Registraron un nuevo yaguareté en el PN Río Pilcomayo

 


Sorprendente hallazgo: registraron un nuevo yaguareté en el Parque Nacional Río Pilcomayo

Fecha de Publicación
: 17/05/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Formosa


El avistamiento de este ejemplar marca un avance significativo en los esfuerzos de protección de la fauna local y reafirma la importancia del parque como refugio natural para especies en peligro
Considerado el felino más grande de América y una de las especies más emblemáticas de nuestra fauna, el yaguareté se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción en la Argentina. Su presencia es cada vez más escasa, especialmente en regiones como el Gran Chaco, donde su población se vio drásticamente reducida por la pérdida de hábitat y la caza furtiva. En este contexto, cada nuevo registro se convierte en una noticia alentadora: en el Parque Nacional Río Pilcomayo, en Formosa, se logró fotografiar a un nuevo ejemplar macho mediante el sistema de monitoreo con cámaras trampa, lo que confirma su presencia en esta área protegida y suma esperanzas para la conservación de la especie en la región chaqueña.
Por lo que dieron a conocer en el portal del gobierno nacional, luego de analizar las imágenes captadas, especialistas de la Dirección Regional NEA de Conservación de la Administración de Parques Nacionales, junto con el equipo del Proyecto Yaguareté, realizaron un trabajo minucioso de identificación. Gracias a las particularidades del pelaje, como el patrón único de manchas que distingue a cada individuo, pudieron confirmar que se trata de un ejemplar macho que no había sido registrado previamente en la región. A este nuevo yaguareté se le asignó la denominación inicial MACHO10 (M10), lo que indica su incorporación oficial al monitoreo.

La importancia de este avistamiento
Este nuevo registro fotográfico marca un hito importante en el seguimiento del yaguareté en la región, ya que se trata del tercer ejemplar documentado en el Parque Nacional Río Pilcomayo desde el primer avistamiento en 2018. Asimismo, el hallazgo destaca la relevancia del trabajo sostenido que llevan adelante guardaparques, técnicos e investigadores, quienes mediante monitoreos constantes logran avances significativos en la conservación de esta especie en peligro.
Al mismo tiempo, el descubrimiento refuerza el papel clave que cumple el Parque Nacional como espacio fundamental para proteger al yaguareté, una especie considerada Monumento Natural tanto a nivel nacional como en la provincia. En este contexto, con el objetivo de sumar a la sociedad en este esfuerzo, se pondrá en marcha en los próximos días una votación abierta al público para que la ciudadanía pueda participar en la elección del nombre que llevará este nuevo ejemplar chaqueño

Los antecedentes
En marzo de 2024, personal del Parque Nacional Río Pilcomayo logró detectar rastros de yaguareté dentro del área protegida, un hecho que generó una rápida respuesta por parte de las autoridades. Desde la Intendencia del parque, con el acompañamiento técnico del Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) y de la Dirección Regional NEA de la Administración de Parques Nacionales, se puso en marcha una estrategia de monitoreo intensivo mediante el uso de cámaras trampa. Esta iniciativa fue diseñada especialmente para intentar captar imágenes del ejemplar, dada la relevancia que implica cada nuevo registro de esta especie en peligro de extinción en la región.
El propósito central de este operativo fue obtener información concreta sobre el animal: conocer su sexo, evaluar su estado de salud y, fundamentalmente, comprobar si se trataba de un ejemplar ya identificado en registros anteriores o de uno completamente nuevo en la zona. Para ello, se recurrió al análisis del patrón de manchas del felino, una característica que funciona como una especie de “huella digital” en los yaguaretés y permite distinguir a cada individuo de manera única y precisa.
Es importante destacar que los primeros registros confirmados de yaguareté en esta región argentina se remontan al año 2018, cuando personal del parque e investigadores del Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET) lograron fotografiar a un macho adulto por medio de cámaras trampa. Aquel mismo individuo volvió a ser registrado en 2019, en un monitoreo que contó con la participación del Proyecto Yaguareté y del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET). Desde entonces, no se habían obtenido nuevas imágenes confirmadas, por lo que este reciente hallazgo, ocurrido entre marzo y abril de 2025, se convierte en el tercer registro oficial y en un avance significativo que renueva las esperanzas en torno a la conservación del yaguareté en el Gran Chaco argentino.
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Así es Patagonia Azul, el nuevo parque provincial en Chubut

 


Así es Patagonia Azul, el nuevo parque provincial en Chubut que reúne una biodiversidad única

Fecha de Publicación
: 17/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Chubut


Es hogar de aves marinas que nidifican en las 60 islas e islotes que conforman el territorio, además de colonias de lobos marinos y de ballenas
La provincia de Chubut tiene una nueva área protegida que contribuirá a preservar no sólo especies animales sino que fomentará el conocimiento de las costas patagónicas del Mar Argentino. Se trata del Parque Provincial Patagonia Azul, un área de 295.135 hectáreas que consiguió ese estatus de preservación luego de que la legislatura de la provincia aprobara por unanimidad su conformación.
El proyecto para el parque provincial fue impulsado por el gobierno de Chubut en conjunto con la Fundación Rewilding y la conformación del área protegida es una continuidad de trabajo que inició con la gobernación anterior y siguió con la actual.
Este nivel de protección, categoría 2 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), permite el turismo regulado y las actividades científicas en el área protegida, según explicaron desde Rewilding.
La coordinadora del Proyecto Patagonia Azul, Mariana Cassini, explicó a TN que desde Rewilding se sumaron al proyecto hace unos seis años, en un territorio sobre el que ya trabajaban desde hace mucho tiempo científicos y actores locales. “El lugar es único. No hay otros lugares en la costa del Mar Argentino que tengan tantas islas en un mismo lugar”, precisó.
La zona donde se conformó el parque provincial es uno de los puntos con mayor biodiversidad del Mar Argentino y se conforma por más de 60 islas e islotes que no funcionan sólo como hogares de diversos animales. La importancia, destacó la coordinadora, es que una gran cantidad de lobos marinos, aves y ballenas eligen esas islas para vivir allí, tener sus crías o usarlas en su paso para alimentarse durante las migraciones que realizan cada año.

Competencia con la pesca industrial
Precisamente sobre las aves, se estima que 13 especies de las 50 que se pueden encontrar en Patagonia Azul eligen el parque provincial para tener sus crías.
En una lucha muy desigual, las aves que se alimentan en la zona del parque provincial tienen que competir con los barcos pesqueros por la comida.El área marina protegida, comentó Cassini, genera que en la zona no se pueda desarrollar pesca de arrastre (con grandes redes) y que las aves no tengan que competir contra el ser humano por su alimento.
Otro de los puntos a atender es la presencia de plásticos en algunas especies que se alimentan allí, situación que, en principio, deriva de la pesca industrial.
Sobre ello, Cassini indicó: “Un estudio encontró que 7 de cada 10 pichones del petrel gigante antártico presentaron plásticos en sus estómagos porque sus padres o madres se alimentan en el mar y, allí, hay mucho descarte pesquero, que va desde una pequeña merluza hasta un pedazo de plástico”.

Ballenas y lobos marinos
A su vez, Cassini resaltó que el nuevo parque provincial es zona de migración de cuatro especies de ballenas (jorobada, sei, franca austral y minke) y que la eligen “para venir a alimentarse todos los años”.
“En esta zona tenés también el 60% de lobos marinos de dos pelos de Argentina, que vive en Patagonia Azul y usa el mar para alimentarse”, agregó.
Ejemplares de lobos marinos de dos pelos. El 60% de la población que esta especie tiene en el país vive en Patagonia Azul. (Foto: Rewilding Argentina)
Otra de las ventajas que marcó son las delimitaciones del parque, marcadas con líneas rectas que contribuyen a la fiscalización: “Esto ayuda muchísimo porque la pesca industrial tiene dividido al Mar Argentino en cuadrantes rectos. Si vos hacés un parque con líneas rectas, ayudás muchísimo a la fiscalización del mismo”.

Variedad y biodiversidad
El parque Patagonia Azul,contó la responsable del proyecto, se caracteriza por ser “un hábitat rocoso, de diferentes accidentes geográficos, marismas y rías que se meten en la estepa. La variedad de los ecosistemas que hay genera que haya mucha biodiversidad”.
Parte de ese punto también se explica por la situación que se da al norte del golfo San Jorge, donde chocan dos corrientes marinas, una proveniente de Brasil y otra de Malvinas, en donde, explicó Cassini, “se genera una explosión de productividad porque se genera mucho fitoplancton, que es la base de la cadena alimenticia”.
Y adelantó que pronto se habilitarán nuevos ingresos al parque, además de campings para que el público se acerque de a poco a esta nueva área protegida, una estación biológica y un puerto para embarcaciones que van a monitorear el parque: “Queremos generar empleo en las comunidades costeras de Chubut a futuro y que la gente conozca el mar patagónico, porque no hay muchos accesos actualmente”.
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¿Granjas de salmón en las Malvinas?

 


Lanzan una consulta popular para instalar granjas de salmón en las Malvinas: los riesgos para la Patagonia

Fecha de Publicación
: 16/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Lo lleva adelante el gobierno británico de la isla. La empresa Unity Marine tiene un proyecto para producir 50 mil toneladas de este pez por año, en grandes piletones al aire libre. Además del uso de recursos que le corresponden a la Argentina, podría ser un serio conflicto ambiental.
La administración kelper de las Islas Malvinas (no reconocida por la Argentina) lanzará entre el 30 de junio y el 24 de agosto una consulta pública a sus habitantes para conocer si quieren instalar granjas masivas de producción de salmón en las aguas que los rodean.
Este tipo de negocios en el mar se prohibió en Tierra del Fuego en 2021 debido al alto riesgo ambiental que significa la producción. Su instalación no solo aprovecha recursos naturales que son argentinos y que el país reclama, sino que también podrían implicar un serio perjuicio para todo el ecosistema patagónico.
En la consulta se les pedirá a las personas marcar una de las siguientes opciones:
- No permitir la cría de salmones en las Islas Malvinas.
- Permitirla sin más límites que la capacidad de carga del medio ambiente.
- Permitirla pero con límites muy por debajo de la capacidad de carga del medio ambiente.
- Permitir únicamente métodos de cría especializados (como la producción orgánica).
“Aunque inicialmente FIG (Gobierno de las Islas Malvinas por sus siglas en inglés) tenía previsto realizar la consulta entre abril y junio, el calendario revisado permitirá disponer de más tiempo para preparar la información de contexto y los documentos, los cuales ahora también incluirán detalles sobre la visita de investigación a las Islas Feroe", se lee en el comunicado oficial que explica la consulta. Las islas Feroe son un archipiélago de Dinamarca en donde se cultiva salmón en ese tipo de granjas.
Una vez que se termine la consulta, la Asamblea Legislativa que gobierna las islas recibirá la información y tomará una decisión al respecto. No es vinculante lo que surja de la consulta pública y ya hay un proyecto propuesto por la empresa Unity Marine.
Se trata de una compañía de capitales daneses e isleños que propone introducir la cría de salmones a escala industrial en jaulas flotantes en las aguas costeras y producir 50 mil toneladas anuales, con un potencial de 200 mil. TN intentó comunicarse con la empresa por vía de correo electrónico, pero no recibió respuesta.
Sin embargo, al consultar el Facebook de la compañía se detecta un fuerte lobby en favor del proyecto, con varios posteos semanales. “Más empleos locales. Una economía local más fuerte. La cría de salmones tiene el potencial de crear más de 150 empleos a tiempo completo, apoyar a las pequeñas empresas e inyectar millones en la economía local", se lee en uno de los textos publicado el 7 de mayo.

Los riesgos ambientales de la salmonicultura
“Una granja de salmón es básicamente un feedlot en el agua. Suelen estar en el mar, a red abierta, lo que implica que todo lo que es químicos, pesticidas, etcétera, pueden fluir libremente en el agua, afectando a todo el ecosistema“, explicó a TN Catalina Cendoya, directora de la Resistencia Global contra la Salmonicultura, dentro de la ONG Por el Mar.
Según contó, cada granja puede tener de seis a 12 jaulas. “Son enormes, de hasta 160 metros de diámetro, y una profundidad de entre 30 y 60 metros. Las jaulas más chicas son del tamaño del Monumental, el estadio de River”.
Este tipo de producciones suelen darse en lugares con aguas prístinas y muy frías, que permiten el desarrollo del salmón. Como la de las Islas Malvinas.
“La salmonicultura tiene muchos impactos de índoles distintos. Son miles de peces hacinados en jaulas gigantes. Esto promueve la propagación de enfermedades, de parásitos. Hay un piojo de mar que, en condiciones naturales, encontrás 0,1 de esos piojos por salmón. En las granjas hay de 15 a 16 piojos por salmón. Esto hace que se abuse de antiparasitarios. Hay productos que tienen químicos con una enzima que impide que se formen los caparazones en especies como langostas, cangrejos, centollas“, sintetizó Cendoya.
En Tierra del Fuego, la centolla es un producto emblema, que motoriza la industria gastronómica y turística.
La experta además aclaró que alrededor de estas granjas se suelen generar “zonas muertas”, es decir, aguas llenas del excremento de estos peces y sus residuos donde no puede prosperar la vida.
En 2021, aparecieron miles de toneladas de salmones muertos por falta de oxígeno en el fiordo Comau y canales Jacaf y Puyuhuapi en Chile. Las granjas habían propiciado una formación anormal de algas tóxicas.
Otra problemática se vincula con los posibles escapes de salmón de estas granjas. El salmón es un pez depredador tope de la cadena y si sale en masa, se introduce en un ecosistema del cual no es nativo. Y al no tener otro predador, ingresa una especie exótica.
“Es imposible contener a una granja de salmón en el país o provincia en el que se instale. Los salmones son peces muy atléticos, nadan muchísimo, pueden recorrer hasta 6 mil kilómetros. Si vos tenés salmones en las Malvinas, es imposible contenerlos para que no lleguen al continente”, puntualizó Cendoya.
En sus posteos habituales en redes sociales, Unity Marine enfatiza en que se realizarán rigurosos controles ambientales, aunque no están los detalles. También que la instalación de estas granjas implicará una inyección de dinero en las arcas de las islas con una suba de los ingresos de 25% por año.

Las críticas dentro de las islas
Pero la decisión aun no está tomada y hay un movimiento dentro de las islas en contra de este tipo de proyectos. Se llama Malvinas Libres de Salmón (Salmon Free Falklands, en inglés) y busca rechazar la iniciativa con argumentos apoyados centralmente en el impacto ambiental de esta actividad. También en el perjuicio que, aseguran, tendrá en la industria turística.
Una de las denuncias que hacen es que la consulta pública es confusa: en vez de proponer si uno está o no de acuerdo con la cría de salmón, abre un abanico de posibilidades.
La organización también llama a un activismo en contra de la medida, que se expresa en su página web y redes sociales.
"Cuéntales a tus amigos y familiares sobre esta amenaza para las Islas Malvinas y apoya a #MalvinasLibresdeSalmon. No hay mejor manera de generar un impacto que convirtiéndote tú mismo en un defensor activo.
- Infórmate sobre las amenazas de la cría de salmones en jaulas flotantes.
- Expresa tus preocupaciones en Penguin News (medio local).
- Escribe a los Miembros de la Asamblea Legislativa y a los funcionarios del gobierno.
- Participa en las reuniones públicas.
- Presenta una declaración de testigo explicando por qué estás en contra de introducir la cría de salmones en las aguas de las Islas Malvinas.
- Contacta a Salmon Free Falklands (Malvinas Libres de Salmón)“.
TN se comunicó en numerosas ocasiones con Cancillería para consultar sobre esta situación y si se motorizará un reclamo, pero no obtuvo respuesta.
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“El saneamiento del Riachuelo no está cumplido”

 


“El saneamiento del Riachuelo no está cumplido”: denuncian abandono y retrocesos

Fecha de Publicación
: 16/05/2025
Fuente: Portal FaroNoticias
Provincia/Región: Riachuelo


A pesar del cierre de la supervisión judicial por parte de la Corte Suprema, organizaciones sociales y vecinos afectados advierten que las condiciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo siguen siendo críticas. El Estado fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lejos de ser una historia cerrada, la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue siendo una herida abierta para miles de personas. Un reciente artículo publicado por la Agencia de Noticias Científicas (ANC) retoma un reclamo urgente: el saneamiento del Riachuelo no está cumplido, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya decidido, en octubre pasado, dar por concluida su supervisión judicial del proceso.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), junto a otros actores, denunciaron al Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones sistemáticas a los derechos de los vecinos que habitan la cuenca.
El artículo de ANC señala que el Sistema Riachuelo, obra clave para el tratamiento de residuos orgánicos y la expansión de redes de agua y cloaca, aún no ha sido puesto en funcionamiento. Esta demora profundiza los efectos de la contaminación y perpetúa la exclusión en los barrios más vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
“Ese sistema iba a evitar las descargas clandestinas. Nuestros barrios no están urbanizados y la población es cada vez mayor. Al no tener cloacas, muchos vecinos utilizan pozos ciegos que, cuando llueve, se desbordan y van directo al río. En ese momento, muchas empresas aprovechan la confusión y descargan sus residuos en la Cuenca”, relata Sergio González, vecino de Villa Jardín e integrante del Foro Hídrico de Lanús
La denuncia se suma a años de promesas incumplidas y políticas que, aunque anunciadas con bombos y platillos, no han llegado a transformar la vida cotidiana de quienes conviven con el veneno ambiental todos los días. A pesar de los avances formales, el Riachuelo sigue siendo un símbolo de deuda social y ecológica. Y como tantas veces en la historia argentina, la sentencia del poder judicial parece escrita lejos del barro, del agua sucia y del dolor de los más postergados.
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Alarma sobre datos de los últimos incendios en la Patagonia

 


“Están para quedarse”: el dato sobre los últimos incendios en la Patagonia que provoca alarma y perfila un futuro dramático

Fecha de Publicación
: 15/05/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia


Un estudio de Greenpeace determinó que los focos en la temporada 2024-2025 fueron los más graves en tres décadas; advierten que fenómenos como este pueden ser “una nueva normalidad”
Entre fines de 2024 y principios de este año, la Patagonia argentina vivió los incendios más graves de las últimas tres décadas. Así lo concluyó un reciente estudio de la organización ambientalista Greenpeace. Nadie puede olvidar las llamas que cubrieron parques nacionales como el Lanín, el Nahuel Huapi o Los Alerces. Destruyeron más de 200 casas y desembocaron en cientos de afectados y un muerto. En extensión, arrasaron 31.722 hectáreas, lo que equivale a una vez y media la ciudad de Buenos Aires.
Los bosques andino-patagónicos fueron los ecosistemas más devastados. Entre 2001 y 2023, se perdieron 115.140 hectáreas. Por esto, ese ecosistema es considerado en emergencia. “Y los incendios son la principal causa de pérdida de bosques en la zona”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
De las tres provincias incluidas en el estudio, que analizó la temporada de fuego octubre 2024-marzo 2025, Neuquén fue la que sufrió una mayor extensión de incendios forestales con 11.782 hectáreas afectadas. En segundo lugar, Río Negro perdió 10.218 hectáreas de bosques nativos y Chubut le siguió con 9722. Son datos realmente alarmantes, según ponderó Giardini en conferencia de prensa. Superficies como esa no se queman con frecuencia.
Pero no solo es la extensión, sino la velocidad con la que todo se quemó lo que alerta tanto a distintas ONG como a la comunidad científica. El investigador del Conicet Javier Grosfeld advirtió que ve, con cada vez más periodicidad, incendios de quinta, sexta y séptima categoría, que son escenarios devastadores como los que también se vieron en Los Ángeles y Valparaíso durante el año pasado. “E incidentes así están para quedarse”, advirtió el científico.
Tanto el representante de Greenpeace como Grosfeld destacaron que eventos de esta magnitud no se habían registrado en el país en al menos 100 años, pero que tanto por factores humanos como climáticos, incendios como los de la Patagonia pueden convertirse en parte de la nueva normalidad.
Cifras oficiales apuntan a que, en general, el 95% de los focos son iniciados por actividades humanas, tanto por descuido como por intención de modificar el terreno o piromanía. “Sin embargo, en el caso de la temporada anterior no ha habido conclusiones conducentes”, aclaró Giardini. Varios de los focos del período arrancaron en parques nacionales e incluso en zonas de estricta conservación. Y aunque fueron varios los casos en los que el fuego arrancó después de una tormenta eléctrica, no quiere decir que el ser humano no haya propiciado los incendios, sea de forma directa como indirecta.
La modificación del terreno, que lleva ya décadas en la franja que compone los bosques de estas tres provincias, es uno de los factores humanos que incrementaron la probabilidad de incendios. La forma más visible es quizás la urbanización. En particular, lo que en estas tres provincias crece cada año son las zonas de interfase. Estos son sitios donde las casas se mezclan con el bosque. “La gente se imagina lugares naturales y quiere vivir ahí, pero los incendios son parte de la dinámica de esos sitios”, describió Grosfeld.
Para que un incendio cobre magnitud se requieren solo tres condiciones. La primera es el combustible. Tiene que haber, en la naturaleza o en las ciudades, materiales suficientemente secos y abundantes para que el fuego se extienda. Después, se necesita viento que potencie las llamas. Por último, y quizá lo más pequeño y destructivo, debe existir una chispa, que puede ser tanto un encendedor como un cigarrillo o un rayo.
Muchas veces, las personas no conocen las medidas de prevención que tienen que tomar. Tanto turistas como habitantes encienden fuego cerca de hojarasca o leños secos que, con suficiente viento, pueden convertirse en pocas horas en una zona arrasada. Grosfeld resaltó que, también, la expansión del pino y otras especies exóticas en la zona son factores que propician los incendios. Según indicó, son extremadamente inflamables.
Varios investigadores han estudiado la expansión de los pinos en esta región patagónica. Todos ellos fueron introducidos, en varios casos, para la producción de madera o de papel. Los expertos destacaron el caso de Puerto Patriada o El Hoyo. Llamaron a estos sitios “desiertos verdes” porque no hay otra cosa más que pinos. Son monocultivos inflamables que, sumados a la prolongada sequía, hacen de los incendios algo no solo con más probabilidad de ocurrencia, sino también de mayor capacidad expansiva.

El cambio climático y los incendios
Científicos del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente del Conicet como Thomas Kitzberger anticiparon hace años que el clima de estos bosques patagónicos no es el mismo. Existen variaciones meteorológicas que, en sumatoria con fenómenos como La Niña, desembocaron en sequías prolongadas como la que se vivió el año pasado. Pero también han aparecido tormentas muy intensas. Según Grosfeld, hay mayor incidencia de rayos en la zona.
Estos factores son asociados en general por la comunidad científica, como un efecto de la crisis climática. Organizaciones como World Weather Attribution vincularon eventos cercanos, como los incendios en Viña del Mar o el de Los Ángeles durante el año pasado, a este fenómeno global.
Tanto la intensidad como la frecuencia de estos incendios generaron modificaciones en el terreno. Hay plantas que son resistentes a fenómenos como estos y que, después de las llamas, rebrotan, pero hay otras que no. De esta forma, zonas que sufrieron constantemente el paso del fuego, están cambiando completamente. Los expertos hablan de una “arbustización” de los bosques, que a la vez desemboca en cambios en toda la cadena: plantas, insectos y animales.

¿Qué hacer?
Los incendios no son nuevos y su poder destructivo es conocido, pero las características que adquirieron en esta época, según ambos expertos, invita a hacer modificaciones en el abordaje de este tipo de emergencias. Grosfeld planteó que es necesario ser “más eficientes” con los recursos invertidos. “Me parece que los que estamos estudiando estos temas sabemos que la prevención es un tema que se trabaja poco, pero que puede cambiar el panorama”, añadió.
Medidas como la educación ambiental o la gestión del combustible son propuestas conocidas, pero que no se escalaron de la forma que ambos especialistas piensan que debería hacerse. Es clave pensar en el costo que representa un incendio. En términos operativos, la mayor inversión recae en la lucha contra incendios, y el 90% de esto corresponde a los aviones y helicópteros utilizados. “En la última temporada, ¿cuántos de estos sistemas de transporte se destinaron solo a movilizar brigadistas de una provincia a otra?”, se preguntó Grosfeld.
Ambos plantearon que la falta de brigadistas propios de las provincias, sumados a los recortes presupuestales a nivel nacional, son poco eficientes si uno ve la fotografía completa. Es necesario, agregaron, analizar cada caso y cada incendio para determinar qué recursos se deben desplegar, aunque la prevención –insisten– es la medida que más se debe priorizar.
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Muere atropellado un ocelote en Misiones

 


Atropellaron a un ocelote en el Parque Nacional Iguazú

Fecha de Publicación
: 15/05/2025
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Misiones


Denuncian el atropello de un ejemplar de la especie en la Ruta Nacional 12, dentro del Parque Nacional Iguazú. Solicitan más controles.
Un ocelote murió atropellado en la Ruta Nacional N.º 12, dentro del Parque Nacional Iguazú, en las últimas horas. La noticia causó comoción entre las organizaciones ambientalistas. El hecho ocurrió en un tramo donde la señalización exige velocidad reducida para proteger a la fauna silvestre. Sin embargo, el incumplimiento de las normas viales volvió a cobrar una vida animal. La Fundación Red Yaguareté denunció el caso en sus redes sociales y reclamó medidas urgentes.
El pedido de las organizaciones ante la pérdida del ocelote
“Exigimos a las autoridades nacionales y provinciales mayor control, sanciones efectivas y medidas concretas para frenar esta problemática porque #AtropellarlosEsExtinguirlos”, escribieron.
Según datos de organizaciones ambientales, cada año mueren más de 5.000 animales silvestres por atropellamientos en el norte de Misiones. Las rutas, en especial la N.º 12 y la N.º 101, atraviesan reservas y parques nacionales con alto tránsito vehicular.
Aunque las normas exigen circular a baja velocidad dentro de estos sectores, numerosos conductores no respetaron los límites. Esto provocó cientos de siniestros fatales para la fauna, incluyendo especies en peligro de extinción como el yaguareté y el ocelote.
El drama no se reduce a un solo caso. En febrero, otro ocelote murió atropellado en la misma ruta. Y en abril, un puma y varios ejemplares de coatíes sufrieron el mismo destino en diferentes puntos del parque.
Los especialistas advirtieron que esta problemática pone en riesgo el equilibrio ecológico de toda la región. “Cada especie cumple un rol fundamental en el ecosistema misionero. La pérdida constante por atropellamientos genera un daño silencioso pero devastador”, señalaron desde la Fundación Vida Silvestre.
Ante la reiteración de estos hechos, las organizaciones exigieron la instalación de radares fijos, reductores de velocidad y pasos de fauna elevados o subterráneos. También reclamaron campañas de concientización sostenidas.
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Mendoza. Termina la audiencia por Malargüe Minero 2

 


Con más de 150 expositores finalizó la audiencia de impacto ambiental de Malargüe Distrito Minero

Fecha de Publicación
: 14/05/2025
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Concluyó la audiencia que había iniciado este sábado y se terminó completando el domingo ante la gran demanda de oradores.
Este domingo finalizó la audiencia pública de evaluación de impacto ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental 2 (MDMO) luego de que en la jornada de este sábado, debido a la alta demanda de expositores, tuvo que pasar a un cuarto intermedio hasta hoy para que se completen los turnos.
El encuentro contó con más de 150 oradores y cientos de ciudadanos que siguieron las discusiones de manera presencial en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus y de forma virtual por Zoom y por streaming en YouTube. Así se elevó la participación por encima de 600 ciudadanos entre ambas jornadas.
Durante las jornadas estuvieron presentes Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental; y Jerónimo Shantal, director de Minería. Estas dos direcciones conforman la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza.
También participaron el intendente de Marlargüe, Celso Jaque; Emilio Guiñazú, CEO de Impulsa Mendoza, empresa predominante del proyecto; técnicos de la consultora responsable del informe de impacto ambiental, quienes expusieron los aspectos técnicos durante el primer día de audiencia, y ciudadanos provenientes de distintos puntos de la provincia.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, valoró la realización de la audiencia pública del Distrito Minero Occidental II como una instancia de participación ciudadana, a pesar de que no está exigida por la normativa vigente. "Fue una audiencia que se llevó a cabo con total normalidad y con una participación muy destacada: más de 150 personas se expresaron como oradores y más de 110 manifestaron su apoyo a los 27 proyectos de exploración presentados", detalló el funcionario.
“Creemos que estos espacios son esenciales para explicar con claridad información técnica y ambiental, y permitir que la ciudadanía pueda emitir su opinión con conocimiento de causa”, agregó.
El intendente de Malargue, Celso Jaque, indicó a su vez que “se ha podido realizar la audiencia pública de acuerdo a lo que establecen las leyes vigentes en nuestra provincia, donde han podido participar todos aquellos que apoyan este proyecto, en el cual, como malargüinos, estamos totalmente de acuerdo”.
En este sentido, Jaque recordó que ya se habían realizado talleres participativos y visitas abiertas a proyectos de exploración minera, como el de PSJ Cobre Mendocino en Las Heras, para facilitar el acceso directo de la comunidad al proceso de producción y sus implicancias. Todos estos aportes formarán parte del informe circunstanciado que evaluará la Autoridad Ambiental Minera antes de tomar una decisión.
Durante las jornadas, los participantes analizaron y compartieron aportes e inquietudes en torno a las evaluaciones de los informes de impacto ambiental correspondientes a 27 proyectos de exploración minera en Malargüe, de acuerdo con lo establecido por la Ley 5961 y su Decreto reglamentario 820/06.  
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Impulso a la minería de uranio

 


Uno por uno, los proyectos de uranio: ¿Se viene otro boom en la Patagonia?

Fecha de Publicación
: 14/05/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Argentina aceleró su carrera por el uranio. Con reservas comparadas a las de Kazajistán, la Patagonia (y Chubut, en particular) recobran mayor importancia. ¿Cuáles son los proyectos y qué etapa están?
El uranio, junto al cobre y el litio, es un mineral clave con una rica historia en Argentina. Entre 1952 y 1997, se extrajeron y procesaron unas 2.600 toneladas de uranio (tU), pero la producción se detuvo debido a los bajos precios internacionales. Hoy, el auge de la inteligencia artificial, el resurgimiento de la energía nuclear y los cambios geopolíticos están escribiendo un nuevo capítulo para este recurso en el país.
En diciembre de 2024, el presidente Javier Milei presentó el Plan Nuclear Argentino, que incluye la construcción de un reactor modular pequeño (SMR) en la Central Nuclear Atucha y, en una segunda fase, el desarrollo de las reservas de uranio para satisfacer la demanda interna y posicionar a Argentina como exportador de combustibles nucleares de alto valor. Según la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el país cuenta con 33.780 tU en recursos identificados recuperables a un costo de US$ 130 por kg, suficientes para 150 años al consumo actual. Sin embargo, Argentina importa unas 220 tU anuales para sus centrales nucleares (Atucha I, Atucha II y Embalse).

Proyectos en la Patagonia
La Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Economía, reporta 14 proyectos de uranio en la Patagonia. En Neuquén, hay cateos en prospección. En Río Negro, destacan Amarillo Grande (evaluación económica preliminar), Catriel U ISL (exploración inicial), y Kaia y Lucho U (prospección). En Santa Cruz, el proyecto Meseta Sirven U está en exploración inicial.
Chubut lidera con los yacimientos más prometedores, como Cerro Solo, el mayor del país, con potencial para abastecer las centrales nucleares argentinas y generar excedentes exportables. Los proyectos en la provincia están en: exploración avanzada (Laguna Salada, Cerro Solo, Laguna Colorada, Meseta Central), evaluación económica preliminar (Laguna Salada), exploración inicial (Arroyo Perdido) y prospección (Hope, Lago Seco, Sierra Cuadrada).
El gobernador Ignacio "Nacho" Torres impulsa la explotación del uranio para diversificar la economía de Chubut y generar empleo en la meseta central, una zona con desafíos económicos. Torres ha solicitado a la CNEA la reversión de propiedades mineras. Por su parte, Carlos Lorenzo, presidente de la Federación Empresaria del Chubut, destacó que la provincia tiene reservas comparables a las de Kazajistán, defendiendo el potencial económico frente a críticas sobre restricciones.
Empresas como Blue Sky Uranium Corp. (Canadá) y UrAmérica Ltd. (Reino Unido) lideran la exploración en Chubut, y se espera que más compañías se sumen en la segunda mitad de 2025.

Etapas de los proyectos
En minería, los proyectos avanzan por etapas. La prospección, primera fase, identifica áreas con potencial mineral mediante actividades poco invasivas (6 proyectos patagónicos están en esta etapa). La exploración inicial (3 proyectos) define las características geológicas del depósito, aunque sin datos suficientes para evaluar su viabilidad económica. En la exploración avanzada (3 proyectos), se intensifican las perforaciones para estimar recursos con mayor precisión. Finalmente, la evaluación económica preliminar (2 proyectos) elabora estudios iniciales (PEA) para determinar la rentabilidad.
El ciclo minero continúa con prefactibilidad, factibilidad, construcción, operación, mantenimiento y cierre. En Argentina, los proyectos más avanzados están en Salta (Don Otto) y Mendoza (Sierra Pintada U), ambos en factibilidad, pero aún requieren inversiones y consenso social para alcanzar la producción.

Perspectivas
Aunque los proyectos de uranio en Argentina, especialmente en Chubut, muestran un gran potencial, ninguno está en producción. La combinación de políticas nacionales, interés provincial y participación de empresas privadas podría posicionar al país como un actor relevante en el mercado global de uranio, siempre que se superen los desafíos técnicos, económicos y sociales.
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Señalan el descontrol de la caza en el Litoral

 


De patos a liebres: el Litoral, un terreno liberado para la caza indiscriminada

Fecha de Publicación
: 13/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Litoral Argentino


El gobierno de Pullaro habilitó la matanza de especies Picazo, Sirirí Pampa y Colorado. Antes había hecho lo propio Entre Ríos. Denuncian una "caja negra" con los cotos hechos por extranjeros.
A pesar de la acumulación de denuncias de asociaciones ambientalistas y animalistas, la temporada de caza en el Litoral está a pleno. A las irregularidades detectadas en la liberación reciente de estas prácticas en Entre Ríos, se sumó una nueva demanda en Santa Fe al considerar que los animales autóctonos se encuentran en peligro porque las autoridades no cumplen con la Ley Nacional de Fauna (N° 22.421) que estipula la realización de varios estudios como requisito previo a la habilitación de estas actividades. La región es uno de los destinos más buscados por los cazadores extranjeros. Negocio privado para muy pocos y peligro para el ecosistema y las especies de la zona.
La acción judicial se presentó el 31 de marzo en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Rosario: exige la prohibición inmediata de la caza de patos hasta que no se realicen los estudios de las poblaciones de las especies que el gobierno de Maximiliano Pullaro habilitó a matar. El 29 de abril, en el Día del Animal, a través de la Resolución 94 el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe autorizó la caza del Pato Picazo, Sirirí Pampa y Sirirí Colorado desde el 1º de mayo al 31 de julio en los departamentos 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, General Obligado, San Justo y San Javier.
Tiempo pudo saber que el expediente judicial, iniciado por las ONGs Mundo Aparte, Capibara y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), apenas tuvo movimientos. Ya entrada la temporada de caza, desde el juzgado se limitaron a solicitarle a los demandantes formalidades como la presentación en original de las actas de designación de sus autoridades. “La Ley Nacional N° 22.421, que protege a todas las especies autóctonas, les concede a las provincias la potestad de decidir sobre sus propios recursos y, como excepción, la posibilidad de determinar una temporada de caza de algunas especies, pocas, en un determinado período de tiempo”, explica Gabriel Bonomi, referente de CEYDAS, quien precisa que “en el Decreto 666/97 ya se indicaba que se deben realizar estudios poblacionales de las especies que se autoriza a matar, para saber qué se está matando y en qué condiciones están esas poblaciones. El gobierno de Santa Fe no ha hecho ningún tipo de estudio. El último debe tener más de dos décadas. Hoy nada fundamenta la caza en la provincia”.
Una de las abogadas que elaboró la demanda, Alicia Pezzetta, precisa que “la resolución de Santa Fe que habilita la caza dice que hay que reemplazar las municiones de plomo por otras opciones, como por ejemplo acero, pero la realidad es que no se consiguen habitualmente esas municiones. Después nadie controla ni qué especies se cazan ni qué municiones se usan ni la cantidad de piezas por cazador. La provincia habilita algo que después no va a poder controlar”.
De hecho, el año pasado el ministro de Ambiente santafesino, Enrique Estévez, fue duramente cuestionado luego de que trascendieran fotos de una decena de cazadores de Estados Unidos en un coto de San Javier, posando junto a varios cadáveres de patos protegidos por ley. La munición “repercute en otras especies que en el agua pueden confundir las perdigonadas con piedritas y alimentarse con plomo. Además, los cazadores, como lo hacen por divertimento, luego ofrecen estas piezas contaminadas a la gente de la zona lo que implica un peligro a la salud pública».

Mientas tanto, en Entre Ríos…
La Resolución N°997 del 2024, a cargo del Gobierno de Entre Ríos,habilitó la matanza de nueve tipos de aves, ademas de liebres. A pocos días del inicio de la temporada 2025, se realizó allí una audiencia pública en la que solo hubo expositores invitados por el Ejecutivo de Rogelio Frigerio, que dieron cuenta de ciertos estudios financiados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc), una parte más que interesada en la materia.
A pesar de haber pedidos de información pública sobre las empresas de turismo cinegético que están inscriptas en la provincia, hasta hoy no se conocen quiénes son los operadores y si existe algún estudio. Bonomi advierte: «las especies que los gobiernos de Pullaro y de Frigerio autorizan matar no son plagas, no son perjudiciales, no son abundantes y no son exóticas. La única razón que tienen para autorizar la matanza es el negocio para favorecer a los cotos de caza”.
Varias fuentes consultadas, que prefirieron no ser reveladas, coincidieron en señalar que la falta de controles sobre los cotos de caza del Litoral, legales e ilegales, confluyen en “una caja negra para la política” a costa de la matanza de aves autóctonas y la contaminación por plomo. Cada extranjero paga miles de dólares a “empresarios” locales para que los cazadores se muevan a sus anchas por estos paraísos naturales.  «
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La importancia de adherir al “Tratado de Alta Mar”

 


Alta mar, alta política: la firma que falta

Fecha de Publicación
: 13/05/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Del 9 al 13 de junio próximo, tendrá lugar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), centrada en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina, que se llevará a cabo en Niza, Francia.
El mar no es sólo agua. Es poder, es economía, es política. Y cada tanto, también es derecho internacional. En 2023, El Tratado relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés) fue adoptado por consenso luego de casi 20 años de debates.
El objetivo del BBNJ es nada menos que dotar de reglas al far west de los océanos: esas zonas de alta mar que cubren más del 60 por ciento de la superficie oceánica y que, hasta ahora, vivían bajo un régimen de libertades formales y anarquía práctica. La alta mar no sólo alberga una biodiversidad marina aún inexplorada, sino que comienza a concentrar intereses científicos, farmacéuticos y tecnológicos vinculados al acceso a recursos genéticos marinos y al desarrollo de nuevos materiales y compuestos. Y, como suele suceder, los países con más recursos están mejor posicionados para capturar valor.
El BBNJ no busca cerrar el océano al uso, sino abrirlo a reglas. Durante décadas, la alta mar ha sido un limbo jurídico: sin una regulación clara sobre el uso de los recursos genéticos marinos, sin salvaguardas para ecosistemas vulnerables, y con una asimetría estructural entre quienes pueden investigar, explotar y patrullar, y quienes apenas pueden observar.
El BBNJ viene a resolver esta situación. Y lo hace con cuatro instrumentos principales. Establece mecanismos para compartir los beneficios de los recursos genéticos marinos, que hasta ahora eran extraídos sin compensación ni transparencia. Impulsa, también, la creación de áreas marinas protegidas más allá de las zonas económicas exclusivas.
Asimismo, exige evaluaciones de impacto ambiental para actividades con potencial de daño. Y, quizás lo más políticamente sensible, promueve la transferencia de tecnología y capacidades a los países en desarrollo. Es un tratado ambiental, sí. Pero también es un tratado de poder: redistribuye capacidades, redefine el acceso al conocimiento, y obliga a los Estados a pensar el mar como un bien común. Es decir: estructura, gobernanza y transparencia. Es un pacto pensado no solo para los países con flotas de exploración, sino para los que aspiran a no ser irrelevantes.
Del 9 al 13 de junio próximo, tendrá lugar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), centrada en acelerar la acción oceánica, que se llevará a cabo en Niza, Francia. La conferencia es vista como una oportunidad clave para que los países ratifiquen el BBNJ y, potencialmente, logren su entrada en vigor. A la fecha, el tratado cuenta con 114 firmas y 21 ratificaciones. Para que entre en vigor debería llegar a las 60 ratificaciones antes de septiembre de 2025.
La Argentina firmó el Acuerdo BBNJ el 18 de junio de 2024, pero aún no ha avanzado en su ratificación. Existen al menos seis razones por las cuales consideramos que hacerlo responde de manera clara al interés nacional. En primer lugar, porque la Argentina tiene intereses reales en el mar. Nuestra plataforma continental supera los seis millones de kilómetros cuadrados. Es una de las más extensas del hemisferio sur. Ratificar el tratado no sería un gesto simbólico, sino una afirmación territorial. Sería ejercer soberanía con las herramientas del siglo XXI: no desde la épica, sino desde la norma. No hacerlo sería como tener una casa con vista al mar y renunciar a las reuniones del consorcio que decide cómo se cuida la costa.
En segundo lugar, porque la Argentina ya invirtió su capital diplomático. El servicio exterior argentino fue parte activa, y reconocida, del proceso de negociación del BBNJ. Jugó bien, con solvencia técnica y prestigio institucional. No ratificar ahora ese acuerdo implica tirar por la borda años de trabajo y reputación. En diplomacia, no hay peor estrategia que bajarse de una mesa que ayudaste a armar. Menos aún, cuando el tratado establece que las decisiones clave se tomarán sólo entre las partes que hayan ratificado.
En tercer lugar, porque el Atlántico Sur volvió al mapa: ya no es una periferia tranquila. Es un espacio en disputa, con pesca ilegal y no reglamentada, presencia creciente de actores extrarregionales y una proyección antártica que vuelve a estar en juego. El BBNJ habilita mecanismos para establecer zonas protegidas y regular actividades económicas en la alta mar. Es, por tanto, un instrumento más —no el único— para proyectar influencia y proteger intereses en un área donde la retórica soberanista necesita urgentemente herramientas concretas.
En cuarto lugar, porque permite definir reglas desde adentro. En un mundo de alineamientos múltiples, donde los océanos concentran disputas por recursos, rutas y datos, estar en la mesa de decisiones no es un lujo: es una necesidad. Desde biotecnología marina hasta la conservación y reproducción de especies para la pesca, los recursos que hoy nos parecen secundarios serán estratégicos mañana.
En quinto lugar, porque ofrece acceso a ciencia y tecnología. El tratado no solo impone regulaciones; también reparte beneficios. Incluye cláusulas de cooperación científica, transferencia de tecnología y financiamiento para la investigación oceánica. Para un país con instituciones científicas de calidad, pero recursos limitados, este componente no es menor. El BBNJ puede ser también una herramienta para que la Argentina escale capacidades y juegue un papel relevante en el conocimiento global del océano.
Por último, porque la salud de los ecosistemas y la abundancia de recursos marinos bajo jurisdicción nacional también dependen de lo que suceda aguas afuera. La naturaleza no suele respetar los límites políticos.
Algunos se resisten con la excusa de la soberanía. Pero el tratado es explícito: no afecta los reclamos territoriales ni limita la jurisdicción nacional. La defensa del interés marítimo argentino no se juega en el rechazo a reglas multilaterales, sino en ser parte de su formulación.
De hecho, el tratado incluye una cláusula que impide que cualquier decisión bajo el mismo sea interpretada como reconocimiento o negación de reclamos territoriales. En otras palabras, no se puede usar el tratado para consolidar posiciones soberanas. La lógica del tratado es complementaria, no sustitutiva, de los derechos adquiridos y los reclamos presentados.
En definitiva, el BBNJ representa una oportunidad para que la Argentina combine sus tradiciones jurídicas con una estrategia oceánica activa. No se trata de un romanticismo ambientalista sino de política dura: regulación de recursos genéticos, creación de áreas marinas protegidas, criterios para nuevas actividades extractivas, evaluaciones de impacto ambiental y, crucialmente, distribución equitativa de beneficios. Es decir, poder, tecnología, ciencia y dinero. La alta mar es hoy la última frontera del orden global.

Por Federico Merke - Profesor Asociado de la Universidad de San Andrés. Eugenia Testa es Directora del Círculo de Políticas Ambientales.
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Quinto Foro Nacional de Humedales

 


Santa Fe será sede del 5° Foro Nacional de Humedales, una convocatoria clave para proteger ecosistemas vitales


Fecha de Publicación
: 13/05/2025
Fuente: Gobierno de Santa Fe
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe


Organizado por el Gobierno de la Provincia, será un espacio de intercambio de experiencias y políticas públicas orientadas a la preservación y uso sostenible de estos ecosistemas. Se concretará el 22 y 23 de mayo en Villa Ocampo. Inscripciones abiertas.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe desarrollará en Villa Ocampo el 5° Foro Nacional de Humedales. Se llevará a cabo los  próximos 22 y 23 de mayo con el objetivo de ser un espacio de intercambio de experiencias y políticas públicas orientadas a la preservación y uso sostenible de estos ecosistemas. Durante dos jornadas, referentes técnicos, científicos y científicas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios y funcionarias de diversas provincias compartirán herramientas, diagnósticos y casos de gestión que permitan mejorar la gobernanza de los humedales, con foco en la planificación, el inventario, la conservación y el desarrollo productivo sostenible.
Será la primera edición organizada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe en conjunto con la Municipalidad local, lo que marca un nuevo compromiso institucional con la agenda ambiental nacional. “Es urgente fortalecer este tipo de espacios de construcción colectiva, porque la defensa de los humedales no se puede hacer en soledad”, destacó el ministro Enrique Estévez respecto a esta iniciativa al tiempo que explicó que “la elección de Villa Ocampo como sede no es casual: la ciudad es la creadora del Foro Nacional de Humedales y todas las ediciones se realizaron allí. Además, la localidad se encuentra inmersa en el Sitio Ramsar Jaaukanigás, una de las áreas de humedales más relevantes del país por su biodiversidad”.

Informes e inscripción
Para ampliar información es necesario escribir un correo electrónico a foronacionaldehumedales@santafe.gov.ar y para inscribirse se debe completar el formulario alojado en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepVJu9-BqtzVm2bi9tIKg436EnxQZmNX0HIk_L6-bAeP1ZyQ/viewform

Contenido
El programa del Foro Nacional de Humedales incluye paneles sobre experiencias de cogobernanza, inventarios provinciales y nacionales, proyectos de conservación de especies, sitios Ramsar y prácticas productivas compatibles con la conservación. También se presentará la exposición permanente “Paraná Extremo” y habrá una salida de campo opcional a la Reserva Municipal El Pindó, guiada por especialistas locales.
Desde Santa Fe, el Foro busca no solo visibilizar las amenazas que enfrentan los humedales, sino también construir soluciones desde el territorio, fomentando una mirada integradora que reconozca su rol en la regulación del clima, el almacenamiento de agua, la biodiversidad y la identidad cultural de las comunidades ribereñas.

Cronograma

Jueves 22 de mayo
* 8:00 hs | Acreditaciones.
* 8:30 hs | Acto inaugural con palabras de Alejandro Luciani, el ministro de Ambiente Enrique Estévez, el intendente Cristian Marega y representantes legislativos provinciales.

Espacios de intercambio:
* 10:00 hs | Gestión de Humedales: experiencias de cogobernanza. Participan: Enrique Estévez (Santa Fe), Federico Cacace (San Luis) y Cristian Marega.
* 11:00 hs | Presentación de la muestra permanente Paraná Extremo, por Jorgelina Hiba.
* 11:30 hs | Inventario de Humedales. Exponen: Laura Benzaquén, Vanina Pietragalla, Alejandro Giraudo. Coordina: Germán Falo.
* 14:30 hs | Proteger los humedales para nuestro futuro común. Con Borja Baguette Pereiro, Rewilding, y equipo del Acuario del Río Paraná. Coordina: Mauro Pergazere.
* 16:00 hs | Humedales de importancia internacional: Sitios Ramsar. Con Laura Benzaquén, Luciana Manelli, Guillermo Lier y Jeremías Mancini. Coordina: Alba Imhoff.
* 18:00 hs | Cierre de la jornada.
* 20:00 hs | Cena opcional de camaradería en el Club de Caza y Pesca El Irupé.

Viernes 23 de mayo
* 09:00 hs | Producción y conservación en humedales: claves para un manejo sostenible. Exponen: Ana Pia Rabufetti, Leticia Mesa, Rubén Quintana y Valeria Sfara. Coordina: Milvana Yaccuzzi.
* 10:45 hs | Presentación de conclusiones.
* 11:30 hs | Salida opcional a la Reserva Municipal El Pindó, con guía local y almuerzo en el Club El Irupé.
* 14:30 hs | Cierre del Foro.
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Ingenios tucumanos a inspección

 


Regulaciones ambientales: los ingenios tucumanos se someten a una inspección

Fecha de Publicación
: 12/05/2025
Fuente: Portal TucumanNoticias
Provincia/Región: Tucumán


Los operativos de control son realizados por técnicos de la Secretaría de Producción, afectados a la Subsecretaría de Medio Ambiente. También intervienen representantes de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.
La Secretaría de Producción de Tucumán ha dado a conocer recientemente que la Subsecretaría de Medio Ambiente ha completado de manera satisfactoria el cronograma de auditorías ambientales en todos los ingenios de la provincia. Este esfuerzo tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y asegurar que el inicio de la zafra se realice en condiciones óptimas.
Las auditorías comenzaron en el mes de febrero y se centraron en evaluar el estado de mantenimiento de las plantas industriales, además de supervisar todas las etapas del proceso de producción de azúcar y destilación de alcohol. Durante las visitas, se trabajó en colaboración con representantes de cada empresa, lo que permitió implementar medidas preventivas y dejar asentadas en actas las observaciones técnicas realizadas.
El subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach, participó en estas inspecciones junto a directivos, inspectores y equipos técnicos de las diversas direcciones que conforman la subsecretaría. Entre ellas se incluyen Protección Ambiental (DiPra), Fiscalización Ambiental (DFA), Programa de Reconversión Industrial (PRI), Monitoreo y Laboratorio Ambiental (SubDiMLA) y Recursos Hídricos (DRH). Cada área se encargó de evaluar el cumplimiento de las normativas específicas de su competencia, verificando aspectos clave como los sistemas de tratamiento de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos, la correcta ejecución de los planes de gestión de vinaza, así como el uso adecuado del recurso hídrico y el estado de los registros obligatorios.
Las inspecciones se enmarcan dentro del Acta Acuerdo firmada en 2011 entre la Secretaría de Ambiente de la Nación y los gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero, cuyo objetivo es reducir la contaminación en la cuenca Salí-Dulce. En este contexto, se promueven metas como “ceniza cero”, “vinaza cero” y la maximización de la recuperación del agua utilizada en el lavado de caña, en caso de que esta se aplique.
Al finalizar cada auditoría, se confeccionaron actas firmadas por todas las partes involucradas, las cuales contienen el registro de cumplimiento y las recomendaciones pertinentes. Estos documentos, junto con otros registros, constituyen los informes que se presentan de manera trimestral ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, esta labor se articula con las inspecciones tripartitas que se desarrollan en el marco del convenio entre Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente de la Nación, con el fin de mitigar la contaminación en la cuenca mencionada.
En el recorrido de las auditorías, también participó el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa, quien realizó una visita específica a la planta del Ingenio La Florida. Cabe resaltar que el equipo técnico de la Subsecretaría tiene previsto continuar con las tareas de fiscalización a lo largo de toda la campaña azucarera, asegurando así el monitoreo y la supervisión necesaria para el cumplimiento de las normativas ambientales.
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Primer encuentro de reservas privadas misioneras

 


La Provincia articula herramientas con dueños de reservas naturales privadas

Fecha de Publicación: 12/05/2025
Fuente: Portal RedDeMediosMisiones
Provincia/Región: Misiones


Posadas fue sede del primer encuentro de propietarios de reservas naturales privadas. En total, son más de 50 en toda la provincia. Es un paso más en materia de protección ambiental de la tierra colorada.
Este viernes se realizó el primer encuentro de reservas privadas de la provincia en las oficinas del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio). Durante el encuentro, el ministro de Ecología, Martín Recamán explicó que se brindaron conocimientos y herramientas a los propietarios de estos espacios. Además, valoró el trabajo conjunto entre el Estado y los propietarios de estos espacios en pos de la conservación ambiental de Misiones.
En ese sentido, Recamán sostuvo que “esta categoría de conservación dentro de lo que son áreas naturales protegidas tuvo un gran crecimiento en los últimos años. En lo que va de 2025 y todo 2024 firmamos ocho nuevas reservas privadas”.
Durante el encuentro, el Ministro adelantó un compendio de políticas para acompañar a los propietarios. Dentro de ellos, mencionó la incorporación de una herramienta tecnológica para el monitoreo de incendios y la asignación de fondos del Programa Nacional de Bosques Nativos.
Así también, mencionó que desde la Provincia se destinarán 400 millones de pesos directamente a estas 56 reservas. “Son fondos que les van a servir para generar planes de manejo, restauración o conservación”, precisó.
Recamán destacó el impacto de las reservas para la protección del bosque nativo. “Tenemos 1.600.000 hectáreas, pero su verdadera riqueza está en la conexión, en los corredores biológicos”, señaló el funcionario.
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Dura opinión sobre la ley facilita vender madera de desmonte

 


La mafia del desmonte avanza con la complicidad de los diputados en Chaco

Fecha de Publicación
: 10/05/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Chaco


La legislatura chaqueña sancionó una ley que eleva las multas para quienes deforesten, pero la organización socioambiental Somos Monte denuncia que es una medida funcional al extractivismo. Afirma que la norma es contraria a la Ley Nacional de Bosques y asegura que solo busca legalizar la venta de madera ilegal. "Los partidos políticos han profundizado este modelo que destruye la vida", remarcan.
En una sesión extraordinaria convocada de urgencia por los legisladores que responden al gobernador Leandro Zdero, la Cámara de Diputados de Chaco sancionó la Ley 1861/24. Una norma en consonancia con los intereses de quienes se benefician de la extracción ilegal de la madera del monte nativo.
Los diputados chaqueños insisten en desconocer la opinión de la ciudadanía y prefieren omitir todo lo planteado en la Comisión de Ambiente pocos días antes de la votación, cuando expresamos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de los desmontes, y que la restauración de bosques tiene que ser con especies nativas y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.

Los votos de los diputados a favor del desmonte
La sesión extraordinaria fue convocada por legisladores del interbloque oficialista de Juntos Por el Cambio, con las firmas de los radicales Carim Peche, Doris Arkwrigth y Francisco Romero Castelán, y Maida With, Rodrigo Pavón, Sebastián Lazzarini, Zunilda Galeano e Iván Nicolás Gyoker. Estos ocho legisladores de un bloque de 15, con la única ausencia de Andrea Canteros, fueron quienes votaron a favor de la norma junto a su impulsor: el diputado Juan José Bergia, del unibloque Nuevo Espacio de Participación.
Bergia en el legislador denunciado en la causa de la “Mafia del Desmonte”, presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas y por la cual el Poder Judicial chaqueño ordenó el freno a los desmontes en agosto de 2024 y, en febrero, extendió la prórroga hasta septiembre.
Bergia está señalado como responsable del manejo de la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera. Según la denuncia, el legislador junto al intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, y el ex subsecretario de Desarrollo Forestal Luciano Olivares, malversó los llamados "fondos verdes" para el clima otorgados por Naciones Unidas.
Además, el legislador mantiene un vínculo estrecho con Roberto Nardelli, empresario responsable de gran cantidad de desmontes ilegales y también denunciado en la Justicia Federal. De hecho, la Fiscalía Federal solicitó la detención de Nardelli en marzo pasado por incumplir la orden de freno a los desmontes. Bergia, junto al interbloque de Juntos por el Cambio, planearon el desenlace de la absurda y escandalosa sesión del 23 de abril pasado.
Para sumar los 16 votos que aprobaron la normativa se sumó el de Juan Carlos Ayala, integrantes del bloque peronista. Y existió el aval de la mayoría del bloque justicialista, que decidió ausentarse de la sesión, como también lo hicieron los unibloques de Darío Bacilleff Ivanoff (Frente Integrador), Teresa Mónica Cubells (Frente Grande), Elba Ojeda y Andrea Charole (Corrientes de Expresión Renovada).
Las ausencias premeditadas de casi todo el bloque “opositor” lograron consumar nuevamente el pacto ecocida y corrupto de la política partidaria. Las únicos cuatro votos en contra fueron de los justicialistas Paola Benítez, Rubén Guillón y Rodrigo Ocampo, y de Rodolfo Schawartz (Partido del Trabajo y del Pueblo).
La ley fue votada bajo el nombre de “Incremento de multas por desmonte y régimen de restauración de bosques nativos”, pero los diputados que la aprobaron insistieron en desconocer el rechazo de la ciudadanía, que fue expresada en la Comisión de Ambiente el día 4 de abril, tres semanas antes de la aprobación de la norma.
Desde Somos Monte expresamos en esa audiencia los argumentos para oponernos al incremento de multas por desmonte —diez veces el valor de base de la hectárea afectada sin permiso— y el nuevo régimen de restauración, porque legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes.
En aquella audiencia en la Comisión de Ambiente dijimos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de la deforestación y que la restauración, además de ser difícil y sumamente necesaria, tiene que ser con especies nativas (no con pinos y eucaliptos) y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.
Dejamos claro que esta ley promueve más extractivismo y da continuidad a los desastrosos manejos jurídico-políticos que los gobiernos de todos los signos políticos vienen ejerciendo sobre el monte nativo. A pesar de aquello, la sesión de fines de abril fue un programa de chimentos, donde un legislador intimidó en forma amenazante a ciudadanos tildándolos de “opositores” y calificando de “ambientalistas”, en forma peyorativa, a todo aquel que se oponga al desmonte.

La legislación y el Poder Judicial frente a la política de desmonte en Chaco
Los legisladores chaqueños desconocieron que el Superior Tribunal de Justicia ha llamado a la población como “amigos del tribunal” (amicus curiae) al hacer lugar a una acción de inconstitucionalidad por las irregularidades que implicó la última actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada por la misma Legislatura en noviembre pasado. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Asociación Civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos y el Parlamento de las Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco; y Somos Monte se presentó como “amicus”.
La convocatoria del máximo tribunal del Chaco, que responde a una solicitud presentada por Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN), cerró a principios de abril y ahora se espera que se convoque a una audiencia para enriquecer los argumentos de la demanda contra el gobierno provincial. El Superior Tribunal de Justicia, con los votos en disidencia de los magistrados Néstor Enrique Varela y Alberto Mario Modi, reconoció que la acción contra el OTBN está enmarcada el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y la Ley General del Ambiente, que fomenta la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.
El tratamiento de la la Ley 1861/24 también fue fraudulento e ilegítimo, porque no existió consulta previa a organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas ni a la ciudadanía en general, como marcan el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Además, ¿nosotros y nosotras solos sabemos que la obligación de restituir y regenerar el monte ya está establecida como acción en la Ley Nacional Ley 26.331 y no se la puede atribuir ningún diputado provincial?
Los diputados y diputadas con mayor cercanía a los empresarios madereros que desmontan ilegalmente fueron los más interesados en “resolver” rápidamente la cuestión bajo la excusa de incrementar multas, pero sabemos que nada de lo que dice la ley se cumple y conocemos perfectamente la realidad de los montes chaqueños, que hace años vienen siendo agredidos y no se regeneran.
Como ejemplo, y para dar cuenta de que es un problema de larga data, se puede citar el caso denunciado por Greenpeace en el informe Desmontes S.A. En febrero de 2011, mediante imágenes satelitales, la Dirección de Bosques de Chaco detectó que la finca El Shakinah, propiedad del empresario agropecuario Juan Francisco Paganini, desmontó ilegalmente 383 hectáreas; y volvió a a a hacerlo sobre otras 63 hectáreas en septiembre del mismo año.
Paganini argumentó que el permiso "se demora demasiado y dan muchas vueltas para ser aprobados los proyectos y se necesita sembrar las pasturas para los animales". El campo del empresario estaba sobre una zona catalogada en Categoría II, color amarillo, que significa "zona degrada sujeta a restauración". El gobierno chaqueño lo multó recién en junio de 2012, cuando Greenpeace hizo publica la violación a la Ley de Bosques, y solo por las últimas 63 hectáreas. Luego de la multa, Paganini volvió a deforestar 600 hectáreas.

Si el desmonte es ilegal la madera es ilegal
Los daños y las consecuencias directas de los desmontes son permanentes y cada vez más visibles en la afectación a la calidad de vida de la población chaqueña. En definitiva, la madera termina subsidiando el desmonte ilegal. Si el desmonte es ilegal, la madera es ilegal.
Nuestra lucha en defensa de los montes y de quienes lo habitamos no tiene partido político que la represente ni formamos parte del juego proselitista, ya que históricamente los diferentes gobiernos de turno han contribuido a la profundización del extractivismo, al despojo y desalojo de comunidades indígenas y campesinas de territorios ancestrales, reduciendo al mínimo toda posibilidad de sustento para la vida.
Cada partido, con sus matices y formas, ha profundizado este modelo de muerte porque en el fondo son defensores y promotores del modo de producción capitalista que, históricamente, está destruyendo la vida en el mundo.
No nos oponemos al “desarrollo” ni al “progreso” como ideas abstractas. Lo que sucede es que la ley aprobada, muy lejos de propiciarlos, nos sumerge aún más en la pobreza y, claramente, fortalece el corrupto sistema legislativo provincial, como el Poder Judicial viene investigando a partir de la causa de la “Mafia del Desmonte”. Si el desarrollo y el progreso no van de la mano con la sustentabilidad del monte y de quienes lo habitan, no es desarrollo y no es progreso.
Hay que tomar conciencia de que somos parte de un mundo que está siendo saqueado y despojado en beneficio de unos pocos. Esta situación nos invita a proponer acciones para transformar esta realidad, comenzando por la revisión democrática y crítica sobre lo significa el “desarrollo de actividades productivas” y su relación directa con el acceso a condiciones socio-territoriales para una vida digna.


Organización socioambiental de Chaco
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Cuestionan el acueducto del río Paraná a Córdoba

 


Acueducto del río Paraná a Córdoba: en debate, la calidad del agua y el impacto ambiental

Fecha de Publicación
: 10/05/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El Foro Ambiental Córdoba pide audiencias públicas y duda que el agua sea confiable y de calidad. Desde la Provincia indican que se cumplen las leyes y que se garantizará la potabilidad.
La asociación civil Foro Ambiental Córdoba reclama la evaluación de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública sobre el proyecto del Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba, que transportará agua desde la cuenca del río Paraná. Esa obra se encuentra ya en la etapa 1, que es el tramo entre la santafesina Coronda y la cordobesa San Francisco.
Se trata de la megaobra que llevan adelante los gobiernos de Córdoba y de Santa Fe, con financiación internacional, y que garantizaría el acceso de agua potable a 83 pueblos y ciudades de ambas provincias. En su etapa final, llegaría hasta la Capital de Córdoba.
El proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora Biprovincial.
El 11 de marzo, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicó el “Aviso de Proyecto, etapa I Coronda-San Francisco en concordancia con la ley de Política Ambiental de Córdoba 10.208, anexo II”.
El informe, que tiene por objeto cumplir con el marco regulatorio provincial, sostiene, en la página 34, que “el sistema de provisión de agua de Córdoba se encuentra al límite de su capacidad, por lo que la posibilidad de traer agua desde una fuente confiable que asegura calidad y cantidad, como es el río Paraná, es de vital importancia para la calidad de vida de los pobladores.”
El Foro Ambiental, que cuestiona la obra desde su primera presentación en 2011, sostiene que esa afirmación no se corresponde con la realidad. Sobre todo en cuanto a que se trata de “una fuente confiable que asegura calidad y cantidad” de agua.
“Es sabido que el río Paraná recibe aguas cargadas de agroquímicos por todos sus afluentes”, afirmó el biólogo Federico Kopta, presidente del Foro.
Como ejemplo, mencionó el estudio realizado por los investigadores Alicia Ronco y Damián Marino, de la Universidad Nacional de La Plata, publicado en la revista Enviromental Monitoring ad Assessment, que advierte altos niveles de glifosato y de su metabolito de degradación Ampa en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios del Paraná, debido a la agricultura intensiva de la región.
También señaló otros trabajos realizados por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, en los que se evidenció presencia de agroquímicos en la cuenca hídrica.
“Lo lógico sería que se haga la evaluación del impacto ambiental para asegurarnos de que no estemos tomando agua con plaguicidas”, subrayó Kopta.

La respuesta de la Provincia
Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, dijo a La Voz que, por las características del proyecto, no requiere un estudio de impacto ambiental ni el trámite de audiencia pública según la ley 10.208.
“La norma establece las características sobre lo que se debe exigir al tener en cuenta una obra en la provincia. En este caso, al ser un acueducto se encuadra en aviso de proyecto”, aclaró Flores.
En el caso de la calidad del agua, la ministra remarcó que se monitoreará una vez que el acueducto esté en funcionamiento. “El mayor caudal de agua lo tiene Santa Fe, que realizó los informes, además de los realizados en Córdoba por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) ”a los cuales nos atenemos”, expresó.
Agregó que una vez que se haga la distribución del recurso, el Ministerio tiene mecanismos de control, a través de la Policía Ambiental, tal como se monitorean las plantas potabilizadoras ya existentes en la provincia.

Contrapunto
En el aviso del proyecto, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, con la firma de Flores, encuadró la obra dentro de la ley de Política Ambiental Provincial 10.208 y en la ley 10.830.
El anexo II de la norma 10.208 incluye que los proyectos de gestión de agua, como acueductos y conducciones que deriven aguas de una cuenca a otra, obligatoriamente están sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental.
Es decir que la normativa se aplica sobre la obra y no sobre el tratamiento del agua ni sobre su distribución.
Pero Kopta planteó que encuadrarla en ese anexo es erróneo porque debería hacerse por el anexo I de la misma ley, en el punto 26. E insiste en que incluye la captación y tratamiento del agua, que aunque no esté en la provincia de Córdoba, sí es un recurso que terminarán bebiendo miles de cordobeses.
Ese punto –sostiene el Foro– requiere un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública para evaluar la captación, tratamiento y distribución de aguas superficiales permanentes para abastecimiento de poblaciones iguales o mayores a diez mil habitantes, o que se localicen en espacios clasificados como áreas de protección conforme a la ley 5589 del Código de Aguas de Córdoba.

Agua de la cuenca del río Tercero
Kopta –como lo plantearon varias organizaciones ambientalistas en los últimos años– insistió en que “lo más lógico y económico”, sería llevar al Gran Córdoba agua desde la cuenca del río Ctalamochita (o Tercero). “Incluso, nos parece adecuado hacerla desde la zona alta de esa cuenca, del embalse Cerro Pelado, en Calamuchita”, marcó.
Si a esa agua se la hace bajar hasta el dique Piedras Moras (en Almafuerte) “son 90 kilómetros para conducirla, pero traerla del Paraná son casi 390 kilómetros”. Además, desde Santa Fe supone un desnivel que demanda un sistema de bombeo.
Sobre esta discusión, el ingeniero Mariano Corral, del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), realizó, en 2019, un estudio de alternativas de abastecimiento de agua. Y concluyó que ante las sequías esta fuente tiene comprometida su oferta hídrica y no alcanza a cubrir la demanda de las poblaciones que se pretende cubrir.
Corral expuso que, en cambio, la cuenca del Paraná es una de más grandes del mundo y aun ante un escenario de sequía no habría problemas de provisión desde esa fuente.
Otro planteamiento del Foro Ambiental es que el gasto energético será muy grande e implicará emisiones de dióxido de carbono en altas cantidades, lo que añade impactos ambientales.

Coronda-San Francisco al 40%
El acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba se encuentra en el primer bloque de la etapa 1.
Se estima que el total de la obra beneficiará a 410 mil habitantes de ambas provincias.
La obra, cuyo contrato se firmó en 2023, se encuentra en un 40% de su etapa en el brazo Coronda-San Francisco, y con el llamado de licitación para dos bloques más. Aún no tiene fecha de finalización, y su evolución depende del financiamiento.
Este primer tramo cuenta con un financiamiento de 50 millones de dólares del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe.
Este tramo, que casi no toca territorio cordobés, es marcado como “el corazón de la obra” porque se realiza la toma de agua del río, la instalación de más de mil metros de cañerías que transportará el agua hasta la planta de tratamiento y otras obras.
Luego, faltará la etapa que recorra desde San Francisco al Gran Córdoba.
Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera de la Provincia, dijo a La Voz que el acueducto es una obra estratégica ante el cambio climático.
“Viene a cubrir la demanda para los años de sequía en la provincia”, indicó.
El acueducto inyectará agua a la red existente de acueductos del este de Córdoba, en la zona de San Francisco. “Allí descomprime el 20% del agua para la provincia”, indicó.
Castelló recordó que el primer acueducto de Villa María a San Francisco es de la década de 1930. En esa zona del este provincial, al igual que en Santa Fe, el agua de napas contiene arsénico (cuya ingesta prolongada puede provocar enfermedades).
“Santa Fe ya tiene ejecutado un plan de acueductos con tomas sobre el Paraná. Este río tiene un caudal de 16 mil metros cúbicos por segundo, contra 10 metros cúbicos que tiene el Suquía, por ejemplo”, expresó.
Castelló agregó que ante cualquier contaminación su proceso de dilución es muy grande. “Haciendo bien las tomas y ejecutando bien las plantas de tratamientos no hay problemas con la calidad del agua potable”, explicó.
Mencionó que Santa Fe tiene varias plantas “y no presenta problemas en la calidad del agua potable”.
Castelló enfatizó que en Córdoba se generan muchos inconvenientes con el recurso cuando hay dos o tres años de precipitaciones por debajo de la media anual. “Eso es lo que viene a solucionar el acueducto”, finalizó.
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