Las razones: revocan el embargo multimillonario contra la Provincia por la contaminación “aberrante” en el Río de la Plata

Fecha de Publicación: 02/04/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Pese a que la polución está acreditada, la medida “no es el medio idóneo”, según un tribunal de alzada; ordenan una audiencia 
El embargo por $157.000 millones impuesto a la provincia de Buenos Aires por las demoras para sanear la contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata “debe revocarse” por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esta capital.
La Sala III de la Cámara, integrada por Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin, consideró que la medida dispuesta sobre las cuentas del Banco Provincia de Buenos Aires “no es el medio idóneo” y ordenó citar a una audiencia para avanzar en la realización de las obras de saneamiento pendientes.
“La situación de contaminación se halla prima fascie acreditada”, dijo el tribunal de alzada. “La inacción de las demandadas tampoco es objeto de discusión”, precisaron los camaristas.
No obstante, ese tribunal ordenó revocar el embargo porque “es posible evaluar otras acciones pertinentes”.
De acuerdo con el fallo firmado hoy, el magistrado de primera instancia, Alberto Recondo, debe convocar a las partes para la conformación de un plan de ejecución de obras supervisado por una mesa de trabajo eficaz.
Las demoras o dilaciones injustificadas por parte de la Provincia de Buenos Aires “podrán ser corregidas mediante la aplicación de las astreintes [sanciones económicas] a los funcionarios renuentes”.
Esta alternativa, según el tribunal de alzada, salvaguarda intereses públicos “que la función estatal debe satisfacer sin inmovilizar la suma de dinero extraordinaria presupuestada por el juez”.

Riesgo fiscal
La Fiscalía de Estado había apelado la semana pasada la decisión adoptada originalmente el 11 de marzo por el juez federal civil y comercial Alberto Recondo.
En esa apelación, hizo hincapié en la “desmesura” de la medida dispuesta al argumentar que el embargo por $157.000 millones era un "riesgo serio y concreto" de incumplir con la prestación de “servicios críticos e impostergables para la población”.
El organismo, encargado de velar por los intereses del Estado bonaerense, advirtió en la apelación sobre la gravedad institucional inusitada y avasallamiento a la autonomía de la provincia de Buenos Aires.
"Genera un perjuicio irreparable, irrazonable y desproporcionado" se quejó la Fiscalía de Estado ante la Cámara.
Recondo había dispuesto trabar el embargo sobre una cuenta de la Tesorería General de la gobernación en el Banco Provincia. Y en caso de que los fondos obrantes en la cuenta referida resultaran insuficientes, trabar el embargo en cualquier otra cuenta gubernamental.

“Riesgo serio y concreto”
“La decisión de un Juez Federal que se entromete en la distribución de los recursos presupuestarios de la Provincia de Buenos Aires, incautando sumas millonarias hasta tanto la Provincia acredite el inicio de las obras en cuestión, violenta lo resuelto por los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales a través de la sanción de la Ley 15.557, y contiene una gravedad institucional que carece de antecedentes”, argumentó la Fiscalía de Estado. 
“La resolución que aquí se reprocha representa nada más y nada menos que la incautación de los fondos de la Provincia de Buenos Aires por una suma billonaria, transgrediendo para ello los claros límites jurisdiccionales que imponen tanto la Constitución de la Provincia de Buenos Aires como la Constitución Nacional”, expresó el organismo.
Según dijo la Fiscalía de Estado, la situación económica que viene atravesando la Provincia desde el año 2022 se ha visto agravada en los dos últimos períodos financieros, en medio de un cuadro “de severa restricción fiscal derivado tanto por la profunda recesión económica como del incumplimiento, mora y/o detracción, por parte del Estado Nacional, de las transferencias”.
Tras recordar que el distrito está “en emergencia económica, social, productiva, de seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica”, la Fiscalía de Estado habló de “graves restricciones económicas, financieras, administrativas, sociales y de infraestructura en la provincia de Buenos Aires”.
En la apelación el organismo destacó que el gobierno de Javier Milei tiene una deuda que en febrero ascendía a la suma de 15 billones y equivale al 36,3% del presupuesto provincial previsto para el corriente ejercicio, la Fiscalía de Estado señaló que “la decisión de embargar miles de millones de pesos de la Provincia representa un agravamiento de la situación de insuficiencia de recursos”.

“Un sumidero de desechos”
El sistema hídrico de la cuenca del Río de la Plata es “un sumidero de desechos cloacales e industriales”. Así fue descrito en uno de los informes técnicos de los que se valió la Justicia Federal de esta capital al trabar el embargo multimillonario contra la provincia de Buenos Aires por demoras en ejecutar un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada.
El magistrado exigía que se garantizara un eficiente retiro, en forma mecanizada, de residuos sólidos urbanos existentes en ese estuario y en el arroyo El Gato por “la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos”.
Recondo reconoció, no obstante, que la omisión del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada lleva más de 20 años, es decir que excede largamente a la administración de Axel Kicillof.
La obra pública proyectada para brindar solución a la problemática de la contaminación de la cuenca del Arroyo el Gato, presupuestada en 2022 en US$245.997.956, exige acceder a financiamiento internacional para concretar su ejecución.
Para acceder al financiamiento internacional, se requieren avales del Estado nacional, “los cuales no se han obtenido”, informó el gobierno de Axel Kicillof.
Entre finales de 2022 y durante 2023, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conjuntamente con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, elaboró el perfil de préstamo orientado a gestionar financiamiento externo ante un organismo multilateral de crédito para el “Proyecto de Tratamiento y Disposición de Líquidos Cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada”.
El perfil fue presentado por el gobierno nacional ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para su evaluación preliminar en relación con la posible estructuración del financiamiento . Entre septiembre y octubre de 2023, se realizaron reuniones técnicas con el Banco Mundial. “No obstante, con motivo del cambio de gestión en el gobierno nacional, los avances vinculados a la preparación del programa se detuvieron”, informó la gestión de Kicillof.
Precisó que en octubre de 2024 el Ministerio de Economía de la Provincia remitió formalmente una nota con el perfil de préstamo a las nuevas autoridades del Ministerio de Economía de la Nación, a fin de que el mismo fuera evaluado y se pudiera retomar la tramitación correspondiente, “sin que a la fecha el gobierno nacional hubiese brindado respuesta a dicha presentación, circunstancia que ha impedido continuar con el proceso administrativo necesario para avanzar en la obtención del citado financiamiento externo”.
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La Corte de Justicia levantó la cautelar sobre el Río Los Patos

Fecha de Publicación: 02/04/2026
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


La sentencia termina con un período de incertidumbre de dos años, tras la presentación del informe de impacto ambiental acumulativo realizado por el Gobierno.
La Corte de Justicia de Catamarca resolvió levantar la medida cautelar que desde 2024 regía sobre la subcuenca del Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto, poniendo fin a una situación judicial provisoria que se extendió durante casi dos años y mantuvo en incertidumbre el desarrollo de los emprendimientos litíferos en esa área.
La medida había sido interpuesta en función de planteos vinculados al impacto ambiental de la actividad minera que se desarrolla en la cuenca. Impedía otorgar nuevos permisos y mantenía condicionada la aprobación de proyectos en la zona.
El Gobierno presentó el Estudio de Gestión Integral de Impacto Ambiental Acumulativo que se le había requerido y el tribunal dejó sin efecto la disposición provisional considerando que, con la información técnica incorporada al expediente, no se encontraba acreditado un daño ambiental actual que justificara sostenerla.
El informe de impacto ambiental acumulativo en la cuenca del Río Los Patos es el primero en tipo que se elabora en el continente. Considera los efectos que tendrán todos los emprendimientos litíferos que están habilitados en esa región de Antofagasta de la Sierra.
El tribunal recordó que las medidas cautelares en materia ambiental tienen carácter provisorio y que su mantenimiento sólo se justifica mientras exista una situación de incertidumbre o riesgo que las haga necesarias. Según la sentencia, el estudio técnico permitió contar con elementos suficientes para reconsiderar la suspensión, sin perjuicio de que deban mantenerse los mecanismos de monitoreo, evaluación y control previstos por la legislación vigente.
El fallo también hace referencia a la necesidad de continuar con los estudios hidrológicos y con el seguimiento ambiental recomendado en el informe presentado por el Gobierno, pero deja en claro que ello no impide revisar una cautelar que había sido dictada en un contexto de información incompleta y no podía extenderse indefinidamente sin afectar el normal desenvolvimiento de actividades autorizadas conforme a la ley.
El pronunciamiento se inscribe en un contexto nacional en el que la discusión sobre el desarrollo de proyectos vinculados al litio y a los recursos naturales ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la causa conocida como Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, en la que se plantearon cuestionamientos ambientales a la actividad minera en el norte del país, se solicitó también el dictado de una medida cautelar de alcance amplio, similar a la que rigió en Catamarca, que implicaba suspender autorizaciones y limitar el avance de proyectos hasta contar con estudios integrales. En ese caso, el máximo tribunal requirió los informes y evaluaciones técnicas antes de resolver, pero no avanzó en medidas cautelares de alcance indefinido.
Para el levantamiento de la cautelar coincidieron los ministros Hernán Martel, Fernanda Rosalles Andreotti, Jorge Bracamonte, Fabiana Gómez y Verónica Saldaño.
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Reserva Los Andes abandonada mientras avanza la minería de litio en Salta y pone en riesgo su biodiversidad

Fecha de Publicación: 01/04/2026
Fuente: Portal Ecoticias
Provincia/Región: Salta


Reserva Los Andes abandonada mientras avanza la minería de litio en Salta, en uno de los casos más evidentes de choque entre conservación y explotación de recursos.
Un plan de manejo aprobado y financiado nunca se ejecutó, mientras crece la presión minera sobre un ecosistema clave para la biodiversidad y el equilibrio hídrico.

Reserva Los Andes abandonada mientras avanza la minería de litio en Salta
El mayor espacio protegido de Salta carece de gestión efectiva mientras la extracción de litio avanza en un ecosistema clave y frágil.
Aunque de gran importancia, la reserva Los Andes, que abarca la mayor parte del territorio protegido de Salta, aún carece de un marco de gestión eficaz. Un plan formalmente aprobado permanece sin haberse puesto en práctica hasta la fecha, a pesar de la colaboración científica previa.
Esta inacción se evidencia en la escasez de personal y recursos. Un único guardaparques, sin el apoyo adecuado, supervisa más de catorce mil kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de varios países pequeños.

Un ecosistema clave en riesgo por la explotación de litio
La Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes, en el noroeste de Argentina, es un entorno único donde salares, lagunas y arroyos funcionan como auténticos oasis en el desierto.
Estos ecosistemas dependen de un equilibrio hídrico extremadamente frágil, ya que el agua es un recurso escaso y esencial tanto para la biodiversidad como para las comunidades locales.
La extracción de litio, que requiere grandes cantidades de agua, supone una amenaza directa para este equilibrio, especialmente en una región donde las lagunas son más pequeñas y vulnerables que en otras zonas mineras cercanas.

Un área protegida sin gestión efectiva
A pesar de su importancia, la reserva —que representa el 80 % de la superficie protegida de la provincia de Salta— carece de un plan de manejo operativo.
El documento, elaborado entre 2017 y 2018 con participación científica, fue aprobado oficialmente pero nunca se implementó, quedando archivado sin ejecución real.
Esta falta de gestión se refleja en la escasez de recursos: solo un guardaparque sin medios suficientes debe vigilar una extensión de más de 14.000 km², mayor que países como Líbano o Montenegro.

El impacto sobre la biodiversidad y especies en peligro
La reserva alberga especies emblemáticas como flamencos andinos, vicuñas y aves endémicas, muchas de ellas en riesgo.
Los expertos advierten que la actividad minera ya está afectando a estas poblaciones. En algunos salares, las colonias reproductivas de flamencos han desaparecido o reducido drásticamente, pasando de cientos de nidos a apenas una decena.
Además, la presión humana asociada a la minería genera efectos indirectos, como la presencia de residuos y depredadores oportunistas, que agravan la situación de especies vulnerables.

Un equilibrio ecológico extremadamente frágil
Los salares funcionan como cuencas cerradas (endorreicas) donde cualquier alteración tiene efectos acumulativos.
Estos ecosistemas actúan como reguladores climáticos, captadores de carbono y soporte de complejas cadenas biológicas, desde microorganismos hasta aves y mamíferos.
Alterar su equilibrio hídrico puede desencadenar impactos irreversibles no solo a nivel local, sino también en el conjunto del sistema ambiental.

Un plan de manejo aprobado pero nunca ejecutado
El plan de gestión incluía medidas clave como la zonificación del territorio, con áreas de conservación estricta, uso limitado y explotación controlada.
También contemplaba mejoras para las comunidades locales, como acceso al agua, energías alternativas y apoyo a la producción ganadera sostenible.
A pesar de contar con financiación internacional, el proyecto nunca se llevó a la práctica, dejando sin protección efectiva a la reserva.

Fondos internacionales y falta de implementación
El plan fue financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro de un programa de desarrollo sostenible.
Se estimaba una inversión de más de 4 millones de dólares para ejecutar unas 60 acciones en cinco años, muchas de ellas destinadas a mejorar la gestión ambiental y el bienestar local.
Sin embargo, pese a contar con recursos asignados, las autoridades no avanzaron en su implementación, lo que ha generado críticas sobre la gestión pública.

La presión minera avanza en un contexto de transición energética
El litio es un recurso estratégico para la transición energética global, lo que ha acelerado su explotación en regiones como Salta.
Sin embargo, expertos advierten que este modelo puede generar conflictos socioambientales, especialmente cuando se desarrolla en áreas sensibles y sin planificación adecuada.
La situación de la reserva Los Andes refleja el desafío de compatibilizar la demanda de minerales críticos con la protección de ecosistemas clave y comunidades locales.
El sitio alberga fauna emblemática como flamencos andinos, vicuñas y especies de aves únicas, muchas de ellas amenazadas. Los especialistas advierten que la actividad minera ya está afectando a la biodiversidad y que varias colonias reproductoras se están reduciendo drásticamente en algunos salares.
La presión humana vinculada a la extracción también genera daños indirectos, como la acumulación de residuos y la proliferación de depredadores oportunistas, lo que pone en mayor peligro a especies frágiles que ya luchan por sobrevivir en un entorno cambiante.
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La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

Fecha de Publicación: 01/04/2026
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


Se sancionó un proyecto para crear corredores biológicos para resguardar la biodiversidad. 
La Legislatura sancionó en la última sesión un proyecto que modifica la Ley N° 3.778 de protección ambiental para introducir la figura de los corredores biológicos como parte del sistema de conservación de los recursos naturales. La propuesta, aprobada con modificaciones, fue impulsada por Hugo Ledesma y Silvia Elías de Pérez.
La iniciativa plantea ampliar el alcance de la normativa vigente al declarar no solo parques, reservas y monumentos naturales, sino también corredores biológicos en aquellas superficies que resulten necesarias para preservar los ecosistemas. Se plasmó que dichos corredores serán definidos como franjas de hábitat natural o seminatural que conectan áreas protegidas, facilitando el movimiento de especies y el desarrollo de procesos ecológicos esenciales. Este punto resulta clave, ya que uno de los principales problemas ambientales actuales es la fragmentación de los ecosistemas, que dificulta el flujo genético y pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies.

Flujo genético
“Esta nueva figura permitirá establecer zonas que favorezcan el flujo genético entre poblaciones de especies que habitan áreas protegidas (parques, reservas), procurando sortear los obstáculos que la infraestructura humana pueda significar”, se fundamentó.
En el recinto, Ledesma reconoció que cuando se mencionan corredores biológicos seguramente se vienen a la mente imágenes de puentes verdes sobre alguna autopista. “La verdad es que en estos casos ni siquiera hace falta hacer obras de infraestructura”, aseguró. La radical, en tanto, apuntó contra las políticas de la Nación. “Mientras en el Congreso se discute cómo desproteger a nuestros glaciares, nosotros acá estamos discutiendo cómo proteger nuestra biodiversidad; esto no es menor, es muy importante”, mencionó.
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Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

Fecha de Publicación: 31/03/2026
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe


La Provincia actualizó los valores de las sanciones por caza furtiva, tráfico y tenencia ilegal de animales silvestres. Buscan reforzar el efecto disuasivo y fortalecer la protección de la biodiversidad
 La provincia de Santa Fe actualizó los montos de las multas por infracciones vinculadas a la fauna silvestre, en el marco de una nueva normativa que apunta a reforzar la protección de la biodiversidad y combatir delitos ambientales.
A través de la resolución 36/2026 del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, los valores pasaron de un mínimo de $32.948,30 y un máximo de $2.745.177,80, a un nuevo rango que va desde $41.485,00 hasta $3.456.434,80. La medida busca que las sanciones tengan un impacto real frente a prácticas como la caza furtiva, el tráfico ilegal de fauna y la tenencia indebida de animales silvestres.
 Desde el gobierno provincial remarcaron que, al inicio de la gestión en diciembre de 2023, las multas estaban completamente desactualizadas: no se modificaban desde 2013 y oscilaban entre apenas $188,90 y $15.738,70, cifras consideradas irrisorias frente al daño ambiental generado.
“El cuidado de la biodiversidad no puede sostenerse con sanciones simbólicas. Actualizar las multas es darle al Estado herramientas reales para proteger nuestra fauna y dejar en claro que los delitos ambientales tienen consecuencias”, sostuvo el ministro de Ambiente, Enrique Estévez.

Más controles y políticas de conservación
La actualización de las multas se enmarca en una política integral que combina sanción, prevención y trabajo territorial. Entre las principales acciones, se destacan:
- Elaboración de mapas de atropellamiento de fauna para identificar zonas críticas en rutas.
- Instalación de señalización estratégica para reducir siniestros.
- Campañas de concientización ciudadana sobre el cuidado de la fauna.
- Operativos conjuntos con fuerzas de seguridad para combatir el comercio ilegal y rescatar animales.

Rescate de fauna: cifras en alza
El fortalecimiento de los controles también se refleja en los resultados: durante 2025, la Provincia registró el rescate de 677 ejemplares de fauna silvestre en 91 operativos realizados en conjunto con distintas fuerzas.
Estos procedimientos incluyen casos de urbanización de animales, mascotismo y situaciones de tráfico ilegal, donde las especies son recuperadas para su posterior rehabilitación.

Rehabilitación y reinserción de especies
En paralelo, Santa Fe impulsa programas de rehabilitación y liberación de fauna, además de iniciativas de ranching, un sistema que permite recuperar poblaciones silvestres mediante la cría controlada y su posterior reinserción en el hábitat natural.
También se desarrollan planes de manejo de fauna, orientados a equilibrar la conservación de las especies con las actividades productivas.

La Esmeralda, eje de la política ambiental
Otro de los pilares es la transformación del Centro de Recuperación, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda”, cuya primera etapa de obras ya fue finalizada.
El proyecto contempla nuevas instalaciones y mejoras estructurales para optimizar el tratamiento y rehabilitación de animales silvestres, incorporando estándares modernos de bienestar animal. El objetivo es consolidar este espacio como un centro de referencia en conservación de la biodiversidad en la provincia.
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El frágil latido de la selva en una caja: rescatan cinco monos y exponen el tráfico de fauna silvestre en Salta

Fecha de Publicación: 30/03/2026
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


El despliegue de Gendarmería Nacional en la zona de Puerto Chalanas permitió interceptar el tráfico ilegal de especies nativas y exóticas. Los ejemplares, pertenecientes a las familias de los caí y los tití, quedaron bajo custodia de una fundación especializada para iniciar su proceso de rehabilitación. 
En una escena que mezcla sorpresa, preocupación y una problemática que crece silenciosamente, un control de rutina en el norte salteño terminó con el hallazgo de cinco monos encerrados en una caja. El hecho, ocurrido en cercanías a Puerto Chalanas, no solo derivó en un procedimiento por infracción a la normativa vigente, sino que volvió a poner en evidencia una realidad poco visible: el tráfico y traslado ilegal de fauna silvestre en la región.
El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional, quienes patrullaban a pie la zona cuando detectaron a un hombre transportando una caja envuelta en cinta. La situación llamó la atención de los uniformados, que decidieron proceder a un control. Al abrir el paquete, descubrieron en su interior a cinco ejemplares vivos de primates.
Se trataba de especies identificadas como Sapajus nigritus (mono caí) y Callithrix spp. (mono tití), dos tipos de monos ampliamente conocidos en Sudamérica, pero con características muy distintas entre sí. Los animales fueron inmediatamente resguardados, mientras que el involucrado fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 22.421 de Fauna Silvestre.

Qué es un mono caí y por qué es clave en el ecosistema
El mono caí, también conocido como capuchino negro, es una de las especies más inteligentes de América del Sur. Habita principalmente en zonas de selva y bosque, y en Argentina se lo encuentra en regiones como Misiones y sectores del norte.
Se caracteriza por su tamaño mediano, su pelaje oscuro y una gran capacidad de adaptación. Es un animal social, que vive en grupos y cumple un rol fundamental en el equilibrio ambiental, ya que ayuda a dispersar semillas y contribuye a la regeneración de los bosques.
Sin embargo, su inteligencia y comportamiento amigable lo convierten también en una víctima frecuente del tráfico ilegal. Muchas veces es capturado para ser vendido como mascota, una práctica que no solo está prohibida, sino que además implica graves consecuencias para su salud y supervivencia.

Qué es un mono tití y en qué se diferencia
A diferencia del caí, el mono tití (Callithrix spp.) es mucho más pequeño. Se trata de uno de los primates más diminutos del continente, con un tamaño que puede caber en la palma de una mano.
Tiene un pelaje suave, rostro expresivo y suele presentar mechones distintivos en las orejas. Su dieta es variada e incluye frutas, insectos y savia de árboles. Al igual que el caí, cumple funciones ecológicas importantes, pero su fragilidad lo hace aún más vulnerable fuera de su entorno natural.
Una de las principales diferencias entre ambos radica en su comportamiento y estructura social: mientras el caí es más robusto, adaptable y curioso, el tití es extremadamente sensible a los cambios ambientales y al estrés, lo que dificulta su supervivencia en cautiverio.

Un delito que crece en la frontera
El caso ocurrido en Orán no es aislado. En zonas de frontera como Aguas Blancas y alrededores, el traslado ilegal de animales es una problemática recurrente. Muchas veces, los ejemplares son capturados en su hábitat natural y transportados en condiciones precarias, lo que genera altos niveles de mortalidad incluso antes de llegar a destino.
La Ley de Fauna Silvestre prohíbe expresamente la captura, transporte y comercialización de especies sin autorización. Las penas incluyen sanciones económicas y causas judiciales, aunque especialistas advierten que el problema persiste por la alta demanda y la falta de conciencia.
En este caso, tomó intervención la Unidad Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el traslado de los animales a la Fundación Protectora de Animales "Patitas en la Calle". Allí serán evaluados y sometidos a un proceso de recuperación con el objetivo de ser reinsertados en su hábitat natural.

El riesgo invisible detrás de una caja
Más allá del procedimiento puntual, el episodio deja al descubierto una cadena que comienza mucho antes del traslado: la extracción ilegal de animales de su entorno, la ruptura de sus grupos sociales y el daño irreversible que esto genera en los ecosistemas.
Los especialistas coinciden en que cada ejemplar rescatado representa apenas una parte de un problema mayor. Por cada animal que logra sobrevivir, muchos otros mueren durante la captura o el transporte.
En Salta, donde la biodiversidad es uno de los patrimonios naturales más valiosos, estos hechos reavivan sobre la necesidad de fortalecer controles, promover la educación ambiental y desalentar la compra de fauna silvestre.
Porque detrás de una simple caja, como la hallada en este operativo, no solo había cinco monos: había una historia de extracción ilegal y riesgo ambiental-
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El Gobierno de Mendoza impulsa la energía solar en hogares y busca sumar nuevos usuarios

Fecha de Publicación: 30/03/2026
Fuente: Portal SitioAndino
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno de Mendoza tomó la decisión de ampliar la cantidad de usuarios generadores de energía renovable. En este sentido la ministra de Energía, Jimena Latorre recordó que Mendoza fue pionera en la regulación de la generación distribuida. Actualmente, la provincia cuenta con alrededor de 1.200 usuarios en esta condición.
En ese marco, sostuvo que “es momento de dar un paso más allá y seguir incentivando su crecimiento”, en un contexto marcado por la normalización tarifaria y una mayor previsibilidad económica.
Además, vinculó esta política con la necesidad de fortalecer la infraestructura energética. Advirtió que uno de los principales límites al crecimiento es la capacidad de las redes, lo que obliga a pensar en inversiones estratégicas para sostener la expansión.

Inversión millonaria para ampliar la red y fomentar la generación distribuida
Frente a este escenario, la funcionaria aseguró que la provincia “ha encontrado un gobierno dispuesto a financiar esa expansión para generar más riqueza”, tanto en líneas de transporte como en el desarrollo de la generación distribuida en el sector residencial.
En este contexto, anunció una inversión de $3.000 millones destinada a fomentar la incorporación de nuevos usuarios generadores, con el objetivo de alcanzar hasta 1.000 beneficiarios adicionales en una primera etapa.
El esquema contempla la devolución de la inversión a través de la factura eléctrica y, posteriormente, la posibilidad de acceder a reintegros en efectivo, lo que busca facilitar la adopción de estos sistemas en los hogares.

Cómo funciona el programa de incentivos para energía solar en hogares
El Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Residencial de Fuente Solar Fotovoltaica, está orientado a promover la instalación de paneles solares en viviendas mendocinas.
El plan tiene como objetivo acelerar la adopción de energías renovables, avanzar en la transición energética y brindar herramientas a los usuarios para gestionar de manera autónoma su consumo eléctrico.
Para su implementación, se destinará un presupuesto de $3.000 millones, financiado por el Fondo Provincial Compensador de Tarifas que administra el Ministerio de Energía y Ambiente.

Beneficios clave del programa
- El incentivo cubrirá hasta el 40% de la inversión inicial para nuevos usuarios residenciales, con un límite de potencia instalada de hasta 10 kW pico por usuario.
- Entre los principales beneficios se destacan:
- Reducción del plazo de recupero de la inversión (de 5 años a aproximadamente 3,5 años)
- Posibilidad de alcanzar una “factura cero” en determinados casos
- Aplicación directa del beneficio en la factura eléctrica
- Opción de solicitar reintegros en efectivo a partir del segundo año
- Proceso 100% digital a través de la plataforma del EPRE
- La implementación será supervisada por el EPRE, que también se encargará del control del funcionamiento del programa.

Un mercado con fuerte potencial de crecimiento
Actualmente, Mendoza cuenta con 1.232 usuarios generadores, de los cuales 633 son residenciales (51%) y 599 comerciales.
Sin embargo, del total de potencia instalada —42 MW— los usuarios residenciales aportan apenas 2,75 MW (7%), lo que evidencia un amplio margen de crecimiento en este segmento en todos los departamentos de la provincia.

Nuevo directorio del EPRE
Este anuncio lo hizo el Gobierno de Mendoza en el marco de la presentación del nuevo directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), donde se explicó la implementación de una línea de financiamiento destinada a hogares que incorporen generación solar y la creación de Mendoza Energética. Se trata de una plataforma digital abierta que concentrará la información del sector e incorporará herramientas de seguimiento, contenidos formativos y datos actualizados para los usuarios.
El nuevo equipo directivo, tendrá como presidente a Cristian Azar, abogado con amplia experiencia en regulación eléctrica y gestión institucional. El directorio se completa con Héctor Laspada, ingeniero en Electrónica y Electricidad con especialización en regulación y amplia trayectoria en el sector, y Andrea Salinas, quien continuará como directora hasta el 30 de abril. A partir de esa fecha se incorporará al directorio Raúl Faura, ingeniero electrónico con experiencia en regulación de servicios públicos, diseño tarifario y desarrollo de energías renovables.
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El Gobierno impulsa cambios en la ley de tierras y fuego: la controversia en el sector agropecuario

Fecha de Publicación: 28/03/2026
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional


Las nuevas medidas que propone el Gobierno despiertan debate. Según Adorni, el objetivo es “corregir distorsiones que afectan a productores y distintos eslabones de la actividad económica”.
El Gobierno nacional envió al Congreso un paquete de proyectos que modificarán la legislación vigente sobre el sector agropecuario y forestal. La propuesta incluye cambios en la Ley de Manejo del Fuego y en la normativa que regula la titularidad de tierras rurales, con el objetivo de promover inversiones y fortalecer la propiedad privada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que estos cambios forman parte de un primer conjunto de leyes que el oficialismo pretende debatir a corto plazo. Según Adorni, el objetivo es “corregir distorsiones que afectan a productores y distintos eslabones de la actividad económica”.
En materia de incendios y uso del suelo, la reforma se centra en la legislación vigente sobre incendios rurales, sancionada en 2020, que establece restricciones sobre el uso y comercialización de tierras afectadas por el fuego para evitar maniobras especulativas.
El Gobierno considera que esta regulación excedió su alcance original, afectando actividades que no deberían estar alcanzadas, como campos agrícolas y bosques implantados. Adorni señaló: “Si un productor sufre un incendio, no puede disponer de su propiedad, lo que agrava aún más la pérdida económica”. La propuesta busca retrotraer el esquema a una versión anterior, equilibrando la protección ambiental con la continuidad de la actividad privada.
Este debate se da en un contexto de incendios recurrentes, especialmente en el sur argentino, donde miles de hectáreas fueron afectadas, según estimaciones de organizaciones ambientalistas.
En cuanto a la Ley de Tierras Rurales, la normativa actual limita la compra de campos por extranjeros, con un tope del 15% del territorio nacional y restricciones por nacionalidad, superficie y ubicación en zonas estratégicas. El Gobierno propone flexibilizar estos límites para facilitar el ingreso de capitales internacionales en sectores clave como agro, minería y energía, que requieren inversiones de gran escala y acceso a extensiones significativas de tierra. Según el Ejecutivo, Argentina enfrenta una oportunidad histórica para captar inversiones, y las restricciones actuales podrían desalentar proyectos de envergadura.
La iniciativa genera posiciones encontradas. Algunos actores anticipan un mayor flujo de capital y desarrollo económico, mientras otros expresan preocupación por la concentración de tierras y la soberanía territorial. El debate legislativo se anticipa intenso, involucrando dimensiones económicas, ambientales y estratégicas que marcarán la discusión en el Congreso.
El paquete de proyectos enviado por el Gobierno busca redefinir el equilibrio entre inversión, propiedad privada y protección ambiental, mientras productores, legisladores y expertos evalúan sus posibles impactos en la economía y el territorio argentino.
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El oficialismo dilata el debate por la Ley de Glaciares y aumentan las dudas sobre los votos en Diputados

Fecha de Publicación: 28/03/2026
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Tras cumplir con el trámite de la audiencia pública, el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares parecía ingresar en su recta final en Diputados. Pero el oficialismo dio un giro en su estrategia al confirmar que convocará a los gobernadores de las provincias mineras para los primeros días de abril y recién después sacará despacho aunque no arriesga una fecha para llevar el proyecto al recinto.
Al menos eso trascendió en el segundo día de la audiencia pública pedida por los sectores de la oposición, aunque en esta jornada destinada a las exposiciones en forma virtual hubo poca presencia del kirchnerismo, a diferencia de lo ocurrido en la primera reunión.
Según pudo averiguar Clarín, el oficialismo convocará a una reunión informativa para el 1 o el 8 de abril con la presencia de los gobernadores de la denominada mesa del litio y la del cobre que integran las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.
Hubo gobernadores -no se precisaron los nombres- que plantearon la posibilidad de participar en la audiencia pública, pero los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes presiden las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales, respectivamente, coincidieron en que lo mejor era que intervengan en una reunión informativa.
Es posible que algunos gobernadores decidan enviar a sus ministros de medioambiente en su reemplazo, mientras el Gobierno analiza la posibilidad de sumar a sus equipos técnicos para defender la reforma e incluso miembros del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Lo cierto es que la oposición también decidió incluir a especialistas y algunos activistas que quedaron afuera de la audiencia pública. Mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, ya anticipó que pedirá que a la lista de convocados se agreguen no sólo los gobernadores de las provincias mineras, lo que anticipa un largo debate.
En el propio oficialismo hay distintas proyecciones sobre el futuro del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. Un sector confiado asegura tener los votos para aprobarlo, más de 130, pero otros advierten que el tratamiento del proyecto demandará varias semanas.
El plan de La Libertad Avanza se fue modificando desde que el proyecto ingresó a la Cámara baja. Porque en un principio, la intención fue ir por un tratamiento exprés en el arranque del período de sesiones ordinarias, pero ante la presión de la oposición y la amenaza de una judicialización se vio obligado a someter al proyecto a una audiencia pública, que registró un total de 105.294 inscriptos, un hecho inédito para este tipo de convocatorias.
En la previa a la audiencia, los libertarios anunciaban que la propuesta llegaría al recinto el 8 de abril, pero los plazos podrían dilatarse aún más, lo que hace poner en duda que estén los votos para aprobarla en el recinto.
Mientras tanto, los distintos sectores de la oposición manejan la opción de la judicialización por el bajo porcentaje de inscriptos que participó en la audiencia pública. Sólo en la primera jornada hubo 96 exposiciones presenciales sobre un total de 180 que estaban previstas. Y un número similar se estimaba para la segunda jornada, lejos de los 360 inscriptos que se había prometido.
Además, la oposición quiere a llevar a los tribunales el impacto que la reforma de la Ley de Glaciares tendrá en la gestión interjurisdiccional de los recursos hídricos.
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30 años de transgénicos en Argentina: nada para celebrar

Fecha de Publicación: 27/03/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Nacional


El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas en introducir la tecnología, Nidera y Monsanto, en un contexto de apertura económica y desregulación. Treinta años después, los cultivos transgénicos ocupan alrededor de 24 millones de hectáreas y el país se ubica como el tercer productor mundial, después de Estados Unidos y Brasil. A 30 años de su introducción, los transgénicos no pueden entenderse sólo como una tecnología. Son parte de un modelo agroindustrial que traslada enormes costos ambientales y sociales, mientras concentra beneficios económicos. Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas. Por Marcos Filardi, investigador del Grupo ETC.
El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas en introducir la tecnología, Nidera y Monsanto, en un contexto de apertura económica y desregulación.
Desde entonces, Argentina se consolidó como el primer país de América Latina en abrir sus fronteras a los cultivos transgénicos y como un campo de experimentación para las empresas transnacionales. La expansión fue vertiginosa: en pocos meses, la soja RR alcanzó más de un millón de hectáreas. Treinta años después, los cultivos transgénicos ocupan alrededor de 24 millones de hectáreas y el país se ubica como el tercer productor mundial, después de Estados Unidos y Brasil.
Este modelo se organiza en torno a monocultivos de commodities, principalmente soja y maíz, orientados a la exportación. No se trata de producir alimentos, sino materias primas para cadenas industriales globales. En 1998, la aprobación del maíz transgénico profundizó este rumbo. La mayoría de estos cultivos incorporan resistencia a herbicidas o genes Bt, lo que refuerza su dependencia de insumos químicos.
Se trata de un modelo extractivista, que concibe al suelo como un recurso a explotar y se sostiene en una lógica productivista, dependiente de agrotóxicos, pesticidas o biocidas y fertilizantes sintéticos. Sus impactos son profundos: avance de la frontera agrícola, deforestación, destrucción de bosques nativos, selvas y humedales, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos. Argentina se encuentra entre los países que más deforestaron a nivel mundial, con millones de hectáreas de bosque perdidas en las últimas décadas. A esto se suman la concentración y extranjerización de la tierra, la pérdida de productores, el desplazamiento de la agricultura familiar, campesina e indígena, los conflictos territoriales y el aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre.
El uso intensivo de agrotóxicos también impacta directamente en la salud. La exposición a plaguicidas se vincula con cánceres, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, problemas reproductivos y malformaciones, en un contexto de contaminación generalizada del agua, el aire y los alimentos.
Al mismo tiempo, los cultivos transgénicos están estrechamente ligados a la expansión de la ganadería industrial y a otros usos industriales. La mayor parte de la soja no se destina a la alimentación humana directa, sino que se exporta o se transforma en insumos para la alimentación animal, agrocombustibles y productos ultraprocesados. En este esquema, la producción agrícola no satisface las necesidades internas, sino que prioriza la exportación.
Esto evidencia la existencia de dos sistemas antagónicos: uno orientado a producir alimentos para las poblaciones y otro -el agronegocio- orientado a generar commodities y negocios. Este modelo transforma el territorio, reduce la diversidad productiva, desplaza formas tradicionales de producción y configura un “campo sin campesinos”.
A su vez, la expansión de los transgénicos está estrechamente vinculada a la concentración corporativa del sistema agroalimentario. Empresas como Monsanto -hoy Bayer- impulsaron este proceso, hoy dominado por un pequeño grupo de corporaciones globales como Bayer, Corteva, Syngenta y BASF, que controlan gran parte del mercado de semillas y pesticidas.
A 30 años de su introducción, los transgénicos no pueden entenderse sólo como una tecnología. Son parte de un modelo agroindustrial que traslada enormes costos ambientales y sociales, mientras concentra beneficios económicos. Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas.
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Confirman otra vez una multa a empresarios que desmontaron

Fecha de Publicación: 27/03/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En 2013 se encontró a personas en situación de esclavitud y un desmonte de 11 mil hectáreas que no estaba autorizado. Las tierras siguen en producción y el bosque no volvió a crecer.
La Cámara de Apelaciones salteña ratificó la multa impuesta a Juan José y Daniel Darío Karlen, que ya llevan 13 años sin pagar sanción ni restaurar bosque alguno, pese a las resoluciones de la administración de justicia.
La decisión de la Cámara fue ante el pedido de la fiscal de Tartagal Rosa Vélez Román, que desde 2020 viene pidiendo a la jueza de Tartagal Viviana Yance que multe a los acusados por haber incumplido con un plan de reforestación del campo desmontado sin autorización.
El desmonte ocurrió entre 2012 y 2013. Pero recién en 2013 un operativo de la ex AFIP (hoy ARCA) detectó el desmonte ilegal y a trabajadores en situación de esclavitud.
Recién en 2016 la Justicia accionó. Durante la gestión como fiscal del ahora juez de Corte Pablo López Viñals se había solicitado una multa de 171 millones de pesos.
Pero en una instancia de negociación se permitió a los Karlen presentar un plan de restauración que, sin embargo, nunca se cumplió. Por el contrario, y según las denuncias realizadas, se continuó cultivando la tierra deforestada y la venta de la producción obtenida.
Ya en 2024, cuando finalmente se determinó el incumplimiento, la fiscal Vélez Román solicitó que se aplique una multa diaria o astreintes por incumplimiento procesal. En ese entonces se pudo conocer que esa multa era de 68 millones de pesos. La jueza Viviana Yance hizo lugar e intimó a Juan y Daniel Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020, fecha desde la cual la fiscal reclamaba que se cumpla con el plan de restauración.
Los Karlen solicitaron la nulidad de la decisión y llegó a la Cámara de Apelaciones, la que rechazó este planteo con las firmas de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Araníbar.
“Si por lo menos le hubiesen hecho una clausura al campo, 13 años después tendría un monte”, opinó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, al hablar con este diario sobre la nueva decisión judicial. Indicó que en la misma zona donde se encuentra este desmonte, “hace tres años vimos una zona que se había desmontado hace 8 años. Y ahora el monte superaba los dos metros”, lo que indicaría que en el otro caso no se permite el crecimiento del monte.
Giardini analizó que, de haberse mantenido la multa de los 171 millones de pesos, hoy ese monto se traduciría en casi 50 mil millones de pesos.

En sintonía
El peligro de la demora judicial potencia el aval a los desmontes ya impulsado por el intento de modificar la Ley de Bosques Nativos.
Esa posibilidad radica en la firma del “compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, enmarcado en el Pacto de Mayo, rubricado, entre otros, por el gobernador Gustavo Sáenz.
En el proyecto oficial se dispone que las únicas áreas sin desmontes sean las de categoría uno o roja. Y libera al sector amarillo para el desmonte. Hasta el momento la legislación se encuentra estancada por la oposición de distintos sectores que ven el peligro de continuar degradando el bosque nativo.
Greenpeace hizo esta advertencia en el marco del Día Internacional de los Bosques, que se conmemoró el 21 de marzo pasado.
La organización ambientalista denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que durante 2025 la pérdida de bosques en el norte del país aumentó un 40 por ciento respecto al año anterior.
Afirmó que el total de áreas desmontadas e incendiadas revela que la pérdida de bosques durante 2025 en el norte del país fue de 210.702 hectáreas: Santiago del Estero se desmontaron 104.474 hectáreas; en el Chaco, 38.392 hectáreas; en Salta 34.067, hectáreas y en Formosa, 33.769 hectáreas.
“Es claro que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), posteriormente incorporado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, sostiene el comunicado.
En su escrito ante la Corte Suprema, Greenpeace advirtió que “frente a este alarmante aumento de la deforestación en el norte, resulta grave e inconstitucional que desde el gobierno nacional y algunas provincias se proponga la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de permitir aún más desmontes. De aprobarse esta iniciativa, aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la Categoría I, rojo, abarcando en promedio cerca del 10 por ciento de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”.
Indicó que esto será “una condena para el yaguareté, ya que provocará un marcado aumento de la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques que habita. También pondrá en serio riesgo a otras especies en peligro como el tatú carreta y el pecarí quimilero. Deben considerarse los impactos en la cultura y espiritualidad asociados al yaguareté, y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la región (Wichí, Qom, Chorote, Tapiete, Guaraní, Mocoví, Chané, Pilagá, Nivaclé, entre otros)”.
Desde 2013, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una oportunidad para concientizar sobre el importante papel que desempeñan los bosques en la sostenibilidad ambiental, la erradicación de la bpobreza y la seguridad alimentaria.
“Las leyes de Bosques y de Glaciares son herramientas fundamentales para proteger ecosistemas frágiles y vitales. Ambas normas se lograron tras varios años de lucha del movimiento socioambiental y debemos defenderlas”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
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Cruces y acusaciones en la audiencia por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 26/03/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los expositores que lograron superar los obstáculos del Gobierno advirtieron que hay legisladores que representan los intereses de empresas mineras. Además, hubo cortes en los micrófonos e impidieron el ingreso de personas anotadas a la audiencia.
La primera audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se lleva adelante este miércoles en la Cámara de Diputados y fue cuestionada por distintos bloques de la oposición que advirtieron que el oficialismo cercenó la participación “de manera arbitraria” y que no están dadas las condiciones para un debate democrático, contó con varios cruces y acusaciones.
Uno de ellos lo protagonizó Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien anunció durante su exposición que este jueves denunciará penalmente a la senadora salteña Flavia Royón por incompatibilidad en la función pública, ya que votó a favor de la nueva ley de Glaciares y tiene una consultora sobre minería.
“¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta sino que representa a las mineras directamente, que se llama Flavia Royón?”, les preguntó este miércoles Viale a los diputados y diputadas que lo escuchaban.
“Flavia Royón tiene una consultora que asesora a Río Tinto que es una de las principales beneficiadas por esto (la modificación de la ley). Y mañana la estamos denunciado penalmente por incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”, adelantó Viale.
Luego, el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas fue por los representantes en la Cámara Baja y agregó, mirando al diputado libertario José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales: “¿Usted no tiene relación con proveedores mineros? La gente de su partido, ¿No tuvo una reunión hace poco con un proveedor minero? ¿Cuántos diputados hay así, cuántos diputados son proveedores mineros?“.
“La verdad es que esto tiene nombre y apellido: son las grandes transnacionales mineras, ¡Le están entregando el agua y es para siempre!”, protestó Viale.
Otro de los momentos más tensos de la jornada lo encabezó la la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, a quien le cortaron el micrófono cuando en plena exposición contra el proyecto de ley aseguró que el oficialismo “necesita tener presa a Cristina (Kirchner) para que ustedes (diputados libertarios) puedan avanzar con esta pavada”.
El diputado de izquierda Nicolás Del Caño también cuestionó el proyecto oficialista, así como la forma en que se organizaron las audiencias, que dejaron afuera a la gran mayoría de las personas que se habían anotado como expositoras.
“Dejaron afuera al 99,9% (de expositores). No quieren escuchar a nadie, ¿De qué está hablando? No me quiere dar la palabra, no me la de. Pero diga por lo menos que hay más de 100.000 inscriptos”, planteó a los gritos el diputado, en un cuestionamiento a Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales.
“Es verdad la observación del diputado Del Caño, han habido más de 100.000 inscriptos. Es todo un éxito la convocatoria”, le contestó irónico Peluc, intentando silenciar los gritos en la sala, a lo que le retrucaron algunos diputados: “¿Y por qué está el salón vacío?“. 
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La Justicia ratificó actuaciones fiscales por desmontes y obras en el río Blanco 

Fecha de Publicación: 26/03/2026
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó conocimiento de dos fallos recientes relacionados a obras y desmontes en el Río Blanco.
En ambos casos, la Justicia respaldó las actuaciones de fiscalías del norte provincial. 
El primer fallo está relacionado con un desmonte ilegal de gran escala, en una causa involucra a Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen.
Según el expediente, el desmonte abarcó unas 11 mil hectáreas. En 2017, los demandados asumieron un compromiso voluntario de recomposición ambiental, con un plan que debía ejecutarse en toda la finca durante 30 años. Además, incluía a puesteros y comunidades de la zona.
Sin embargo, ante el incumplimiento, la fiscal civil de Tartagal, Rosa Graciela Vélez Román, solicitó sanciones económicas. El Juzgado de Primera Instancia, a cargo de la jueza Viviana Yance, hizo lugar al pedido. Luego, los imputados intentaron anular la medida.
No obstante, tanto el juzgado como la Sala Segunda rechazaron ese planteo y así quedó firme la multa por incumplimiento.

El caso del terraplén
El segundo caso se vincula a un conflicto en el río Blanco a raíz de la construcción de un terraplén. La obra atraviesa el cauce y se utiliza para el manejo de aguas del río Pescado, y está asociada a actividades agrícolas en la zona.
La fiscal civil de Orán, Marcela de los Ángeles Fernández, intervino en el acuerdo con empresas involucradas, entre las que se encuentran Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L., Los Dos Ríos S.A. y Tuma S.A.
El fallo judicial analizó el impacto ambiental de la obra, centrándose en garantizar el caudal ecológico de los ríos.
La jueza de primera instancia, María Eugenia Fernández de Ulivarri, estableció medidas precautorias y dispuso un caudal ecológico mínimo permanente para ambos ríos.
La decisión buscó evitar la interrupción del curso natural del agua, apoyándose en informes técnicos de organismos especializados.
Posteriormente, la Sala Cuarta de la Cámara Civil y Comercial confirmó la resolución, respaldando a la fiscalía norteña. 
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Peligra la protección de los bosques de Argentina, ya diezmados por desmontes e incendios

Fecha de Publicación: 25/03/2026
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional


Los bosques de Argentina perdieron miles de hectáreas el año pasado por los desmontes y los incendios, un daño que, según denuncian organizaciones ambientales, podría agravarse si el Gobierno de Javier Milei avanza con su intención de reformar la ley que da protección a los bosques nativos.
Los bosques, cuyo día internacional se celebra este sábado, perdieron en Argentina 1.416.000 hectáreas entre 2018 y 2024, según el último reporte publicado por la Secretaría de Turismo y Ambiente del país suramericano.
Aunque esa cifra equivale a 70 veces la superficie de la capital argentina, supone un promedio anual de pérdida de áreas forestales mucho menor al que se registraba antes de la aprobación de la Ley de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, aprobada en noviembre de 2007.
Solo en aquel año se perdieron 728.469 hectáreas de bosques, fundamentales para ayudar a regular el clima, equilibrar el flujo hídrico, producir oxígeno y contribuir a la fertilidad de los suelos.

El impacto ambiental
Sin embargo, la magnitud de destrucción de bosques es creciente: de acuerdo a cálculos de Greenpeace, en 2025 se perdieron 210.702 hectáreas en las norteñas provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero (un 40 % más que en 2024), fundamentalmente por desmonte.
«El 75 % de la deforestación se da en esas cuatro provincias. Además han crecido mucho los incendios forestales en la Patagonia (sur)», señaló a EFE el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
Según Greenpeace, en 2025 los incendios arrasaron 32.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos en el sur de Argentina y solo entre finales de diciembre último y mediados de febrero se consumieron en esa región 77.000 hectáreas.

Protección con escollos 
La ley de 2007 clasifica a los bosques por su nivel de conservación y establece límites al desmonte.
En la categoría I (rojo) no puede haber ningún tipo de intervención; en la categoría II (amarillo) se permite cierto tipo de aprovechamiento sostenible, como turismo o investigación científica; y en la categoría III (verde) se puede desmontar.
La aplicación de la ley ha tenido escollos. 
En 2019 Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema para denunciar a Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero y al Estado argentino por incumplir la Ley de Bosques y poner en riesgo la supervivencia del yaguareté, un felino protegido en Argentina.
Las organizaciones ambientalistas también denuncian que los desmontes ilegales persisten por falta de fiscalización y una desfinanciación del fondo estatal orientado a ejecutar proyectos de conservación y restauración de los bosques.

Reforma en puerta 
El Gobierno de Milei, que ya ha impulsado una reforma a la Ley de Glaciares para permitir la minería en áreas cercanas a los campos de hielo, anticipó que también se presentará un proyecto para modificar la Ley de Bosques.
Un esbozo de esa iniciativa quedó plasmado en un documento publicado por el Gobierno en diciembre pasado y que prevé restringir la prohibición de desmonte solo al área roja.
«Una de las propuestas más graves es la de eliminar la prohibición de desmontar en bosques clasificados en categoría II (amarillo). Esta categoría comprende más de 30 millones de hectáreas y fue diseñada para permitir usos sostenibles, pero no desmontes», advirtió Ana Parellada del área de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El jueves pasado, en un nuevo escrito presentado ante la Corte Suprema, Greenpeace advirtió que resulta «grave» que desde el Gobierno nacional y algunas provincias se proponga modificar la Ley de Bosques para permitir más desmontes.
«La reforma va a habilitar el desmonte en la zona amarilla. Eso implicará, en la práctica, que pasaremos de tener un 20 % de áreas en las que está permitido el desmonte a que solo en el 20 % de la superficie va a estar prohibido el desmonte. Es casi derogar la Ley de Bosques», aseveró Giardini.
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