Una multitud se reunió para escuchar a Jane Goodall en Puerto Iguazú

Fecha de Publicación: 14/08/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La primatóloga disertó en la tarde del lunes ante un auditorio lleno, donde había investigadores de Misiones, de las tres fronteras y público en general
La visita de Jane Goodall revolucionó la ciudad de las Cataratas. Una multitud de personas se acercó al salón de Convenciones del Hotel Falls para escucharla hablar y contar su experiencia desde que era muy pequeña, sus comienzos en la investigación y como ha avanzado con el pasar de los años. Goodall además es embajadora de la paz y promueve en 70 países el Instituto Jane Goodall que, a través de diferentes proyectos motiva y da la oportunidad a cada persona para actuar a favor de un mundo más justo y sostenible con especial atención y respeto hacia los otros seres vivos.
La primatóloga famosa en el mundo por su trabajo realizado en África y por las semillas de esperanza que esparce a en diferente parte del mundo, arribó ayer a Puerto Iguazú en el marco de una gira por el país. En horas de la mañana mantuvo
reuniones con investigadores y brindó una conferencia de prensa en el Hotel Gran Meliá donde dio detalles de su forma de trabajar y relató como fue evolucionando su investigación teniendo en cuenta que comenzó con una libreta anotando sus
observaciones respecto al comportamiento de los chimpancés, luego incorporó grabadores y hoy en día trabaja con la tecnología GPS y hasta drones.
Goodall aseguró que, a pesar de tantos años de investigación, día a día aprende algo nuevo, ya que continúa estudiando a las nuevas generaciones que muchas veces presentan comportamientos diferentes que la llevan a investigar si tiene que ver con la genética y la costumbres de la familia del primate o si están relacionados a reacciones ante sucesos externos que los llevan a cambiar su comportamiento o adoptar ciertas costumbres.
La mujer insiste en la necesidad de ver a los animales como seres que sienten y que son dueños de inteligencia e insto a todos a sensibilizarse ante la situación tal como lo hacen los niños desde jardín de infantes que participan de cualquiera de los proyectos que impulsa desde el instituto Jane Goodall que actualmente se encuentra en 70 países y desde el 2011 esta en Argentina. Puntualmente en Iguazú trabajan con Vecino Sustentable Iguazú y con el Vivero de la Comunidad Mbya Yasy Porá.
Uno de los mensajes que Goodall dejó a los misioneros es que “nunca dejen de luchar, sin presión, pero con determinación y respetando a los demás seres vivos” entre otros tantos mensajes de esperanza que dejó plasmados mas tarde en la conferencia a la que asistieron además de investigadores, funcionarios y autoridades municipales y provinciales.
En este marcó, el gobernador Mario Hugo Passalacqua entregó un presente a Jane Goodall y la declaración de ciudadana ilustre mientras dure su estadía. Hizo lo propio el intendente de Iguazú Claudio Filippa quien también entrego un presente.
Las actividades de Goodall continúan mañana en el Parque Nacional Iguazú el martes 13 de agosto, donde mantendrá reuniones con representantes de la Administración de Parques Nacionales y recorrerá sus pasarelas y paisajes.
En su estadía en el área protegida, la doctora Goodall y su equipo registrará una serie de imágenes de carácter institucional, como parte de un proyecto audiovisual diseñado para difundir la tarea de conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas de todo el planeta. Cabe destacar que el Instituto Jane Goodall Argentina trabaja en nuestro país desde hace diez años.
Asimismo, desde hace más de tres décadas se encuentra en el Área Cataratas el Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales (CIES), la estación de investigación de campo para desarrollar investigaciones científicas que realicen aportes concretos a la conservación y manejo de las áreas naturales protegidas en el subtrópico, con especial énfasis en biología de la conservación de la región NEA.
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Alertan por la caza de gatos monteses en la Provincia

Fecha de Publicación: 14/08/2024
Fuente: Neuquén Informa
Provincia/Región: Neuquén


Se detectó un cuero de esta especie en un allanamiento, pero su caza está prohibida. Se trata de un animal cuyo estado de conservación no peligra, pero es de vital importancia para el mantenimiento de su ambiente silvestre.
El hallazgo de un cuero de gato montés (Leopardus geoffroyi) en las últimas semanas, durante un allanamiento en Villa Meliquina, puso en alerta a las autoridades de la dirección provincial de Fauna, Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN). Desde el organismo provincial advirtieron que su caza, como la de todos los felinos silvestres chicos, está prohibida y que en los últimos años se comenzó a evidenciar una mayor presencia de estas especies silvestres en zonas urbanas, por la pérdida de sus hábitats naturales y el avance de las urbanizaciones.
Según la resolución 887/21, en la provincia existen catalogadas alrededor de 450 especies de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y agnatos), de las cuales 96 poseen algún nivel de amenaza que compromete su supervivencia a largo plazo. Sobre este universo, 31 están en peligro de extinción -que es la categoría más crítica-, y otras 65 se encuentran categorizadas como vulnerables.
El director general del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), Martín Monteverde, explicó que el gato montés es una especie nativa o autóctona que actualmente no se encuentra amenazada. Sin embargo, afirmó que su caza “está expresamente prohibida por la ley de fauna 2539 y sus reglamentaciones anuales de caza, por lo tanto, este cuero que se encontró es ilegal. Además, no hay no hay criaderos de gato montés, por lo tanto, tampoco puede tener ese origen, así que es concluyentemente ilegal ese cuero”.
El funcionario indicó que, en los últimos años, se ha incrementado el contacto de este tipo de animales silvestres con poblaciones urbanas, por la pérdida o modificación de sus hábitats naturales: “Esto genera conflicto de intereses por el espacio, entonces aumenta la probabilidad de la gente comience a ver estos felinos cerca de sus casas y de algunas actividades como la cría de gallinas, etcétera, así es como la gente opta a veces lamentablemente por matarlos”.
Aunque es una especie que no genera grandes preocupaciones respecto de su estado de conservación, desde el organismo advirtieron que son vitales en sus ambientes silvestres y que no representan un riesgo para las personas. Por ese motivo instan a la comunidad a no matarlos, ya que “existen otras opciones, como dar aviso a las áreas pertinentes como el Cuerpo de Guardafauna, simplemente ahuyentarlos con ruidos o luces, o si una persona tiene un gallinero, puede hermetizarlo para que no queden sus animales expuestos. Está terminantemente prohibido sacrificarlos”.

Importancia biológica
Monteverde explicó que Argentina es reconocida a nivel mundial por contar con la mayor riqueza de felinos silvestres, con alrededor de 10 especies. En ese sentido indicó que la provincia del Neuquén, por sus características geográficas, presenta en sus distintas ecorregiones unas seis especies de felinos silvestres autóctonos que cumplen papeles clave en el funcionamiento de los ecosistemas.
“Son muy importantes en ambientes silvestres porque actúan como controladores o reguladores naturales de poblaciones de roedores y de otras especies que puede ser particularmente dañinas como conejos o liebres. Nos ayudan a mantenerlos sitios a raya. Además, en muchos casos estos felinos actúan como predadores tope modulando las redes tróficas de nuestros ambientes naturales”, describió. Por otro lado, señaló que dentro de su dieta no frecuentan los animales de corral.
Respecto al contacto con personas, explicó que no representan un riesgo, ya que son animales inofensivos y esquivos. Aseguró que estas especies pueden ser proclives a contraer enfermedades de animales domésticos y propagarlas en sus hábitats, por lo que no se recomienda acercarse y evitar la mascotización.
Desde la dirección provincial de Fauna, ANP y CEAN, se recomienda que, ante el avistamiento de este tipo de especies en zonas urbanas, o ante situaciones de caza ilegal o furtivismo, se de pronto aviso a las autoridades pertinentes. Quienes deseen realizar denuncias por infracciones y contravenciones, pueden comunicarse al teléfono 0800-66666-36 de Fauna provincial.
El Centro de Ecología Aplicada del Neuquén es una institución de referencia regional, dependiente del Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén, entre cuyas misiones y funciones se encuentra generar conocimiento científico básico y aplicado sobre la biodiversidad y la ecología de ecosistemas acuáticos y terrestres dentro del territorio provincial, formulando propuestas de asesoramiento y acción para contribuir con el manejo sustentable de los recursos naturales de la provincia en vinculación directa con sus actividades socioproductivas, contribuyendo con la gestión y el accionar de las agencias de gobierno que deben tomar decisiones y administrar los desafíos y conflictos vinculados a la problemática ambiental (Tel. 02972-413956, e-mail: cean.difusion@gmail.com, www.cean.gob.ar)
El cuerpo de inspectores en la provincia está integrado por 120 agentes activos y 40 administrativos, y realizan controles a lo largo de toda la provincia.
Se recuerda que es muy importante conocer las reglamentaciones para la práctica de caza y pesca, teniendo en cuenta que además de la violación a las disposiciones, con el accionar furtivo se está afectando seriamente los recursos ictícolas y otro tipo de animales que se encuentran en su hábitat natural.
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Advierten sobre la contaminación de los humedales con plomo por la caza de aves en Santa Fe: "Te prometen 500 tiros por excursión"

Fecha de Publicación: 13/08/2024
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe


Gabriel Bonomi, exintegrante de Ceydas, explicó que los extranjeros que van de caza a la zona de San Javier utilizan sus escopetas a discreción y el plomo contamina la zona.
Tras las repercusiones por la denuncia contra cazadores de Estados Unidos que mataron decenas de animales autóctonos y protegidos por la ley argentina en la zona de San Javier, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) ahora puso el foco en la contaminación de los humedales con el plomo de las municiones que utilizan para disparar.
"La caza tiene un impacto muy grande en el ambiente. Y no solo afecta a la biodiversidad de Santa Fe, sino que los efectos del plomo son gravísimos", alertó Gabriel Bonomi, exintegrante de Ceydas, en diálogo con el programa "6 AM" de AIRE.
Se estima que los arrozales y humedales del centro y noreste santafesino reciben alrededor 190 mil kilos de plomo en cada temporada de caza.
"Cada cartucho de las escopetas que utilizan para cazar, tiene cientos de perdigones y las publicidades te prometen que vas a disparar 500 tiros en una excursión. Imaginen la cantidad de plomo que caen en el ambiente", señaló el especialista.
Y agregó: "Un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer reveló que el plomo es cancerígeno a nivel celular. Y la caza en Santa Fe se practica en humedales"
Según explicó, que la caza se practique bajo estas condiciones expone a los habitantes de la zona a mayores riesgos de contraer una enfermedad. "Al tomar contacto con el agua, el plomo libera toda su toxicidad, contamina el suelo, las plantas, los animales e incluso hasta el cultivo que consumimos. Se encontró plomo en el grano de arroz"
Los cazadores que llegan a la provincia de Santa Fe suelen ser extranjeros que buscan por internet cotos de caza donde puedan apretar el gatillo a discreción. La situación tomó relevancia tras la difusión de fotos de ciudadanos estadounidenses, pero también visitan la zona franceses, canadienses y alemanes, entre otros.
"Estamos hablando de un negocio millonario. Mueve realmente millones y en moneda extranjera. Esto no es para cazadores nacionales, es para gente de un poder adquisitivo un poco mayor. San Javier es como la meca de la caza, donde se matan a cientos de miles de aves autóctonas todos los años, en la temporada y fuera de temporada", advirtió Bonomi.
"Las imágenes son atroces. Básicamente, se están aniquilando las poblaciones de aves autóctonas de la provincia de Santa Fe", concluyó.
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Argentina desarrolla una "biomanta": puede reducir los efectos nocivos del petróleo en el medioambiente

Fecha de Publicación: 13/08/2024
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional


La biomanta está destinada a proteger los suelos de posibles derrames de petróleo. Del proyecto participan una empresa privada junto con el Conicet y la UBA.
Investigadores argentinos desarrollaron con materias primas naturales una "biomanta" capaz de proteger al suelo de posibles derrames de petróleo durante las extracciones de este compuesto orgánico en los yacimientos, según informaron fuentes oficiales este sábado.
El producto en cuestión llamado BIOmanta estará a cargo de la empresa Emerald para su fabricación, a partir de un convenio firmado recientemente con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de nuestro país y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El grupo de investigadores está encabezado por la física Silvia Goyanes y la manta en cuestión está formada por biopolímeros, la cual puede ser reutilizable e impide que se propaguen llamas en caso de que se produzca un incendio.
Según un comunicado del Conicet, el producto se encuentra en proceso de fabricación y empezará a reemplazar prontamente a las mantas tradicionales en los campos de extracción de petróleo.
"BIOmanta es una estructura no tejida con una porosidad adecuada, esto es, un continuo sin desperdicio, sin problemas para el medio ambiente y, además, un polímero que es biobasado, o sea, tiene un origen natural", señaló Goyanes, del Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos del Departamento de Física de la UBA.
Otro integrante del equipo que confeccionó la biomanta, Federico Trupp, explicó que la forma de colocarla es cubriendo el sitio de extracción "y todo lo que salga de las máquinas y se pierda es absorbido por estas mantas y evita que se contamine el suelo por todos los desechos de los hidrocarburos".
"Luego esa manta se retira y se lleva a disposición final, que se hace a través de la incineración. La ventaja que tiene nuestra manta es que es liviana y, por lo tanto, es menos material para incinerar y, segundo, no libera gases tóxicos a diferencia de los materiales de relleno que se usan en las mantas comerciales, y, por otro lado, deja menos residuos", continuó Trupp con su explicación.
Al mismo tiempo, el Conicet señaló que existe la necesidad de optimizar los costos y la eficiencia a fin de minimizar lo más que se pueda el impacto ambiental que genera el sector, pese a que existen en Argentina proveedores de mantas oleofílicas.
El propio Trupp señaló que una de las características de la nueva manta es tener una capacidad de absorción de hidrocarburos en relación a su peso, algo que incide de forma directa en los costos de transporte y acopio.
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Las mineras BHP y Lundin, sus prontuarios y las montañas de San Juan

Fecha de Publicación: 12/08/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: San Juan


Desastres ambientales, muertos, violencia y demandas laborales son parte del historial de las mineras BHP y Lundin, multinacionales que anunciaron su fusión para explotar los proyectos Filo del Sol y Josemaría en San Juan. Acumulan denuncias y condenas en Chile, Brasil, África y Australia. BHP fue responsable del desastre minero en Minas Gerais, con 19 fallecidos y cientos de casas destruidas.
Las corporaciones mineras BHP y Lundin comunicaron su asociación para explotar de manera conjunta los proyectos Filo del Sol y Josemaría, ambos en San Juan. El anuncio fue aplaudido por funcionarios políticos, empresas y medios de prensa afines al sector. En sus discursos, las cifras monetarias ocupan el centro de atención: montos de inversiones, valor de las acciones, primas y promesas de entrada de dólares por exportaciones. Ni una línea en esos discursos menciona los costos socioambientales, la falta de licencia social de las comunidades ni, mucho menos, los prontuarios de estas empresas.
Fundada en 1885, BHP es hoy la corporación minera más grande del mundo, por su valor de capitalización de mercado. Tiene su sede en Melbourne (Australia), y proyectos en ese país, Chile, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú. En su página oficial, señala que se enfoca en la extracción de cobre, níquel, potasa, hierro y carbón metalúrgico. Aunque no lo refiere en su emotiva historia pública, la empresa también tiene antecedentes en Argentina: en Andalgalá (Catamarca), el gobierno provincial le otorgó en secreto la concesión para explorar y explotar un yacimiento bautizado como Pilciao 16, literalmente debajo de las casas del centro departamental. La rebelión popular logró frenar el macabro proyecto en 2010.
El origen de Lundin Mining Corporation se remonta, según su historia oficial, al año 1994, en Canadá, donde tiene su sede central. Se especializa en extracción de cobre, zinc, oro y níquel, que extrae —o planea extraer— de yacimientos en Argentina, Brasil, Chile, Suecia y Estados Unidos. La compañía forma parte de Lundin Group, un holding fundado “hace más de 50 años”, constituido por diferentes empresas “centradas en los sectores de minerales, metales, energías renovables y energía”, según refiere en su página web. En Argentina, Lundin Mining era la única propietaria del proyecto Josemaría, mientras que Filo Colorado estaba en manos del grupo empresarial Lundin.

Los territorios “vendidos”
Filo del Sol es el nombre del proyecto que, por un plazo estimado de 14 años, planea extraer cobre, oro y plata de un área compartida entre Argentina y Chile, según indica su página oficial. El yacimiento se ubica 140 kilómetros al sureste de la ciudad chilena de Copiapó y en el extremo norte del departamento Iglesia, en la provincia argentina de San Juan. Su adquisición conjunta significó —afirma Lundin Mining en un comunicado— “una contraprestación total de aproximadamente 4.100 millones de dólares canadienses” (poco más de 2.960 millones de dólares estadounidenses).
Diez kilómetros al norte, se ubica Josemaría, el otro proyecto adquirido por el matrimonio corporativo. Con una “vida útil” estimada en 19 años, el yacimiento se ubica íntegramente en San Juan y también alberga cobre, oro y plata. El proyecto se encuentra en construcción —etapa previa a la explotación— y, pese a sus irregularidades, la empresa se jacta de haber obtenido la aprobación del Informe de Impacto Ambiental. Por compartir el proyecto, “BHP pagará a Lundin Mining una contraprestación en efectivo de 690 millones de dólares”, afirma la empresa canadiense en su web.
“Estamos posicionados para crear un distrito minero multigeneracional con importantes sinergias y ahorros de costos a una escala que tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes de su tipo”, expresó Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining sobre la operación combinada de ambos proyectos. Mientras los empresarios festejan el ahorro de costos, con un discurso cercano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró que “el complejo va a estar entre las diez minas de cobre más grandes del mundo y le va a aportar a San Juan, cuando produzca a pleno, 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales”.
Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, Saúl Zeballos no comparte ese optimismo. “Las inversiones son para ellos”, afirma, con la autoridad que le da vivir en un territorio donde la megaminería tiene dos décadas. Refiere que las promesas de construir caminos y ampliar el tendido eléctrico, por ejemplo, son para beneficio y uso de las propias empresas. “Se vende como progreso, pero en 20 años la megaminería en San Juan no ha dejado dinero ni siquiera para repavimentar las rutas que ellos mismos rompen”.
Mientras las ganancias favorecen a las corporaciones, el costo es para las comunidades y en Jáchal saben que el precio es muy alto: el agua. “Si el proyecto Josemaría ya suponía un riesgo impresionante de secar el río Jáchal, con la incorporación de Filo del Sol eso está asegurado”, lamenta Zeballos.
Como a nivel nacional, la megaminería es política de Estado en San Juan: José Luis Gioja, Sergio Uñac y Marcelo Orrego, los últimos gobernadores, estuvieron siempre alineados con los intereses de las grandes empresas multinacionales.

Tragedia minera en Brasil
Diecinueve personas murieron, cientos fueron desterradas, sus casas derribadas, sus cultivos destruidos y sus modos de vida arrasados por el barro tóxico que se derramó y avanzó 650 kilómetros por el río Doce, tras la rotura de un dique de colas en Brasil. Ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en Mariana, Minas Gerais, y tiene como responsable visible a Samarco, la firma encargada de extraer “mineral de hierro” en nombre de BHP y Vale, que “tienen una participación del 50 por ciento cada una”, según informa la primera.
“BHP es un símbolo del desastre, del crimen”, expresa Letícia Oliveira, del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). La empresa representa, dice, “la minería de hierro sin escrúpulos, sin preocuparse por las comunidades, por sus derechos, por el desarrollo de la ciudad y por los derechos de los trabajadores. Esto es lo que significa para cualquiera que viva en Mariana; para mí, que vivo en Mariana”. Y añade que la empresa “sólo busca ganancias y no tiene ningún compromiso con el ambiente, con las personas, no le preocupa el riesgo a que están sometidas estas personas en este entorno”. Y apunta que “sólo le preocupan los beneficios de los accionistas, convencerlos de que inviertan cada vez más en la empresa, incluso intentando ocultarles la información real de lo que la empresa provoca en el territorio donde opera”.
Justamente, días atrás un Juzgado brasileño condenó a la fundación Renova —patrocinada por BHP, Vale y Samarco— por los daños materiales y morales que causó la realización de anuncios de autopromoción sobre el colapso del dique de colas. En la sentencia, el tribunal consideró que la fundación creó una “narrativa de fantasía”, lo cual “demuestra claramente una falta de respeto hacia las víctimas”.
En enero de este año, un Tribunal Federal de Brasil condenó a las empresas por “daños morales colectivos, en razón de la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas” y está previsto que en octubre comience en Reino Unido otro juicio contra estas mismas empresas en una causa que tiene más de 700 mil demandantes afectados por ese crimen socioambiental.

Crímenes de guerra en África
Dos ex ejecutivos de Lundin Oil —que ha mutado su nombre a Orrön Energy y forma parte del grupo Lundin— están siendo juzgados por un Tribunal en Estocolmo (Suecia). Se los acusa de complicidad en crímenes de guerra cometidos en Sudán, entre 1999 y 2003.
“La acusación describe violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que ocurrieron en la zona de operaciones de Lundin en Sudán del Sur y causaron daños indescriptibles, desarraigando a decenas de miles de personas y empobreciendo una gran zona”, afirma la organización holandesa PAX.
Se calcula que 12.000 personas murieron por la violencia desatada en el área concesionada a la empresa. El juicio podría extenderse hasta 2026 y sentaría un precedente, ya que “rara vez las corporaciones internacionales son procesadas por complicidad en violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos”, expresa PAX, que desarrolla el programa Deuda Impaga, para visibilizar los crímenes cometidos en Sudán.

Exprimir los acuíferos
La mina Escondida se encuentra ubicada en la región de Antofagasta, al sur del Salar de Atacama, en el norte de Chile. Desde 1991, se extrae de allí tanto cobre que la ha posicionado como la principal “productora” de este metal en el planeta. La gran beneficiada es BHP, que posee más del 57 por ciento de las acciones.
Aunque se la postula como un modelo a copiar, “al menos dos denuncias reflejan el cuestionado actuar de la empresa”, refiere desde Chile, Javier Arroyo Olea, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
En 2016, organizaciones y funcionarios denunciaron a la empresa por incumplir legislación ambiental y secar un acuífero. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) la demandó formalmente por “daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del Salar de Punta Negra”. En 2021, la empresa llegó a un acuerdo de compensación económica y reparación ambiental con las comunidades.
Aunque la empresa habría dejado de extraer agua subterránea en 2017, otra causa se inició en su contra en 2018. Cuatro años después, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) la multó con 6.660 millones de pesos chilenos “tras acreditar un daño irreparable a las vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama”.
Además, en 2022, la comunidad indígena Atacameños de Peine iniciaron otra causa contra tres proyectos mineros —otra vez la mina Escondida figura entre las denunciadas— por provocar daños irreparables en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, afectar la biodiversidad e impactar negativamente en su sistema de vida. Con la etapa de alegatos concluida en enero de este año, aún aguardan la sentencia.

El agujero “misterioso” de Atacama
“Misterioso” fue el adjetivo más utilizado por los medios de comunicación para referirse a un pozo de más de 30 metros de diámetro y más de 60 metros de profundidad que “apareció” —otra palabra muy utilizada— en Atacama (Chile). Lo cierto es que el socavón sería consecuencia de la actividad minera en Alcaparrosa, donde Lundin posee el 80 por ciento de la propiedad de una mina de cobre. Por esto, el CDE “ingresó una demanda contra la minera Ojos del Salado (filial de Lundin) que apunta a un eventual daño producido en el acuífero del lugar, tras una sobreexplotación de la faena minera”, afirma Arroyo Olea.
Un dato complica a la empresa: “Tenía una proyección indicada de 38.000 toneladas de mineral a extraer, pero extrajo cerca de 138 mil toneladas, más del triple”, explicaron desde la ONG Red Geocientífica de Chile.
Los ríos violentados
“Lundin Mining opera y maneja minas en el norte del país, donde arrastra denuncias que han sido judicializadas”, señala Arroyo Olea. En 2023, la SMA multó a la empresa por el equivalente a nueve millones de dólares debido a infracciones graves en el uso del agua en la mina de cobre Caserones, donde Lundin tiene el 51 por ciento de la propiedad. Los incumplimientos afectaron la calidad de las aguas superficiales y subterráneas en la cuenca de un río.
En la misma región, Lundin opera el complejo minero de cobre Candelaria, que comprende Ojos del Salado. En 2022, la Corte Suprema de Chile sentenció a la empresa por dañar la cuenca del río Copiapó y la obligó a pagar una multa. Pero no fue la única denuncia: éstas se acumulan en expedientes generados por los habitantes de Tierra Amarilla, un pueblo a sólo cinco kilómetros del proyecto. Allí afirman y documentan el agrietamiento de sus viviendas y el polvo en suspensión que están obligados a respirar, que se suman a acusaciones por sobre extraer agua en una región de alta escasez hídrica.
“Estos impactos lo viven recurrentemente comunidades como también la propia naturaleza”, señala Arroyo Olea y agrega que “en el caso de Lundin, refleja una conducta que rompe con los márgenes de la legalidad y favorece la profundización de impactos ambientales y sociales”.

El mito del buen trabajo
A inicios de agosto, el 99 por ciento de las y los trabajadores de la mina Escondida votaron a favor de una huelga. El sindicato justificó la medida en “la extensión de las jornadas de trabajo, pérdida de beneficios tan básicos como alimentación en faena, aumento de las exigencias operacionales, la afectación de trabajadores enfermos y contraindicados”.
No es la primera vez que los trabajadores demandan a la empresa. En 2017, habían denunciado que BHP mantenía los campamentos (donde viven los empleados) de las minas Escondida y Spence en zonas no aptas ambientalmente. Ya en 2001, la autoridad sanitaria habría advertido que se trataba de “zonas saturadas” y, por ende, no cumplía con la normativa de calidad de aire.

Acosos y abusos sexuales
“Es suficiente”, es el nombre de un informe de 2022 que recopila denuncias por acosos y abusos sexuales, sufridos por mujeres que trabajan en el sector minero en Australia, uno de los países tomados como ejemplo por el vocero presidencial en el anuncio de la fusión empresarial. Una de las empresas donde ocurrieron es BHP, que opera varios yacimiento en ese país. El reporte fue elaborado por un comité parlamentario de Australia occidental y derivó en una serie de recomendaciones gubernamentales.
Sin especificar localizaciones de los hechos, la propia firma australiana reconoce que en 2023 la empresa receptó 475 denuncias por acoso sexual en sus instalaciones. Aunque auto-elogia el sistema que permitiría “aumentar la conciencia y promover la denuncia”, son los propios gerentes y líderes de las compañías los encargados de recibirlas.

Sobre modelos y beneficios
En su discurso, Adorni aludió a Australia y Chile como modelos, pero lejos están de ser ideales. “Bajo el manto de ser un ‘país minero´, Chile ha enfrentado fuertes impactos ambientales” que han afectado comunidades y ecosistemas, señala Arroyo Olea. “De igual forma, bajo la idea de trabajo e inversión, los gobiernos chilenos han sido permisivos con las irregularidades y sobreexplotaciones del modelo minero”, agrega.
Aunque Adorni aseguró que BHP no se habría sumado a los proyectos si no fuera por la aprobación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), lo cierto es que aún San Juan no se adhirió y recién lo debatirá en la mitad del mes.
Mientras en Argentina el Gobierno amplía más los beneficios para una actividad mimada, desde Chile, Arroyo Olea objeta algo que también sostienen las Asambleas de Argentina: “Las ganancias del Estado llegan a ser marginales en comparación a las utilidades de las empresas privadas nacionales y transnacionales”. Un negocio redondo para las empresas que, concluye Zeballos desde San Juan: “A nosotros nos hace cada vez más esclavos”.
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COFEMA realizó su Asamblea Extraordinaria n.° 50 de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 12/08/2024
Fuente: Subsecretaria de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


El encuentro llevó adelante una agenda de trabajo que comprendió diversas instancias de concertación vinculadas a la conservación y cuidado de estos ecosistemas, en el marco de la ley de bosques, así como otros temas relacionados con la ley de educación ambiental y la gestión climática.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) dio inicio a la 50va Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos. La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, junto con el presidente del consejo y representante de Misiones, Martín Recaman, llevaron adelante la apertura del encuentro.
En ese marco, Ana Lamas agradeció la presencia de las jurisdicciones y comentó: “Esta casa siempre está abierta para encontrarnos, escuchar sus problemáticas y buscar sus soluciones, que es lo más importante”.
En el encuentro, los integrantes del COFEMA designaron a Recaman como representante ante el Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Bosques Nativos. Luego se llevó a cabo una presentación de las rendiciones de cuentas de las convocatorias hasta 2017. Y se aprobó una resolución para la aprobación y distribución de los fondos de la convocatoria 2024.
Luego, se consensuó la ampliación de dos comisiones: la de Cambio Climático pasó a llamarse Cambio Climático y Aire, y Cuencas Hídricas será Cuencas Hídricas y Ecosistemas Acuáticos. Además se creó una nueva sobre suelo y desertificación.
Además, se discutió la implementación del Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal (SACVEFOR) y el estado de situación de las provincias con respecto a la ley de bosques, sus experiencias y realidades provinciales.
Asimismo, se elevó una propuesta de análisis y planificación estratégica de la ley de educación ambiental integral.
La jornada contó con exposiciones de Cristina Goyenechea, Augusto Paz y Juan Rodrigo Walsh quienes, junto al director de Bosques, Octavio Pérez Pardo, mantuvieron un diálogo y respondieron las inquietudes de las provincias.
Estuvieron presentes los representantes de: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Tucumán, Tierra del Fuego, Santa Fe y Santa Cruz.
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La política ambiental, como eje central del encuentro de la Región Centro en Paraná

Fecha de Publicación: 10/08/2024
Fuente: Canal C
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe - Entre Ríos


Funcionarios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos mantuvieron un encuentro para abordar una agenda de temas de interés recíproco.
Autoridades y equipos ambientales de las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe participaron de una jornada de trabajo para definir líneas estratégicas de acción regional. El encuentro contó con siete reuniones simultáneas estructuradas según los segmentos transversales de trabajo de cada cartera.
En el marco de la Región Centro, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, liderada por Rosa Hojman, organizó el primer encuentro entre las tres provincias. Participaron Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, y Enrique Estevez, ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. Este evento es parte del trabajo conjunto que las tres provincias comenzaron a llevar adelante desde este año.
“Queremos marcar un hito. El ambiente es uno, no hay un límite geográfico, y por eso tenemos que generar políticas en común y compartir experiencias para mejorar la calidad de la producción”, explicó Hojman en la apertura.
“El planeta ya no resiste la mirada que se ha tenido hasta ahora. Se está iniciando un nuevo proceso que requiere mayor atención, cuidado y protección de nuestros recursos naturales”, expresó Flores. Y agregó: “El ambiente no tiene jurisdicciones, límites ni fronteras, por eso es importante generar encuentros como este. Estamos decididos a trabajar por el país que queremos”.
“Los tres gobernadores de nuestras provincias ponen sus energías en enfrentar los problemas, no en disimularlos u ocultarlos. Nosotros debemos proceder de la misma manera para abordar los desafíos que enfrentamos, rompiendo la falsa dicotomía entre producción y ambiente”, afirmó Estevez.
La dinámica de trabajo se centró en siete mesas temáticas, definidas a partir de un criterio compartido entre las tres autoridades jurisdiccionales. La labor se dividió en dos etapas: una inicial, de diálogo e intercambio de experiencias y conocimientos, y una de cierre, donde a partir de los diagnósticos se trabajó en propuestas y lineamientos de acción concretos, compartiendo criterios técnicos, normativos e institucionales.
Las temáticas abordadas fueron las siguientes: Ordenamiento territorial, manejo del fuego, gestión ambiental y control del agua, control y fiscalización, biodiversidad y áreas naturales protegidas, residuos y parques de economía circular, y cambio climático. El compromiso de las carteras ambientales es generar agendas comunes en cada uno de estos ejes, traducidas en contactos y encuentros de seguimiento, para armonizar los criterios de trabajo en cada provincia.
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Un límite supremo a la contaminación del mar

Fecha de Publicación: 10/08/2024
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


El Máximo Tribunal desestimó los planteos de siete empresarios titulares de una empresa que fue denunciada por contaminación en Mar del Plata. La causa se inició en 2016, tras comprobarse el derrame de líquidos por desagües de manera directa a la playa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los planteos presentados por los directivos de una fábrica de harina de pescado acusados por contaminar la playa pública del puerto de Mar del Plata.
Se trata de Juan Carlos D’Amico, Vicente Galeano, Cayetano Sebastián Agliano, Jorge Antonio Boccanfuso, Salvador Pennisi, Crescencio Jorge Di Scala y Rubén Darío Buckhard, a quienes se le imputa en calidad de coautores el vertido de sustancias tóxicas desde las instalaciones de la fábrica de harina de pescado de la firma Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria LTDA (Coomarpes), a través del desagüe pluvial ubicado en la playa pública del puerto, con afectación a la salud de los bañistas.
El 15 de noviembre de 2021, el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 1 rechazó el planteo de prescripción de la acción civil presentado por los directivos demandados, con fundamento en que la actividad contaminante fue prolongada en el tiempo. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó esa decisión.
Ante ello, las defensas de los imputados interpusieron los respectivos recursos extraordinarios contra ambas decisiones, que fueron declarados inadmisibles.
Finalmente, tras la presentación de los recursos de queja, el caso llegó al Máximo Tribunal que, con la firma de los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó todos los planteos.
La causa se inició en febrero de 2016 ante una denuncia de contaminación en las playas del puerto local cuando un grupo de inspectores de Obras Sanitarias comprobó que un líquido de color oscuro y un elevado olor a putrefacción se vertían desde un desagüe pluvial, y el seguimiento de la desembocadura los llevó hasta las instalaciones de la empresa.
El caso fue impulsado por el fiscal general Daniel Adler y luego de cinco años de investigación, del análisis de numerosas muestras que indicaron la habitualidad en el accionar de la empresa y de oír los estudios realizados por especialistas en la materia, y de un frustrado intento de solución alternativa, el representante del Ministerio Público Fiscal acusó a los siete directivos de la empresa por infracción a los artículos 55 y 57 de la ley 24.051 -de Residuos Peligrosos- y presentó el requerimiento de elevación a juicio.
“Nos encontramos ante un claro acto contaminante del agua de la playa del puerto de Mar del Plata por la presencia de altos valores de sustancias infecciosas como son los Coliformes Fecales, de los parámetros de la Demanda Química de Oxigeno, de la concentración de nitritos y de sulfuro, todos ellos en el efluente industrial que provino de la fábrica de harina de pescado de la firma Coomarpes el cual, al rebalsar el sistema de red cloacal, pasó el vertido hacia el sistema de red pluvial, a través de sus bocas de tormenta, que en la ciudad de Mar del Plata desembocan en el mar”, explicó el fiscal oportunamente.
A su vez, sostuvo en que el accionar empresarial demostró “una habitualidad en el vertido de desechos líquidos cuyos componentes superan siempre los valores guía impuestos por la legislación ambiental y así lo demuestran las muestras extraídas en diferentes oportunidades”.
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Tráfico ilegal de fauna: encontraron patas de elefante y cueros de animales en trece allanamientos simultáneos

Fecha de Publicación: 09/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación realizó, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA) y en articulación con autoridades judiciales y de seguridad, un enorme operativo contra la tenencia y tráfico ilegal de fauna silvestre, que tuvo como resultado el hallazgo de extremidades de elefantes, cueros de diversos animales, cráneos y taxidermias, entre otros elementos, y la detención de cuatro personas.
El operativo consistió en 13 allanamientos simultáneos en Santiago del Estero, en CABA y en la provincia de Buenos Aires, donde se encontraron orejas y patas de elefantes, un cuero de yaguareté, cueros de ciervos, antílopes y gato montés, cráneos y astas, más de veinte taxidermias, incluida la de un elefante, más de tres mil trofeos de caza, más de treinta y cinco armas de fuego y miles de municiones, nueve vehículos, dos motocicletas, soportes electrónicos y documentación relevante para la causa.
Uno de los allanamientos tuvo lugar en Dolores, donde se secuestraron 467 productos y subproductos de diversas especies de fauna silvestre, entre ellos dos patas de elefantes mutiladas que servían para sostener el vidrio de una mesa ratona y una alfombra de cuero animal con rayas blancas y negras.
En otros allanamientos que se hicieron en domicilios particulares y depósitos de la provincia de Buenos Aires y CABA, en tanto, se secuestraron miles de trofeos de caza, documentación relevante y decenas de armas. Según algunas imágenes que difundieron las autoridades, en una estancia se hallaron ocho rifles de caza, cajas con municiones y cientos de “botines” animales. En otra de las fotografías se ve el patio de una suerte de depósito con palets con astas y cuernos de ciervos y antílopes.
El total incautado de tres mil trofeos de cazas, decenas de armas y miles de municiones se presume que oscilaría alrededor de los cincuenta millones de dólares.
Por otro lado, en los allanamientos en Santiago del Estero encontraron un campo utilizado para la caza, donde las autoridades rescataron a un puma en cautiverio y a tres pecaríes, que fueron trasladados a una reserva de la Dirección de Fauna de la provincia para su liberación. Además, en un domicilio particular se hallaron 23 taxidermias, incluyendo la de un elefante que colgaba como decoración de una de las paredes de la vivienda.
Como resultado de los allanamientos, cuatro personas quedaron detenidas y otras tres permanecen prófugas con orden de detención.
Los allanamientos se realizaron a través de un trabajo conjunto con el juzgado criminal y correccional Federal de Lomas de Zamora N° 2, bajo la dirección de Ernesto Kreplak.

Más Información:

La Nación - Por primera vez: detuvieron a cuatro hombres por caza ilegal de animales en peligro de extinción y tenencia ilícita de armas
A raíz de una nota publicada en LA NACIÓN, fue recientemente desarchivada una causa que había comenzado en 2018 vinculada a cotos ilegales de caza en distintos lugares del país. Debido al aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras que impuso la pandemia de Covid-19, la actividad judicial se suspendió forzosamente. Así, en 2022 se pidió el archivo provisorio del expediente hasta que hubiese nueva información. Eso sucedió en enero pasado, cuando a partir del mencionado artículo periodístico y de dos denuncias presentadas en la Subsecretaría de Ambiente de la Nación por dos ONG, la causa volvió a abrirse.
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Ingresó a Legislatura el pedido de adhesión al RIGI

Fecha de Publicación: 09/08/2024
Fuente: Canal 12
Provincia/Región: Chubut


Este martes se envió el proyecto para que sea tratado por los diputados; deja expreso que la minería metalífera seguirá sin permitirse en Chubut y que sigue vigente la Ley 5001.
En la tarde de este martes tomó ingreso formal a la Legislatura del Chubut el proyecto de Ley 175/24 enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se impulsa la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que fuera aprobado por el Congreso de la Nación.
La iniciativa, y ante toda especulación al respecto, deja expresamente aclaro que la adhesión al RIGE excluye cualquier posibilidad de avanzar con la actividad minera metalífera en el territorio provincial y que sigue prohibida con la vigencia de la Ley Provincial 5001.  
Se espera que el proyecto enviado por el Ejecutivo tome estado parlamentario en la próxima sesión legislativa, suscitando el debate correspondiente. Sin embargo, desestimada cualquier posibilidad de habilitar la actividad minera metalífera se estima que tendrá acompañamiento al menos mayoritario. Tanto diputados del oficialismo como de la oposición reconocieron que Chubut necesita inversiones importantes y que esta puede ser una herramienta para tal fin.

El proyecto
El proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura consta de cinco artículos:
▪️ Artículo 1° Adherir al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)” que establece la Ley Nacional N° 27.742, en su Título VII, Capítulo I, artículos del 164 a 228, inclusive.
▪️ Artículo 2° “Excluir de la adhesión dispuesta en el artículo 1° las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII N° 68”.
▪️ Artículo 3° “El Ministerio de Producción o el organismo que institucionalmente lo reemplace, será la autoridad de aplicación en todo lo atinente a las competencias correspondientes a la Provincia del Chubut para la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.
▪️ Artículo 4° “Invitar a los Municipios a adherir al Título VII, Capitulo I, artículos del 164 al 228 de la Ley Nacional No 27.742 y a la presente ley”.
▪️ Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Los fundamentos para adherir al RIGI
En cuanto a los fundamentos presentado por el Gobierno de Chubut para que tenga acompañamiento de los diputados la adhesión al RIGI, se plante que ese sistema “constituye un mecanismo para promover inversiones del sector privado de gran escala en sectores estratégicos de la economía, con la finalidad de revertir la falta de crecimiento y desarrollo de nuestro país”.
 “El ingreso per cápita de la Argentina lleva años de estancamiento y uno de los principales factores que ha provocado ese resultado está dado por la falta de inversión privada”, se indica en el proyecto.
“La Argentina ha venido perdiendo densidad empresarial y ello ha repercutido en una dificultad creciente para crear empleo en el sector privado. Está claro que sin inversiones privadas en la economía real y sin empresas no será posible crear puestos de trabajo de calidad y buena remuneración”.
“No podemos seguir un camino en cual el PBI no crece en la misma proporción que la población y en el cual la única respuesta de la dirigencia política ha sido hasta acá multiplicar de modo exponencial el empleo público y los programas de asistencia social”, se esgrime en los fundamentos.
Más adelante se indica: “Debemos apostar al desarrollo y para ello hay que facilitar las inversiones privadas tal como lo viene haciendo este Gobierno provincial con las iniciativas de promoción de las inversiones turísticas y de la industria naval. Solo así podrá respetarse la dignidad de las personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo para forjar su propio destino sin depender de ningún tipo de favor político”.
Se argumenta la necesidad de “revertir los escandalosos e inaceptables indicadores de pobreza que hoy existen en nuestro país y que dan lugar a una situación inexplicable para un país con el potencial y la historia de la Argentina”.
Es por ello que, “el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones se presenta como una herramienta que va en el mismo sentido que propicia este gobierno Provincial, en este caso para las inversiones de gran escala en sectores estratégicos, en muchos de los cuales la Provincia del Chubut tiene ventajas comparativas y competitivas indiscutibles, tal el caso del petróleo, gas, energía, forestoindustria, turismo e infraestructura”.
 “La necesidad de tratar la adhesión a la que invita el artículo 224 de la ley Nacional N°27.742 no puede ser postergada ya que el régimen tiene un plazo de vigencia acotado a dos años contados a partir de su entrada en vigencia”, indica el texto.
En la parte final señala: “Convencido entonces de que debemos propiciar y sostener todos aquellos instrumentos legales que propendan a engrandecer y desarrollar nuestra provincia pongo a consideración de esa Honorable Cámara el adjunto proyecto de ley”.
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Indignación en Santa Fe por turistas de Estados Unidos que cazaron decenas aves autóctonas y mostraron las fotos en redes sociales

Fecha de Publicación: 08/08/2024
Fuente: Santa Fe
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de cazadores estadounidenses desató la indignación en San Javier, Santa Fe, por matar a decenas de patos de collar y cuturíes, especies autóctonas y protegidas por la ley provincial, y luego publicar las imágenes en las redes sociales.
Si bien la caza organizada por el coto MGW Outfitters ocurrió a fines de junio, el hecho tomó estado público recientemente tras la difusión del caso por parte del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), una ONG de Entre Ríos, que recibió información de lo sucedido mediante un guardafauna local, según indicaron medios periodísticos de esa provincia.
Hasta el momento de la denuncia, las publicaciones de la organización MGW Outfitters, que siguen vigentes hasta hoy, habían pasado inadvertidas. Allí se ve, tanto en Facebook como Instagram, a los participantes que posan junto a las aves asesinadas, incluso formando las siglas del coto con los especímenes cazados.
En Santa Fe, la actividad está regulada por la Resolución 129/2024, que permite la caza de tres especies específicas de patos: sirirí, sirirí pampa y crestón, del 1 de mayo al 31 de julio, con un límite de seis ejemplares por especie y un máximo de 12 en total. Sin embargo, los cazadores ilegales estadounidenses superaron ampliamente estos límites.
Gabriel Bonomi, representante de Ceydas, criticó duramente tanto a los cazadores como a las autoridades provinciales. "La responsabilidad no es solo del coto, que está cazando ilegalmente. La gran responsabilidad cae en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que autoriza algo que de antemano sabe que no tiene la capacidad para controlar", señaló el dirigente a La Capital.
Según Bonomi, la caza de estas aves no solo es ilegal, sino que también tiene un impacto ecológico significativo. "Las aves cazadas no son plagas, no son exóticas, ni tampoco abundantes. Son muy importantes para el ecosistema por su carácter migratorio. Al ser migratorias, la importancia ecológica se potencia porque en sus plumas, en sus picos y en sus patas llevan a lo largo de toda su ruta migratoria huevos de peces y semillas de plantas acuáticas y las dispersan", completó.
Este no es el primer caso de caza ilegal en la región. En una operación reciente en Santa Fe, un conocido operador cinegético y dos ciudadanos franceses fueron detenidos con casi un centenar de patos y equipo de caza prohibido. En enero, Gendarmería decomisó 99 patos crestones durante un control vehicular cerca de Los Amores.
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Amenazan con denuncias si se aprueba el nuevo OTBN tal como está

Fecha de Publicación: 08/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El mapa indica qué bosques se pueden desmontar y cuáles no. Pero debe pasar por la Legislatura.
Ante la inminente llegada del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a la Legislatura provincial, distintas organizaciones de la sociedad civil afirmaron que el actual mapa va en contra de los principios que rigen la Ley de Bosques para la defensa del ambiente. Entre los firmantes, adhieren la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, la Fundación entre Mujeres y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Del otro lado, a título personal, uno de los técnicos que participó de la elaboración del informe del nuevo OTBN respondió a los cuestionamientos, y esta nota pretende poder reflejar ambas posiciones.
En un escrito elevado al gobernador Gustavo Sáenz, las organizaciones afirmaron que el mapa propuesto extiende la posibilidad de desmontar 721.568 hectáreas. Sumaron que el desmonte de áreas que fueron recategorizadas (que en el mapa anterior habían sido catalogadas como lugares donde no se podía desmontar, pero el gobierno autorizó su deforestación con decretos que infrigieron la ley) generó una situación en la que los responsables de esa deforestación quedan en impunidad premiando así “conductas ilegales y de mala fe, de modo desigualitario y contrario a derecho”.
Afirmaron que las hectáreas desmontadas con esta estrategia podrían quedar como de “bajo valor de conservación”. Es decir que quedarían en la categoría 3 o verde en el OTBN. El mapa define la categoría 1 con el color rojo, de alto valor de conservación, y la 2 con el amarillo (con un grado de conservación menor al rojo pero que tampoco permite el desmonte), mientras que la categoría 3, verde, es para las áreas donde se puede desmontar.
Las organizaciones también criticaron que se haya instaurado una categoría marrón en el nuevo OTBN de la provincia, la cual permite que un posible desmonte se haga en las zonas que comparten el amarillo y verde, con un límite equis de hectáreas a desmontar. “La categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques”, advirtieron en la carta.
Por último, cuestionaron la metodología de participación para trazar el nuevo mapa dado que sostuvieron “el procedimiento” fue “llevado a cabo de manera irregular, sin seguir los pasos establecidos por la Ley”. Entre otras falencias, señalaron que se dejó sin participación a organizaciones territoriales y comunidades originarias.
“En caso de avanzarse en el proceso del modo en que se lo viene haciendo, formulamos expresa reserva de presentar las denuncias correspondientes como de ejercitar la Acción Popular de Inconstitucionalidad prevista por el artículo 92 de la Constitución de Salta”, avisaron finalmente.

La respuesta de un técnico
Lucas Seghezzo, integrante del Consejo Técnico Asesor a cargo del informe y la metodología propuesta en el nuevo OTBN, respondió a título personal a las diversas críticas. “La participación pública estuvo siempre promovida”, afirmó en un escrito que hizo llegar a Salta/12.
Al comparar con el OTBN vigente actualmente (que se aprobó en 2009 y sigue en vigencia pese a que venció en 2014), sostuvo que en el nuevo mapa propuesto se redujo “el área potencial de verde (Categoría III, bajo valor de conservación)”, y se aumentó el área roja. “El área de zonas verdes del nuevo mapa propuesto representa sólo el 9,57 por ciento de la superficie total de bosques nativos de la provincia de Salta. Esta es la máxima superficie desmontable a futuro, lo cual no implica necesariamente que deba ser desmontada de manera obligatoria”, indicó.
Respecto de las áreas que fueron recategorizadas, afirmó que “cualquiera sea el resultado de las acciones administrativas o judiciales en curso, el nuevo mapa propuesto resta las tierras desmontadas de manera ilegal o irregular de las áreas verdes propuestas, lo cual es la mejor manera de evitar su legitimación o convalidación actual o futura. O sea que, en el peor de los casos, estos desmontes ilegales o irregulares no agregarán áreas verdes por encima de las técnicamente viables”.
Al responder sobre el agreado del color marrón, explicó que el “área transitoria denominada Área de Producción y Conservación (APC)", si bien no está incluida en la ley nacional, tampoco está explícitamente prohibido “establecer mecanismos adecuados para optimizar la distribución de zonas verdes si eso redunda en beneficios ambientales, sociales o productivos”, por lo que sostuvo, entienden que el área definida permitirá un “avance significativo”, en la planificación y gestión de bosques”.
“Es importante destacar que todas las zonas en las que existe información fehaciente de la presencia de especies amenazadas u otros valores biológicos sobresalientes ya fueron clasificadas como rojas, algo que no se había hecho con el mismo detalle y la misma precisión en el mapa anterior”, afirmó.
“Esta falsedad roza la difamación”, afirmó asimismo al responder que no es cierto que no se haya dado participación a campesinos e indígenas, dado que hubo talleres participativos en donde interactuaron referentes de las comunidades. Afirmó que incluso se revaloriza su participación ante la presentación de cualquier proyecto productivo.
“Las críticas de cualquier organización o institución interesada en la protección de los bosques nativos son siempre bienvenidas. Sin embargo, la nota presentada contiene errores, inconsistencias y preconceptos que pueden atribuirse a una lectura superficial o descontextualizada del Informe Final del Equipo Técnico”, aseguró Seghezzo. Sumó a sus consideraciones que rechazar un mapa que es innovador e inclusivo, posibilita que se siga aceptando un OTBN “mal hecho y obsoleto” (el trazado en 2009), que “sólo beneficia a un número pequeño de grandes productores y perjudica al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que viven y trabajan en los bosques nativos”.
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Los negocios agropecuarios arrasan el segundo pulmón verde de Sudamérica

Fecha de Publicación: 07/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los bosques del Gran Chaco Americano son el segundo pulmón verde de Sudamérica, después de la Amazonia, pero lejos de ser un área protegida, la tala y el desmonte avanzan sin pausa, lo mismo que la depredación de cazadores a especies en extinción, como el asesinato de uno de los cinco yaguaretés que quedaron en Formosa.
La amplia región comprende territorios de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay y reúne 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país.
La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día.
Representa un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales.
La deforestación se debe en gran medida por el avance de la industria agropecuaria, que busca expandir su frontera para criar ganado y sembrar soja. Estos desmontes se realizan de manera irregular y no hay suficientes controles ni multas para quienes lo hagan, por lo que las provincias de Chaco y Santiago del Estero son las más perjudicadas.
La situación es más adversa en la actualidad con la reciente flexibilización de la normativa que protege a los bosques.

Deforestación en alza
Para la ONG, entre enero y junio pasados la deforestación alcanzó a 27.148 hectáreas en la provincia del Chaco; 21.047 hectáreas en Santiago del Estero; otras 7.162 hectáreas en Formosa y 4.200 más en Salta.
“Entre 1998 y 2022, en toda la Argentina se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques”, explicó a El País de España, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. De ese total, el 75% de la deforestación argentina se concentra en la región chaqueña, destacó.
“En un contexto de crisis climática, esto tiene un impacto muy grave en la biodiversidad. Hay especies que pueden desaparecer. En este momento quedan 20 ejemplares de yaguareté en el Gran Chaco”, alertó.
“La deforestación provoca inundaciones y también sequías. Un proceso paralelo al desmonte es el desalojo de comunidades de campesinos y pueblos originarios, lo que termina generando conflictos violentos”.
Ante esta situación de emergencia, Gardini pidió políticas gubernamentales de cuidado, ya que a los productores agropecuarios les conviene deforestar irregularmente y ampliar la frontera productiva: con las ganancias que obtienen por exportaciones, la multa representa un gasto mínimo.
Señaló que la mayoría de estos desmontes son ilegales porque violan los ordenamientos territoriales de bosque nativo (OTBN) que confeccionó cada provincia, según lo estableció en 2007 la Ley Nacional de Bosques.
Estos ordenamientos son normas provinciales que zonifican los bosques existentes con un criterio de preservación y —según la ley nacional— son la herramienta que debe regular el avance de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo.
Ante el incumplimiento, Giardini explica: “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad”.
En Chaco, enfatizaron desde la organización socioambiental, todos los desmontes registrados este año se realizaron en absoluta irregularidad.
Este abril, en la provincia que más deforestación registró en lo que va del año, se sancionó un nuevo OTBN que viola los principios de no regresión en materia de protección ambiental.
En los hechos, permite el desmonte de más de un millón de hectáreas, correspondientes al último reservorio de bosque nativo del país, poniendo en riesgo a especies como el yaguareté.
Por estos sucesos, en mayo Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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“Minería responsable”: el proyecto de un opositor para supervisar la actividad

Fecha de Publicación: 07/08/2024
Fuente: Diario NDI
Provincia/Región: Mendoza


El diputado del PJ, Gustavo Perret, presentó un proyecto mediante el cual apunta a crear un registro de ambientalistas para supervisar la actividad minera en Mendoza. El objetivo de esto “es defender los intereses y recursos naturales de nuestra provincia”, señala la iniciativa.
Los equipos que se conformen deberán tener participación dentro de las empresas mineras que realicen la actividad en Mendoza. Además, se exigirá que ninguno de los ambientalistas tengan vínculos familiares con la empresa.
Con esto Perret, apunta a lograr una “minería responsable” en la Provincia. Esto se da tras los cambios en el Código Minero que aprobó tiempo atrás la Legislatura.
“Que, en este contexto, la creación de un registro de ambientalistas profesionales para la supervisión de la actividad minera es esencial para asegurar una explotación sostenible de los recursos y proteger el medio ambiente”, señala el legislador en los argumentos del proyecto.
Además, hace mención a las consecuencias ambientales que puede traer la  controles estatales adecuados y confiables exponiendo a las comunidades a convivir con materiales tóxicos.
“Que, implementar auditorías externas e independientes de los procesos de inspección para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas puede asegurar que los informes y resultados de las inspecciones sean accesibles al público para aumentar la transparencia y la confianza de la ciudadanía, en el proceso”, añade entre los argumentos.
Tareas que cumplirán los ambientalistas profesionales que formen parte del registro:
- Monitorear y evaluar los impactos ambientales de las operaciones mineras de manera continua.
- Implementar medidas correctivas y de mitigación cuando se identifiquen riesgos o daños.  Asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales locales, nacionales e internacionales.  Verificar que las prácticas mineras cumplan con las leyes y regulaciones vigentes.  
- Realizar auditorías ambientales periódicas para asegurar el cumplimiento constante.  
- Promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión minera
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Proyecto GNL: un Obispo de Chubut advierte sobre consecuencias ambientales y los peligros para la fauna

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Es el primer pronunciamiento de la Iglesia sobre el emprendimiento. Se trata de Roberto Álvarez, obispo de Rawson. El impacto sobre ballenas, pingüinos y buceo. Su perfil.    
El Obispo de Rawson Roberto Álvarez envió una nota a todos los poderes del Estado, incluido el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres manifestando su preocupación por la instalación de la planta de GNL en Sierra Grande, siendo el primer pronunciamiento de la Iglesia en cuanto al mega emprendimiento que se realizará en Río Negro.
Álvarez cuestiona el impacto ambiental que podría tener dicha obra para dos provincias que comparten grandes espacios de diversidad bilógica marina.
Y aclara: “El único objetivo es ayudar a los poderes del estado provincial a preguntarse sobre la responsabilidad que les compete en el debate de este asunto tan delicado para el medioambiente y si este llegara a tener consecuencias para aquello que compromete en algo a nuestro territorio provincial su necesaria intervención. En ninguna de mis formulaciones-continúa- intento asentar posturas científicas y tampoco me mueve ningún posicionamiento ideológico”.
Y agrega: “Es sólo mi preocupación ciudadana a la que se le suma la carga de ser Obispo que tiene oficio pastoral sobre esa zona de la provincia de Chubut”.
Álvarez es conocido como “Chobi” y se dice que es gran contador de chistes. Le dicen “el obispo de la alegría”, tiene una gran comunicación con los jóvenes y buena relación con el gobernador Torres.
Dice en su nota el obispo (también enviada a los diputados y a todo el Poder Judicial con un pormenorizado informe sobre cantidad de barcos, metros cúbicos de petróleo, etc.) que: “tras realizar un pormenorizado detalle informativo sobre los alcances del proyecto pareciera que fuera un asunto que corresponde sólo a la jurisdicción de la Provincia de Río Negro, que para poder dar curso a este emprendimiento ha tenido que modificar la ley 3308 de 1995 que en su artículo 1º sostenía la prohibición de la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que los transporten en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrinos. No sé si es suficiente con que la legislatura de esa provincia haya modificado una ley o si su Tribunal Superior haya considerado improcedentes instancias superiores a sí mismo. También desconozco a cuál de los poderes del Estado le compete estudiar si lo proyectado no podría generar daños irreparables y atentar contra el artículo 99 de nuestra constitución que señala: “El Estado ejerce el dominio originario y eminente sobre los recursos naturales renovables y no renovables, migratorios o no, que se encuentran en su territorio y su mar, ejerciendo el control ambiental sobre ellos. Promueve el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo, conservación, restauración o sustitución”.
“Sucede que compartimos con la provincia colindante este golfo, que aunque en menor proporción, también sus aguas bañan nuestras costas y el golfo San José. Muchos de los estudios que me han alcanzado afirman que las características geomorfológicas y oceanográficas, determinan que los golfos San Matías y Nuevo funcionen como ecosistemas subordinados al mar epicontinental adyacente y el golfo San José como un ecosistema subordinado al Golfo San Matías. Entonces es pertinente preguntarnos si no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y otros que compartimos con ellos, incluso si incidiría en la Península de Valdés que es considerada Patrimonio de la Humanidad…»
Y luego se pregunta: «¿Están Uds seguros que no incidirá en el asentamiento del Pingüino de Magallanes que es tan vulnerable a los derramamientos de petróleo? ¿Y en la repoblación de la ballena Franca Austral, antes diezmada por la caza y que ha elegido el golfo para reproducirse? ¿Qué sucederá con las principales actividades económicas de las comunidades locales, como son las pesquerías artesanales, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistaje de fauna marina, si el tráfico de barcos cambia los hábitos de las especies o los derrames se suceden? Sólo puedo hacer preguntas, no me compete dar respuestas, porque ni por conocimiento ni por oficio estoy habilitado. En mi calidad de ciudadano y por amor a esta tierra de adopción a la que amo, es que escribo estas líneas; que sólo quieren ser un aporte al debate democrático canalizado a través de esta forma de gobierno representativa donde el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. También me dirijo al ámbito judicial sintiéndome interpelado por lo que señala nuestra constitución provincial en su artículo 111: “Todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente.”
Si no canalizara esta duda que nos inquieta a muchos, si quedara en el ámbito privado de la duda o los comentarios suspicaces, en nada contribuiríamos y estoy seguro que Dios y la Patria nos lo demandarían, finaliza.

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Planta de GNL en Punta Colorada: ¿qué impacto ambiental podría traer?

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Río Negro


"No tenemos que olvidarnos que la Península de Valdés es patrimonio de la humanidad", señaló la periodista ambiental Gabriela Vizental en su columna semanal en la 750.
En su columna semanal en La García, la periodista ambiental Gabriela Vizental enumeró los posibles peligros que traería la instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF en en la ciudad rionegrina de Punta Colorada.
Vizental recordó que el área "estuvo protegida por la ley 3.308 durante más de 20 años", que en su primer artículo prohíbe la instalación de oleoductos, gasoductos o cualquier ducto que transporte hidrocarburo o sus derivados y haya terminales de carga y descarga de hidrocarburos el Golfo San Matías o en cualquier lugar en el mar territorial de la provincia".
"En 2022 modificaron esta ley entre gallos y medianoche, a través de un tratamiento express sin consulta previa, para que esto sucediera", agregó.
"La fundación Ambiente y Recursos Naturales presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de queja con respecto a los impactos ambientales y la Corte se tiene que expedir o conceder una medida cautelar", agregó.
"No tenemos que olvidarnos que la Península de Valdés es patrimonio de la humanidad. No cabe ninguna duda de que va a haber un impacto en toda la fauna que está en ese lugar y sobre todo en un recurso tan importante como es la merluza", concluyó.
Directivos de YPF hicieron trascender que la planta de Gas Natural Licuado no se instalaría en la localidad bonaerense de Bahía Blanca sino en la ciudad rionegrina de Punta Colorada.
Sin comunicación oficial, el dato trascendió desde fuentes de la petrolera estatal sin un respaldo, al menos público, de la multinacional Petronas, socia del proyecto que contempla una inversión superior a los 30 mil millones de dólares que podría convertirse en la más grande de la historia para la República Argentina.
La instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca fue oficializada y se firmó el 1 de septiembre de 2022, pero la presión política del Presidente Javier Milei terminó empujando al directorio de la petrolera estatal para definir su traslado a Punta Colorada, en el distrito donde gobierna Alberto Weretilneck, el primer gobernador en adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que todavía no está vigente porque nunca fue reglamentado.
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