaciones: que Glencore sabía que estaban tirando escombros pero que no dijo nada porque le estaba por vender el proyecto a quien estaba tirando los escombros; que Antofagsta Minerals empezó a tirar los escombros en el lado argentino especulando con que iba a comprar El Pachón y que así nadie los iba a descubrir; que una vez caída la operación, Glencore sabía y dejó tirar escombros para luego perjudicarlos económicamente con el costo de tener que sacar la basura; que Glencore dejó tirar la basura minera porque vio detrás de eso un negocio multimillonario: demandarlos y cobrarles a Antofagasta Minerals por el uso del suelo durante años…
Ahora el Gobierno de San Juan hizo oficial su interés, como querellantes en las causas, de ir también contra Glencore porque la consideran responsable de la contaminación, al igual que Los Pelambres.
La política
En el medio de esa guerra entre los ejecutivos y las corporaciones, también hay una batalla política.
Sucede que al estar involucrados dos países, la justicia federal en San Juan tiene sus límites y la solución definitiva pasa por las cancillerías de Argentina y de Chile.
Por eso el gobernador Sergio Uñac fue en la semana a Capital Federal a reunirse con el nuevo canciller por la escombrera minera ilegal de los chilenos.
Fue después de que tomó estado público una conclusión básica de los peritos que el juez federal Rago Gallo llevó a una inspección ocular que hizo en la escombrera a fines de marzo último.
Esas primeras conclusiones dicen que sí hay contaminación ambiental: en el suelo y en el agua, como consecuencia de la escombrera ilegal.
Para dimensionar el tamaño del basurero, los técnicos le dijeron al juez Rago Gallo que el tamaño era el equivalente a una pila de escombros y neumáticos que, de ser puestos en la Ciudad de San Juan, irían desde la plaza 25 de Mayo hasta el Centro Cívico, con una altura equivalente a un edificio de entre 3 y 4 pisos.
Como era de esperar, desde Los Pelambres trataron de opacar esa primera conclusión diciendo que "el agua contaminada no llegó al río”. Así, tratan de demostrar que la contaminación es sólo en la zona y que no se extendió ni afectó el curso de las aguas.
Todas esas son herramientas de un equipo de expertos (abogados e ingenieros) dirigidos por el prestigioso constitucionalista y político radical Ricardo Gil Laavedra (quien defiende a la empresa chilena pero es aliado político del actual Gobierno Nacional).
Mientras tanto, el juez federal Rago Gallo sigue avanzando en la causa penal, la cual determinará si los ejecutivos chilenos tienen o no responsabilidad penal en la contaminación.
Y el otro juez federal en San Juan, Miguel Gálvez, tramita la causa civil por la demanda que Glencore le hizo a Antofagasta Minerals por la contaminación y por el uso de su suelo.
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Freno a La Alumbrera y una visión economicista
"Si La Alumbrera para, es un daño económico para todos", dijo la gobernadora de Catamarca
Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Catamarca
Corpacci se mostró preocupada por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, manifestó su preocupación por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que ordenó la suspensión de la actividad en el yacimiento minero Bajo La Alumbrera y advirtió que esta situación significa "un impacto económico muy fuerte" en materia económica para la provincia de cara a la llegada de futuras inversiones.
"Si minera Alumbrera para, es un daño económico para todos", expresó la mandataria, quien advirtió que "no se puede parar el funcionamiento de un yacimiento minero de la noche a la mañana".
La Alumbrera está situada en el departamento catamarqueño de Andalgalá, pero fue a Cámara Federal de Tucumán, con competencia en el caso, la que el 11 de julio pasado suspendió la actividad "a fin de que se realicen los informes periciales, in situ, para determinar la posible contaminación y degradación del medio ambiente".
La gobernadora criticó que durante los últimos siete años la justicia no requirió ningún de informe de impacto ambiental: "en estos 7 años, se debió haber pedido a la Secretaría de Estado de Minería y a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Mineria( Dipgman) que informen qué controles hay y qué impactos reales se ocasionaron en el medio ambiente, lo que me parece que no está o no se cumplió desde la justicia".
"Si una empresa incumple corresponde que se la multe, que se la sancione cuando hay daños, si es que los hay", sostuvo la gobernadora catamarqueña. No obstante alertó que "no se puede parar un yacimiento de la noche a la mañana, porque hay procesos que se tiene que continuar" y "tanto para la provincia, como para la Nación, resultan un impacto económico muy grande".
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Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Catamarca
Corpacci se mostró preocupada por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, manifestó su preocupación por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que ordenó la suspensión de la actividad en el yacimiento minero Bajo La Alumbrera y advirtió que esta situación significa "un impacto económico muy fuerte" en materia económica para la provincia de cara a la llegada de futuras inversiones.
"Si minera Alumbrera para, es un daño económico para todos", expresó la mandataria, quien advirtió que "no se puede parar el funcionamiento de un yacimiento minero de la noche a la mañana".
La Alumbrera está situada en el departamento catamarqueño de Andalgalá, pero fue a Cámara Federal de Tucumán, con competencia en el caso, la que el 11 de julio pasado suspendió la actividad "a fin de que se realicen los informes periciales, in situ, para determinar la posible contaminación y degradación del medio ambiente".
La gobernadora criticó que durante los últimos siete años la justicia no requirió ningún de informe de impacto ambiental: "en estos 7 años, se debió haber pedido a la Secretaría de Estado de Minería y a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Mineria( Dipgman) que informen qué controles hay y qué impactos reales se ocasionaron en el medio ambiente, lo que me parece que no está o no se cumplió desde la justicia".
"Si una empresa incumple corresponde que se la multe, que se la sancione cuando hay daños, si es que los hay", sostuvo la gobernadora catamarqueña. No obstante alertó que "no se puede parar un yacimiento de la noche a la mañana, porque hay procesos que se tiene que continuar" y "tanto para la provincia, como para la Nación, resultan un impacto económico muy grande".
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Denuncian otro desmonte en El Impenetrable
Denuncian nuevo desmonte ilegal en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela expuso una deforestación en una zona prohibida en el departamento Brown.
El Centro de Estudios e Investigación Social "Centro Mandela DDHH" denunció un nuevo desmonte ilegal en zona prohibida de El Impenetrable.
La deforestación, a tala raza para hacer chacra, se realizó en las parcelas 225 y 226 del Departamento Almirante Brown. Este campo tiene una superficie estimada de 4.800 hectáreas, y habrían topado 2.600 hectáreas a pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, según el mapa de zonificación del OTBN.
El campo está sobre la Picada 82, tres kilómetros antes del empalme con la Ruta Juana Azurduy, que es un punto estratégico en esta región. El paraje es conocido como “El Kiosco” porque allí funciona un almacén que da de comer a los viajeros. Desde ese empalme, en distintas direcciones, se puede llegar a Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya y a Los Frentones/Río Muerto, que son localidades que se ubican a la vera de la Ruta Nacional Nº 16, que es el corredor bio-oceánico que une San Pablo-Brasil e Iquique-Chile.
El avance de los empresarios del agro en el Chaco Seco y de los explotadores forestales es un dato sumamente concreto, grave y preocupante. El ataque al monte son hechos repetidos que nos permite comprender que el Chaco -en el mediano plazo- se convertirá en lo que actualmente es el territorio/ambiente de la Provincia de Santiago del Estero, que está en situación de estrago ambiental y social, que para llegar a esa situación, en el curso de los últimos años, registró la tasa más alta y el máximo nivel de desmonte en el contexto internacional. Esto ha determinado que la población santiagueña sea la que presenta los peores indicadores de desarrollo humano y social, según el último informe brindado por Naciones Unidas, ocupando el último lugar en el ranking de provincias argentinas, seguidas por Chaco y Formosa, y los peores marcadores en materia económica, social, sanitaria, educativa y ambiental.
De acuerdo a la publicación, el anterior dueño fue Antonio Quejas. En la tranquera del campo está el cartel que indica que se trata del Establecimiento Las Rejas. En la zona se menciona que compró y topó la firma Aromito S.A., inscripta no hace mucho tiempo en el Registro de Comercio de Sáenz Peña, aunque en el cartel colocado en la tranquera del campo figura como titular la firma Cuenca del Salado S.A., cuyo titular más conocido es el italiano Claudio Andreoli, un exitoso empresario agropecuario de Chivilcoy, que figura entre los primeros grandes exportadores de trigo y maíz, fuertemente cuestionado –en su momento- por acaparar permisos de exportación (ROE).
El plan para favorecer a los empresarios del agro
Los propietarios del campo Las Rejas obtuvieron un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, que fue autorizado por disposición PF0513/2016, Permiso 0531004547 otorgado por la nefasta Dirección de Bosques. A pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, en la que no se debe desmontar, Bosques autorizó que se desmontaran 2905 hectáreas, que el Centro Mandela entiende corresponde a un desmonte anterior. La empresa que desmontó fue MT Agroservicios y el técnico responsable es el conocido ingeniero agronómo Diego Kalbermatter, quién evidentemente es un profesional privilegiado por la gran cantidad de permisos que tramita con éxito comparado con otros técnicos que deben enfrentar muchas dificultades para que avancen los expedientes y que prosperen los permisos que solicitan.
En este campo ya se viene trabajando en actividades agrícolas a pesar de que mayoritariamente presenta Suelos clases V y VI, muy volátiles y frágiles, en donde no se deben habilitar chacras. El desmonte reciente se produjo hace pocas semanas. Las imágenes ilustran el desastre ambiental que han efectuado.
Más desmontes de la empresa cuenca del Salado SA
A 80 kilómetros del establecimiento Las Rejas, en proximidades de la localidad Los Frentones, después de los establecimientos “La Ilusión” de Ana Victoria Hupaluk, presidente de la Asociación de Productores Forestales de Chaco, y del campo “Santa Rosa” de Hugo Cura, sobre la Picada YPF está el campo que también es de propiedad de la firma El Salado S.A., que anteriormente fuera de la empresa El Vence S.A. En el 2006 lograron que la Dirección de Bosques autorizara la forestación de 20.160 plantas de algarrobo, plan que no se ejecutó. Por el contrario, desmontaron una buena porción del campo.
En el año 2016, cuando el predio rural ya era de propiedad de Cuenca del Salado S.A., Bosques autorizó un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo. Permitió que se desmontaran 2452 hectáreas. Intervino la oficina forestal de Pampa del Infierno. El técnico responsable, nuevamente, fue el conocido ingeniero agrónomo Diego Kalbermatter. Los restos forestales, sin valor maderable, todavía están en el predio rural, lo que permite suponer que serán quemados apenas se produzcan las primeras heladas de esta temporada de invierno.
“Zonas liberadas ambientales”
En campos de la región del Chaco Seco, clasificada como zona amarilla donde está prohibido desmontar, la Dirección de Bosques no detectó las deforestaciones ilegales o clandestinas o concedió autorizaciones a través del programa de Cambios de Uso de Suelos para que las tierras fueran y sean destinadas a la agricultura.
De esta manera transformó este territorio en zona liberada ambiental, tal cual planteó la periodista Fernanda Sánchez en su artículo publicado en el Buenos Aires Herald, al señalar que el exauditor general de la Nación, doctor Leandro Despouy, acuñó la frase “zonas liberadas ambientales” en nuestro país cuando presentó sucesivos y, casi siempre, demoledores informes sobre el rol del Estado en el proceso de deterioro de la Naturaleza. Este exfuncionario, en una audiencia pública en el Congreso de la Nación, dijo que “el Estado no estuvo ausente, sino que estuvo presente como cómplice”.
Corroborando las expresiones del exauditor general de la Nación, vale la pena mencionar que la Subsecretaría de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques son organismos públicos que de ninguna manera funcionan para proteger el monte, asegurar su explotación racional y el correcto aprovechamiento socio-económico integral de la riqueza forestal y de bio-diversidad, que en el Chaco tiene su eje en el monte nativo, tal cual ordena la Constitución chaqueña.
De ninguna manera estos entes oficiales promovieron la conservación y mejora de las especies, con reposición obligatoria mediaste forestación y reforestación, ni nada parecido. Por el contario, funcionan bajo la influencia, persistente y determinante, de una marcada ineficiencia y un creciente tráfico de influencia y corrupción, hasta transformarse en comercializadoras de montes, en sintonía con los mandatos políticos de los sucesivos gobiernos locales.
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Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela expuso una deforestación en una zona prohibida en el departamento Brown.
El Centro de Estudios e Investigación Social "Centro Mandela DDHH" denunció un nuevo desmonte ilegal en zona prohibida de El Impenetrable.
La deforestación, a tala raza para hacer chacra, se realizó en las parcelas 225 y 226 del Departamento Almirante Brown. Este campo tiene una superficie estimada de 4.800 hectáreas, y habrían topado 2.600 hectáreas a pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, según el mapa de zonificación del OTBN.
El campo está sobre la Picada 82, tres kilómetros antes del empalme con la Ruta Juana Azurduy, que es un punto estratégico en esta región. El paraje es conocido como “El Kiosco” porque allí funciona un almacén que da de comer a los viajeros. Desde ese empalme, en distintas direcciones, se puede llegar a Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya y a Los Frentones/Río Muerto, que son localidades que se ubican a la vera de la Ruta Nacional Nº 16, que es el corredor bio-oceánico que une San Pablo-Brasil e Iquique-Chile.
El avance de los empresarios del agro en el Chaco Seco y de los explotadores forestales es un dato sumamente concreto, grave y preocupante. El ataque al monte son hechos repetidos que nos permite comprender que el Chaco -en el mediano plazo- se convertirá en lo que actualmente es el territorio/ambiente de la Provincia de Santiago del Estero, que está en situación de estrago ambiental y social, que para llegar a esa situación, en el curso de los últimos años, registró la tasa más alta y el máximo nivel de desmonte en el contexto internacional. Esto ha determinado que la población santiagueña sea la que presenta los peores indicadores de desarrollo humano y social, según el último informe brindado por Naciones Unidas, ocupando el último lugar en el ranking de provincias argentinas, seguidas por Chaco y Formosa, y los peores marcadores en materia económica, social, sanitaria, educativa y ambiental.
De acuerdo a la publicación, el anterior dueño fue Antonio Quejas. En la tranquera del campo está el cartel que indica que se trata del Establecimiento Las Rejas. En la zona se menciona que compró y topó la firma Aromito S.A., inscripta no hace mucho tiempo en el Registro de Comercio de Sáenz Peña, aunque en el cartel colocado en la tranquera del campo figura como titular la firma Cuenca del Salado S.A., cuyo titular más conocido es el italiano Claudio Andreoli, un exitoso empresario agropecuario de Chivilcoy, que figura entre los primeros grandes exportadores de trigo y maíz, fuertemente cuestionado –en su momento- por acaparar permisos de exportación (ROE).
El plan para favorecer a los empresarios del agro
Los propietarios del campo Las Rejas obtuvieron un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, que fue autorizado por disposición PF0513/2016, Permiso 0531004547 otorgado por la nefasta Dirección de Bosques. A pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, en la que no se debe desmontar, Bosques autorizó que se desmontaran 2905 hectáreas, que el Centro Mandela entiende corresponde a un desmonte anterior. La empresa que desmontó fue MT Agroservicios y el técnico responsable es el conocido ingeniero agronómo Diego Kalbermatter, quién evidentemente es un profesional privilegiado por la gran cantidad de permisos que tramita con éxito comparado con otros técnicos que deben enfrentar muchas dificultades para que avancen los expedientes y que prosperen los permisos que solicitan.
En este campo ya se viene trabajando en actividades agrícolas a pesar de que mayoritariamente presenta Suelos clases V y VI, muy volátiles y frágiles, en donde no se deben habilitar chacras. El desmonte reciente se produjo hace pocas semanas. Las imágenes ilustran el desastre ambiental que han efectuado.
Más desmontes de la empresa cuenca del Salado SA
A 80 kilómetros del establecimiento Las Rejas, en proximidades de la localidad Los Frentones, después de los establecimientos “La Ilusión” de Ana Victoria Hupaluk, presidente de la Asociación de Productores Forestales de Chaco, y del campo “Santa Rosa” de Hugo Cura, sobre la Picada YPF está el campo que también es de propiedad de la firma El Salado S.A., que anteriormente fuera de la empresa El Vence S.A. En el 2006 lograron que la Dirección de Bosques autorizara la forestación de 20.160 plantas de algarrobo, plan que no se ejecutó. Por el contrario, desmontaron una buena porción del campo.
En el año 2016, cuando el predio rural ya era de propiedad de Cuenca del Salado S.A., Bosques autorizó un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo. Permitió que se desmontaran 2452 hectáreas. Intervino la oficina forestal de Pampa del Infierno. El técnico responsable, nuevamente, fue el conocido ingeniero agrónomo Diego Kalbermatter. Los restos forestales, sin valor maderable, todavía están en el predio rural, lo que permite suponer que serán quemados apenas se produzcan las primeras heladas de esta temporada de invierno.
“Zonas liberadas ambientales”
En campos de la región del Chaco Seco, clasificada como zona amarilla donde está prohibido desmontar, la Dirección de Bosques no detectó las deforestaciones ilegales o clandestinas o concedió autorizaciones a través del programa de Cambios de Uso de Suelos para que las tierras fueran y sean destinadas a la agricultura.
De esta manera transformó este territorio en zona liberada ambiental, tal cual planteó la periodista Fernanda Sánchez en su artículo publicado en el Buenos Aires Herald, al señalar que el exauditor general de la Nación, doctor Leandro Despouy, acuñó la frase “zonas liberadas ambientales” en nuestro país cuando presentó sucesivos y, casi siempre, demoledores informes sobre el rol del Estado en el proceso de deterioro de la Naturaleza. Este exfuncionario, en una audiencia pública en el Congreso de la Nación, dijo que “el Estado no estuvo ausente, sino que estuvo presente como cómplice”.
Corroborando las expresiones del exauditor general de la Nación, vale la pena mencionar que la Subsecretaría de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques son organismos públicos que de ninguna manera funcionan para proteger el monte, asegurar su explotación racional y el correcto aprovechamiento socio-económico integral de la riqueza forestal y de bio-diversidad, que en el Chaco tiene su eje en el monte nativo, tal cual ordena la Constitución chaqueña.
De ninguna manera estos entes oficiales promovieron la conservación y mejora de las especies, con reposición obligatoria mediaste forestación y reforestación, ni nada parecido. Por el contario, funcionan bajo la influencia, persistente y determinante, de una marcada ineficiencia y un creciente tráfico de influencia y corrupción, hasta transformarse en comercializadoras de montes, en sintonía con los mandatos políticos de los sucesivos gobiernos locales.
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Entre Ríos lleva adelante un plan para aforntar el CC
Entre Ríos implementará un plan de adaptación al cambio climático
Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
En el marco de la estrategia provincial frente al cambio climático, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos integra el equipo binacional que llevará adelante un proyecto regional de adaptación a dicho fenómeno en ciudades y ecosistemas costeros al río Uruguay.
La iniciativa, de la que también participa el país uruguayo y que será financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), busca atender los efectos del cambio climático mediante el alerta temprana, la planificación territorial y economía rural climática inteligente, en ciudades que han padecido inundaciones.
El área de implementación del proyecto es la cuenca del río Uruguay, incluyendo las ciudades y ecosistemas costeros del territorio argentino y uruguayo. En Uruguay los departamentos priorizados para el desarrollo del presente proyecto son Salto, Paysandú y Río Negro; en tanto, en Argentina el proyecto se implementará en Entre Ríos.
Estrategia provincial
El presente proyecto se enmarca en la Estrategia Provincial para un desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Cambio Climático, desarrollada por el gobierno de Entre Ríos. El propósito de la Secretaría de Ambiente es desarrollar capacidades provinciales para integrar las cuestiones ambientales en los planes y estrategias de desarrollo, establecer alianzas público privadas eficaces, locales e internacionales, asegurar recursos e implementar programas para apoyar el desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente al cambio climático.
La mencionada estrategia está publicada en el sitio web del organismo provincial: www.entrerios.gov.ar/ambiente. Está accesible para todos los que quieran consultarla.
CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado por 18 países de América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la región andina, el cual fue acreditado como agencia implementadora del Fondo de Adaptación al Cambio Climático.
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Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
En el marco de la estrategia provincial frente al cambio climático, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos integra el equipo binacional que llevará adelante un proyecto regional de adaptación a dicho fenómeno en ciudades y ecosistemas costeros al río Uruguay.
La iniciativa, de la que también participa el país uruguayo y que será financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), busca atender los efectos del cambio climático mediante el alerta temprana, la planificación territorial y economía rural climática inteligente, en ciudades que han padecido inundaciones.
El área de implementación del proyecto es la cuenca del río Uruguay, incluyendo las ciudades y ecosistemas costeros del territorio argentino y uruguayo. En Uruguay los departamentos priorizados para el desarrollo del presente proyecto son Salto, Paysandú y Río Negro; en tanto, en Argentina el proyecto se implementará en Entre Ríos.
Estrategia provincial
El presente proyecto se enmarca en la Estrategia Provincial para un desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Cambio Climático, desarrollada por el gobierno de Entre Ríos. El propósito de la Secretaría de Ambiente es desarrollar capacidades provinciales para integrar las cuestiones ambientales en los planes y estrategias de desarrollo, establecer alianzas público privadas eficaces, locales e internacionales, asegurar recursos e implementar programas para apoyar el desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente al cambio climático.
La mencionada estrategia está publicada en el sitio web del organismo provincial: www.entrerios.gov.ar/ambiente. Está accesible para todos los que quieran consultarla.
CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado por 18 países de América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la región andina, el cual fue acreditado como agencia implementadora del Fondo de Adaptación al Cambio Climático.
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Cuatro de cada diez verduras con agroquímicos
Marche una ensalada con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 16/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuatro de cada diez productos contienen sustancias prohibidas o exceden el límite permitido. Y un diez por ciento tiene una combinación de al menos tres agroquímicos. Los datos pertenecen a un estudio hecho por dos organismos de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata.
Seis de cada diez frutas y verduras que se consumen en la ciudad de Buenos Aires contienen al menos un plaguicida; cuatro de cada diez exceden el límite permitido por la regulación actual o contiene agroquímicos prohibidos y un diez por ciento tiene al menos tres plaguicidas mezclados de distinto tipo. Estos son algunos de los resultados de una investigación que presentaron ayer la Cátedra de Soberanía Alimentaria (Calisa) de la Escuela de Nutrición de la UBA, en conjunto con el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
“El objetivo de este trabajo es generar conciencia sobre la importancia de comer seguro y soberano, eso implica una larga lucha en la universidad, con los productores, pero también en la sociedad. Este estudio demuestra que el uso de los agroquímicos no es un problema sólo de los pueblos fumigados o de los sectores rurales, sino de toda la población”, aseguró la coordinadora de Calisa, Miryam Kurganoff de Gorban. La investigación consistió en la búsqueda de residuos de plaguicidas –que abarcan a los insecticidas, fungicidas y herbicidas– en un total de 85 muestras de naranjas, morrones, lechugas, zanahorias y tomates entregadas por la población de Capital Federal a partir de una convocatoria de la cátedra de la UBA entre el 27 y 30 de septiembre de 2015 que invitaba a llevar a la universidad “las frutas y verduras que se compran cotidianamente en la verdulería”.
Luego de analizarlas, la investigación encontró que el 42 por ciento de las muestras tenía concentraciones de agrotóxicos que superaban los límites máximos de residuos (LMR) establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), dependiente del Ministerio de Agroindustria. El informe detectó, además, que en algunas muestras había plaguicidas que están prohibidos como Paratión o plaguicidas organoclorados. Esto ocurre, según la investigación, debido a “procesos de translocación desde el suelo, por la persistencia de estos compuestos en suelo como consecuencia de su uso y persistencia, en el pasado”.
De los alimentos analizados, la zanahoria fue el que resultó tener mayor carga total de plaguicidas, seguida por la naranja y en último lugar se ubicó la lechuga. El informe indica que “la concentración más alta cuantificada fue de 450 microgramos/kilo para L-Cialotrina en una muestra de zanahoria, para la cual no está regulado; para este alimento también se detectaron tres excesos de LMR para el compuesto Azoxistrobin”. Luego detalla que “en morrones se encontraron como plaguicidas más problemáticos Tebuconazol, Epoxiconazol, Acetocloro y Corpirifós así como en naranjas el piretroide Cipermetrina con 205 microgramos/kilo y tomate con 89 microgramos/kilo”.
Entre los plaguicidas encontrados en frutas y verduras, el que se detectó con más frecuencia fue el Clorpirifós, en más de un 15 por ciento de los alimentos, seguido de Epoxiconazol y Fipronil, en un 14 por ciento, y en tercer lugar se ubicó la Permetrina, en casi un 13 por ciento. En el año 2015, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa) de la UNLP había realizado una investigación similar con frutas y verduras del Banco de alimentos de La Plata y los resultados encontrados revelaron que 42,5 por ciento de las muestras tenían plaguicidas que superaban el límite permitido o que no estaban registrados. “Es sorprendente ver cómo coincide ese porcentaje en dos ciudades diferentes y con dos años de distancia. Observamos entonces como problema principal que hay químicos que no están registrados y, por lo tanto, no están regulados”, señaló Damián Marino, investigador de Conicet especializado en contaminación ambiental derivada de actividades agropecuarias y responsable del Emisa.
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Fecha de Publicación: 16/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuatro de cada diez productos contienen sustancias prohibidas o exceden el límite permitido. Y un diez por ciento tiene una combinación de al menos tres agroquímicos. Los datos pertenecen a un estudio hecho por dos organismos de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata.
Seis de cada diez frutas y verduras que se consumen en la ciudad de Buenos Aires contienen al menos un plaguicida; cuatro de cada diez exceden el límite permitido por la regulación actual o contiene agroquímicos prohibidos y un diez por ciento tiene al menos tres plaguicidas mezclados de distinto tipo. Estos son algunos de los resultados de una investigación que presentaron ayer la Cátedra de Soberanía Alimentaria (Calisa) de la Escuela de Nutrición de la UBA, en conjunto con el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
“El objetivo de este trabajo es generar conciencia sobre la importancia de comer seguro y soberano, eso implica una larga lucha en la universidad, con los productores, pero también en la sociedad. Este estudio demuestra que el uso de los agroquímicos no es un problema sólo de los pueblos fumigados o de los sectores rurales, sino de toda la población”, aseguró la coordinadora de Calisa, Miryam Kurganoff de Gorban. La investigación consistió en la búsqueda de residuos de plaguicidas –que abarcan a los insecticidas, fungicidas y herbicidas– en un total de 85 muestras de naranjas, morrones, lechugas, zanahorias y tomates entregadas por la población de Capital Federal a partir de una convocatoria de la cátedra de la UBA entre el 27 y 30 de septiembre de 2015 que invitaba a llevar a la universidad “las frutas y verduras que se compran cotidianamente en la verdulería”.
Luego de analizarlas, la investigación encontró que el 42 por ciento de las muestras tenía concentraciones de agrotóxicos que superaban los límites máximos de residuos (LMR) establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), dependiente del Ministerio de Agroindustria. El informe detectó, además, que en algunas muestras había plaguicidas que están prohibidos como Paratión o plaguicidas organoclorados. Esto ocurre, según la investigación, debido a “procesos de translocación desde el suelo, por la persistencia de estos compuestos en suelo como consecuencia de su uso y persistencia, en el pasado”.
De los alimentos analizados, la zanahoria fue el que resultó tener mayor carga total de plaguicidas, seguida por la naranja y en último lugar se ubicó la lechuga. El informe indica que “la concentración más alta cuantificada fue de 450 microgramos/kilo para L-Cialotrina en una muestra de zanahoria, para la cual no está regulado; para este alimento también se detectaron tres excesos de LMR para el compuesto Azoxistrobin”. Luego detalla que “en morrones se encontraron como plaguicidas más problemáticos Tebuconazol, Epoxiconazol, Acetocloro y Corpirifós así como en naranjas el piretroide Cipermetrina con 205 microgramos/kilo y tomate con 89 microgramos/kilo”.
Entre los plaguicidas encontrados en frutas y verduras, el que se detectó con más frecuencia fue el Clorpirifós, en más de un 15 por ciento de los alimentos, seguido de Epoxiconazol y Fipronil, en un 14 por ciento, y en tercer lugar se ubicó la Permetrina, en casi un 13 por ciento. En el año 2015, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa) de la UNLP había realizado una investigación similar con frutas y verduras del Banco de alimentos de La Plata y los resultados encontrados revelaron que 42,5 por ciento de las muestras tenían plaguicidas que superaban el límite permitido o que no estaban registrados. “Es sorprendente ver cómo coincide ese porcentaje en dos ciudades diferentes y con dos años de distancia. Observamos entonces como problema principal que hay químicos que no están registrados y, por lo tanto, no están regulados”, señaló Damián Marino, investigador de Conicet especializado en contaminación ambiental derivada de actividades agropecuarias y responsable del Emisa.
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Zorro pitoco fotografiado en la selva misionera
Hallaron un extraño zorro en peligro de extinción en Argentina
Fecha de Publicación: 16/07/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Misiones
En una selva misionera, lograron fotografiar por primera vez a un zorro pitoco, de escasos registros en el país. Las características del elusivo cánido
En la reserva privada Selva Paranaense Don Otto, ubicada en Misiones, se fotografió por primera vez una extraña especie de zorro. Se trata del zorro pitoco, un pequeño cánido de entre 4 y 7 kilos, considerado en peligro de extinción en la actualidad y con escasos registros de su presencia en el país.
"Buscando yaguaretés nos encontramos con estos magníficos cánidos. Fue una gran y grata sorpresa", comentó Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté, encargados del novedoso registro fotográfico en la selva misionera.
El pitoco es una especie de cánido que vive y caza en grupos. Al ser muy elusivo, resulta casi imposible capturar una fotografía de ellos. Los pocos registros en el país se circunscriben todos a Misiones, pero hasta entonces no había imágenes del animal.
Son zorros con una fisonomía muy particular. Parecen, más bien, perros pequeños, con patas, hocico y cola muy cortos -de allí su apodo de pitocos-. Su pelaje es de color pardo oscuro uniforme, con tintes dorados o amarillentos. Viven en grupos y aunque se sospecha que hay más de los que se ven, son extremadamente difíciles de observar y se sabe muy poco de sus costumbres y formas de vida.
"Este hallazgo realza el valor de conservación de este sitio, que está inmerso en un bloque de selva de unas 50 mil hectáreas en el centro del Corredor Verde. Hay mucha cacería y están avanzando los potreros para ganado y las plantaciones industriales de pino. Hay que frenarlas y ordenarlas, porque no hay áreas protegidas por el Estado", puntualizó Lodeiro Ocampo.
El hallazgo tuvo lugar en un área protegida selvática de unas 321 hectáreas, que se encuentra ubicada sobre el arroyo Piray Guazú, uno de los más importantes del interior misionero. Allí convive la más variada y compleja fauna del país: yaguaretés, pumas, tapires, carpinchos, lobitos de río, las dos especies de pecaríes y la ave amenazada yacutinga. A su vez, se cree que también pueden habitar algunas de las últimas harpías, el águila más poderosa del planeta.
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Fecha de Publicación: 16/07/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Misiones
En una selva misionera, lograron fotografiar por primera vez a un zorro pitoco, de escasos registros en el país. Las características del elusivo cánido
En la reserva privada Selva Paranaense Don Otto, ubicada en Misiones, se fotografió por primera vez una extraña especie de zorro. Se trata del zorro pitoco, un pequeño cánido de entre 4 y 7 kilos, considerado en peligro de extinción en la actualidad y con escasos registros de su presencia en el país.
"Buscando yaguaretés nos encontramos con estos magníficos cánidos. Fue una gran y grata sorpresa", comentó Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté, encargados del novedoso registro fotográfico en la selva misionera.
El pitoco es una especie de cánido que vive y caza en grupos. Al ser muy elusivo, resulta casi imposible capturar una fotografía de ellos. Los pocos registros en el país se circunscriben todos a Misiones, pero hasta entonces no había imágenes del animal.
Son zorros con una fisonomía muy particular. Parecen, más bien, perros pequeños, con patas, hocico y cola muy cortos -de allí su apodo de pitocos-. Su pelaje es de color pardo oscuro uniforme, con tintes dorados o amarillentos. Viven en grupos y aunque se sospecha que hay más de los que se ven, son extremadamente difíciles de observar y se sabe muy poco de sus costumbres y formas de vida.
"Este hallazgo realza el valor de conservación de este sitio, que está inmerso en un bloque de selva de unas 50 mil hectáreas en el centro del Corredor Verde. Hay mucha cacería y están avanzando los potreros para ganado y las plantaciones industriales de pino. Hay que frenarlas y ordenarlas, porque no hay áreas protegidas por el Estado", puntualizó Lodeiro Ocampo.
El hallazgo tuvo lugar en un área protegida selvática de unas 321 hectáreas, que se encuentra ubicada sobre el arroyo Piray Guazú, uno de los más importantes del interior misionero. Allí convive la más variada y compleja fauna del país: yaguaretés, pumas, tapires, carpinchos, lobitos de río, las dos especies de pecaríes y la ave amenazada yacutinga. A su vez, se cree que también pueden habitar algunas de las últimas harpías, el águila más poderosa del planeta.
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Una muestra de la seguridad del fracking
Volcó un camión y derramó ácidos para el fracking
Fecha de Publicación: 16/07/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ocurrió ayer en la primera rotonda de Centenario. El chofer escapó y los bomberos remediaron con cal la pérdida. No hubo heridos.
Un camión con químicos para el fracking volcó luego de hacer una mala maniobra tras salir de cargar combustible en una estación de servicio de Centenario.
El hecho sucedió ayer a las 17:30 en la estación YPF en la primera rotonda, luego de que el rodado derramara ácido clorhídrico, un químico que se utiliza en los yacimientos petroleros.
El chofer de la empresa Laboratorios Químicos SRL salió del camión, desenganchó el acoplado y se fue, según indicaron testigos, los bomberos y hasta Defensa Civil municipal.
Por fortuna no hubo que lamentar heridos, ya que el químico en cuestión reacciona vaporizándose con el calor y las heladas de ayer ayudaron a que no se produjera ese efecto.
“Esta persona desenganchó el semi y salió; él dice que fue por una emergencia. El trabajo de remediación lo terminó haciendo Bomberos porque la empresa dijo que no tenía gente”, explicó a LM Neuquén Pablo Guerrero, director de Defensa Civil del Municipio de Centenario.
El funcionario municipal dijo que labrará un informe técnico que remitirá a la empresa y a Medio Ambiente de la provincia.
Patricio Álvarez, segundo jefe de Bomberos de Centenario, afirmó a LU5 que “las emanaciones que provoca son altamente tóxicas, además de que es un producto altamente corrosivo”.
De fondo hay un problema legal en la ciudad para controlar este tipo de camiones que en forma incesante transitan hacia Vaca Muerta. Pero además hay un fuerte cuestionamiento del ordenamiento del tránsito en el sector de la primera rotonda de Centenario y la salida en la estación YPF.
En ese lugar hay un nudo donde confluyen vehículos de cuatro sectores donde se hace complejo manejar con precaución.
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Fecha de Publicación: 16/07/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ocurrió ayer en la primera rotonda de Centenario. El chofer escapó y los bomberos remediaron con cal la pérdida. No hubo heridos.
Un camión con químicos para el fracking volcó luego de hacer una mala maniobra tras salir de cargar combustible en una estación de servicio de Centenario.
El hecho sucedió ayer a las 17:30 en la estación YPF en la primera rotonda, luego de que el rodado derramara ácido clorhídrico, un químico que se utiliza en los yacimientos petroleros.
El chofer de la empresa Laboratorios Químicos SRL salió del camión, desenganchó el acoplado y se fue, según indicaron testigos, los bomberos y hasta Defensa Civil municipal.
Por fortuna no hubo que lamentar heridos, ya que el químico en cuestión reacciona vaporizándose con el calor y las heladas de ayer ayudaron a que no se produjera ese efecto.
“Esta persona desenganchó el semi y salió; él dice que fue por una emergencia. El trabajo de remediación lo terminó haciendo Bomberos porque la empresa dijo que no tenía gente”, explicó a LM Neuquén Pablo Guerrero, director de Defensa Civil del Municipio de Centenario.
El funcionario municipal dijo que labrará un informe técnico que remitirá a la empresa y a Medio Ambiente de la provincia.
Patricio Álvarez, segundo jefe de Bomberos de Centenario, afirmó a LU5 que “las emanaciones que provoca son altamente tóxicas, además de que es un producto altamente corrosivo”.
De fondo hay un problema legal en la ciudad para controlar este tipo de camiones que en forma incesante transitan hacia Vaca Muerta. Pero además hay un fuerte cuestionamiento del ordenamiento del tránsito en el sector de la primera rotonda de Centenario y la salida en la estación YPF.
En ese lugar hay un nudo donde confluyen vehículos de cuatro sectores donde se hace complejo manejar con precaución.
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Derrame de petróleo en Malargüe fue subvalorado
El impacto del derrame de petróleo de YPF en Malargüe fue más grave que el declarado por la petrolera
Fecha de Publicación: 15/07/2017
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
El Departamento General de Irrigación aplicó una multa de 500 mil pesos a YPF por el derramamiento de petróleo sobre un cauce aluvional en el departamento de Malargüe.
Según confirmó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el incidente se produjo en el yacimiento que la petrolera estatal tiene en Cañadón Amarillo, en cercanías del límite con Neuquén. Ante esa situación, el lunes por la noche, el funcionario firmó la resolución donde dejó asentada la sanción económica por medio millón de pesos.
Ante el conocimiento de la situación, Irrigación envió una comisión de la Policía y Control de Calidad del Agua hasta la zona del hecho, a efectos de verificar si el derrame afectó al recurso hídrico. De acuerdo a lo señalado desde la Provincia, Marinelli a través de la Resolución 0897/17, detalló que al momento del hecho la empresa “no contaba con las infraestructuras de contención necesarias, que el volumen derramado fue mayor al efectivamente declarado y que el hidrocarburo alcanzó en su desplazamiento las bases de un cauce aluvional”.
Por lo expuesto, además de la multa económica, Irrigación exhortó a YPF a la ejecución de obras que procuren evitar nuevos acontecimientos contaminantes. “Emplácese al establecimiento a que en un plazo de 3 meses realice las obras de infraestructura adecuadas para contener el volumen total de los tanques, y a impermeabilizar el piso de los taludes perimetrales y el cargadero de camiones”, indica la medida dispuesta por Irrigación y da un plazo de 10 días hábiles para que la petrolera presente un plan de trabajo y ejecución de dichas obras.
A fines de marzo, YPF, en el mismo yacimiento, construyó un oleoducto de más de 20 kilómetros sin contar con la aprobación de estudios ambientales. Por esa razón, desde el gobierno resolvieron que la firma realizara un relevamiento arqueológico y paleontológico para remediar el daño ocasionado.
En ese entonces, la directora de Protección Ambiental de la Provincia, Miriam Skalny, dijo que “lo importante es que no se hallaron impactos ambientales. Se respetó el procedimiento que se había planificado previamente, aunque la obra no estaba autorizada. Sí hubo afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico. Es una zona muy rica en fósiles, por eso se aplicó la sanción”.
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Fecha de Publicación: 15/07/2017
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
El Departamento General de Irrigación aplicó una multa de 500 mil pesos a YPF por el derramamiento de petróleo sobre un cauce aluvional en el departamento de Malargüe.
Según confirmó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el incidente se produjo en el yacimiento que la petrolera estatal tiene en Cañadón Amarillo, en cercanías del límite con Neuquén. Ante esa situación, el lunes por la noche, el funcionario firmó la resolución donde dejó asentada la sanción económica por medio millón de pesos.
Ante el conocimiento de la situación, Irrigación envió una comisión de la Policía y Control de Calidad del Agua hasta la zona del hecho, a efectos de verificar si el derrame afectó al recurso hídrico. De acuerdo a lo señalado desde la Provincia, Marinelli a través de la Resolución 0897/17, detalló que al momento del hecho la empresa “no contaba con las infraestructuras de contención necesarias, que el volumen derramado fue mayor al efectivamente declarado y que el hidrocarburo alcanzó en su desplazamiento las bases de un cauce aluvional”.
Por lo expuesto, además de la multa económica, Irrigación exhortó a YPF a la ejecución de obras que procuren evitar nuevos acontecimientos contaminantes. “Emplácese al establecimiento a que en un plazo de 3 meses realice las obras de infraestructura adecuadas para contener el volumen total de los tanques, y a impermeabilizar el piso de los taludes perimetrales y el cargadero de camiones”, indica la medida dispuesta por Irrigación y da un plazo de 10 días hábiles para que la petrolera presente un plan de trabajo y ejecución de dichas obras.
A fines de marzo, YPF, en el mismo yacimiento, construyó un oleoducto de más de 20 kilómetros sin contar con la aprobación de estudios ambientales. Por esa razón, desde el gobierno resolvieron que la firma realizara un relevamiento arqueológico y paleontológico para remediar el daño ocasionado.
En ese entonces, la directora de Protección Ambiental de la Provincia, Miriam Skalny, dijo que “lo importante es que no se hallaron impactos ambientales. Se respetó el procedimiento que se había planificado previamente, aunque la obra no estaba autorizada. Sí hubo afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico. Es una zona muy rica en fósiles, por eso se aplicó la sanción”.
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Fuerte multa a cazador cordobés
Un cazador cordobés deberá pagar 200 mil pesos por cazar un animal en extinción
Fecha de Publicación: 15/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un cazador cordobés deberá pagar 200 mil pesos de multa por haber matado un venado de las pampas en la provincia de San Luis, una especie protegida porque está en serios riesgos de extinción.
Se trata de Julio César Domínguez, oriundo de Marcos Juárez, quien fue detenido en un control de rutina efectuado por la policía provincial.
Los agentes descubrieron que transportaba un ejemplar de venado de las pampas muerto a balazos y otras especies como vizcachas y liebres, además de armas, municiones y elementos de caza.
A Domínguez se le retuvo el rodado, un Fiat Palio, las armas y todas las pertenencias por ser el responsable de la violación de la ley provincial de Conservación de la Fauna y de la Pesca.
El operativo se efectuó en el paraje Las Isletas, en la intersección de las rutas provincales 11 y 27, a unos 110 kilómetros al sur de la capital puntana.
Multa
Para recuperar el automóvil y sus pertenencias, Domínguez deberá abonar en un plazo de 10 días la suma de 200 mil pesos, que es la multa máxima prevista en la ley "por la gravedad del caso", dijo Soledad Sallenave, jefa del Programa Biodiversidad.
La funcionaria relató que el venado de las pampas se trata de una especie en peligro de extinción y además es un animal emblemático para San Luis ya que su imagen ocupa el lugar central en el escudo de la provincia.
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Fecha de Publicación: 15/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un cazador cordobés deberá pagar 200 mil pesos de multa por haber matado un venado de las pampas en la provincia de San Luis, una especie protegida porque está en serios riesgos de extinción.
Se trata de Julio César Domínguez, oriundo de Marcos Juárez, quien fue detenido en un control de rutina efectuado por la policía provincial.
Los agentes descubrieron que transportaba un ejemplar de venado de las pampas muerto a balazos y otras especies como vizcachas y liebres, además de armas, municiones y elementos de caza.
A Domínguez se le retuvo el rodado, un Fiat Palio, las armas y todas las pertenencias por ser el responsable de la violación de la ley provincial de Conservación de la Fauna y de la Pesca.
El operativo se efectuó en el paraje Las Isletas, en la intersección de las rutas provincales 11 y 27, a unos 110 kilómetros al sur de la capital puntana.
Multa
Para recuperar el automóvil y sus pertenencias, Domínguez deberá abonar en un plazo de 10 días la suma de 200 mil pesos, que es la multa máxima prevista en la ley "por la gravedad del caso", dijo Soledad Sallenave, jefa del Programa Biodiversidad.
La funcionaria relató que el venado de las pampas se trata de una especie en peligro de extinción y además es un animal emblemático para San Luis ya que su imagen ocupa el lugar central en el escudo de la provincia.
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Saneamiento del Nahuel Huapi comenzará pronto
La semana que viene arranca la obra de saneamiento del Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 15/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno nacional anunció que mañana se firman las adjudicaciones y el 21 de julio llega el ministro Rogelio Frigerio para dar por iniciados los trabajos.
En diez días se pondrá la “piedra fundamental” del inicio de las obras de saneamiento del lago Nahuel Huapi, que significará una respuesta a la problemática que lleva años y que podría estar subsanada para 2019.
La imagen que se viralizó días atrás del gerente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, Federico Lutz, bebiendo agua del lago Nahuel Huapi en una zona que en el verano fue restringida para el uso público, despertó la polémica y recordó que están pendientes varias obras anunciadas. Por eso desde el Gobierno nacional ayer dieron precisiones del estado de las licitaciones.
Fuentes del Ministerio del Interior y Obras Públicas indicaron a “Río Negro” que mañana se firmarán los contratos con las empresas adjudicatarias de la obra del colector costanero (será una UTE) y la segunda planta depuradora (Codam SA). El viernes 21 podría llegar el ministro Rogelio Frigerio para dar inicio a las tareas que demandarán 2 años y tendrán una inversión de 625 millones de pesos.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) contempló el año pasado la problemática del saneamiento de Bariloche que afecta la calidad ambiental del lago Nahuel Huapi y licitó en marzo la obra de ampliación del colector costanero en un trazo de 6,2 kilómetros y la construcción del segundo módulo de la planta depuradora de líquidos cloacales que duplicará la capacidad de procesamiento.
A pesar de que la licitación se realizó en marzo, pasaron cuatro meses y recién mañana se firmará el contrato para la ejecución. Aunque en otros casos de obras se debía esperar al menos dos meses para el inicio, por trámites administrativos luego de la firma, el Ministerio del Interior aseguró que el 21 de julio comenzarán las tareas.
l ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, valoró que se esté cerca de la firma del contrato y recordó que esta obra requerirá una intervención urbana importante; por caso, se cortará al tránsito un carril de las avenidas Juan Manuel de Rosas y 12 de Octubre, que conforman la Costanera. “Esta obra va a estar en marcha en más de una temporada”, advirtió el ministro quien recordó que tiene un plazo de ejecución de 18 meses.
La intervención que afectará la circulación vehicular será desde el kilómetro 1 de Bustillo hasta la calle Palacios ya que desde allí el ducto bajará a la zona ribereña y dejará de afectar el tránsito.
El ministro recordó además una tercera obra se licitó la semana pasada: una planta de tratamiento de camiones atmosféricos (por 8 millones de pesos) que “permitirá un proceso previo al vertido en la planta depuradora” para alivianar la tarea actual. Valeri enfatizó que esta obra es de importancia por la gran población que aún no está conectada al sistema de cloacas.
Además esta semana una consultora contratada por el Enohsa comenzará a trabajar en el plan director de agua potable y cloacas de Bariloche y Dina Huapi.
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Fecha de Publicación: 15/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno nacional anunció que mañana se firman las adjudicaciones y el 21 de julio llega el ministro Rogelio Frigerio para dar por iniciados los trabajos.
En diez días se pondrá la “piedra fundamental” del inicio de las obras de saneamiento del lago Nahuel Huapi, que significará una respuesta a la problemática que lleva años y que podría estar subsanada para 2019.
La imagen que se viralizó días atrás del gerente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, Federico Lutz, bebiendo agua del lago Nahuel Huapi en una zona que en el verano fue restringida para el uso público, despertó la polémica y recordó que están pendientes varias obras anunciadas. Por eso desde el Gobierno nacional ayer dieron precisiones del estado de las licitaciones.
Fuentes del Ministerio del Interior y Obras Públicas indicaron a “Río Negro” que mañana se firmarán los contratos con las empresas adjudicatarias de la obra del colector costanero (será una UTE) y la segunda planta depuradora (Codam SA). El viernes 21 podría llegar el ministro Rogelio Frigerio para dar inicio a las tareas que demandarán 2 años y tendrán una inversión de 625 millones de pesos.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) contempló el año pasado la problemática del saneamiento de Bariloche que afecta la calidad ambiental del lago Nahuel Huapi y licitó en marzo la obra de ampliación del colector costanero en un trazo de 6,2 kilómetros y la construcción del segundo módulo de la planta depuradora de líquidos cloacales que duplicará la capacidad de procesamiento.
A pesar de que la licitación se realizó en marzo, pasaron cuatro meses y recién mañana se firmará el contrato para la ejecución. Aunque en otros casos de obras se debía esperar al menos dos meses para el inicio, por trámites administrativos luego de la firma, el Ministerio del Interior aseguró que el 21 de julio comenzarán las tareas.
l ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, valoró que se esté cerca de la firma del contrato y recordó que esta obra requerirá una intervención urbana importante; por caso, se cortará al tránsito un carril de las avenidas Juan Manuel de Rosas y 12 de Octubre, que conforman la Costanera. “Esta obra va a estar en marcha en más de una temporada”, advirtió el ministro quien recordó que tiene un plazo de ejecución de 18 meses.
La intervención que afectará la circulación vehicular será desde el kilómetro 1 de Bustillo hasta la calle Palacios ya que desde allí el ducto bajará a la zona ribereña y dejará de afectar el tránsito.
El ministro recordó además una tercera obra se licitó la semana pasada: una planta de tratamiento de camiones atmosféricos (por 8 millones de pesos) que “permitirá un proceso previo al vertido en la planta depuradora” para alivianar la tarea actual. Valeri enfatizó que esta obra es de importancia por la gran población que aún no está conectada al sistema de cloacas.
Además esta semana una consultora contratada por el Enohsa comenzará a trabajar en el plan director de agua potable y cloacas de Bariloche y Dina Huapi.
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Otra demostración científica de la toxicidad del glifosato
Para un grupo de científicos cordobeses, el glifosato afecta a la biodiversidad y genera sus malezas
Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Científicos cordobeses determinaron que, aun en dosis bajas, este herbicida afecta al 70% de las especies nativas. La presión sobre la flora local provoca la aparición de plagas resistentes.
Además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el propio glifosato está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida.
Esta es la conclusión más importante de un trabajo realizado por científicos del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, perteneciente al Conicet y a la Universidad Nacional de Córdoba) y publicado hace unos días en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety.
Los investigadores analizaron los efectos del glifosato, el herbicida más usado en Argentina, en 23 especies nativas del bosque chaqueño cordobés.
Recolectaron semillas de remanentes de montes ubicados en zonas agrícolas de Río Ceballos, de Colonia Caroya y de San Agustín. Luego las hicieron germinar en un invernadero y aplicaron diferentes dosis del herbicida.
El 70 por ciento de las especies murieron o tuvieron efectos subletales (dificultades para crecer) cuando se les aplicó un cuarto de la dosis de glifosato recomendada para uso agrícola.
Esta proporción es la cantidad de herbicida que podría llegar a un relicto de bosque nativo producto de la deriva ocasionada durante la fumigación de un campo cercano.
Con la mitad de la dosis recomendada, el porcentaje de plantas nativas afectadas fue del 92 por ciento. Estos efectos fueron observados en los plantines luego de 21 días de vida.
Analizaron especies herbáceas, arbustos y árboles, como tala y aromillo.
Estos resultados siguen la tendencia observada en otros estudios realizados en otras regiones biogeográficas.
Entre los efectos negativos de esta práctica, está la pérdida de biodiversidad en estos relictos de bosque nativo, como también cambios en la estructura y la composición de las comunidades naturales. “Las especies más sensibles podrían sufrir extinciones locales”, indica el trabajo.
Pero hay un efecto inesperado: la generación de malezas debido a la exposición constante y a las bajas dosis de glifosato.
“Esta estrategia repetida puede causar una gran presión para seleccionar biotipos y una resistencia posterior al herbicida”, explica el trabajo.
Y agrega: “Nuestros resultados sugieren el desarrollo de biotipos tolerantes en muchas especies de bosques del chaco. Algunas de estas especies nativas pueden ?potencialmente convertirse en malezas”.
Leonardo Galetto, uno de los autores del estudio, asegura que la aparición de malezas resistentes ya se viene dando hace varios años.
Un ejemplo es la campanita ( Ipomoea purpúrea ), una enredadera de flor azul a violeta que ya está invadiendo los campos.
Los investigadores vieron que, aunque muchas especies mueren, también muestran un gradiente de tolerancia al herbicida.
“Esto se debe quizá a que ya hay una historia de 20 años de exposición al glifosato, y algunos biotipos se vuelven resistentes”, explica Galetto.
Y agrega: “Numerosos estudios a nivel global indican el potencial que tienen dosis muy bajas de glifosato para seleccionar rápidamente biotipos con altos niveles de resistencia”, dice.
Otras malezas nativas que ya sufren los campos cordobeses son diferentes especies nativas de la familia de los amarantos, las rubiáceas y las malváceas.
“El manejo agronómico actual termina complicando tanto la conservación de la flora nativa como la producción al seleccionarse germoplasma que se vuelve resistente al glifosato y comienza a invadir los campos. Son malezas inmanejables para los agricultores”, explica Galetto.
Recomendaciones
Galetto señala algunas recomendaciones que surgen de este trabajo, como lograr un mayor apego de los productores a las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos.
Por ejemplo, aplicarlos en días sin viento, con una modalidad y cantidades de producto recomendadas en el momento del ciclo del cultivo apropiado y en el sector del lote en que es necesario.
También plantea que se deberían crear zonas “ buffer ” cercanas a estos relictos de monte donde se prohíba la fumigación.
Galetto cree que quizá ya es hora de repensar si a largo plazo esta tecnología y este modelo de producción son los mejores.
“Nos debemos un debate como sociedad para explorar otras opciones que son tanto o más exitosas que las que se implementan actualmente, para mantener una renta en la producción de cultivos y cuidar el capital natural del que disponemos”, reflexiona.
El grupo de investigación. Integrantes: Leonardo Galetto, Florencia Ferreira y Carolina Torres, del Imbiv, y Enzo Bracamonte, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Científicos cordobeses determinaron que, aun en dosis bajas, este herbicida afecta al 70% de las especies nativas. La presión sobre la flora local provoca la aparición de plagas resistentes.
Además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el propio glifosato está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida.
Esta es la conclusión más importante de un trabajo realizado por científicos del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, perteneciente al Conicet y a la Universidad Nacional de Córdoba) y publicado hace unos días en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety.
Los investigadores analizaron los efectos del glifosato, el herbicida más usado en Argentina, en 23 especies nativas del bosque chaqueño cordobés.
Recolectaron semillas de remanentes de montes ubicados en zonas agrícolas de Río Ceballos, de Colonia Caroya y de San Agustín. Luego las hicieron germinar en un invernadero y aplicaron diferentes dosis del herbicida.
El 70 por ciento de las especies murieron o tuvieron efectos subletales (dificultades para crecer) cuando se les aplicó un cuarto de la dosis de glifosato recomendada para uso agrícola.
Esta proporción es la cantidad de herbicida que podría llegar a un relicto de bosque nativo producto de la deriva ocasionada durante la fumigación de un campo cercano.
Con la mitad de la dosis recomendada, el porcentaje de plantas nativas afectadas fue del 92 por ciento. Estos efectos fueron observados en los plantines luego de 21 días de vida.
Analizaron especies herbáceas, arbustos y árboles, como tala y aromillo.
Estos resultados siguen la tendencia observada en otros estudios realizados en otras regiones biogeográficas.
Entre los efectos negativos de esta práctica, está la pérdida de biodiversidad en estos relictos de bosque nativo, como también cambios en la estructura y la composición de las comunidades naturales. “Las especies más sensibles podrían sufrir extinciones locales”, indica el trabajo.
Pero hay un efecto inesperado: la generación de malezas debido a la exposición constante y a las bajas dosis de glifosato.
“Esta estrategia repetida puede causar una gran presión para seleccionar biotipos y una resistencia posterior al herbicida”, explica el trabajo.
Y agrega: “Nuestros resultados sugieren el desarrollo de biotipos tolerantes en muchas especies de bosques del chaco. Algunas de estas especies nativas pueden ?potencialmente convertirse en malezas”.
Leonardo Galetto, uno de los autores del estudio, asegura que la aparición de malezas resistentes ya se viene dando hace varios años.
Un ejemplo es la campanita ( Ipomoea purpúrea ), una enredadera de flor azul a violeta que ya está invadiendo los campos.
Los investigadores vieron que, aunque muchas especies mueren, también muestran un gradiente de tolerancia al herbicida.
“Esto se debe quizá a que ya hay una historia de 20 años de exposición al glifosato, y algunos biotipos se vuelven resistentes”, explica Galetto.
Y agrega: “Numerosos estudios a nivel global indican el potencial que tienen dosis muy bajas de glifosato para seleccionar rápidamente biotipos con altos niveles de resistencia”, dice.
Otras malezas nativas que ya sufren los campos cordobeses son diferentes especies nativas de la familia de los amarantos, las rubiáceas y las malváceas.
“El manejo agronómico actual termina complicando tanto la conservación de la flora nativa como la producción al seleccionarse germoplasma que se vuelve resistente al glifosato y comienza a invadir los campos. Son malezas inmanejables para los agricultores”, explica Galetto.
Recomendaciones
Galetto señala algunas recomendaciones que surgen de este trabajo, como lograr un mayor apego de los productores a las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos.
Por ejemplo, aplicarlos en días sin viento, con una modalidad y cantidades de producto recomendadas en el momento del ciclo del cultivo apropiado y en el sector del lote en que es necesario.
También plantea que se deberían crear zonas “ buffer ” cercanas a estos relictos de monte donde se prohíba la fumigación.
Galetto cree que quizá ya es hora de repensar si a largo plazo esta tecnología y este modelo de producción son los mejores.
“Nos debemos un debate como sociedad para explorar otras opciones que son tanto o más exitosas que las que se implementan actualmente, para mantener una renta en la producción de cultivos y cuidar el capital natural del que disponemos”, reflexiona.
El grupo de investigación. Integrantes: Leonardo Galetto, Florencia Ferreira y Carolina Torres, del Imbiv, y Enzo Bracamonte, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Nuevo corredor ecoturístico del Litoral
El Ministerio de Ambiente firmó el Acuerdo de la Naturaleza por el nuevo corredor ecoturístico del Litoral
Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Litoral
Con la presencia de la jefa de gabinete, Patricia Holzman, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación firmó en la ciudad de Corrientes la creación del Corredor Ecoturístico del Litoral y el Acuerdo de la Naturaleza con las cuatro provincias que conforman el nuevo corredor: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
El propósito de la conformación de dicho corredor es acompañar el desarrollo y la integración de la región mediante el fortalecimiento de las actividades ecoturísticas. Las mismas se configuran como una muestra representativa y complementaria de propuestas turístico recreativas, que invitan a un amplio arco de la demanda del turismo, interno e internacional, a conocer los valores patrimoniales naturales y culturales sobresalientes de cada una de las áreas destacadas de dichas provincias generando, al mismo tiempo, oportunidades de empleo e inclusión a la población rural.
También estuvieron presentes en el acto: el ministro de Turismo de la Nación, José Gustavo Santos; el subsecretario General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Valentin Díaz Gilligan —quien además se desempeña como coordinador del Comité Interministerial a nivel nacional—; el vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Roberto María Brea; el director de Recursos Financieros del Consejo Federal de Inversiones, Ramiro J. Otero; el director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni; los gobernadores de las provincias de Corrientes, Horacio Ricardo Colombi; de Misiones, Hugo Mario Passalacqua; y de Chaco, Oscar Domingo Peppo; el ministro de Turismo de Formosa, Ramiro Fernandez Patri; la ministra de Turismo de Corrientes, Inés Presman y los titulares de las carteras turísticas de las restantes provincia involucradas.
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Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Litoral
Con la presencia de la jefa de gabinete, Patricia Holzman, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación firmó en la ciudad de Corrientes la creación del Corredor Ecoturístico del Litoral y el Acuerdo de la Naturaleza con las cuatro provincias que conforman el nuevo corredor: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
El propósito de la conformación de dicho corredor es acompañar el desarrollo y la integración de la región mediante el fortalecimiento de las actividades ecoturísticas. Las mismas se configuran como una muestra representativa y complementaria de propuestas turístico recreativas, que invitan a un amplio arco de la demanda del turismo, interno e internacional, a conocer los valores patrimoniales naturales y culturales sobresalientes de cada una de las áreas destacadas de dichas provincias generando, al mismo tiempo, oportunidades de empleo e inclusión a la población rural.
También estuvieron presentes en el acto: el ministro de Turismo de la Nación, José Gustavo Santos; el subsecretario General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Valentin Díaz Gilligan —quien además se desempeña como coordinador del Comité Interministerial a nivel nacional—; el vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Roberto María Brea; el director de Recursos Financieros del Consejo Federal de Inversiones, Ramiro J. Otero; el director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni; los gobernadores de las provincias de Corrientes, Horacio Ricardo Colombi; de Misiones, Hugo Mario Passalacqua; y de Chaco, Oscar Domingo Peppo; el ministro de Turismo de Formosa, Ramiro Fernandez Patri; la ministra de Turismo de Corrientes, Inés Presman y los titulares de las carteras turísticas de las restantes provincia involucradas.
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Revocan sobreseimiento a responsables del ingenio
Procesaron a los responsables del ingenio azucarero Cruz Alta por contaminar la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de un recurso del fiscal general Gustavo Gómez, a los directivos de la planta se les trabó embargo hasta cubrir la suma de $200.000.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decidió revocar el sobreseimiento dictado en 2016 por el juez federal Fernando Poviña a favor de Rodrigo Zalazar Romero, Walter Alberto Fuentes y José Ramón Coronel, responsables del ingenio Cruz Alta, de la compañia Los Balcanes SA. El proceso judicial comenzó el 24 de agosto de 2006, cuando el fiscal general Gustavo Gómez solicitó la realización de una serie de medidas con el objeto de determinar si la firma Ingenio Cruz Alta había infringido el régimen penal ambiental.
Luego de probar la existencia de agentes contaminantes en el río Salí, que provenían de los vertidos efectuados por la planta productora, el responsable de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, Pablo Camuña, impulsó la acción penal contra los responsables de la firma.
Con la investigación, se acreditó que el ingenio no cumplió las metas en el acuerdo para lograr la adecuación industrial de los parámetros normativos locales y nacionales, lo que derivó en multas y sanciones.
Camuña postuló el procesamiento de los responsables de la firma, pero, el 21 de septiembre de 2016, el juez Poviña dictó su sobreseimiento, lo que motivó la correspondiente apelación del Ministerio Público Fiscal.
En la instancia prevista, el fiscal Gómez señaló que el juez resolvió "en base a una interpretación errada de las conclusiones emitidas por la Dra. Vidal, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es el yerro, que surge prístino de una simple lectura del informe pericial puesto que es innegable el peligro para la salud pública y el ambiente según los valores contaminantes que conlleva la evacuación al medio de los efluentes industriales sin tratamiento previo".
En ese orden de ideas consideró que "la presente causa debió ser resuelta a partir de la noción de ‘delito continuado’’ y agregó que es irrelevante la existencia de un daño en el medio ambiente, siendo suficiente la demostración de un peligro concreto para dicho medio".
Procesamiento
Según dicta la sentencia a la que accedió EL LIBERAL, Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, revocaron la resolución que sobreseía a los imputados y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, al tiempo que trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cifra de $200.000 para cada uno de ellos.
Los magistrados sostuvieron que los imputados no impugnaron los informes periciales -que daban cuenta de la presencia de agentes contaminantes provenientes de la planta procesadora- lo que evidenciaba que tenían "conocimiento de las características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que libera la planta a la cuenca Salí-Dulce, que dan cuenta las pericias, sin haber tomado, además, los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental, causando un daño al medio ambiente y a la salud".
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Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de un recurso del fiscal general Gustavo Gómez, a los directivos de la planta se les trabó embargo hasta cubrir la suma de $200.000.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decidió revocar el sobreseimiento dictado en 2016 por el juez federal Fernando Poviña a favor de Rodrigo Zalazar Romero, Walter Alberto Fuentes y José Ramón Coronel, responsables del ingenio Cruz Alta, de la compañia Los Balcanes SA. El proceso judicial comenzó el 24 de agosto de 2006, cuando el fiscal general Gustavo Gómez solicitó la realización de una serie de medidas con el objeto de determinar si la firma Ingenio Cruz Alta había infringido el régimen penal ambiental.
Luego de probar la existencia de agentes contaminantes en el río Salí, que provenían de los vertidos efectuados por la planta productora, el responsable de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, Pablo Camuña, impulsó la acción penal contra los responsables de la firma.
Con la investigación, se acreditó que el ingenio no cumplió las metas en el acuerdo para lograr la adecuación industrial de los parámetros normativos locales y nacionales, lo que derivó en multas y sanciones.
Camuña postuló el procesamiento de los responsables de la firma, pero, el 21 de septiembre de 2016, el juez Poviña dictó su sobreseimiento, lo que motivó la correspondiente apelación del Ministerio Público Fiscal.
En la instancia prevista, el fiscal Gómez señaló que el juez resolvió "en base a una interpretación errada de las conclusiones emitidas por la Dra. Vidal, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es el yerro, que surge prístino de una simple lectura del informe pericial puesto que es innegable el peligro para la salud pública y el ambiente según los valores contaminantes que conlleva la evacuación al medio de los efluentes industriales sin tratamiento previo".
En ese orden de ideas consideró que "la presente causa debió ser resuelta a partir de la noción de ‘delito continuado’’ y agregó que es irrelevante la existencia de un daño en el medio ambiente, siendo suficiente la demostración de un peligro concreto para dicho medio".
Procesamiento
Según dicta la sentencia a la que accedió EL LIBERAL, Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, revocaron la resolución que sobreseía a los imputados y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, al tiempo que trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cifra de $200.000 para cada uno de ellos.
Los magistrados sostuvieron que los imputados no impugnaron los informes periciales -que daban cuenta de la presencia de agentes contaminantes provenientes de la planta procesadora- lo que evidenciaba que tenían "conocimiento de las características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que libera la planta a la cuenca Salí-Dulce, que dan cuenta las pericias, sin haber tomado, además, los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental, causando un daño al medio ambiente y a la salud".
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Represas de Santa Cruz: denuncian a Marcolini
Represas de Santa Cruz: la historia del funcionario que aprobó su propio estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El senador “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale presentaron una denuncia en Comodoro Py. El acusado es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini
El senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale denunciaron al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, ya que es el encargado en el Estado de recibir el estudio de impacto ambiental de la represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. A su vez, Marcolini fue director de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado. En otras palabras, jugó a tres bandas.
La denuncia, que fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y a la que Infobae tuvo acceso, es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y tiene en la mira al Marcolini y al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Las represas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz, han sido ampliamente repudiadas por el sector ambientalista desde su concepción, entre otras cosas, porque en el mundo se están cuestionando las grandes represas y temen que el impacto en el glaciar Perito Moreno afecte la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
De acuerdo a la presentación de Solanas y Viale -precandidatos a senador y diputado, respectivamente-, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más amigable con el medio ambiente.
Según su perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de IATASA (además de otras empresas con conflictos de intereses con el Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su paso por la consultora.
El 10 de diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.
El conflicto de intereses está a la vista: "El Director de EBISA (Jorge Marcolini) hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica (Jorge Marcolini) para que sea revisada por éste", resumieron Solanas y Viale.
Está previsto que el estudio sea debatido en una audiencia pública el 20 de julio en el Salón Azul del Senado. A partir de ahí, el Ministerio de Energía realizará un dictamen, cuya opinión cualquiera puede augurar: será favorable.
"En definitiva, el dictamen del Ministerio de Energía luego de la audiencia pública es una ficción en virtud de que se trata de un funcionario controlándose a sí mismo en relación a una evaluación que ya conoce desde el inicio del procedimiento e, incluso, de sus años como consultor privado cuando avalaba ambientalmente las represas desde IATASA", evaluaron los denunciantes.
Frente a ese conflicto de intereses, pidieron la nulidad del estudio. "El hecho de que Jorge Marcolini continúe como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz', da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta", reflexionaron.
La conclusión del simulador de la OA es tajante: "La Ley de Ética Pública establece que debes abstenerte de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuviste vinculado en los últimos 3 años. Los actos realizados sin tu abstención serían nulos y generarían responsabilidad patrimonial y disciplinaria".
Puerta giratoria
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Además de las clarísimas inconsistencias ambientales y económicas, el derrotero de estas represas está repleto de ilegalidades y nulidades en todo su proceso administrativo", concluyó el abogado.
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Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El senador “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale presentaron una denuncia en Comodoro Py. El acusado es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini
El senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale denunciaron al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, ya que es el encargado en el Estado de recibir el estudio de impacto ambiental de la represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. A su vez, Marcolini fue director de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado. En otras palabras, jugó a tres bandas.
La denuncia, que fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y a la que Infobae tuvo acceso, es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y tiene en la mira al Marcolini y al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Las represas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz, han sido ampliamente repudiadas por el sector ambientalista desde su concepción, entre otras cosas, porque en el mundo se están cuestionando las grandes represas y temen que el impacto en el glaciar Perito Moreno afecte la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
De acuerdo a la presentación de Solanas y Viale -precandidatos a senador y diputado, respectivamente-, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más amigable con el medio ambiente.
Según su perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de IATASA (además de otras empresas con conflictos de intereses con el Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su paso por la consultora.
El 10 de diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.
El conflicto de intereses está a la vista: "El Director de EBISA (Jorge Marcolini) hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica (Jorge Marcolini) para que sea revisada por éste", resumieron Solanas y Viale.
Está previsto que el estudio sea debatido en una audiencia pública el 20 de julio en el Salón Azul del Senado. A partir de ahí, el Ministerio de Energía realizará un dictamen, cuya opinión cualquiera puede augurar: será favorable.
"En definitiva, el dictamen del Ministerio de Energía luego de la audiencia pública es una ficción en virtud de que se trata de un funcionario controlándose a sí mismo en relación a una evaluación que ya conoce desde el inicio del procedimiento e, incluso, de sus años como consultor privado cuando avalaba ambientalmente las represas desde IATASA", evaluaron los denunciantes.
Frente a ese conflicto de intereses, pidieron la nulidad del estudio. "El hecho de que Jorge Marcolini continúe como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz', da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta", reflexionaron.
La conclusión del simulador de la OA es tajante: "La Ley de Ética Pública establece que debes abstenerte de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuviste vinculado en los últimos 3 años. Los actos realizados sin tu abstención serían nulos y generarían responsabilidad patrimonial y disciplinaria".
Puerta giratoria
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Además de las clarísimas inconsistencias ambientales y económicas, el derrotero de estas represas está repleto de ilegalidades y nulidades en todo su proceso administrativo", concluyó el abogado.
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Etiquetas:
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
represas,
Santa Cruz
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Capacitación sobre el Protocolo de Nagoya
El Ministerio de Ambiente realizó una capacitación sobre el Protocolo de Nagoya
Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, dictó el Taller Explicativo del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación de los Beneficios, que se enmarca en el trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El encuentro promovió la aplicación del protocolo sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges; el director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos; Javier García Espíl; y la oficial principal de Políticas sobre Biodiversidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Sonia Peña Moreno. En este marco, Duverges explicó, respecto a la aplicación del protocolo, que “el Ministerio trabaja a nivel interjurisdiccional con las provincias que son las titulares del dominio originario de sus recursos, con el sector académico y científico (que nos indica el camino a seguir), así como también con la sociedad civil, con otras carteras ministeriales que tienen incidencia y con las instituciones que tienen que ver con pueblos originarios, porque el patrimonio que hoy tenemos lo debemos al conocimiento tradicional que lo ha preservado durante tanto tiempo”.
Por su parte, García Espíl, declaró: “Esta agenda establece un marco de relaciones entre países que son proveedores de biodiversidad y los intereses que existen en términos de acceder a esos recursos. Y es a partir de ahí que se pueden generar desarrollos tanto en la investigación como patentamientos comerciales y recursos para la alimentación”.
El Protocolo de Nagoya se firmó el 29 de octubre de 2010, en la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya. Es un instrumento jurídicamente vinculante, complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica, que procura el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Nació del reclamo de los países en desarrollo para que se garantizara su participación en la distribución justa y equitativa de los beneficios de la explotación de recursos genéticos obtenidos en sus territorios, incentivando la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, teniendo presente que la conservación de las especies, y su diversidad genética, son un instrumento para el desarrollo con inclusión social. Asimismo, procura que las personas, empresas y usuarios en general de esos recursos genéticos repartan los beneficios que obtengan con el país de donde fueron obtenidos.
Asimismo, las disposiciones de este protocolo relativas al acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales, cuando dichos conocimientos están relacionados con recursos genéticos, fortalecerán la capacidad de esas comunidades para beneficiarse del uso de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Al promover el uso de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales correspondientes, y al fortalecer las oportunidades para compartir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de su uso, el protocolo genera incentivos para conservar la diversidad biológica y para utilizar de manera sostenible sus componentes, y mejora aún más la contribución de la diversidad biológica al desarrollo sostenible y al bienestar del ser humano.
Del encuentro participaron también, Santiago D´Alessio, director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y Viviana Figueroa, oficial de Programa Asociado en Conocimiento Tradicional del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés).
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Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, dictó el Taller Explicativo del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación de los Beneficios, que se enmarca en el trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El encuentro promovió la aplicación del protocolo sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges; el director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos; Javier García Espíl; y la oficial principal de Políticas sobre Biodiversidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Sonia Peña Moreno. En este marco, Duverges explicó, respecto a la aplicación del protocolo, que “el Ministerio trabaja a nivel interjurisdiccional con las provincias que son las titulares del dominio originario de sus recursos, con el sector académico y científico (que nos indica el camino a seguir), así como también con la sociedad civil, con otras carteras ministeriales que tienen incidencia y con las instituciones que tienen que ver con pueblos originarios, porque el patrimonio que hoy tenemos lo debemos al conocimiento tradicional que lo ha preservado durante tanto tiempo”.
Por su parte, García Espíl, declaró: “Esta agenda establece un marco de relaciones entre países que son proveedores de biodiversidad y los intereses que existen en términos de acceder a esos recursos. Y es a partir de ahí que se pueden generar desarrollos tanto en la investigación como patentamientos comerciales y recursos para la alimentación”.
El Protocolo de Nagoya se firmó el 29 de octubre de 2010, en la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya. Es un instrumento jurídicamente vinculante, complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica, que procura el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Nació del reclamo de los países en desarrollo para que se garantizara su participación en la distribución justa y equitativa de los beneficios de la explotación de recursos genéticos obtenidos en sus territorios, incentivando la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, teniendo presente que la conservación de las especies, y su diversidad genética, son un instrumento para el desarrollo con inclusión social. Asimismo, procura que las personas, empresas y usuarios en general de esos recursos genéticos repartan los beneficios que obtengan con el país de donde fueron obtenidos.
Asimismo, las disposiciones de este protocolo relativas al acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales, cuando dichos conocimientos están relacionados con recursos genéticos, fortalecerán la capacidad de esas comunidades para beneficiarse del uso de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Al promover el uso de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales correspondientes, y al fortalecer las oportunidades para compartir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de su uso, el protocolo genera incentivos para conservar la diversidad biológica y para utilizar de manera sostenible sus componentes, y mejora aún más la contribución de la diversidad biológica al desarrollo sostenible y al bienestar del ser humano.
Del encuentro participaron también, Santiago D´Alessio, director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y Viviana Figueroa, oficial de Programa Asociado en Conocimiento Tradicional del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés).
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