Nuevos (y viejos) debates alrededor de la minería del cobre

Fecha de Publicación: 09/07/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La demanda de cobre seguirá en aumento en las próximas décadas. Argentina corre desde atrás en el sector pero hay varios proyectos con distinto grado de avance. El impacto socioambiental y la discusión sobre el "cobre verde".
La Cordillera de los Andes es una de las regiones con mayor concentración de depósitos minerales del mundo, abarcando el sur de Perú, el norte de Chile, y noroeste y centro-oeste de Argentina. Ello incluye el cobre, un mineral de cada vez mayor demanda por la transición energética.
Mientras que Chile y Perú se han convertido en dos de los principales productores de cobre, Argentina no ha desarrollado el sector y actualmente no tiene ninguna mina en operación. La última, Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, cerró en 2018.
El desarrollo de una mina de cobre requiere de inversiones de miles de millones de dólares que hasta ahora no han ocurrido en Argentina. Además, la industria es cuestionada por organizaciones sociales y ambientales debido al potencial de contaminación, disputas sobre el uso del agua y otros conflictos en las zonas que rodean las minas.
El desarrollo del sector del cobre en Argentina es una de las principales apuestas del gobierno de Javier Milei, que busca relajar la normativa medioambiental en un intento de fomentar la inversión y la extracción. La reciente aprobación de la Ley Bases podría suponer una amplia desregulación en esta materia.
Según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), para 2031 Argentina pasaría a convertirse en el sexto productor de cobre más importante del mundo con un promedio anual de exportación en torno a los 8.440 millones de dólares. Para ello, ya existen ocho proyectos en etapa de exploración avanzada. Con el desarrollo de al menos tres, la minería se convertiría en en el tercer complejo exportador argentino, sostiene Victor Delbuono, investigador en el think-tank argentino Fundar. “Esto permitiría balancear un desarrollo históricamente centrado en el sector agropecuario y dinamizar otras zonas donde existen pocas alternativas”, agrega.

Transición energética
El cobre, un conductor eléctrico, es uno de los minerales críticos ―junto con el litio, el cobalto y el níquel, entre muchos otros― para la transición energética. Se utiliza en la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, turbinas eólicas y las redes eléctricas que conectan las fuentes renovables a los hogares y las empresas.
De acuerdo con un informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la demanda del cobre se incrementaría en un 40 por ciento en las próximas dos décadas si se cumplen las metas del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados centígrados.
Un auto eléctrico cuadriplica las necesidades de cobre respecto a los vehículos convencionales, mientras que la instalación prevista de energía solar supondría triplicar la demanda de cobre del sector solar. Además, las mejoras de las redes de transmisión que serán necesarias para apoyar la expansión de las energías renovables supondría duplicar la demanda de cobre que se observa actualmente para estas infraestructuras.
En consecuencia, este escenario pone en tensión la capacidad de suministro del cobre y eleva las perspectivas de su costo. Los precios superaron los 11.000 dólares por tonelada en mayo, alcanzando máximos históricos, y se prevé que alcancen los 12.000 dólares por tonelada en 2025, según un informe de Citibank publicado en diciembre.
La producción mundial de cobre es liderada por Chile, con un 24 por ciento del total en 2022, seguido por Perú y la República Democrática del Congo, con un 10 por ciento cada uno. Las proyecciones de CAEM prevén que Argentina ocupe el 5 por ciento del total del total de la producción mundial en 2031.
Las proyecciones de demanda a futuro son todavía más desafiantes y calculan que, en 2050, la misma aumentará un 142 por ciento. Eso supone una producción adicional de 40 millones de toneladas, equivalente a más de siete veces del volumen total de Chile, principal productor del mundo.
“En teoría, los precios más altos deberían fomentar la aprobación de proyectos y una mayor oferta. Sin embargo, las condiciones para ejecutar proyectos son desafiantes, con obstáculos políticos, sociales y ambientales más altos que nunca”, afirma Eleni Joannides, directora de investigación de Wood Mackenzie. El problema es que, del descubrimiento a la puesta en marcha, cada proyecto requiere, en promedio, de 16 años.

Proyectos en Argentina
El primer proyecto en entrar en producción sería Josemaría en la provincia de San Juan, que se encuentra en etapa de preconstrucción y pertenece al Grupo Lundin. La empresa estadounidense aspira a ponerlo en marcha entre 2026 y 2027, lo que, se estima, demandará entre 4 y 5 mil millones de dólares. La mina tendría una vida útil de 19 años, en los cuales se exportarían unos 1.100 millones de dólares anuales.
Otro de los proyectos que está avanzado es la mina Los Azules, de la empresa canadiense Mc Ewen Copper, también en San Juan. Aquí, la inversión requerida gira en torno a la mitad de Josemaría, a pesar de tener una expectativa de producción de 10.000 toneladas más de cobre al año y ocho años más de vida útil. Principalmente, esto se debe al uso de un método de producción menos intensivo en energía y por menores costos logísticos gracias a su ubicación.
“Estamos ubicados en un lugar estratégico, a muy pocos kilómetros de la red eléctrica y a una altitud relativamente baja comparado con el promedio de la región. Cuando entremos en producción, Los Azules podría representar alrededor del 35 por ciento del producto bruto de toda la provincia de San Juan”, indica el presidente de la firma, Michael Meding.
El listado se completa con El Pachón, Filo del Sol y Altar, también en la provincia de San Juan; Taca-Taca en Salta; Mara en Catamarca; y San Jorge en Mendoza. Todos estos proyectos se encuentran en distintas fases de desarrollo.
Las dificultades económicas de Argentina y la actual incertidumbre en torno a la legislación nacional suponen un reto para el sector, según declaró a Dialogue Earth el ministro de Minería de la provincia de San Juan, Juan Pablo Perea: “Los factores macroeconómicos del país y sus políticas regulatorias deben brindar un marco de previsibilidad y competitividad para atraer las inversiones necesarias”.

Preocupaciones ambientales
Los glaciares y el ambiente periglaciar representan el 70 por ciento del agua dulce de Argentina. La Ley de Glaciares argentina estipula que el pozo ―denominado pit― creado por el proceso de voladura y excavación para la extracción de cobre no puede estar en un entorno periglaciar, es decir, una zona situada en el borde de un glaciar con suelos a menudo congelados, que actúa como regulador del agua. La ONG medioambiental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha denunciado que la mina a cielo abierto de Josemaría estaría incumpliendo con ese requerimiento.
“En base a la información provista por la Evaluación de Impacto Ambiental y de acuerdo a informes técnicos independientes, la mina a cielo abierto podría cortar un glaciar de escombros, y una de las escombreras estaría ubicada en un área con probabilidad de ocurrencia de permafrost (área de ambiente periglacial)”, sostuvo FARN en un comunicado.
Si bien para Perea “los glaciares no se pueden tocar” al estar protegidos por la Ley de Glaciares, la misma ya se intentó modificar, sin éxito, por el gobierno de Milei para permitir la minería en las áreas periglaciares.
La otra gran preocupación de la minería del cobre pasa por el consumo de agua. Desde FARN ponen el ejemplo de La Alumbrera, la última mina de cobre en el país, como caso testigo. “Llegó a consumir más de 25 mil millones de litros anuales. Esto equivale al 34 por ciento de lo que consumen todos los habitantes de la provincia de Catamarca. El impacto se ha reflejado a lo largo de los años con la disminución de superficies cultivadas, una menor producción agropecuaria y la pérdida de calidad de cultivos por estrés hídrico”, aseguró Leandro Gómez, el coordinador de política ambiental de la organización.
Sin embargo, desde CAEM argumentan que toda la actividad minera argentina utiliza menos del 1 por ciento del consumo total de agua de la Argentina y que, de ese total, la gran mayoría se recircula a través de circuitos cerrados. “Vamos a consumir entre 150 y 250 litros de agua por segundo. Es lo mismo que usa un viñedo promedio en San Juan que apenas le da trabajo a 20 personas”, dice Meding, presidente de Los Azules.
Por su parte, desde Josemaría señalan que se utilizarán circuitos cerrados para recircular y recuperar la mayor cantidad de agua. “Se utilizará agua subterránea como principal suministro, proveniente de campos de pozos cercanos a la planta de procesamiento”, añaden y remarcan la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental en abril de 2022 como prueba de haber alcanzado los estándares requeridos.
Domingo Jofré, miembro de la asamblea Jáchal No Se Toca, creada en San Juan en 2015 en respuesta a un derrame de una mina de oro de la empresa Barrick Gold, agrega: “Lo más grave es el uso de enormes cantidades de agua. Hoy nuestro río Jáchal aporta tres metros cúbicos [de agua por segundo] al dique Cuesta del Viento, la misma cantidad que consumirá Josemaría. Además, el área está ubicada en un área glacial y periglacial, donde la napa freática está a un metro de profundidad”.

El "cobre verde"
Las empresas mineras sostienen que, a partir de las exigencias ambientales que solicitan desde mercados internacionales, se está trabajando en toda la cadena de producción para exportar un mineral con una baja huella de carbono. Por eso lo denominan “cobre verde”.
“El concepto incluye un uso más eficiente del agua en la explotación del cobre, incorporar maquinarias eléctricas o camiones a hidrógeno verde para reducir las emisiones de dióxido de carbono dentro de la explotación minera y una comprensión integral para que sea un proceso virtuoso para las comunidades”, precisa Delbuono.
En la última cumbre de PDAC, el mayor evento minero a nivel mundial realizado en Toronto, el subsecretario de Desarrollo Económico y Energía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, José Fernández, afirmó que están ofreciendo financiamiento para desarrollar este tipo de iniciativas en Argentina, bajo la condición de que las empresas certifiquen su sostenibilidad ambiental.
Del mismo modo, el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, indicó que hay líneas de crédito disponibles del Banco de Desarrollo Alemán (KFW) para construir líneas de alta tensión para poder llevar electricidad de fuente renovable a los distintos proyectos mineros. “El objetivo es que los minerales que demanda la transición energética, como el litio y el cobre, tengan una muy baja huella de carbono”.
Josemaría, por ejemplo, construirá una línea de alta tensión de 300 kilómetros con fondos propios para poder electrificar toda la operación que se abastecería con energía renovable y reducir al mínimo el consumo de gasoil. Del mismo modo, Los Azules espera llegar a la carbono neutralidad para 2038 a partir de la electrificación de todo transporte vehicular que se utilice.
Chile, cuya economía depende en un 10 por ciento del cobre, ha fijado como objetivo ser fuerte en el “cobre verde”. Codelco, la empresa estatal dedicada al cobre, dijo haber alcanzado en 2021 el 100 por ciento de trazabilidad en la producción del mineral. La empresa espera además para 2030 reducir 70 por ciento sus emisiones, 60 por ciento el consumo de agua y 65 por ciento los residuos industriales.
“Los países mineros que no sean capaces de transitar hacia ese tipo de minería podrían verse enfrentados a reducir su producción, ya que los mercados y sociedades discriminarán entre un mineral de esas características y aquel que no lo es”, sostiene un documento de 2022 del Senado chileno en el que participaron más de 150 científicos, académicos, expertos y representantes de la industria y la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de este aparente mayor compromiso medioambiental de la industria, FARN desconfía del término “cobre verde” y lo califica de estrategia de “lavado verde” o “greenwashing”. “Siguen promoviendo una actividad que, por definición, implica la extracción de minerales finitos. No creemos que sea posible hablar de minería ‘sustentable’ o de ‘cobre verde'”, dice Gómez.

Por Fernando Heredia - Magíster en Economía Política (Flacso) y en Energía (UBA). Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth.
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Daño ambiental: detectaron agroquímicos en uno de los acuíferos más importantes del país

Fecha de Publicación: 08/07/2024
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Buenos Aires


Los estudios indicaron que la contaminación se produjo en proximidades a la planta de Atanor, en San Nicolás. Las aguas del acuífero Puelche fueron contaminadas con atrazina. Los vecinos indicaron que continúan con problemas respiratorios a raíz del incidente.
A más de tres meses de la explosión de la fábrica de Atanor en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua de Buenos Aires (ADA) reveló a través de un estudio, que las aguas del acuífero Puelche fueron contaminadas con atrazina. Se trata de uno de los productos que manipulaba la firma en el momento que estaba en funcionamiento.
Desde el incidente, la empresa está clausurada y los vecinos siguen reclamando para que la reubiquen y les brinden agua envasada ya que desconfían del suministro de la red. Además, remarcaron que continúan con problemas respiratorios.
Los análisis se conocieron durante las protestas que, una vez por mes, realizan los vecinos del barrio Química contra la firma para que reubique su planta, cuestión que está judicializada.

Los detalles del estudio
En concreto, los resultados de las pruebas tomadas por la ADA arrojaron que el acuífero Puelche, que abastece a San Nicolás y a otras ciudades bonaerenses presentó restos de atrazina, compuesto químico utilizado para la fabricación de agroquímicos, en muestras tomadas en mayo del año pasado. La empresa utiliza el acuífero como punto de extracción para desarrollar sus actividades industriales.
El estudio que llevó adelante la ADA, la máxima autoridad en materia de agua en la provincia de Buenos Aires, se desarrolló sobre tres pozos de abastecimiento y cuatro de monitoreo en la zona de la planta de Atanor, en los que detectó presencia de atrazina y sus derivados.
En ese sentido, desde la ADA señalaron que “se cuantificó presencia de plaguicida y se solicitó a la firma presentar informe de revisión de las instalaciones y de las prácticas de manipulación de los productos utilizados, y realizar un estudio de caracterización del sitio en relación a los valores encontrados”.
Tras el incidente de marzo de este año, la ADA analizó pozos, red y planta potabilizadora del servicio municipal de abastecimiento de agua (que, aclararon, es una fuente de alimentación mixta entre los pozos de explotación y una toma de agua superficial del río Paraná), específicamente en zonas cercanas a la fábrica. “Se obtuvieron, en todos los casos, resultados no cuantificables para atrazina”, indicaron.
Este medio consultó si se iban a repetir los estudios para verificar si los derivados de atrazina continúan en el acuífero, a una mayor profundidad, pero no recibió respuesta.
A los estudios del ADA se sumaron evaluaciones hechas por Greenpeace respecto del suelo. El análisis llevado adelante por la ONG advierte que tras la explosión y a pesar de que la empresa limpió la zona y hubo lluvias, se detectaron niveles de atrazina en pisos, paredes, plantas y autos cercanos a la fábrica.

Preocupación de vecinos
Luego de que se conocieran los resultados, vecinos del barrio pidieron a la Municipalidad que les provea agua envasada porque no confían en el suministro de la red.
“No tuvimos respuestas oficiales, veremos después de esta movida”, expresó a TN Gabriel Godoy, vecino de la planta de Atanor, luego de una manifestación llevada adelante en conjunto con Greenpeace en la puerta de la fábrica, que continúa clausurada.
Los vecinos refieren que a pesar del cese de operaciones, se sienten aún fuertes olores en el ambiente. “Seguimos con problemas de respiración. No tanto como cuando la empresa funcionaba al 100%, pero persisten”, aseguró Raúl Giles, otro de los vecinos del barrio.
También sumó su preocupación por la contaminación del agua y añadió: “No tuvimos respuestas del municipio. Ojalá que se pueda solucionar porque así no se puede vivir”. “Estamos a la deriva, nadie nos defiende. Es increíble que nadie tome cartas en el asunto”, se lamentó.

Acuífero contaminado
El acuífero Puelche abarca una región que comprende las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, que llega hasta La Plata en dirección al sur. De este sistema subterráneo, ubicado a unos 50 metros de la superficie, se abastece, en parte, San Nicolás y otras localidades bonaerenses.
No es simple estimar la magnitud de la contaminación de sus aguas, aunque, por su dirección, la misma se extiende aguas abajo; es decir, hacia el sur.
“Cada contaminante se comporta diferente. La atrazina es más densa que el agua, tiene cierta solubilidad, pero no tanta. El agua es un agente de transporte de contaminantes, como un auto que lo lleva y que se va acomodando en función de sus características”, explicó Marta Paris, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Y agregó: “El agua, dentro de un acuífero, se mueve y puede arrastrar contaminantes que pueden ir cambiando por varios motivos. El Puelche tiene una extensión grande. En el caso de una contaminación, hay que ser muy cauto para saber qué pasó y cómo se volcó ese contaminante. Siempre teniendo en cuenta que hay una contaminación confirmada”.
En tanto, Paris remarcó que se considera contaminación “cuando una sustancia es agregada a un ambiente, al agua subterránea en este caso, por una actividad humana. Y la atrazina no es natural del ambiente subterráneo”.
“Se debe evaluar cómo proceder con la remediación del sitio, cómo sacar el contaminante y cómo disponerlo. O evaluar cómo se sigue”, consideró.

Causa en movimiento
El abogado Fabián Maggi, que lleva adelante la demanda por la reubicación de la empresa, detalló que “hay mucho movimiento en la causa”. Al respecto, adelantó que este viernes hubo una audiencia entre la jueza Luciana Bancalari, que entiende en la causa, y funcionarios del Ministerio de Ambiente de la provincia.
“La empresa pide que se levante la medida cautelar para volver a funcionar. El primer intento fue rechazado”, indicó el abogado, además de resaltar que la ADA presentó sus análisis, los cuales se incorporaron al expediente de la causa penal.
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¿Hacia un nuevo “boom” del litio en Argentina?

Fecha de Publicación: 08/07/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La aprobación del Rigi en la Ley Bases reaviva el interés por relanzar proyectos de explotación de litio en el país. Cuál es la situación hoy, qué ventajas tiene la nueva ley para las mineras y cuáles son los riesgos ambientales.
Celulares, computadoras, cámaras o autos eléctricos: gran parte de los elementos tecnológicos de uso cotidiano más extendido en el mundo utilizan litio en sus baterías, lo que vuelve cada vez más indispensable a este mineral.
También en eso, Argentina es privilegiada: gracias a los recursos que existen principalmente en tres provincias –Jujuy, Salta y Catamarca–, el país es uno de los cuatro productores mundiales más importantes de productos derivados del litio. Integra el llamado “Triángulo del litio”, junto a Bolivia y Chile, con un 65% de los recursos mundiales en toda esa zona.
Argentina y Chile producen actualmente el 30% del litio en el mundo. Y sólo Argentina tiene el 20,5% de las reservas mundiales.
Hay más de 40 proyectos en danza para extraer el mineral, aunque por ahora sólo dos de estos emprendimientos están en etapa de producción: el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, por parte de la empresa estadounidense Livent; y Sales de Jujuy (en el salar de Olaroz, Jujuy), sociedad integrada por la australiana Allkem (con 66,5% de las acciones, la principal operadora), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Jemse (8,5%).
Pero esas empresas que producen carbonato y cloruro de litio en Argentina serán ahora una sola. Esto es así tras la fusión de Livent con Allkem. Ambas compañías son ahora Arcadium Lithium.
Los dos principales propietarios de acciones de Livent son Blackrock y Vanguard, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, radicados ambos en Estados Unidos En el caso de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (EE.UU.) y HSBC (Reino Unido).
Por otro lado, la minera Exar comenzaría en breve la producción en el Proyecto Olaroz–Cauchari, después de una inversión de US$ 976 millones en la construcción de una planta en el departamento Susques, Jujuy. Tendrá una capacidad de producción de 40 mil toneladas de carbonato de litio.
Será el tercer emprendimiento en el país en etapa de producción.

Ley Bases y Rigi
El Código Minero argentino, que rigió hasta ahora y fue aprobado en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, estableció fuertes beneficios de todo tipo para las empresas.
Fue entonces cuando se definió, por ejemplo, el 3% de regalías para las provincias, porcentaje que muchos consideran escaso, si se tienen en cuenta las ganancias obtenidas por Livent y Allkem en los últimos años, a raíz del precio internacional alcanzado por el litio.
La primera gran variante a esa normativa acaba de ser aprobada junto a la Ley Bases. Se trata del Régimen de Incentivo a las grandes inversiones (Rigi), que abarca proyectos de forestoindutria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgía, energía, petróleo y gas.

¿Qué nuevos beneficios propone este nuevo régimen? En síntesis:
Objetivo. Incentivar las grandes inversiones a partir de los 200 millones de dólares.
Importación. Las empresas tendrán incentivos y derechos sobre la mercadería e insumos que importen para ser destinadas a prestaciones de los sujetos incorporados al Rigi (y casi 0 tributo por importación de bienes de capital).
Incentivos tributarios. Tasa del impuesto a las ganancias empresaria de 25% –en lugar del 35%–, sobre 7% de dividendos (después de siete años, sobre 3,5%) o no gravabilidad de los insumos en el IVA, entre otros.
Impuesto al cheque. Computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Incentivos cambiarios. No es obligatorio ingresar o liquidar en el mercado de cambios los aportes de capital o los préstamos.
Exportaciones. Quedan exceptuadas en distintos porcentajes de la obligación de ingreso y liquidación en el mercado de cambios: 20% a dos años, 40% a tres años y 100% tras el cuarto año.
Estabilidad. Por 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria desde la adhesión al Rigi.
En relación a las cuestionadas regalías, que en algún momento el Ejecutivo propuso subir de 3% a 5% –y tras la queja de las empresas–, quedarán en 3% para los proyectos vigentes, aunque las provincias podrán elevar al 5% a los desarrollos mineros nuevos.
Así las cosas, las mineras no ocultan su entusiasmo por esta nueva normativa que, decididamente, contempla casi la totalidad de sus deseos.

Listas para entrar
Una de las pruebas de que las mineras aguardaban con ansias esta nueva ley es que, incluso cuando aún no se había terminado de aprobar, compañías como la surcoreana Posco ya habían hecho su pedido de ingreso al nuevo mecanismo de promoción económica. Al mismo tiempo, la estatal Coal India también comunicó que busca hacer pie en Catamarca y que la inversión se hará efectiva bajo el paraguas del Rigi.
Según informó IProfesional, el titular de Cosco, Jeong Ki–seop, ya se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para discutir la hoja de ruta de los proyectos de litio en la Argentina.
Varias empresas más avanzarán en el mismo sentido. Se estima, según Energy Report, que hay anuncios en carpeta por parte de las energéticas y mineras por al menos U$S 80.000 millones para la próxima década.
“El Rigi es una buena noticia que mejora a la Argentina como destino para nuestras inversiones. La aprobación de la Ley nos llevó a reevaluar el plan para aumentar significativamente el tamaño original a fin de ingresar con, al menos, el monto mínimo estipulado en la legislación. Regresamos hace pocos días de una visita a la Argentina, de la que nos llevamos grandes expectativas. Estamos abocados a estructurar nuestro nuevo plan de inversión, que esperamos hacer público prontamente”, anticipó a Clarín Gerardo Tyszberowicz, director para América latina de la israelí XtraLi, que se especializa en la extracción directa de litio del Mar Muerto.
Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), señalaron que se abre un proceso de análisis en las compañías, “donde entran en la ecuación una serie de variables que influyen en las decisiones: cuestiones impositivas y financieras, de logística, previsibilidad, socio–ambientales, competitividad internacional y evolución de los precios de los minerales. El país cuenta con grandes proyectos en carpeta, con buen nivel de avance. El Rigi propiciará su puesta en marcha”.

Críticas, conflictos y pasivo ambiental
No son pocos los cuestionamientos al nuevo Rigi, que en algunos casos actualizan viejas críticas sobre la producción de litio en el país.
Las pymes (en especial las de Vaca Muerta) celebraron la modificación introducida al final en relación a que al menos un 20% de la totalidad de inversión debe ir a proveedores en organizaciones nacionales, pero el artículo abre una excepción al agregar “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
El titular de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, dijo en Página 12 que “antes de abrir las importaciones, el Gobierno debería ayudar a las empresas locales a bajar los costos para ser más productivos”. Y agregó que dicha apertura “con cero arancel pondría en jaque todo el entramado industrial del país”.
Lo mismo advirtió la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), al señalar que los beneficios “pueden generar competencia desleal con la industria local”.
Otros sectores afirman que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares también deja fuera a muchas pymes.
En relación con la situación ambiental, podrían acelerarse y aumentar los conflictos que ya existen en Jujuy y Catamarca.
La principal crítica está relacionada con el uso del agua en las áreas de explotación del lito, ya que se trata del principal insumo necesario para la extracción de este mineral.
En marzo de 2023, la Corta Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de Salta y de Jujuy brindar toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera de litio y borato otorgados en cada una de esas provincias, así como la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos.
La resolución se dio en el marco de un amparo ambiental iniciado en 2019 por las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que busca prevenir “el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico de la cuenca”.
El caso más reciente es el de la medida cautelar dictada por la Corte de Justicia de Catamarca, que ordenó al Ministerio de Minería de esa provincia “abstenerse de otorgar nuevos permisos y/o autorizaciones en la zona y la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera (litio), que deberá versar sobre el impacto ambiental acumulado sobre el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto–Dpto. Antofagasta de la Sierra, sobre el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, como las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas”.
Uno de los argumentos es que se “considera probada la existencia de diversos proyectos mineros cuyas consecuencias impactan sobre la misma zona, sin que se adviertan acciones tendientes al estudio de impacto ambiental”.
Se menciona el caso específico de la vega del río Trapiche, que se secó tras más de 20 años de explotación del Salar del Hombre Muerto por parte de Livent, en esa provincia.

Sin mención ambiental en el Rigi
Enrique Viale, de la Asociación de Abogades Ambientalistas, fue uno de los expositores de la sociedad civil cuando se debatía la Ley Bases en la Cámara de Diputados. En ese entonces afirmó “Estábamos discutiendo leyes del siglo 21 y pasamos a discutir temas del siglo XIX”. Agregó: “Estamos ante un gobierno negacionista del cambio climático y de la cuestión ecológica”. “Este proyecto significa más extractivismo, menos democracia y un gobierno que pone todo el aparato represivo al servicio de las corporaciones”, resumió Viale.
Durante la sesión en Diputados, la senadora Edith Terenzi (Juntos por el Cambio, Chubut), quien preside la Comisión de Ambiente, señaló que “el régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas. Sin embargo, todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el Rigi en los derechos ambientales. A lo largo de todo el articulado no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación con respecto a los proyectos de inversión que se propongan. No hay ninguna condición a las empresas beneficiarias para presentar estudios de impacto ambiental ni evaluaciones de los impactos acumulativos de estos proyectos”, argumentó.
Propuso agregar el requisito de que los emprendimientos den pruebas de su “sustentabilidad ambiental” para ser aprobados y que el incumplimiento de la normativa ambiental sea causal de exclusión del régimen. Pero ninguna de esas propuestas se tuvieron en cuenta.
Los movimientos ambientalistas en Jujuy y Catamarca ya expresaron públicamente su rechazo a la normativa, y anticipan que crecerán los conflictos.

Exportaciones récord
Hasta el año pasado (con datos hasta 2022), toda la actividad relacionada con el litio en Argentina podía seguirse en el Tablero Global del litio del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam).
El sitio no se actualiza desde hace más de un año.
Pero tanto los volúmenes de producción, así como de divisas marcaron en 2023 nuevos máximos para el litio argentino, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Mientras que en 2020 el comercio exterior de este mineral representaba el 3,6% de las exportaciones mineras argentinas, en 2023 pasó a ser de cerca del 15%.
Y en los primeros dos meses de 2024 se exportaron más de 9.000 toneladas de carbonato de litio, cerca del 25% de la exportación nacional del año récord 2023.
Además, las exportaciones del primer bimestre también son récord.
La mala noticia viene con la caída de los precios internacionales, debido a la baja demanda china en los mercados internacionales. Mientras que 2023 inició con precios del carbonato de litio por US$ 75.000 por tonelada, a comienzos de 2024 cayeron a US$ 13.500/tn. Aunque ya comenzaron a recuperarse.
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Cómo es el trabajo en Argentina para evitar la extinción de animales autóctonos

Fecha de Publicación: 06/07/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional


Al menos 576 especies de vertebrados se encuentran amenazadas, pero hay oportunidades para salvar a estos animales a través del movimiento global Revertir el Rojo
"Salvar especies es posible" afirma Fundación Temaikèn, resaltando el trabajo que se está llevando adelante para revertir el peligro de extinción de animales y plantas. Casos locales e internacionales dan una luz de esperanza para disminuir las "listas rojas" de especies amenazadas tanto en Argentina como en la región.
El último Informe Planeta Vivo de WWF reveló una disminución media mundial del 69% en las poblaciones de animales silvestres entre 1970 y 2018, con niveles alarmantes como un promedio de -94% en América Latina y el Caribe. Sin embargo, en las últimas tres décadas, acciones de conservación han salvado al menos 47 especies de mamíferos y aves de la extinción inminente.
 Desde Fundación Temaikén explican que ya hay en el mundo evidencias de que los programas de conservación que, incorporando estrategias de trabajo con animales y plantas bajo cuidado humano, están teniendo buenos resultados. Algunos ejemplos son el guacamayo de Lear, el caballo de Przewalski, la rana morada y el cocodrilo filipino, entre otros.
"Las cifras del estado de la biodiversidad son alarmantes, pero a través de esfuerzos coordinados, mucho compromiso y dedicación, podemos marcar la diferencia. Revertir el Rojo está centrado en mejorar el estado de conservación de nuestra vida silvestre, llevándolo del rojo (señal de alerta) al verde (poblaciones sanas y sustentables)" indica Paula Gonzalez Ciccia, Directora de Conservación, Educación, Ciencia y Salud de Fundación Temaikèn.

¿Cuál es la situación local?
En la Argentina, hay al menos 576 especies de vertebrados amenazadas de extinción, lo que equivale al 18% del total. Entre ellos se encuentran aves como el cardenal amarillo y el loro maracaná, reptiles y anfibios como la tortuga de tierra y la rana patagónica, y mamíferos como el huemul. Otros grupos, como moluscos y plantas, también se ven afectados.

El movimiento que trabaja para evitar la extinción de especies
Revertir el rojo es un movimiento que unifica experiencia y esfuerzos de conservación integrados, reuniendo a cientos de organizaciones de conservación, bioparques, jardines botánicos, zoológicos y acuarios. Es liderado globalmente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA).
Una de las líneas de trabajo está centrada en resguardar y reproducir animales y plantas bajo cuidado humano profesional. En muchos casos, se trata de los últimos sobrevivientes de estas especies. "En el mundo, hay al menos 84 especies catalogadas como extintas en vida silvestre, es decir que solo quedan poblaciones en instituciones zoológicas, acuarios o similares. Por ejemplo, en Argentina esa es la situación del caracol de Apipé (Aylacostoma chloroticum) y Senecio leucopeplus, una planta endémica de la provincia de Buenos Aires; en Brasil, gracias a este tipo de iniciativas se ha avanzado en la conservación del guacamayo de Spix y el paují Mitu", indica Jon Paul Rodríguez, presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN.
"La ubicación de Argentina hace que albergue las poblaciones más australes de especies icónicas, entre las que se incluyen plantas. Si dejan de existir en Argentina, se contrae su capacidad total de recuperar territorio natural", agrega González Ciccia, resaltando la importancia de sostener una mirada optimista para salir adelante. La organización también se suma al movimiento mediante el rescate y rehabilitación de animales heridos o amenazados en la naturaleza; combatiendo los delitos contra la vida silvestre; conservando y restaurando ecosistemas y generando información clave para la conservación.
En Argentina, el movimiento Revertir el Rojo cuenta con un referente local como Fundación Temaikèn, que lleva adelante proyectos y programas de conservación, por ejemplo cardenal amarillo (ave cantora, diezmada por el tráfico para mascotismo. Una Alianza está logrando regresar animales rescatados a la naturaleza); caracol de Apipé (minúsculo caracol que vivía en los rápidos de Apipé, en el río Paraná, pero la construcción de una represa modificó su hábitat y sobrevivieron muy pocos individuos); rana patagónica (anfibio de la provincia de Neuquén que está En Peligro Crítico de extinción, por la degradación de las lagunas donde habitaba y la introducción de especies exóticas) ; guacamayo rojo (se extinguió hace 150 años en la Argentina. La experiencia de especialistas en reproducción de aves, permitió que hoy el guacamayo rojo Ara chloropterus vuelva a volar nuestros cielos); huemul (en el país quedan entre 350 y 500 huemules -Hippocamelus bisulcus- y están sumamente amenazados por la caza, la degradación del ambiente, la desnutrición y las enfermedades asociadas a esto , entre otras); plantas endémicas del Teyú Cuaré, Misiones (son especies que solo se encuentran en un lugar específico del mundo. En Misiones hay endémicas de las que se conocen muy pocos ejemplares, como Oxypetalum teyucuarense, Hedeoma teyucuarensis (mentita misionera), Austrochthamalia teyucuarensis e Hyptis australis; aguará guazú (Chrysosyon brachyurus, está amenazado ya que es víctima de mitos populares, cacería, atropellamientos, mascotismo, modificación y fragmentación del hábitat, etc.).
Además de perderse la biodiversidad, la extinción de especies puede afectar la seguridad alimentaria, la salud, el cambio climático, el bienestar y la estabilidad social, cultural y económica de las comunidades humanas. Si dejan de existir polinizadores, limpiadores de ambientes, controladores de plagas, estabilizadores de ecosistemas y mucho más, pueden generarse consecuencias de impacto negativo en escalas que van desde lo micro hasta lo más macro.
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Cuatro ingenios tucumanos están en la mira por la mortandad de peces

Fecha de Publicación: 06/07/2024
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Sospechan de las firmas que están sumariadas: Concepción, Bella Vista, Famaillá y Santa Rosa. Inspección conjunta de Tucumán y Santiago a todos los ingenios.
En la sede del Comité de Cuenca Salí-Dulce ubicada en la capital de  Santiago del Estero, se reunieron autoridades santiagueñas y de Tucumán, para analizar los datos de la investigación administrativa con relación a la mortandad de peces en un afluente del Salí, conocido como Río Muerto, el pasado 9 de junio, en la zona denominada Bahía de los Brito.
La comitiva de Tucumán estuvo encabezada por el secretario de la Producción, Eduardo Castro; que estuvo secundado por el director de Asuntos Jurídicos, Facundo Moreno Majnach; el subsecretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván; y el asesor de la Subsecretaría de Ambiente, Marcelo Lizárraga. Por la provincia de  Santiago del Estero intervino el defensor del Pueblo, Lionel Enrique Suárez; y por el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y del Agua, el subsecretario del Agua, Sergio Zaltz.
Se informó que, la última mortandad de peces, en el afluente del río Salí, no fue por la presencia de productos tóxicos, sino por anoxia, por el presunto vuelco de azucarados de los ingenios bajo sumario administrativo: Concepción, Bella Vista, Famaillá y Santa Rosa. La causa judicial, incoada por Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, se sostendrá ante la Justicia Federal de  Santiago del Estero ratificó el ombudsman santiagueño, Lionel Suárez. Por esta mortandad de peces, hay otras dos causas en la Justicia Federal de Tucumán.
También se rescató que a pesar de la ausencia de Nación, que es la garante del acuerdo vigente para la preservación de la cuenca, se concretarán las inspecciones a industrias. Además,  Santiago del Estero mantendrá la vigencia del Acta Acuerdo, como también la acción judicial del Amparo Constitucionalizado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, subrayó Lionel Suárez.
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Scioli encabezó la primera reunión de la Comisión de Bosques Nativos del COFEMA

Fecha de Publicación: 06/07/2024
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Se llevó a cabo esta mañana en el salón central de la Subsecretaría de Ambiente, con la presencia de integrantes provinciales y autoridades nacionales.
El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, junto a la subsecretaría de Ambiente, Ana Lamas, celebró la primera reunión de la Comisión de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El encuentro contó con la presencia de Martín Recamán, presidente del COFEMA, de María Inés Zigarán, a cargo de la mencionada comisión y de representantes provinciales de organismos vinculados con los bosques. Tuvo como objetivo avanzar en la implementación de la Ley 26331 y discutir la distribución de fondos para 2024.
En ese marco, Scioli destacó: “Estas iniciativas son vitales para el planeta en lo que corresponde a la salud, al bienestar de las comunidades. Y juegan también un rol crucial en las cadenas de producción, proporcionando recursos naturales, generando empleo, sosteniendo economías regionales, locales y, especialmente, en áreas rurales”. “La deforestación es un problema no solo de riesgo de ecosistemas, también amenaza cumplimientos en el marco de la agenda internacional y los compromisos que tenemos”, aseguró Scioli e instó a “fortalecer las herramientas de control y monitoreo”.
El funcionario también se refirió a la transferencia de los fondos estipulados por la ley 26.331 a los que definió como “esenciales para la implementación de planes con respecto al manejo de estos recursos de conservación en cada una de las provincias del interior”.
Finalmente, explicó que “hay un gran desafío internacional de la Unión Europea, de normas estrictas de los productos importados de libre deforestación”. “Debemos mejorar la cadena de valor para mercados de exportación”, indicó y puntualizó: “Sabemos que Argentina sale adelante produciendo, produciendo cada vez más y exportando también para generar divisas genuinas”.
Durante la jornada, el director de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Octavio Pérez Pardo, detalló los puntos centrales y el estado de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos —conocida como ley de bosques— y brindó información sobre el proyecto Pago por Resultados REDD+ del Fondo Verde para el Clima. Luego se discutieron temas como la actualización de los ordenamientos territoriales de bosques nativos, la implementación del Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal (SACVeFoR), el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y el registro de infractores, entre otros.
Por las jurisdicciones participaron: Daniela Mónaco, directora de Bosques y Gabriel Terny, director provincial de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Bienes Comunes, de la provincia de Buenos Aires; Gustavo Vázquez, director de Bosques de Chaco; Cecilia Gajardo, secretaria de Bosques de Chubut; Yanina Fasano, subgerente operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales, CABA; Lucas Damer y Germán Ausina, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de CABA; Sebastián Jara, director de Bosques de Córdoba; Luis Mestres, secretario de Desarrollo Foresto Industrial de Corrientes; Andrea Cislaghi, coordinadora de Bosques Nativos de Entre Ríos; Natalia Lupia, subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa; Ana Rodríguez, secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible y Javier Albanesi, director de Bosques de Jujuy; Carina Re, directora general de Gestión Ambiental de La Pampa.
También estuvieron presentes María Margarita Suárez, subsecretaria de Bienes Comunes Naturales de La Rioja; Francisco Immerso, coordinador de la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza; Milton Morán, director general de Bosques de Misiones; Fernando Román, director general de Recursos Forestales de Neuquén; Claudia Contreras, subsecretaria de Recursos Forestales de Río Negro; Ignacio Goitia, director general de Planificación Territorial de Salta; Gustavo Mercado, director de Bosques Nativos de San Juan; Alicia Trógolo, subdirectora de Gestión Ambiental de San Luis; Ayelén Alberti, directora general de Bosques y Parques de Santa Cruz; Germán Falo, subsecretario de Bosques y Áreas Protegidas y Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad de Santa Fe; Noelia Zanichelli, directora general de Bosques y Fauna Felipe Cisneros, presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal de Santiago del Estero; Leandro Collado, director general de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales de Tierra del Fuego y Juan Carlos Parajón, director de Flora y Fauna de Tucumán.
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Mega denuncia penal contra legisladores, funcionarios públicos y empresarios por el desmonte en el Chaco

Fecha de Publicación: 05/07/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Chaco


La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal tras la sanción en la Legislatura provincial de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada en una sesión que se realizó de madrugada.
A fines de abril de 2024, la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos y habilita el desmonte de un millón de hectáreas.
La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco sancionó la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley Nro 4005R, y áreas que antes estaban marcadas por la Ley de Bosques como “amarillas” (se pueden hacer actividades productivas sostenibles pero no desmontar) o “rojas” (no se pueden tocar) pasaron a pintarse de verde, habilitando la deforestación.

La agonía del monte chaqueño
"Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
A raíz de esta situación, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco.
"Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, se evidencia la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses", explica el abogado ambientalista Enrique Viale .
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas solo en 2023.
“Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encontraban suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.

¿Quiénes son los denunciados?
De acuerdo al escrito presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas, entre los denunciantes se encuentran: Hernán Halavacs; actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques; Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014; Atlanto Honcheruk. Diputado provincial por el Frente de Todos y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia; Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS; Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera; Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones, Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar.
Según Enrique Viale, entre los delitos que se le imputan se especifican: "Defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita. Todos previstos en el Código Penal".

Los fundamentos de la denuncia
Según sostiene la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, "se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados".
Además -agrega la denuncia-, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.
Por último, específica que "se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino".
La denuncia penal también pone sobre la lupa las empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus vínculos con funcionarios y exfuncionarios. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Aparte de la denuncia penal, los denunciantes solicitaron "el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial".
"La denuncia penal -dice Enrique Viale-, "tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si esta Asociación Ilícita sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva".
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Puerto Deseado se suma a la protección de los bosques marinos

Fecha de Publicación: 05/07/2024
Fuente: Gobierno de Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz


La Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz dio a conocer que, por unanimidad, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado declaró de interés municipal la protección y conservación de los bosques de macroalgas, en especial la Macrocystis pyrifera.
Con una decisión unánime, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado ha establecido la importancia de proteger y conservar los bosques de macroalgas, en particular la especie Macrocystis pyrifera, también conocida como cachiyuyo. Esta acción pone en primer plano la relevancia ecológica de estos ecosistemas submarinos, y su crucial papel en la biodiversidad marina y el desarrollo sostenible de la región.
Desde el Concejo Deliberante de Puerto Deseado, Marcelo Vidal señaló la importancia de esta declaración, resaltando la necesidad de coordinar esfuerzos, remarcando que se trata de: “Aunar criterios con las acciones que se destinan a la protección, a la conservación de los bosques de algas. Asumiendo como una política de Estado y replicando lo que se ha hecho ya en Puerto Santa Cruz, como ejemplo, y en todo el litoral costero de la provincia".
Al mismo tiempo, el secretario de Ambiente de la Provincia, Sebastián Georgión, destacó la iniciativa: “Puerto Deseado es una comunidad con un fuerte vínculo con el mar y siempre ha marcado el rumbo respecto a la importancia de conservar nuestros valores naturales”.
Por su parte, el concejal Mateo Brunetti consideró que esta declaración de interés: “Es un puntapié más que interesante. Es muy importante proteger, pero también conscientizar para lograr introducir conceptos que hacen a un desarrollo sostenible". Brunetti subrayó la interrelación entre la industria y el ambiente: "Soy ambientalista popular, considero que industria y ambiente no son asuntos separados. Muy por el contrario, creo en un Estado fuerte, consciente sobre el rol que le toca ocupar y siempre buscando detectar posibles daños ecológicos que deben ser prevenidos y evitados".
Este esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, incluyendo la colaboración con la Fundación Por el Mar, busca generar consciencia sobre el valor biológico, cultural y social de los bosques de macroalgas. Con esta resolución, Puerto Deseado comienza a trazar un mapa costero de localidades que buscan asegurar la protección de estos valiosos ecosistemas marinos, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del ambiente para las futuras generaciones.
La resolución se fundamenta en la Constitución Nacional y Provincial, así como en la Ley General del Ambiente, que establecen el “derecho a un ambiente sano y equilibrado y obligan a la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad”. Además, se destaca el rol fundamental de los bosques de macroalgas en la absorción de dióxido de carbono, y la generación de oxígeno, así como su función como hábitat para numerosas especies marinas de valor económico y ecológico.
Sobre este punto, la comunidad científica ha enfatizado la importancia de estos bosques para la sostenibilidad de actividades como la pesca y el turismo, fundamentales para la economía local. Estos ecosistemas submarinos no sólo proporcionan un hábitat significativo para especies de alto valor comercial, como la centolla, el calamar y el pez gallo, sino que también contribuyen a mantener la salud general del ecosistema marino, lo que a su vez sostiene las poblaciones de peces y otros organismos marinos. Además, la belleza y biodiversidad de estos bosques atraen a turistas y buceadores, generando ingresos y fomentando el desarrollo del ecoturismo en la región.
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Cerca de 34 especies de tiburones está en peligro de extinción en el Mar Argentino: ¿a qué se debe?

Fecha de Publicación: 04/07/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, las principales amenazas para su conservación están relacionadas con la regulación ineficiente de la pesca no regulada (directa e indirecta), tanto comercial, como artesanal y recreativa.
Desde hace años, los tiburones tienen una pelea difícil. Enfrentan dos amenazas concretas que están atentando directamente contra su supervivencia: la industria pesquera que los mata indiscriminadamente y la demonización que creó el cine en torno a su imagen.
Gracias a su éxito evolutivo, los tiburones habitan la Tierra mucho antes de que aparezca el ser humano. La mayoría de ellos son predadores topes, por lo tanto, cumplen un rol clave en la regulación de comunidades, manteniendo la estructura y composición de especies en los ecosistemas marinos y costeros.
Sin embargo, gracias a la sociedad homocentrista en la que vivimos, hay especies que se encuentran actualmente en peligro de extinción. Las consecuencias son diversas, pero todas están derivadas de las actividades humanas, entre las cuales figuran: la pesca, la destrucción del hábitat y la contaminación.
A causa de las amenazas que sufren, se estima que desapareció alrededor del 70 por ciento de la cantidad de tiburones que había en el mundo hace décadas atrás. En la actualidad, más de un tercio de la totalidad de las especies que hay en el planeta están en peligro de extinción.
En Argentina, las principales amenazas para su conservación están relacionadas con la regulación ineficiente de la pesca no regulada (directa e indirecta), tanto comercial, como artesanal y recreativa.
El Mar Argentino es hábitat de 55 y, si bien hay pocos estudios al respecto, se estima que 34 de estas especies se encuentran en peligro de extinción. Esto se debe en parte al poco conocimiento que tenemos sobre estos animales, debido a la falta de inversión para estudiarlas y protegerlas y por la ausencia de estrategias efectivas de conservación.
La matanza de tiburones es indiscriminada y los datos son muy contundentes. Entre 100 y 300 millones son capturados cada año. Prácticamente un exterminio. Pero claro, a quién le va a generar empatía o remordimiento si están cazando a una especie “asesina”.

La demonización de los tiburones
Hasta 1975 el tiburón era, tal vez, un animal más. Posiblemente, una persona que vivía a cientos de kilómetros del mar, y que solo iba una vez al año a vacacionar, no conociera las costumbres e incluso la imagen, de un tiburón. Pero la cosa cambió, y para mal.
El 20 de junio de ese año, el ya popular director estadounidense Steven Spielberg vislumbró un posible éxito luego de leer la novela Jaws (mandíbulas) de Peter Benchley. El relato cuenta la historia de los ataques de un enorme tiburón blanco a un grupo de personas que se bañaba en las costas de una pequeña localidad, y de los intentos, por parte de la población, de cazar al animal.
El director de cine volcó todo su potencial y se rodeó de un prolífico equipo de trabajo en el que figuraba el legendario compositor John Williams. Este no es un dato menor, porque la música de la película Tiburón, quedó grabada en el imaginario colectivo de generaciones. Williams ya había logrado este efecto creando el sound track de la famosísima Star Wars y, posteriormente, dio otra vez en la tecla con la banda sonora de las sagas Indiana Jones y Jurassic Park. Un peso pesado de la industria.
Pero la cosa no quedó ahí. La idea instaurada de que los tiburones eran “asesinos de personas” se exacerbó, desbloqueando un nuevo miedo en la sociedad. Meses después de la película, que tuvo un éxito mundial, “miles de personas salieron en barcos a cazar tiburones. Fue una pesca popular y no había remordimientos, porque estaba la idea de que esos animales eran asesinos”, esto lo confirmó en 2015, en una entrevista a la BBC, George Burgess, biólogo del Museo de Historia Natural de Florida.
La guerra entre un grupo de seres humanos enajenados y un animal que solo respondía a su impulso vital de supervivencia se recrudeció. Los años siguientes al estreno de la película comenzaron a aparecer secuelas, realizadas por otros directores de cine, llegando a crear un subgénero, dentro de la categoría Terror, que se mantiene vigente hasta hoy. Se filmaron, según el sitio de cine IMDB, más de 180 largometrajes que tienen a los tiburones como los malos de la película.
El impacto del film en el decrecimiento de la población de tiburones fue un hecho. Tanto Benchley como el propio Spielberg manifestaron en distintas entrevistas a la BBC que estaban arrepentidos por los resultados de sus obras. “Lamento de verdad la reducción de la población de tiburones a causa del libro y la película. No existe ningún tiburón devorador de hombres con gusto por la carne humana. De hecho, los tiburones rara vez dan más de un mordisco a las personas, porque somos magros y poco apetecibles para ellos” declaró el cineasta.
Por su parte, Burgess, antes de morir, indicó que el número de tiburones en las costas del este de América del Norte decreció en un 50% después de la película, y reconoció: "Sabiendo lo que sé ahora, es posible que nunca hubiera escrito ese libro”.
El daño ya está hecho, pero no es tarde para revertirlo. Todavía queda algo de tiempo para salvar a las especies que aún siguen en pie, pese a sufrir, durante décadas, un ataque indiscriminado.
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Catriel eclipsó la comisión por el tratamiento de las prórrogas petroleras en Río Negro

Fecha de Publicación: 04/07/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Catriel eclipsó el primer bloque de la comisión legislativa para el tratamiento del proyecto de ley para prorrogar los contratos petroleros en Río Negro. No solo desde los reclamos que llegaron de la mano de la intendenta Daniela Salzotto y el titular de la Casepe (Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro) Ramiro Arceo. También desde lo visual: varias banderas argentinas con el nombre de la localidad petrolera se desplegaron en la sede de la Secretaría de Energía en Cipolletti.
Con buen tino, la Legislatura decidió «mudar» la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo al Alto Valle para escuchar de primera mano a las cámaras empresarias, gremios y superficiarios de los yacimientos hidrocarburíferos. Cómo bien lo dijo su presidente Carlos Valeri, el espacio se destinó para «escuchar» a los actores del sector con el fin de elaborar la mejor ley posible para los rionegrinos.
En ese contexto hubo un fuerte reclamo del titular de las pymes del sector en Río Negro, Ramiro Arceo, y de la intendenta, Daniela Salzotto, por la falta de inclusión de políticas que mejoren las oportunidades de desarrollo económico y social para los catrielenses.
La jefa comunal incluso exigió que se contemple en el proyecto una recomposición histórica por los pasivos ambientales que deja la industria: «Yo voy a pedir que se incorpore un porcentaje en remediación ambiental y que se sienten a trabajar con la mano de obra local». Volvió a defender el porcentaje que recibe como localidad petrolera.
La peronista exigió que la contratación de mano local sea obligatoria. Explayó que muchas operadoras no cumplen con la normativa y que en algunos casos tienen mayoría de empleados «foráneos».
El pedido de un bono para remediación y la mano de obra fueron ejes principales en el bloque con las cámaras. Los carteles que se desplegaron en la sala de reuniones eran sostenidos por un grupo de desocupados. Salzotto dijo que tiene más de 450 Cv de ciudadanos que buscan un puesto en el sector. La necesidad de generar mano de obra calificada también fue un pedido de las empresarios.
El reclamo de Arceo, que por el momento fue más como ciudadano que como empresario, giró en el mismo sentido. Hizo una introducción sociológica de Catriel sobre la matriz productiva y manifestó que es necesario un control y acompañamiento del gobierno para garantizar la paz social, pero también reclamó un lugar de privilegio por todo lo que la explotación de ese territorio le brindó a la provincia en materia económica.
«Veo con mucho orgullo a todos los que vinieron con su banderita porque les preocupa, porque en Catriel tenemos desocupación. Porque Catriel fue el que más plata aportó a la provincia durante 30 o 40 años» Agregó que durante las gestiones radicales no hubo ningún reconocimiento a ese aspecto y que recién la llegada de Alberto Weretilneck aportó un poco de «justicia» a tantos años de explotación.
Arceo también cargó contra las operadoras y la falta de control. Dijo que el «pasamano» de algunas empresas para la explotación de ciertas áreas generó pérdidas de puestos de trabajo y no hubo controles del estado provincial. Por eso planteó para la nueva ley que en esos casos se mantenga la misma exigencia para la empresa que tome un nuevo bloque productivo.
Explicó que tras la paralización que generó el Covid nunca se reactivó a los niveles prepandémicos. «El 80% de las empresas que nosotros representamos están en quiebra  o moratoria. Uno de los puntos que más nos interesa es ponerle seriedad al caso que haya algún tipo de cesión de una operadora a otra; que cumpla con los mismos compromisos que la empresa que obtuvo la concesión».
La falta de infraestructura en la zona y la mano calificada fueron otros de los ejes que se trataron previo al bloque de los sindicatos y los superficiarios que también fueron escuchados por los diputados que integran la comisión.
De la comisión participó el vicegobernador Pedro Pesatti, la titular de Energía Andrea Confini y de Hidrocarburos Mariela Moya. Además de mucha presencia de Catriel, ciudadanos y funcionarios también de otras localidades como Allen. Fue Moya quien hizo una presentación del proyecto de ley antes del inicio del debate parlamentario.
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Cómo será el satélite argentino único en el mundo que revelará la salud de los océanos por los colores del mar

Fecha de Publicación: 03/07/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Diseñado para monitorear el ambiente marino, este proyecto promete revolucionar la percepción de la salubridad oceánica y su relación con el cambio climático, utilizando tecnología óptica de punta construida en Argentina
En las orillas del lago Nahuel Huapi, al pie de la cordillera de los Andes, se encuentra un enclave tecnológico que recuerda a la NASA. Aunque su tamaño sea modesto en comparación, este centro argentino es una usina de innovación y desarrollo donde mentes apasionadas conciben y diseñan proyectos de alta complejidad, para el país y el resto del mundo. Aunque se asemeja a la agencia estadounidense en cuanto a sus proyectos espaciales, sus trabajos se extienden a otras áreas como, por ejemplo, la nuclear para investigación y medicina, y la de radares altamente sofisticados.
Ese paisaje hipnótico es la escenografía de la sede central de INVAP S. E., en Bariloche, donde científicos y técnicos trabajan en la creación de soluciones innovadoras a la medida de cada cliente a quienes proveen tanto satelitales para la observación de la Tierra y para telecomunicaciones; como radares para vigilancia y control aeroespacial, de defensa y meteorológicos; reactores de investigación y centros de medicina nuclear y radioterapia para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Fundada hace casi 48 años, esta compañía propiedad del estado provincial de Río Negro, pero a la vez independiente, genera proyectos para Argentina y los mercados internacionales, y ya ha consolidado su prestigio a nivel global.
El CEO de la compañía, Darío Giussi, dijo a Infobae que actualmente trabajan en la compañía unas 1.700 personas, no solo en la planta de Bariloche, sino también en oficinas de Neuquén, Rosario, Córdoba, Buenos Aires y en países del exterior para los que se han desarrollado proyectos, como Arabia, India, Egipto, Bolivia, Países Bajos, entre otros, donde se da trabajo a personal argentino y extranjero.
“INVAP hizo los primeros satélites de comunicación en Argentina y desde 2003 los radares del país se hacen aquí”, tanto para “defensa, seguridad como ambiente; a lo que se suma el sistema médico y nuclear”.
Si bien la planta cuenta con diferentes sectores según su especialidad, uno de los más relevantes y cuyo prestigio internacional es más conocido, es el destinado al desarrollo de satélites.

Qué es el satélite SABIA-Mar
Uno de los proyectos en marcha tuvo su origen en 2014 y será un satélite único en su tipo. Si bien en un comienzo se iba a llevar adelante por un acuerdo bilateral entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y la Agencia Espacial Brasileña (AEB), el país vecino “se bajó” de la iniciativa y orientó sus prioridades hacia otros proyectos, contó a Infobae el jefe del área Espacial de la empresa, el ingeniero Luis Genovese.
La parte argentina, dijo, “tomó la decisión de hacer un satélite que cubra las necesidades” de nuestro país. A partir de ahí, comenzó a ser el Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar (SABIA-Mar), una continuación del SAC-D Aquarius en estudios del mar.
“El objetivo principal de la misión es el estudio del color del mar porque esto nos da la salubridad, es decir, cuán sano está nuestro mar y tiene muchas aplicaciones también en relación a la información que nos da sobre el cambio climático, ya que el mar es uno de los grandes absorbedores del dióxido de carbono, entre otras aplicaciones”, comenzó relatando a este medio la ingeniera María Emilia Martini, jefa del proyecto SABIA-Mar, en INVAP.
“El mar tiene mucho potencial, sino es para Argentina para otros demandantes”, agregó Giussi, y reveló que se “están elaborando potenciales negocios” en el área.
Para llevar a cabo su actividad, el satélite contará con una serie de cámaras internas que se están construyendo en el laboratorio de la compañía rionegrina, altamente sensibles al rango visible del espectro electromagnético y capaces de registrar las más mínimas variaciones en la tonalidad del agua. Esto permitirá obtener información de alta calidad sobre el mar.
La alta concentración de clorofila, el pigmento verde de las algas presente en el agua, puede indicar la cantidad de fitoplancton que es el primer eslabón de la cadena trófica marina y un indicador ambiental crucial para el monitoreo del calentamiento global, ya que la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en el mar. Permitirá estudiar el océano y las costas mediante parámetros de color del agua, la turbidez, el coeficiente de dispersión, entre otros datos, ampliaron los técnicos.
Será la primera misión óptica desarrollada completamente en Argentina para ese tipo de sensado remoto. “Este instrumento a bordo de este satélite no es algo que exista a nivel de otros proveedores o como un sistema de información ya disponible. No se pueden adquirir hoy imágenes que reemplacen lo que va a generar SABIA-Mar. Entonces, es un proyecto único, diseñado específicamente para poder observar estos parámetros de los océanos”, subrayó Genovese.
Si bien es una iniciativa de la CONAE que está construyendo INVAP en Bariloche, “estamos satisfaciendo una necesidad para Argentina y también para el planeta, porque el satélite pasa por todos los lugares de la Tierra, pero particularmente será para la Argentina marina”, destacó.
“Aportará información que se compartirá en la comunidad científica y que habilitará la posibilidad de desarrollar proyectos en base a esa información”, subrayó el especialista. Para llevar adelante este proyecto “tenemos el apoyo de un centro de la NASA con el que trabajamos en misiones anteriores y también de la ESA [Agencia Espacial Europea] para decidir qué instrumentos son los adecuados y la información que va a recabar el satélite que va a disponer CONAE”.
Los datos que obtenga SABIA-Mar serán esenciales para proyectos que buscan explotar datos de alto valor agregado, con el que se espera abrir nuevas fronteras en la ciencia de la sostenibilidad y el manejo ambiental.
Según explicaron, a partir de la órbita seleccionada el satélite hará una revisita cada dos días tanto del escenario regional, sobre las costas argentinas, como en el escenario global, con una resolución espacial (capacidad para distinguir detalles) de 200 metros y 800 metros respectivamente.
Se estima que este satélite estará listo para ser puesto en órbita en el primer trimestre en 2026, estimó Martini, aunque aún no se sabe desde qué lugar de la Tierra será lanzado, ya que debe ser contratado el vehículo espacial que lo transporte. Esta es la única parte de estas misiones que INVAP no realiza. Las opciones son contratar a la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) o la empresa SpaceX de Elon Musk.
SABIA-Mar será un satélite de aproximadamente 650 kilos que, con sus paneles solares desplegados, alcanzará una envergadura de unos 9,5 metros y operará en una órbita polar y heliosincrónica a 700 kilómetros de altura.
En la construcción del satélite participan instituciones públicas y empresas del sistema científico y técnico argentino, como INVAP, CNAE, VENG, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad de La Plata (UNLP), entre otros.
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“El RIGI está hecho para atacar a los territorios y a sus bienes comunes”

Fecha de Publicación: 03/07/2024
Fuente: Nota Al Pie  - Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional - Catamarca - San Juan


La Cámara de Diputados aprobó, finalmente, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las voces de las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal repasan los daños y promesas incumplidas que ya dejó el sistema de inversión minera vigente desde 1993 y prometen continuar organizadas para que no condicionen el futuro de sus comunidades.
Futuro. Con esa palabra, asambleístas de Catamarca y San Juan resumen el costo que el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impone a sus pueblos y territorios, donde yacimientos de cobre, oro, plata y litio son codiciados por grandes corporaciones trasnacionales. La idea está anclada en algo más sustancial que el instinto: encuentra justificación en casi 30 años de experiencia, desde la Ley de Inversiones Mineras de 1993. “Lo único que ha traído la megaminería es saqueo», sostienen desde las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal, que conviven con la contaminación de agua, suelo y aire; la desaparición de ríos y el agotamiento de reservas; y las promesas incumplidas de trabajo, salud y prosperidad; pero prometen continuar organizados porque «el relato de que la única alternativa posible es la megaminería, no es así”.
El año 1997 aparece como fecha fundacional de la minería a gran escala en Argentina. Ese año, en el límite entre Andalgalá y Belén, Catamarca, inició la primera explotación metalífera “a cielo abierto” del país. Durante dos décadas, el yacimiento Bajo la Alumbrera fue vaciado del oro, cobre y molibdeno que albergaba; en 2020 se confirmó que sus instalaciones serán utilizados para continuar con el proyecto Minera Agua Rica (MARA), en manos de la multinacional Glencore. Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente fueron las promesas en el inicio de Bajo la Alumbrera, pero ninguna se cumplió.
También en 1997, la empresa FMC Lithium inauguró el proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Un reciente fallo de la Corte de Justicia provincial reconoció el daño ambiental causado y paralizó la entrega de nuevos permisos de explotación. En aquel 1997, también se firmó el Tratado binacional entre Argentina y Chile, que dio luz verde al proyecto metalífero Pascua Lama, punta de lanza de otros que vendrían poco después, como Gualcamayo y Veladero, todos en el norte de San Juan. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció, en 2022, la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en Veladero.
La Cámara de Diputados aprobó —tras seis meses de debate, denuncias, represión a las protestas y detenciones arbitrarias— la Ley Bases, que contiene al RIGI. En los discursos en el Congreso se reciclaron viejos espejitos de colores. «El objetivo del RIGI es atraer inversiones, es simple y fácil. ¿Para qué? Para generar nuevos puestos de trabajo. Los diputados tenemos que generar las condiciones para que las empresas generen los puestos de trabajo», prometió en el cierre del debate el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Pero el RIGI amplía y profundiza un modelo impuesto en la década de 1990 y que ha sido sostenido por los distintos partidos políticos que se sucedieron, desde entonces, en el poder.
En la madrugada de este viernes los diputados de Unión por la Patria (UP) de Catamarca y San Juan votaron en contra de la Ley Bases en general, como lo habían hecho en la sesión de finales de abril. Pero en aquella sesión de abril fue cuando los legisladores mostraron, sin ruborizarse, la continuidad de las políticas mineras, sin grietas. En esa oportunidad, cuando Diputados dio media sanción a la norma, se votó título por título, y entonces, catamarqueños y sanjuaninos rompieron la unidad de bloque para votar a favor del RIGI y sellar el acuerdo con La Libertad Avanza y la oposición aliada —PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal—.
Los seis legisladores de UP que levantaron la mano en abril para habilitar el RIGI fueron Fernanda Ávila (secretaria de Minería durante la presidencia de Alberto Fernández), Silvana Ginocchio (esposa además del gobernador catamarqueño Raúl Jalil) y Dante López Rodríguez, por el lado de Catamarca. El diputado Sebastián Noblega se abstuvo. Mientras que por San Juan lo hicieron Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica. Los votos de la oposición dialoguista, representada por la UCR, LLA y Producción y Trabajo, estuvieron aseguradas. En el Senado, tres legisladores de UP acompañaron la aprobación, entre ellos, el catamarqueño Guillermo Andrada, quien como los diputados catamarqueños responde al gobernador Jalil.

El RIGI según los territorios
“El RIGI está hecho para atacar de manera directa y absoluta a los territorios y sus bienes comunes”, opina desde Andalgalá, Catamarca, Melina Zocchi, de la Asamblea El Algarrobo. Es que este capítulo de la Ley Bases está dirigido a atraer inversiones de más de 200 millones de dólares para proyectos de forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología. Para Zocchi el RIGI está claramente orientado “sólo a los grandes emprendimientos extractivistas, de distinto tipo, en cualquier punto de nuestro territorio, pero especialmente a los emprendimientos megamineros a cielo abierto o extractivos de litio” y subraya que “sólo las grandes corporaciones, y en general extranjeras, son las que pueden llegar a ser los beneficiados por estos regímenes”.
Desde la puna catamarqueña, Elizabeth Mamaní, habitante de Antofagasta de la Sierra e integrante de la Asamblea Pucará, pone el acento en los 30 años de gracia al que accederán las corporaciones, durante los cuales no percibirán aumentos de impuestos, tasas, alícuotas y se mantendrán las exenciones y ventajas que les otorga el RIGI y se pregunta: “¿Por qué? ¿Qué lleva a las autoridades en general a querer aprobar una ley que no es nada beneficiosa para el Estado, para el país? Porque estamos dañando a un país entero con estos beneficios” y coincide con Zocchi en que sólo alcanzan a las grandes empresas.
En sintonía, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, de San Juan, traza una línea entre ganadores y perdedores: de un lado, las grandes corporaciones mundiales; del otro, todos los habitantes de la República Argentina, porque “de una u otra forma nos va a terminar afectando a todos”.  En su relato, aparece otra víctima implícita, que algunos manuales definen como Estado: “Con el RIGI, Argentina va camino a ser el primer país anarcocapitalista del mundo” y explica que, en este sistema, “ya no estamos hablando de países que influyen o dominan sobre otros, estamos hablando de corporaciones mundiales, de empresas de capitales multinacionales que son las que ganan y las que mandan”.

El modelo extractivo en primera persona
El brillo de las promesas de desarrollo y progreso que abundan en los discursos de legisladores, gobernantes y empresarios no llega a Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal. Zocchi, Mamaní y Zeballos coinciden en esta mirada: “La megaminería no trae beneficios”.
“Nosotros tenemos una larga experiencia con la minería de litio en nuestro territorio”, comienza Mamaní, “a consecuencia de eso tenemos la vega del río Trapiche seco”. Esta constatación ha sido clave para que la Corte de Justicia de Catamarca prohibiera la concesión de nuevos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, hasta tanto se realice un informe de impacto ambiental acumulativo. Algo que el RIGI ni siquiera menciona como requisito para la adhesión.
En ese sentido, durante el debate en el Senado, la senadora por Chubut y titular de la Comisión de Ambiente, Edith Terenzi (Juntos por el Cambio), reconoció que «el régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo, todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales» y señaló que «a lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación». Ningún cambio fue agregado por el Senado ni por Diputados al respecto.
La afectación del agua —utilizada en enormes cantidades para la explotación minera— aparece también en los relatos de Zocchi y Zeballos como el principal costo que tienen estos proyectos para las comunidades. “Lo único que ha traído (la megaminería) es saqueo y, en nuestro caso, también sequía, porque el dique Cuesta del Viento, que es el reservorio artificial de la cuenca del río Jáchal, tiene un tercio de su capacidad con agua”, dice el activista de San Juan. Esto sin contar los derrames de solución cianurada de la mina Veladero (Barrick Gold) que afectaron ríos y ameritaron la elevación a juicio de la causa.
La lista de impactos es larga. Zocchi enumera la contaminación de agua, suelo y aire, destrucción de ecosistemas, asfixia de economías regionales y “la red de corrupción que se genera alrededor de estos emprendimientos”. Mamaní agrega la muerte de animales y el desarraigo. «Destitución» es la palabra que utiliza ella para mencionar ese proceso; el diccionario la emparenta con el exilio.

Explotación de bienes argentinos, tribunales extranjeros
No sólo beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios recibirán las corporaciones que se adhieran al RIGI. El combo incluye un régimen judicial a medida: cualquier norma (léase, por ejemplo, Ley de Protección de Glaciares o Acuerdo de Escazú) que limite u obstaculice el cumplimiento de este régimen será declarada “nula de nulidad absoluta” y los conflictos que puedan generarse con el Estado argentino serán resueltos por tribunales extranjeros.
“Nuestros gobernantes, con estos regímenes, están condenando a la Argentina a ser un país sin derechos”, opina Zeballos y Zocchi completa: “Es entregar soberanía”. La asambleísta explica que con el RIGI hay un congelamiento y una anulación de leyes previas. «Se cancela el Estado de derecho por medio de una ley. Estamos hablando de que, una vez que estos emprendimientos tengan la posibilidad de establecerse en algún territorio, tendrán impunidad legal por 30 años”, sostiene.
Para los asambleístas, el amparo legal que promete el RIGI a las empresas deja sin protección a las comunidades y profundiza el sistema que, en estos pueblos, ha sido bautizado como “dictadura minera”. Para Zeballos, por ejemplo, la posibilidad que tendrán las corporaciones de recurrir al arbitraje internacional en caso de disputa equivale a “atarnos de pies y manos”, ya que tribunales extranjeros como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) “están armados a medida de las empresas”.
En el cierre del debate en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, celebró la aprobación del régimen, tras seis meses de negociaciones colaborando para que la Ley Bases sea aprobada. Habló de «poner en marcha la minería en la Argentina» y justificó ofrecer a las multinacionales la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros: «Es un aliento a la búsqueda de inversiones en un país en el que nadie cree».  
Como expresó la Asamblea Jáchal No Se Toca en un comunicado, el verdadero significado de este régimen se esconde en sus siglas: “Rendición Incondicional ante los Gerentes Internacionales (RIGI), que dará como resultado una República Indefensa ante la Gobernanza Internacional (RIGI) haciendo una Reasignación Inmoral de Garantías Inconstitucionales (RIGI)”.

Otras tres décadas de regalo para las corporaciones
Para los asambleístas, el RIGI no implica otra cosa que las últimas puntadas a un modelo confeccionado a medida, que las corporaciones visten desde hace tres décadas. «Debemos recordar que en Argentina tenemos un régimen ultra liberal para las inversiones mineras, desde 1993, que se denomina Ley de Inversiones Mineras», apunta Zeballos. Entre los beneficios con los que ya cuentan las empresas están: la deducción del 100 por ciento de los gastos por prospección y exploración, del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA sobre la compra de bienes y servicios en exploración, la estabilidad fiscal por 30 años, la amortización acelerada también en el impuesto a las ganancias de equipamiento, construcción y estructura, el tope del 3 por ciento de regalías.
Inclusive agrega que, según la Ley de Inversiones Mineras, del impuesto a las ganancias se deduce un seguro por previsión ambiental que, con al menos tres derrames confirmados de solución cianurada en la cuenca del río Jáchal, la minera Veladero nunca pagó.   
Si el régimen aprobado en la década del 90 era ya una súper oferta para las corporaciones, el nuevo escenario que plantea el RIGI es directamente un regalo. Entre otros beneficios:
    reducción del impuesto a las Ganancias
    ausencia de restricciones y aranceles para importar maquinaria e insumos  
    exención del pago de derechos de exportación transcurridos cuatro años de adhesión al régimen.
“Sin el RIGI (las empresas) están igual invirtiendo. Creo que les conviene con o sin ley”, señala Mamaní, quien desde la primera instalación minera en la puna sólo ha visto multiplicarse los proyectos. En la misma línea se expresa Zeballos, para quien “si les conviene, las empresas van a venir inclusive si les colocan medidas para desarrollar valor agregado acá, en el país”. Lejos de eso, el RIGI sólo exacerba la matriz extractiva: saqueo y exportación de commodities.
“No hay nada en el RIGI que sea una ventaja para los territorios”, manifiesta Zocchi y sostiene que la firma de las propias corporaciones está presente en el armado de la ley. Zeballos apunta a la voracidad de las empresas y al servilismo del Estado: “Si nuestros gobernantes siguen arrodillándose y entregándoles todo, las empresas van a seguir pidiendo más y más. Esa es la lógica”.

Organización y resistencia
Gobiernos y corporaciones, dice Zocchi, se encolumnan detrás de la megaminería instalando “ese relato de que es la única alternativa posible, cuando no es así”. El costo de este modelo es la reducción inmediata de las posibilidades de futuro de cualquier ciudad o pueblo, agrega. El futuro como costo de este modelo aparece también, de forma recurrente, en la voz de Zeballos: “Nos están condicionando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos”, advierte.
Y señala que será en 10, 15 o 20 años cuando se tomará conciencia del desastre que significa el RIGI. No se trata de un vaticinio, sino del conocimiento en carne propia que dejaron 20 años de explotación a cielo abierto en su comunidad. “La miopía de futuro de nuestros gobernantes nos da pavor”, afirma.
Justamente por ese futuro que funcionarios y empresarios no ven, pueblos y asambleas se organizan en varios puntos del país. Aunque aún no hay medidas de acción concretas frente a este nuevo golpe, las voces de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal coinciden: la lucha no se abandona.
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