Jugada del gobierno a favor de Bayer-Monsanto
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Semillas: caído el proyecto de ley, buscan reflotar una norma de 2006
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Neuquén: cambio en la ley de bosques que genera malestar
Gutiérrez apura en Legislatura un cambio en la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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Detenidos por fumigar ilegalmente, detenidos
Detienen al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y a un aplicador por fumigar a 90 metros de dos escuelas
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Es Ley la lucha contra el cambio climático
La Cámara de Diputados sancionó la Ley de lucha contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.
La norma, que fue aprobada sobre tablas y sin discusión, formaliza y da carácter de política de Estado al gabinete nacional de cambio climático, un organismo creado mediante el Decreto 891/2016.
En concreto, el gabinete funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de ministros y es coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
El cuerpo tiene la función de articular –entre las distintas áreas de gobierno– la implementación de un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. El Gabinete está integrado por los titulares de todos los ministerios, que representan la instancia política. El trabajo técnico, en tanto, se desarrolla a través de mesas temáticas y de puntos focales ministeriales.
Sus objetivos principales son tres: establecer estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático; promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero; y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante la problemática.
A su vez, la ley establece la convocatoria a un Consejo Asesor Externo integrado por especialistas en la materia, quienes “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la Ley". También establece la obligación de los organismos del Poder Ejecutivo de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley y establece su carácter público, y crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático.
El Consejo Asesor Externo deberá estar compuesto por científicos; representantes de organizaciones ambientales; comunidades indígenas, universidades; entidades académicas y empresariales; sindicatos; centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, las provincicas deberán adherir a los presupuestos mínimos establecidos por la Ley. Actualmente, la participación de las provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La normativa había obtenido la media sanción del Senado en julio pasado. Fue impulsada a por el senador Fernando “Pino” Solanas y la senadora de Cambiemos, Lucila Crexell. Su propuesta recibió el enfático respaldo de los los jóvenes representantes de la Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima, quienes desde principio de año militaron por la sanción de la normativa mediante reuniones con legisladores y marchas en las calles.
De hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la @AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible”, indicó.
En diálogo con Infobae, Stephanie Cabovianco, de Alianza por el Clima, destacó la sanción de la Ley:“Es un hito más en el impulso de la agenda socioambiental que los jóvenes de todo el país estamos logrando en conjunto. Celebramos el gran trabajo técnico detrás de su creación y especialmente el consenso entre los distintos espacios políticos para que sea posible. Los cambios radicales que pide la ciencia para lograr un mundo habitable requerirán de muchas instancias cómo estas a partir de ahora y en los próximos años”, indicó. La próxima convocatoria de la organización tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, frente al Congreso.
El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por la secretaría de Ambiente”.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".
Además, el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”
Gabriela Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto: “Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea central a partir del 10 de diciembre”.
Para Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en donde se necesita construir consensos democráticamente”.
Los puntos centrales de la norma:
- Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
- Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
- Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
- Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
- Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.
La norma, que fue aprobada sobre tablas y sin discusión, formaliza y da carácter de política de Estado al gabinete nacional de cambio climático, un organismo creado mediante el Decreto 891/2016.
En concreto, el gabinete funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de ministros y es coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
El cuerpo tiene la función de articular –entre las distintas áreas de gobierno– la implementación de un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. El Gabinete está integrado por los titulares de todos los ministerios, que representan la instancia política. El trabajo técnico, en tanto, se desarrolla a través de mesas temáticas y de puntos focales ministeriales.
Sus objetivos principales son tres: establecer estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático; promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero; y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante la problemática.
A su vez, la ley establece la convocatoria a un Consejo Asesor Externo integrado por especialistas en la materia, quienes “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la Ley". También establece la obligación de los organismos del Poder Ejecutivo de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley y establece su carácter público, y crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático.
El Consejo Asesor Externo deberá estar compuesto por científicos; representantes de organizaciones ambientales; comunidades indígenas, universidades; entidades académicas y empresariales; sindicatos; centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, las provincicas deberán adherir a los presupuestos mínimos establecidos por la Ley. Actualmente, la participación de las provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La normativa había obtenido la media sanción del Senado en julio pasado. Fue impulsada a por el senador Fernando “Pino” Solanas y la senadora de Cambiemos, Lucila Crexell. Su propuesta recibió el enfático respaldo de los los jóvenes representantes de la Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima, quienes desde principio de año militaron por la sanción de la normativa mediante reuniones con legisladores y marchas en las calles.
De hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la @AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible”, indicó.
En diálogo con Infobae, Stephanie Cabovianco, de Alianza por el Clima, destacó la sanción de la Ley:“Es un hito más en el impulso de la agenda socioambiental que los jóvenes de todo el país estamos logrando en conjunto. Celebramos el gran trabajo técnico detrás de su creación y especialmente el consenso entre los distintos espacios políticos para que sea posible. Los cambios radicales que pide la ciencia para lograr un mundo habitable requerirán de muchas instancias cómo estas a partir de ahora y en los próximos años”, indicó. La próxima convocatoria de la organización tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, frente al Congreso.
El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por la secretaría de Ambiente”.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".
Además, el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”
Gabriela Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto: “Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea central a partir del 10 de diciembre”.
Para Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en donde se necesita construir consensos democráticamente”.
Los puntos centrales de la norma:
- Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
- Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
- Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
- Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
- Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Recomposición ambiental de Reserva Saladita Norte
Avellaneda: recuperan el ambiente en el predio de la Reserva Saladita Norte
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Defensa Civil, Prefectura y vecinos solidarios se sumaron a la protección del espejo de agua considerado Reserva Natural desde 1999 por medio de una ordenanza que dos décadas después comienza a ser efectiva.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), junto a la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) estudia el proceso de recomposición ambiental de la Reserva Saladita Norte, en el límite entre Sarandí y Dock Sud, donde se limpió el espacio retirando vehículos abandonados del espejo de agua, desmalezando y retirando varias toneladas de residuos sólidos. La semana pasada, comenzaron los monitoreos sobre la recomposición ambiental del sector.
La propuesta, vigente y con nuevas tareas de inspección y saneamiento, es la recuperación ambiental y puesta valor de la Reserva con aportes de Defensa Civil de Avellaneda y de la Prefectura Naval Argentina para poder controlar mejor. No faltaron, y no faltan, vecinos solidarios que se sumaron y que en su momento, denunciaron a varios galpones desde donde se vertían desechos líquidos sin tratamiento a las agua del espejo.
Un equipo técnico científico del Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA) de la UNDAV junto al equipo de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR inició la toma de muestras y monitoreo ambiental cada semana, sobre calidad y biodiversidad acuática en el humedal de la Reserva Municipal Saladita Norte.
Mediante el convenio ACUMARBioGeA se está ejecutando un proyecto de investigación que tiene como finalidad evaluar la eficiencia en la descontaminación y autodepuración de las especies de plantas acuáticas nativas presentes en dos cuerpos de agua, el otro está en la ciudad de Marcos Paz. Junto a los equipos que trabajaron en territorio estuvieron presentes Javier Muzón, director del BioGeA, y Carlos Nadra, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR.
Una zona de bañados
Originalmente toda esa zona era de bañados, fue dragada para la creación de dársenas portuarias, y al quedar abandonada, la recolonizaron comunidades naturales. La laguna no tiene conexión con el río y la fuente de sus aguas es la capa freática y las precipitaciones, lo que es importante, porque permite mantener bajo su nivel de contaminación. A partir de la Ordenanza sancionada en el Concejo de Avellaneda el 25 de octubre de 1999, pasó a ser "Zona de Reserva Ecológica" pese a que muchas veces faltó control comunal.
Ubicada en Dock Sud, límite con Sarandí, se encuentra cerca de otros ambientes naturales, protegidos o no, como la Reserva Ecológica Costanera Sur (seis kilómetros) y los bosques y bañados ribereños de Villa Domínico, antigua zona de quintas que continua vigente por herencias familiares, siempre con cosechas de vegetales, frutas y el tradicional vino. Esa situación facilita el desplazamiento de especies.
La laguna norte tiene una superficie aproximada de seis hectáreas) y ocupa la mayor parte de los nueve sectores de la reserva. Debido a su origen, tiene una forma casi rectangular, con su eje mayor (500 metros) orientado norte-sur lo que favorece la circulación del viento que facilita la aireación y limpieza de las aguas. Su geometría, le confiere una importante extensión de costa -1100 metros-, lo que juega un rol determinante en el desarrollo de vegetación en sus orillas.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Defensa Civil, Prefectura y vecinos solidarios se sumaron a la protección del espejo de agua considerado Reserva Natural desde 1999 por medio de una ordenanza que dos décadas después comienza a ser efectiva.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), junto a la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) estudia el proceso de recomposición ambiental de la Reserva Saladita Norte, en el límite entre Sarandí y Dock Sud, donde se limpió el espacio retirando vehículos abandonados del espejo de agua, desmalezando y retirando varias toneladas de residuos sólidos. La semana pasada, comenzaron los monitoreos sobre la recomposición ambiental del sector.
La propuesta, vigente y con nuevas tareas de inspección y saneamiento, es la recuperación ambiental y puesta valor de la Reserva con aportes de Defensa Civil de Avellaneda y de la Prefectura Naval Argentina para poder controlar mejor. No faltaron, y no faltan, vecinos solidarios que se sumaron y que en su momento, denunciaron a varios galpones desde donde se vertían desechos líquidos sin tratamiento a las agua del espejo.
Un equipo técnico científico del Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA) de la UNDAV junto al equipo de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR inició la toma de muestras y monitoreo ambiental cada semana, sobre calidad y biodiversidad acuática en el humedal de la Reserva Municipal Saladita Norte.
Mediante el convenio ACUMARBioGeA se está ejecutando un proyecto de investigación que tiene como finalidad evaluar la eficiencia en la descontaminación y autodepuración de las especies de plantas acuáticas nativas presentes en dos cuerpos de agua, el otro está en la ciudad de Marcos Paz. Junto a los equipos que trabajaron en territorio estuvieron presentes Javier Muzón, director del BioGeA, y Carlos Nadra, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de ACUMAR.
Una zona de bañados
Originalmente toda esa zona era de bañados, fue dragada para la creación de dársenas portuarias, y al quedar abandonada, la recolonizaron comunidades naturales. La laguna no tiene conexión con el río y la fuente de sus aguas es la capa freática y las precipitaciones, lo que es importante, porque permite mantener bajo su nivel de contaminación. A partir de la Ordenanza sancionada en el Concejo de Avellaneda el 25 de octubre de 1999, pasó a ser "Zona de Reserva Ecológica" pese a que muchas veces faltó control comunal.
Ubicada en Dock Sud, límite con Sarandí, se encuentra cerca de otros ambientes naturales, protegidos o no, como la Reserva Ecológica Costanera Sur (seis kilómetros) y los bosques y bañados ribereños de Villa Domínico, antigua zona de quintas que continua vigente por herencias familiares, siempre con cosechas de vegetales, frutas y el tradicional vino. Esa situación facilita el desplazamiento de especies.
La laguna norte tiene una superficie aproximada de seis hectáreas) y ocupa la mayor parte de los nueve sectores de la reserva. Debido a su origen, tiene una forma casi rectangular, con su eje mayor (500 metros) orientado norte-sur lo que favorece la circulación del viento que facilita la aireación y limpieza de las aguas. Su geometría, le confiere una importante extensión de costa -1100 metros-, lo que juega un rol determinante en el desarrollo de vegetación en sus orillas.
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Lo que proponen para modificar la 7722 mendocina
Minería: la modificación de la ley 7.722 flexibiliza el uso de sustancias químicas
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En almuerzo por el 69 aniversario de la creación de Malargüe, circuló el proyecto en el que trabaja el oficialismo.
Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. “Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles”, dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más.
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En cambio el texto nuevo establece el concepto, de “mezclas o soluciones de sustancias químicas”.
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.
Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: “Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra”.
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
“La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722”, lanzó.
“Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería”, expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
“Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección”, comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.
Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para “solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma”, reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En almuerzo por el 69 aniversario de la creación de Malargüe, circuló el proyecto en el que trabaja el oficialismo.
Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. “Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles”, dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más.
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En cambio el texto nuevo establece el concepto, de “mezclas o soluciones de sustancias químicas”.
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.
Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: “Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra”.
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
“La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722”, lanzó.
“Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería”, expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
“Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección”, comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.
Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para “solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma”, reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
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Santa Fe: un estudio revela el problema de los agroquímicos
"Si hay sospecha no se deben usar"
Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe
La directora del Programa Provincial de Cáncer aconsejó ayer aplicar el principio precautorio frente al uso actual de los agroquímicos. "Si hay productos que son oncógenos sospechados no se deben usar o se debe aconsejar su menor uso posible" advirtió Gabriela Quintanilla. La médica presentará un estudio provincial en los próximos días y se pronunció en torno de los cuidados sobre la salud de los santafesinos. "Los agroquímicos permean al agua, y por tanto a los alimentos. Las consecuencias no solo son para las poblaciones rurales" afirmó.
-¿Que conclusión tiene frente al uso de agroquímicos y las denuncias por su responsabilidad frente al cáncer. Que relación hay entre agroquímicos y cáncer?
-Hemos hecho un dossier sobre agroquímicos donde se plantea la maniobra de precaución, como ocurre en el mundo, ya que si un producto es un oncógeno sospechado, lo lógico desde lo precautorio, es recomendar su menor uso posible o su no uso. Pero también este punto tiene que ser analizado en las áreas de producción y trabajo donde hay muchos núcleos de reproducción social que giran en torno de los agroquímicos, hay mucho en lo cultural en lo social y económico que cambiar.
-¿Que estudios puede referenciar?
-Hay varias líneas de investigación en universidades locales, además seguimos a través de nuestro consejo de investigación otro trabajos como dosaje de agroquimicos en leche materna y orina, dosaje de glifosato en personas que viven en zonas urbanas comparados con habitantes rurales, proque hay que entender que este tema ( la contaminación por agroquímicos)no es solo un fenómeno rural porque se contaminan las napas de agua. Es decir también puede afectar a los alimentos que consumimos en las ciudades.
Y por último estamos realizando una investigación epidemiológica, con la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Lazarte, tratando de vincular el mapa de agroquímicos con el mapa de cáncer.
-Los enfermos de cáncer son más numerosos en poblaciones rurales o urbanas?
-Depende de los tipos de cáncer, porque esta enfermedad no tiene un diagnóstico único: hay diferentes tipos de cáncer, son cientos de enfermedades diversas. Por ejemplo el cáncer de cérvix (cuello de útero) tiene más incidencia en el departamento 9 de julio pero en el departamento Caseros es el cáncer de cólon. Cada tumor está vinculado con determinantes sociales y el modo de vivir, en cada uno de los territorios, con lo cual no se podría decir si el cáncer es más urbano que rural, cada enfermedad tiene conducta diferente.
-¿Hay estudios que prueban si el uso de agroquímicos enferma a los habitantes rurales por su medio ambiente?
-Globalmente para la provincia hay un estudio del Ministerio de Salud, que analiza la mortalidad y que está en la página web y analiza los últimos 15 años, donde por ejemplo baja el cáncer de mama y el cáncer de pulmón en hombres, asi como denota un aumento del cáncer de pulmón en mujeres por el habito de fumar. Pero este vinculación entre el riesgo de exposición rural y urbano se esta realizando ahora. De todos modos hay que decir que los trabajos que vinculan cánceres con una causa determinada son difíciles de hacer. Para que se desarrolle un cáncer por una sustancia oncogénica, se necesita una exposición de decenios, por eso es tan compleja la relación de cáncer, por ejemplo, con el uso de celulares porque esta tecnología tiene un tiempo de uso corto aún.
-Entonces ¿qué deberíamos hacer frente a un oncógeno sospechado, por su efecto sobre la salud y el medio ambiente?
-Aplicar el principio precautorio y extenderlo sobre nuestra vida cotidiana: esto es no deberíamos tampoco tener obesidad, fumar y medir la contaminación ambiental, tampoco caer en una vida sedentaria. Hay que cuidarse y tener todo esto incorporado como criterio de prevencion primaria. Pero además debemos decir que los agroquimicos permean el agua y los alimentos asi que este es un problema universal, no mas rural que urbano.
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Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe
La directora del Programa Provincial de Cáncer aconsejó ayer aplicar el principio precautorio frente al uso actual de los agroquímicos. "Si hay productos que son oncógenos sospechados no se deben usar o se debe aconsejar su menor uso posible" advirtió Gabriela Quintanilla. La médica presentará un estudio provincial en los próximos días y se pronunció en torno de los cuidados sobre la salud de los santafesinos. "Los agroquímicos permean al agua, y por tanto a los alimentos. Las consecuencias no solo son para las poblaciones rurales" afirmó.
-¿Que conclusión tiene frente al uso de agroquímicos y las denuncias por su responsabilidad frente al cáncer. Que relación hay entre agroquímicos y cáncer?
-Hemos hecho un dossier sobre agroquímicos donde se plantea la maniobra de precaución, como ocurre en el mundo, ya que si un producto es un oncógeno sospechado, lo lógico desde lo precautorio, es recomendar su menor uso posible o su no uso. Pero también este punto tiene que ser analizado en las áreas de producción y trabajo donde hay muchos núcleos de reproducción social que giran en torno de los agroquímicos, hay mucho en lo cultural en lo social y económico que cambiar.
-¿Que estudios puede referenciar?
-Hay varias líneas de investigación en universidades locales, además seguimos a través de nuestro consejo de investigación otro trabajos como dosaje de agroquimicos en leche materna y orina, dosaje de glifosato en personas que viven en zonas urbanas comparados con habitantes rurales, proque hay que entender que este tema ( la contaminación por agroquímicos)no es solo un fenómeno rural porque se contaminan las napas de agua. Es decir también puede afectar a los alimentos que consumimos en las ciudades.
Y por último estamos realizando una investigación epidemiológica, con la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Lazarte, tratando de vincular el mapa de agroquímicos con el mapa de cáncer.
-Los enfermos de cáncer son más numerosos en poblaciones rurales o urbanas?
-Depende de los tipos de cáncer, porque esta enfermedad no tiene un diagnóstico único: hay diferentes tipos de cáncer, son cientos de enfermedades diversas. Por ejemplo el cáncer de cérvix (cuello de útero) tiene más incidencia en el departamento 9 de julio pero en el departamento Caseros es el cáncer de cólon. Cada tumor está vinculado con determinantes sociales y el modo de vivir, en cada uno de los territorios, con lo cual no se podría decir si el cáncer es más urbano que rural, cada enfermedad tiene conducta diferente.
-¿Hay estudios que prueban si el uso de agroquímicos enferma a los habitantes rurales por su medio ambiente?
-Globalmente para la provincia hay un estudio del Ministerio de Salud, que analiza la mortalidad y que está en la página web y analiza los últimos 15 años, donde por ejemplo baja el cáncer de mama y el cáncer de pulmón en hombres, asi como denota un aumento del cáncer de pulmón en mujeres por el habito de fumar. Pero este vinculación entre el riesgo de exposición rural y urbano se esta realizando ahora. De todos modos hay que decir que los trabajos que vinculan cánceres con una causa determinada son difíciles de hacer. Para que se desarrolle un cáncer por una sustancia oncogénica, se necesita una exposición de decenios, por eso es tan compleja la relación de cáncer, por ejemplo, con el uso de celulares porque esta tecnología tiene un tiempo de uso corto aún.
-Entonces ¿qué deberíamos hacer frente a un oncógeno sospechado, por su efecto sobre la salud y el medio ambiente?
-Aplicar el principio precautorio y extenderlo sobre nuestra vida cotidiana: esto es no deberíamos tampoco tener obesidad, fumar y medir la contaminación ambiental, tampoco caer en una vida sedentaria. Hay que cuidarse y tener todo esto incorporado como criterio de prevencion primaria. Pero además debemos decir que los agroquimicos permean el agua y los alimentos asi que este es un problema universal, no mas rural que urbano.
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Neuquén: marcharon defensores de los ríos
Reclamaron para salvar los ríos de la contaminación
Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ambientalistas realizaron una protesta en el balneario Río Grande.
La organización Salvemos los Ríos reclamó este domingo por la tarde a las autoridades provinciales y municipales que remedien el daño ambiental del Limay y el Neuquén, a través de una movilización por la costa que partió del balneario Río Grande.
Desde que surgieron los datos sobre la contaminación de los cuerpos de agua de la región, los vecinos mantuvieron un rol protagónico en la defensa de los recursos naturales. Lo hicieron a través de campañas en las distintas redes sociales o de manifestaciones en las calles.
En septiembre, la organización le había pedido a la Provincia que destinara fondos y personal técnico al comité de Alerta Hídrico-Ambiental para acelerar el proceso de remediación.
En la víspera de la temporada de verano, el representante legal de Salvemos los Ríos, Luis Arellano, comentó que la movida de ayer fue para pedir acciones directas que remedien el daño ambiental en los cursos de agua. “Vamos a insistir en nuestro pedido de ríos limpios”, señaló.
Si bien la temporada de verano comienza el 1º de diciembre, muchos neuquinos ya empezaron a bañarse en los ríos a mediados de este mes, dadas las altas temperaturas registradas. Además, se espera que de un momento a otro la AIC informe sobre los niveles de contaminación. Por todo esto, los ambientalistas buscan lograr el apoyo de la sociedad en este reclamo.
“Hace dos años que se creó el Comité de Alerta Hídrica y no se logró nada porque tampoco hay presupuesto para eso”, advirtió Carlos Sartori, otro de los integrantes de esta organización.
Pedido de vertido cero a las aguas. Uno de los pedidos más fuertes que realiza Salvemos los Ríos es que se ponga en práctica un sistema de vertido cero a los ríos, es decir, que los efluentes cloacales tratados se arrojen a la meseta y no al agua.
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Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ambientalistas realizaron una protesta en el balneario Río Grande.
La organización Salvemos los Ríos reclamó este domingo por la tarde a las autoridades provinciales y municipales que remedien el daño ambiental del Limay y el Neuquén, a través de una movilización por la costa que partió del balneario Río Grande.
Desde que surgieron los datos sobre la contaminación de los cuerpos de agua de la región, los vecinos mantuvieron un rol protagónico en la defensa de los recursos naturales. Lo hicieron a través de campañas en las distintas redes sociales o de manifestaciones en las calles.
En septiembre, la organización le había pedido a la Provincia que destinara fondos y personal técnico al comité de Alerta Hídrico-Ambiental para acelerar el proceso de remediación.
En la víspera de la temporada de verano, el representante legal de Salvemos los Ríos, Luis Arellano, comentó que la movida de ayer fue para pedir acciones directas que remedien el daño ambiental en los cursos de agua. “Vamos a insistir en nuestro pedido de ríos limpios”, señaló.
Si bien la temporada de verano comienza el 1º de diciembre, muchos neuquinos ya empezaron a bañarse en los ríos a mediados de este mes, dadas las altas temperaturas registradas. Además, se espera que de un momento a otro la AIC informe sobre los niveles de contaminación. Por todo esto, los ambientalistas buscan lograr el apoyo de la sociedad en este reclamo.
“Hace dos años que se creó el Comité de Alerta Hídrica y no se logró nada porque tampoco hay presupuesto para eso”, advirtió Carlos Sartori, otro de los integrantes de esta organización.
Pedido de vertido cero a las aguas. Uno de los pedidos más fuertes que realiza Salvemos los Ríos es que se ponga en práctica un sistema de vertido cero a los ríos, es decir, que los efluentes cloacales tratados se arrojen a la meseta y no al agua.
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Coexistencia del humano con pumas investigada
Investigan el impacto del puma en el ecosistema de la región patagónica
Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Patagonia
El licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ecología e investigador del Conicet, Emiliano Donadío, disertó en Puerto Madryn días atrás en relación al proyecto comenzado hace menos de un mes de Neuquén y Santa Cruz para analizar el comportamiento de los pumas dentro del ecosistema y la influencia del mismo en zonas donde la presencia del ser humano puede constituir un factor determinante para el comportamiento y la coexistencia de ambos.
“Grandes depredadores y su importancia en los ecosistemas: el puma en paisajes áridos”, fue el título de la charla realizada en el Hotel Piren, abierta a la comunidad y auspiciada por la Fundación Protejamos Patagonia.
Se trata de una prolongación de un estudio realizado en la provincia de San Juan, precisamente en la Reserva Biósfera San Guillermo, donde se observó cómo los pumas, considerados dentro de la gama de los depredadores “tope”, mantienen una influencia estructural dentro del ecosistema que habitan, modificando la flora e incluso la fauna de manera positiva.
En el caso de la provincia de Chubut, recién el año próximo podrían extender dicho relevamiento; mientras tanto, el objetivo del estudio es poder diseñar “estrategias que permitan la coexistencia del puma en ecosistemas donde hay presencia del ser humano, sin que ello implique la remoción o eliminación de la especie”, consignó Donadío. Los monitoreos fueron realizados vía satélite en el Parque Nacional Monte León y en el Parque Patagonia, en el caso de Santa Cruz; y en la zona de Laguna Blanca, en Neuquén. “Lo que se muestra es que el puma es un actor clave dentro del ecosistema que habita, porque no solo mata y consume a sus presas, sino que además les cambia el comportamiento y eso, a su vez, tiene un efecto positivo sobre otros organismos como la vegetación”, señaló el biólogo, que también forma parte de la Fundación Flora y Fauna Argentina y es explorador de National Geographic.
Qué sectores fueron objeto de estudio
En este sentido, Donadio explicó que “lo que vine a presentar a Puerto Madryn son algunos resultados de un proyecto sobre Ecología y Conservación de Pumas que implementamos desde el año 2004 hasta el presente en la provincia de San Juan, en la Reserva de Biósfera San Guillermo y que está compuesta por dos unidades; la Reserva Provincial San Guillermo y el Parque Nacional homónimo”.
A su vez, precisó que “básicamente, se trata de un lugar que se mantiene original, sin impacto o con muy poco impacto por parte del ser humano; entonces, es un sitio muy pristino donde la vida de estos animales ocurre sin el impacto del ser humano”.
En 2020 trabajarían en Chubut
Una vez que obtuvieron los últimos resultados, detalló Donadío, “ello nos llevó a preguntarnos qué pasa con el puma y con sus presas en un gradiente de uso humano; es decir, pasar de ‘cero uso humano’, como es el caso de San Guillermo, a lugares donde el impacto de las sociedades del hombre es enorme, por eso buscamos otros lugares donde trabajar”. En principio, se trabajó “en todos sitios de la Patagonia, precisamente en Neuquén, Santa Cruz” y “posiblemente el año que viene empecemos algo en Chubut, ya que estamos recién empezando (en las dos primeras áreas)”, remarcó.
Una función “estructuradora”
En cuanto a los resultados obtenidos para el estudio de la Reserva San Guillermo, sostuvo: “Lo que se muestra es que el puma es un actor clave dentro del ecosistema que habita, porque no solo mata y consume a sus presas, sino que además les cambia el comportamiento y eso, a su vez, tiene un efecto positivo sobre otros organismos como la vegetación”, remarcó el investigador del Conicet, añadiendo que “constituyen un factor estructurador, en definitiva; entonces, tienen efectos positivos sobre la vegetación porque cambian el comportamiento de los hervíboros y hacen que coman menos vegetación, además de que eliminan a algunos de ellos porque los matan y se los comen”.
El rol de los “depredadores tope”
Al mismo tiempo, “de esos animales que matan y comen quedan restos, los cuales son muy utilizados por animales come carroña, entre ellos el cóndor andino, una especie amenazada; tienen un efecto positivo sobre la misma”, puntualizó, sumando a ello que “todo esto demuestra, primeramente, que los depredadores ‘tope’ como lo son los pumas y los yaguaretés, por ejemplo, son importantes en los ecosistemas”.
En segundo orden, queda demostrado según las conclusiones preliminares, que “hay una red de interacciones que interconecta a muchas especies diferentes dentro de los ecosistemas, y si uno elimina una de ellas, se pierde el balance y el equilibrio, especialmente con estos depredadores que tienen muchísima influencia”.
Lejos de la actividad minera
Consultado sobre el impacto de la actividad minera, teniendo en cuenta las características de la provincia de San Juan, en el área estudiada, Donadío aclaró que “donde nosotros hicimos buena parte del trabajo no hay minería, sino que está a unos 40 kilómetros; dentro de la Reserva Provincial buena parte del trabajo la realizamos en el Parque Nacional”, por lo que “no trabajamos en las cercanías y no sabemos qué impacto puede tener la minería sobre el puma en particular”.
Alternativas de coexistencia
Donadío indicó que “estamos implementando este trabajo, en este gradiente de uso humano de diferentes localidades de la Patagonia, con la idea de aprender sobre la ecología de pumas y generar información que permita la coexistencia de este depredador en paisajes compartidos con el ser humano”.
En el caso de la región patagónica, la convivencia “es con los ganaderos”, agregó, explicando que prevén sentar las bases para un esquema que permita la convivencia y coexistencia de ambas partes, y que “el manejo de las poblaciones de pumas no implique eliminarlos”. Dichas zonas son, en su mayoría, “los alrededores de los parques nacionales, que son compartidas y donde el ser humano tiene mucha actividad; no hay una gran densidad humana, pero sí actividad, por lo que buscamos que se permita la coexistencia en esos lugares sin que ello se remita a la remoción total de los pumas; en definitiva, es generar
una coexistencia entre la flora, la fauna y las actividades productivas; incluso, pensar alternativas económicas como la observación de fauna, ya que resultaría sumamente interesante poder ver a un puma en libertad, haciendo lo suyo”.
Qué metodología se utilizó
En en caso de Neuquén, el estudio, que comenzó hace varios años, se realizó colocando un radio collar a dos pumas capturados, lo que permitió monitorearlos vía satélite y observar el comportamiento. La iniciativa, enmarcada en la Fundación Conservacionista Flora y Fauna Argentina, tuvo en cuenta que para capturar a los animales debían colocar trampas en sitios donde hallaran huellas o heces de pumas, revisándolas dos veces al día, durante la mañana y la noche. Por su parte, el radio collar está integrado por tres componentes, una radio de onda corta (VHF) que puede ser rastreada con antenas en el campo; un GPS que localiza geográficamente al animal cada sesenta minutos, y una antena que hace posible que el collar se conecte a un satélite y transmita las localizaciones en directo a través de un mapa, por lo que el sujeto de estudio, es decir el puma, puede ser analizado en su comportamiento territorial.
Para el caso de Neuquén, en Laguna Blanca, el estudio estuvo focalizado en la problemática de los crianceros en relación a las pérdidas de ganado que sufren por la depredación, en parte, de los pumas. A su vez, participaron de la iniciativa personal del Conicet, la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) y especialistas de la Universidad de California-Berkeley, además de contar con el apoyo de Parques Nacionales, la ONG Conservación Patagónica Asociación Civil de San Martín de los Andes.
Estrategias para evitar la pérdida de ganado
Según lo estudiado en Laguna Blanca durante los últimos tres años, una de las metodologías que los crianceros utilizan es la colocación de luces en los corrales, las cuales durante el día se cargan con un panel solar que tienen incorporado, y durante la noche emiten destellos intermitentes en los cuatro costados del corral. Dicho método fue probado con éxito en otros países y ya comenzó a ser adoptado en dicha zona; la medición se realiza mensualmente, contabilizando cuántos ataques sufre el ganado de corrales que no poseen este tipo de dispositivos, y aquellos que sí cuentan con ellos, a la vez que el objetivo ulterior es determinar si los pumas evitan los corrales que poseen esta clase de luces, aprovechando también para medir la eficacia de los perros protectores que viven con el ganado, utilizando variantes mestizas y aquellas de raza que provee el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
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Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Patagonia
El licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ecología e investigador del Conicet, Emiliano Donadío, disertó en Puerto Madryn días atrás en relación al proyecto comenzado hace menos de un mes de Neuquén y Santa Cruz para analizar el comportamiento de los pumas dentro del ecosistema y la influencia del mismo en zonas donde la presencia del ser humano puede constituir un factor determinante para el comportamiento y la coexistencia de ambos.
“Grandes depredadores y su importancia en los ecosistemas: el puma en paisajes áridos”, fue el título de la charla realizada en el Hotel Piren, abierta a la comunidad y auspiciada por la Fundación Protejamos Patagonia.
Se trata de una prolongación de un estudio realizado en la provincia de San Juan, precisamente en la Reserva Biósfera San Guillermo, donde se observó cómo los pumas, considerados dentro de la gama de los depredadores “tope”, mantienen una influencia estructural dentro del ecosistema que habitan, modificando la flora e incluso la fauna de manera positiva.
En el caso de la provincia de Chubut, recién el año próximo podrían extender dicho relevamiento; mientras tanto, el objetivo del estudio es poder diseñar “estrategias que permitan la coexistencia del puma en ecosistemas donde hay presencia del ser humano, sin que ello implique la remoción o eliminación de la especie”, consignó Donadío. Los monitoreos fueron realizados vía satélite en el Parque Nacional Monte León y en el Parque Patagonia, en el caso de Santa Cruz; y en la zona de Laguna Blanca, en Neuquén. “Lo que se muestra es que el puma es un actor clave dentro del ecosistema que habita, porque no solo mata y consume a sus presas, sino que además les cambia el comportamiento y eso, a su vez, tiene un efecto positivo sobre otros organismos como la vegetación”, señaló el biólogo, que también forma parte de la Fundación Flora y Fauna Argentina y es explorador de National Geographic.
Qué sectores fueron objeto de estudio
En este sentido, Donadio explicó que “lo que vine a presentar a Puerto Madryn son algunos resultados de un proyecto sobre Ecología y Conservación de Pumas que implementamos desde el año 2004 hasta el presente en la provincia de San Juan, en la Reserva de Biósfera San Guillermo y que está compuesta por dos unidades; la Reserva Provincial San Guillermo y el Parque Nacional homónimo”.
A su vez, precisó que “básicamente, se trata de un lugar que se mantiene original, sin impacto o con muy poco impacto por parte del ser humano; entonces, es un sitio muy pristino donde la vida de estos animales ocurre sin el impacto del ser humano”.
En 2020 trabajarían en Chubut
Una vez que obtuvieron los últimos resultados, detalló Donadío, “ello nos llevó a preguntarnos qué pasa con el puma y con sus presas en un gradiente de uso humano; es decir, pasar de ‘cero uso humano’, como es el caso de San Guillermo, a lugares donde el impacto de las sociedades del hombre es enorme, por eso buscamos otros lugares donde trabajar”. En principio, se trabajó “en todos sitios de la Patagonia, precisamente en Neuquén, Santa Cruz” y “posiblemente el año que viene empecemos algo en Chubut, ya que estamos recién empezando (en las dos primeras áreas)”, remarcó.
Una función “estructuradora”
En cuanto a los resultados obtenidos para el estudio de la Reserva San Guillermo, sostuvo: “Lo que se muestra es que el puma es un actor clave dentro del ecosistema que habita, porque no solo mata y consume a sus presas, sino que además les cambia el comportamiento y eso, a su vez, tiene un efecto positivo sobre otros organismos como la vegetación”, remarcó el investigador del Conicet, añadiendo que “constituyen un factor estructurador, en definitiva; entonces, tienen efectos positivos sobre la vegetación porque cambian el comportamiento de los hervíboros y hacen que coman menos vegetación, además de que eliminan a algunos de ellos porque los matan y se los comen”.
El rol de los “depredadores tope”
Al mismo tiempo, “de esos animales que matan y comen quedan restos, los cuales son muy utilizados por animales come carroña, entre ellos el cóndor andino, una especie amenazada; tienen un efecto positivo sobre la misma”, puntualizó, sumando a ello que “todo esto demuestra, primeramente, que los depredadores ‘tope’ como lo son los pumas y los yaguaretés, por ejemplo, son importantes en los ecosistemas”.
En segundo orden, queda demostrado según las conclusiones preliminares, que “hay una red de interacciones que interconecta a muchas especies diferentes dentro de los ecosistemas, y si uno elimina una de ellas, se pierde el balance y el equilibrio, especialmente con estos depredadores que tienen muchísima influencia”.
Lejos de la actividad minera
Consultado sobre el impacto de la actividad minera, teniendo en cuenta las características de la provincia de San Juan, en el área estudiada, Donadío aclaró que “donde nosotros hicimos buena parte del trabajo no hay minería, sino que está a unos 40 kilómetros; dentro de la Reserva Provincial buena parte del trabajo la realizamos en el Parque Nacional”, por lo que “no trabajamos en las cercanías y no sabemos qué impacto puede tener la minería sobre el puma en particular”.
Alternativas de coexistencia
Donadío indicó que “estamos implementando este trabajo, en este gradiente de uso humano de diferentes localidades de la Patagonia, con la idea de aprender sobre la ecología de pumas y generar información que permita la coexistencia de este depredador en paisajes compartidos con el ser humano”.
En el caso de la región patagónica, la convivencia “es con los ganaderos”, agregó, explicando que prevén sentar las bases para un esquema que permita la convivencia y coexistencia de ambas partes, y que “el manejo de las poblaciones de pumas no implique eliminarlos”. Dichas zonas son, en su mayoría, “los alrededores de los parques nacionales, que son compartidas y donde el ser humano tiene mucha actividad; no hay una gran densidad humana, pero sí actividad, por lo que buscamos que se permita la coexistencia en esos lugares sin que ello se remita a la remoción total de los pumas; en definitiva, es generar
una coexistencia entre la flora, la fauna y las actividades productivas; incluso, pensar alternativas económicas como la observación de fauna, ya que resultaría sumamente interesante poder ver a un puma en libertad, haciendo lo suyo”.
Qué metodología se utilizó
En en caso de Neuquén, el estudio, que comenzó hace varios años, se realizó colocando un radio collar a dos pumas capturados, lo que permitió monitorearlos vía satélite y observar el comportamiento. La iniciativa, enmarcada en la Fundación Conservacionista Flora y Fauna Argentina, tuvo en cuenta que para capturar a los animales debían colocar trampas en sitios donde hallaran huellas o heces de pumas, revisándolas dos veces al día, durante la mañana y la noche. Por su parte, el radio collar está integrado por tres componentes, una radio de onda corta (VHF) que puede ser rastreada con antenas en el campo; un GPS que localiza geográficamente al animal cada sesenta minutos, y una antena que hace posible que el collar se conecte a un satélite y transmita las localizaciones en directo a través de un mapa, por lo que el sujeto de estudio, es decir el puma, puede ser analizado en su comportamiento territorial.
Para el caso de Neuquén, en Laguna Blanca, el estudio estuvo focalizado en la problemática de los crianceros en relación a las pérdidas de ganado que sufren por la depredación, en parte, de los pumas. A su vez, participaron de la iniciativa personal del Conicet, la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) y especialistas de la Universidad de California-Berkeley, además de contar con el apoyo de Parques Nacionales, la ONG Conservación Patagónica Asociación Civil de San Martín de los Andes.
Estrategias para evitar la pérdida de ganado
Según lo estudiado en Laguna Blanca durante los últimos tres años, una de las metodologías que los crianceros utilizan es la colocación de luces en los corrales, las cuales durante el día se cargan con un panel solar que tienen incorporado, y durante la noche emiten destellos intermitentes en los cuatro costados del corral. Dicho método fue probado con éxito en otros países y ya comenzó a ser adoptado en dicha zona; la medición se realiza mensualmente, contabilizando cuántos ataques sufre el ganado de corrales que no poseen este tipo de dispositivos, y aquellos que sí cuentan con ellos, a la vez que el objetivo ulterior es determinar si los pumas evitan los corrales que poseen esta clase de luces, aprovechando también para medir la eficacia de los perros protectores que viven con el ganado, utilizando variantes mestizas y aquellas de raza que provee el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
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La política nuclear seguirá igual con el nuevo gobierno
Alberto Fernández adelantó que acordará con China la construcción de una central nuclear en Argentina
Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El presidente electo, Alberto Fernández, le adelantó al diplomático argentino Rafael Grossi, quien en unos días asumirá como Director General de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el máximo organismo a nivel mundial para controlar los planes de desarrollo nuclear, que la Argentina avanzará finalmente con China en el contrato para la construcción de la IV central nuclear.
La decisión del próximo presidente de avanzar con el proyecto nuclear que financiará China con un préstamo de unos 9.000 millones de dólares con tecnología exclusiva de Beijing es de suma importancia si se tiene en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri canceló tres veces con el presidente Xi Jinping la posibilidad de avanzar en este acuerdo.
"Con relación al futuro inmediato y las nuevas centrales se espera que el próximo gobierno finalmente concluya y avance con la construcción de la cuarta central de potencia argentina, que será construida con tecnología China. El acuerdo estuvo siempre cerca de firmarse pero a pesar de innumerables conversaciones quedó en la lista de pendientes de la Presidencia Macri", explicó Grossi a Infobae después de la reunión que mantuvo con Fernández en las oficinas que el presidente electo tiene en Puerto Madero.
En el encuentro con Grossi también participó Felipe Solá, quien suena como eventual canciller del nuevo gobierno. Y durante esa reunión Fernández adelantó que uno de los temas de interés en la agenda internacional de su gobierno será reforzar la alianza estratégica integral de Argentina con China que incluirá la puesta en marcha del contrato por la IV central nuclear que se proyecta construir en Campana.
El tema pondrá también en una situación de alta tensión diplomática a los vínculos bilaterales de Estados Unidos con la Argentina ya que el gobierno de Donald Trump está abiertamente enfrentado con la administración de Xi Jinping.
Tanto Fernández como Solá se interesaron en la visión del embajador Grossi del proyecto de China de la construcción de la IV central nuclear. Es que el virtual director de la OIEA es uno de los hombres que más conoce de energía nuclear y siguió en detalle la historia trunca de las negociaciones entre Macri y Xi Jinping por ese proyecto.
En rigor, la propuesta de China para realizar una central de reactores nuclear en Campana con tecnología estrictamente china empezó a moldearse en el último año del gobierno de Cristina Kirchner. La propuesta original tenía un costo de u$s12.000 millones que, cuando llegó Macri al poder y tras arduas negociaciones del actual embajador en Beijing, Diego Guelar, se logró reducir a un préstamo blando de u$s9.000 millones.
Esta iniciativa dejará afuera la tecnología canadiense CANDU que históricamente utilizó la Argentina para sus centrales nucleares. Ese acuerdo, que ya tenía forma de contrato en borrador a principios de este año, fue vetado por Macri en tres oportunidades por "problemas presupuestarios".
En julio de este año, poco antes de las PASO, el secretario de Energía Gustavo Lopetegui y el canciller Jorge Faurie tuvieron que disculparse con los chinos por las reiteradas cancelaciones de los acuerdos avanzados.
"En la administración de China había mucho malestar con Macri y los desplantes que la Argentina hizo ante el proyecto nuclear", señaló a Infobae un destacado diplomático que conoce el tema.
Con la victoria electoral de Fernández, los ánimos de Beijing cambiaron sustancialmente. El embajador chino en Buenos Aires, Zou Xiaoli, se reunió hace unos días con Fernández en las oficinas que inauguró en Puerto Madero para hablar de la futura relación con el nuevo gobierno.
En ese encuentro estaban, entre otros,Felipe Solá, Santiago Cafiero, probable jefe de Gabinete, y Matías Kulfas, que aparece como posible ministro de Economía. Allí se habló de la necesidad de relanzar las relaciones bilaterales y, por supuesto, el embajador Zou reiteró el interés de China por avanzar de una vez con el proyecto nuclear.
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Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El presidente electo, Alberto Fernández, le adelantó al diplomático argentino Rafael Grossi, quien en unos días asumirá como Director General de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el máximo organismo a nivel mundial para controlar los planes de desarrollo nuclear, que la Argentina avanzará finalmente con China en el contrato para la construcción de la IV central nuclear.
La decisión del próximo presidente de avanzar con el proyecto nuclear que financiará China con un préstamo de unos 9.000 millones de dólares con tecnología exclusiva de Beijing es de suma importancia si se tiene en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri canceló tres veces con el presidente Xi Jinping la posibilidad de avanzar en este acuerdo.
"Con relación al futuro inmediato y las nuevas centrales se espera que el próximo gobierno finalmente concluya y avance con la construcción de la cuarta central de potencia argentina, que será construida con tecnología China. El acuerdo estuvo siempre cerca de firmarse pero a pesar de innumerables conversaciones quedó en la lista de pendientes de la Presidencia Macri", explicó Grossi a Infobae después de la reunión que mantuvo con Fernández en las oficinas que el presidente electo tiene en Puerto Madero.
En el encuentro con Grossi también participó Felipe Solá, quien suena como eventual canciller del nuevo gobierno. Y durante esa reunión Fernández adelantó que uno de los temas de interés en la agenda internacional de su gobierno será reforzar la alianza estratégica integral de Argentina con China que incluirá la puesta en marcha del contrato por la IV central nuclear que se proyecta construir en Campana.
El tema pondrá también en una situación de alta tensión diplomática a los vínculos bilaterales de Estados Unidos con la Argentina ya que el gobierno de Donald Trump está abiertamente enfrentado con la administración de Xi Jinping.
Tanto Fernández como Solá se interesaron en la visión del embajador Grossi del proyecto de China de la construcción de la IV central nuclear. Es que el virtual director de la OIEA es uno de los hombres que más conoce de energía nuclear y siguió en detalle la historia trunca de las negociaciones entre Macri y Xi Jinping por ese proyecto.
En rigor, la propuesta de China para realizar una central de reactores nuclear en Campana con tecnología estrictamente china empezó a moldearse en el último año del gobierno de Cristina Kirchner. La propuesta original tenía un costo de u$s12.000 millones que, cuando llegó Macri al poder y tras arduas negociaciones del actual embajador en Beijing, Diego Guelar, se logró reducir a un préstamo blando de u$s9.000 millones.
Esta iniciativa dejará afuera la tecnología canadiense CANDU que históricamente utilizó la Argentina para sus centrales nucleares. Ese acuerdo, que ya tenía forma de contrato en borrador a principios de este año, fue vetado por Macri en tres oportunidades por "problemas presupuestarios".
En julio de este año, poco antes de las PASO, el secretario de Energía Gustavo Lopetegui y el canciller Jorge Faurie tuvieron que disculparse con los chinos por las reiteradas cancelaciones de los acuerdos avanzados.
"En la administración de China había mucho malestar con Macri y los desplantes que la Argentina hizo ante el proyecto nuclear", señaló a Infobae un destacado diplomático que conoce el tema.
Con la victoria electoral de Fernández, los ánimos de Beijing cambiaron sustancialmente. El embajador chino en Buenos Aires, Zou Xiaoli, se reunió hace unos días con Fernández en las oficinas que inauguró en Puerto Madero para hablar de la futura relación con el nuevo gobierno.
En ese encuentro estaban, entre otros,Felipe Solá, Santiago Cafiero, probable jefe de Gabinete, y Matías Kulfas, que aparece como posible ministro de Economía. Allí se habló de la necesidad de relanzar las relaciones bilaterales y, por supuesto, el embajador Zou reiteró el interés de China por avanzar de una vez con el proyecto nuclear.
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Otro puma atropellado en Misiones
Un puma yagouaroundi fue atropellado sobre la ruta 14
Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Un puma yagouaroundi, fue encontrado atropellado, a unos mil quinientos metros de la zona urbana de la localidad de San Pedro, sobre la ruta nacional 14, a la altura de la entrada a la reserva privada Santa Rita. También es conocido como gato moro.
Es muy poco común ver este tipo de especies cerca a la zona urbana. Se cree que tiene que ver con el Corredor Verde que conforman las reservas cercanas y aparentemente un automovilista, al circular a alta velocidad, no logró frenar para evitar una pérdida valiosa de la fauna misionera.
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Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Un puma yagouaroundi, fue encontrado atropellado, a unos mil quinientos metros de la zona urbana de la localidad de San Pedro, sobre la ruta nacional 14, a la altura de la entrada a la reserva privada Santa Rita. También es conocido como gato moro.
Es muy poco común ver este tipo de especies cerca a la zona urbana. Se cree que tiene que ver con el Corredor Verde que conforman las reservas cercanas y aparentemente un automovilista, al circular a alta velocidad, no logró frenar para evitar una pérdida valiosa de la fauna misionera.
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Intentarán prohibir fumigaciones aéreas en Mendoza
Quieren prohibir la fumigación aérea con agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Mendoza: fuerte presión lobista para reformar la 7722
Ley 7722: revive un debate clave en el momento menos pensado
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Desmontes: señalan que se debería recomponer
“El bosque desmontado se debe recomponer”
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Así lo afirmó Martín Ferroni, de la ONG ambiental Kaapuera. El abogado sostuvo que la ley obliga a resarcir el daño ambiental. No alcanza con una compensación económica.
“Una de las cosas esenciales del Derecho Ambiental es la recomposición de los daños sufridos por el ambiente”. De esta manera, Martín Ferroni, abogado especializado en la temática y presidente de la Asociación Civil Kaapuera, ilustra el alcance de las normativas constituidas para asegurar la conservación de los bienes naturales.
“Esto quiere decir que si hubo un desmonte ese ambiente de flora y fauna, suelo, agua, aire, debe ser recuperado. La ley obliga a recomponer el bosque desmontado”, ilustró Ferroni.
“Lo mismo ocurre –continuó- si hablamos de un ambiente urbano o un servicio imprescindible como el agua”.
El daño ambiental está establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional y debe ser asumido por la autoridad competente, en el caso de Misiones, por el Ministerio de Ecología.
“Esta obligación de recomposición ante un daño ambiental significa que el sujeto obligado deberá generar las condiciones necesarias para que esos componentes puedan volver a tener esas relaciones complejas (inter – retro – relaciones) que fueron afectadas. Y esta obligación no puede ser sustituida por una compensación económica por el daño causado”, profundizó.
El derecho a un ambiente sano y equilibrado “es tanto un derecho como un deber”, señaló Ferroni, y “ejercerlo debiera ser una acción prioritaria para todos los ciudadanos, por cuanto hablamos de exigir que se cuiden los bienes que hacen que tengamos una buena calidad de vida, en todos los sentidos”, agregó.
Sobre los desmontes constatados por el Ministerio de Ecología, Martín Ferroni indicó que generalmente “la Institución hace referencia a la posible aplicación de una multa a los responsables, reconociendo que hubo una violación a una norma ambiental”.
“Entonces el hecho no es objeto de prueba en cuanto a la subjetividad o a la culpa, sino que el mero incumplimiento de una obligación ambiental, hace que la consecuencia sea considerada daño y por lo tanto se impone una recomposición del daño”.
Si ello no ocurre, señaló el abogado, “estaremos ante incumplimiento de los mandatos, una responsabilidad que recae en el máximo responsable del organismo público”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Así lo afirmó Martín Ferroni, de la ONG ambiental Kaapuera. El abogado sostuvo que la ley obliga a resarcir el daño ambiental. No alcanza con una compensación económica.
“Una de las cosas esenciales del Derecho Ambiental es la recomposición de los daños sufridos por el ambiente”. De esta manera, Martín Ferroni, abogado especializado en la temática y presidente de la Asociación Civil Kaapuera, ilustra el alcance de las normativas constituidas para asegurar la conservación de los bienes naturales.
“Esto quiere decir que si hubo un desmonte ese ambiente de flora y fauna, suelo, agua, aire, debe ser recuperado. La ley obliga a recomponer el bosque desmontado”, ilustró Ferroni.
“Lo mismo ocurre –continuó- si hablamos de un ambiente urbano o un servicio imprescindible como el agua”.
El daño ambiental está establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional y debe ser asumido por la autoridad competente, en el caso de Misiones, por el Ministerio de Ecología.
“Esta obligación de recomposición ante un daño ambiental significa que el sujeto obligado deberá generar las condiciones necesarias para que esos componentes puedan volver a tener esas relaciones complejas (inter – retro – relaciones) que fueron afectadas. Y esta obligación no puede ser sustituida por una compensación económica por el daño causado”, profundizó.
El derecho a un ambiente sano y equilibrado “es tanto un derecho como un deber”, señaló Ferroni, y “ejercerlo debiera ser una acción prioritaria para todos los ciudadanos, por cuanto hablamos de exigir que se cuiden los bienes que hacen que tengamos una buena calidad de vida, en todos los sentidos”, agregó.
Sobre los desmontes constatados por el Ministerio de Ecología, Martín Ferroni indicó que generalmente “la Institución hace referencia a la posible aplicación de una multa a los responsables, reconociendo que hubo una violación a una norma ambiental”.
“Entonces el hecho no es objeto de prueba en cuanto a la subjetividad o a la culpa, sino que el mero incumplimiento de una obligación ambiental, hace que la consecuencia sea considerada daño y por lo tanto se impone una recomposición del daño”.
Si ello no ocurre, señaló el abogado, “estaremos ante incumplimiento de los mandatos, una responsabilidad que recae en el máximo responsable del organismo público”, finalizó.
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Presentan el “Sello de Vivienda Sustentable”
Presentaron un “sello de sustentabilidad” para clasificar las viviendas
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Busca promover buenas prácticas en materia de construcción sustentable y ubicar al beneficiario en el centro de la política habitacional, con el objetivo de asegurarle una casa de calidad, durable y que genere ahorro económico en el hogar
En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, la Secretaría de Vivienda de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, presentó el “Sello de Vivienda Sustentable” que busca promover buenas prácticas en materia de construcción sustentable y ubicar al beneficiario en el centro de la política habitacional, con el objetivo de asegurarle una vivienda de calidad, durable y que genere ahorro económico en el hogar; contribuyendo a su vez al cuidado del medio ambiente y a mitigar el cambio climático.
En esta oportunidad, técnicos de todo el país pertenecientes a los institutos provinciales de Vivienda, municipios y áreas de Gobierno se capacitaron sobre el uso de la herramienta y los contenidos necesarios para rendir el examen y formar parte del Registro de Técnico Diagnosticador Sustentable, que los habilitará para gestionar la presentación de la documentación necesaria y obtener luego el sello.
Sello sustentable
El sello de vivienda sustentable se implementa en el marco de las acciones previstas en la “Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable”, aprobada por resolución conjunta N° 2/2019, de la Secretaria de Vivienda y la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de integrar el pilar de la sostenibilidad ambiental y climática en el desarrollo de la política nacional de vivienda.
El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, estuvo presente en el evento y subrayó:
“A través del trabajo conjunto logramos crear el Sello de Vivienda Sustentable que nos va a permitir contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación para la clasificación de viviendas de uso residencial, siendo un gran salto en materia cualitativa de optimización de recursos naturales, y permitiendo que las viviendas incorporen componentes de sustentabilidad que impacten positivamente en el ahorro económico de las familias beneficiarias”.
La aplicación del sello permitirá instalar la sustentabilidad a escala federal, siendo parte de este cambio todos los actores de la cadena de valor de la vivienda, del sector público y del privado, hasta quienes habiten o trabajen en las nuevas edificaciones sustentables.
Además, este instrumento de triple impacto ambiental, social y económico, hará que Argentina pueda medir y demostrar el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas para combatir el cambio climático en los acuerdos internacionales suscriptos.
Por su parte, la directora de Acceso al Suelo de la Secretaria de Vivienda, Lucila Rainuzzo, destacó la importancia de seguir trabajando en conjunto entre la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Energía y demás áreas para lograr la transformación en la construcción por medio de la transversalidad y la participación, resaltando que “la implementación del sello busca transformar la construcción en el país para promover la construcción sustentable, y a su vez vincularlo a futuros beneficios para quienes construyan o accedan a una vivienda certificada”.
Quiénes pueden obtener el sello
Pueden postularse a la obtención del sello todos los inmuebles destinados a vivienda que se encuentren ubicados en Argentina y su adhesión está orientada tanto a la vivienda unifamiliar como a edificios de vivienda multifamiliar o de propiedad horizontal, ejecutadas con fondos públicos y/o privados, ya sean en etapa de proyecto, vivienda nueva o vivienda existente.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Busca promover buenas prácticas en materia de construcción sustentable y ubicar al beneficiario en el centro de la política habitacional, con el objetivo de asegurarle una casa de calidad, durable y que genere ahorro económico en el hogar
En el marco de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, la Secretaría de Vivienda de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, presentó el “Sello de Vivienda Sustentable” que busca promover buenas prácticas en materia de construcción sustentable y ubicar al beneficiario en el centro de la política habitacional, con el objetivo de asegurarle una vivienda de calidad, durable y que genere ahorro económico en el hogar; contribuyendo a su vez al cuidado del medio ambiente y a mitigar el cambio climático.
En esta oportunidad, técnicos de todo el país pertenecientes a los institutos provinciales de Vivienda, municipios y áreas de Gobierno se capacitaron sobre el uso de la herramienta y los contenidos necesarios para rendir el examen y formar parte del Registro de Técnico Diagnosticador Sustentable, que los habilitará para gestionar la presentación de la documentación necesaria y obtener luego el sello.
Sello sustentable
El sello de vivienda sustentable se implementa en el marco de las acciones previstas en la “Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable”, aprobada por resolución conjunta N° 2/2019, de la Secretaria de Vivienda y la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de integrar el pilar de la sostenibilidad ambiental y climática en el desarrollo de la política nacional de vivienda.
El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, estuvo presente en el evento y subrayó:
“A través del trabajo conjunto logramos crear el Sello de Vivienda Sustentable que nos va a permitir contar con una metodología de evaluación, diagnóstico y certificación para la clasificación de viviendas de uso residencial, siendo un gran salto en materia cualitativa de optimización de recursos naturales, y permitiendo que las viviendas incorporen componentes de sustentabilidad que impacten positivamente en el ahorro económico de las familias beneficiarias”.
La aplicación del sello permitirá instalar la sustentabilidad a escala federal, siendo parte de este cambio todos los actores de la cadena de valor de la vivienda, del sector público y del privado, hasta quienes habiten o trabajen en las nuevas edificaciones sustentables.
Además, este instrumento de triple impacto ambiental, social y económico, hará que Argentina pueda medir y demostrar el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas para combatir el cambio climático en los acuerdos internacionales suscriptos.
Por su parte, la directora de Acceso al Suelo de la Secretaria de Vivienda, Lucila Rainuzzo, destacó la importancia de seguir trabajando en conjunto entre la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Energía y demás áreas para lograr la transformación en la construcción por medio de la transversalidad y la participación, resaltando que “la implementación del sello busca transformar la construcción en el país para promover la construcción sustentable, y a su vez vincularlo a futuros beneficios para quienes construyan o accedan a una vivienda certificada”.
Quiénes pueden obtener el sello
Pueden postularse a la obtención del sello todos los inmuebles destinados a vivienda que se encuentren ubicados en Argentina y su adhesión está orientada tanto a la vivienda unifamiliar como a edificios de vivienda multifamiliar o de propiedad horizontal, ejecutadas con fondos públicos y/o privados, ya sean en etapa de proyecto, vivienda nueva o vivienda existente.
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