Investigadores de la UBA crean un sistema para tratar residuos de agroquímicos

Fecha de Publicación: 07/02/2025
Fuente: Portal UniversidadesHoy
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Un grupo de especialistas creó un sistema basado en biotecnología para tratar aguas residuales con agroquímicos. La iniciativa apunta a mejorar las prácticas agrícolas y reducir el impacto ambiental.
Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) desarrollaron un biofiltro biotecnológico para tratar el agua utilizada en la limpieza de equipos de aplicación de agroquímicos. Esta innovación busca reducir el impacto ambiental del sector agrícola y mejorar su sustentabilidad, con el potencial de expandirse a otras industrias.
El agua empleada para limpiar la maquinaria agrícola suele contener restos de fitosanitarios que, si no se gestionan adecuadamente, pueden afectar el ambiente. Para abordar esta problemática, el equipo de investigación diseñó un sistema que colecta esta agua y la transporta a un biofiltro donde los residuos son degradados.

Una solución innovadora y escalable
El docente de la cátedra de Protección Vegetal de la FAUBA y coordinador técnico de CIAFA, Daniel Mazzarella, explicó que el sistema está basado en una cama biológica compuesta por materiales vegetales, como restos de poda o chipeado de maíz. Estos elementos actúan como soporte para microorganismos capaces de degradar los agroquímicos.
“Estamos evaluando cómo diferentes tipos de camas degradan el glifosato, uno de los fitosanitarios más utilizados. Hasta ahora, los mejores resultados se obtuvieron con chipeado de maíz”, detalló Mazzarella.
Por su parte, Nicolás Borrelli, también docente de la FAUBA, indicó que el prototipo puede tratar hasta 1000 litros de agua por año y su diseño permite escalarlo según las necesidades del usuario. “Puede ser utilizado tanto por pequeños productores como por grandes establecimientos agrícolas. Incluso, es posible conectar hasta 10 biofiltros en serie para aumentar su capacidad”, precisó.

Practicidad y posibilidad de expansión
Borrelli destacó la facilidad de uso del sistema, ya que fue diseñado para ser práctico y funcional para los aplicadores. Además, su estructura permite desarmarlo y trasladarlo a diferentes ubicaciones, lo que lo convierte en una herramienta versátil.
El Director Ejecutivo de CIAFA, Armando Allinghi, subrayó la importancia del proyecto para la industria: “Nos faltaba una solución eficiente para el tratamiento de aguas residuales. Con esta iniciativa, podemos cerrar el ciclo y mejorar la sustentabilidad del sector”.
Además, los investigadores señalaron que el biofiltro podría aplicarse en otros ámbitos industriales, con ajustes en la combinación de materiales biológicos y microorganismos específicos para tratar distintos tipos de aguas residuales.

Un aporte a la educación y la investigación
Mazzarella destacó que el prototipo también podría integrarse a la enseñanza y la investigación en la FAUBA, permitiendo mejorar el manejo de fitosanitarios en los campos experimentales de la universidad y capacitar a los estudiantes en buenas prácticas ambientales.
“Estamos trabajando en protocolos de limpieza y formación del personal, lo que además abre oportunidades para que los alumnos conozcan más sobre este tema e incluso realicen sus tesis de grado”, concluyó.
Los investigadores coincidieron en que aún hay mucho por explorar en cuanto a la combinación de materiales biológicos y microorganismos, así como en la optimización del sistema para distintos fitosanitarios y mezclas de productos.
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Robo de madera: advierten que Misiones debería tener 936 guardaparques y son 120

Fecha de Publicación: 07/02/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Los guardaparques y trabajadores ambientales de Misiones usaron las redes sociales para denunciar la situación de desfinanciamiento y vaciamiento del Ministerio de Ecología en la protección de los recursos naturales.
Mediante un documento publicado en la cuenta “Parques en Peligro” en Facebook, con el fin de “socializar” para “no ser cómplices de una realidad no adecuada al contexto misionero”.
Hicieron esta publicación días atrás, con datos técnicos y citando informes científicos, en un contexto de creciente cuestionamiento sobre las autoridades a raíz de que se han producido numerosos robos de madera en los Parques Provinciales, que son categorías Zona Roja, de máxima conservación.
Los Parques Piñalito, Urugua-í tuvieron graves daños ambientales confirmados por el Ministerio y en Esmeralda el robo se produjo en el límite del Parque, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, pero pese a ser una reserva privada, forma parte del territorio que debe proteger esta cartera ambiental.
Para los guardaparques en Misiones existe una política “reactiva de perseguir infractores posevento de daño ambiental, hacer prensa y anunciar mediáticamente temibles multas de muchos millones”. Pero advierten que “sin embargo, la ley general del ambiente plantea otra estrategia, evitar el daño ambiental”, que se logra con prevención y más recursos presupuestarios.

Menos del 10%
“La política de la infracción cuenta con un presupuesto tan bajo que facilita la infracción, eso es una decisión política de autoridades y diputados provinciales”, remarcan los trabajadores.
Enumeran que la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable tiene jurisdicción en bosques de alta y media prioridad para la conservación (zonas rojas y amarillas), le toca lidiar con la pesca, el hurto de madera y la cacería silvestre y para ello recibe solo el 9,39% del presupuesto total del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales.
En cambio, el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) recibe el 28,59% del presupuesto; y la Unidad Superior tiene el 48,1% del presupuesto del Ministerio de Ecología para el 2025.
Denuncian que “esta política de asignación de recursos desprotege zonas rojas y amarillas y por lo tanto libera zonas para la actividad antijurídicas”.
Para ser más gráficos, explican que por cada $100 destinado al Ministerio de Ecología, se disponen de 48,1 pesos; el IMiBio de 28,59 pesos; y la Subsecretaría de Ecología y las Áreas Naturales Protegidas “dispone de miserables 9,39 pesos”.
Aclaran que “el despliegue territorial y la llegada a las zonas de máxima protección lo debe hacer el personal de las ANP”, sugiriendo que los sectores que trabajan en oficina reciben más presupuesto que los que ponen el cuerpo en el monte.
“Pongamos otro enfoque, por cada cien litros de combustible que se le asigna al Ministerio de Ecología, 50 litros los dispone el ministro Recaman, 29 litros el IMiBio, y 9 litros los dispone la Subsecretaría de Ecología que tiene a su cargo las ANP, los monumentos naturales provinciales y la diversidad”, explican.
En este sentido remarca que “está claro que, si no mejora la inversión en las ANP próximamente señores diputados y funcionarios, por omisión de acción, deberíamos declararnos Capital de Cacería Furtiva, posponiendo el de Capital de la Biodiversidad hasta que cambien la política de la cacería hacia una de conservación integral o no disruptiva, si no es muy tarde en términos ambientales, hablando del estado de las poblaciones de fauna”.

Menos fondos cada año
Los trabajadores ambientales recordaron que durante los últimos años se ha podido trabajar en terreno “gracias a los fondos provenientes de Fundación Vida Silvestre Argentina, el cual ha servido para equipar destacamentos de Zona Norte y Zona Sur y para realizar Educación Ambiental y Control y Vigilancia”.
Pero expresan que “desde mediados del año 2024 esos fondos de conservación ya no están, y la capacidad de trabajar en terreno se ha resentido al máximo histórico, la virulencia el hurto de madera se lleva chorros de tinta”.
Y cuestionan que “a pesar del mundo dinámico de los ministros de Ecología, en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no hay cambios sustanciales de nada, como pasó con la crisis de incendios forestales del año 2020, no se trabaja en los planes de manejo de las ANP, hay parques que no tienen documento de gestión, ni personal ni los medios para alcanzar los objetivos de la ley XVI – N° 29”.
“Se cierran oficinas técnicas como el AMIRBY (Área de Manejo Integral Biosfera Yabotí) aunque se mantiene las estructuras vacías”, remarcaron.
Por otra parte, citaron un informe técnico que señala la baja protección de la selva misionera en cuanto al recurso humano asignado: “El Congreso de Conservación de la UICN, hecho en Hawaii en el año 2016, en su moción 32 sugiere a los gobiernos incrementar la planta de guardaparques hasta lograr un valor de un guardaparques cada 500 hectáreas (1 cada 5 km2)”.
Pero dada la superficie con categorías de manejo que la provincia de Misiones declara en el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), de 468.359 hectáreas alcanzando un 15,72% de su superficie provincial, “hoy cada guardaparques tendría más de 3.500  hectáreas, con lo cual la provincia de Misiones debería tener 936 guardaparques como valor óptimo”.
Compararon que “hoy el Sistema Provincial cuenta con aproximadamente 120 agentes, de los cuales estarían de guardia unos 60 en un día ordinario, ese número solo es el 6,4% del valor óptimo de personal”.
“Duplicar el personal del SANP en un número aproximado de 250 agentes en los próximos años sería una medida que fortalece las ANP de Misiones, así como dotar de equipamiento y logística adecuada”, finalizaron los trabajadores ambientales.
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Península Mitre es declarada "Sitio Ramsar" y se suma a la lista de humedales de importancia internacional

Fecha de Publicación: 06/02/2025
Fuente: Portal MinutoFueguino
Provincia/Región: Tierra del Fuego


En el marco del Día Internacional de los Humedales, celebrado el 2 de febrero, Península Mitre ha sido designada como “Sitio Ramsar”, integrándose así al listado de humedales de importancia internacional. Con esta inclusión, Argentina suma su 24° sitio reconocido bajo esta categoría a nivel global.
La subsecretaria de Gestión de Recursos Naturales, Fiscalización y Control Ambiental, Ayelén Boryka, explicó que la iniciativa surgió a partir de una solicitud presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego en abril del año pasado. Esta petición fue elevada a la Convención Ramsar, organismo internacional con sede en Suiza encargado de la protección de humedales, que finalmente otorgó la designación.
 La postulación responde a la necesidad de resguardar un ecosistema clave dentro de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Península Mitre destaca por su biodiversidad, la complejidad de sus cuencas hídricas y la presencia de extensas turberas, fundamentales para la regulación del agua y la captura de carbono, contribuyendo así a mitigar el cambio climático tanto a nivel local como global.
El área reconocida abarca cerca de 370.000 hectáreas dentro del Área Natural Protegida Península Mitre. Su superficie terrestre está compuesta en un 86 % por turberas y bosques nativos de Nothofagus spp. , incluyendo especies como lengas, ñires, canelos y guindos. Además, alberga ecosistemas marinos y costeros, como bosques de macroalgas gigantes ( Macrocystis pyrifera ) y praderas de algas ( Durvillaea antárctica ).
Cabe destacar que el 95 % de las turberas de Argentina se encuentran en Tierra del Fuego, y la mayor concentración se localiza en Península Mitre, convirtiéndola en la principal reserva de carbono del país.
Desde el Ministerio de Producción y Ambiente valoraron la designación en una fecha tan significativa, resaltando la importancia de este ecosistema en el equilibrio ambiental. “Este reconocimiento no solo pone en valor el rol fundamental de los humedales en nuestra provincia, sino que también nos impulsa a seguir trabajando en su protección y manejo sostenible para garantizar su conservación en el tiempo”, afirmaron.
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Mendoza busca convertirse en la nueva meca de la minería y el petróleo

Fecha de Publicación: 06/02/2025
Fuente: Portal CiudadanoNews
Provincia/Región: Mendoza


En diálogo con Círculo Político, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, destacó la transformación que está atravesando la industria.
La Provincia redobla esfuerzos para atraer inversores y optimizar su producción hidrocarburífera y minera. Con la exploración en Vaca Muerta y la apuesta por la eficiencia operativa, el sector busca consolidarse como un pilar económico clave.
En diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 horas por FM 91.7, Ciudadano.News y Twitch Ciudadano), el subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Manuel Sánchez Bandini, destacó la transformación que está atravesando la industria. "Lo que está pasando es una reconversión de la industria a nivel nacional, donde el foco de los inversores globales está migrando a lo no convencional. Esta inversión ya no tiene el mismo riesgo que antes, es más segura y tiene un menor tiempo de repago", señaló.
La provincia sigue apostando al petróleo convencional, pero el objetivo es aumentar la eficiencia. "YPF sigue siendo el mayor productor de petróleo en la provincia, pero declina en un promedio del 9% anual. En cambio, hay operadores más pequeños que pierden solo entre el 3 y el 5% por año. Buscamos una reconversión hacia operadores más eficientes que extiendan la vida útil de los yacimientos", explicó el funcionario.

Regalías y producción: el desafío económico
En cuanto al impacto en las regalías, Sánchez Bandini explicó que el modelo de Mendoza no busca aumentarlas directamente, sino incentivarlas mediante una mayor producción. "Nosotros queremos que haya más inversores, que haya más trabajo y que si trabajan más eficientemente, podamos producir más. Hoy las regalías representan el 10% de los ingresos de la provincia, pero en los últimos 25 años han llegado a ser hasta el 20%", detalló.

Avances concretos en exploración
La exploración en la región mendocina de Vaca Muerta avanza con tres frentes clave:
Paso Bardas Norte y Aguada Negra: YPF ya pidió el pase al segundo período exploratorio.
Payúno Este: actualmente concesionado a Aconcagua, con capacidad para alcanzar horizontes no convencionales.
Clúster Sur: zona colindante a Paso de Bardas y Aguada Negra, con interés de la firma Quintana.
En paralelo, se adjudicará una licitación para un estudio técnico de Vaca Muerta mendocina, lo que facilitará nuevas inversiones.

Foro de inversión y nuevos jugadores
En el marco del Foro de Inversiones, que se realizará el 6 y 7 de marzo, Mendoza expondrá sus proyectos en energía, hidrocarburos y minería. "Estamos poniendo mucho foco en la inversión privada, tanto en minería, como en hidrocarburos y energía. Emiratos Árabes, Canadá y Australia han mostrado interés, y vamos en ese camino", aseguró Sánchez Bandini.

Potasio Río Colorado y energía renovable
El proyecto de Potasio Río Colorado sigue en marcha, con controles sobre la inversión comprometida por Minera Aguilar. "Hemos dado una prórroga por problemas en la importación de equipos, pero los plazos se están cumpliendo. El objetivo es producir 1,5 millones de toneladas, frente a los 4,5 millones que originalmente planeaba Vale", afirmó el subsecretario.
Sobre energía renovable, aseguró que el Gobierno mantiene su interés en proyectos fotovoltaicos y en la expansión de la infraestructura eléctrica, clave para el desarrollo minero e hidrocarburífero.

Desafíos logísticos y empleo local
Una de las críticas recurrentes es la preferencia por trabajadores neuquinos en el sector mendocino de Vaca Muerta. "No es una cuestión de origen, sino de logística y costos. Para una empresa, contratar en Neuquén es más fácil que buscar trabajadores de Malargüe, que está a seis horas de ripio. Sin embargo, las operadoras tienen el compromiso de priorizar a mendocinos", aseguró.
En cuanto a la metalmecánica local, indicó que "se prioriza el compre mendocino siempre y cuando sea competitivo. El trabajador mendocino es altamente valorado, pero el mercado exige eficiencia y costos adecuados".
Mendoza está en plena transformación para consolidarse como un polo estratégico en energía, petróleo y minería. La clave estará en atraer inversión privada, optimizar la producción y fortalecer el desarrollo local, con el desafío de mejorar la competitividad y la infraestructura.
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Los incendios en la Patagonia no se detienen y afectan ya más de 20.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 05/02/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Patagonia


Los cinco focos principales se encuentran distribuidos entre las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en el sur del país.
La Patagonia atraviesa un verano trágico, con al menos cinco grandes incendios que han quemado ya más de 20.000 hectáreas, incluyendo en dos importantes parques nacionales y en los últimos días también en la localidad turística de El Bolsón, donde se registró la primera víctima mortal.
Los cinco focos principales se encuentran distribuidos entre las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en el sur del país.
El incendio más grave es el del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado entre Neuquén y Río Negro y donde el fuego, originado a finales de diciembre pasado, ha arrasado más de 10.000 hectáreas en las zona de Los Manzanos y más de 600 en el sector de El Manso, según las últimas cifras difundidas por las autoridades del parque.
Las condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos y altas temperaturas, dificultaron las labores de los cerca de 200 brigadistas que luchan para contener las llamas.
En el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, el incendio en el Valle Magdalena, que comenzó a principios de enero, afectó ya más de 4.000 hectáreas y se mantiene activo pese al trabajo de más de un centenar de brigadistas y voluntarios.
La provincia de Chubut, más al sur del país, alberga otros dos importantes focos. El principal se encuentra en la localidad de Epuyén, donde el fuego quemó hasta el momento más de 3.500 hectáreas de vegetación, incluyendo matorrales, pastizales, plantaciones, arbustos y bosque nativo, además de al menos 70 viviendas.
En paralelo, la provincia registra otro foco desde el pasado 19 de enero, cuando se incendió la zona rural de Atilio Viglione, donde las llamas continúan activas y ya se han quemado más de 3.000 hectáreas.

Un muerto y miles de hectáreas arrasadas en El Bolsón
El incendio más reciente comenzó el pasado jueves en El Bolsón, una localidad ubicada en Río Negro y conocida por ser uno de los destinos más turísticos de la Patagonia argentina.
Según el último informe del Gobierno provincial, ya se quemaron unas 2.800 hectáreas y se registró el fallecimiento de un hombre de unos 80 años.
Más de 300 personas trabajan en la zona para intentar contener las llamas, algunos de los cuales lo hacen sobre el terreno y otros por aire, mediante el uso de tres aviones hidrantes y dos helicópteros del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Tanto el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, como el de Chubut, Ignacio Torres, denunciaron que los incendios en sus provincias fueron causados intencionalmente.
 Además, junto a los gobernadores de provincias aledañas, incluyendo al de Neuquén, elaboraron un documento conjunto en el que expresaron el “apoyo y compromiso en la lucha contra los incendios que afectan a la zona cordillerana”.
 “Hoy, más que nunca, nos encontramos trabajando juntos para combatir los incendios y proteger a nuestras comunidades”, indicaron en el comunicado.
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Los fiscales de Rosario advierten que irán a la CIDH si queda impune el daño ambiental de la Petroquímica Bermúdez

Fecha de Publicación: 05/02/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Santa Fe


La piden a la Corte que rechace el fallo santafesino que avaló una salida alternativa a Taselli. Es un caso donde se contaminaron 23 hectáreas con cloro y donde están implicados funcionarios públicos.
Fiscales de Rosario apelaron una resolución que consagró la impunidad para los acusados de una gravísima contaminación con químicos de un predio industrial de 23 hectáreas a cinco kilómetros de la ciudad.
El planteo hace foco en el derrame de cloro en los terrenos de la empresa que manejaba el poderoso empresario Sergio Taselli. La Corte Suprema de Santa Fe lo acaba de eximir de responsabilidad penal con un fallo dividido y controvertido en extremo. Contra eso va el pedido de los fiscales al máximo tribunal argentino que tiene en sus manos la última palabra sobre el caso.
Es un asunto sensible y estratégico para la provincia de Santa Fe, en tanto implica un envenenamiento del ambiente en una zona densamente poblada, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar. Después del fallo que perdonó a Taselli no hubo pronunciamiento de la provincia sobre qué pasará con esas tierras cuya contaminación está probada por pericias oficiales.
Esta tragedia ambiental entrelaza factores de poder, decisiones judiciales oscuras y sospechas manifiestas de corrupción institucional. Taselli que consiguió eludir sanciones pese al derrame constatado de cloro en su firma Petoquímica Capitán Bermúdez fue representado por Mariano Cúneo Libarona hasta el día que asumió el Ministerio de Justicia de la Nación. También estaban imputados los directivos Máximo Taselli y Matías Gallegos.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron.

Problema ambiental
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
El entonces fiscal regional de Rosario Serjal, acusado de corrupción en otras causas, de manera polémica ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar al empresario un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. Fue por cuatro votos a tres y con la convocatoria de un conjuez para desempatar, que votó a favor de la pretroquímica, sin notificación a la fiscalía que pedía anular esa decisión.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina le piden a la Corte Nacional que rechace lo actuado por el superior tribunal santafesino porque la resolución que dictó afecta los derechos del medio ambiente como derecho humano fundamental, deja impunes a personas que provocaron graves daños al ecosistema y anticipa que concurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el fallo no se impugna.
El caso también tiene pendiente un juicio colateral, ahora interrumpido, contra funcionarios públicos. El 22 de agosto de 2017, por instrucción del ex gobernador Miguel Lifschitz, el fiscal de Estado provincial Pablo Saccone había denunciado a Sergio Taselli, Máximo Taselli y Matías Gallegos por los delitos de adulteración o envenenamiento dolosos mediante la Utilización de Residuos Peligrosos. El 21 de diciembre de 2018 la Fiscalía de Estado, a cargo de Gustavo Luzzini, presentó ante el Ministerio Público de la Acusación un acuerdo transaccional y conciliatorio que los tres directivos de la empresa. Luzzini manifestaba allí, en acuerdo con los defensores de los empresarios, su expreso consentimiento para considerar extinguida la acción penal.
En audiencia los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron que era imposible no sospechar que la salida propuesta por el jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal no fuera un hecho turbio ya que el delito de la empresa y sus consecuencias medioambientales estaban probados. Y no hubo ninguna explicación de por qué se renunciaba a una pena ni tampoco la obligada convocatoria a las víctimas del daño ambiental para prestar acuerdo a esa inesperada salida.
Tanto el ex fiscal de Estado adjunto Luzzini como el ex fiscal regional Serjal están actualmente acusados y esperan juicio por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento agravado y omisión de persecución. El trámite está suspendido hasta que la Corte Nacional se pronuncie sobre el tema de fondo.
En 2020 Patricio Serjal renunció a su cargo de fiscal regional de Rosario empujado por el escándalo del cobro de coimas para evitar la persecución al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti. En ese momento se sometieron a revisión algunas decisiones de Serjal consideradas inexplicables. Una de ellas su orden al fiscal Juan Carlos Ledesma de que renunciara a perseguir a los directivos de Petroquímica. Cuando el caso se llevó frente al juez Andrés Gazza este consideró que los valores de contaminación en petroquímica nunca se le mostraron al juez Juan José Tutau que aceptó la salida alternativa para los acusados.
Al mostrar las constancias verificadas del daño ambiental, dijo Gazza: "Estos son los valores que nunca se le expusieron al juez Tutau en la audiencia, estos son los valores que entiende el tribunal que son atentatorios del interés público, estos son los valores que no pueden pasar sin atención de un magistrado al que se le presente un pedido, ya sea de aplicación de un criterio de oportunidad o para declarar abstracta la cuestión penal evitando así la persecución de la conducta, siendo el producto de un convenio entre partes, no podemos obviar que están en juego bienes jurídicos colectivos, supraindividuales y entiende este magistrado que su protección es algo en lo que el Poder Judicial no puede hacerse el desentendido."

El desempate
Sin embargo la Corte Suprema de Santa Fe lo hizo con los votos de Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y el conjuez Fernando Gentile Bersano. Votaron en contra Roberto Falistocco, Mario Netri y Daniel Erbetta. El argumento de la apretada mayoría era que el asunto ya estaba juzgado. La minoría señaló que el fin del caso estaba totalmente viciado, era inmotivado, apartado de la normativa vigente y sin ninguna fundamentación. En las audiencias Schiappa Pietra y Edery señalaron que lo único que podría explicarlo con lógica a lo que no tenía ninguna era un acto de corrupción.
En la apelación, Caterina y Schiappa Pietra dijeron que la salida que objetaron ante la Corte Nacional consagra la impunidad en un caso que beneficia a poderosos empresarios sin explicar por qué razón jurídica lo hace. Y remarcaron cómo el supremo santafesino lo hizo contra un juez de primera instancia y tres camaristas que por unanimidad sí explicaron con argumentos cómo el perdón otorgado a Taselli y sus directivos no tenía asidero jurídico. En este último caso en audiencias que duraron dos días enteros.
Para la posición que cuestiona el fallo de la Corte, es insostenible decir que a Taselli se lo juzgará dos veces si sigue el caso. Porque no hubo primera: la primera vez al poderoso empresario lo perdonaron de una manera injustificada y sospechosa, con una salida espuria y gravemente viciada, como remarcó en su voto el ministro Daniel Erbetta, validando lo que habían dicho antes juez y camaristas.
Más allá del desenlace del caso jurídico queda en pie algo que para la comunidad es relevante: qué hará el gobierno santafesino con las 23 hectáreas ubicadas en un lugar estratégico, en el hinterland portuario de donde salen a ultramar la mayoría de las cargas del complejo oleaginoso argentino, que están según peritos diversos seriamente contaminadas.
Entretanto, el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini también esperan juicio. Este último fue acusado por los fiscales del caso en audiencia preliminar el 4 de septiembre del año pasado por abuso de autoridad y encubrimiento agravado por prestar conformidad a la salida de Taselli, cuando tenía una orden del exgobernador Lifschitz para ir a fondo contra la empresa y sus responsables por el daño ambiental contra Santa Fe.
Los defensores que continúan la línea de Cuneo Libarona aducen que tampoco a estos funcionarios se los puede perseguir porque el fallo de la Corte santafesina extingue la causa por completo. Al revés, los fiscales aducen que el caso no está cerrado y que la imputación a Serjal y Luzzini es una causa autónoma, que podría generarles condenas de 5 y 4 años de prisión efectiva respectivamente.
Para los fiscales Caterina y Schiappa Pietra, que la Corte Nacional avale la decisión de la Corte provincial implicará un espaldarazo a una decisión sin fundamentación, denegar justicia para un caso de contaminación que atenta contra la tutela efectiva a las víctimas, los habitantes de la zona de Capitán Bermúdez sobre los que se constataron daños a la salud.
La Corte nacional tiene pendiente hace tres años, junto a esta reciente elevación, otro caso de gran debate público en Rosario. Se trata de del planteo de inconstitucionalidad al artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar penalmente a un legislador si no se lo despoja de sus fueros. Fue iniciado por el caso del senador Armando Traferri, quien por años no pudo ser llevado a audiencia, aunque hace meses compareció por primera vez, tras ser reelecto en su banca, por acceder a que el cuerpo lo despoje de esa provisoria inmunidad.
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El gobierno nacional aprobó en 2024 la cifra más alta de transgénicos de las últimas tres décadas

Fecha de Publicación: 04/02/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El año pasado la Secretaría de Agricultura autorizó 25 productos biotecnológicos. Es la cuarta parte del total aprobado desde 1997, es decir, la más alta en 30 años. La otra cara: el freno las políticas agroalimentarias y la concentración del mercado.
El primer año de gobierno de Javier Milei será recordado como un año récord en la aprobación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). En el mismo lapso fue desmantelada la mayor parte de las políticas agroalimentarias que impulsaba el Estado.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca perdió el rango de ministerio desde que asumió Milei y ahora está bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según un comunicado el año pasado se autorizaron 25 productos biotecnológicos, tanto en vegetales como en microorganismos. La cifra “representa un hito histórico ya que constituye el 24,53% del total de aprobaciones en nuestro país en los últimos 28 años”.
El elocuente número de autorizaciones superó al alcanzado en 2018, con la aprobación de 16 OGM bajo la presidencia de Mauricio Macri. El dato se basó en la aceleración de los trámites de evaluación y registro. De este modo, los funcionarios libertarios avalaron la aprobación comercial de 19 microorganismos modificados como levaduras para la producción de bioetanol y vacunas biotecnológicas para porcinos y aves; y seis cultivos genéticamente modificados (dos para soja y cuatro para maíz).

Menos para muchos, más para unos pocos
La contracara de este “récord” fue el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias y de protección a los consumidores, con una creciente concentración del mercado de alimentos en unas pocas compañías agroexportadoras.
Según un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Fundación Rosa Luxemburgo, en 2024 se eliminaron la mayoría de las políticas dirigidas a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, incluyendo la interrupción del histórico programa Pro Huerta, que por más de 30 años se ocupó de la distribución de insumos, capacitación y apoyo técnico para el desarrollo de huertas familiares, escolares y comunitarias, así como granjas familiares para la autoproducción de alimentos frescos. Además, “la derogación del procedimiento de inscripción de biopreparados, junto con la desarticulación de la Comisión para la Agricultura Familiar del SENASA y el virtual vaciamiento del INTA (con despido de profesionales y venta de su edificio histórico en el barrio porteño de Palermo), debilitaron las posibilidades de fortalecer la agroecología y el rol de la agricultura familiar, campesina e indígena en la provisión de alimentos saludables.
De acuerdo al trabajo, titulado “Rascar la Olla. El desmantelamiento de las políticas agroalimentarias durante el gobierno de Milei”, “el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Las caídas más significativas se observaron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
Entre noviembre y julio de 2024, los precios de los alimentos aumentaron un 128% y Argentina lideró el ranking de inflación nominal en alimentos según el Banco Mundial.
En ese período, “preparar un guiso se volvió un 151% más caro. Con el Salario Mínimo Vital y Móvil o una jubilación mínima en julio de 2024, era posible preparar un 27% menos de porciones. Y tomar una taza de mate cocido con leche y pan implicó un incremento del 147% en el gasto (solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período).

Un modelo de transición justa
Durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza se congelaron iniciativas para promover los mercados de cercanía como la Ley de Góndolas, y se eliminaron programas de educación alimentaria y nutricional y de asistencia a comedores comunitarios.
Al mismo tiempo, “las grandes empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1.300% y el complejo exportador de granos un 4.900%”, destaca el trabajo del CELS y la Fundación Rosa Luxemburgo. Estas ganancias se verán reforzadas en 2025 con la baja de retenciones a las agroexportadoras.
Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) conformada por organizaciones de pequeños productores, cooperativas y comunidades campesinas como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y la Federación de Organizaciones de Agricultura Familiar (FONAF), denunciaron el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias y el vaciamiento de organismos y programas fundamentales.
Al mismo tiempo, destacaron el rol de la agroecología y la agricultura familiar, campesina e indígena como un modelo sostenible. “La producción agroecológica reduce los costos entre 60% y 70%, lo que permite a las familias productoras disponer de mayor capital para mejorar sus unidades productivas o invertir en infraestructura”, destacó el productor de la UTT y referente del Consultorio Técnico Popular (CoTePo), Juan Amador, durante el primer Congreso de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires, realizado en noviembre de 2024.
En tiempos de crisis climática y socioambiental, el acceso a alimentos sanos producidos localmente es a la vez un desafío y una oportunidad de generar empleo y valor económico, social y ambiental.
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“Pese a las campañas de concientización, los atropellamientos no han disminuido”

Fecha de Publicación: 04/02/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


El atropellamiento de la fauna sigue siendo uno de los grandes problemas en todo el país y más en las reservas naturales, donde Misiones no escapa a esa realidad, con el foco puesto en la preservación de su principal ícono, el yaguareté pero sin olvidar al resto de la población animal. “A pesar de las campañas de concientización y medidas de mitigación como pasos de fauna y ecoductos, el número de atropellamientos no ha disminuido y afecta tanto a pequeños animales como a especies más grandes”, señaló el biólogo e investigador del CONICET, Diego Varela.
En entrevista con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Varela dijo que “se ha implementado un monitoreo de fauna a través de la colaboración ciudadana, pero la mayoría de los atropellos no se registran, lo que hace que las estadísticas estén subestimadas. Misiones ha sido pionera en la instalación de pasos de fauna, superando incluso a Vialidad Nacional, pero todavía queda mucho por hacer”.
Apuntó que “la participación de conductores y el involucramiento del Estado son cruciales, pero las restricciones de velocidad y la concienciación siguen siendo un desafío, especialmente con turistas que no respetan las normas”.
Varela trabaja en el Instituto de Biología Subtropical (IBS) de la localidad de Puerto Iguazú y desde hace muchos años lleva adelante diversos estudios sobre la fauna que tomaron estado público, con datos muy relevantes en cuanto al comportamiento de distinas especies.
“Misiones tiene un problema muy grande de atropellamiento de fauna desde hace muchos años, pero en realidad es un problema que afecta a todo el mundo, en todo el país hay atropellamiento de fauna continuamente”, dijo.
Detalló que en los últimos años trabajaron en “las propuestas de medidas de mitigación, que son pasos de fauna, ecoductos, para permitir el paso seguro de los animales por debajo o por arriba de la ruta. Pero además también estamos con  el monitoreo de la fauna que es atropellada. Fue así que generamos un mapa nacional con todos los atropellamientos”.
El biólogo apuntó que a pesar de las campañas de concientización, de respetar las velocidades en las áreas protegidas “no bajó el número de atropellamientos. Reducir la velocidad reduciría el número de atropellamientos pero no los va a eliminar, porque sabemos que lo que principalmente atropellan son pequeños animales, anfibios, aves, reptiles… los mamíferos grandes son los que tienen más difusión en los medios, pero en realidad el problema del atropellamiento lo sufren más que los yaguaretés o el ocelote”.

Sin pasos de fauna en Iguazú
En otro tramo de la charla, Varela comentó que “en el Parque Nacional Iguazú no hay paso de fauna. Lo que estuvimos tratando de hacer en los últimos años es estudiar cómo las alcantarillas que hay en las rutas sirven como paso de fauna. Para eso pusimos cámaras trampa y pudimos detectar muchísimos animales que están utilizando las alcantarillas para cruzar por la ruta de forma segura e incluso el yaguareté cruza por esas alcantarillas”.
“Hace años que monitoreamos pasos de fauna y comprobamos que los animales las usan, pero hay sitios donde no existen como en el Parque Nacional Iguazú”, dijo el biólogo Diego Varela.
Acerca de las acciones del Estado en zonas protegidas, Varela opinó que “hay cosas que se hicieron, algunas que no se hicieron y otras que se hicieron mal. En el tema de concientización se trabajó mucho en los últimos años y de a poco uno ve que los vehículos que atraviesan el Parque Nacional Iguazú están intentando reducir la velocidad pero es difícil llegar a todos porque acá vienen turistas de todas partes de la Argentina, de Brasil y de Paraguay que también usan la ruta y muchas veces no respetan los límites de velocidad. Las mismas empresas que se benefician con el turismo de la naturaleza que da el Parque Iguazú muchas veces no respetan los límites de velocidad”.
En la misma línea dijo que “hay algunas cuestiones del Estado que necesitan mejorar en la coordinación. Por ejemplo, se ha hecho una poda de árboles muy brutal, donde pasan las líneas de alta tensión en el Parque Nacional Iguazú, en el Parque Península, en el Parque Urugua-í, en el Parque Federal San Juan donde han destruido todo el bosque alrededor de la ruta y han afectado todos los pasos de fauna que se habían construido y que estábamos monitoreando”.
Insistió en que “había algo positivo que eran los pasos de fauna pero después el mismo Estado, al hacer la limpieza de esas líneas de luz, destruyó esos pasos de fauna que estaban funcionando, que estaban siendo utilizados por los yaguaretés, por ocelotes, por un montón de animales”.
Consultado si hicieron el reclamo pertinente, indicó que “hablé con gente de Vialidad, pero ese desmonte lo han hecho las empresas que trabajan para EMSA. Vi notas en que el Ministerio de Ecología, Vialidad y EMSA se ponían de acuerdo en cómo hacer mejor esto, esto de la limpieza de las líneas de luz, pero después de esas reuniones siguieron desmontando y he visitado varios de estos pasos de fauna que estaban en ese lugar y con la topadora lo han tapado de troncos”.

Falta presupuesto para más obras
Varela comentó que “nosotros tenemos un rol más de estudio y monitoreo, no de implementar las medidas, porque eso lo hace o debería hacerlo el Estado. Lamentablemente hoy en día los presupuestos para la obra pública están muy limitados entonces uno piensa que mucho no se va a poder hacer en lo que respecta a obras de infraestructura”.
Agregó que “el Estado invirtió, por ejemplo, en el ecoducto y nosotros hace 15 años que lo estamos monitoreando con cámaras trampa y sabemos cómo a medida que pasan los años más animales lo utilizan, hay más cruces por mes a medida que pasa el tiempo porque los animales se van adaptando esas estructuras nuevas y las están utilizando. De hecho unas 30 especies de mamíferos están utilizando pasos de fauna en Misiones hoy en día”.
Recordó que “hacemos un monitoreo donde se mapean todos los registros que van llegando a través de una iniciativa que es de Ciencia Ciudadana donde precisamente los ciudadanos aportan datos a través de una aplicación y también por mensajes de Whatsapp nos mandan las coordenadas e imagen de los animales atropellados. Nosotros vamos generando un mapa que está online, que se puede consultar, no solo de Misiones, sino de todo el país. La página web es fauna-atropellada.org.ar y ahí se puede explorar las áreas donde tenemos más registros”.
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Caza ilegal: «Traen extranjeros para matar por deporte»

Fecha de Publicación: 03/02/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La cruel muerte de un puma en Entre Ríos puso en alerta a diferentes organizaciones ambientalistas que advirtieron la multiplicación de espacios donde turistas asesinan a ciertas especies protegidas. “No hay ningún tipo de control", denuncian.
La cruel muerte de un puma en Entre Ríos puso en alerta a diferentes organizaciones ambientalistas que advirtieron que en la provincia aumentó la caza ilegal y se multiplicaron los espacios donde turistas extranjeros vienen a matar por deporte ciertas especies. Denuncian falta de controles y connivencia empresarial y política, en consonancia con la línea argumental que baja desde el gobierno nacional de que todo vale en pos de maximizar ganancias.
La noticia corrió como reguero de pólvora en el Departamento de Gualeguaychú y rápidamente escaló a toda la provincia. El 16 de enero, un cazador publicó en sus redes sociales videos e imágenes jactándose de los últimos momentos de un puma. Se podía apreciar como una jauría, azuzada por el hombre, arrinconaba al feroz animal hasta desmembrarlo, para después ser rematado de unos tres disparos.
“El puma había sido grabado unos días antes por vecinos que dieron aviso a la policía rural para que lo protegiera, a la vez que se le decía a la gente que tuviera sus recaudos”, indica a Tiempo Gabriel Bonomi, del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), una de las organizaciones que tomó el caso. Para los ambientalistas, el sospechoso, identificado como Nicolás Adriel, aquel día fue directamente a matar al animal junto a al menos otros tres hombres y los perros. Este cazador es oriundo de Larroque y tiene parientes en Cuchilla Federal, a unos 20 km, donde ocurrió el hecho.
Personal de Prevención de Delitos Rurales y de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización recabaron pruebas y solicitaron a la justicia que avanzara en contra de Adriel. En un principio, el juez Tobías Podestá entendió que no había elementos suficientes para investigarlo. Tras la viralización de la noticia y la presentación de una denuncia formal de la ONG Ecoguay, finalmente la justicia allanó la vivienda del sospechoso unos ocho días más tarde sin demasiada suerte.
“Animales como el puma están protegidos por leyes nacionales (22.421) y provinciales (4.841). Queremos que se aplique la Ley contra este hombre que no sabemos si se trata de un peón o si tiene algún tipo de vínculo con el dueño del campo”, describe Ana Ardaiz, la presidenta de Ecoguay, a quien le resulta escasa la pena de dos años de prisión como máximo para quienes cometan este tipo de delitos. “De todas formas, tenemos pocas esperanzas de que la causa avance: en su casa apenas encontraron unos cuchillos, un celular y cartuchería”, lamenta.

Descontrol
Las fuentes consultadas señalaron que la presencia de este puma en el Departamento de Gualeguaychú no tuvo riesgos para la población local ni para el ganado. No es su hábitat natural y debe haber sido uno de los pocos especímenes que había en la provincia. “En materia de caza, Entre Ríos es un descontrol. Básicamente, es una matanza, un matadero de animales autóctonos”, puntualiza Bonomi.
“En los primeros 20 días del año, ya murió una persona por un accidente de caza y esto ocurre muy a menudo, sobre todo en los últimos años. Debe haber unos ocho muertos solo en los últimos tres años”, enumera el referente de Ceydas. “Se trata del mismo gobierno que el año pasado autorizó la temporada de caza de aves autóctonas, a contramano de lo que ocurre en el mundo donde prácticamente se la prohíbe o restringe cada vez más”, recalca. Se trata de la Resolución N°997 que habilitó la matanza de nueve tipos de aves, ademas de liebres.
“Traen cazadores extranjeros a los cotos de caza para matar aves. Así de simple. Y se cazan cientos de miles de aves todos los años con la autorización del gobierno provincial y sin ningún tipo de estudio, ni participación ciudadana”, insiste Bonomi. Para los especialistas, esta es una política de estado que se dio durante el gobierno de Gustavo Bordet y fue continuada y ampliada por la actual gestión de Rogelio Frigerio. Es que durante el mandato peronista, asociaciones como Ceydas lograron frenar judicialmente diferentes disposiciones que buscaban dar rienda suelta a los cotos de caza menor.
“No hay ningún tipo de control, porque la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales de la provincia no tiene la capacidad para controlar la caza en toda la provincia”, advierten. Si bien los operadores de este negocio están habilitados por la provincia y registrados en la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo, los defensores de los animales dudan de lo que pasa puertas adentro en estos establecimientos privados. Cabe recordar que en 2022, el mexicano Mario Canales Najjar, de 64 años, presidente de la Federación de Caza de su país, encontró la muerte en Costa Uruguay Sur cuando lo embistió el búfalo al que le habían disparado con su guía. Luego se supo que las armas se las había brindado el coto, autorizado para cazar solo palomas.
“Son empresas que traen turistas extranjeros, principalmente de Europa y de Estados Unidos, a matar aves. Cuentan con distintos lodges, lugares de hospedaje, donde los reciben y luego salen a matar con guías”, durante los tres meses que dura la temporada. “No hay números, no hay estudios, porque la provincia no los hace y se basa en los informes hechos por los propios cotos de caza”, afirma Bonomi.
Hay mucho dinero en juego. Cada excursión para cazar patos ronda entre los 3000 y 4000 dólares por persona y pueden realizar dos o tres por día. Es un ingreso de divisas importante para el privado, y se supone que también para la provincia.

Cultura y tradición
Para la provincia, la “caza deportiva” es una “tradición cultural”. Ana Ardaiz se propuso cambiar esa ecuación pero no encuentra el eco del gobierno: “Fuimos a Paraná al Consejo General de Educación a solicitar que hubiera una materia en las escuelas para que se enseñe a los niños el respeto a los animales y al medio ambiente, pero no tuvimos buenas respuestas”, resume la ambientalista, que teme por el futuro de las aguará guazú (el más grande de los zorros sudamericanos); el peludo, la mulita, la vizcacha, el lagarto overo, entre otros animales.

Ecosistemas desbalanceados
“Los ecosistemas están desbalanceados, por la ausencia de los grandes predadores como el puma o el yaguareté, a los que el hombre fue cazando o arrinconando y presionando con sus actividades con el cambio de uso de la tierra que hace que se desmonten los bosques nativos y se pase a tener un monocultivo”, señala Matías Arrigazzi de Greenpeace Argentina y argumenta: “Estamos atravesando una crisis de biodiversidad, tenemos millones de especies amenazadas en el mundo y hoy sabemos que en Argentina más del 90% de los mamíferos enfrentan algún tipo de amenaza, directa o indirectamente relacionada con el hombre”.
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Polémica por la licitación de la hidrovía Paraguay Paraná

Fecha de Publicación: 03/02/2025
Fuente: Pefil
Provincia/Región: Nacional - Litoral Argentino


Hay disputa entre dos empresas. que volverán a la Justicia tras el rechazo de su primera presentación.  
A pocas semanas de que se abra la licitación para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, hay disputa entre dos empresas. que volverán a la Justicia tras el rechazo de su primera presentación.
Se trata de las empresas Dredging International (Deme) y Rohde Nielsen, que habían denunciado irregularidades en el pliego. Sin embargo, se estima que por lo menos tres empresas presentarán ofertas el 12 de febrero, lo que permitiría validar la licitación y determinar el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La vía navegable es crucial para la exportación de granos desde Argentina, representando más del 80% de la producción exportable del sector. El gobierno de Javier Milei asegura que la licitación avanzará sin modificaciones y que el 12 de febrero se conocerán los oferentes para la concesión del dragado y mantenimiento de la vía.
Según informó Noticias Argentinas, Deme y Rohde Nielsen argumentan que los requisitos favorecen a Jan de Nul, actual concesionaria desde 1995, que podría obtener un nuevo contrato por 30 años. Estas empresas planean apelar el fallo judicial que desestimó su solicitud de suspensión del proceso.
Por su parte, la empresa neerlandesa Boskalis cuestiona que el gobierno busque beneficiar a Jan de Nul para saldar una deuda de unos 80 millones de dólares con la Administración General de Puertos (AGP).
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Incendios en la Patagonia: hay un nuevo foco en Puerto Madryn y se complica la situación en El Bolsón

Fecha de Publicación: 01/02/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Un nuevo foco de incendio se originó en Chubut en cercanías de la ciudad de Puerto Madryn y se encuentra fuera de control, tras haberse propagado rápidamente por los fuertes vientos que soplan en la zona. Mientras tanto, el fuego continúa activo en otros puntos de la Patagonia y en El Bolsón las llamas avanzan favorecidas por las altas temperaturas.
El incendio en Puerto Madryn comenzó el jueves en una zona rural, al norte de la ciudad, y ya abarca más de 50 kilómetros cuadrados. Según los primeros informes las llamas se habrían iniciado como consecuencia de la caída de un rayo, en medio de la tormenta que se desató en las primeras horas de este jueves.
El intendente Gustavo Sastre recorrió la zona del incendio esta mañana, y además de encomiar el trabajo de los brigadistas que intentan controlar el fuego para que no se propague, adelantó que el municipio realiza tareas preventivas junto a Defensa Civil de la Provincia, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Guardaparques, la Agencia de Seguridad Provincial y Vialidad Provincial.
Otro incendio que se mantiene activo y amenaza con seguir avanzando es el que se desató el jueves en la ciudad rionegrina de El Bolsón. En el último comunicado difundido por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón se informó que el foco de incendio se extendió hacia la zona de Mallín del Medio.
"Durante toda la noche, brigadistas del SPLIF trabajaron junto a bomberos, Parques Nacionales y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego para contener el incendio en El Bolsón", señala el comunicado. El incendio tuvo como punto de inicio la zona de Loma de los Piches -en cercanías a la chacra Wharton, lugar en donde se accede al camino troncal Cajón del Azul-, pasó por Mallín del Medio y llegó hasta El Huadal, afectando más de 1.600 hectáreas.
Desde la gobernación rionegrina informaron que a primera hora de este viernes comenzó la evacuación de alrededor de 300 turistas y vecinos que se encuentran en el Polideportivo de El Bolsón.
Por el momento no se ha determinado cuál fue el origen del incendio. El Ministerio Público Fiscal rionegrino, en conjunto con la Policía local, está investigando el asunto y no se descarta que haya sido intencional.
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Crisis climática golpea al campo: impacto en la producción agrícola

Fecha de Publicación: 01/02/2025
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional


El cambio climático está generando desafíos significativos para la agricultura argentina, un sector clave en la economía del país.
Las alteraciones en los patrones de precipitación y las temperaturas extremas están afectando la producción de cultivos esenciales como la soja, el maíz y el trigo.

Impacto en los cultivos
Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de soja y maíz en la campaña 2024/25 se ha reducido en un millón de toneladas debido a la escasez de lluvias y las altas temperaturas. La nueva estimación sitúa la cosecha de soja en 49,6 millones de toneladas y la de maíz en 49 millones.
Estas condiciones climáticas adversas, especialmente en regiones como el Núcleo Sur y el Centro-Este de Entre Ríos, han disminuido el rendimiento potencial de estos cultivos.

Variabilidad climática y desafíos logísticos
La variabilidad climática también ha provocado fluctuaciones en los niveles de los ríos, afectando la logística de exportación. Por ejemplo, los bajos niveles del río Paraná han obligado a los buques cerealeros a reducir su carga en aproximadamente un 15%, incrementando los costos y tiempos de transporte.

Medidas y adaptaciones necesarias
Frente a estos desafíos, es crucial que el sector agrícola argentino adopte prácticas sostenibles y resilientes. La diversificación de cultivos, la implementación de sistemas de riego eficientes y el desarrollo de variedades resistentes a sequías y altas temperaturas son algunas de las estrategias recomendadas.
Además, es esencial que las políticas públicas apoyen estas iniciativas, fomentando la inversión en investigación y desarrollo, y ofreciendo incentivos para prácticas agrícolas sostenibles.
La colaboración entre productores, instituciones y el gobierno será determinante para mitigar los efectos del cambio climático y asegurar la sostenibilidad de la agricultura argentina en el futuro.
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Cuatro provincias concentraron el año pasado la pérdida de bosque nativo: fue 10% más que en 2023

Fecha de Publicación: 31/01/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según un informe de Greenpeace, el norte argentino sigue liderando los desmontes en el país, con casi 150.000 hectáreas; la mayoría se debió a la tala; acusaciones cruzadas
Durante el año pasado, el norte argentino fue otra vez protagonista de la mayor deforestación que registró el país. Casi 150.000 hectáreas de bosques nativos desaparecieron de las cuatro provincias más controvertidas en esta materia: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se trata de un 10% más que en el 2023. La mayoría –119.886– se debió a la tala y un porcentaje menor –29.763– a incendios, mucho de forma ilegal. Esta zona comparte la sección nacional del Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de América del Sur después del Amazonas. Coincide también con la región más pobre del país.
Los datos surgen del último reporte de Greenpeace, al que tuvo acceso LA NACION, que utiliza imágenes satelitales para determinar el cambio de uso de suelo. En otras palabras, si un sitio antes era bosque o pastizal, pasó de un año a otro a ser un cultivo o una zona urbana. Según el informe, gran parte de estos cambios fueron de bosque nativo a pastizal o a cultivos.
No es novedad que los motores que la organización ambientalista destaca en este documento son la agricultura y la ganadería extensiva. “El año pasado, fue incluso mayor la ganadería, aunque la producción, en especial de soja es también preponderante”, detalló Hernán Giardini, coordinador de las campañas de Bosques y Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
La situación que plantea Giardini es alarmante y las consecuencias exceden a la pérdida de un paisaje único. Se están eliminando plantas y animales valiosos para que los ecosistemas se mantengan, son hábitats enteros que desaparecen. Sitios que son resguardo, por ejemplo, del yaguareté, especie de la que quedan menos de diez ejemplares registrados en la región del Chaco argentino. Pero la pérdida de bosques significa también que las poblaciones de estas provincias quedan más vulnerables ante sequías o inundaciones.
Las propias dependencias oficiales del área ambiental y forestal de estas provincias reconocieron, en diálogo con este medio, los impactos de los desmontes. No niegan que exista la tala ilegal y confirman que los desmontes intensificaron. Pese a que para distintos funcionarios y exfuncionarios de tres de las cuatro provincias consultadas –se trató de contactar al Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa sin éxito– la conservación es necesaria, argumentan que también debe ser combinada con la producción, en especial hacen énfasis en lo que llaman el manejo silvopastoril. En otras palabras, la integración de la ganadería y el cuidado de los bosques.
Tanto para Giardini como para Bernardo Voloj, abogado especializado en ambiente y miembro de la Defensoría del Pueblo Chaqueña, se ha usado esta idea como una excusa. Ellos acusan a los gobiernos de estas provincias de “ver hacia otro lado”, de una inacción deliberada.
A esto se añaden otros temas, como la falta de presupuesto para conservar y presuntos actos de corrupción entre algunos gobiernos y los sectores productivos. Tal es el caso de Chaco, que el año pasado vivió un escándalo con su exministro de Producción, acusado de autorizar desmontes en zonas prohibidas por lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331).

Santiago del Estero y Chaco
Según el informe, el 75% de la deforestación del país se concentra en estas cuatro provincias del norte argentino, pero el año pasado casi el 80% de los desmontes –sin contar incendios– se concentraron en Santiago del Estero (54.123 hectáreas) y después en Chaco (39.182 hectáreas). En ambos casos, según el reporte, la mayor parte de tala es ilegal.
Noelia Zanichelli, directora de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, no negó que estos desmontes existan, pero planteó que muchos están avalados por las leyes provinciales vigentes. También acusó a Greenpeace, como a otras organizaciones, de ser “de dudosa financiación, con fuertes lobbies mediáticos y oscuros fines”. En conversación con LA NACION, explicó que, sobre la tala ilegal, tienen “más de 2000 sumarios en curso vinculados al desmonte” y que, además de una multa, sus leyes provinciales estipulan también una recomposición de las zonas perturbadas.
Pero para Giardini los datos de deforestación son contundentes. Si se comparan los mapas de desmonte del reporte de Greenpeace con el mapa que el gobierno de Santiago del Estero ratificó hace casi 20 años para designar las zonas de protección, mucha de la tala del año pasado se encuentra en zonas de valor alto y medio de conservación. Según datos de la organización ambientalista, el 80% de la tala del año pasado se hizo en tierras dentro de estas categorías. Cuando se le preguntó a Zanichelli por esta denuncia, ella respondió que “todo lo que se autoriza se hace en el marco de la ley”.
Se refiere en especial a que una parte de estos desmontes están permitidos y vinculados al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, o los sistemas silvopastoriles. Ella explica que, a partir del convenio provincial 32/2015, es posible hacer esta actividad en un 80% de zonas de conservación media y baja, y designa un 10% de desmonte para forraje.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos plantea que deben designarse zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado, y actualizado de ser necesario, siempre dando prioridad a la conservación.
“Es contradictorio lo que la directora plantea, porque la ley provincial va en contra de lo que dice la ley nacional. La ley de Bosques Nativos en ningún lado dice que en la zona amarilla [de conservación media] se pueden otorgar desmontes, tampoco en la roja [de conservación alta]. Y respecto de la ganadería, tanto nosotros como la propia Secretaría de Ambiente de la Nación consideramos que lo que están haciendo es un desmonte”, argumenta Giardini.
En el caso de Chaco, las pruebas de ilegalidad son aún más nítidas, en especial después de la denuncia penal que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó a la Justicia Federal en mayo pasado en contra de exfuncionarios, empresarios y diputados provinciales. Incluso, desde agosto del año pasado, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó a la gobernación chaqueña suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia por la misma razón.
A partir de este escándalo, renunció el exministro de Producción provincial y principal imputado, Hernán Halavacs, pero también varios otros funcionarios. Jorge Damián Frank, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, que dice haber renunciado en medio del escándalo, reconoce que, con Halavacs al mando, era imposible controlar los desmontes. “Y ahora el problema persiste. Muchísima madera que viene a las dos tanineras viene de los desmontes ilegales. Si el infractor paga la multa, accede a la madera incautada”, denuncia el exfuncionario.
Explica que las medidas legales que hoy determinan el control de la deforestación son estériles. “El valor de la madera tumbada al menos duplica el valor de la multa. La gente lo paga y sigue talando”, describe Frank. Y añade: “Para mí, los primeros grandes responsables de la tala en Chaco son los sojeros y los ganaderos”.

Vuelco a lo productivo y falta de presupuesto para conservar
Para Giardini como para otras fuentes consultadas, lo que pasa en Santiago del Estero y en Chaco se reproduce de alguna u otra forma también en Salta y en Formosa: hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades, pero los controles de los desmontes son insuficientes, leyes provinciales se sobreponen a la nacional y existe una priorización –a veces tácita y otras explícita– hacia la expansión productiva frente al cuidado del ambiente.
El propio secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Alejandro Aldazábal, reconoció en conversación con LA NACION que la falta de bosques trae inundaciones un ejemplo palpable podría ser lo que sucedió hace solo tres días en Metán. No obstante, confesó sentirse asfixiado por la Ley de Bosques Nativos. Como en el caso santiagueño, en Salta también impulsan los proyectos que mezclan la ganadería y la conservación, y acusaron varias organizaciones ambientalistas de querer que “no haya ningún tipo de intervención en el bosque”.
Desde Greenpeace dicen solo querer que la ley se cumpla, y con ellos se suman organizaciones indigenistas, y ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Lo cierto es que, en materia de protección de bosques, existen también procesos muy cuestionados en el terreno de lo legal.
El año pasado, Salta modificó las zonas de bosques protegidos de una forma inusual. Si bien redujo la cantidad de zonas verdes, añadió una nueva categoría que no se precisa en la ley nacional. Una de color amarillo oscuro. Alguien que desconoce del tema podría confundirse, pero según el nuevo ordenamiento territorial provincial, en esta nueva categoría hay posibilidad de integrar la producción agropecuaria a zonas de conservación media, muchas pegadas a bosques en donde no debe haber ningún tipo de actividad.
Esto causó revuelo entre varias organizaciones en diciembre pasado, que además denunciaron falta de consultas a expertos y a comunidades indígenas en el proceso de diseño de este ordenamiento. “Es un ordenamiento territorial flexible, que va a ir cambiando. Van a permitir 720.000 hectáreas de desmonte en zonas que antes se protegían más. Van a fragmentar un montón los bosques”, vaticinó Giardini.
Aldazábal negó que haya nuevos permisos de desmonte en zona amarilla y dice que utilizan todas las técnicas de prevención para evitar las talas. También anunció que tienen 300 sumarios abiertos en 2024 por tala ilegal y sostuvo que también tienen las “multas más altas del país”. A pesar de este contexto, fueron 11.512 hectáreas las que se perdieron en Salta durante el año pasado.
Giardini advirtió que con las modificaciones que se hicieron, en 2025 la deforestación irá en aumento. Lo mismo advierte para Formosa, que varias de las fuentes consultadas llamaron el “wild west argentino”. Allí se perdieron 15.069 hectáreas y fue la provincia con más incendios del norte argentino. LA NACION no recibió respuesta de esta administración.
Lo que sí parece ser un común denominador entre los funcionarios provinciales es la necesidad de presupuesto para conservar. La ley de Bosques Nativos establece la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. A la vez, dice que las partidas presupuestarias que se le debieran asignar son de, al menos, el 0,3% del total del presupuesto nacional. El reclamo de las provincias trasciende a la administración libertaria, pero que se agravó de manera sustancial. El presupuesto de la ley nunca superó el 10,36% de lo que tendría que recaudar, aunque, al mantenerse la prórroga del presupuesto 2023, el monto destinado a la protección de bosques se ha licuado.
Según el informe titulado Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este año se asignaron a este fondo 38,8 veces menos de lo que corresponde. Aun sumando otros ingresos como los del Programa Nacional de Bosques Nativos, el aporte es mínimo. “El 70% de esto debería ir a los dueños de la tierra. A esta gente se le obliga a proteger los bosques, pero no se le retribuye”, argumentó Aldazábal.
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Rescatan 250 loros habladores en operativo contra el tráfico de fauna en El Caburé

Fecha de Publicación: 31/01/2025
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero


Las aves, pertenecientes a una especie protegida, eran transportadas ilegalmente desde Chaco.
En un operativo conjunto entre la Dirección General de Bosques y Fauna, Gendarmería Nacional, guardafaunas y guardabosques de Monte Quemado y Pirpintos, fueron rescatados 250 loros habladores que eran transportados ilegalmente en un vehículo en la localidad de El Caburé, Departamento Copo, Santiago del Estero.
El procedimiento tuvo lugar cuando las autoridades interceptaron a tres personas provenientes de la provincia de Chaco. Los ejemplares de esta especie protegida fueron secuestrados junto con el vehículo utilizado para su traslado. Además, se labraron las actas correspondientes en virtud de la Ley Provincial N.º 4802 de "Protección a la Fauna Silvestre".
Las aves serán evaluadas por especialistas para determinar su estado de salud y proceder a su reinserción en su hábitat natural.
La Dirección General de Bosques y Fauna recordó que la captura, comercialización o tenencia de loros habladores constituye un delito y exhortó a la población a colaborar con la conservación de esta especie denunciando cualquier actividad ilegal de forma anónima al 3854025564.
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Caza & Safari: investigan lo que podría ser el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina que llega hasta Bolivia

Fecha de Publicación: 30/01/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


La Justicia allanó una empresa en la que encontró miles de partes de animales convertidas en trofeos de caza, además de animales vivos. En Bolivia también se abrió una investigación por el biocidio de al menos cinco yaguaretés. Presiones, poder político y económico, detrás del caso documentado por Mongabay Latam.
Cabezas y pieles de jaguares en exhibición, una pata de elefante vaciada y convertida en paragüero, esqueletos y cuernos de mamíferos. Las autoridades argentinas encontraron unas 8.000 partes de animales tras allanar en agosto de 2024 propiedades de la empresa Caza & Safari, de Jorge Noya, un reconocido cazador en la escena global.
“Quienes estaban detrás de esto se jactaban de tener una empresa de más de 40 años para cazar en Argentina y en países limítrofes”, dice a Mongabay Latam una fuente cercana al caso. Gran parte de los clientes eran de Estados Unidos y Europa, de acuerdo con Emiliano Villegas, coordinador de fauna del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental, un organismo de la Subsecretaría de Ambiente de Argentina.
En los allanamientos también encontraron un puma (Puma concolor) vivo encerrado en un tanque metálico y cinco pecaríes de collar (Dicotyles tajacu) en un establo. “Estaban haciendo fusilar a animales en situación de cautiverio”, sostiene Villegas.
Se ha dicho que este es el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina, pero se trataría de una red de crimen organizado transnacional. A inicios de 2025 salió a la luz que Noya también sería responsable de la caza de al menos cinco jaguares en Bolivia, también llamados yaguaretés en Argentina. No habría actuado solo y eso es lo que las autoridades de ambos países buscan demostrar.

La operación era explícita
La empresa funciona desde 1979, según su website. En la página, que todavía sigue activa, se publicita abiertamente la caza de pumas (Puma concolor), capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), pecaríes de labio blanco (Tayassu pecari) y corzuelas (Mazama gouazoubira), especies cuya caza está prohibida en Buenos Aires y Santiago del Estero, las provincias en las que operaba la empresa.
En el sitio web se muestran imágenes del hospedaje para los turistas cazadores en los que se observan cabezas de jaguares (Panthera onca) en las paredes. La cacería del gran felino americano está prohibida en Argentina y países de la región, de acuerdo con una fuente cercana al caso.
“Supongamos que hayan cazado jaguares en Argentina, donde tenemos una población en estado crítico de extinción. La mayoría de los informes dice que no hay más de 250 ejemplares, por lo que la caza implica un daño inconmensurable”, afirma Villegas.
También se promociona durante todo el año la caza de especies permitidas sólo en ciertas temporadas. Casi todas son introducidas, como los ciervos colorados, el búfalo de agua, los carneros o los chivos.
Además, se impulsa el envío de los “trofeos de caza”, es decir, los cuerpos completos o sus partes preservadas, a los clientes extranjeros, a pesar de que el tránsito, la exportación y la importación de partes de animales autóctonos están prohibidos en Argentina desde 2022.
La empresa ofrecía paquetes turísticos que incluían el servicio completo: se recogía a los visitantes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se los llevaba a los lodges. Uno de ellos estaba en Dolores, provincia de Buenos Aires, y los otros dos en Santo Domingo y Guampacha, provincia de Santiago del Estero, en el Gran Chaco argentino. Una vez en el hospedaje, la alimentación estaba cubierta así como el acceso a armas y municiones.

Siete presuntos responsables identificados en Argentina
El caso comenzó cuando la organización no gubernamental Freeland, que trabaja para combatir el tráfico de vida silvestre, presentó una denuncia contra Caza & Safari.
Miembros de Freeland, que prefieren no ser citados por seguridad, atribuyen los hechos a una “posible desconexión entre la ley federal y la ley de las provincias”. Reconocen que “la corrupción es el denominador común” en los casos de tráfico y que “se podría asumir que las autoridades provinciales brindan algún tipo de protección a estas organizaciones”. Sin embargo, “no es tan fácil culpar a todos los oficiales que tienen el deber de controlar a los cotos de caza”.
La Fiscalía Federal número 1, a cargo de Sergio Mola, y el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, investigaron los hechos durante aproximadamente ocho meses, con el apoyo de la Policía Federal Argentina y del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental.
Después, se llevaron a cabo los allanamientos y la confiscación de los elementos probatorios, entre ellos, animales vivos, armas, municiones, memorias extraíbles y vehículos de alta gama. Además, se confiscaron unas 8.000 partes de animales, entre cráneos, cuernos, pieles y garras. “Los bienes secuestrados suman cerca de 50 millones de dólares”, calcula Villegas.
Las autoridades argentinas detuvieron a siete supuestos responsables: Noya, supuesta cabeza de la operación; otro hombre, encargado de la exportación de las partes de animales; un socio de Noya; un taxidermista; un hombre dedicado a captar clientes extranjeros a través de redes sociales, y dos guías de caza.
Mongabay Latam se comunicó con el abogado de Noya en Buenos Aires, Diego Storto, quien sólo respondió que se encontraba de vacaciones y declinó responder preguntas o facilitar un contacto del empresario para conocer su versión de los hechos. Este medio también intentó comunicarse con Noya en sus domicilios declarados ante las autoridades argentinas pero los números de teléfono están fuera de servicio.
Los presuntos responsables estuvieron en prisión preventiva durante dos meses. El juzgado concedió prisión domiciliaria a Noya, por ser mayor de 70 años, y ordenó que los otros implicados continúen el proceso en libertad, aunque les retiró los pasaportes para evitar que salgan del país..

Más que supuestos delitos en contra de la fauna
Las autoridades han atribuido a los responsables una serie de delitos, según detallan Villegas y la fuente cercana al caso. En primer lugar, están los delitos en contra de la fauna silvestre, específicamente de especies protegidas por las leyes nacionales y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el jaguar y el pecarí labiado. Estos delitos son penados con hasta tres años de prisión.
“Los delitos de fauna son muy leves en Argentina”, reconoce la fuente cercana al caso y consultada por Mongabay Latam. “Por eso es importante fortalecer estas investigaciones, no quedándose solamente con los delitos de fauna, sino investigar y juzgar los delitos que están aparejados a la caza ilegal”, agrega.
Los dos cotos de caza de Santiago del Estero no tenían autorización para realizar cacería. Pero incluso en el que sí tenía el permiso vigente, el de Buenos Aires, se realizaban actividades ilegales. Los turistas no contaban con licencias de caza ni tenían permiso para portar armas. Este último configura un delito con pena de tres a cuatro años de cárcel en Argentina. Además, se usaban silenciadores e infrarrojos, ambos prohibidos para estas actividades.
La taxidermización de los animales cazados y de sus partes se hacía en laboratorios presuntamente ilegales. “Después los sacaban de nuestro país, no sabemos todavía de qué manera”, dice la fuente cercana al caso.
Las autoridades buscan probar principalmente la asociación ilícita, pues con eso se podría asegurar que los responsables reciban sentencias de entre tres y diez años de prisión. Este es un tipo penal que consiste en la asociación de tres o más personas para cometer delitos.
Una vez que la investigación fiscal sea acreditada por la Cámara de Apelaciones, pasará a otra fiscalía que llevará adelante el juicio.

Una presunta red de crimen organizado transnacional
En Bolivia, el caso empezó en noviembre de 2024. Representantes de la Fuerza Pública Argentina y miembros de Freeland entregaron a Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, información que señalaba que Noya habría estado involucrado en la caza de jaguares en el Área Natural y de Manejo Integrado San Matías, en el departamento de Santa Cruz.
Lo anterior está descrito en la denuncia que Uzquiano presentó en diciembre de 2024 junto a Rodrigo Herrera, abogado y director de la asociación legal Justicia Ambiental, y Mirella Corti, representante del colectivo El Llanto del Jaguar. En el documento también se señala que se habrían asesinado cinco individuos de esta especie.
Bolivia reconoce desde 2023 el biocidio, que establece una pena de dos a cinco años a “quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”. La sanción será agravada si se trata de más de un animal.
Herrera, en entrevista con Mongabay Latam, cuenta que Freeland determinó el lugar de los hechos con base en fotografías obtenidas en su investigación y mediante “una triangulación de datos geográficos”. Se estima que la cacería se habría dado a partir del 30 de septiembre de 2023 y “de manera reiterada en fechas posteriores”.
“Por la denuncia que recientemente se presentó en Bolivia, podemos entender que podría tratarse de una red internacional de crimen organizado dedicada a la caza furtiva”, asegura Villegas desde Argentina.
El abogado boliviano explica que se apunta a encontrar a los responsables que habrían colaborado con Noya en Bolivia, lo que será clave para que en ambos países puedan usar el delito de crimen organizado.

Presiones, detrás del caso
Dos semanas después de que Uzquiano presentara la denuncia, fue destituido de su cargo. Herrera no lo asocia solamente a este hecho: “Marco ha estado denunciando muchos otros delitos ambientales”, asegura. Para María René Álvarez, diputada nacional y representante del estado de Santa Cruz, el despido “es una acción directa del director del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas)”.
Mongabay Latam solicitó entrevista con Uzquiano y con Johnson Jiménez Cobo, director nacional del SERNAP, pero no recibió confirmación en ninguno de los dos casos.
Tras conocer el caso y el escándalo tras la destitución de Uzquiano, la diputada Álvarez se adhirió a la denuncia y presentó una querella en la que también se incluye como responsables a Jiménez Cobo, del SERNAP; Alan Lisperguer, ministro de Ambiente, y Álvaro Quispe Olivera, viceministro de Cambio Climático. “Estos funcionarios públicos son llamados a proteger los recursos, pero han decidido guardar silencio ante estas arbitrariedades”, dice la representante de Santa Cruz.
Mongabay Latam pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia información sobre por qué no se adhirieron al caso y sobre cómo están colaborando para esclarecer los hechos, pero no recibió respuesta hasta el cierre del artículo.
Herrera cuenta que ante el despido, “varias instituciones brindaron apoyo”, como la Defensoría del Pueblo y Justicia Ambiental. Además, se puso una acción de amparo constitucional. El guardaparques ya fue restituido.
El abogado, sin embargo, reconoce que sí hay “una suerte de presión y restricción” alrededor del caso. Relata que se ha enfrentado a aseveraciones extraoficiales que lo señalan como una persona “no grata” para el gobierno de Bolivia.
“Creemos que hay personas importantes y poderosas detrás del caso”, dicen los miembros de Freeland. “La clientela de Noya estaba compuesta por personas de alto perfil a nivel internacional, muchas con cargos públicos importantes”, concluyen.
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