Chaco: Dirección de Bosques defiende su accionar
Desmonte ilegal en Castelli: Bosques actúa ante infracción al régimen forestal
Fecha de Publicación: 22/09/2014
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques del Chaco solicitó aclarar una grave denuncia por desmonte en zona prohibida de Castelli. El organismo provincial asegura que las denuncias no se efectuaron en ninguna de las dependencias forestales de la provincia ni en su sitio electrónico, en tanto que por medio del Departamento de Fiscalización y el Centro Geo-Información el sistema de control forestal funciona perfectamente, lo que permitió la detección de este desmonte y otros, los cuales ya se encuentran con actuaciones por infracción al régimen forestal.
Ante las denuncias realizadas por la diputada provincial Marilyn Canata en NORTE, en fecha 18 de septiembre, la Dirección de Bosques aclara lo siguiente:
Con respecto a la denuncia sobre desmontes ilegales en zona amarilla en cercanías a la localidad de J.J. Castelli se advierte que el “Centro Geo-Información”, dependiente de la Subsecretaria de Recursos Naturales, con sede en la localidad de Sáenz Peña brinda el servicio técnico necesario a la Dirección de Bosques para el seguimiento de los permisos y el control de las distintas actividades que afectan a los bosques nativos.
Este organismo recopila y almacena la información suministrada por los particulares en los planes técnicos de los permisos identificando las dimensiones de los inmuebles, sus titulares, el tipo de plan, superficie de trabajo. En base a ello, y con el análisis de imágenes satelitales actualizadas y la cartografía correspondiente a la información del ordenamiento territorial, de los inventarios forestales, de catastro provincial, entre otros, se detecta diariamente las diferentes actividades que modifican el bosque, ya sea que tengan autorización o no.
Dentro de las actividades que realiza cotidianamente el GEO son: el registro de la información de los planes, el seguimiento de la evolución de los permisos autorizados, la teledetección si la actividad realizada se condice con las tareas aprobadas, y por último, el estudio mediante imágenes satelitales de todo el territorio provincial con el objeto de verificar cualquier actividad clandestina que se provoque.
Detectadas las irregularidades, se obtiene de los registros a los responsables, sus domicilios, y por medio del Departamento de Fiscalización se los intima iniciando el correspondiente trámite administrativo de infracción, tal como lo indica la reglamentación vigente.
Asimismo, en cada caso, un inspector y un técnico de la materia del organismo realiza la inspección a los predios para constatar lo detectado satelitalmente para aportar más pruebas en cada caso y contar con más elementos a la hora de dictar una sanción.
Dos detecciones
El texto acercado a este diario, asegura también que para el caso de la denuncia de la diputada, el Centro-Geo hizo dos detecciones, una en fecha 8 de agosto de este año de 29 hectáreas de desmonte sin permiso en zona II (Amarillo) de grado de conservación medio de los bosques nativos del ordenamiento territorial, y otra en fecha 16 de septiembre de 27 hectáreas en el mismo predio. De esta forma, el GEO detectó el cambio de cobertura boscosa realizando los informes correspondientes y elevando oportunamente al departamento específico para el trámite de infracción.
Realizada la primera detección el Departamento de Fiscalización realizo inspección al predio y por acta de constatación de cambio de cobertura boscosa (desmonte) se generó las actuaciones por Infracción al Registro Forestal.
Otro caso denunciado
Atento al otro de los casos denunciados por la diputada, en referencia al “rechazo” de la Dirección de Bosques de permiso de invasoras, el mismo fue supervisado en terreno por los inspectores y profesionales de la Dirección dando como resultado que el mismo se trataba de superficies de bosques nativos y no de especies invasoras, por lo que se procedió a su desaprobación.
Con respecto a la otra denuncia, el caso de “Gancedo” es diferente. De acuerdo a la información consignada en el inventario forestal de la provincia ese inmueble en aquellas zonas del predio donde no se identificaron especies forestales que se pueda considerarse bosque se procedió a autorizar el plan requerido, en cambio, en otras zonas donde se encontraba bosque se ordeno su mantenimiento y conservación.
La Subsecretaria de Recursos Naturales -por intermedio de la Dirección de Bosques- en su carácter de autoridad provincial de aplicación de las leyes que regulan y protegen los bosques nativos llevo adelante diferentes acciones que se condice con el deber ordenado por las normas, dando intervenciones y protagonismo a las distintas oficinas forestales del interior, capacitando a su personal, incorporando personal, asistiendo al pequeño productor , interactuando los con los distintos actores relacionados al bosque nativo; acciones todas que no se podrían realizar si existiera una institución si medios como se pretende informar; con igual o mayor cantidad de personal en todos sus Departamentos y en un proceso continuo de mejorar de procedimientos que permitan el cuidado y mejora efectiva de las 5 millones de hectáreas de bosques nativos que existen en la provincia, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 22/09/2014
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques del Chaco solicitó aclarar una grave denuncia por desmonte en zona prohibida de Castelli. El organismo provincial asegura que las denuncias no se efectuaron en ninguna de las dependencias forestales de la provincia ni en su sitio electrónico, en tanto que por medio del Departamento de Fiscalización y el Centro Geo-Información el sistema de control forestal funciona perfectamente, lo que permitió la detección de este desmonte y otros, los cuales ya se encuentran con actuaciones por infracción al régimen forestal.
Ante las denuncias realizadas por la diputada provincial Marilyn Canata en NORTE, en fecha 18 de septiembre, la Dirección de Bosques aclara lo siguiente:
Con respecto a la denuncia sobre desmontes ilegales en zona amarilla en cercanías a la localidad de J.J. Castelli se advierte que el “Centro Geo-Información”, dependiente de la Subsecretaria de Recursos Naturales, con sede en la localidad de Sáenz Peña brinda el servicio técnico necesario a la Dirección de Bosques para el seguimiento de los permisos y el control de las distintas actividades que afectan a los bosques nativos.
Este organismo recopila y almacena la información suministrada por los particulares en los planes técnicos de los permisos identificando las dimensiones de los inmuebles, sus titulares, el tipo de plan, superficie de trabajo. En base a ello, y con el análisis de imágenes satelitales actualizadas y la cartografía correspondiente a la información del ordenamiento territorial, de los inventarios forestales, de catastro provincial, entre otros, se detecta diariamente las diferentes actividades que modifican el bosque, ya sea que tengan autorización o no.
Dentro de las actividades que realiza cotidianamente el GEO son: el registro de la información de los planes, el seguimiento de la evolución de los permisos autorizados, la teledetección si la actividad realizada se condice con las tareas aprobadas, y por último, el estudio mediante imágenes satelitales de todo el territorio provincial con el objeto de verificar cualquier actividad clandestina que se provoque.
Detectadas las irregularidades, se obtiene de los registros a los responsables, sus domicilios, y por medio del Departamento de Fiscalización se los intima iniciando el correspondiente trámite administrativo de infracción, tal como lo indica la reglamentación vigente.
Asimismo, en cada caso, un inspector y un técnico de la materia del organismo realiza la inspección a los predios para constatar lo detectado satelitalmente para aportar más pruebas en cada caso y contar con más elementos a la hora de dictar una sanción.
Dos detecciones
El texto acercado a este diario, asegura también que para el caso de la denuncia de la diputada, el Centro-Geo hizo dos detecciones, una en fecha 8 de agosto de este año de 29 hectáreas de desmonte sin permiso en zona II (Amarillo) de grado de conservación medio de los bosques nativos del ordenamiento territorial, y otra en fecha 16 de septiembre de 27 hectáreas en el mismo predio. De esta forma, el GEO detectó el cambio de cobertura boscosa realizando los informes correspondientes y elevando oportunamente al departamento específico para el trámite de infracción.
Realizada la primera detección el Departamento de Fiscalización realizo inspección al predio y por acta de constatación de cambio de cobertura boscosa (desmonte) se generó las actuaciones por Infracción al Registro Forestal.
Otro caso denunciado
Atento al otro de los casos denunciados por la diputada, en referencia al “rechazo” de la Dirección de Bosques de permiso de invasoras, el mismo fue supervisado en terreno por los inspectores y profesionales de la Dirección dando como resultado que el mismo se trataba de superficies de bosques nativos y no de especies invasoras, por lo que se procedió a su desaprobación.
Con respecto a la otra denuncia, el caso de “Gancedo” es diferente. De acuerdo a la información consignada en el inventario forestal de la provincia ese inmueble en aquellas zonas del predio donde no se identificaron especies forestales que se pueda considerarse bosque se procedió a autorizar el plan requerido, en cambio, en otras zonas donde se encontraba bosque se ordeno su mantenimiento y conservación.
La Subsecretaria de Recursos Naturales -por intermedio de la Dirección de Bosques- en su carácter de autoridad provincial de aplicación de las leyes que regulan y protegen los bosques nativos llevo adelante diferentes acciones que se condice con el deber ordenado por las normas, dando intervenciones y protagonismo a las distintas oficinas forestales del interior, capacitando a su personal, incorporando personal, asistiendo al pequeño productor , interactuando los con los distintos actores relacionados al bosque nativo; acciones todas que no se podrían realizar si existiera una institución si medios como se pretende informar; con igual o mayor cantidad de personal en todos sus Departamentos y en un proceso continuo de mejorar de procedimientos que permitan el cuidado y mejora efectiva de las 5 millones de hectáreas de bosques nativos que existen en la provincia, concluye el comunicado.
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Organizaciones piden apoyo para la Ley de Humedales
Ley de Humedales: ONGs piden apoyo a Diputados Nacionales
Fecha de Publicación: 21/09/2014
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones que trabajan el tema de los humedales desde hace años pidieron esta semana a los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados que el proyecto de Ley de Humedales “sea tratado y tenga posibilidades de ser finalmente aprobado como Ley durante este año legislativo, para hacer posible el diseño y puesta en práctica de políticas para la protección de los sistemas de humedales a nivel nacional”. En noviembre pasado el proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para los humedales de la Argentina, recibió media sanción en Senadores por unanimidad. Posteriormente fue derivado a la Cámara de Diputados, específicamente a la Comisión de Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, donde el 9 del corriente tuvo un dictamen unánime, debiendo tratarse ahora en la Comisión de Recursos Naturales.
“Consideramos que la ley es muy importante ya que viene a llenar un vacío actual de políticas ambientales efectivas tendientes a conservar estos ecosistemas vitales e irremplazables para la población, la producción y la salud. Los humedales tienen un valor estratégico trascendental como grandes reservas de agua dulce. Sin embargo, se encuentran en vías de desaparición y degradación progresiva principalmente debido a impactos de actividades humanas que se desarrollan en ellos y que ponen en evidencia su alto grado de vulnerabilidad” –señalan las ONGs nucleadas en la iniciativa Alianza de Ecosistemas – Argentina.
“Resultaría sumamente auspicioso y necesario que el proyecto de ley en consideración se apruebe tal como fue sancionado en el Senado para contribuir a la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos naturales de nuestro país, fundamentales para alcanzar y mantener la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras” –destacan. El proyecto aprobado es fruto de un acuerdo entre bloques de distintos partidos políticos que, sobre la base de la definición de humedales de la Convención de Ramsar –aprobada por la Ley Nacional N° 23.919–, procura articular el uso racional de los humedales con las necesidades de desarrollo económico y social inclusivos.
La Alianza Ecosistemas – Argentina, está integrada por las conocidas ONGs Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Humedales, Fundación M’Biguá, Fundación Proteger, Fundación ProYungas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Taller Ecologista, y cuenta con el apoyo de Both Ends, el Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y Wetlands International que respaldan a nivel internacional el Programa Alianza Ecosistemas (Ecosystem Alliance, en inglés).
La Argentina cuenta con más de 600.000 km² de humedales, el 21,5% del territorio nacional, un área que aumenta al 23% si se consideran salinas y cuerpos de agua –un privilegio a nivel mundial, si consideramos que hay más de 50 países que sufren hoy de “estrés hídrico”. Los humedales son ecosistemas irremplazables por sus funciones como recarga de acuíferos, criaderos naturales de peces y reservorios de diversidad biológica y cultural, entre otras. Son además aliados indispensables en la mitigación de impactos del cambio climático sobre los asentamientos humanos y las cuencas hídricas, especialmente ante eventos extremos de sequías e inundaciones.
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Fecha de Publicación: 21/09/2014
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones que trabajan el tema de los humedales desde hace años pidieron esta semana a los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados que el proyecto de Ley de Humedales “sea tratado y tenga posibilidades de ser finalmente aprobado como Ley durante este año legislativo, para hacer posible el diseño y puesta en práctica de políticas para la protección de los sistemas de humedales a nivel nacional”. En noviembre pasado el proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para los humedales de la Argentina, recibió media sanción en Senadores por unanimidad. Posteriormente fue derivado a la Cámara de Diputados, específicamente a la Comisión de Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, donde el 9 del corriente tuvo un dictamen unánime, debiendo tratarse ahora en la Comisión de Recursos Naturales.
“Consideramos que la ley es muy importante ya que viene a llenar un vacío actual de políticas ambientales efectivas tendientes a conservar estos ecosistemas vitales e irremplazables para la población, la producción y la salud. Los humedales tienen un valor estratégico trascendental como grandes reservas de agua dulce. Sin embargo, se encuentran en vías de desaparición y degradación progresiva principalmente debido a impactos de actividades humanas que se desarrollan en ellos y que ponen en evidencia su alto grado de vulnerabilidad” –señalan las ONGs nucleadas en la iniciativa Alianza de Ecosistemas – Argentina.
“Resultaría sumamente auspicioso y necesario que el proyecto de ley en consideración se apruebe tal como fue sancionado en el Senado para contribuir a la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos naturales de nuestro país, fundamentales para alcanzar y mantener la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras” –destacan. El proyecto aprobado es fruto de un acuerdo entre bloques de distintos partidos políticos que, sobre la base de la definición de humedales de la Convención de Ramsar –aprobada por la Ley Nacional N° 23.919–, procura articular el uso racional de los humedales con las necesidades de desarrollo económico y social inclusivos.
La Alianza Ecosistemas – Argentina, está integrada por las conocidas ONGs Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Humedales, Fundación M’Biguá, Fundación Proteger, Fundación ProYungas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Taller Ecologista, y cuenta con el apoyo de Both Ends, el Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y Wetlands International que respaldan a nivel internacional el Programa Alianza Ecosistemas (Ecosystem Alliance, en inglés).
La Argentina cuenta con más de 600.000 km² de humedales, el 21,5% del territorio nacional, un área que aumenta al 23% si se consideran salinas y cuerpos de agua –un privilegio a nivel mundial, si consideramos que hay más de 50 países que sufren hoy de “estrés hídrico”. Los humedales son ecosistemas irremplazables por sus funciones como recarga de acuíferos, criaderos naturales de peces y reservorios de diversidad biológica y cultural, entre otras. Son además aliados indispensables en la mitigación de impactos del cambio climático sobre los asentamientos humanos y las cuencas hídricas, especialmente ante eventos extremos de sequías e inundaciones.
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ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Nacional,
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Río Negro trabaja en multiplicar especies nativas
Avanza el proyecto para multiplicar especies nativas rionegrinas
Fecha de Publicación: 21/09/2014
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Haroldo Lebed, informó que se puso en marcha la tercera etapa del proyecto Multiplicación de Especies Nativas del monte xerofítico rionegrino. Para ello, se trabaja en la instalación de un laboratorio básico de biotecnología vegetal y métodos convencionales, en el Vivero Forestal Viedma.
El objetivo de la iniciativa apunta a la propagación de especies de los ambientes del monte, a partir de tejidos vegetales, con la intención de repoblar zonas afectadas por desmontes, desertificación e incendios de monte y recuperación de áreas degradadas por actividades extractivas.
Esta técnica alternativa, comprendida dentro de los métodos denominados “In Vitro”, permite desarrollar plantas en ambientes estériles, a partir de pequeños fragmentos de las especies elegidas.
Lebed impuso al Gobernador Alberto Weretilneck sobre el avance del proyecto que se enmarca en las líneas de fortalecimiento que viene desarrollando el Ministerio en cada uno de sus viveros y que tienen la finalidad de poner a disposición de la comunidad un mayor espectro de productos y recursos destinados al desarrollo productivo y cuidado del ambiente.
“La iniciativa fue presentada en el marco de los Proyectos Federales de Innovación Productiva, dependientes del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y está compuesto por cuatro etapas, con un financiamiento total de $ 228.390 y una contraparte provincial de $ 573.050?, especificó el ministro.
Por su parte, Juan Carlos Baffoni, técnico de la subsecretaría de Desarrollo Forestal, explicó que “con el método de multiplicación propuesto en el proyecto se logra obtener una gran cantidad de individuos, libres de enfermedades, y con características de desarrollo y crecimiento repetibles a las plantas madre, a partir de un espacio reducido e independientemente de las condiciones climáticas y geográficas en las que se monte el laboratorio”.
“Los medios de cultivo en los que se desarrollan las réplicas están basados en medios semi sólidos con nutrientes y hormonas, bajo condiciones controladas de luz, temperatura y humedad, que permiten encontrar la combinación justa de todas estas variantes de plantas y lograr la “receta” adecuada para cada especie”, abundó el profesional.
A los efectos de su implementación y aportes técnicos, el MAGyP y la Universidad Nacional de Río Negro firmaron un convenio de cooperación mediante el cual la Casa de altos estudios puso a disposición una profesional y el equipamiento de sus laboratorios, y la provincia se encarga de la coordinación del proyecto.
Etapas de la iniciativa
Con la ejecución de las dos primeras etapas, de las cuatro que prevé el proyecto, se cumplió con la adquisición del equipamiento básico e instrumental y se dieron los primeros pasos en el desarrollo de las técnicas reproductivas de las especies citadas.
La tercera etapa, que se acaba de poner en marcha, implica avanzar más en las líneas de producción e investigación de las técnicas, que difieren en sus componentes químicos y físicos para cada especie.
Instalación del laboratorio
Para llevar adelante el proyecto en su totalidad está prevista la instalación de un laboratorio básico de biotecnología vegetal en el Vivero Forestal Viedma, dependiente de la subsecretaría de Desarrollo Forestal. Esto implica destinar un inmueble a su fin, su adecuación en infraestructura y la construcción de un nuevo invernáculo automatizado que permita incorporar las metodologías y técnicas actuales, con equipamiento e instalación acordes.
Esta actividad productiva se centra inicialmente en la propagación de especies leñosas nativas de ambientes áridos como las Geoffroea decorticans, (Chañar); Condalia microphilia, (Piquillín); Larreas, (Jarillas) y Prosopis sp, (Alpataco), entre otras.
El objetivo final es repoblar zonas afectadas por desmontes, desertificación e incendios de monte y recuperación de áreas degradadas por actividades extractivas y también aprovechar sus propiedades consideradas no maderables, como las medicinales, perfumería y tinturas.
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Fecha de Publicación: 21/09/2014
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Haroldo Lebed, informó que se puso en marcha la tercera etapa del proyecto Multiplicación de Especies Nativas del monte xerofítico rionegrino. Para ello, se trabaja en la instalación de un laboratorio básico de biotecnología vegetal y métodos convencionales, en el Vivero Forestal Viedma.
El objetivo de la iniciativa apunta a la propagación de especies de los ambientes del monte, a partir de tejidos vegetales, con la intención de repoblar zonas afectadas por desmontes, desertificación e incendios de monte y recuperación de áreas degradadas por actividades extractivas.
Esta técnica alternativa, comprendida dentro de los métodos denominados “In Vitro”, permite desarrollar plantas en ambientes estériles, a partir de pequeños fragmentos de las especies elegidas.
Lebed impuso al Gobernador Alberto Weretilneck sobre el avance del proyecto que se enmarca en las líneas de fortalecimiento que viene desarrollando el Ministerio en cada uno de sus viveros y que tienen la finalidad de poner a disposición de la comunidad un mayor espectro de productos y recursos destinados al desarrollo productivo y cuidado del ambiente.
“La iniciativa fue presentada en el marco de los Proyectos Federales de Innovación Productiva, dependientes del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y está compuesto por cuatro etapas, con un financiamiento total de $ 228.390 y una contraparte provincial de $ 573.050?, especificó el ministro.
Por su parte, Juan Carlos Baffoni, técnico de la subsecretaría de Desarrollo Forestal, explicó que “con el método de multiplicación propuesto en el proyecto se logra obtener una gran cantidad de individuos, libres de enfermedades, y con características de desarrollo y crecimiento repetibles a las plantas madre, a partir de un espacio reducido e independientemente de las condiciones climáticas y geográficas en las que se monte el laboratorio”.
“Los medios de cultivo en los que se desarrollan las réplicas están basados en medios semi sólidos con nutrientes y hormonas, bajo condiciones controladas de luz, temperatura y humedad, que permiten encontrar la combinación justa de todas estas variantes de plantas y lograr la “receta” adecuada para cada especie”, abundó el profesional.
A los efectos de su implementación y aportes técnicos, el MAGyP y la Universidad Nacional de Río Negro firmaron un convenio de cooperación mediante el cual la Casa de altos estudios puso a disposición una profesional y el equipamiento de sus laboratorios, y la provincia se encarga de la coordinación del proyecto.
Etapas de la iniciativa
Con la ejecución de las dos primeras etapas, de las cuatro que prevé el proyecto, se cumplió con la adquisición del equipamiento básico e instrumental y se dieron los primeros pasos en el desarrollo de las técnicas reproductivas de las especies citadas.
La tercera etapa, que se acaba de poner en marcha, implica avanzar más en las líneas de producción e investigación de las técnicas, que difieren en sus componentes químicos y físicos para cada especie.
Instalación del laboratorio
Para llevar adelante el proyecto en su totalidad está prevista la instalación de un laboratorio básico de biotecnología vegetal en el Vivero Forestal Viedma, dependiente de la subsecretaría de Desarrollo Forestal. Esto implica destinar un inmueble a su fin, su adecuación en infraestructura y la construcción de un nuevo invernáculo automatizado que permita incorporar las metodologías y técnicas actuales, con equipamiento e instalación acordes.
Esta actividad productiva se centra inicialmente en la propagación de especies leñosas nativas de ambientes áridos como las Geoffroea decorticans, (Chañar); Condalia microphilia, (Piquillín); Larreas, (Jarillas) y Prosopis sp, (Alpataco), entre otras.
El objetivo final es repoblar zonas afectadas por desmontes, desertificación e incendios de monte y recuperación de áreas degradadas por actividades extractivas y también aprovechar sus propiedades consideradas no maderables, como las medicinales, perfumería y tinturas.
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La oposición de precisiones sobre Atucha III
Quieren que De Vido informe sobre Atucha III
Fecha de Publicación: 20/09/2014
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
La oposición quiere que el ministro concurra a la Comisión de Energía y Combustibles, para dar detalles de la obra y el cronograma de trabajos en la misma.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri solicitó la presencia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Norma Luisa Boero, en la Cámara de Diputados, a fin de brindar informes sobre la construcción de la Central Atucha III.
“Queremos que los funcionarios vengan a la Comisión de Energía y Combustibles a explicarnos cuales son los detalles y el cronograma de la puesta en marcha, los recursos públicos que se encontraran involucrados, y las conclusiones de los estudios de impacto ambiental y factibilidad integral”, expresó el diputado.
“La trascendencia de la obra amerita conocer de parte de los máximos responsables la mayor información posible. La energía, el medio ambiente, y los recursos estatales constituyen cuestiones centrales, que como tales requieren por parte del Estado de controles eficientes”, concluyó Negri.
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Fecha de Publicación: 20/09/2014
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
La oposición quiere que el ministro concurra a la Comisión de Energía y Combustibles, para dar detalles de la obra y el cronograma de trabajos en la misma.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri solicitó la presencia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Norma Luisa Boero, en la Cámara de Diputados, a fin de brindar informes sobre la construcción de la Central Atucha III.
“Queremos que los funcionarios vengan a la Comisión de Energía y Combustibles a explicarnos cuales son los detalles y el cronograma de la puesta en marcha, los recursos públicos que se encontraran involucrados, y las conclusiones de los estudios de impacto ambiental y factibilidad integral”, expresó el diputado.
“La trascendencia de la obra amerita conocer de parte de los máximos responsables la mayor información posible. La energía, el medio ambiente, y los recursos estatales constituyen cuestiones centrales, que como tales requieren por parte del Estado de controles eficientes”, concluyó Negri.
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El embajador de Chile habló sobrePascua-Lama
“En el tema Pascua-Lama, esperamos que la empresa resuelva las observaciones”
Fecha de Publicación: 20/09/2014
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
En su primera visita como diplomático, llegó para participar anoche en un cóctel de honor con motivo de celebrarse la independencia chilena.
El embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz Díaz, dijo que en el tema del proyecto minero binacional Pascua-Lama, la empresa Barrick está trabajando para solucionar las observaciones ambientales que le formuló la Justicia del vecino país. Pero aclaró que todo está en manos de la compañía. El diplomático, que llegó para participar en un cóctel en honor de su país en el marco del Festival Internacional de Cine Unasur, con motivo de celebrarse ayer un nuevo aniversario de la independencia chilena, destacó que la obra del túnel internacional atraerá inversiones mineras. También dijo que el gobernador José Luis Gioja es muy “querido” por la presidenta Michelle Bachelet.
-¿Qué significó para la obra del túnel el anuncio de ambas presidentas?
-Sirvió para dar certidumbre a la construcción del túnel de Agua Negra, que se convierte en algo sujeto a realización, pero con plazos. Hoy estamos trabajando en los procedimientos administrativos que van a permitir el llamado a licitación dentro del plazo que fijaron ambas presidentas, es decir durante este año.
-¿Qué papel ha tenido el gobernador Gioja en el proyecto?
-Nosotros decimos y también lo dicen en Buenos Aires que el gobernador Gioja a esta altura ya es chileno y nosotros lo reconocemos como un doble militante en la causa chilena y argentina y un gran amigo de Chile y muy querido por nuestra Presidenta.
-¿Su origen coquimbano lo compromete más con la obra?
-Me compromete emocionalmente, pero no quiero que el resto de los ciudadanos de las regiones de Chile piensen que hay un grado de discriminación. Pero, para mí, por provenir de esa región, sin duda que una obra de esta naturaleza es motivo de orgullo y por eso me compromete mucho más. Yo milito en la causa del túnel, tengo un compromiso con la integración bilateral, pero no puedo ocultar mi especial satisfacción personal de que este proyecto tenga un avanzado grado de desarrollo.
-¿Cómo podría impactar el contexto internacional en la obra?
-Es siempre un desafío. Chile, más que Argentina, es una pequeña economía y en un mundo de grandes tiburones los vaivenes de la economía internacional nos afectan. Es el caso de Argentina, que tiene más desarrollo industrial y es una Nación inmensamente más rica que Chile, tiene otro andamiaje. Pero yo creo que vamos a salir adelante de esta crisis mundial porque éste es un proyecto de largo plazo y no me parece que se vaya a ver afectado por las contingencias. Lo que debemos hacer es incorporar esa variable en el análisis de las decisiones que tenemos que tomar.
-¿La obra podría traer también inversiones mineras?
-Sin duda que sí porque Chile y Argentina son países mineros y en consecuencia eso siempre está abierto a la iniciativa de los privados. Además, para un país como Chile, que tiene experiencia tanto en servicios portuarios como en minería, es una enorme oportunidad para ponerse a disposición de la actividad internacional.
-¿Cómo está el proyecto minero Pascua-Lama?
-La empresa (Barrick) en Chile está iniciando los procedimientos para corregir las cuestiones que le fueron observadas en su momento por los organismos ambientales y particularmente el Tribunal Ambiental. Y nosotros esperamos que la empresa resuelva las observaciones. Así lo hemos conversado con los ejecutivos tanto en Argentina como en Chile.
-¿Son optimistas sobre la posibilidad de que los problemas sean solucionados?
-Yo no diría optimistas porque, como lo recordaron las presidentas en el encuentro del 12 de mayo pasado, esto se encuentra en sede judicial y en consecuencia no somos nosotros los llamados a evaluar si están avanzando o no. Lo importante es que la empresa se movilice, dé cumplimiento a la normativa ambiental que corresponde y se hagan las cosas conforme a la legislación. Yo siempre recalco que lo que nos interesa es que estos proyectos que han sido aprobados cumplan con la normativa para que puedan desarrollarse y no que sigan frenados, pero hoy, la jugada está en manos de la empresa.
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Fecha de Publicación: 20/09/2014
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
En su primera visita como diplomático, llegó para participar anoche en un cóctel de honor con motivo de celebrarse la independencia chilena.
El embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz Díaz, dijo que en el tema del proyecto minero binacional Pascua-Lama, la empresa Barrick está trabajando para solucionar las observaciones ambientales que le formuló la Justicia del vecino país. Pero aclaró que todo está en manos de la compañía. El diplomático, que llegó para participar en un cóctel en honor de su país en el marco del Festival Internacional de Cine Unasur, con motivo de celebrarse ayer un nuevo aniversario de la independencia chilena, destacó que la obra del túnel internacional atraerá inversiones mineras. También dijo que el gobernador José Luis Gioja es muy “querido” por la presidenta Michelle Bachelet.
-¿Qué significó para la obra del túnel el anuncio de ambas presidentas?
-Sirvió para dar certidumbre a la construcción del túnel de Agua Negra, que se convierte en algo sujeto a realización, pero con plazos. Hoy estamos trabajando en los procedimientos administrativos que van a permitir el llamado a licitación dentro del plazo que fijaron ambas presidentas, es decir durante este año.
-¿Qué papel ha tenido el gobernador Gioja en el proyecto?
-Nosotros decimos y también lo dicen en Buenos Aires que el gobernador Gioja a esta altura ya es chileno y nosotros lo reconocemos como un doble militante en la causa chilena y argentina y un gran amigo de Chile y muy querido por nuestra Presidenta.
-¿Su origen coquimbano lo compromete más con la obra?
-Me compromete emocionalmente, pero no quiero que el resto de los ciudadanos de las regiones de Chile piensen que hay un grado de discriminación. Pero, para mí, por provenir de esa región, sin duda que una obra de esta naturaleza es motivo de orgullo y por eso me compromete mucho más. Yo milito en la causa del túnel, tengo un compromiso con la integración bilateral, pero no puedo ocultar mi especial satisfacción personal de que este proyecto tenga un avanzado grado de desarrollo.
-¿Cómo podría impactar el contexto internacional en la obra?
-Es siempre un desafío. Chile, más que Argentina, es una pequeña economía y en un mundo de grandes tiburones los vaivenes de la economía internacional nos afectan. Es el caso de Argentina, que tiene más desarrollo industrial y es una Nación inmensamente más rica que Chile, tiene otro andamiaje. Pero yo creo que vamos a salir adelante de esta crisis mundial porque éste es un proyecto de largo plazo y no me parece que se vaya a ver afectado por las contingencias. Lo que debemos hacer es incorporar esa variable en el análisis de las decisiones que tenemos que tomar.
-¿La obra podría traer también inversiones mineras?
-Sin duda que sí porque Chile y Argentina son países mineros y en consecuencia eso siempre está abierto a la iniciativa de los privados. Además, para un país como Chile, que tiene experiencia tanto en servicios portuarios como en minería, es una enorme oportunidad para ponerse a disposición de la actividad internacional.
-¿Cómo está el proyecto minero Pascua-Lama?
-La empresa (Barrick) en Chile está iniciando los procedimientos para corregir las cuestiones que le fueron observadas en su momento por los organismos ambientales y particularmente el Tribunal Ambiental. Y nosotros esperamos que la empresa resuelva las observaciones. Así lo hemos conversado con los ejecutivos tanto en Argentina como en Chile.
-¿Son optimistas sobre la posibilidad de que los problemas sean solucionados?
-Yo no diría optimistas porque, como lo recordaron las presidentas en el encuentro del 12 de mayo pasado, esto se encuentra en sede judicial y en consecuencia no somos nosotros los llamados a evaluar si están avanzando o no. Lo importante es que la empresa se movilice, dé cumplimiento a la normativa ambiental que corresponde y se hagan las cosas conforme a la legislación. Yo siempre recalco que lo que nos interesa es que estos proyectos que han sido aprobados cumplan con la normativa para que puedan desarrollarse y no que sigan frenados, pero hoy, la jugada está en manos de la empresa.
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Greenpeace hace campamento en finca de Salta
Greenpeace montó un campamento para monitorear la zona
Fecha de Publicación: 19/09/2014
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
Los ambientalistas bloquearon el martes pasado las cisternas que alimentan la maquinaria de finca Cuchuy para impedir que arrasen con tierras protegidas. A pesar de que el director ejecutivo de la organización, Martín Prieto, hizo la denuncia, la justicia no intervino. Los dueños del predio anunciaron que retirarían las topadoras, pero en lugar de cumplir, intentaron avanzar con nuevas máquinas.
Activistas de Greenpeace frustraron este miércoles por la mañana el intento de ingresar nuevas topadoras a la Finca Cuchuy, donde desde hace una semana resisten contra el desmonte.
Al mismo tiempo, Greenpeace instaló un campamento con 4 trailers en el kilómetro 1397 de la Ruta Nacional 34, a pocos minutos de Tartagal. Desde allí, los activistas impiden el ingreso del combustible para las topadoras y continúan monitoreando el movimiento en las fincas de la zona, para frenar el avance de los desmontes autorizados ilegalmente por el gobierno de la provincia de Salta.
“Estamos poniendo el cuerpo y haciendo cumplir la ley, un trabajo que debería hacer el gobernador Urtubey”, declaró Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace. “Si no se revisan los desmontes autorizados, se perderán 150 mil hectáreas de bosques; estamos hablando de un impacto ambiental gravísimo”.
En la última semana, Greenpeace fiscalizó y denunció el desmonte ilegal en Cuchuy, La Luz del Chaco y la finca perteneciente a Desdelsur S.A. En esta última ya habían detenido en 2004 a Prieto, cuando fuera detenido durante 3 días por la denuncia de los dueños de la finca.
Greenpeace denuncia que más de 150 mil hectáreas están en peligro por las recategorizaciones autorizadas por el gobierno local, que permiten el desmonte en áreas protegidas.
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Fecha de Publicación: 19/09/2014
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
Los ambientalistas bloquearon el martes pasado las cisternas que alimentan la maquinaria de finca Cuchuy para impedir que arrasen con tierras protegidas. A pesar de que el director ejecutivo de la organización, Martín Prieto, hizo la denuncia, la justicia no intervino. Los dueños del predio anunciaron que retirarían las topadoras, pero en lugar de cumplir, intentaron avanzar con nuevas máquinas.
Activistas de Greenpeace frustraron este miércoles por la mañana el intento de ingresar nuevas topadoras a la Finca Cuchuy, donde desde hace una semana resisten contra el desmonte.
Al mismo tiempo, Greenpeace instaló un campamento con 4 trailers en el kilómetro 1397 de la Ruta Nacional 34, a pocos minutos de Tartagal. Desde allí, los activistas impiden el ingreso del combustible para las topadoras y continúan monitoreando el movimiento en las fincas de la zona, para frenar el avance de los desmontes autorizados ilegalmente por el gobierno de la provincia de Salta.
“Estamos poniendo el cuerpo y haciendo cumplir la ley, un trabajo que debería hacer el gobernador Urtubey”, declaró Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace. “Si no se revisan los desmontes autorizados, se perderán 150 mil hectáreas de bosques; estamos hablando de un impacto ambiental gravísimo”.
En la última semana, Greenpeace fiscalizó y denunció el desmonte ilegal en Cuchuy, La Luz del Chaco y la finca perteneciente a Desdelsur S.A. En esta última ya habían detenido en 2004 a Prieto, cuando fuera detenido durante 3 días por la denuncia de los dueños de la finca.
Greenpeace denuncia que más de 150 mil hectáreas están en peligro por las recategorizaciones autorizadas por el gobierno local, que permiten el desmonte en áreas protegidas.
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agricultura industrial,
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legislación y derecho ambiental,
Salta
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El bloqueo a Monsanto cumplió su primer año
El bloqueo que cumple un año
Fecha de Publicación: 19/09/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace un año, una movilización social impide la instalación de una planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas. Para festejarlo, hoy habrá un festival y diferentes actividades. Reclaman que se haga un plebiscito para definir el futuro del emprendimiento.
En la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas habrá celebración, promete ser masiva y tiene un motivo principal: desde hace un año frenan a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo. En los últimos doce meses hubo marchas, campañas informativas, asambleas, la Justicia detuvo la construcción de la planta; el gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental; tres universidades nacionales cuestionaron a la empresa; policía y patotas ejecutaron medio docena de represiones sobre la población y un nuevo estudio confirma el rechazo de la población a la instalación de Monsanto en Córdoba. Hoy se realizará un festival de música, feria de alimentos sanos y celebrarán el traspié de la mayor empresa transgénica del mundo.
Monsanto controla el 86 por ciento de las semillas transgénicas del mundo y es referente en el modelo de agronegocios. En junio de 2012 anunció la construcción de su mayor planta para Latinoamérica de semillas de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, en un predio de 30 hectáreas. La población se enteró por televisión de que tendría de vecina a una de las empresas más denunciadas del mundo, que instalaría 240 enormes silos en el barrio y procesaría millones de toneladas de maíz al año. Nacía la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.
Los vecinos solicitaron información, pero nunca llegó. Y comenzaron a pedir explicaciones al municipio (intendente Daniel Arzani, UCR), a la provincia (José Manuel de la Sota, PJ) y a la Nación. Tampoco obtuvieron respuesta. Iniciaron las marchas y reclamos con dos puntos principales: un estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decidiera. Todos los funcionarios rechazaron la posibilidad de un plebiscito.
Desde que comenzó la movilización en Malvinas Argentinas, sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra.
La semana pasada se conoció una nueva encuesta, realizada por el Conicet a pedido de la ONG internacional Avaaz. Nueve de cada diez habitantes están a favor de realizar un plebiscito y el 65 por ciento votaría en contra de la instalación de Monsanto.
Gastón Mazzalay, de la Asamblea de Malvinas, afirmó que el balance de la lucha es “positivo porque se logró frenar la construcción y se dejaron en evidencia todas las irregularidades en las autorizaciones para Monsanto”. Mazzalay aclaró que “aún falta” para le erradicación definitiva de la empresa, explicó que recién están comenzando a dimensionar la repercusión de su lucha (suelen visitarlos periodistas y activistas de todo el mundo) y apuntó al poder político: “La única forma de que Monsanto se instale es si el gobernador viola la ley”. Se refiere a la ley provincial 9841, de Uso de suelos, que estipula que plantas como la de la multinacional deben radicarse en zonas industriales (no es el caso del predio de Malvinas Argentinas).
En enero pasado, la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea de Malvinas. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas de la municipalidad y la provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. En febrero, la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían los desechos ni el gran consumo de agua. Sin embargo, la provincia dejó abierta la posibilidad de una segunda presentación.
La discusión sobre Monsanto potenció denuncias y movilizaciones en Córdoba respecto del uso masivo de agroquímicos, los desmontes, las sequías y la especulación inmobiliaria. Se sucedieron marchas con gran convocatoria, como nunca antes por el extractivismo y exigieron la “emergencia ambiental” en la provincia. En Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la UNRC motivaron los cuestionamientos de buena parte de la sociedad. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.
Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba, explicó que son muchos los que han contribuido al freno a Monsanto en Malvinas Argentinas, reivindicó el papel de los “autoconvocados” del acampe, resaltó que “es el pueblo el que está frenando a esta multinacional genocida” y dejó un aviso, extensivo para otros casos: “Multinacionales y gobiernos tienen que entender que las comunidades locales no quieren un modelo que contamina, enferma y mata”.
Tres universidades nacionales rechazaron la planta. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba (UC) cuestionan que se hubiera permitido la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas que insta la ley. Las tres universidades nacionales también explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).
En abril de 2013, la UC, la Universidad Católica y el Conicet realizaron una encuesta sobre 350 personas de Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechazaba la instalación de Monsanto.
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Fecha de Publicación: 19/09/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace un año, una movilización social impide la instalación de una planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas. Para festejarlo, hoy habrá un festival y diferentes actividades. Reclaman que se haga un plebiscito para definir el futuro del emprendimiento.
En la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas habrá celebración, promete ser masiva y tiene un motivo principal: desde hace un año frenan a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo. En los últimos doce meses hubo marchas, campañas informativas, asambleas, la Justicia detuvo la construcción de la planta; el gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental; tres universidades nacionales cuestionaron a la empresa; policía y patotas ejecutaron medio docena de represiones sobre la población y un nuevo estudio confirma el rechazo de la población a la instalación de Monsanto en Córdoba. Hoy se realizará un festival de música, feria de alimentos sanos y celebrarán el traspié de la mayor empresa transgénica del mundo.
Monsanto controla el 86 por ciento de las semillas transgénicas del mundo y es referente en el modelo de agronegocios. En junio de 2012 anunció la construcción de su mayor planta para Latinoamérica de semillas de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, en un predio de 30 hectáreas. La población se enteró por televisión de que tendría de vecina a una de las empresas más denunciadas del mundo, que instalaría 240 enormes silos en el barrio y procesaría millones de toneladas de maíz al año. Nacía la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.
Los vecinos solicitaron información, pero nunca llegó. Y comenzaron a pedir explicaciones al municipio (intendente Daniel Arzani, UCR), a la provincia (José Manuel de la Sota, PJ) y a la Nación. Tampoco obtuvieron respuesta. Iniciaron las marchas y reclamos con dos puntos principales: un estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decidiera. Todos los funcionarios rechazaron la posibilidad de un plebiscito.
Desde que comenzó la movilización en Malvinas Argentinas, sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra.
La semana pasada se conoció una nueva encuesta, realizada por el Conicet a pedido de la ONG internacional Avaaz. Nueve de cada diez habitantes están a favor de realizar un plebiscito y el 65 por ciento votaría en contra de la instalación de Monsanto.
Gastón Mazzalay, de la Asamblea de Malvinas, afirmó que el balance de la lucha es “positivo porque se logró frenar la construcción y se dejaron en evidencia todas las irregularidades en las autorizaciones para Monsanto”. Mazzalay aclaró que “aún falta” para le erradicación definitiva de la empresa, explicó que recién están comenzando a dimensionar la repercusión de su lucha (suelen visitarlos periodistas y activistas de todo el mundo) y apuntó al poder político: “La única forma de que Monsanto se instale es si el gobernador viola la ley”. Se refiere a la ley provincial 9841, de Uso de suelos, que estipula que plantas como la de la multinacional deben radicarse en zonas industriales (no es el caso del predio de Malvinas Argentinas).
En enero pasado, la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea de Malvinas. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas de la municipalidad y la provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. En febrero, la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían los desechos ni el gran consumo de agua. Sin embargo, la provincia dejó abierta la posibilidad de una segunda presentación.
La discusión sobre Monsanto potenció denuncias y movilizaciones en Córdoba respecto del uso masivo de agroquímicos, los desmontes, las sequías y la especulación inmobiliaria. Se sucedieron marchas con gran convocatoria, como nunca antes por el extractivismo y exigieron la “emergencia ambiental” en la provincia. En Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la UNRC motivaron los cuestionamientos de buena parte de la sociedad. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.
Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba, explicó que son muchos los que han contribuido al freno a Monsanto en Malvinas Argentinas, reivindicó el papel de los “autoconvocados” del acampe, resaltó que “es el pueblo el que está frenando a esta multinacional genocida” y dejó un aviso, extensivo para otros casos: “Multinacionales y gobiernos tienen que entender que las comunidades locales no quieren un modelo que contamina, enferma y mata”.
Tres universidades nacionales rechazaron la planta. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba (UC) cuestionan que se hubiera permitido la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas que insta la ley. Las tres universidades nacionales también explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).
En abril de 2013, la UC, la Universidad Católica y el Conicet realizaron una encuesta sobre 350 personas de Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechazaba la instalación de Monsanto.
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Otro desmonte en Chaco, el Estado bajo sospecha
Otro desmonte, ¿otro guiño estatal?
Fecha de Publicación: 19/09/2014
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
A muy pocos km de la ciudad de Castelli, comienza la zona amarilla, y allí dentro de esta zona se puede apreciar un desmonte que se está ejecutando desde hace un mes por lo menos, ya llevan más de 100 has, esto puede observarse en las imágenes secuenciadas una de principios de año, donde no había desmonte y la otra del 20 de agosto de este año.
Sobre esto, la diputada provincial Marilyn Canata, declaró que es llamativo que siendo la delegación de Castelli la mayor de la provincia, de donde provienen el actual Subsecretario de Recursos Naturales y el actual Director de Bosques, que esto no se detecte. Acompañada de información entregada en una carpeta que contiene imágenes se preguntó si esta inactividad se deberá a las profundas modificaciones en la Dirección de Bosques, resaltando que hubo diferentes cambios en el personal, el despido de técnicos en todas las áreas, la actual falta de financiamiento, las camionetas inutilizadas.
Finalmente, establece que más allá de las consecuencias legales, este accionar nos llevará a un "ecocidio" que terminará con nuestras especies nativas, que son el refugio de distintos animales de la fauna silvestre y la biodiversidad y que a al mismo tiempo funcionan como reguladores del clima, de los suelos y de los ríos.
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Fecha de Publicación: 19/09/2014
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
A muy pocos km de la ciudad de Castelli, comienza la zona amarilla, y allí dentro de esta zona se puede apreciar un desmonte que se está ejecutando desde hace un mes por lo menos, ya llevan más de 100 has, esto puede observarse en las imágenes secuenciadas una de principios de año, donde no había desmonte y la otra del 20 de agosto de este año.
Sobre esto, la diputada provincial Marilyn Canata, declaró que es llamativo que siendo la delegación de Castelli la mayor de la provincia, de donde provienen el actual Subsecretario de Recursos Naturales y el actual Director de Bosques, que esto no se detecte. Acompañada de información entregada en una carpeta que contiene imágenes se preguntó si esta inactividad se deberá a las profundas modificaciones en la Dirección de Bosques, resaltando que hubo diferentes cambios en el personal, el despido de técnicos en todas las áreas, la actual falta de financiamiento, las camionetas inutilizadas.
Finalmente, establece que más allá de las consecuencias legales, este accionar nos llevará a un "ecocidio" que terminará con nuestras especies nativas, que son el refugio de distintos animales de la fauna silvestre y la biodiversidad y que a al mismo tiempo funcionan como reguladores del clima, de los suelos y de los ríos.
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Fuerte rechazo a la Ley de Semillas en Argentina
Ley de Semillas en Argentina: "Que el anteproyecto no salga nunca del Ministerio de Agricultura"
Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Más de cien organizaciones de todo el país iniciaron en junio una campaña nacional contra el anteproyecto de Ley de Semillas que desde el 2012 está impulsando el Ministerio de Agricultura de la Nación. Mediante distintas actividades –como festivales, movilizaciones, ferias de semillas y productos orgánicos, entre otras– buscan dar a conocer las consecuencias de una posible modificación de la legislación vigente. También esperan organizar cerca de fin de año una jornada de debate en el Congreso de la Nación.
"Estamos trabajando, en primer lugar, para dar a conocer a la sociedad qué significa una Ley de Semillas, qué significa un derecho de obtentor y qué consecuencias tiene esto no solo sobre productores familiares y campesinos sino sobre cualquier ciudadano o habitante de una ciudad", expresó en relación a la campaña Carlos Vicente, referente de la organización GRAIN, en diálogo con Comunidad al Palo!.
La iniciativa comenzó 'formalmente' el 18 de junio pasado con una charla-debate realizada en el hotel BAUEN de Capital Federal a la que asistieron unas 200 personas, aunque los primeros pasos de esta iniciativa –que hoy moviliza a un centenar de organizaciones sociales, ambientales y políticas– comenzaron en agosto de 2012.
Por esos días, quien fuera el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, anunciaba la aprobación de la nueva semilla Intacta RR2 PRO resistente al glifosato fabricada por Monsanto. En esa oportunidad Yauhar también informó que enviarían al Congreso el "borrador de una Ley de Semillas, como corresponde que tenga la Argentina y que tenga un país serio que pretende ser líder en producción de alimentos".
Aquel borrador nunca fue publicado ni facilitado a las organizaciones que lo solicitaron, que a partir de filtraciones pudieron conocerlo y analizarlo, logrando que finalmente el texto no salga del ámbito del ministerio. Según explicó Vicente, hace unos meses la Secretaria de Desarrollo Rural, Carla Camps Bilbao, presentó a las organizaciones de la agricultura familiar un nuevo anteproyecto que contiene algunas modificaciones respecto al anterior.
El slogan de la campaña que comenzó el 18 de junio pasado
Las modificaciones que Monsanto necesita
Según se observa en el documento de lanzamiento de la campaña, el borrador con el que se pretende cambiar la ley plantea las siguientes modificaciones:
Limita el 'uso propio' de las semillas, al restringir la posibilidad de guardar semillas para futuras cosechas. Solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas. "Si alguien que compró una semilla que tiene derechos de obtentor la quiere volver a guardar, tiene que pagarle regalías a la empresa que tiene ese derecho de obtentor", explicó Vicente.
Expande sobre todas las especies vegetales los derechos de obtentor como forma de propiedad intelectual sobre las semillas, profundizando la ya iniciada privatización de la biodiversidad nativa.
Extiende hasta los veinte (20) años los derechos de obtentor, y hasta veinticinco (25) años para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales.
Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, estableciendo tales incumplimientos como delitos penales.
El borrador impulsado este año incorpora también otros artículos en relación a la agricultura familiar y los pueblos originarios, quienes estarían exceptuados de la limitación del 'uso propio' siempre que figuren inscriptos en un Registro Nacional de Agricultores Familiares. Tales modificaciones fueron calificadas como un "absurdo" por Vicente, al "pretender que una excepción se haga a partir de un registro nacional, cuando en Argentina tenemos campesinos y pueblos originarios viviendo en todos los rincones del país".
Para seguir de cerca las actividades o acceder a los materiales de difusión de la campaña puede visitarse la página en Facebook NO a la nueva Ley "Monsanto" de Semillas en Argentina. Las más de cien organizaciones de todo el país también reciben adhesiones al correonoalanuevaleydesemillas@gmail.com.
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Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Más de cien organizaciones de todo el país iniciaron en junio una campaña nacional contra el anteproyecto de Ley de Semillas que desde el 2012 está impulsando el Ministerio de Agricultura de la Nación. Mediante distintas actividades –como festivales, movilizaciones, ferias de semillas y productos orgánicos, entre otras– buscan dar a conocer las consecuencias de una posible modificación de la legislación vigente. También esperan organizar cerca de fin de año una jornada de debate en el Congreso de la Nación.
"Estamos trabajando, en primer lugar, para dar a conocer a la sociedad qué significa una Ley de Semillas, qué significa un derecho de obtentor y qué consecuencias tiene esto no solo sobre productores familiares y campesinos sino sobre cualquier ciudadano o habitante de una ciudad", expresó en relación a la campaña Carlos Vicente, referente de la organización GRAIN, en diálogo con Comunidad al Palo!.
La iniciativa comenzó 'formalmente' el 18 de junio pasado con una charla-debate realizada en el hotel BAUEN de Capital Federal a la que asistieron unas 200 personas, aunque los primeros pasos de esta iniciativa –que hoy moviliza a un centenar de organizaciones sociales, ambientales y políticas– comenzaron en agosto de 2012.
Por esos días, quien fuera el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, anunciaba la aprobación de la nueva semilla Intacta RR2 PRO resistente al glifosato fabricada por Monsanto. En esa oportunidad Yauhar también informó que enviarían al Congreso el "borrador de una Ley de Semillas, como corresponde que tenga la Argentina y que tenga un país serio que pretende ser líder en producción de alimentos".
Aquel borrador nunca fue publicado ni facilitado a las organizaciones que lo solicitaron, que a partir de filtraciones pudieron conocerlo y analizarlo, logrando que finalmente el texto no salga del ámbito del ministerio. Según explicó Vicente, hace unos meses la Secretaria de Desarrollo Rural, Carla Camps Bilbao, presentó a las organizaciones de la agricultura familiar un nuevo anteproyecto que contiene algunas modificaciones respecto al anterior.
El slogan de la campaña que comenzó el 18 de junio pasado
Las modificaciones que Monsanto necesita
Según se observa en el documento de lanzamiento de la campaña, el borrador con el que se pretende cambiar la ley plantea las siguientes modificaciones:
Limita el 'uso propio' de las semillas, al restringir la posibilidad de guardar semillas para futuras cosechas. Solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas. "Si alguien que compró una semilla que tiene derechos de obtentor la quiere volver a guardar, tiene que pagarle regalías a la empresa que tiene ese derecho de obtentor", explicó Vicente.
Expande sobre todas las especies vegetales los derechos de obtentor como forma de propiedad intelectual sobre las semillas, profundizando la ya iniciada privatización de la biodiversidad nativa.
Extiende hasta los veinte (20) años los derechos de obtentor, y hasta veinticinco (25) años para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales.
Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, estableciendo tales incumplimientos como delitos penales.
El borrador impulsado este año incorpora también otros artículos en relación a la agricultura familiar y los pueblos originarios, quienes estarían exceptuados de la limitación del 'uso propio' siempre que figuren inscriptos en un Registro Nacional de Agricultores Familiares. Tales modificaciones fueron calificadas como un "absurdo" por Vicente, al "pretender que una excepción se haga a partir de un registro nacional, cuando en Argentina tenemos campesinos y pueblos originarios viviendo en todos los rincones del país".
Para seguir de cerca las actividades o acceder a los materiales de difusión de la campaña puede visitarse la página en Facebook NO a la nueva Ley "Monsanto" de Semillas en Argentina. Las más de cien organizaciones de todo el país también reciben adhesiones al correonoalanuevaleydesemillas@gmail.com.
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Otro grave caso de alumnos expuestos a agrotóxicos
Crecer fumigados, la nociva realidad de los alumnos rurales
Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Buenos Aires
Las continuas exposiciones de las escuelas de campo a los agroquímicos revelan profundas debilidades en los aspectos legislativos y ejecutivos que finalmente priorizan los aspectos productivos sobre los sanitarios. Otra vez, al igual que en el año 2011, le tocó a la escuela rural EES N° 6 del Distrito de Cnel. Suárez, ubicada sobre la ruta provincial N° 76 a unos 55 km de la ciudad cabecera.
El viernes 12 de septiembre de 2014 los alumnos y el personal docente del turno mañana de la Escuela Rural EES Nº 6 del Paraje El Relincho, distrito de Coronel Suárez, fueron expuestos a una aplicación de pesticida que estaba siendo realizada en un campo frente al establecimiento.
En ese momento, 9:45 horas aproximadamente, los alumnos estaban en pleno recreo, jugando al metegol afuera del edificio escolar, respirando el producto agrotóxico que era arrastrado por la deriva producida por la intensidad y dirección del viento.
Alertadas de tal situación, las autoridades y el personal de la escuela, procedieron a proteger a los alumnos haciéndolos ingresar dentro del edificio y a comunicar la situación a la Jefatura Educativa Distrital, la que en forma inmediata denunció el hecho al organismo municipal correspondiente. Posteriormente se hicieron presentes en el lugar y detuvieron la aplicación, tomando el recaudo de suspender las clases en el turno tarde debido a la gran cantidad de agrotóxico disperso en el lugar.
Este tema no es nuevo en el distrito, ya que su Director de Medio Ambiente, el Sr. Emanuel Garrido, viene trabajando en busca de una solución a esta problemática desde hace tiempo, denunciando -luego de un detallado relevamiento- que las escuelas rurales son expuestas regularmente a los agrotóxicos.
Esta situación es común a la mayoría de las escuelas de campo. Con solo observar alrededor de ellas, se pueden ver que los campos en producción son linderos con los patios donde los niños y niñas se hamacan o juegan a la pelota, recibiendo la deriva directa en el momento de la aplicación o en forma posterior, cuando se fumiga un sábado o domingo, y el lunes todavía permanece la toxicidad en el lugar, dependiendo del período de carencia del agrotóxico.
El ingreso al organismo de de estos productos nocivos puede ocasionar diferentes enfermedades, especialmente en los organismos más vulnerables, como ser niños y jóvenes, mujeres embarazadas y ancianos.
Algunas patologías se manifiestan en forma inmediata, como ser alergias, asma, problemas respiratorios, etc. Otras tardarán varios años en aparecer en el individuo expuesto o en su descendencia, debido a que estos químicos poseen la peligrosa característica de ser disruptores endócrinos, por lo cual afectan los procesos hormonales necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.
A pesar de la tóxica realidad, las autoridades y funcionarios de todos los niveles de gobierno aún no dan solución a este grave problema, por lo cual es cada vez mas frecuente que las escuelas y comunidades rurales, como así también las zonas periurbanas de los centros poblacionales, convivan con los venenos que se dispersan frente a ellos.
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Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Buenos Aires
Las continuas exposiciones de las escuelas de campo a los agroquímicos revelan profundas debilidades en los aspectos legislativos y ejecutivos que finalmente priorizan los aspectos productivos sobre los sanitarios. Otra vez, al igual que en el año 2011, le tocó a la escuela rural EES N° 6 del Distrito de Cnel. Suárez, ubicada sobre la ruta provincial N° 76 a unos 55 km de la ciudad cabecera.
El viernes 12 de septiembre de 2014 los alumnos y el personal docente del turno mañana de la Escuela Rural EES Nº 6 del Paraje El Relincho, distrito de Coronel Suárez, fueron expuestos a una aplicación de pesticida que estaba siendo realizada en un campo frente al establecimiento.
En ese momento, 9:45 horas aproximadamente, los alumnos estaban en pleno recreo, jugando al metegol afuera del edificio escolar, respirando el producto agrotóxico que era arrastrado por la deriva producida por la intensidad y dirección del viento.
Alertadas de tal situación, las autoridades y el personal de la escuela, procedieron a proteger a los alumnos haciéndolos ingresar dentro del edificio y a comunicar la situación a la Jefatura Educativa Distrital, la que en forma inmediata denunció el hecho al organismo municipal correspondiente. Posteriormente se hicieron presentes en el lugar y detuvieron la aplicación, tomando el recaudo de suspender las clases en el turno tarde debido a la gran cantidad de agrotóxico disperso en el lugar.
Este tema no es nuevo en el distrito, ya que su Director de Medio Ambiente, el Sr. Emanuel Garrido, viene trabajando en busca de una solución a esta problemática desde hace tiempo, denunciando -luego de un detallado relevamiento- que las escuelas rurales son expuestas regularmente a los agrotóxicos.
Esta situación es común a la mayoría de las escuelas de campo. Con solo observar alrededor de ellas, se pueden ver que los campos en producción son linderos con los patios donde los niños y niñas se hamacan o juegan a la pelota, recibiendo la deriva directa en el momento de la aplicación o en forma posterior, cuando se fumiga un sábado o domingo, y el lunes todavía permanece la toxicidad en el lugar, dependiendo del período de carencia del agrotóxico.
El ingreso al organismo de de estos productos nocivos puede ocasionar diferentes enfermedades, especialmente en los organismos más vulnerables, como ser niños y jóvenes, mujeres embarazadas y ancianos.
Algunas patologías se manifiestan en forma inmediata, como ser alergias, asma, problemas respiratorios, etc. Otras tardarán varios años en aparecer en el individuo expuesto o en su descendencia, debido a que estos químicos poseen la peligrosa característica de ser disruptores endócrinos, por lo cual afectan los procesos hormonales necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.
A pesar de la tóxica realidad, las autoridades y funcionarios de todos los niveles de gobierno aún no dan solución a este grave problema, por lo cual es cada vez mas frecuente que las escuelas y comunidades rurales, como así también las zonas periurbanas de los centros poblacionales, convivan con los venenos que se dispersan frente a ellos.
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Aalertan por el elevado nivel de arsénico en La Pampa
Advierten un elevado nivel de arsénico en el servicio de agua del norte pampeano
Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: La Pampa
Una presentación realizada por el senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, alerta por un elevado nivel de arsénico en el servicio de agua potable de la zona norte de la provincia de La Pampa.
Se trata de una problemática de larga data que afecta la región cuyo proveedor es la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. de la localidad de Lincoln, y que se enmarca en una completa telaraña judicial ya que existe un desfasaje entre los niveles que considera tolerables en el Código Alimentario y la Ley Provincial de Aguas N° 1027.
En declaraciones a El Diario de La Pampa, Marino explicó que “en el año 2007 se había establecido en el Código Alimentario que si bien el límite tolerable de arsénico en el agua era de 0.05 miligramos por litro, debía disminuir a 0.01 miligramos al cabo de cinco años. Lógicamente en el 2012 no se alcanzó esa meta, con lo cual, se estableció que, hasta tanto no se cuente con los resultados del estudio de Hidroarsenicismo, el límite máximo seguiría siendo 0.05 miligramos”. Sin embargo, “el agua que nos llega a los pampeanos duplica ese límite”, advirtió.
Por la situación, el legislador apunta a la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. ya que existe un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en la que la obliga a entregar agua que respete las especificaciones del Código Alimentario en la localidad de Lincoln. “Este fallo supone que la legislación provincial no puede colisionar con la nacional y, por ende, que aunque en La Pampa la Ley de Aguas permita niveles mayores, debemos adecuarnos y bajar los niveles de arsénico”, contó el senador.
En este marco, el proyecto del senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, solicita al Ejecutivo Nacional que dé a conocer las acciones desarrolladas para asegurar la calidad del agua potable en el marco del estudio Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina y que se especifique qué plazos se manejan para alcanzar lo establecido por el Código Alimentario.
“Los pampeanos merecemos agua de calidad, no podemos seguir consumiendo niveles de arsénico tan altos”, remarcó Marino y aseguró que “el acceso al agua de calidad es un derecho humano básico que debe estar asegurado por el Estado. El hidroarsenicismo trae consecuencias a la salud por eso la solución debe ser urgente. Además, este problema conlleva un gasto extra para la economía familiar porque se debe recurrir a agua envasada”.
Finalmente, consideró que “la solución al problema existe, lo que falta es voluntad política de arreglarlo. Desde el Senado vamos a insistir con todas las herramientas legales posibles hasta que nos aseguren que las obras se están realizando”.
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Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: La Pampa
Una presentación realizada por el senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, alerta por un elevado nivel de arsénico en el servicio de agua potable de la zona norte de la provincia de La Pampa.
Se trata de una problemática de larga data que afecta la región cuyo proveedor es la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. de la localidad de Lincoln, y que se enmarca en una completa telaraña judicial ya que existe un desfasaje entre los niveles que considera tolerables en el Código Alimentario y la Ley Provincial de Aguas N° 1027.
En declaraciones a El Diario de La Pampa, Marino explicó que “en el año 2007 se había establecido en el Código Alimentario que si bien el límite tolerable de arsénico en el agua era de 0.05 miligramos por litro, debía disminuir a 0.01 miligramos al cabo de cinco años. Lógicamente en el 2012 no se alcanzó esa meta, con lo cual, se estableció que, hasta tanto no se cuente con los resultados del estudio de Hidroarsenicismo, el límite máximo seguiría siendo 0.05 miligramos”. Sin embargo, “el agua que nos llega a los pampeanos duplica ese límite”, advirtió.
Por la situación, el legislador apunta a la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. ya que existe un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en la que la obliga a entregar agua que respete las especificaciones del Código Alimentario en la localidad de Lincoln. “Este fallo supone que la legislación provincial no puede colisionar con la nacional y, por ende, que aunque en La Pampa la Ley de Aguas permita niveles mayores, debemos adecuarnos y bajar los niveles de arsénico”, contó el senador.
En este marco, el proyecto del senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, solicita al Ejecutivo Nacional que dé a conocer las acciones desarrolladas para asegurar la calidad del agua potable en el marco del estudio Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina y que se especifique qué plazos se manejan para alcanzar lo establecido por el Código Alimentario.
“Los pampeanos merecemos agua de calidad, no podemos seguir consumiendo niveles de arsénico tan altos”, remarcó Marino y aseguró que “el acceso al agua de calidad es un derecho humano básico que debe estar asegurado por el Estado. El hidroarsenicismo trae consecuencias a la salud por eso la solución debe ser urgente. Además, este problema conlleva un gasto extra para la economía familiar porque se debe recurrir a agua envasada”.
Finalmente, consideró que “la solución al problema existe, lo que falta es voluntad política de arreglarlo. Desde el Senado vamos a insistir con todas las herramientas legales posibles hasta que nos aseguren que las obras se están realizando”.
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Agroquímicos: Gobierno de Entre Ríos cambia su postura
Cambia la mirada oficial sobre el uso de químicos en agricultura
Fecha de Publicación: 17/09/2014
Fuente: Uno de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Descubriendo Entre Ríos: Interesante proyecto presentado en el Senado provincial. Analizarán las sustancias en la provincia, prohibirán las fumigaciones hasta 1.000 metros de casas y cursos de agua, y otorgarán facultades de control a los organismos de ambiente y salud
Por primera vez en mucho tiempo el oficialismo presentó un proyecto sobre el uso de químicos en la producción agrícola entrerriana desde una mirada integral, ambiental, y con la determinación de que la provincia recupere facultades en el ordenamiento.
La iniciativa aprovecha estudios y advertencias que estaban silenciados, y saca la salud del suelo, el agua, el monte, los humedales, las poblaciones, de las manos de los organismos de la producción para colocarlos, sabiamente, en territorio ambiental y sanitario. Aunque es claro que todos debieran actuar al unísono por lo que debe importarnos: la vida.
Esta semana no fueron pocos los intercambios entre militantes de la ecología y asambleas que habían cuestionado con fundamentos un proyecto anterior, y que ven con buenos ojos el nuevo texto.
El senador que presentó el proyecto, César Melchiori, recibió a investigadores de organizaciones ambientales y profesionales del INTA, y abrió las puertas de su despacho a los diversos aportes, lo que garantiza una participación ciudadana que seguramente permitirá presentar el problema de los químicos del agro, las semillas, las responsabilidades, los controles, la salud, en su dimensión compleja.
Quedan interrogantes, es cierto, sobre las causas de este cambio estimulante de la bancada oficialista, que ocupa el total de la cámara alta. También es una incógnita si el proyecto tendrá aceptación en el conjunto de los senadores.
La lectura de los artículos propuestos permite observar aquí un meduloso estudio de los problemas ambientales. Es cierto que, frente a las consecuencias de una ley de este tipo, el gobierno estará obligado a promover cambios importantísimos en los organismos de contralor, como a establecer planes de incorporación gradual y reacomodamiento, dado que muchos productores no podrán usar, como hasta ahora, algunas sustancias químicas consideradas nocivas para la salud.
Aquellos agricultores genuinos que no encuentran rubros rentables si no es con el uso de agroquímicos y transgénicos tendrán, es de esperar, acompañamiento para la reconversión, aunque esas medidas no estén explicitadas en el proyecto. La apertura de nuevas vías para el trabajo agrario será vital para que el proyecto se concrete.
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Fecha de Publicación: 17/09/2014
Fuente: Uno de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Descubriendo Entre Ríos: Interesante proyecto presentado en el Senado provincial. Analizarán las sustancias en la provincia, prohibirán las fumigaciones hasta 1.000 metros de casas y cursos de agua, y otorgarán facultades de control a los organismos de ambiente y salud
Por primera vez en mucho tiempo el oficialismo presentó un proyecto sobre el uso de químicos en la producción agrícola entrerriana desde una mirada integral, ambiental, y con la determinación de que la provincia recupere facultades en el ordenamiento.
La iniciativa aprovecha estudios y advertencias que estaban silenciados, y saca la salud del suelo, el agua, el monte, los humedales, las poblaciones, de las manos de los organismos de la producción para colocarlos, sabiamente, en territorio ambiental y sanitario. Aunque es claro que todos debieran actuar al unísono por lo que debe importarnos: la vida.
Esta semana no fueron pocos los intercambios entre militantes de la ecología y asambleas que habían cuestionado con fundamentos un proyecto anterior, y que ven con buenos ojos el nuevo texto.
El senador que presentó el proyecto, César Melchiori, recibió a investigadores de organizaciones ambientales y profesionales del INTA, y abrió las puertas de su despacho a los diversos aportes, lo que garantiza una participación ciudadana que seguramente permitirá presentar el problema de los químicos del agro, las semillas, las responsabilidades, los controles, la salud, en su dimensión compleja.
Quedan interrogantes, es cierto, sobre las causas de este cambio estimulante de la bancada oficialista, que ocupa el total de la cámara alta. También es una incógnita si el proyecto tendrá aceptación en el conjunto de los senadores.
La lectura de los artículos propuestos permite observar aquí un meduloso estudio de los problemas ambientales. Es cierto que, frente a las consecuencias de una ley de este tipo, el gobierno estará obligado a promover cambios importantísimos en los organismos de contralor, como a establecer planes de incorporación gradual y reacomodamiento, dado que muchos productores no podrán usar, como hasta ahora, algunas sustancias químicas consideradas nocivas para la salud.
Aquellos agricultores genuinos que no encuentran rubros rentables si no es con el uso de agroquímicos y transgénicos tendrán, es de esperar, acompañamiento para la reconversión, aunque esas medidas no estén explicitadas en el proyecto. La apertura de nuevas vías para el trabajo agrario será vital para que el proyecto se concrete.
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Presentan pruebas contra la Alumbrera en la justicia
Prueban que personas consumen agua y peces del canal donde Minera Alumbrera arroja sus efluentes
Fecha de Publicación: 17/09/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La querella en la causa contra la minera aportó en la Justicia material audiovisual que demuestra la existencia de vida en el canal DP 2, usado por la empresa para arrojar sus efluentes.
La organización Pro-Eco, querellante en la causa contra Minera Alumbrera entregó al juez federal Nº2, Fernando Poviña, material probatorio tendiente a demostrar que el canal pluvial DP 2 actualmente es utilizado por la población circundante para su supervivencia y que, además, en ese desagüe aún existe fauna y flora que estarían siendo dañadas por los desechos presuntamente contaminantes que allí arroja la minera.
“Lo que pretendemos con estas imágenes es probar que sí hay vida en ese canal pese a que desde la minera afirman lo contrario. El material manifiesta que existe todo un ecosistema afectado por los desechos que la minera arroja. Se demostró cómo la población de Ranchillos se alimenta de los peces que se pescan en el canal y pudimos ver que hay personas que se bañan y hasta beben agua del DP 2. Están ingiriendo los desechos que arroja la minera con el tremendo riesgo que esto implica a la salud”, afirmó Alfredo Carbonel, integrante de Pro-Eco.
El objetivo de la querella es que, a partir de estas pruebas, la Justicia utilice parámetros legales de medición de contaminación fijados por la ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 que contemplen niveles guía de calidad de agua para la existencia de vida acuática en el canal y, sobre todo, para el uso del agua para consumo humano. En tanto, desde la defensa de la empresa, sostienen que los niveles que la Justicia debe usar para determinar si hay contaminación deben basarse en parámetros de uso de agua para irrigación, los cuales son muchos más tolerantes.
“En el canal DP 2 hay vida acuática que proteger como así también existen poblaciones humanas que pueden verse seriamente afectadas por los efectos acumulativos de las sustancias que contienen los efluentes que Minera Alumbrera arroja allí”, sostiene el documento presentado el 22 de julio.
En las imágenes aportadas a Poviña, tomadas en marzo de 2013, se puede ver a un grupo de chicos pescando pejerreyes para su consumo o para venderlos. También se ve a animales consumiendo agua de ese ducto que desemboca en la cuenca Salí-Dulce. “Tomamos las fotografías en plena época de lluvias, cuando el canal tiene más cauce. Ese momento es aprovechado por sábalos y pejerreyes que nadan remontando canal arriba, desde el embalse de Río Hondo, para desovar. La gente se alimenta de ellos y hay un eso público del DP 2 que la Justicia debería contemplar por el riesgo que esto conlleva”, agregó Carbonel.
Vale recordar que el canal DP 2 es utilizado por Minera Alumbrera como descarga de efluentes desde la Planta de Filtros ubicada en Ranchillos, 24 kilómetros al sureste de San Miguel de Tucumán. En esta instalación desemboca el mineraloducto que provienen desde la explotación de Bajo La Alumbrera, Catamarca. Toda esta infraestructura también será utilizada por la empresa minera para la explotación del yacimiento de Bajo El Durazno –ubicado en Andalgala- pese al fuerte rechazo social y las denuncias que tienen este tipo de explotaciones a cielo abierto. Por Esteban Stanich
Otra prueba clave en la causa
El 12 de agosto pasado de 2013, el Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) - dependiente del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA)- remitió al juez federal Poviña, un informe en el que se asienta la contaminación con cobre en aguas del canal DP2, afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El estudio, realizado por profesionales ecotoxicólogos, afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles de parámetros en cuanto a la protección para la vida acuática. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”, agrega.
El informe también sostiene que las consecuencias negativas de la empresa del caso (Minera Alumbrera) “son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de efluentes”. Por este motivo, la vicedirectora del IEGEBA, Ines O`Farrell, quien firma el estudio, aconsejó realizar un monitoreo de agua más detallado “para establecer en forma directa el efecto sobre la salud humana”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La querella en la causa contra la minera aportó en la Justicia material audiovisual que demuestra la existencia de vida en el canal DP 2, usado por la empresa para arrojar sus efluentes.
La organización Pro-Eco, querellante en la causa contra Minera Alumbrera entregó al juez federal Nº2, Fernando Poviña, material probatorio tendiente a demostrar que el canal pluvial DP 2 actualmente es utilizado por la población circundante para su supervivencia y que, además, en ese desagüe aún existe fauna y flora que estarían siendo dañadas por los desechos presuntamente contaminantes que allí arroja la minera.
“Lo que pretendemos con estas imágenes es probar que sí hay vida en ese canal pese a que desde la minera afirman lo contrario. El material manifiesta que existe todo un ecosistema afectado por los desechos que la minera arroja. Se demostró cómo la población de Ranchillos se alimenta de los peces que se pescan en el canal y pudimos ver que hay personas que se bañan y hasta beben agua del DP 2. Están ingiriendo los desechos que arroja la minera con el tremendo riesgo que esto implica a la salud”, afirmó Alfredo Carbonel, integrante de Pro-Eco.
El objetivo de la querella es que, a partir de estas pruebas, la Justicia utilice parámetros legales de medición de contaminación fijados por la ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 que contemplen niveles guía de calidad de agua para la existencia de vida acuática en el canal y, sobre todo, para el uso del agua para consumo humano. En tanto, desde la defensa de la empresa, sostienen que los niveles que la Justicia debe usar para determinar si hay contaminación deben basarse en parámetros de uso de agua para irrigación, los cuales son muchos más tolerantes.
“En el canal DP 2 hay vida acuática que proteger como así también existen poblaciones humanas que pueden verse seriamente afectadas por los efectos acumulativos de las sustancias que contienen los efluentes que Minera Alumbrera arroja allí”, sostiene el documento presentado el 22 de julio.
En las imágenes aportadas a Poviña, tomadas en marzo de 2013, se puede ver a un grupo de chicos pescando pejerreyes para su consumo o para venderlos. También se ve a animales consumiendo agua de ese ducto que desemboca en la cuenca Salí-Dulce. “Tomamos las fotografías en plena época de lluvias, cuando el canal tiene más cauce. Ese momento es aprovechado por sábalos y pejerreyes que nadan remontando canal arriba, desde el embalse de Río Hondo, para desovar. La gente se alimenta de ellos y hay un eso público del DP 2 que la Justicia debería contemplar por el riesgo que esto conlleva”, agregó Carbonel.
Vale recordar que el canal DP 2 es utilizado por Minera Alumbrera como descarga de efluentes desde la Planta de Filtros ubicada en Ranchillos, 24 kilómetros al sureste de San Miguel de Tucumán. En esta instalación desemboca el mineraloducto que provienen desde la explotación de Bajo La Alumbrera, Catamarca. Toda esta infraestructura también será utilizada por la empresa minera para la explotación del yacimiento de Bajo El Durazno –ubicado en Andalgala- pese al fuerte rechazo social y las denuncias que tienen este tipo de explotaciones a cielo abierto. Por Esteban Stanich
Otra prueba clave en la causa
El 12 de agosto pasado de 2013, el Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) - dependiente del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA)- remitió al juez federal Poviña, un informe en el que se asienta la contaminación con cobre en aguas del canal DP2, afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El estudio, realizado por profesionales ecotoxicólogos, afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles de parámetros en cuanto a la protección para la vida acuática. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”, agrega.
El informe también sostiene que las consecuencias negativas de la empresa del caso (Minera Alumbrera) “son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de efluentes”. Por este motivo, la vicedirectora del IEGEBA, Ines O`Farrell, quien firma el estudio, aconsejó realizar un monitoreo de agua más detallado “para establecer en forma directa el efecto sobre la salud humana”.
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Acondicionadores con nuevas normas de eficiencia
Nuevos mínimos de eficiencia energética en acondicionadores en Argentina
Fecha de Publicación: 17/09/2014
Fuente: http://twenergy.com
Provincia/Región: Nacional
El uso de acondicionadores en verano, con olas de calor tan intensas como la que recién tuvimos, demanda una cantidad extraordinaria de electricidad. Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de estos aparatos de uso residencial, la Secretaría de Energía aprobó la Resolución 814/2013, en virtud de la cual se establecen los niveles mínimos requeridos de eficiencia energética.
De esta manera, la mayoría de los equipos acondicionadores de aire que hay en nuestras viviendas –aquellos con una capacidad de refrigeración menor o igual a siete kilovatios (7 kW) tendrán que ajustarse a la clase B en modo refrigeración y a la clase C en modo calefacción. La medida entrará en vigor a partir del próximo mes de abril, si bien es cierto que en el lapso de un año, ya para abril de 2015, el modo refrigeración habrá de cumplir con la clase A de eficiencia energética.
La resolución se ha adoptado en total coordinación con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), que ya el pasado mes de julio calculó que el lanzamiento de nuevos modelos requeriría de 12 a 17 meses.
La medida supone un gran avance en el cuidado del medio ambiente, puesto que un acondicionador clase A refrigerando puede llegar a consumir hasta un 12 por ciento menos energía que otro de clase C, mientras que la diferencia entre uno B y otro C ronda el 6 por ciento. Algo muy a tener en consideración puesto que se estima que alrededor del 49 por ciento de los modelos de acondicionadores de aire ofertados en el país se concentra en la clase de eficiencia energética C en modo refrigeración.
En el lado de la calefacción, una clase C supone ahorros de un 12 por ciento de energía respecto a los equipos de clase D (que en la actualidad acaparan el 27 por ciento de las unidades ofertadas), lo que sin duda que aporta grandes beneficios puesto que un 40% de los equipos de calefacción corresponden a las clases de eficiencia energética D y E.
Esta colaboración entre Gobierno e industria beneficia a todos, comenzando por el medio ambiente. A fin de cuentas, el uso hogareño insume casi el 40% de la energía generada –y de ello, los acondicionadores casi un 10%- y con la tecnología existente es posible seguir disfrutando del confort sin derrochar energía. La resolución supone un gran paso respecto a la adoptada en 2011, cuando se determinó que los equipos comercializados a partir del 1 de marzo del 2012 debían mejorarse un escalón hasta llegar al nivel C.
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Fecha de Publicación: 17/09/2014
Fuente: http://twenergy.com
Provincia/Región: Nacional
El uso de acondicionadores en verano, con olas de calor tan intensas como la que recién tuvimos, demanda una cantidad extraordinaria de electricidad. Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de estos aparatos de uso residencial, la Secretaría de Energía aprobó la Resolución 814/2013, en virtud de la cual se establecen los niveles mínimos requeridos de eficiencia energética.
De esta manera, la mayoría de los equipos acondicionadores de aire que hay en nuestras viviendas –aquellos con una capacidad de refrigeración menor o igual a siete kilovatios (7 kW) tendrán que ajustarse a la clase B en modo refrigeración y a la clase C en modo calefacción. La medida entrará en vigor a partir del próximo mes de abril, si bien es cierto que en el lapso de un año, ya para abril de 2015, el modo refrigeración habrá de cumplir con la clase A de eficiencia energética.
La resolución se ha adoptado en total coordinación con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), que ya el pasado mes de julio calculó que el lanzamiento de nuevos modelos requeriría de 12 a 17 meses.
La medida supone un gran avance en el cuidado del medio ambiente, puesto que un acondicionador clase A refrigerando puede llegar a consumir hasta un 12 por ciento menos energía que otro de clase C, mientras que la diferencia entre uno B y otro C ronda el 6 por ciento. Algo muy a tener en consideración puesto que se estima que alrededor del 49 por ciento de los modelos de acondicionadores de aire ofertados en el país se concentra en la clase de eficiencia energética C en modo refrigeración.
En el lado de la calefacción, una clase C supone ahorros de un 12 por ciento de energía respecto a los equipos de clase D (que en la actualidad acaparan el 27 por ciento de las unidades ofertadas), lo que sin duda que aporta grandes beneficios puesto que un 40% de los equipos de calefacción corresponden a las clases de eficiencia energética D y E.
Esta colaboración entre Gobierno e industria beneficia a todos, comenzando por el medio ambiente. A fin de cuentas, el uso hogareño insume casi el 40% de la energía generada –y de ello, los acondicionadores casi un 10%- y con la tecnología existente es posible seguir disfrutando del confort sin derrochar energía. La resolución supone un gran paso respecto a la adoptada en 2011, cuando se determinó que los equipos comercializados a partir del 1 de marzo del 2012 debían mejorarse un escalón hasta llegar al nivel C.
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Medio palito por vender una piel de yaguareté
Recoleta: multa de $ 500 mil a un local por vender piel de yaguareté
Fecha de Publicación: 16/09/2014
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Es la primera vez que se aplica la sanción más alta en Argentina Es porque ofrecía una alfombra confeccionada con el animal, que está en peligro en el País.
Por primera vez en la Argentina se fijó una multa de medio millón de pesos al dueño de un local que exhibía una alfombra confeccionada con piel de yaguareté, que es la especie de felino más grande de América y se encuentra en riesgo de extinción. La multa fue aplicada a Carlos César Toufeksian por no cumplir con la ley nacional que prohíbe la comercialización de especies en peligro.
El local, ubicado en Sánchez de Bustamante 1136, en Recoleta, se dedica a la confección y al arreglo de ropas y exhibía la alfombra con piel de yaguareté. En 2012 fue allanado por la Dirección de Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente de la Nación junto con personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal.
Ahora, el actual Secretario de Ambiente de la Nación, Omar Judis, firmó una resolución por la cual aplica la multa máxima para este tipo de delitos, que es de medio millón de pesos. En 2007 hubo un caso similar: se ofreció piel de yaguareté en un local de antigüedades de San Telmo. La Justicia dictaminó una multa de $ 34 mil.
El gran felino (que también se conoce como yaguar u onca pintada) está protegido por leyes nacionales y provinciales, pero hay gente que las desconoce. Una de esas normas declaró al yaguareté como monumento natural en 2001.
Las poblaciones de esta especie se extendían en Argentina desde el Norte hasta el Río Colorado. A fines del siglo XIX, los yaguaretés rondaban la ciudad de Buenos Aires. Pero la caza furtiva, el desmonte y los accidentes de tránsito, entre otras causas, hicieron que las poblaciones de yaguaretés se redujeran dramáticamente.
“La moda de lucir tapados de pieles ya pasó, pero aún se encuentran lugares de venta de la piel de yaguareté como el caso del local de Recoleta. Algunos se venden como rarezas para coleccionistas”, comentó a Clarín Claudio Bertonatti, naturalista de la Fundación Félix de Azara. “Ojalá que esta multa sea el inicio de un cambio importante. Porque hay aún un comercio ilícito de bienes naturales, como los animales amenazados, y de bienes culturales, como el saqueo de iglesias del Norte o de puntas de flecha”.
En la actualidad, la Red Yaguareté ( www.redyaguarete.org.ar ) hace un seguimiento a más de 40 casos de cacerías o ventas de pieles o cabezas. “Ahora falta que la Justicia acompañe, ya que hasta ahora no se ha condenado a ningún cazador –expresaron en un comunicado– a pesar de que en varias causas las pruebas presentadas son más que contundentes y ameritaban condenas de prisión, tal como lo establece la Ley Nacional de Fauna”.
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Fecha de Publicación: 16/09/2014
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Es la primera vez que se aplica la sanción más alta en Argentina Es porque ofrecía una alfombra confeccionada con el animal, que está en peligro en el País.
Por primera vez en la Argentina se fijó una multa de medio millón de pesos al dueño de un local que exhibía una alfombra confeccionada con piel de yaguareté, que es la especie de felino más grande de América y se encuentra en riesgo de extinción. La multa fue aplicada a Carlos César Toufeksian por no cumplir con la ley nacional que prohíbe la comercialización de especies en peligro.
El local, ubicado en Sánchez de Bustamante 1136, en Recoleta, se dedica a la confección y al arreglo de ropas y exhibía la alfombra con piel de yaguareté. En 2012 fue allanado por la Dirección de Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente de la Nación junto con personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal.
Ahora, el actual Secretario de Ambiente de la Nación, Omar Judis, firmó una resolución por la cual aplica la multa máxima para este tipo de delitos, que es de medio millón de pesos. En 2007 hubo un caso similar: se ofreció piel de yaguareté en un local de antigüedades de San Telmo. La Justicia dictaminó una multa de $ 34 mil.
El gran felino (que también se conoce como yaguar u onca pintada) está protegido por leyes nacionales y provinciales, pero hay gente que las desconoce. Una de esas normas declaró al yaguareté como monumento natural en 2001.
Las poblaciones de esta especie se extendían en Argentina desde el Norte hasta el Río Colorado. A fines del siglo XIX, los yaguaretés rondaban la ciudad de Buenos Aires. Pero la caza furtiva, el desmonte y los accidentes de tránsito, entre otras causas, hicieron que las poblaciones de yaguaretés se redujeran dramáticamente.
“La moda de lucir tapados de pieles ya pasó, pero aún se encuentran lugares de venta de la piel de yaguareté como el caso del local de Recoleta. Algunos se venden como rarezas para coleccionistas”, comentó a Clarín Claudio Bertonatti, naturalista de la Fundación Félix de Azara. “Ojalá que esta multa sea el inicio de un cambio importante. Porque hay aún un comercio ilícito de bienes naturales, como los animales amenazados, y de bienes culturales, como el saqueo de iglesias del Norte o de puntas de flecha”.
En la actualidad, la Red Yaguareté ( www.redyaguarete.org.ar ) hace un seguimiento a más de 40 casos de cacerías o ventas de pieles o cabezas. “Ahora falta que la Justicia acompañe, ya que hasta ahora no se ha condenado a ningún cazador –expresaron en un comunicado– a pesar de que en varias causas las pruebas presentadas son más que contundentes y ameritaban condenas de prisión, tal como lo establece la Ley Nacional de Fauna”.
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