El 40% de los barrios populares en la Argentina están expuestos a inundaciones y próximos a microbasurales

Fecha de Publicación: 05/09/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


Un estudio territorial de Techo y Jóvenes x el Clima revela que 4 de cada 10 barrios populares enfrenta riesgos ambientales graves. La falta de infraestructura empeora la situación, especialmente en el Gran Buenos Aires, el NOA y la región pampeana, poniendo en peligro a miles de familias ante cada tormenta.
Un informe de las organizaciones Techo y Jóvenes x el Clima alerta que 4 de cada 10 barrios populares en Argentina se encuentran expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como la proximidad a cursos y cuerpos de agua, la presencia de residuos y la alta vulnerabilidad a inundaciones por precipitaciones.
Estos factores, sumados a la falta de recursos e infraestructura adecuada, hacen que cada tormenta o lluvia intensa genere problemas gravísimos para las familias afectadas, incluyendo riesgos de muerte.
El estudio destaca que el 50% de los barrios populares están situados en zonas inundables, mientras que el 30% presenta microbasurales, una combinación que potencia el impacto de los fenómenos climáticos adversos.
La concentración de estos factores de riesgo es particularmente alta en el Gran Buenos Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de barrios populares. Sin embargo, el mayor porcentaje de barrios en situación de riesgo se registra en el NOA, la región pampeana y el Gran Buenos Aires, según el análisis territorial realizado.
Este informe subraya la urgente necesidad de políticas públicas que atiendan la exposición a riesgos ambientales en los barrios populares, protegiendo a las familias que viven en condiciones de alta vulnerabilidad.
Techo es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro presente en varios países de América Latina. Su misión es trabajar para superar la situación de pobreza en la que viven millones de personas en asentamientos precarios y barrios populares a través de la acción conjunta de voluntarios y los habitantes de esas comunidades.
A su vez, Jóvenes por el Clima (Jóvenes x el Clima) es un movimiento juvenil argentino que forma parte de la iniciativa global por la justicia climática. Fundado en 2019 por un grupo de jóvenes activistas, este movimiento busca sensibilizar, movilizar y presionar a los gobiernos y a la sociedad en general para que tomen acciones urgentes frente a la crisis climática.
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Irrigación, el IANIGLA y Malargüe condicionan el plan minero y piden mejoras en el informe ambiental

Fecha de Publicación: 05/09/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y la Municipalidad de Malargüe cuestionaron el informe de impacto ambiental del Distrito Minero Malargüe. Piden condicionar el avance.
El Gobierno de Mendoza busca impulsar la minería porque entiende que hay una “ventana de oportunidad” por la “fiebre del cobre”. Hay, también, un objetivo político de parte de Alfredo Cornejo: convertirse en el gobernador que implementó una política minera en una provincia que era hostil a esa actividad. La estrategia para avanzar tiene un territorio, Malargüe, un plan de ejecución con el Estado y sus empresas como base y un camino político y administrativo, donde se actualizaron y reglamentaron normas para hacer más ágiles los proceso. También tiene un método osado: quieren implementar un shock de exploración para comenzar el largo camino que puede llevar a que haya una mina de cobre.
Esta semana comienza un período clave para el plan porque se incorporan al mega expediente del Distrito Minero Malargüe Occidental los informes sectoriales del sector científico. En paralelo, el Gobierno debe terminar de definir la estrategia antes de la audiencia pública y de emitir las autorizaciones. En ese camino aparecieron advertencias profundas. El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y hasta la Municipalidad de Malargüe condicionaron el avance del plan oficial a que se profundicen los estudios ambientales, pues consideran insuficiente la información aportada. Incluso sugieren que no podría aprobarse la exploración, sino solo la etapa de prospección.
Los informes son altamente críticos, pues cuestionan la metodología elegida para hacer el informe de impacto ambiental. Es que se trata de estudios “bibliográficos”, sin que se hayan ejecutado análisis específicos. La Consultora contratada por Impulsa Mendoza tomó de base la información de los informes de impacto ambiental de El Azufre, Potasio Río Colorado y el plan de Pata Mora. Por eso no se hicieron estudios hidrológicos profundos, ni se analizó el ambiente periglacial. Otro cuestionamiento profundo tiene que ver con las prácticas a realizar. En todos los casos se cuestiona que no haya un detalle preciso en cada proyecto sobre qué y dónde se va a realizar. Es decir, la zonificación, la infraestructura, las técnicas, la logística y los recursos a usar en cada plan. En todos los casos, los organismos consultados advierten que para avanzar en el plan es imprescindible que se cumplan las exigencias detalladas en los informes sectoriales, que son muchas.
El Gobierno busca aprobar 34 proyectos de exploración juntos en una primera etapa, y luego serán cientos más en una superficie enorme, de casi 20 mil kilómetros cuadrados. Además, buscan que en un mismo trámite que se habilite la prospección y la exploración. Para ello se tomó un “modelo” de exploración que fue replicado, pero no tiene detalles específicos. La empresa Impulsa Mendoza es la que presentó el plan, pero agrupa a proyectos y permisos mineros de otras empresas que solo tuvieron que adherir con la firma. Impulsa financió todo y es la responsable legal. Ahora esa empresa es la que debe responder los cuestionamientos, aunque los organismos científicos y técnicos advirtieron que los dueños de los otros proyectos también deben ser responsables.
Desde el Gobierno aseguran que la empresa debe responder y que el proceso seguirá.. “Los informes no implican un rechazo, sino un aporte. La DIA se puede emitir rechazando, admitiendo o admitiendo con condicionantes los proyectos. Siempre tuvimos en cuenta que la aprobación iba a ser condicionada a muchos factores y así va a ser”, explicaron desde la Dirección de Minería. Como había adelantado MDZ, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (de la UNCuyo) ya había puesto reparos al plan.

Los cuestionamientos
El impulso de la minería genera alguna expectativa porque Mendoza tiene una base potente: un sistema científico y técnico con mucho volumen, una sociedad civil activa, participativa y con experiencia, un sector gremial empresario inquieto y una red industrial extensa ligada a las actividades extractivas. Por eso los informes sectoriales son relevantes, así como la forma de ejecutar cada paso.
El Departamento General de Irrigación es quien cuestiona con términos más duros el informe de impacto ambiental. En primer lugar explican que la información es muy general e incompleta. Incluso cuestionan que no se haya utilizado la documentación disponible por parte del propio Gobierno y las empresas petroleras. Es que no hay en todo el informe un estudio hidrológico propio o ajeno.
“La información técnica que sustenta el Informe de Impacto Ambiental, entendiendo como tal la descripción de las acciones y tareas a ejecutar en cada uno de los proyectos, así como la informaciõn relacionada a hidrología superficial tanto a nivel descriptivo como cualitativo, y la informaciõn relativa a la hidrogeología del área bajo estudio, resulta insuficiente, debiendo ser ampliada y presentada por el proponente como condición size qua non en forma previa al inicio de cualquier acción o actividad”, advierten desde Irrigación.
Desde el ese organismo condicionan el avance. “En la presente propuesta, se han unificado instancias prospectivas y exploratorias, requiriendo estas últimas un nivel de detalle superior. La autoridad ambiental provincial, debe considerar especialmente esta observación, y definir con claridad el alcance de esta propuesta, entendiendo este organismo en forma coincidente con las consideraciones vertidas en el Dictamen técnico, que solo se dan las condiciones básicas para avanzar hacia una instancia de prospección ,con un nivel mínimo de intervención directa sobre el territorio”, explican. “El avance hacia etapas subsiguientes, como la exploración, debe quedar claramente supeditado a la recopilación, sistematización, evaluación y presentación ante los organismos pertinentes”, agregan.  
En Irrigación condicionan el avance a una extensa cantidad de requisitos y piden que cada autorización sea solicitada por los titulares de las propiedades mineras, no por el proponente, es decir Impulsa Mendoza. Si avanzan “pese   a   los   reparos   señalados”, como menciona el informe, deberán cumplirse esos requisitos.
En la zona hay más de 600 glaciares inventariados. Por eso el informe del IANIGLA es clave. Ese organismo científico también pone reparos y considera insuficiente la información. “De acuerdo a las consideraciones previas se solicita, antes de avanzar con las siguientes etapas, realizar una línea de base ambiental de detalle, a una escala de análisis que permita una adecuada caracterización de los diferentes proyectos”, dice el informe de manera general. No se observa que los informes específicos tengan en cuenta las particularidades del lugar en el que se localizan los emprendimientos, en donde se pueda visualizar, describir y representar la gran variabilidad climática y ambiental… el informe muestra falencias en la evaluación de las sensibilidades y vulnerabilidades de cada una de las áreas que componen al MDMO”, dice el informe en sus conclusiones, donde advierten la “vulnerabilidad” de los ambientes glaciares ante el cambio climático y también las actividades humanas.
El Plan del Distrito Minero excluye a los glaciares como zona a explorar y determina que no se pueden hacer tareas en un radio de hasta 500 metros de cualquier glaciar. Desde el IANIGLA advierten que el informe no es preciso con un área fundamental: el ambiente periglacial. En el Distrito minero Malargüe hay 635 glaciares inventariados, según figura en el Informe Impacto Ambiental. De ese total 51 son glaciares descubiertos. Pero no está detallado la zona periglacial.
La Municipalidad de Malargüe, que encabeza Celso Jaque, apoya el plan. Pero también pone reparos por la metodología empleada la falta de información. Entre otras cosas reclaman que se sume información sobre la afectación hacia la actividad de los puesteros. Y hasta sugieren que debe imponerse un canon especial a las empresas. Esa comuna apoya el plan “siempre y cuando, antes de continuar con los trámites jurídicos-administrativos del informe de impacto ambiental, se dé cumplimiento a cada una de las observaciones y recomendaciones que se han realizado en este sectorial”.
La ambición del Gobierno es que la Legislatura apruebe al menos un paquete de proyectos para que el próximo verano haya actividad en la cordillera. El próximo 14 de septiembre es la audiencia pública y luego debe emitirse la DIA para enviar el pedido de autorización a la Legislatura.
En el Ejecutivo defienden el plan y remarcan que los estudios presentados son solo para la etapa exploratoria, con tareas de bajo impacto. Por eso se exigió un Informe de Impacto Ambiental y no una Manifestación General de Impacto Ambiental. Incluso la realización de la audiencia pública no era un requisito del “camino corto” elegido por el Gobierno. Ese sendero está basado en el artículo 25 del Decreto 820/06, que reglamenta la ley de Ambiente para la actividad minera. “Para las etapas de prospección y exploración minera.. y cuando sus actividades, por lo escaso de su impacto o magnitud no puedan afectar el equilibrio ecológico.., emitirá la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) bastando para ello el cumplimiento de los pasos y trámites previstos por los Artículos 8°, 9° y 10° del presente decreto”, dice ese Decreto, que es previo a la ley 7722. Justamente a pesar del bajo impacto alegado, es necesario que haya ratificación legislativa como indica esa ley.
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El nivel del mar aumenta en el mundo: qué regiones de Argentina están en riesgo

Fecha de Publicación: 04/09/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Advirtieron que los océanos están subiendo más rápido y más alto que nunca. Qué zonas están amenazadas según los grados que puede aumentar la temperatura global, de acuerdo con proyecciones hechas por expertos
El nivel global del mar alcanzó un nuevo máximo el año pasado, desde el inicio de la medición altimétrica por satélite en 1993, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
La Argentina se encuentra entre los países que con territorios costeros que podrían sufrir consecuencias por la subida del nivel del mar. Una de esas zonas pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y también al Conurbano (con 40 municipios involucrados) que forman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Se estima que 1 de cada 10 habitantes del planeta viven cerca del mar. “Los habitantes de las zonas costeras de países densamente poblados como Bangladesh, China, India, Países Bajos y Pakistán estarán en peligro y podrían sufrir inundaciones catastróficas. También corren peligro las grandes ciudades costeras de todos los continentes, como Bangkok, Buenos Aires, Lagos, Londres, Bombay, Nueva York y Shanghai”, señaló la ONU.
Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (con 40 municipios) forman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ya están dentro del ranking de los 20 grandes centros urbanos del mundo con riesgo de sufrir inundaciones por si ocurriera un calentamiento de 3 grados en la temperatura promedio del planeta Tierra en el futuro, según un estudio de científicos de Climate Central de los Estados Unidos. En ese ranking, también figuran las ciudades de Nueva York, Estados Unidos, y Tokio, Japón.
Aun cuando la temperatura global aumente 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, alrededor de 1,1 millón de habitantes de Buenos Aires (apoximadmanete el 9% de la población del AMBA, según datos de población de 2010) vive en tierras que se prevé quedarán por debajo del nivel del mar, según había informado a Infobae, Benjamin Strauss, director general y científico jefe de Climate Central, que publicó une estudio en 2021 en la revista Environmental Research Letters y elaboró visualizaciones con probables escenarios futuros.
Si se cumpliera esa proyección, el agua del Río de la Plata podría avanzar sobre zonas costeras de Capital Federal (partes de Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero y la Reserva Ecológica Costanera Sur) y zonas que van desde el partido de Berazategui hasta Avellaneda podrían inundarse.
En cambio, “si las temperaturas aumentaran 3 grados, el nivel del mar se elevaría por encima de las tierras que ahora albergan a 2,4 millones de residentes”, agregó.
En tanto, otras zonas del país serían afectadas. Si la temperatura global aumenta 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, el agua podría subir en el este de la provincia de Santa Fe y en el oeste de la provincia de Entre Ríos (desde la capital Santa Fe y la ciudad de Paraná hacia el sur). Alcanzaría a islas situadas en el Río Paraná.
Por el lado del Río Uruguay, algunas ciudades son más vulnerables, como Colón, Concepción del Uruguay, y la zona de islas de la desembocadura, especialmente si la temperatura alcanza los 4 grados.
También podrían inundarse zonas en el sector que va desde el partido de Magdalena hacia el sur, y alcanzaría a Mar de las Pampas y Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Ese avance incluiría a localidades como Castelli y Dolores, entre otras, si la temperatura aumentara hasta 4 grados.
En tanto, si la temperatura se incrementa solo 1,5 grados, islas que están frente a Bahía Blanca, en Buenos Aires, podrían ser afectadas. En cambio, si llegara 4 grados, zonas que van desde la ciudad de Necochea hasta bien al sur de la provincia de Buenos Aires, en Carmen de Patagones, podrían inundarse.
La provincia de Río Negro podría enfrentar inundaciones en zonas como Bahía Creek y San Antonio Oeste, que están en la costa atlántica, si la temperatura alcanzara los 4 grados.
Consultada por Infobae, la climatóloga Inés Camilloni, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet en Argentina, aclaró que los resultados son proyecciones de un estudio publicado en 2021.
“No se lo puede considerar un pronóstico, sino una proyección. Es por esto que será tan importante el reporte especial sobre Cambio Climático y Ciudades que está preparando el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), ya que tendrá información actualizada”, dijo. Camilloni, quien fue elegida vicepresidenta del Grupo de Trabajo I del IPCC el año pasado.

Por qué preocupa la suba del nivel del mar
Recientemente, el Secretario General de la ONU, António Guterres, visitó las naciones del Océano Pacífico, Tonga y Samoa, donde se ha reunido con las comunidades locales a intercambiar datos acerca del aumento del nivel del mar.
El 25 de septiembre próximo, líderes mundiales y expertos se encontrará en la sede de la ONU en Nueva York para debatir la mejor manera de hacer frente a esta amenaza.
Se calcula que los océanos han subido entre 20 y 23 centímetros desde 1880 hasta ahora. Y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que en 2023 el nivel medio del mar en todo el mundo alcanzó un máximo histórico.
Lo más preocupante es que la tasa de incremento de los últimos diez años es más del doble de la tasa durante la primera década del registro por satélite, de 1993 a 2002.

¿Cuáles son las causas del aumento del nivel del mar?
El incremento del nivel del mar es el resultado del calentamiento de los océanos y del deshielo de glaciares y capas de hielo. Esos fenómenos son resultados directos del cambio climático, que es inducido por actividades humanas.
Se sabe, según Naciones Unidas, que si el calentamiento global se limita a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales para fin de siglo, el objetivo que se fijaron los países de todo el mundo como parte del Acuerdo de París de 2015, el planeta experimentará un aumento considerable del nivel del mar.
Las inundaciones de agua salada pueden dañar los hábitats costeros, incluidos los arrecifes de coral y las poblaciones de peces, las tierras agrícolas, así como las infraestructuras, incluidas las viviendas, y pueden afectar la capacidad de las comunidades costeras para mantener sus medios de vida.
Además, pueden contaminar los suministros de agua dulce, fomentar enfermedades transmitidas por el agua que amenazan la salud de las personas y provocar estrés y problemas de salud mental.
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Diputados retomará la discusión sobre el proyecto que busca regular el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 04/09/2024
Fuente: APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por el diputado provincial Juan Manuel Rossi, se reunirá este miércoles para continuar con el tratamiento de la iniciativa que regula el uso de agroquímicos y fitosanitarios en Entre Ríos.
El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 13 en la Sala de Comisiones y la última vez que se trató fue el 7 de mayo de este año. Además el presidente de la Comisión confirmó a esta Agencia que en esta reunión estarán presentes las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, que será la autoridad de aplicación de esta ley.  
Cabe destacar que en las últimas reuniones de comisión estuvieron presentes organizaciones ambientales que plantearon fuertes críticas al proyecto y coincidieron en que la iniciativa debería modificarse, cuestionaron el nivel de contaminación de los agroquímicos y sostuvieron que “no funciona el modelo del agronegocio”. En otra oportunidad fueron convocados representantes del sector rural.
Teniendo en cuenta las problemáticas que hubo por las escuelas rurales fumigadas, tiempo atrás también se llamó a que los gremios docentes y las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) den su postura en encuentros anteriores.

Sobre el proyecto
El borrador base es el mismo que presentó el Ejecutivo en noviembre de 2022, cuando el gobernador era Gustavo Bordet, confirmaron fuentes legislativas. Se trata de un cuerpo normativo que fuera impulsado por el ex ministro de la Producción y actual diputado, Juan José Bahillo (MpER-PJ).
En ese bosquejo, las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas, publicó Era Verde.
En el caso de instituciones educativas rurales se establece un régimen especial, donde se considera “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 mts, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 mts del perímetro) a 500 mts para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 mts del perímetro de la escuela) hasta los 3000 mts”.
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Desmontes: el gobierno provincial logró que se reanude la actividad de pequeños productores madereros y carboneros

Fecha de Publicación: 03/09/2024
Fuente: Libertad Digital
Provincia/Región: Chaco


Ante una solicitud del Ejecutivo, la Justicia explicó que se encuentran prohibidas las actividades que impliquen el cambio del uso del suelo, no así las que no afecten la masa boscosa de la provincia. “La medida judicial será cumplida a rajatablas, pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y el carbón”, indicó la secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño.
Ante la orden de la jueza federal Zunilda Niremperger de suspender por tres meses los desmontes en Chaco, autoridades provinciales aclararon que, si bien se encuentra prohibida toda actividad que implique el cambio del uso del suelo, están habilitadas actividades como el manejo sostenible en la variante aprovechamiento forestal.
“Es decir que están autorizados los trabajos que no afecten la masa boscosa de la provincia. Lo que implica que no está prohibido el trabajo de los pequeños productores que fabrican muebles, así como de los carboneros, quienes cumplen un rol fundamental en la actividad económica”, aclaró el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos Jorge Gómez.
En este contexto explicó que la Provincia hizo una presentación ante la jueza para salvaguardar los intereses de los pequeños productores chaqueños y aseguró que “se tomarán las medidas necesarias para aclarar los alcances del dictamen judicial”.
La secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño remarcó que la Provincia se encuentra a disposición de la Justicia para que lleve adelante el procedimiento de rigor correspondiente. “Somos taxativos en cuanto a que la medida judicial será cumplida a rajatablas pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y carbón,”, subrayó.
La suspensión de los desmontes en Chaco tiene como fin prevenir el daño “inminente” e “irreversible” sobre el ecosistema de esa región. La jueza fundamentó su fallo en la necesidad de proteger el medio ambiente bajo el principio in dubio pro natura, que prioriza la conservación ambiental ante la duda, ya que, según expresó, “la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”.
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“En algún momento el debate por la minería se volverá a dar”

Fecha de Publicación: 03/09/2024
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut


El titular de la cartera de Hacienda expresó en Cadena Tiempo, que no hay que tenerle miedo al debate y que el gobernador encontrará el momento oportuno para ponerlo sobre la mesa.
El ministro de Economía de la provincia, Andrés Meiszner, sostuvo que “en algún momento el debate sobre la minería se volverá a dar” y agregó que “seguramente el gobernador encontrará el momento oportuno para hacerlo”.
En diálogo con “Mañana G” el programa periodístico que se emite por Cadena Tiempo, el funcionario indicó que “la provincia tiene que empezar a debatir cual es el sistema productivo que llevará adelante porque los únicos ingresos son de regalías petroleras y coparticipación y hay que diversificar la matriz productiva para generar más trabajo”.
Meiszner señaló que, si bien el artículo 2 de la ley de adhesión al RIGI excluye a las actividades mineras previstas en la ex ley 5.001, “también queda claro que la provincia es la que zoonifica y aprueba los proyectos productivos”.
“No podemos sentirnos culposos de debatir y poner sobre la mesa cualquier tipo de proyecto que pueda generar empleo en la provincia” enfatizó el titular de la cartera económica.
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Cambio de usos del suelo: ¿Cómo es el después de los incendios en los bosques nativos?

Fecha de Publicación: 02/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


El problema es global y, a pesar de los esfuerzos, no se puede frenar el daño ambiental. Córdoba es una de las provincias argentinas en la que el fuego ataca todos los años y donde gran parte de sus suelos terminan destinados al cultivo y ganadería.
Como sucede desde hace años, la provincia de Córdoba fue foco de grandes incendios, como los últimos registrados en la localidad de La Calera, poniendo en riesgo a los bosques nativos y la biodiversidad de la región. Una vez apagado el fuego, surgen distintos interrogantes sobre si estas acciones son intencionales y realizadas para cambiar el uso de la tierra.
Investigadores de distintas ramas científicas se plantean estos interrogantes y los abordan desde la geografía, la geología y las ciencias ambientales, midiendo la acción humana en la pérdida de entornos naturales. El cambio de uso del suelo no es un proceso nuevo, pero se aceleró debido al crecimiento de la agricultura y la ganadería como negocio, reconvirtiendo 1.000 millones de hectáreas que antes eran bosques nativos en áreas de cultivo o pastoreo.

La situación en Córdoba y el Gran Chaco
Según Joaquín Deon, geógrafo, doctor en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, el fuego es una herramienta para generar grandes cambios en los suelos. El investigador señala que, al ser Córdoba una provincia del centro y una de las más grandes, predomina el modelo agropecuario ganadero y extractivo.
Este uso también se extendió a todo el Gran Chaco, que abarca las provincias de Formosa, Chaco y Salta, donde las leyes no protegen al medio ambiente y esto hace que haya cada vez más tala de árboles y megaminería. “Ni siquiera la cuarentena obligatoria pudo frenar el fuego, porque durante 2020 se produjeron grandes incendios”, señaló Deon.
“La Ley 26331 de Protección de Bosques Nativos es muy discutida en la actualidad y fue debilitada por la falta de financiamiento estatal, y no se pudo evitar que grandes empresas utilicen el cambio de uso en los suelos para garantizar su rentabilidad”, expresó el investigador sobre la protección de bosques por parte del Estado.
Durante la pandemia, con la quema de miles de hectáreas a lo largo del país, la población se empezó a movilizar para la protección de los bosques, pero la normativa que impedía que durante 40 años la tierra no pudiera cambiar su uso fue derogada.
Por otro lado, el investigador del CONICET señaló que se están actualizando las normativas de bosques nativos y lo primero que surgió es que los bosques que se deberían haber protegido en el marco normativo de 2006 no se protegieron y se redujeron. “Córdoba tuvo una pérdida del 90% de los pocos bosques que le quedan, por eso se tiene que actualizar esta ley y no se pueden perder más bosques”, cerró.

Cambio climático y de los ecosistemas   
Para Deon, la acción del hombre también afecta los ciclos climáticos normales y esta problemática genera preocupación en el mundo. Hay lugares en que se ven amplitudes térmicas que antes no había, por ejemplo, pasando de tener 0 grados un día a 35 al otro. Estos cambios tienen que ver con que la atmósfera está muy cargada con el efecto invernadero y los rayos que ingresan a la atmósfera van influyendo sobre el movimiento de las masas de aire.
Las temperaturas marítimas influyen en este ciclo y las sequías son cada vez más habituales, favoreciendo la propagación del fuego descontrolado. Las grandes masas de aire cargadas de humedad provocan enormes tormentas, que a su vez desembocan en inundaciones en áreas que antes no se registraban y ahora se dan de forma continua, como sucede en Córdoba.
Dentro de estas ciencias que investigan los cambios climáticos está la Geología, que estudia los ciclos naturales del planeta que se dan hace millones de años. Como por ejemplo en los glaciares, las montañas, en el fondo de los océanos y cambios atmosféricos de las partículas en el aire.
Con este trabajo científico interdisciplinario se pueden llegar a conclusiones sobre el impacto negativo de los cambios en el uso del suelo, que no están siendo frenados. A pesar del compromiso que deben tener los Estados, las acciones que impulsan no son del todo efectivas.

Políticas del Estado nacional y provincial
Los incendios como el de Córdoba, además de ser devastadores, son eventos inesperados que alteran el entorno natural, dañan a las personas y ocasionan pérdidas de bienes. La Ley 26.815 garantiza que debe haber un presupuesto de la Nación destinado a contar con el equipamiento necesario, ya sean camiones hidrantes, aviones y bomberos a disposición para resolver esta emergencia buscando apagar el fuego lo antes posible.
El Plan de Manejo del Fuego fue creado en 1996 ante los persistentes incendios rurales. Hasta 2023 perteneció al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, en el gobierno actual, depende de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte.
Respecto a la provincia de Córdoba, el investigador del CONICET afirmó que los presupuestos que maneja la provincia para este tipo de emergencias “son multimillonarios y están asignados para una red de cuarteles de bomberos voluntarios, defensa civil local, equipos que trabajan con aviones hidrantes, capacitación permanente para emergencias y estos equipos están articulados con la policía provincial”.
Si bien Deon mencionó que hubo casos en los que la Justicia sancionó gravemente la quema de bosques, como por ejemplo tras el incendio registrado en el departamento de Ischilín durante 2021, resaltó que siguen registrándose fallas en el cambio de uso de los suelos para que no se pierdan los bosques que quedan.

Un fenómeno a nivel global
El cambio de uso del suelo no solo es un fenómeno que se da en Argentina, sino que sucede en gran parte de Sudamérica y del mundo. A pesar del compromiso que los Estados dicen tener con la causa ambiental, esto no se cumple.
En este sentido, Deon señaló los focos que se registran en la selva amazónica y la relevancia de una política de Estado que busque mitigar los desmontes que se realizan en los bosques. El investigador destacó que los incendios en Brasil son menores en comparación con otros años, ya que el camino del fuego se extendió a otras regiones y países, como Bolivia y Paraguay.
El geógrafo señaló que al cruzar el Atlántico, según el mapa de servicios de la NASA, se pueden observar zonas totalmente asediadas por los incendios en el centro de África, como es el caso de la República Democrática del Congo, Nigeria, parte del noroeste sudafricano y la región cercana al Lago Victoria. La inestabilidad política en estos países es un factor que hace que haya vía libre para el cambio de uso de los suelos y es así que se instalan distintas empresas multinacionales para explotarlos. También hay empresas argentinas que vieron como buena opción de negocio adquirir tierras en el continente más pobre y más vulnerable, donde no hay leyes que protejan al medio ambiente y es la ley del más fuerte.
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Sequía en Formosa y fauna en peligro: la preocupante imagen de yacarés amontonados en un riacho en busca de agua

Fecha de Publicación: 02/09/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Formosa


La persistente sequía que se vive en la provincia de Formosa ha puesto a la fauna local en situación de peligro. Ricardo Buryale, ex ministro de Agricultura y productor agropecuario en la norteña provincia, publicó imágenes que grafican la grave situación que se sufre.
En lo que va del año, la provincia registró solo 120 mm de lluvia, una cifra alarmantemente baja que ha afectado no solo a la agricultura, sino también a la fauna local. De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el primer semestre del 2024 es uno de los más secos de la historia.
Otras regiones del país también sufrieron escasez de lluvias en la primera mitad del año, pero en los últimos tiempos se han recuperado por la caída de precipitaciones. En Formosa la situación no ha mejorado, y lo peor es que los pronósticos no dan lugar a la esperanza.
El Servicio Meteorológico Nacional no pronostica lluvias para la próxima semana, y si bien la temperatura bajará desde la máxima de 32° esperada para este viernes, se mantendrá cerca de los 25° con cielos despejados a algo nublados.
En ese contexto, Buryalie -ex ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri y ex diputado nacional- compartió en su cuenta de Instagram y X imágenes que capturó durante un recorrido por Colonia El Recreo, en el departamento Patiño, y que en su opinión grafican lo que definió como “plena sequía” en esa parte del país.
En la grabación de Buryaile puede verse un riacho con bajo nivel de agua en el que parece haberse refugiado una numerosa población de yacarés, aprovechando uno de los pocos lugares naturales con agua que quedan.
"Colonia el Recreo - Formosa, recorriendo el campo en plena sequía. Esta es toda el agua que quedo en un riacho y así se amontonan" los yacarés, escribió el productor agropecuario.
En otra grabación que publicó en su cuenta de X, puede verse a una manada de jabalíes. "Jabalíes buscando agua. #Sequía. Naturaleza salvaje en #ColoniaElRecreo, Formosa", escribió Buryaile en esa publicación.
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Contaminación ambiental: el Gobierno multó a dos ingenios tucumanos por un monto de $ 24 millones

Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán

El Gobierno nacional multó a dos ingenios por contaminación ambiental por un monto de $24 millones. Al ingenio Concepción se le impuso una sanción pecuniaria de unos $17 millones por tirar efluentes industriales; en tanto que al ingenio Bella Vista de $7 millones por tirar vinaza en un camino vecinal. Mientras tanto, otros tres ingenios fueron sumariados.
A través del Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad y en concordancia con el cumplimiento de la Ley provincial de Ambiente 6.253, las dos empresas azucareras fueron multadas por contaminación ambiental.

Efluentes a la cuenca del río
El secretario de Producción, Eduardo Castro, expresó que en el primer caso “la penalización recayó contra la firma Complejo Alimenticio San Salvador SA. dueña del ingenio Concepción (ubicado en Banda del Río Salí), por tirar efluentes industriales en la zona denominada La Junta en la desembocadura de la cuenca de los ríos Salí-Dulce, en cercanías al Dique El Frontal, hecho ocurrido durante la primera quincena de julio pasado”, aseguró Castro.
“Hicieron una denuncia de vecinos y pescadores y acudió el equipo de Fiscalización Ambiental, a cargo de Susana Meoni junto a profesionales de Calidad de Agua a tomar muestras y se llegó a la determinación que la mortandad se debió a un episodio de anoxia (falta de oxígeno)”, agregó el funcionario.
El titular de Producción adelantó que por igual maniobra contaminante fueron sumariados los dueños de los ingenios Bella Vista, Santa Rosa y Fronterita. En tanto que el Director de Asuntos Jurídicos de la secretaría, Facundo Moreno Majnach, aclaró que los sumarios “están en trámite de estudio para evaluar si se impone la multa a los otros tres ingenios que presuntamente aportaron a la mortandad de peces”.
“Esto significa que el Estado por precisas instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien nos dijo que seamos inflexibles ante estos hechos, está presente y es la primera vez que se visualiza una multa a ingenios y la celeridad con que se trabajó por parte del gobierno”, agregó Castro.

Los desechos de vinaza
En el segundo caso, Castro detalló que “se debió a una denuncia de vecinos que filmaron y subieron en redes sociales a fines de junio pasado, donde un camión de la empresa José Minetti Compañía Limitada Saci -que administra el ingenio Bella Vista-, volcó vinaza (residuo orgánico) en un camino interno en cercanías del ingenio”.
“Un camión que no estaba en condiciones de transportar vinaza fue filmado cuando se dirigía al sitio de disposición final y la tiro en el camino”, resaltó.
Las multas fueron aplicadas por Fiscalización Ambiental (que depende de la subsecretaria de Medio Ambiente) al ingenio Concepción por alrededor de 17 millones de pesos y al Bella Vista de $7 millones.
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La Cámara Federal de Casación ordenó la investigación de la megaminería en Catamarca

Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera
El máximo tribunal penal del país hizo lugar hoy a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante, que reclamaban la continuidad de la investigación de la megaminería en la provincia de Catamarca. De este modo, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran los jueces Daniel A. Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, decidió por unanimidad hacer lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella.
También determinó los sobreseimientos de Luis De Miguel, Ángel de Jesús Mercado, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau, directores de la empresa YMAD; de Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaría de Política Minera dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación y de Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavalla, representantes de la Sindicatura General de la Nación.
En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, en el cual desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglacial en la cuenca del Río Andalgalá. Para así decidir, el juez Petrone refirió que en la sentencia recurrida "no se brindaron argumentos suficientes para que permitan alcanzar el grado de certeza negativo o que se haya agotado la investigación para cerrar la causa".
A su vez, el magistrado aseveró que "no podía soslayarse que el objeto de la investigación se vinculaba con cuestiones del derecho a un medioambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, sustentable para éste y para las generaciones futuras".
Además, afirmó que la "función jurisdiccional debe llevarse con minuciosidad y responsabilidad, habida cuenta que también se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino". Por su parte, el juez Barroetaveña adhirió a la solución propuesta.
El juez Alejandro W. Slokar sostuvo, por su lado, que compartía la solución propiciada y abundó en orden a la necesidad de prevenir el daño ambiental, en tanto "no se trata de un daño ordinario o tradicional, sino de aquél que puede alcanzar a un número indeterminado de víctimas con nocivos efectos, cuyas consecuencias pueden diferirse en el tiempo y extenderse en el espacio, al punto de comprometer a las generaciones futuras".
También, en el sentido referido por los amigos del tribunal, advirtió acerca "de las consecuencias de la matriz que privilegia el modelo extractivo provoca negativos impactos ambientales, culturales, sociales y humanos".
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Denuncian que el nuevo ordenamiento de bosques tiene una “zona verde encubierta”

Fecha de Publicación: 30/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El proyecto aún no tiene estado parlamentario. El ministro de Producción, Martín de los Ríos, dijo que el proyecto de nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos ya cuenta con el visto bueno de la Nación.
Ante la esperada (y demorada) llegada del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a las cámaras legislativas, hubo una protesta ayer frente de la Legislatura en contra del trazado del mapa y la nueva categoría marrón que calificaron como “una zona verde encubierta”.
Organizaciones sociales que vienen cuestionando el proyecto de nuevo ordenamiento de los bosques nativos fueron acompañadas ayer por activistas de Greenpeace con un cartel que indicaba: “Con Desmonte no hay Pachamama”.
El nuevo proyecto dispone que la definición del área marrón se determine según la cantidad de hectáreas en verde que exista en una región. Es así que si hay 50 hectáreas para desmontar en una zona, apenas se autorizan no queda más posibilidad de desmonte, transformándose el resto de los bosques en amarillo. Eso según las explicaciones del equipo técnico a cargo del trazado del nuevo mapa.
Pero para los ambientalistas, este proyecto permitirá que se hagan desmontes en zonas donde el actual (y desactualizado) mapa de OTBN señala como áreas a proteger.
"Insólitamente la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta incluye una categoría color marrón que abarca más de 3 millones de hectáreas, algo que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques”, indicó la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Según los técnicos que realizaron el nuevo OTBN, en esas más de 3 millones de hectáreas en marrón sólo se podrán desmontar 721.568 hectáreas.
La referente de Greenpeace explicó que la normativa nacional sólo permite la autorización de los desmontes en la categoría verde, “por lo que teniendo en cuenta que en esta zona marrón también se permitirá deforestar, en realidad se trata de una zona verde encubierta”, afirmó. Añadió que con esta decisión se está “ante una clara flexibilización de la norma para permitir desmontes donde hasta hoy no pueden autorizarse".
Cruz recordó que ya se había enviado a comienzos de este año un documento señalando al gobierno provincial cuáles son los puntos de la propuesta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Entre estas observaciones, señaló que se permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; se validan los desmontes ilegales ya realizados y no se obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.

Más de 700 mil has desmontadas en 15 años
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
“En este mes tan especial, queremos recordarle a los legisladores salteños que con desmontes, no hay Pachamama. Esperamos que no aprueben esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ya que es claramente violatoria de la Ley Nacional de Bosques y restringiría el control social que se hace de los desmontes, al desconocerse la categoría en que se encuentren. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
Hasta ayer el proyecto del nuevo OTBN no había ingresado aún a la Legislatura, pese a que los anuncios de su ingreso se dieron en julio. En la inauguración de la edición 80 de la Expo Rural salteña, el domingo último, el ministro de Producción, Martín de los Ríos, afirmó que el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Nación y será puesto en debate en breve.
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Microalgas nativas para purificar el aire, un invento argentino prometedor para el medio ambiente

Fecha de Publicación: 30/08/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Está orientado a contribuir con la descarbonización en entornos urbanos y plantas industriales donde es prácticamente imposible que los árboles cumplan esa función.
La contaminación ambiental es uno de los temas que más preocupa a nivel mundial. Por eso, especialistas en el tema trabajan a contrarreloj para encontrar la manera de afectar lo menos posible.
En este sentido, surge un nuevo desarrollo tecnológico argentino que purifica el aire a partir de microalgas nativas.
Principalmente está orientado a contribuir con la descarbonización en entornos urbanos y plantas industriales donde es prácticamente imposible que los árboles cumplan esa función.
Además, las microalgas nativas provienen del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y a partir de la fotosíntesis absorben la energía de la luz del sol, para convertir un gas de efecto invernadero en oxígeno y biomasa.
Estos mismos pueden resutilizarse en fertilizantes, biocombustibles, sumplemento proteícos y hasta incluso ladrillos. El primero de ellos ya se encuentra ubicado en una estación de servicio de Capital Federal.
Finalmente el desarrollo tecnológico es una buena novedad para el medio ambiente ya que favorece a la economía circular al aprovechar su biomasa como fuente de energía limpia.
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Denuncian derrame de azufre en el muelle de Vicentín que tenía como destino la empresa Nouryon en San Lorenzo

Fecha de Publicación: 29/08/2024
Fuente: Portal 11noticias.com
Provincia/Región: Santa Fe


Desde la Secretaría de política ambiental de la UNR dieron curso a la denuncia por el hecho, mientras que el Concejal Esteban Arico solicitó información al municipio sobre las actuaciones realizadas, quienes rápidamente aclararon su intervención en el caso.
Un nuevo caso de contaminación en el río Paraná enciende las alarmas en San Lorenzo, a partir de la denuncia pública que, una vez más, los propios vecinos realizaron con imágenes que evidencian lo acontecido. Se trata de un derrame de azufre desde un barco que descargaba en el muelle de Vicentín y que tenía como destino la empresa Nouryon (ex Akzo Nobel), en la zona sur de la ciudad.
El hecho es casi una remake de lo sucedido en mayo de 2022, cuando pescadores filmaron desde su lancha el derrame de un líquido contaminante hacia las aguas del Paraná, hecho que también involucró a la firma multinacional de productos químicos. Al igual que en aquella oportunidad, los vecinos tomaron muestras y ahora se aguarda el resultado de los análisis, a partir de la denuncia presentada desde el Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
En simultáneo, el concejal justicialista Esteban Arico se hizo eco del reclamo e ingresó un proyecto al cuerpo legislativo local, en el que solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que informe si realizó mediante la Subsecretaría de Preservación del Medio Ambiente, actuaciones pertinentes conforme a la legislación vigente, “relativas a un aparente episodio de contaminación ocurrido en el río Paraná a la altura del muelle de la empresa Vicentín de San Lorenzo, desde donde se vertió a las aguas una cantidad no determinada de un producto que podría tratarse de azufre”.
“Arrojar azufre en un río puede tener consecuencias ambientales graves, afectando tanto a los organismos acuáticos como a la calidad del agua, lo que a su vez impacta a las comunidades humanas y ecosistemas”, remarcó entre las justificaciones de la iniciativa el edil.

La voz del municipio
Luego de conocerse la denuncia, desde la Municipalidad de San Lorenzo confirmaron los acontecimientos y exigieron un informe de lo sucedido a los responsables. A su vez, notificaron el incumplimiento del Sistema de Alerta Temprana por Riesgo Ambiental, creado en el año 2008, que establece que ante hechos de estas características se debe notificar inmediatamente al Estado local.
“La municipalidad de San Lorenzo, por medio de la Subsecretaría de Medio Ambiente, realizó constatación en el muelle de Vicentín, por descarga de azufre, con destino a Nouryon. Personal realiazaba tareas de limpieza por azufre depositado en las defensas del muelle, se labró acta”, detalló el jefe de Gabinete municipal, Alejandro Cabral.
Y añadió: “Asimismo, desde el municipio sanlorencino, se requirió Informe detallado de lo sucedido y se procedió a notificar incumplimiento de la Ordenanza N° 2751 de alerta temprana”.
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“Plato Fumigado”: un ranking sobre los alimentos contaminados con agroquímicos

Fecha de Publicación: 29/08/2024
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos sistematizaron una serie de datos oficiales del Senasa que dan cuenta de la ausencia de inocuidad de los vegetales.
La agroindustria concentrada y el andamiaje estatal que hacen prevalecer una producción intensiva de alimentos por sobre la agroecológica y campesina impactan directamente en la calidad de los vegetales que se comercializan, y así lo deja reflejado un nuevo informe del relevamiento denominado “Plato Fumigado”, donde además de elaborar un ranking con los alimentos más contaminados con agroquímicos, plantean propuestas para su abordaje ante los riesgos de la exposición directa e indirecta a esos cócteles de principios activos.
El informe elaborado por la Fundación Cauces y Naturaleza de Derechos partió de una solicitud de acceso a la información pública presentado en febrero de 2024 al Senasa para conocer los resultados de sus relevamientos realizados al menos entre 2020 y 2024 en el marco del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (Creha): es decir, tiene como fuentes los datos producidos por el propio Estado.
Sin embargo, finalmente solo accedieron de manera limitada a los datos entre 2020 y 2022, aunque aseguran que tras el anuncio de la publicación de su informe, el Senasa decidió dar a acceso universal a los datos de 2023 en la página web.
¿En qué constaba el Plan Creha? En el análisis de los residuos de 54 alimentos vegetales (frutas, hortalizas, verduras, cereales, oleaginosas y especias aromáticas) comercializados en Argentina, en los cuales hubo 6.191 detecciones de agroquímicos. Basados en esos datos, por tercera vez se presentó el informe autogestivo “Plato Fumigado” que se realiza desde 2017 por parte de la Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos.
Desde los colectivos que sistematizaron la información señalan que el objetivo del informe es hacer accesibles los resultados de los controles del Senasa para concientizar sobre los riesgos y de la evidente ausencia de inocuidad alimentaria en el consumo de alimentos producidos bajo la agricultura y ganadería intensivas.

Algunos datos relevados en el informe
El informe consta de más de un centenar de páginas con datos sistematizados, pero también analizados en torno a los relevamientos del Senasa concretados en los últimos años en alimentos vegetales inspeccionados en todo el país.
Entre los datos publicados, por ejemplo, se encuentra el ranking de vegetales con mayor cantidad de agroquímicos. Y ese listado lo encabeza la pera con 34, seguido por manzana (31), naranja (30), banana (30), tomate (29), uva (27), palta (26), mandarina (25), limón (24) y pimiento (23).
Y según regiones, en la “Buenos Aires Sur” el alimento con mayor cantidad de agroquímicos fue la naranja con 11 químicos diferentes, mientras que en “Buenos Aires Norte” fue la mandarina (14) y en la región Metropolitana los morrones (8).
¿Qué agroquímicos se hallaron en los alimentos? En el informe dieron a conocer el hallazgo de 83 principios activos tales como el herbicida 2.4D, el insecticida Acetamiprid, el herbicida glifosato (el más utilizado, con 423 fórmulas comerciales), o el fungicida Benomil, algunos de los cuales son cancerígenos y/o alteradores hormonales o inhibidores de colinesterasas que permiten un correcto funcionamiento del sistema nervioso, y por lo tanto considerados pesticidas altamente peligrosos.
Concretamente, de los 83 principios activos hallados en los 54 alimentos relevados, 46% fueron insecticidas, 41% fungicidas, 10% herbicidas y 3% tipo coayuvantes. Un dato particular al respecto, además, fue que poco más de la mitad están prohibidos en la Unión Europea y un número similar son considerados cancerígenos.
Los especialistas que confeccionaron el informe –Glenda Mangia y Fernando Cabaleiro– consideran que a partir del hallazgo de ese nivel de agroquímicos resulta “urgente” la prohibición de los que ya están restringidos por la Unión Europea, como también al menos una revisión de la legalidad de aquellos considerados peligrosos, un 34% de los hallados.
La gravedad de la situación radica, por ejemplo, en que se trata de alimentos con nutrientes necesarios para una alimentación saludable y, como consecuencia, su acceso resulta un derecho pero también un problema de salud pública, considerando la calidad de los vegetales.
Así, como parte de “Plato Fumigado”, decidieron cruzar las recomendaciones alimentarias realizadas por organismos internacionales con los resultados relevados por el Senasa, enfocados solo en los vegetales. Por ejemplo, mientras se recomienda el consumo de 400 gramos diarios de frutas y verduras, en los 39 alimentos pertenecientes a esa categoría se hallaron 73 agroquímicos.
Al hablar de legumbres, cereales, papa, pan y pastas cuya recomendación es el consumo de medio plato diario, se encontraron con 30. Un número similar de contaminantes (26) se halló entre aceites, frutas secas y semillas.
Pero lo más esencial en el mapa de recomendaciones alimentarias es el agua, que lejos está de escapar de la contaminación con agroquímicos y sostienen que distintos relevamientos suelen encontrar 20 principios activos en promedio. Tal como sucedió en el territorios periurbanos de Mar del Plata donde no llega la red municipal, desde el informe aseguran que “hay una omisión muy grave por parte del Estado de monitorear y controlar la presencia de agrotóxicos en el agua de consumo humano”.

Los impactos en la salud
Desde el informe advierten por lo impactos comprobados en la salud a partir de la exposición o consumo directo o indirecto a este tipo de sustancias utilizadas para proteger los cultivos -y, en consecuencia, las ganancias de grandes producciones intensivas- de insectos, hierbas u hongos. Así, discriminaron cuáles de los hallados son cancerígenos, cuáles son alteradores hormonales y cuáles inhiben las colinesterasas.
Por ejemplo, entre mujeres afirman que la evidencia científica vincula la exposición a múltiples casos de cáncer de mama, ovario y útero, como también endometriosis, muerte embrionaria precoz, malformaciones, pubertad precoz o hiperactividad. Entre hombres, en tanto, cáncer de testículo y próstata, criptorquidia, disminución del nivel de testosterona o disminución de esperma.
Frente a esta situación, enfatizaron en la importancia no solo del monitoreo estatal sino también en el peso de proyectos determinantes como lo es el Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) que también tuvo voluntarios en Mar del Plata hasta que el INTA decidió apartarse del mismo.
Pero también, como alternativa, resulta necesario un fomento de las producciones agroecológicas campesinas que además de ser fuente laboral para miles de familias, están azotadas no solo por la falta de apoyo gubernamental por no representar una ganancia estatal en términos de divisas, sino también por la concentración de la tierra y del capital en pocas manos, factores que minan la posibilidad de producir alimentos sanos libres de agroquímicos.
“Consideramos que la problemática de residuos de agrotóxicos en los alimentos es un asunto de violación de derechos humanos: derecho a la alimentación adecuada, a la salud, a gozar de los beneficios de la diversidad biológica, de los consumidores y consumidoras, y muy principalmente los derechos de la niñez. Para un tratamiento adecuado y eficaz de la legislación constitucional e infraconstitucional vigente en la Argentina, las autoridades de los poderes públicos en sus respectivas funciones deberían aplicar estrictamente los principios de precaución, prevención y progresividad”, concluyeron.
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Qué infracciones ambientales cometió Papel Misionero que derivaron en una multa de más de $70 millones

Fecha de Publicación: 28/08/2024
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


En marzo de este año, una mancha de espuma en el río Paraná, frente a Puerto Mineral, en el municipio de Puerto Leoni, despertó las alarmas. Esta sustancia, proveniente de los efluentes de la empresa Papel Misionero S.A.I.F.C., motivó que el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables tomaran muestras del agua y constató la existencia de niveles elevados de contaminación, lo que derivó en una sanción millonaria a la empresa.
Según precisaron desde la cartera de Ecología, el análisis de las muestras tomadas reveló que la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), un parámetro crucial que mide la cantidad de oxígeno consumido por microorganismos para descomponer la materia orgánica en el agua, superaba en más de cinco veces el límite permitido por la normativa vigente. Según la ley, el DBO debe ser inferior a 30 cuando se vierten efluentes al río, pero en esta ocasión los niveles alcanzaron los 170. Además, se evaluaron otros parámetros como el pH y la demanda de cloro, los cuales también presentaron irregularidades.
A raíz de esto y tras revisar detalladamente los resultados de la inspección y las normativas vigentes, Ecología resolvió imponer dos multas significativas a la empresa. En el expediente se especifica que se infringió dos normativas ambientales, entre ellas la Ley XVI de Pesca y la N°25612 de Gestión Integral Residuos Industriales y de Actividades y Servicios. En ese sentido por la ley de Pesca se aplicó una multa de $21.707.840 (equivalente a 80 sueldos mínimos de la administración pública provincial), en tanto, la segunda la sanión fue de $48.842.640 (correspondiente a 180 sueldos minimis de la administración publica). Así, la suma total de las multas asciende así a $70.550.480.

Detalles del expediente
El expediente N° 9900-101/2024, que documenta la inspección y las sanciones, especifica que durante la visita de los inspectores, se descubrió que el caño de acero encargado de derivar los efluentes ya tratados hacia el río Paraná estaba roto o cortado antes de su ingreso al río. Esta ruptura generó una abundante espuma debido a la turbulencia creada por el vertido de efluentes sobre las aguas del río, lo que, debido a su impacto visual, fue la razón principal por la que los vecinos decidieron denunciar la situación.
El documento señala que el gerente de la planta, Eduardo Maglione, explicó durante la inspección que, además de la rotura del caño, se produjo una falla en una malla que actúa como filtro de celulosa en la mesa formadora de papel. Esta falla generó una pérdida significativa de material celulósico hacia la planta de tratamiento, lo que obligó a suspender el funcionamiento de ese sector fabril. La suspensión, a su vez, causó inconvenientes en otras áreas de la planta, lo que repercutió en el normal funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes, lo que finalmente resultó en la contaminación observada en el río Paraná.
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