Agroquímicos: piden "pruebas científicas" en contra
22:00 | 
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Reclaman pruebas científicas contra los agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Si bien el ministro de Salud, Ángel Giano, entiende que los agrotóxicos afectan a la salud, consideró que es necesario tener "pruebas científicas" que avalen esta teoría para poder tomar las medidas correspondientes.
"Deberemos darnos un trabajo conjunto entre Salud, Medio Ambiente, Municipios y Producción para que tengamos más claro el panorama", señaló a APF, refiriéndose al proyecto legislativo que busca prohibir las fumigaciones aéreas.
Medidas. "Tenemos que tener rápidamente las pruebas científicas para poder tomar medidas en consecuencia", señaló el Ministro refiriéndose al debate que se está dando en torno a un proyecto legislativo que establece la prohibición de las fumigaciones aéreas.
El funcionario entiende que los agrotóxicos afectan a la salud, pero remarcó que "es necesario tener la evidencia para poder tomar las medidas correspondientes".
Luego destacó la visión que tiene el especialista de la UBA y del Conicet, Andrés Carrasco, un militante de la lucha contra los agroquímicos e investigador de los efectos que éstos producen en la salud.
"Comparto lo que dice Carrasco cuando plantea lo de los efectos nocivos de los agrotóxicos, que producen malformaciones congénitas y daños a la salud de la población expuesta, que también va de la mano de algún desconocimiento por parte de los trabajadores rurales, de la falta de asesoramiento de algunos gremios y de quienes no toman los recaudos necesarios a la hora de fumigar, pero creo que es necesario debatir todo esto", aseveró.
Por ello, el funcionario sostuvo: "Deberemos darnos un trabajo conjunto entre Salud, Medio Ambiente, Municipios y Producción para que tengamos más claro el panorama".
"Si se hallan pruebas científicas y hay que prohibir las fumigaciones aéreas, lo apoyaré. Y si hay que regularlas, también estoy dispuesta a acompañar en el control que sea necesario", concluyó, en declaraciones a esta Agencia.
Fecha de Publicación: 20/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Si bien el ministro de Salud, Ángel Giano, entiende que los agrotóxicos afectan a la salud, consideró que es necesario tener "pruebas científicas" que avalen esta teoría para poder tomar las medidas correspondientes.
"Deberemos darnos un trabajo conjunto entre Salud, Medio Ambiente, Municipios y Producción para que tengamos más claro el panorama", señaló a APF, refiriéndose al proyecto legislativo que busca prohibir las fumigaciones aéreas.
Medidas. "Tenemos que tener rápidamente las pruebas científicas para poder tomar medidas en consecuencia", señaló el Ministro refiriéndose al debate que se está dando en torno a un proyecto legislativo que establece la prohibición de las fumigaciones aéreas.
El funcionario entiende que los agrotóxicos afectan a la salud, pero remarcó que "es necesario tener la evidencia para poder tomar las medidas correspondientes".
Luego destacó la visión que tiene el especialista de la UBA y del Conicet, Andrés Carrasco, un militante de la lucha contra los agroquímicos e investigador de los efectos que éstos producen en la salud.
"Comparto lo que dice Carrasco cuando plantea lo de los efectos nocivos de los agrotóxicos, que producen malformaciones congénitas y daños a la salud de la población expuesta, que también va de la mano de algún desconocimiento por parte de los trabajadores rurales, de la falta de asesoramiento de algunos gremios y de quienes no toman los recaudos necesarios a la hora de fumigar, pero creo que es necesario debatir todo esto", aseveró.
Por ello, el funcionario sostuvo: "Deberemos darnos un trabajo conjunto entre Salud, Medio Ambiente, Municipios y Producción para que tengamos más claro el panorama".
"Si se hallan pruebas científicas y hay que prohibir las fumigaciones aéreas, lo apoyaré. Y si hay que regularlas, también estoy dispuesta a acompañar en el control que sea necesario", concluyó, en declaraciones a esta Agencia.
Más argumentos en contra de minería San Jorge
Más argumentos en contra del proyecto minero San Jorge
Fecha de Publicación: 19/05/2011
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fecha de Publicación: 19/05/2011
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Diputados analiza la autorización del proyecto en Uspallata. En la reunión de hoy se expresaron más opiniones contrarias a su aprobación. Los exponentes hicieron hincapié en los daños en la salud provocados por emprendimientos similares. Proponen un proyecto alternativo.
Un plenario de comisiones de la Cámara Baja realiza una serie de consultas previas al tratamiento del expediente que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge.
En la jornada de hoy, los legisladores recibieron a distintos disertantes quienes se opusieron a la aprobación de dicho expediente.
María Salazar, integrantes de Madres Jachaleras, oriunda del departamento sanjuanino de Jachal -donde funciona una planta extractiva de minerales- aconsejó oponerse basándose en que en su pueblo deben comprar el agua porque la del río estaría contaminada.
Además, según Salazar “el centro de Jachal es el más afectado por los casos de cáncer” y “muchos empleados de Barrick tienen hoy cáncer de pulmón por el cilicio”.
Según el relato de la sanjuanina, “lo primero que le pasa a la gente cuando toma agua con cianuro es que se le caen los dientes, por eso la Barrick hace los tratamientos dentales a la gente” de la localidad.
La mujer aclaró que “no estamos en contra de la minería”, pero dijo que “en Jachal gobierna la empresa Barrica y agregó que “creemos que están dejando morir el pueblo para que nos vayamos y les dejemos el pueblo que está sobre una mina de uranio”.
Por su parte, el licenciado en turismo Federico Soria propuso que “las áreas protegidas pueden ser herramientas productivas” y en este sentido habló de un proyecto –que está en el Senado- que sería alternativo al de asentamiento de San Jorge, y que se ajustaría a los parámetros internacionales de la conservación de la naturaleza.
Soria manifestó que San Jorge limitaría los aportes de dinero que Mendoza recibe por ingreso de turistas, cánones a empresas prestadoras y guías turísticos y limitaría el empleo de personal necesario para custodia de parques naturales y patrimonio.
Pero además, frenaría los ingresos por permisos de pesca, aprovechamiento del paisaje para rodaje de películas (como Siete años en el Tíbet, que pagó 50 mil pesos por día) y para publicidad.
También opinó sobre la imposibilidad de lograr la “denominación de origen protegido que sólo se obtiene si se usa agua cuyo nacimiento es de origen en áreas protegidas”.
“El paisaje natural es un recurso escaso por el que algunos países están cobrando”, dijo.
Según el disertante, si se concretara San Jorge se dañarían piezas del patrimonio arquitectónico y natural como el cerro Tunduqueral, los tambos incaicos, el Camino del Inca y el puente Picheuta entre otros.
Pero además, según manifestó, donde se ubicaría el proyecto San Jorge se habría determinado que el ejército de San Martín pasó al cruzar los andes hacia Chile.
Ángel Rossini, residente de Uspallata, expresó por su parte que “se nos ha presentado como enemigos del progreso y se nos ha negado el acceso a los medios de comunicación” y espetó que “no queremos extracción intensiva y saqueadora que persigue el rédito económico”.
Finalmente, Ana María Sedevich, del Consejo de Desarrollo Sustentable dijo que “no se tiene la información territorial necesaria, ni con la profundidad que debe tener para poderlo evaluar (al estudio de impacto ambiental de San Jorge)”.
“No tienen ni siquiera la autorización de uso de agua”, terminó Sedevich.
Estuvieron presentes los diputados Mireya Díaz, Rita Morcos Sonia Carmona (PJ), Aníbal Ríos, Antonio Spezia (PD), Silvia Ramos (Eje Peronista), Teresa Maza, Edgardo Pintos, Humberto Montenegro, Fernando Barrigón y Alejandro Limas (UCR), quien presidió la reunión.
Buenos Aires: modificarían la ley de agroquímicos
Peligro: modificarían la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 19/05/2011
Fuente: Adital - Renace
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires creó en 2010 la Mesa de Trabajo sobre el Proyecto de Modificación del Decreto Reglamentario 499/91 de la Ley de Agroquímicos 10.699. Lo que podría haber sido un espacio para resolver los innumerables problemas relevados en todo el territorio provincial por exposición a plaguicidas, se convirtió en una trampa que podría costar la salud y la vida de miles de coprovincianos. El dictamen permitiría fumigar sin restricciones a Agrotóxicos Clase 3 y 4.
En lo metodológico impugnamos la Mesa de Trabajo creada de modo arbitrario, por
1. No es plural. En ella no están representadas las diferentes escuelas de pensamiento ni los distintos territorios y sus características particularísimas. Se negó concretamente la participación a instituciones de probada trayectoria en el tema.
2. No es interinstitucional, ya que no hubo presencia de ninguna institución que represente específicamente a los vecinos que son y serán los afectados por las fumigaciones, ni representantes del Ministerio de Salud ni de los hospitales ni centros de salud de la provincia;
3. No es interdisciplinario, ya que no están representadas las disciplinas de la salud, ni la sociología, ni la ecología; y solamente está representada la escuela neoliberal, en todo caso, de la economía, a través de las Cámaras. Una mesa de trabajo que diga tratar temas de salud no puede NO TENER NINGUN MEDICO
4. No puede organizarse una mesa de trabajo para tratar un conflicto de intereses, donde esté representada sólo una de las partes, y los intelectuales de las escuelas de pensamiento que avalan la postura de esa parte, estando ausentes y censurados todos los que la cuestionan, dado que se trata de un conflicto entre dos partes: Productores, vendedores y aplicadores por un lado, y habitantes fumigados por el otro.
5. No pueden las Cámaras empresarias estar reglamentando sus propias actividades. No es posible que sean juez y parte.
6. No puede decidirse en temas tan sensibles sin apelar a ninguna epidemiología.
7. No pueden discutirse los impactos de los agrotóxicos en la salud sin intercambiar información alguna con el colectivo Médicos de Pueblos Fumigados, de reciente reunión y otras instituciones y organizaciones que de manera sistemática trabajan en el tema dese hace mas de 20 años.
8. No se contemplan las condiciones ambientales al determinar los equipos de protección a utilizar durante la etapa de dosificación y aplicación.
9. No se establecen los organismos que realizarán las difíciles funciones de monitoreo.
10. No se establecen mecanismos de información, sensibilización y capacitación para productores y trabajadores.
En lo específico, consideramos que:
1) Las clasificaciones toxicológicas no son instrumentos para fijar distancias libres de fumigación y esas clasificaciones deben ser siempre usadas como criterios complementarios, nunca como criterio principal, tal como lo viene sosteniendo incluso la OMS hace ya tanto tiempo.
La baja toxicidad aguda es en realidad la baja toxicidad letal aguda (DL50), es decir, la dosis que mata en corto tiempo al 50% de la muestra analizada. No se refiere a la toxicidad aguda en general, que es la que produce el daño en el corto plazo; ni a la toxicidad crónica que es la que se produce por padecimiento de dosis repetidas o cuando el daño aparece en el mediano y largo plazo, que es el caso de los vecinos fumigados sistemáticamente
Ese tipo de argumentaciones, que muestran los daños que supuestamente no hacen los pesticidas y ocultan los daños que sí generan, son los que esgrime el discurso sojero transgénico cuando defiende el uso de esos productos. Y los defiende de esa manera porque no puede hacerlo de otra.
El informe FAO/OMS 2004 no señala ningún estudio de afectación a la población en general ni comenta sobre estudios epidemiológicos, lo que significa que no fueron considerados por el Comité.
2) Son insuficiente las distancias establecidas respecto de los cursos de aguas al realizarse las aplicaciones. Los plaguicidas pueden alcanzar dichos cursos ya por infiltración como por arrastre de partículas solidas – erosión – y relaves a causa de las lluvias.
3) Se establecen reglamentaciones de dudosa posibilidad de aplicación. Por ejemplo, la venta bajo receta agronómica, la autorización para hacer mezclas o sobre las tecnologías de aplicación, que han sido sistemáticamente violadas y que ya se hallan en la ley vigente.
4) Las aplicaciones de productos clasificados como clase III y IV a menos de 300 metros de las zonas habitadas desconoce la arbitrariedad e insuficiencia de criterios de esas clasificaciones asi como la posibilidad de bioacumulación, arrastre a grandes distancias y persistencia en el ambiente.
Fecha de Publicación: 19/05/2011
Fuente: Adital - Renace
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires creó en 2010 la Mesa de Trabajo sobre el Proyecto de Modificación del Decreto Reglamentario 499/91 de la Ley de Agroquímicos 10.699. Lo que podría haber sido un espacio para resolver los innumerables problemas relevados en todo el territorio provincial por exposición a plaguicidas, se convirtió en una trampa que podría costar la salud y la vida de miles de coprovincianos. El dictamen permitiría fumigar sin restricciones a Agrotóxicos Clase 3 y 4.
En lo metodológico impugnamos la Mesa de Trabajo creada de modo arbitrario, por
1. No es plural. En ella no están representadas las diferentes escuelas de pensamiento ni los distintos territorios y sus características particularísimas. Se negó concretamente la participación a instituciones de probada trayectoria en el tema.
2. No es interinstitucional, ya que no hubo presencia de ninguna institución que represente específicamente a los vecinos que son y serán los afectados por las fumigaciones, ni representantes del Ministerio de Salud ni de los hospitales ni centros de salud de la provincia;
3. No es interdisciplinario, ya que no están representadas las disciplinas de la salud, ni la sociología, ni la ecología; y solamente está representada la escuela neoliberal, en todo caso, de la economía, a través de las Cámaras. Una mesa de trabajo que diga tratar temas de salud no puede NO TENER NINGUN MEDICO
4. No puede organizarse una mesa de trabajo para tratar un conflicto de intereses, donde esté representada sólo una de las partes, y los intelectuales de las escuelas de pensamiento que avalan la postura de esa parte, estando ausentes y censurados todos los que la cuestionan, dado que se trata de un conflicto entre dos partes: Productores, vendedores y aplicadores por un lado, y habitantes fumigados por el otro.
5. No pueden las Cámaras empresarias estar reglamentando sus propias actividades. No es posible que sean juez y parte.
6. No puede decidirse en temas tan sensibles sin apelar a ninguna epidemiología.
7. No pueden discutirse los impactos de los agrotóxicos en la salud sin intercambiar información alguna con el colectivo Médicos de Pueblos Fumigados, de reciente reunión y otras instituciones y organizaciones que de manera sistemática trabajan en el tema dese hace mas de 20 años.
8. No se contemplan las condiciones ambientales al determinar los equipos de protección a utilizar durante la etapa de dosificación y aplicación.
9. No se establecen los organismos que realizarán las difíciles funciones de monitoreo.
10. No se establecen mecanismos de información, sensibilización y capacitación para productores y trabajadores.
En lo específico, consideramos que:
1) Las clasificaciones toxicológicas no son instrumentos para fijar distancias libres de fumigación y esas clasificaciones deben ser siempre usadas como criterios complementarios, nunca como criterio principal, tal como lo viene sosteniendo incluso la OMS hace ya tanto tiempo.
La baja toxicidad aguda es en realidad la baja toxicidad letal aguda (DL50), es decir, la dosis que mata en corto tiempo al 50% de la muestra analizada. No se refiere a la toxicidad aguda en general, que es la que produce el daño en el corto plazo; ni a la toxicidad crónica que es la que se produce por padecimiento de dosis repetidas o cuando el daño aparece en el mediano y largo plazo, que es el caso de los vecinos fumigados sistemáticamente
Ese tipo de argumentaciones, que muestran los daños que supuestamente no hacen los pesticidas y ocultan los daños que sí generan, son los que esgrime el discurso sojero transgénico cuando defiende el uso de esos productos. Y los defiende de esa manera porque no puede hacerlo de otra.
El informe FAO/OMS 2004 no señala ningún estudio de afectación a la población en general ni comenta sobre estudios epidemiológicos, lo que significa que no fueron considerados por el Comité.
2) Son insuficiente las distancias establecidas respecto de los cursos de aguas al realizarse las aplicaciones. Los plaguicidas pueden alcanzar dichos cursos ya por infiltración como por arrastre de partículas solidas – erosión – y relaves a causa de las lluvias.
3) Se establecen reglamentaciones de dudosa posibilidad de aplicación. Por ejemplo, la venta bajo receta agronómica, la autorización para hacer mezclas o sobre las tecnologías de aplicación, que han sido sistemáticamente violadas y que ya se hallan en la ley vigente.
4) Las aplicaciones de productos clasificados como clase III y IV a menos de 300 metros de las zonas habitadas desconoce la arbitrariedad e insuficiencia de criterios de esas clasificaciones asi como la posibilidad de bioacumulación, arrastre a grandes distancias y persistencia en el ambiente.
Se agrava situación de industrias tucumanas
Se agrava situación de industrias tucumanas: 0 oxígeno en efluentes
Fecha de Publicación: 18/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Miembros del Comité de Cuenca detectaron en el río Colorado, aportante al caudal del Embalse, falta de condiciones para la vida de la fauna y la flora. La situación fue calificada de grave, pues aún no comenzó la zafra y ya se nota la contaminación.
Las Termas, Río Hondo (C) Durante un recorrido que alcanzó más 100 kilómetros entre la provincias de Tucumán y Santiago, miembros del equipo técnico del Comité de Cuenca Salí Dulce monitorearon durante la jornada de ayer más de 10 tributarios tucumanos que aportan su caudal de agua al embalse de Las Termas en el marco del control que ejerce el organismo para medir el grado de contaminación que afecta al principal espejo de agua de Las Termas. De las pruebas efectuadas se constató in situ que el Río Colorado, a 42 kilómetros de San Miguel de Tucumán y a 103 kilómetros desde Las Termas, tenía bajísimos niveles de oxígeno y un fuerte olor fétido invadía la zona.
Para los especialistas fue alentador el diagnóstico dado que el 90% de los ríos que alimenta el embalse se encuentra con parámetros normales a comparación del año pasado, cuando a esta altura del año y con la cota baja de agua presentaban un alto grado de contaminación. No obstante, cabe consignar que la zafra azucarera recién se inició en Tucumán y aún no llegó a su pico alto de producción.
EL LIBERAL acompañó durante las 7 horas de inspección a los técnicos integrantes de la Secretaría del Agua de la provincia, comitiva encabezada por el Lic. Sergio Saltz, en representación de Santiago del Estero en el Comité de la Cuenca Salí Dulce. El itinerario se inició por la ruta Nº9 hasta llegar al arroyo denominado Troncal a cinco kilómetros de la localidad de Los Puestos (Tucumán) y cuyo caudal transporta desagües del canal DP1 y canal DP2 provenientes de ingenios y de Minera Alumbrera.
Cerca de las 10.50, los especialistas tomaron muestras del arroyo Mixta y Mixta Mezcla que también desembocan en el embalse. Entre los dos estrechos cauces, se observó el agua color marrón pero sin olor y un porcentaje bajo de salinidad que podría ser vinaza diluida, aunque los estudios de laboratorio confirmarán esta posibilidad. “En estos momentos es favorable la cantidad de agua que tienen los ríos y a causa de las precipitaciones, en otras ocasiones comprobamos que no había nada de oxígeno en estos arroyos”, señaló Saltz.
Desechos cloacales
Posteriormente, al llegar al Río Salí uno de los principales afluentes del lago Río Hondo que conduce desechos del sistema cloacal y de ingenios, se detectó valores normales de oxígeno y un importante volumen de agua, signo alentador para los técnicos porque logra mermar el impacto de la contaminación.
No obstante, 10 kilómetros más adelante por la ruta Nº157 con destino a la ciudad de Simoca, el panorama cambió rotundamente al constatar que los río Colorado y el arroyo Aguas Blancas, sitio donde se depositarían los desechos de algunas citrícolas y de una papelera, la medición de oxígeno no superaba el 2,7 cuando el valor normal es de 12. “El agua está verde oscura, se siente un olor nauseabundo y acá prácticamente no hay vida ictícola. Puede tener un aporte importante de materia orgánica”, explicó Saltz.
Llamativamente, según el biólogo, “las barandas del puente del río Colorado están oxidadas por los vapores que emana permanentemente el afluente, como así también la presencia de hojas blanquecinas en especies arbóreas que colindan con el curso de agua”.
En el arroyo Aguas Blancas, paradójicamente, lo menos que se constataba era su claridad ocasionada según Saltz por restos de “carbonilla”, desechos que quedan en los filtros de los ingenios al lavarse la caña quemada. “Ahora el peón se ahorra de apartar manualmente la hoja de la caña y prefiere quemarla, cuando se lava los filtros se elimina esos restos quemados a los tributarios”, indicó.
La presencia de “carbonilla” fue una constante durante las inspecciones en el arroyo del Esteco, Río Seco y Gastona, mientras que la medición del oxígeno dio parámetros normales. Antes de llegar a la localidad de Lamadrid, el río Medina, arroyo Matazambi y el Río Graneros exhibían un estado bueno con un gran volumen de agua, presencia de oxígeno y peces. “El año pasado el arroyo Matazambi, estaba teñido de color rojo y miles de peces muertos, es uno de los afluentes que recepta desechos del Ingenio Marapa y de la planta cloacal de Guayacane y luego van al embalse”, reveló Saltz.
Fecha de Publicación: 18/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Miembros del Comité de Cuenca detectaron en el río Colorado, aportante al caudal del Embalse, falta de condiciones para la vida de la fauna y la flora. La situación fue calificada de grave, pues aún no comenzó la zafra y ya se nota la contaminación.
Las Termas, Río Hondo (C) Durante un recorrido que alcanzó más 100 kilómetros entre la provincias de Tucumán y Santiago, miembros del equipo técnico del Comité de Cuenca Salí Dulce monitorearon durante la jornada de ayer más de 10 tributarios tucumanos que aportan su caudal de agua al embalse de Las Termas en el marco del control que ejerce el organismo para medir el grado de contaminación que afecta al principal espejo de agua de Las Termas. De las pruebas efectuadas se constató in situ que el Río Colorado, a 42 kilómetros de San Miguel de Tucumán y a 103 kilómetros desde Las Termas, tenía bajísimos niveles de oxígeno y un fuerte olor fétido invadía la zona.
Para los especialistas fue alentador el diagnóstico dado que el 90% de los ríos que alimenta el embalse se encuentra con parámetros normales a comparación del año pasado, cuando a esta altura del año y con la cota baja de agua presentaban un alto grado de contaminación. No obstante, cabe consignar que la zafra azucarera recién se inició en Tucumán y aún no llegó a su pico alto de producción.
EL LIBERAL acompañó durante las 7 horas de inspección a los técnicos integrantes de la Secretaría del Agua de la provincia, comitiva encabezada por el Lic. Sergio Saltz, en representación de Santiago del Estero en el Comité de la Cuenca Salí Dulce. El itinerario se inició por la ruta Nº9 hasta llegar al arroyo denominado Troncal a cinco kilómetros de la localidad de Los Puestos (Tucumán) y cuyo caudal transporta desagües del canal DP1 y canal DP2 provenientes de ingenios y de Minera Alumbrera.
Cerca de las 10.50, los especialistas tomaron muestras del arroyo Mixta y Mixta Mezcla que también desembocan en el embalse. Entre los dos estrechos cauces, se observó el agua color marrón pero sin olor y un porcentaje bajo de salinidad que podría ser vinaza diluida, aunque los estudios de laboratorio confirmarán esta posibilidad. “En estos momentos es favorable la cantidad de agua que tienen los ríos y a causa de las precipitaciones, en otras ocasiones comprobamos que no había nada de oxígeno en estos arroyos”, señaló Saltz.
Desechos cloacales
Posteriormente, al llegar al Río Salí uno de los principales afluentes del lago Río Hondo que conduce desechos del sistema cloacal y de ingenios, se detectó valores normales de oxígeno y un importante volumen de agua, signo alentador para los técnicos porque logra mermar el impacto de la contaminación.
No obstante, 10 kilómetros más adelante por la ruta Nº157 con destino a la ciudad de Simoca, el panorama cambió rotundamente al constatar que los río Colorado y el arroyo Aguas Blancas, sitio donde se depositarían los desechos de algunas citrícolas y de una papelera, la medición de oxígeno no superaba el 2,7 cuando el valor normal es de 12. “El agua está verde oscura, se siente un olor nauseabundo y acá prácticamente no hay vida ictícola. Puede tener un aporte importante de materia orgánica”, explicó Saltz.
Llamativamente, según el biólogo, “las barandas del puente del río Colorado están oxidadas por los vapores que emana permanentemente el afluente, como así también la presencia de hojas blanquecinas en especies arbóreas que colindan con el curso de agua”.
En el arroyo Aguas Blancas, paradójicamente, lo menos que se constataba era su claridad ocasionada según Saltz por restos de “carbonilla”, desechos que quedan en los filtros de los ingenios al lavarse la caña quemada. “Ahora el peón se ahorra de apartar manualmente la hoja de la caña y prefiere quemarla, cuando se lava los filtros se elimina esos restos quemados a los tributarios”, indicó.
La presencia de “carbonilla” fue una constante durante las inspecciones en el arroyo del Esteco, Río Seco y Gastona, mientras que la medición del oxígeno dio parámetros normales. Antes de llegar a la localidad de Lamadrid, el río Medina, arroyo Matazambi y el Río Graneros exhibían un estado bueno con un gran volumen de agua, presencia de oxígeno y peces. “El año pasado el arroyo Matazambi, estaba teñido de color rojo y miles de peces muertos, es uno de los afluentes que recepta desechos del Ingenio Marapa y de la planta cloacal de Guayacane y luego van al embalse”, reveló Saltz.
Salí-Dulce: inminente citación a indagatoria
Identifican a responsables de ingenios y es inminente la citación a indagatoria
Fecha de Publicación: 17/05/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal Guillermo Molinari que fijara fecha de indagatoria y que incorporara a la causa la declaración de un ex gerente “arrepentido”.
Dos importantes elementos se sumaron a la causa por daño ambiental en el embalse Río Hondo que se instruye en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, contra industrias de Tucumán que vierten sus desechos en la cuenca Salí-Dulce.
Por un lado, un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán enviado al Comité de Cuenca Salí-Dulce y que forma parte del expediente contiene los nombres de los responsables de los 15 ingenios denunciados por contaminación. Con esta prueba, el fiscal federal Pedro Simón solicitó al juez federal local Guillermo Molinari que fijara fecha de indagatoria de estas personas, lo que podría producirse en dos semanas.
En tanto, Simón también requirió al magistrado que incorpore a la causa la declaración de un ex directivo de un ingenio azucarero que reveló como estas industrias contaminaron y causaron la mortandad de peces en los últimos tiempos, en especial 2010 cuando murieron toneladas de animales por tóxicos. Conjuntamente, pidió que se produzcan medidas probatorias que corroboren los dichos de este industrial.
Cerco judicial
Según fuentes judiciales, los responsables de los 15 ingenios azucareros sindicados por Fiscalía de Estado como causantes de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce tendrían que estar sentados frente al juez Guillermo Molinari dentro de dos semanas, tiempo que demandaría la notificación de la citación de la Justicia, en cada uno de los domicilios de los industriales. Esto, en el caso de no mediar alguna presentación de eximición de prisión por parte de los abogados defensores, lo que demandaría al magistrado tener que resolver sobre cada uno de los pedidos, lo que aplazaría las indagatorias.
Días atrás, Pedro Simón, representante del Ministerio Público Fiscal Federal, había asegurado que había muchas posibilidades de que se cite a indagatorias a los empresarios tucumanos. El primer paso hacia esta medida procesal, la dio el juez Molinari con el avocamiento de la causa y el libramiento de oficios a organismos públicos de Tucumán, para que proporcionen un listado con el nombre de los titulares de las firmas involucradas. Ahora, con este informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán (dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente) que había sido enviado al Comité de Cuenca Salí-Dulce, la Justicia logró acortar bastante los tiempos y al parecer, está cerca de indagar a empresarios tucumanos.
Hace dos semanas, a partir de numerosas pruebas recolectadas como tomas de muestras, el fiscal Simón solicitó la imputación por infracción a la ley nacional de Residuos Peligrosos de los responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco.
También a los titulares de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de secado de la empresa Minera Alumbrera Ltd.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
Fecha de Publicación: 17/05/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal Guillermo Molinari que fijara fecha de indagatoria y que incorporara a la causa la declaración de un ex gerente “arrepentido”.
Dos importantes elementos se sumaron a la causa por daño ambiental en el embalse Río Hondo que se instruye en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, contra industrias de Tucumán que vierten sus desechos en la cuenca Salí-Dulce.
Por un lado, un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán enviado al Comité de Cuenca Salí-Dulce y que forma parte del expediente contiene los nombres de los responsables de los 15 ingenios denunciados por contaminación. Con esta prueba, el fiscal federal Pedro Simón solicitó al juez federal local Guillermo Molinari que fijara fecha de indagatoria de estas personas, lo que podría producirse en dos semanas.
En tanto, Simón también requirió al magistrado que incorpore a la causa la declaración de un ex directivo de un ingenio azucarero que reveló como estas industrias contaminaron y causaron la mortandad de peces en los últimos tiempos, en especial 2010 cuando murieron toneladas de animales por tóxicos. Conjuntamente, pidió que se produzcan medidas probatorias que corroboren los dichos de este industrial.
Cerco judicial
Según fuentes judiciales, los responsables de los 15 ingenios azucareros sindicados por Fiscalía de Estado como causantes de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce tendrían que estar sentados frente al juez Guillermo Molinari dentro de dos semanas, tiempo que demandaría la notificación de la citación de la Justicia, en cada uno de los domicilios de los industriales. Esto, en el caso de no mediar alguna presentación de eximición de prisión por parte de los abogados defensores, lo que demandaría al magistrado tener que resolver sobre cada uno de los pedidos, lo que aplazaría las indagatorias.
Días atrás, Pedro Simón, representante del Ministerio Público Fiscal Federal, había asegurado que había muchas posibilidades de que se cite a indagatorias a los empresarios tucumanos. El primer paso hacia esta medida procesal, la dio el juez Molinari con el avocamiento de la causa y el libramiento de oficios a organismos públicos de Tucumán, para que proporcionen un listado con el nombre de los titulares de las firmas involucradas. Ahora, con este informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán (dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente) que había sido enviado al Comité de Cuenca Salí-Dulce, la Justicia logró acortar bastante los tiempos y al parecer, está cerca de indagar a empresarios tucumanos.
Hace dos semanas, a partir de numerosas pruebas recolectadas como tomas de muestras, el fiscal Simón solicitó la imputación por infracción a la ley nacional de Residuos Peligrosos de los responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco.
También a los titulares de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de secado de la empresa Minera Alumbrera Ltd.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
Intentarán clonar árboles selváticos en peligro
Unne: intentarán clonar árboles selváticos en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Misiones
El trabajo lo realizan investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste. El objetivo es recuperar las especies afectadas por el sector maderero. Usarán la biotecnología como herramienta.
La selva misionera cuenta con una gran riqueza biológica expresada por la diversidad de estratos vegetales y la fauna terrestre e ictícola que posee. A pesar de que esta alberga más de 200 especies arbóreas, es evidente el proceso de deterioro sufrido debido a la extracción indiscriminada de las especies maderables. En ese marco, intentando revertir la situación, un grupo de científicos de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) intentará clonar algunos árboles y plantas similares que están en peligro de extinción.
Dentro del proceso de deterioro, el mayor impacto reside en la erosión genética causada por la presión de selección, porque se eliminan los mejores ejemplares adultos dejando en pie aquellos generalmente enfermos, de escaso valor genético para la futura regeneración. Esa situación, sumada a otros factores, impide la regeneración de las especies arbóreas del bosque requiriendo de períodos prolongados para su establecimiento.
Frente a este problema, la ingeniera forestal Evelyn Raquel Duarte, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), propone como parte de su tesis doctoral trabajar en la “Aplicación de herramientas biotecnológicas en la clonación de especies arbóreas nativas de la selva misionera en peligro de extinción”.
La investigación, que tiene como director al doctor Pedro Sansberro y como codirectora a la doctora Claudia Luna, ambos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne, se lleva a cabo en el Instituto de Botánica del Nordeste.
La clonación del germoplasma
El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de procedimientos de clonación del germoplasma nativo mediante el uso de las herramientas que ofrece la biotecnología vegetal, a fin de ser utilizados en programas estratégicos de recuperación de especies en peligro.
El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la reproducción a la descendencia por medio de gametos o células reproductoras. El mencionado concepto se utiliza comúnmente para designar el genoma de las especies vegetales silvestres y no genéticamente modificadas de interés para la agricultura.
La selección de especies
El equipo científico que lleva adelante el proyecta, señaló que las especies elegidas para la clonación serían aquellas de mayor importancia económica que han despertado el interés del sector maderero: Balfourodendron riedelianum (guatambú), Cordia trichotoma (peteribí), Myrocarpus frondosus (incienso), como así también distintas especies del género Cedrela (meliáceas) que debido a sus características xilotecnológicas (color, veteado, densidad y facilidad para ser trabajada en aserrado y carpintería), generó una intensa explotación.
El cultivo in vitro de tejidos es una herramienta biotecnológica que es utilizada exitosamente en la propagación vegetativa de numerosas especies vegetales, ofrece una serie de ventajas con respecto a los sistemas tradicionales de propagación entre las que se podrían mencionar la posibilidad de obtener plantas libres de enfermedades en forma rápida, masiva y en términos económicamente accesibles.
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Misiones
El trabajo lo realizan investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste. El objetivo es recuperar las especies afectadas por el sector maderero. Usarán la biotecnología como herramienta.
La selva misionera cuenta con una gran riqueza biológica expresada por la diversidad de estratos vegetales y la fauna terrestre e ictícola que posee. A pesar de que esta alberga más de 200 especies arbóreas, es evidente el proceso de deterioro sufrido debido a la extracción indiscriminada de las especies maderables. En ese marco, intentando revertir la situación, un grupo de científicos de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) intentará clonar algunos árboles y plantas similares que están en peligro de extinción.
Dentro del proceso de deterioro, el mayor impacto reside en la erosión genética causada por la presión de selección, porque se eliminan los mejores ejemplares adultos dejando en pie aquellos generalmente enfermos, de escaso valor genético para la futura regeneración. Esa situación, sumada a otros factores, impide la regeneración de las especies arbóreas del bosque requiriendo de períodos prolongados para su establecimiento.
Frente a este problema, la ingeniera forestal Evelyn Raquel Duarte, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), propone como parte de su tesis doctoral trabajar en la “Aplicación de herramientas biotecnológicas en la clonación de especies arbóreas nativas de la selva misionera en peligro de extinción”.
La investigación, que tiene como director al doctor Pedro Sansberro y como codirectora a la doctora Claudia Luna, ambos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne, se lleva a cabo en el Instituto de Botánica del Nordeste.
La clonación del germoplasma
El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de procedimientos de clonación del germoplasma nativo mediante el uso de las herramientas que ofrece la biotecnología vegetal, a fin de ser utilizados en programas estratégicos de recuperación de especies en peligro.
El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la reproducción a la descendencia por medio de gametos o células reproductoras. El mencionado concepto se utiliza comúnmente para designar el genoma de las especies vegetales silvestres y no genéticamente modificadas de interés para la agricultura.
La selección de especies
El equipo científico que lleva adelante el proyecta, señaló que las especies elegidas para la clonación serían aquellas de mayor importancia económica que han despertado el interés del sector maderero: Balfourodendron riedelianum (guatambú), Cordia trichotoma (peteribí), Myrocarpus frondosus (incienso), como así también distintas especies del género Cedrela (meliáceas) que debido a sus características xilotecnológicas (color, veteado, densidad y facilidad para ser trabajada en aserrado y carpintería), generó una intensa explotación.
El cultivo in vitro de tejidos es una herramienta biotecnológica que es utilizada exitosamente en la propagación vegetativa de numerosas especies vegetales, ofrece una serie de ventajas con respecto a los sistemas tradicionales de propagación entre las que se podrían mencionar la posibilidad de obtener plantas libres de enfermedades en forma rápida, masiva y en términos económicamente accesibles.
Impulsan sancionar delitos ambientales
Impulsan sancionar delitos ambientales
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley para juzgar a quienes cometan acciones que perjudiquen el medio ambiente será enviado en las próximas semanas a la Legislatura bonaerense, que de aprobarse convertirá a la provincia en la primera región del país que tipifica estos delitos.
"Tanto este nuevo Código de Faltas como la creación de los futuros juzgados de faltas ambientales son de importancia vital para la provincia, ya que nos permitirá optimizar los recursos ya existentes, otorgándoles a las cuestiones ambientales el tratamiento específico que por su impacto social y trascendencia económica merece", explicó a la agencia Télam José Molina del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), que elaboró la iniciativa.
De esta manera, Buenos Aires será la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental y juzgados ambientales para juzgar a quienes cometan delitos ecológicos y acciones que perjudiquen la salud del medio ambiente.
El Código será el marco normativo del que surgirán juzgados encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y también la posibilidad de aplicar arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación ecológica. Además, establecerá qué tipo de contravenciones y faltas serán juzgadas en las comunas y cuáles en los nuevos organismos creados en el marco de la normativa.
Aplicación municipal
El objetivo es que exista un sólo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la provincia como por los municipios, ya que actualmente existen, de mínima, cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes concernientes al medio ambiente y la sanidad ecológica.
Según los fundamentos del proyecto de Código Ambiental, se pretende "la preservación, recuperación, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, estableciendo los principios rectores del desarrollo sustentable".
Se propiciarán "acciones a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones futuras".
Fecha de Publicación: 16/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley para juzgar a quienes cometan acciones que perjudiquen el medio ambiente será enviado en las próximas semanas a la Legislatura bonaerense, que de aprobarse convertirá a la provincia en la primera región del país que tipifica estos delitos.
"Tanto este nuevo Código de Faltas como la creación de los futuros juzgados de faltas ambientales son de importancia vital para la provincia, ya que nos permitirá optimizar los recursos ya existentes, otorgándoles a las cuestiones ambientales el tratamiento específico que por su impacto social y trascendencia económica merece", explicó a la agencia Télam José Molina del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), que elaboró la iniciativa.
De esta manera, Buenos Aires será la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental y juzgados ambientales para juzgar a quienes cometan delitos ecológicos y acciones que perjudiquen la salud del medio ambiente.
El Código será el marco normativo del que surgirán juzgados encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y también la posibilidad de aplicar arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación ecológica. Además, establecerá qué tipo de contravenciones y faltas serán juzgadas en las comunas y cuáles en los nuevos organismos creados en el marco de la normativa.
Aplicación municipal
El objetivo es que exista un sólo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la provincia como por los municipios, ya que actualmente existen, de mínima, cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes concernientes al medio ambiente y la sanidad ecológica.
Según los fundamentos del proyecto de Código Ambiental, se pretende "la preservación, recuperación, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, estableciendo los principios rectores del desarrollo sustentable".
Se propiciarán "acciones a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones futuras".
Reabren una causa por el Riachuelo
Reabren una causa por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal ordenó que se reactive un caso archivado por vuelco ilegal de efluentes tóxicos
La Justicia ordenó que se profundice la investigación de una causa penal iniciada por la Asociación Vecinos de La Boca por contaminación en el Riachuelo. El fallo, de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, revocó el archivo ordenado en primera instancia.
Según el tribunal, debe reiniciarse la pesquisa sobre el vuelco ilegal de efluentes en el río y la supuesta falta de escurrimiento de las aguas a causa de 8500 toneladas de chatarra depositadas en su lecho. La denuncia, que en 2004 se realizó ante la entonces flamante Fiscalía de La Boca, también alertaba sobre la extensión de basurales a cielo abierto.
"Se trata de la denuncia que hicimos como asociación en el año 2004. Realmente creíamos [que la causa] estaba archivada en vía muerta, pero no. La muy grata sorpresa es que estaba gozando de muy buena salud", precisó Alfredo Alberti, presidente de la ONG.
La investigación quedó ahora en manos del juez federal Norberto Oyarbide; sin embargo, la Corte podría ordenar que formara parte de la causa Mendoza, que instruye el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y en la que se ordena a los Estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
Precisamente es en el contexto de esa causa que la Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia para el 1° del mes próximo, ocasión en que las autoridades y los organismos de control deberán responder un detallado cuestionario elaborado por el máximo tribunal para que se determine el avance del proceso de limpieza ordenado en 2008.
Entre los puntos que deben responder los funcionarios está el detalle sobre el desarrollo del sistema de indicadores, el acceso a la información pública, las mediciones de calidad de aire y agua, la contaminación de origen industrial, los planes de reconversión industrial, la limpieza de las márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales y el saneamiento cloacal, el plan de reordenamiento territorial del puerto de Dock Sud, la situación de los basurales, el estado del financiamiento y del presupuesto, y el ordenamiento ambiental-territorial.
Sobre esa cuestión deberán responder acerca de las relocalizaciones de las más de 10.000 personas que viven en riesgo a la orilla del contaminado río, que tienen plazos que culminarán en 2013 y que fueron ordenados por Armella.
Cabe recordar que uno de los predios destinados a familias que viven en el Riachuelo sigue ocupado en Villa Lugano; se trata del complejo habitacional de Lacarra y Castañares.
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal ordenó que se reactive un caso archivado por vuelco ilegal de efluentes tóxicos
La Justicia ordenó que se profundice la investigación de una causa penal iniciada por la Asociación Vecinos de La Boca por contaminación en el Riachuelo. El fallo, de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, revocó el archivo ordenado en primera instancia.
Según el tribunal, debe reiniciarse la pesquisa sobre el vuelco ilegal de efluentes en el río y la supuesta falta de escurrimiento de las aguas a causa de 8500 toneladas de chatarra depositadas en su lecho. La denuncia, que en 2004 se realizó ante la entonces flamante Fiscalía de La Boca, también alertaba sobre la extensión de basurales a cielo abierto.
"Se trata de la denuncia que hicimos como asociación en el año 2004. Realmente creíamos [que la causa] estaba archivada en vía muerta, pero no. La muy grata sorpresa es que estaba gozando de muy buena salud", precisó Alfredo Alberti, presidente de la ONG.
La investigación quedó ahora en manos del juez federal Norberto Oyarbide; sin embargo, la Corte podría ordenar que formara parte de la causa Mendoza, que instruye el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y en la que se ordena a los Estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
Precisamente es en el contexto de esa causa que la Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia para el 1° del mes próximo, ocasión en que las autoridades y los organismos de control deberán responder un detallado cuestionario elaborado por el máximo tribunal para que se determine el avance del proceso de limpieza ordenado en 2008.
Entre los puntos que deben responder los funcionarios está el detalle sobre el desarrollo del sistema de indicadores, el acceso a la información pública, las mediciones de calidad de aire y agua, la contaminación de origen industrial, los planes de reconversión industrial, la limpieza de las márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales y el saneamiento cloacal, el plan de reordenamiento territorial del puerto de Dock Sud, la situación de los basurales, el estado del financiamiento y del presupuesto, y el ordenamiento ambiental-territorial.
Sobre esa cuestión deberán responder acerca de las relocalizaciones de las más de 10.000 personas que viven en riesgo a la orilla del contaminado río, que tienen plazos que culminarán en 2013 y que fueron ordenados por Armella.
Cabe recordar que uno de los predios destinados a familias que viven en el Riachuelo sigue ocupado en Villa Lugano; se trata del complejo habitacional de Lacarra y Castañares.
La Rioja pone en marcha el parque eólico
La Rioja pone en marcha el parque eólico más grande de la Argentina
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: InfoAmbiente - Tiempo Argentino
Provincia/Región: La Rioja
Doce aerogeneradores comenzarán a funcionar el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Luis Beder Herrera inauguren la obra que aportará el 20% de la energía eléctrica de la provincia.
Dentro de pocos días, el poderoso viento que peina la cadena montañosa del Velazco, ubicada a 30 kilómetros al norte de Anillaco, aportará el 20% de la energía eléctrica que consume toda La Rioja. Además de estremecer a los viajeros que visitan la zona de Valle de la Puerta, los míticos soplidos de la Cordillera de los Andes que silban sobre su llanura también darán vida a doce gigantes de metal, que los riojanos decidieron bautizar “Molinos de viento”, como si se tratara de los viejos edificios del siglo XVIII, que aprovechaban las brisas para obtener agua. En algo se parecen: girarán todo el día y aprovecharán los vientos como hacían sus antepasados de madera, pero en este caso, se trata de doce hélices gigantescas, de tres aspas, que formarán parte del parque eólico más grande del país.
La obra comenzó hace tres años y, por ahora, tiene 12 aerogeneadores de 100 metros de altura que fueron construidos por la empresa mendocina IMPSA Wind, que planea instalar otros 40 en los próximos cinco años. Las máquinas fueron compradas por el gobierno riojano, a través de la empresa estatal con participación privada Parque Eólico Arauco SAPEM, que desembolsó 2,5 millones de pesos por cada aparato de energía limpia. La primera línea de maquinarias eólicas comenzarán a funcionar en forma regular desde el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández visite La Rioja para apoyar al gobernador Luis Beder Herrera que buscará su reelección nueve días después.
Cada uno de los aerogeneradores mide más de 100 metros, y sus hélices tienen un diámetro de 83. Frenan de inmediato cuando los vientos andinos superan los 100 kilómetros por hora, pero cuando las brisas superan los diez kilómetros ya comienzan a generar energía. Cada una de las máquinas puede girar 360 grados, cuenta con una escalera interior que llega hasta su cima y sus componentes provienen de distintas partes del mundo. “La torre fue construida en Corea del Sur, el motor fue hecho en Brasil y las aspas son mendocinas”, dice Juan Aguirre, un joven arquitecto de IMPSA, que cuenta los detalles de la obra, mientras el viento riojano de la tarde casi lo vuela. Lleva meses al pie del Velazco y su función es controlar la construcción de ese nuevo paisaje de hélices que, a la hora del crespúsculo, toman un color rojizo que transforman a la zona en un paisaje andino inesperado.
La Rioja es una de las provincias argentinas con mayores problemas de provisión eléctrica debido a la falta de agua y a la ausencia de grandes ríos con el caudal suficiente para la construcción de represas hidroeléctricas. De acuerdo con los cálculos del gobierno riojano, los aerogeneradores producirán 25 megavatios, una cifra equivalente a un quinto de todo el consumo eléctrico de la provincia norteña. En los planes oficiales los generadores llegarán a 50 dentro de cinco años y permitirán una producción de 50 megavatios, un caudal eléctrico que permitirá abastecer a más de 69 mil familias en una provincia donde el 95% del agua es subterránea.
El complejo tuvo un costo de 245 millones de pesos pagados por una sociedad mixta de control estatal, aunque su duración será superior a los 20 años sin ningún impacto contaminante, que permitirá evitar la emisión de 94 mil toneladas de CO2, el equivalente que producen las centrales eléctricas alimentadas a combustibles como fuel oil o carbón, para generar la misma energía. Por ahora, los 12 molinos de viento lograrán proveer a 18 mil hogares con energía limpia y en 2012, el mismo paisaje andino tendrá otra docena de aerogeneradores. El plan original habla de la instalación de 200 máquinas con un costo superior a los 480 millones de dólares. Los molinos de viento del Parque Arauco, son definidos por sus constructores como una “monocolumna de acero, con una base de hormigón que se puede instalar en espacios reducidos”, ya que su mecánica consiste en “un molino destinado a la generación de electricidad que funciona gracias al viento que mueve las hélices conectadas a un generador, y así transforma la energía mecánica en eléctrica”.
Para sus impulsores se trata de mucho más que un molino: tiene un gran generador de electricidad, un rotor, una enorme caja de engranajes, su sistema de control y una forma de generar energía muy valorada en una tierra donde el agua escasea mucho. Para otros, se trata de la mejor forma de alejarse de los fantasmas de la tragedia japonesa de Fukushima, donde la crisis de su central nuclear recordó que esa generación de energía puede resultar un pésimo negocio cuando lo previsible se desgaja por la fuerza de la naturaleza. Al parecer, las aspas gigantes de los andes riojanos, se llevan mejor con una naturaleza cada día más imprevisible.
Fecha de Publicación: 15/05/2011
Fuente: InfoAmbiente - Tiempo Argentino
Provincia/Región: La Rioja
Doce aerogeneradores comenzarán a funcionar el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Luis Beder Herrera inauguren la obra que aportará el 20% de la energía eléctrica de la provincia.
Dentro de pocos días, el poderoso viento que peina la cadena montañosa del Velazco, ubicada a 30 kilómetros al norte de Anillaco, aportará el 20% de la energía eléctrica que consume toda La Rioja. Además de estremecer a los viajeros que visitan la zona de Valle de la Puerta, los míticos soplidos de la Cordillera de los Andes que silban sobre su llanura también darán vida a doce gigantes de metal, que los riojanos decidieron bautizar “Molinos de viento”, como si se tratara de los viejos edificios del siglo XVIII, que aprovechaban las brisas para obtener agua. En algo se parecen: girarán todo el día y aprovecharán los vientos como hacían sus antepasados de madera, pero en este caso, se trata de doce hélices gigantescas, de tres aspas, que formarán parte del parque eólico más grande del país.
La obra comenzó hace tres años y, por ahora, tiene 12 aerogeneadores de 100 metros de altura que fueron construidos por la empresa mendocina IMPSA Wind, que planea instalar otros 40 en los próximos cinco años. Las máquinas fueron compradas por el gobierno riojano, a través de la empresa estatal con participación privada Parque Eólico Arauco SAPEM, que desembolsó 2,5 millones de pesos por cada aparato de energía limpia. La primera línea de maquinarias eólicas comenzarán a funcionar en forma regular desde el 20 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández visite La Rioja para apoyar al gobernador Luis Beder Herrera que buscará su reelección nueve días después.
Cada uno de los aerogeneradores mide más de 100 metros, y sus hélices tienen un diámetro de 83. Frenan de inmediato cuando los vientos andinos superan los 100 kilómetros por hora, pero cuando las brisas superan los diez kilómetros ya comienzan a generar energía. Cada una de las máquinas puede girar 360 grados, cuenta con una escalera interior que llega hasta su cima y sus componentes provienen de distintas partes del mundo. “La torre fue construida en Corea del Sur, el motor fue hecho en Brasil y las aspas son mendocinas”, dice Juan Aguirre, un joven arquitecto de IMPSA, que cuenta los detalles de la obra, mientras el viento riojano de la tarde casi lo vuela. Lleva meses al pie del Velazco y su función es controlar la construcción de ese nuevo paisaje de hélices que, a la hora del crespúsculo, toman un color rojizo que transforman a la zona en un paisaje andino inesperado.
La Rioja es una de las provincias argentinas con mayores problemas de provisión eléctrica debido a la falta de agua y a la ausencia de grandes ríos con el caudal suficiente para la construcción de represas hidroeléctricas. De acuerdo con los cálculos del gobierno riojano, los aerogeneradores producirán 25 megavatios, una cifra equivalente a un quinto de todo el consumo eléctrico de la provincia norteña. En los planes oficiales los generadores llegarán a 50 dentro de cinco años y permitirán una producción de 50 megavatios, un caudal eléctrico que permitirá abastecer a más de 69 mil familias en una provincia donde el 95% del agua es subterránea.
El complejo tuvo un costo de 245 millones de pesos pagados por una sociedad mixta de control estatal, aunque su duración será superior a los 20 años sin ningún impacto contaminante, que permitirá evitar la emisión de 94 mil toneladas de CO2, el equivalente que producen las centrales eléctricas alimentadas a combustibles como fuel oil o carbón, para generar la misma energía. Por ahora, los 12 molinos de viento lograrán proveer a 18 mil hogares con energía limpia y en 2012, el mismo paisaje andino tendrá otra docena de aerogeneradores. El plan original habla de la instalación de 200 máquinas con un costo superior a los 480 millones de dólares. Los molinos de viento del Parque Arauco, son definidos por sus constructores como una “monocolumna de acero, con una base de hormigón que se puede instalar en espacios reducidos”, ya que su mecánica consiste en “un molino destinado a la generación de electricidad que funciona gracias al viento que mueve las hélices conectadas a un generador, y así transforma la energía mecánica en eléctrica”.
Para sus impulsores se trata de mucho más que un molino: tiene un gran generador de electricidad, un rotor, una enorme caja de engranajes, su sistema de control y una forma de generar energía muy valorada en una tierra donde el agua escasea mucho. Para otros, se trata de la mejor forma de alejarse de los fantasmas de la tragedia japonesa de Fukushima, donde la crisis de su central nuclear recordó que esa generación de energía puede resultar un pésimo negocio cuando lo previsible se desgaja por la fuerza de la naturaleza. Al parecer, las aspas gigantes de los andes riojanos, se llevan mejor con una naturaleza cada día más imprevisible.
Pascua Lama: denuncia ante la CSJ
Pascua Lama: denuncia ante la Corte para que cese su actividad minera
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold en San Juan se lleva adelante sobre estas reservas de agua.
Varias organizaciones ambientalistas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicitaron que se ordene el inmediato cese de actividades del proyecto minero binacional “Pascua Lama" (San Juan), en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares, y disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares que impiden su aplicación en esa provincia.
La medida fue llevada adelante por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra Argentina y Diálogo por el Ambiente.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6° de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada, también solicita que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan” que impiden la aplicación en la provincia de los artículos clave de la norma en dicha provincia.
Asimismo, la demanda tiene por objeto que se garantice la plena vigencia de la Ley de Protección de Glaciares y que se ordene la realización inmediata del inventario nacional de glaciares y la auditoría ambiental que establece la norma sobre el emprendimiento Pascua-Lama.
Por otro lado, la presentación judicial pide que se condene a los demandados (el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias) a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Pascua-Lama, incluso antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold en San Juan se lleva adelante sobre estas reservas de agua.
Varias organizaciones ambientalistas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solicitaron que se ordene el inmediato cese de actividades del proyecto minero binacional “Pascua Lama" (San Juan), en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares, y disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares que impiden su aplicación en esa provincia.
La medida fue llevada adelante por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra Argentina y Diálogo por el Ambiente.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6° de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada, también solicita que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan” que impiden la aplicación en la provincia de los artículos clave de la norma en dicha provincia.
Asimismo, la demanda tiene por objeto que se garantice la plena vigencia de la Ley de Protección de Glaciares y que se ordene la realización inmediata del inventario nacional de glaciares y la auditoría ambiental que establece la norma sobre el emprendimiento Pascua-Lama.
Por otro lado, la presentación judicial pide que se condene a los demandados (el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias) a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Pascua-Lama, incluso antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
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Nacional,
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Avanza prohibición de termómetros con mercurio
Avanza prohibición de termómetros con mercurio
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado para su sanción un proyecto que prohíbe, por ser perjudiciales para la salud, la fabricación, venta y distribución de termómetros y tensiómetros que contengan mercurio en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado del GEN, Juan Carlos Juárez, luego de un trabajo realizado por le ONG Salud sin Daño para eliminar el mercurio de la medicina por el riesgo que implica para el medio ambiente y la población.
De sancionarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá confeccionar un registro de las firmas que producen termómetros y tensiómetros que no utilicen mercurio, con la finalidad de orientar las compras de los hospitales públicos y de los prestadores de salud del sector privado.
También, prevé la realización de un inventario de los insumos, reactivos químicos y dispositivos médicos que contengan mercurio y que puedan ser reemplazados gradualmente por otro tipo que garanticen, como mínimo, la misma eficacia.
"Los estudios realizados por distintos organismos han demostrado que es posible ir reemplazando gradualmente los insumos y dispositivos médicos que contienen mercurio, por otros menos contaminantes, que brindan la mismas prestaciones con calidad y exactitud similares y sin incrementar los costos" dijo Juárez.
Fecha de Publicación: 14/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado para su sanción un proyecto que prohíbe, por ser perjudiciales para la salud, la fabricación, venta y distribución de termómetros y tensiómetros que contengan mercurio en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado del GEN, Juan Carlos Juárez, luego de un trabajo realizado por le ONG Salud sin Daño para eliminar el mercurio de la medicina por el riesgo que implica para el medio ambiente y la población.
De sancionarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá confeccionar un registro de las firmas que producen termómetros y tensiómetros que no utilicen mercurio, con la finalidad de orientar las compras de los hospitales públicos y de los prestadores de salud del sector privado.
También, prevé la realización de un inventario de los insumos, reactivos químicos y dispositivos médicos que contengan mercurio y que puedan ser reemplazados gradualmente por otro tipo que garanticen, como mínimo, la misma eficacia.
"Los estudios realizados por distintos organismos han demostrado que es posible ir reemplazando gradualmente los insumos y dispositivos médicos que contienen mercurio, por otros menos contaminantes, que brindan la mismas prestaciones con calidad y exactitud similares y sin incrementar los costos" dijo Juárez.
"Alumbrera para mí es la que más contamina"
"La Minera Alumbrera para mí es la que más contamina"
Fecha de Publicación: 13/05/2011
Fuente: No a la Mina - Diario El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Así lo advirtió el fiscal federal general de Tucumán quien en declaraciones a una radio de Santiago del Estero dijo que desde hace más de 10 años la empresa contamina con metales pesados un canal que luego desemboca en el dique El Frontal de Las Termas de Río Hondo. Por otra parte, un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, de todas las industrias, en su mayoría tucumanas, que son acusadas por el daño ambiental ocasionado a la cuenca de los ríos Salí-Dulce, "Minera Alumbrera es la que más contamina".
Durante una entrevista concedida a la radio LV11 de Santiago del Estero, el fiscal recordó que "en Tucumán tenemos cerca de 100 causas penales por contaminación ambiental", en las cuales tuvo una fuerte participación como principal instructor.
En este sentido, resaltó que en la Justicia Federal de Tucumán hay "casos de condena por delitos de contaminación ambiental" y destacó que "por el volcado de residuos patológicos fue condenado el intendente de Concepción (Octavio Muedra) a un año de prisión. También condenaron a los propietarios de un sanatorio a tres años de prisión; tenemos procesados a más de media docena de intendentes por esta cuestión de la contaminación a través de los basurales, y empresarios de recolección de residuos. Se ha procesado a los propietarios de empresas citrícolas y de frigoríficos", enumeró.
"La que más contamina"
No obstante, Gómez advirtió que "la Minera (Alumbrera) para mí es la que más contamina". A propósito, recordó que "se presentaron tres querellantes en una causa, uno de una ONG ambientalista de Buenos Aires, otro de una ONG de Tucumán y la otra es Anita Loto, la ex concejal de Las Termas".
También recordó que los querellantes "se reunieron días pasados con los camaristas, le plantearon estas cuestiones y están impulsando la causa penal de la Minera Alumbrera pidiendo el procesamiento de sus directivos".
Según dijo Gómez a LV11, en declaraciones reproducidas por el Nuevo Diario de Santiago, "los ciudadanos comunes están en un riesgo mucho mayor que yo. A mí me pagan un muy buen sueldo por hacer el trabajo que hago, pero Anita Loto tiene un sueldo básico y sin embargo tiene el coraje de presentarse e impulsar todas estas acciones en representación de su pueblo", destacó.
Explicó que "en el caso de Minera es una causa que ya tiene 13 años de duración. Si se lo pudiera llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos harían muchas recomendaciones, porque sin dudas está fallando la administración de justicia y por eso creo que la presentación de los querellantes va a significar un gran impulso en la causa, sobre todo porque la propia empresa minera en sus informes de impacto ambiental reconoce la contaminación y los niveles elevados de la misma", argumentó.
Gómez destacó al respecto que "esto es casi una prueba matemática porque los niveles de contaminación por encima de los cuales se comete un delito ambiental están establecidos en la Ley 24.051". "Hay contaminación con metales pesados y confesado por la propia empresa Minera Alumbrera, estos son líquidos que se tiran a un canal y que van directamente al dique Frontal (de Termas de Río Hondo) y es algo que ocurre desde hace más de 10 años, por lo que hay un proceso de acumulación muy importante", manifestó.
Evasión: las multimillonarias ganancias de Minera Alumbrera
Un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Mientras que dos causas penales contra la empresa Minera Alumbrera (una por contaminación y otra por una multimillonaria evasión) se tramitan sin avances sustanciales en la Justicia Federal de Tucumán, la compañía de capitales extranjeros reportó en 2010 ganancias por la extracción de minerales por la friolera de 1.590 millones de dólares. Según un informe oficial recientemente difundido, Minera Alumbrera, que explota el Yacimiento Bajo la Alumbrera, en el departamento Belén, en la vecina provincia de Catamarca, extrajo y se llevó del país oro, cobre y otros metales de alto valor económico por un monto global de 1.590 millones de dólares, es decir unos 6.390 millones de pesos.
De acuerdo al mismo informe, ese nivel de exportación que registró la empresa implicó un incremento de 20 por ciento respecto del año anterior y el acumulado 1999-2010 suma unos 10.962 millones de dólares o sea 43.848 millones de pesos.
Sin embargo, esas cifras son insignificantes si se las compara con los 40.000 millones de dólares que, de acuerdo a una demanda penal presentada hace más de un año por dos geólogos tucumanos, se habría llevado Minera Alumbrera en los últimos tiempos (ver "Investigación estancada").
En el informe oficial, se aclaró que este crecimiento respecto de 2009 es producto sólo de la suba de precios de estas commodities, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 2,4 por ciento para el concentrado de cobre, 22,3 por ciento, para el oro doré y 4,4 por ciento, para el molibdeno.
Según el mismo documento, la composición de los envíos al exterior es de: 95,5 por ciento concentrado de cobre y oro, mientras que 3,5 por ciento es oro doré y el 1,1 por ciento restante molibdeno.
El valor de las exportaciones del proyecto Alumbrera para 2010 significa 2,3 por ciento de las exportaciones totales del país, 10,5 por ciento de las exportaciones de productos primarios y 35 por ciento de las exportaciones del sector minero.
Según la empresa, en 2010, el proyecto minero aportó a la economía argentina ingresos por un total de 3.916 millones de pesos, en concepto de pago de impuestos, regalías, salarios, aportes a la seguridad social, compra de insumos y servicios nacionales, entre otros.
No obstante, es oportuno aclarar que a diferencia de las exportaciones normales, que le generan al país importantes ingresos, en el caso de esta compañía se ve beneficiada por el Decreto 753/2004, según el cual las mineras no están obligadas a ingresar al circuito financiero argentino los dólares producidos por la venta al exterior de lo extraído en territorio argentino.
Investigación estancada
Hace 15 meses fue presentada ante la Justicia Federal de Tucumán una denuncia sobre un ocultamiento de ganancias por más de 40.000 millones de dólares por parte de la firma Minera Alumbrera, en perjuicio del Estado nacional y de sus socios del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio-YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca). Sin embargo, la causa, que está en manos del titular del Juzgado Federal Número I, Daniel Bejas, sigue paralizada y no hubo un avance significativo en la investigación.
La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que Minera Alumbrera solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio. De acuerdo a la demanda de los profesionales, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año.
Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y al YMAD.
En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca, hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude-evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares.
La causa por contaminación
Paralelamente a esa causa, en la Justicia Federal de Tucumán se investiga otra demanda contra Minera Alumbrera, que fue iniciada hace 13 años, por contaminación ambiental.
La demanda fue planteada por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto a un grupo de organizaciones ecologistas y a la concejal de las Termas de Río Hondo Anita Loto, que acusaron a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique El Frontal.
Por estos hechos, estuvo procesado el vicepresidente de la minera, Julián Rooney, luego de que en mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones lo considerara supuesto autor responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.051 (Residuos Peligrosos). En septiembre de 2009, la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del procesamiento. Sin embargo, Rooney sigue como imputado en la causa por violación a la citada norma.
El último movimiento importante en la causa se produjo hace unos días, cuando el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó realizar nuevos estudios sobre el grado de contaminación actual del canal DP2, designando para esa tarea a tres ingenieros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT.
Los querellantes expresaron su total disconformidad con esta medida, aduciendo, por un lado, que al ser la UNT socia de Minera Alumbrera en el YMAD la elección de peritos pertenecientes a esa casa de altos estudios no garantiza la imparcialidad necesaria para establecer si la firma minera sigue envenenando el agua.
Por otro lado, plantearon que, después de 13 años de iniciada la causa, ya hay pruebas suficientes que constatan el daño ambiental ocasionado por la compañía minera.
Fecha de Publicación: 13/05/2011
Fuente: No a la Mina - Diario El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Así lo advirtió el fiscal federal general de Tucumán quien en declaraciones a una radio de Santiago del Estero dijo que desde hace más de 10 años la empresa contamina con metales pesados un canal que luego desemboca en el dique El Frontal de Las Termas de Río Hondo. Por otra parte, un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, de todas las industrias, en su mayoría tucumanas, que son acusadas por el daño ambiental ocasionado a la cuenca de los ríos Salí-Dulce, "Minera Alumbrera es la que más contamina".
Durante una entrevista concedida a la radio LV11 de Santiago del Estero, el fiscal recordó que "en Tucumán tenemos cerca de 100 causas penales por contaminación ambiental", en las cuales tuvo una fuerte participación como principal instructor.
En este sentido, resaltó que en la Justicia Federal de Tucumán hay "casos de condena por delitos de contaminación ambiental" y destacó que "por el volcado de residuos patológicos fue condenado el intendente de Concepción (Octavio Muedra) a un año de prisión. También condenaron a los propietarios de un sanatorio a tres años de prisión; tenemos procesados a más de media docena de intendentes por esta cuestión de la contaminación a través de los basurales, y empresarios de recolección de residuos. Se ha procesado a los propietarios de empresas citrícolas y de frigoríficos", enumeró.
"La que más contamina"
No obstante, Gómez advirtió que "la Minera (Alumbrera) para mí es la que más contamina". A propósito, recordó que "se presentaron tres querellantes en una causa, uno de una ONG ambientalista de Buenos Aires, otro de una ONG de Tucumán y la otra es Anita Loto, la ex concejal de Las Termas".
También recordó que los querellantes "se reunieron días pasados con los camaristas, le plantearon estas cuestiones y están impulsando la causa penal de la Minera Alumbrera pidiendo el procesamiento de sus directivos".
Según dijo Gómez a LV11, en declaraciones reproducidas por el Nuevo Diario de Santiago, "los ciudadanos comunes están en un riesgo mucho mayor que yo. A mí me pagan un muy buen sueldo por hacer el trabajo que hago, pero Anita Loto tiene un sueldo básico y sin embargo tiene el coraje de presentarse e impulsar todas estas acciones en representación de su pueblo", destacó.
Explicó que "en el caso de Minera es una causa que ya tiene 13 años de duración. Si se lo pudiera llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos harían muchas recomendaciones, porque sin dudas está fallando la administración de justicia y por eso creo que la presentación de los querellantes va a significar un gran impulso en la causa, sobre todo porque la propia empresa minera en sus informes de impacto ambiental reconoce la contaminación y los niveles elevados de la misma", argumentó.
Gómez destacó al respecto que "esto es casi una prueba matemática porque los niveles de contaminación por encima de los cuales se comete un delito ambiental están establecidos en la Ley 24.051". "Hay contaminación con metales pesados y confesado por la propia empresa Minera Alumbrera, estos son líquidos que se tiran a un canal y que van directamente al dique Frontal (de Termas de Río Hondo) y es algo que ocurre desde hace más de 10 años, por lo que hay un proceso de acumulación muy importante", manifestó.
Evasión: las multimillonarias ganancias de Minera Alumbrera
Un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Mientras que dos causas penales contra la empresa Minera Alumbrera (una por contaminación y otra por una multimillonaria evasión) se tramitan sin avances sustanciales en la Justicia Federal de Tucumán, la compañía de capitales extranjeros reportó en 2010 ganancias por la extracción de minerales por la friolera de 1.590 millones de dólares. Según un informe oficial recientemente difundido, Minera Alumbrera, que explota el Yacimiento Bajo la Alumbrera, en el departamento Belén, en la vecina provincia de Catamarca, extrajo y se llevó del país oro, cobre y otros metales de alto valor económico por un monto global de 1.590 millones de dólares, es decir unos 6.390 millones de pesos.
De acuerdo al mismo informe, ese nivel de exportación que registró la empresa implicó un incremento de 20 por ciento respecto del año anterior y el acumulado 1999-2010 suma unos 10.962 millones de dólares o sea 43.848 millones de pesos.
Sin embargo, esas cifras son insignificantes si se las compara con los 40.000 millones de dólares que, de acuerdo a una demanda penal presentada hace más de un año por dos geólogos tucumanos, se habría llevado Minera Alumbrera en los últimos tiempos (ver "Investigación estancada").
En el informe oficial, se aclaró que este crecimiento respecto de 2009 es producto sólo de la suba de precios de estas commodities, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 2,4 por ciento para el concentrado de cobre, 22,3 por ciento, para el oro doré y 4,4 por ciento, para el molibdeno.
Según el mismo documento, la composición de los envíos al exterior es de: 95,5 por ciento concentrado de cobre y oro, mientras que 3,5 por ciento es oro doré y el 1,1 por ciento restante molibdeno.
El valor de las exportaciones del proyecto Alumbrera para 2010 significa 2,3 por ciento de las exportaciones totales del país, 10,5 por ciento de las exportaciones de productos primarios y 35 por ciento de las exportaciones del sector minero.
Según la empresa, en 2010, el proyecto minero aportó a la economía argentina ingresos por un total de 3.916 millones de pesos, en concepto de pago de impuestos, regalías, salarios, aportes a la seguridad social, compra de insumos y servicios nacionales, entre otros.
No obstante, es oportuno aclarar que a diferencia de las exportaciones normales, que le generan al país importantes ingresos, en el caso de esta compañía se ve beneficiada por el Decreto 753/2004, según el cual las mineras no están obligadas a ingresar al circuito financiero argentino los dólares producidos por la venta al exterior de lo extraído en territorio argentino.
Investigación estancada
Hace 15 meses fue presentada ante la Justicia Federal de Tucumán una denuncia sobre un ocultamiento de ganancias por más de 40.000 millones de dólares por parte de la firma Minera Alumbrera, en perjuicio del Estado nacional y de sus socios del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio-YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca). Sin embargo, la causa, que está en manos del titular del Juzgado Federal Número I, Daniel Bejas, sigue paralizada y no hubo un avance significativo en la investigación.
La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que Minera Alumbrera solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio. De acuerdo a la demanda de los profesionales, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año.
Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y al YMAD.
En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca, hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude-evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares.
La causa por contaminación
Paralelamente a esa causa, en la Justicia Federal de Tucumán se investiga otra demanda contra Minera Alumbrera, que fue iniciada hace 13 años, por contaminación ambiental.
La demanda fue planteada por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto a un grupo de organizaciones ecologistas y a la concejal de las Termas de Río Hondo Anita Loto, que acusaron a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique El Frontal.
Por estos hechos, estuvo procesado el vicepresidente de la minera, Julián Rooney, luego de que en mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones lo considerara supuesto autor responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.051 (Residuos Peligrosos). En septiembre de 2009, la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del procesamiento. Sin embargo, Rooney sigue como imputado en la causa por violación a la citada norma.
El último movimiento importante en la causa se produjo hace unos días, cuando el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó realizar nuevos estudios sobre el grado de contaminación actual del canal DP2, designando para esa tarea a tres ingenieros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT.
Los querellantes expresaron su total disconformidad con esta medida, aduciendo, por un lado, que al ser la UNT socia de Minera Alumbrera en el YMAD la elección de peritos pertenecientes a esa casa de altos estudios no garantiza la imparcialidad necesaria para establecer si la firma minera sigue envenenando el agua.
Por otro lado, plantearon que, después de 13 años de iniciada la causa, ya hay pruebas suficientes que constatan el daño ambiental ocasionado por la compañía minera.
Denuncian robo de restos fósiles en zona minera
Denuncian robo de restos fósiles en la zona de la minera Vale
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Un concejal malargüino dice que se los llevan, presuntamente en forma ilegal, a Neuquén. Desde Patrimonio aseguran que la acción está a cargo de un profesional que elevará un informe.
Fotos y videos de restos de dinosaurios hallados en inmediaciones del espacio geográfico que ocupa la minera Vale con el proyecto de extracción de sales de potasio, fueron aportados por empleados neuquinos a la prensa y al concejal malargüino del Mopoma, José Gabriel Ferrero, quien realizó una denuncia por presunto tráfico de fósiles, ya que los mismos estarían siendo trasladados a la vecina provincia de Neuquén.
Desde la empresa minera rápidamente desmintieron la veracidad de la denuncia, informando que la Dirección de Patrimonio de Mendoza está al tanto de todo lo que ocurre en inmediaciones del yacimiento. "Vale, en estos casos, sigue los lineamientos normales de cualquier país en los que trabaja, realizando todos los pasos que corresponden. La empresa ha contratado una consultora, se realiza un rastreo previo, un monitoreo de los restos o materiales paleontológicos o arqueológicos que puedan haber en el lugar y en base a eso se lo informa”, destacaron desde sus oficinas centrales en Buenos Aires.
La acusación ha generado gran repercusión porque de comprobarse el robo de los restos fósiles se estaría cometiendo un grave delito. Según lo denunciado por Ferrero, se “estarían sacando restos fósiles de la zona de Corte Cajón, un sector que tiene a su cargo la compañía Skanska en el yacimiento de potasio ubicado en Pata Mora. Los mismos estarían siendo trasladados hacia la vecina provincia de Neuquén, sin conocimiento de la Dirección de Patrimonio de la provincia. Se trataría de restos de tres dinosaurios completos”.
La información aportada por algunos empleados indicaría que los restos habrían sido encontrados en distintos lugares y por casualidad, al estar trazando con máquinas topadoras uno de los caminos que la empresa está realizando en la mencionada zona.
Si bien la denuncia el edil Ferrero la realizó en el escuadrón 29 de Gendarmería Nacional, quienes inmediatamente se aprestaron para dirigirse hasta el lugar, la Justicia Federal habría decidido que se diera parte en el hecho a la policía de Mendoza para que ellos realizaran las actuaciones correspondientes. De hecho, en la jornada de ayer efectivos policiales recorrieron la zona.
“Lo que pudimos observar es que hay muchísimo movimiento de tierra y hay dos personas, creemos que son técnicos, que están trabajando en el lugar con estos restos, pero no en las condiciones y con los elementos que debería ser y como se exige”, informó escuetamente uno de los asistentes al lugar.
“Me dicen que habría una persona autorizada, llamada González Riga, como concesionario del área para hacer los estudios paleontológicos”, afirmó Ferrero, y agregó: “Pero resulta que esta persona no solamente cumple esa función sino que además es inspector de los recursos patrimoniales de la provincia, lo que lo hace juez y parte. González Riga nunca informó del hallazgo, a pesar de que está obligado a hacerlo por el convenio que Vale ejerció con la provincia de que cualquier hallazgo de esta naturaleza debe ser informado, pero no lo hizo”, manifestó el edil malargüino Gabriel Ferrero.
La empresa minera de capitales brasileños informó que la consultora contratada para realizar estos trabajos es Bios y ellos son los que han contratado al doctor González Riga. “Una vez que se termine con todo el procedimiento que corresponde, todos los restos fósiles van a pertenecer a la provincia, porque esto se debe informar a Patrimonio de Mendoza y no al municipio de Malargüe”, manifestaron desde la empresa minera.
En tanto, el propio Bernardo González Riga, quien tiene la concesión de la zona de Cañadón Amarillo desde hace varios años, y ayer estuvo en Malargüe para una reunión llevada a cabo por el “Parque de Huellas de Dinosaurios”, curiosamente no viajó hasta la zona del conflicto y dijo “desconocer la existencia de estos hallazgos y mucho menos el lugar que se menciona (Corte Cajón).
Si hay una denuncia habrá que esperar que siga su transcurso, pero es raro también que haya ingresado un vehículo al lugar, como dicen, y sin autorización se hayan llevado restos fósiles porque la empresa tiene mucha seguridad”. El doctor González Riga, según informaron desde Vale estuvo la semana pasada en la zona. Durante esos días se produjo el hallazgo de uno de los ejemplares.
En tanto, desde Patrimonio de la provincia, la asesora legal,Carolina Delgado destacó a los medios que “Bernardo González Riga es un subcontratado de Vale para realizar los trabajos de rescate de fósiles que se encuentran dentro del perímetro de la empresa. Al mismo tiempo, es un excelente profesional que tiene una concesión paleontológica”, se explayó Delgado y acompañó: “Nos deja tranquilo porque es un especialista y esperaremos su informe”.
Desde la red ambientalista Oikos también se han mostrado preocupados por lo que estaría sucediendo en la localidad malargüina de Pata Mora y por ello, su presidente, Eduardo Sosa, realizaría hoy una conferencia de prensa solicitando al Gobierno, o a quien corresponda, un pedido de informes.
Lo cierto, independientemente de la denuncia, es que nadie ha podido explicar hasta el momento quiénes son las personas que estarían retirando todos los restos fósiles hallados en el lugar, si tienen autorización o no y para qué consultora u organismo trabajan. Será este el motivo de la investigación.
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Un concejal malargüino dice que se los llevan, presuntamente en forma ilegal, a Neuquén. Desde Patrimonio aseguran que la acción está a cargo de un profesional que elevará un informe.
Fotos y videos de restos de dinosaurios hallados en inmediaciones del espacio geográfico que ocupa la minera Vale con el proyecto de extracción de sales de potasio, fueron aportados por empleados neuquinos a la prensa y al concejal malargüino del Mopoma, José Gabriel Ferrero, quien realizó una denuncia por presunto tráfico de fósiles, ya que los mismos estarían siendo trasladados a la vecina provincia de Neuquén.
Desde la empresa minera rápidamente desmintieron la veracidad de la denuncia, informando que la Dirección de Patrimonio de Mendoza está al tanto de todo lo que ocurre en inmediaciones del yacimiento. "Vale, en estos casos, sigue los lineamientos normales de cualquier país en los que trabaja, realizando todos los pasos que corresponden. La empresa ha contratado una consultora, se realiza un rastreo previo, un monitoreo de los restos o materiales paleontológicos o arqueológicos que puedan haber en el lugar y en base a eso se lo informa”, destacaron desde sus oficinas centrales en Buenos Aires.
La acusación ha generado gran repercusión porque de comprobarse el robo de los restos fósiles se estaría cometiendo un grave delito. Según lo denunciado por Ferrero, se “estarían sacando restos fósiles de la zona de Corte Cajón, un sector que tiene a su cargo la compañía Skanska en el yacimiento de potasio ubicado en Pata Mora. Los mismos estarían siendo trasladados hacia la vecina provincia de Neuquén, sin conocimiento de la Dirección de Patrimonio de la provincia. Se trataría de restos de tres dinosaurios completos”.
La información aportada por algunos empleados indicaría que los restos habrían sido encontrados en distintos lugares y por casualidad, al estar trazando con máquinas topadoras uno de los caminos que la empresa está realizando en la mencionada zona.
Si bien la denuncia el edil Ferrero la realizó en el escuadrón 29 de Gendarmería Nacional, quienes inmediatamente se aprestaron para dirigirse hasta el lugar, la Justicia Federal habría decidido que se diera parte en el hecho a la policía de Mendoza para que ellos realizaran las actuaciones correspondientes. De hecho, en la jornada de ayer efectivos policiales recorrieron la zona.
“Lo que pudimos observar es que hay muchísimo movimiento de tierra y hay dos personas, creemos que son técnicos, que están trabajando en el lugar con estos restos, pero no en las condiciones y con los elementos que debería ser y como se exige”, informó escuetamente uno de los asistentes al lugar.
“Me dicen que habría una persona autorizada, llamada González Riga, como concesionario del área para hacer los estudios paleontológicos”, afirmó Ferrero, y agregó: “Pero resulta que esta persona no solamente cumple esa función sino que además es inspector de los recursos patrimoniales de la provincia, lo que lo hace juez y parte. González Riga nunca informó del hallazgo, a pesar de que está obligado a hacerlo por el convenio que Vale ejerció con la provincia de que cualquier hallazgo de esta naturaleza debe ser informado, pero no lo hizo”, manifestó el edil malargüino Gabriel Ferrero.
La empresa minera de capitales brasileños informó que la consultora contratada para realizar estos trabajos es Bios y ellos son los que han contratado al doctor González Riga. “Una vez que se termine con todo el procedimiento que corresponde, todos los restos fósiles van a pertenecer a la provincia, porque esto se debe informar a Patrimonio de Mendoza y no al municipio de Malargüe”, manifestaron desde la empresa minera.
En tanto, el propio Bernardo González Riga, quien tiene la concesión de la zona de Cañadón Amarillo desde hace varios años, y ayer estuvo en Malargüe para una reunión llevada a cabo por el “Parque de Huellas de Dinosaurios”, curiosamente no viajó hasta la zona del conflicto y dijo “desconocer la existencia de estos hallazgos y mucho menos el lugar que se menciona (Corte Cajón).
Si hay una denuncia habrá que esperar que siga su transcurso, pero es raro también que haya ingresado un vehículo al lugar, como dicen, y sin autorización se hayan llevado restos fósiles porque la empresa tiene mucha seguridad”. El doctor González Riga, según informaron desde Vale estuvo la semana pasada en la zona. Durante esos días se produjo el hallazgo de uno de los ejemplares.
En tanto, desde Patrimonio de la provincia, la asesora legal,Carolina Delgado destacó a los medios que “Bernardo González Riga es un subcontratado de Vale para realizar los trabajos de rescate de fósiles que se encuentran dentro del perímetro de la empresa. Al mismo tiempo, es un excelente profesional que tiene una concesión paleontológica”, se explayó Delgado y acompañó: “Nos deja tranquilo porque es un especialista y esperaremos su informe”.
Desde la red ambientalista Oikos también se han mostrado preocupados por lo que estaría sucediendo en la localidad malargüina de Pata Mora y por ello, su presidente, Eduardo Sosa, realizaría hoy una conferencia de prensa solicitando al Gobierno, o a quien corresponda, un pedido de informes.
Lo cierto, independientemente de la denuncia, es que nadie ha podido explicar hasta el momento quiénes son las personas que estarían retirando todos los restos fósiles hallados en el lugar, si tienen autorización o no y para qué consultora u organismo trabajan. Será este el motivo de la investigación.
Citan a titulares de empresas tucumanas
La Justicia Federal local citará a indagatoria a titulares de empresas tucumanas
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Previamente, el juez Molinari envió los oficios a organismos públicos Tucumán para pedir la identidad de los propietarios o directivos responsables de las firmas.
El juez federal Guillermo Molinari resolvió instruir una causa por delitos ambientales, contra industrias radicadas en Tucumán y que están denunciadas por contaminar las aguas que alimentan la cuenca Salí-Dulce. Esto a instancias del requerimiento del fiscal Pedro Simón quien presentó las denuncias y solicitó la instrucción de una causa contra 15 ingenios, cinco citrícolas, Papelera Tucumán, Sociedad Aguas de Tucumán y Minera La Alumbrera LTD.
Así lo señalaron fuentes judiciales a EL LIBERAL, quienes mencionaron que a partir de la decisión del magistrado, el Juzgado dio cumplimiento el diligenciamiento de los petitorios del fiscal Simón. En primer lugar, el juez Molinari envió las comunicaciones a organismos públicos de Tucumán requiriendo los nombres de los titulares o directivos de las empresas acusadas para citarlos a indagatoria por infracción a la ley de Residuos Peligrosos y cuyas condenas prevén penas de 3 a 10 años y de más años en el caso de que estos hechos (el envenenamiento de las aguas) produjera el deceso de alguna persona.
En su requerimiento, Simón había pedido la citación de los imputados a prestar declaración indagatoria, así como también que se forme un solo cuerpo de expediente con las causas por delitos ambientales.
Nuevas pruebas
Por otra parte, Simón, que representa al Ministerio Público Fiscal Federal, solicitó que se requiera un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación sobre las empresas anotadas en el Registro Nacional Obligatorio de Inventario de Empresas Productoras de Residuos Peligrosos o bien del Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la Dirección de Recursos Hídricos (de dicha secretaría). También pidió que en dicho informe dé a conocer el tipo de efluentes vertidos, puntos de vuelcos, cantidades, destino y cuerpo receptor.
Además, pidió al juez que requiera a la autoridad de Medio Ambiente de Tucumán un informe sobre toda denuncia, actuación o multa sobre contaminación que tuviera en relación a las empresas citrícolas de Tucumán y sobre la Planta de Secado de Minera La Alumbrera.
Extraoficialmente se supo que la decisión del juez es cumplir con el diligenciamiento a los requerimientos del fiscal Simón, por lo que estaría enviando las comunicaciones a los organismos pertinentes, con los pedidos de informe.
Firmas denunciadas
A partir de numerosa prueba recolectadas como tomas de muestras, el Ministerio Público Fiscal pidió la imputación de los propietarios, directores y responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco. También de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de sectado de la empresa Minera Alumbrera LTD.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
En el requerimiento, sostiene que “en el caso de los ingenios, contaminaron arrojando vinaza y cachaza a los ríos que desembocan en el Salí con lo que provocaron un alto grado de demanda biológica y química de oxígeno en agua, la mortandad de peces y el peligro para la salud de la población”.
Sobre la empresa papelera y las citrícolas, afirma que contaminaron “con residuos industriales de los considerados tóxicos”; que la SAT “contaminó con desechos infecciosos del tipo fecal proveniente de cloacas” y que la Minera La Alumbrera Limited envenenó las aguas “con residuos de cobre que superan los límites permitidos por la ley de Residuos Peligrosos”. El Juzgado Federal local espera que desde Tucumán se envíe la nómina de los titulares de estas firmas denunciadas. Con este elemento en su poder en la mano, el juez Molinari ya podrá comenzar con las indagatorias a los empresarios.
Fecha de Publicación: 12/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Previamente, el juez Molinari envió los oficios a organismos públicos Tucumán para pedir la identidad de los propietarios o directivos responsables de las firmas.
El juez federal Guillermo Molinari resolvió instruir una causa por delitos ambientales, contra industrias radicadas en Tucumán y que están denunciadas por contaminar las aguas que alimentan la cuenca Salí-Dulce. Esto a instancias del requerimiento del fiscal Pedro Simón quien presentó las denuncias y solicitó la instrucción de una causa contra 15 ingenios, cinco citrícolas, Papelera Tucumán, Sociedad Aguas de Tucumán y Minera La Alumbrera LTD.
Así lo señalaron fuentes judiciales a EL LIBERAL, quienes mencionaron que a partir de la decisión del magistrado, el Juzgado dio cumplimiento el diligenciamiento de los petitorios del fiscal Simón. En primer lugar, el juez Molinari envió las comunicaciones a organismos públicos de Tucumán requiriendo los nombres de los titulares o directivos de las empresas acusadas para citarlos a indagatoria por infracción a la ley de Residuos Peligrosos y cuyas condenas prevén penas de 3 a 10 años y de más años en el caso de que estos hechos (el envenenamiento de las aguas) produjera el deceso de alguna persona.
En su requerimiento, Simón había pedido la citación de los imputados a prestar declaración indagatoria, así como también que se forme un solo cuerpo de expediente con las causas por delitos ambientales.
Nuevas pruebas
Por otra parte, Simón, que representa al Ministerio Público Fiscal Federal, solicitó que se requiera un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación sobre las empresas anotadas en el Registro Nacional Obligatorio de Inventario de Empresas Productoras de Residuos Peligrosos o bien del Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la Dirección de Recursos Hídricos (de dicha secretaría). También pidió que en dicho informe dé a conocer el tipo de efluentes vertidos, puntos de vuelcos, cantidades, destino y cuerpo receptor.
Además, pidió al juez que requiera a la autoridad de Medio Ambiente de Tucumán un informe sobre toda denuncia, actuación o multa sobre contaminación que tuviera en relación a las empresas citrícolas de Tucumán y sobre la Planta de Secado de Minera La Alumbrera.
Extraoficialmente se supo que la decisión del juez es cumplir con el diligenciamiento a los requerimientos del fiscal Simón, por lo que estaría enviando las comunicaciones a los organismos pertinentes, con los pedidos de informe.
Firmas denunciadas
A partir de numerosa prueba recolectadas como tomas de muestras, el Ministerio Público Fiscal pidió la imputación de los propietarios, directores y responsables de los ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco. También de las citrícolas Citromax, San Miguel SA, Litoral Citrus, Cota y Acheral; de Papelera Tucumán, de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la planta de sectado de la empresa Minera Alumbrera LTD.
Para Simón, estas empresas arrojaron sus “desechos industriales a la cuenca del río Salí y con ello contaminaron sus aguas y pusieron en riesgo la salud de las poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero”.
En el requerimiento, sostiene que “en el caso de los ingenios, contaminaron arrojando vinaza y cachaza a los ríos que desembocan en el Salí con lo que provocaron un alto grado de demanda biológica y química de oxígeno en agua, la mortandad de peces y el peligro para la salud de la población”.
Sobre la empresa papelera y las citrícolas, afirma que contaminaron “con residuos industriales de los considerados tóxicos”; que la SAT “contaminó con desechos infecciosos del tipo fecal proveniente de cloacas” y que la Minera La Alumbrera Limited envenenó las aguas “con residuos de cobre que superan los límites permitidos por la ley de Residuos Peligrosos”. El Juzgado Federal local espera que desde Tucumán se envíe la nómina de los titulares de estas firmas denunciadas. Con este elemento en su poder en la mano, el juez Molinari ya podrá comenzar con las indagatorias a los empresarios.
Principio de solución para los Qom
Día de Primavera en pleno otoño
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
Fecha de Publicación: 11/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
Todos los actores de la mesa de diálogo por el conflicto de los aborígenes de Formosa expresaron su satisfacción. El primer acuerdo fue consensuar la elección de un representante de la comunidad y hacer un relevamiento de territorios indígenas.
El primer encuentro para solucionar conflictos territoriales entre miembros de la comunidad qom La Primavera, encabezados por Félix Díaz, autoridades nacionales y formoseñas, organismos de derechos humanos y otro grupo indígena que dice representar a los qom de Formosa tuvo como primer paso iniciar la resolución de otro problema, la elección de las autoridades de este pueblo, ya que hay un conflicto de representación entre ambos colectivos. Es que el cacique Fernando Sanabria (95), líder de un sector que no reclama la restitución de tierras, fue electo en un acto cuestionado, entre otros, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el sector liderado por Díaz, que promueve la recuperación de los territorios, no es reconocido por el gobierno formoseño. Los originarios deberán resolver internamente el nuevo marco eleccionario, y de no hacerlo lo fijará el gobierno nacional. Los otros puntos del acta firmada el lunes fueron la necesidad de realizar los relevamientos de territorios indígenas, un estudio de Parques Nacionales sobre hectáreas superpuestas del Parque Pilcomayo y de los originarios y la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad.
El problema de autoridades surgió el 18 de junio de 2008, cuando la comunidad formó una asamblea, avalada por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, y eligió a Félix Díaz como cacique, con cerca de 500 votos. Ocho días más tarde, Fernando Sanabria, de 95 años, se erigió como autoridad de la comunidad en el marco de una asociación civil, “apoyado por unas treinta personas”, aseguraron desde el entorno de Díaz.
El conflicto lo dirimió el 12 de julio de ese año la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno formoseño, mediante la resolución 605/08, que negó la autodeterminación de los qom y anuló la representación de Díaz.
El 28 de octubre del 2008, el INAI se expidió al respecto y apuntó que la disposición del ente formoseño “colisiona con la Constitución Nacional y provincial por establecer requisitos para la personería jurídica de la comunidad ajenos a su forma de vida y estilo de organización”. Sin embargo, desde el organismo nacional no se avanzó en reconocer la asamblea que eligió a Díaz. De no haber consenso de los indígenas para fijar el marco eleccionario para nuevas autoridades en los próximos quince días, el INAI deberá pautarlo.
Del encuentro celebrado el lunes pasado en el Ministerio del Interior participó el hijo de Sanabria, Cristino, y un grupo de personas que apoyan a su padre. Desde ese espacio no hubo reclamos en torno del tema territorial. Al respecto, el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, le dijo a Página/12 que le pareció “muy positiva” la reunión, ya que “hasta el lunes sólo se escuchaba la voz de Félix Díaz”. Además, entendió que la mesa de diálogo genera “una buena oportunidad para que se lo escuche a Fernando Sanabria”.
Desde el lado de Díaz le achacan al otro sector su función de “punteros” del gobierno provincial. “Es sólo un argumento para deslegitimar al otro”, defendió el ministro, quien no negó el vínculo de ese grupo con el oficialismo provincial: “Desconozco si trabajan para el gobierno”.
Para cerrar su postura en este marco de conflicto, González ratificó “de manera absoluta”, como hizo ante los legisladores formoseños, que “no hubo represión el 23 de noviembre” de 2010, cuando los originarios fueron desalojados de la ruta 86 por la policía provincial. El episodio resultó en el asesinato del abuelo (qom) Roberto López y del policía Heber Falcón, además de quedar un tendal de heridos. También fueron incendiadas las casas de los indígenas, con todas sus pertenencias dentro.
Por parte del gobierno nacional, Claudio Morgado, titular del Inadi, remarcó que en lo acordado en la mesa de diálogo “se propone el inmediato relevamiento del territorio”, en el marco de la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma obliga a detener los desalojos de los pueblos indígenas hasta que se realicen los correspondientes estudios jurídicos catastrales. El presidente del Inadi destacó que esa “es la herramienta clave” para solucionar el problema. La comunidad pide que se le restituyan 1300 hectáreas que hoy están en manos del Estado formoseño y una familia de hacendados, los Celía.
En el convenio también se recomendó a Parques Nacionales hacer un estudio respecto de la superposición de tierras de la comunidad y del Parque Pilcomayo. En ese sentido, además de su presencia ancestral, los originarios cuentan con documentación que da cuenta de su localización en ese territorio desde 1940, mientras que el parque se creó en 1951.
Por último, Morgado indicó que la reunión dejó algo en claro: “Se confirmó que existe un conflicto territorial”. El funcionario, que trabaja en la problemática de La Primavera desde enero de 2010, compartió: “Lamentamos no haber convencido antes a otros actores sobre lo que pasaba, porque hoy no tendríamos los dos muertos del 23 de noviembre”.
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