La lucha por el derecho ambiental

Fecha de Publicación: 11/05/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


¿Cómo serán el derecho y la justicia ambiental de los próximos años?
Eso se está decidiendo ahora, por medio de una puja doctrinaria que tiene como contendientes, por un lado, a la corriente “ecologista” y, por el otro, a quienes sostienen la compatibilización entre desarrollo socio-económico y protección ambiental (en adelante, la corriente “compatibilizadora”, cuyas ideas comparto). Para orientarnos, proponemos leer -o releer- el siguiente artículo https://abogados.com.ar/quien-es-quien-en-el-derecho-ambiental-2021/28557
La contienda entre compatibilizadores y ecologistas -que involucra también a la Agenda sobre Empresa y Derechos Humanos (DDHH)- no es académica, ya que se libra en los tribunales, en los procedimientos administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en foros internacionales, en las comunidades y en el ciberespacio. La verdadera acción está en ese “territorio”, que funciona como un filtro que detecta la diferencia entre teoría y realidad; entre conocimiento fundamental y conocimiento cosmético; entre nitidez conceptual y exceso de abstracción.
Mientras tanto, en la “biblioteca”, la doctrina “expansiva” (representada por Néstor Cafferatta y sus discípulos) permanece mayoritaria gracias a su reconocida capacidad de producir réplicas casi idénticas de sí misma. Todo paradigma jurídico materializa, en un momento determinado, la idea sociopolítica dominante en la sociedad. La corriente arriba mencionada transita en paralelo con las ideas preferidas durante las últimas décadas por la mayoría de la sociedad argentina, cuyas características son el estado-centrismo, la desconfianza hacia la economía de mercado y la tolerancia al capitalismo clientelar. A falta de una dimensión generalista, la doctrina “expansiva” sostiene un derecho ambiental autorreferencial y cuasi-soberano, que es “mucho más que una especialidad” (1).    
El derecho es una cuestión práctica, no un amontonamiento de ríos de tinta, citas eruditas, notas al pie y frases en latín. Cuando un orden vetusto ya no convence resulta confrontado porque “el derecho es de los que luchan”. Lo que enseña el best seller La Lucha por el Derecho (1872), de Rudolph von Ihering, también se refleja en el presente del Derecho Ambiental argentino. Por eso, tomamos prestado para este trabajo el título elegido por el gran jurista alemán (con las adaptaciones del caso).
Fue a principios de ésta tercera década del siglo XXI cuando el credo “ecologista” -más elemental, pero más discernible- corrió a la doctrina “expansiva” de uno de los extremos del debate ambiental.  Aún prevalente desde el punto de vista cuantitativo, la doctrina “expansiva” hoy marcha por la “avenida del medio”: voluminosa, pero política y emotivamente menos gravitante. Sin perjuicio de lo anterior, “ecologistas” y “expansivos” cultivan importantes vínculos, y comparten la ética de “buenos y malos” que hemos criticado –por autocomplaciente- en otro artículo (2). La única diferencia fundamental que subsiste es que el credo “ecologista” rechaza abiertamente la Teoría del Desarrollo Sostenible y abraza la Teoría del Ecologismo Profundo, que postula “los límites del crecimiento”. Ésa es la última frontera que la doctrina “expansiva” no cruzó… hasta el momento (3).
Como dijimos, la doctrina “compatibilizadora” se ubica en el otro extremo del debate ambiental. Esta valora –no idealiza- la positividad del sector privado, especialmente la de aquel que es más representativo del mercado; así como también la positividad del Estado, pero no de “cualquier” Estado (4). Partiendo de una visión generalista, sostiene la autonomía relativa del derecho ambiental en el marco de la unidad del derecho, entendida ésta como subordinación a los principios constitucionales e interacción (inter-dependencia) con el resto del ordenamiento jurídico (casi siempre desde su posición de normativa de orden público).
Concluida la preeminencia de la doctrina “expansiva” (5), la “lucha por el derecho ambiental” es el enfrentamiento entre “compatibilizadores” y “ecologistas” por imponer el nuevo arquetipo dominante.

Los cuatro principios ordenadores del derecho ambiental
La doctrina “expansiva” desarrolló y la doctrina “ecologista” adoptó -con gran sentido de la oportunidad- una concepción del derecho ambiental que gira exclusivamente alrededor de dos de los principios ordenadores del derecho ambiental que establece la Constitución Nacional (CN): I) el Paradigma Ambiental establecido por los Arts. 41 y 43 de la CN y por la Ley General del Ambiente 25675 (LGA); y II) el Paradigma Social conformado principalmente por el Art. 75, incs. 17 y 23; y el Art. 14 bis, CN; así como por el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), con jerarquía constitucional en los términos del Art. 75, inc. 22, CN); y por el Acuerdo de Escazú sobre Ambiente y DDHH, ratificado por la ley nacional Nº 27566.
¿Es posible que gran parte de lo que se escribió y leímos sobre derecho ambiental durante las últimas dos décadas adolezca de omisiones fundamentales?
La respuesta es “sí”. Al calor de aquel abordaje “bipartito” se escribieron y publicaron innumerables libros, artículos y ponencias, pero lo cierto es que existen otros dos principios ordenadores del derecho ambiental que dicho abordaje subestima (doctrina expansiva) o rechaza (doctrina ecologista), a saber: III) el Paradigma Republicano, articulador de todos los demás, conformado por: a) la constelación de valores que conforman el estado de derecho (Arts. 14, 15, 16, 18, 19, 28, 33 CN); b) la  democracia republicana y representativa (Arts. 1, 5 y 6, CN); c) la inviolabilidad de la propiedad (Art. 17 CN); y d) la supremacía de la Constitución (Art. 31, CN); y IV) el Paradigma del Desarrollo, establecido por: a) el Art. 41 CN, que señala que se debe propender a la “utilización racional” de los recursos naturales; b) el Art. 75, inc. 18 CN, que establece que el Congreso de la Nación proveerá lo conducente a la prosperidad del país, promoverá la industria, el establecimiento de nuevas industrias y las inversiones extranjeras (el Art. 125 CN reconoce potestades similares a las provincias); y c) el Art. 75, inc. 19 CN, que ordena “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación de empleo”.
En resumen: el Derecho Ambiental de la Constitución se apoya en estas “cuatro patas de la mesa”: I) El Paradigma Ambiental; II) El Paradigma Social; III) El Paradigma Republicano; y IV) El Paradigma del Desarrollo.
A fuerza de repeticiones y de citas endogámicas, los autores “expansivos” colocaron en la “biblioteca” su noción de un derecho ambiental “de circuito cerrado”, que se apoya en solo dos de las cuatro patas de la mesa. Esa concepción desnivelada influyó a un sector de la doctrina ambiental argentina, que desde entonces deambula alrededor de la “trampa de la especialidad” (6).  La corriente “ecologista” tomó como propia dicha concepción desnivelada y, apalancándose en ella a) postula “prohibir por las dudas”, en lugar de “regular estrictamente”; b) fusiona academia con activismo socio-ambiental; y c) procura arrimar la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados del derecho ambiental a la teoría del ecologismo profundo, para luego utilizarlos como “eslogan” en su activismo político y judicial (de esto último hablaremos en la segunda parte de este artículo) (7).   

¿De qué sorprenderse?
La corriente doctrinaria “compatibilizadora” tiene una concepción nivelada del derecho ambiental, es decir, apoyada sobre los cuatro Principios Ordenadores del Derecho Ambiental que establece la CN. Los autores “compatibilizadores” abogan por la armonización entre ellos y, por lo tanto, sostienen que es necesario “regular estrictamente y prohibir excepcionalmente”. Dicha posición responde a la teoría del desarrollo sostenible que, con sus luces y sus sombras, es la adoptada por nuestra CN; así como por la casi totalidad de las constituciones, los gobiernos y las organizaciones multilaterales del mundo.
El abordaje “bipartito” del derecho ambiental -propuesto por la doctrina “expansiva” y usufructuado por la doctrina “ecologista”- no convenció a la Justicia. Tanto es así, que éste nunca hizo pie más allá de la primera instancia.  
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reafirmó el Paradigma Republicano en el fallo «Coihue» (2022) (8) y el Paradigma del Desarrollo en los fallos «Salas» y «Telefónica Móviles» (9).  La Justicia hizo lo propio en varios fallos «Post-Escazú» (10). ¿De qué sorprenderse?  La CN conforma un sistema integrado por principios entrelazados entre sí: “La Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema” (11).
Con apenas algo de formación generalista se advierte la gravitación del paradigma republicano y el paradigma del desarrollo en el derecho, la justicia y la política ambiental nacional.  Veamos algunos ejemplos:

A. El Paradigma del Desarrollo -que conlleva tanto la dimensión económica como su intersección con la dimensión social- califica la Sostenibilidad.  Tal como Siano puntualiza en un artículo que merece muchas relecturas: “No hay Desarrollo Sostenible si no hay Desarrollo” (12). En razón de eso, “… no debe buscarse oposición entre medio ambiente y desarrollo, sino complementariedad” (CSJN, Fallo “Salas”).  La CSJN resalta el vínculo del Paradigma del Desarrollo con el principio de equidad intergeneracional (Paradigma Ambiental): “La tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras” (CSJN, Fallo “Salas”).
B. En razón de lo dispuesto por su Art. 31 (Paradigma Republicano), la CN prevalece sobre las normas de rango inferior.  Pero eso no es todo: la CN -junto con todo el “bloque de legalidad” y los principios generales del derecho que constituyen su causa y fundamento- también está por encima de la invocación de cualquier “entidad” (nación, patria, pueblo, sector político, raza, etnia, clase social, deidad, etcétera), o “relato” (religión, ideología, cosmovisión, tradición, agenda particularista; etcétera).  Por ejemplo, si la invocación de la religión mayoritaria o la de una deidad como Viracocha se pusieran en entredicho con el estado de derecho, son esas invocaciones las que deben dar un paso al costado.
C. Con fundamento en la democracia representativa (Paradigma Republicano), ni las audiencias públicas, ni las consultas previas, ni los mecanismos de participación pública tienen ni podrían tener carácter “asambleario” ni legalmente vinculante, ya que las personas que participan no lo hacen en calidad de “representantes del pueblo”.
D. Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 75, inc. 19, CN (Paradigma del Desarrollo), el derecho ambiental se vale del progreso científico y tecnológico para reducir el margen de conjeturas.  La “rigurosidad técnica” del derecho ambiental (13) se traduce en la vigencia de un modelo racional de prueba (mediciones, análisis, muestreos, modelos informáticos, estudios técnicos; monitoreos; estándares; etcétera), sin perjuicio del margen de apreciación propio de la sana crítica judicial y de la admisión de que no todo conocimiento es científico.
E. La CSJN reafirmó el derecho de propiedad (Paradigma Republicano) como una institución fundamental para el Derecho Ambiental en el fallo “Coihue”, al que la doctrina mayoritaria dedicó algunos comentarios poco entusiastas. Sin embargo, Esaín rompió filas con efusividad: “Los derechos individuales no deben ser sacrificados sino armonizados con la protección del entorno” … “al nivel más alto, el mensaje de la sentencia de la Corte es que nuestro modelo de desarrollo sostenible no consiente normativas que por proteger el ambiente impidan el desarrollo, las actividades productivas, la propiedad privada” … “el derecho al ambiente tampoco es absoluto, debe coordinarse, armonizarse” (14).
F. Pasado el ímpetu inicial, decayó rápidamente el intento por posicionar al Principio de No Regresión como una suerte de “contenido pétreo” impuesto por el derecho ambiental al resto del orden jurídico. Quedó muy claro que no constituye un impedimento de la variabilidad normativa cuando la misma se justifica en necesidades públicas, en avances técnicos y en el interés general; así como tampoco como un límite a la potestad estatal de preferir tal o cual curso de acción por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En el entendimiento de que el concepto ambiental de “regresión” no puede ser determinado en abstracto, el Principio de No Regresión permanece como el deber de justificar la causa y de desarrollar la motivación de cada ley o acto administrativo de alcance particular o general que modifique la normativa ambiental.

Los ejemplos arriba mencionados no hacen más que confirmar la autonomía relativa del derecho ambiental, al tiempo que desmienten su carácter autárquico y cuasi-soberano, idea cultivada por la doctrina “expansiva” y cosechada por la doctrina “ecologista”.
El difícil equilibrio entre desarrollo socioeconómico y protección ambiental exige que se acentúe el Paradigma Ambiental y el Paradigma Social, pero salvaguardando los demás Principios Ordenadores de la CN.

Conclusiones
En materia de interpretación, la CSJN señala que debe preferirse la que mejor concuerde con todos los principios consagrados por nuestra CN.
La falta de apego al universo de valores que conforman el Paradigma Republicano, la subestimación del Paradigma del Desarrollo y la desvirtuación del Paradigma Social condujeron a nuestro país a la imposibilidad de satisfacer siquiera las necesidades presentes (no hablemos de las de las futuras generaciones). Esto se comprueba en niveles nunca vistos de miseria, indigencia e improductividad: una gigantesca inequidad intergeneracional, una verdadera traición al espíritu del Art. 41, CN (15).
El Paradigma del Desarrollo no es el enemigo sino el aliado de la compasión y de los derechos sociales. La doctrina “compatibilizadora” remarca el Principio N° 5 de la Declaración de Río de 1992: “Erradicar la pobreza como requisito indispensable del Desarrollo Sostenible”. Dicho principio reafirma la línea iniciada por la Conferencia de Estocolmo de 1972, y se ve consagrado como ODS N° 1 (“Fin de la Pobreza”) en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, al tiempo que los ODS N° 8, 9, 10 y 12 lo retroalimentan (16).
Lorenzetti, quien a pesar de su cercanía académica no debe ser confundido con la doctrina “expansiva”, advirtió que el ecologismo “opone dialécticamente desarrollo versus preservación del medio ambiente” (17), a pesar de que -según la CN- no son ni podrían ser valores opuestos.  No en vano la CSJN destaca que “uno de los principios fundamentales en materia interpretativa consiste en lograr la coherencia y mutua compatibilidad de normas de igual jerarquía” (18).
No hay Sostenibilidad sin producción, sin trabajo y sin una cierta prosperidad material.  Sin Desarrollo, no hay equidad intergeneracional.  Sin progreso económico (Art. 75, inc. 19, CN) no hay desarrollo humano ni justicia social.
Dicho esto, el Paradigma del Desarrollo no es lo que fue décadas atrás.  Sin perjuicio de la aplicación del Principio de Progresividad (Art. 4, LGA), el mismo supone hoy la adhesión a la Agenda Climática.  El Paradigma del Desarrollo debe entenderse alineado con el Protocolo de Kyoto (Ley Nac. 25438) y el Acuerdo de París (Ley Nac. 27270), que dieron nuevo contenido al Principio de Sustentabilidad (Art. 4, LGA), y lo encauzan hacia su confluencia con el Paradigma Ambiental.  En la actualidad, el Paradigma del Desarrollo se define internacionalmente como aquel que está en consonancia con la Agenda de Descarbonización.  En nuestro país y en la mayoría del mundo es -a la fecha- una agenda de mercado (19) que se impone progresivamente desde las principales empresas a su cadena de valor; así como también desde el sector bancario, financiero, y asegurador, bajo el compromiso de financiar y asegurar proyectos en la medida de su alineamiento con el Acuerdo de París (20).
La Sostenibilidad se apoya en tres columnas: ambiental, social y económica, principio que se mantiene invariable a lo largo de todos los hitos convencionales que mencionamos.  Decir “ambiental, social y económica”, significa aludir al Paradigma Ambiental, al Paradigma Social y al Paradigma del Desarrollo, todos ellos articulados alrededor del Paradigma Republicano.
La CN y el derecho ambiental internacional son el escollo a vencer por parte del credo “ecologista” si de lo que se trata es de perpetuar el “no crecimiento”.    

Por Horacio J. Franco - Socio de Franco Abogados – Consultores Ambientales www.francoabogados.com.ar  

NOTAS
(1) Cafferatta, Néstor; Cuestiones actuales de Derecho Ambiental (obra colectiva); ED 2007, págs. 9 -11.
(2) Ver Franco, Horacio; Ecosistemas e Inversiones Privadas frente a la Responsabilidad del Estado por omisión; https://abogados.com.ar/ecosistemas-e-inversiones-privadas-frente-a-la-responsabilidad-del-estado-por-omision/32706 – 31/05/2023.
(3) Siano relata el esfuerzo de autores de las corrientes “ecologista” y “expansiva” (a las que llama colectivamente la doctrina “populista”) por “cancelar” el concepto de “Desarrollo Sostenible” mediante el sencillo recurso de borrar dicha terminología constitucional de su narrativa. Ver Título “g” en Siano, Juan M; Los sofismas del populismo ambiental argentino; EL DERECHO; ED-MVDCCCII-9; 09/2023.  Si la doctrina “expansiva” en bloque terminara de atravesar ese límite, su identidad perecería absorbida por el “ecologismo”.
(4) Ver Siano, Juan M. y Franco, Horacio; El Manifiesto Compatibilizador; https://abogados.com.ar/derecho-ambiental-el-manifiesto-compatibilizador/31208 – 08/09/2022.
(5) Analizaremos las causas que explican este fin de ciclo en la segunda parte de este artículo. La preeminencia de la doctrina “expansiva” ocurrió desde fines de 2002, cuando fue sancionada la Ley General del Ambiente 25675 (LGA), hasta aproximadamente 2021, cuando ubicamos -de manera tentativa- el impacto de dos eventos transformadores: A) el ascenso de hitos sociales como la Agenda sobre Empresa y DDHH; la Agenda sobre Pueblos Originarios; y el Acuerdo de Escazú; y B) la consolidación de la Agenda de Descarbonización como hito del mercado.
(6) La «trampa de la especialidad» es un concepto que aplica al pensamiento jurídico que se enfoca tanto en una parcela del conocimiento, que se torna insatisfactorio para gestionar profesionalmente la realidad en toda su amplitud, complejidad y diversidad.  Es mejor no quedar atrapados allí …  El antídoto consiste en constatar la unidad del derecho y tomar conciencia de que la formación generalista es ineludible como plataforma para el desarrollo exitoso de cualquier especialidad.
(7) Los conceptos jurídicos son “indeterminados” cuando están sujetos a interpretación, dado que sus alcances y límites no fueron establecidos de manera precisa.
(8) “Coihue SRL c/ Santa Cruz, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios”; CSJN 3162/2004 (40-C) / CS1 Originario, 18/11/2021).
(9) Ver Franco, Horacio; La Corte Suprema encarriló el Principio Precautorio Ambiental;  https://abogados.com.ar/la-corte-suprema-encarrilo-el-principio-precautorio-ambiental/30311 – 22/04/2022.
(10) Ver Sanz, Ignacio y Franco, Horacio; Se afirma la interpretación sensata del Acuerdo de Escazú;  https://abogados.com.ar/se-afirma-la-interpretacion-sensata-del-acuerdo-de-escazu/32434 – 14/04/2023.
(11) Linares Quintana, Segundo V.; Reglas para la Interpretación Constitucional; Plus Ultra; 1988; pág. 84.
(12) Ver Siano, Juan Martín; El Desarrollo Humano como objetivo de la Constitución Nacional y fundamento de la eficacia del Derecho Ambiental; EL DERECHO MMXMVI – 646; 19/05/2022.   
(13) Conf. Mosset Iturraspe, Jorge; Daño Ambiental; Tº I; Ed. Rubinzal Culzoni, 1999; pág. 21.
(14) Esaín, José A.; La Corte y los confines del Derecho Ambiental; LL 9/03/2022 pág. 6 y ss.
(15) Según el Observatorio de la Deuda Social (UCA), en diciembre de 2024 la pobreza llegó a 57,4% de la población, el mayor valor en 20 años: casi 27 millones de pobres.
(16) Nº 8: Trabajo decente y crecimiento económico; Nº 9: Industria, Innovación e Infraestructura; Nº 10: Reducción de las Desigualdades; Nro 12: Producción Responsable y Consumo Responsable.  También se vinculan con el Desarrollo los ODS Nro 2: Hambre Cero, Nº 3: Salud y Bienestar; Nº 4: Educación de Calidad; Nº 6: Agua Limpia y Saneamiento; y Nº 7: Energía Asequible y No Contaminante.
(17) Lorenzetti, Ricardo; Las normas fundamentales de Derecho Privado; Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995.  Como miembro de la CSJN y como codificador, Lorenzetti contribuyó a frenar las iniciativas más próximas al “ecologismo” que fueron impulsadas por la doctrina “expansiva” (ver Nota al Pie N° 7).
(18) Fallos, 272:107.
(19) A la fecha, sólo en la Unión Europea (UE) y en algunos países (Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá), así como en varios estados de los EEUU (California, Nueva York, Massachusetts, Oregon, Washington), la Agenda de Descarbonización se impone también a través de metas legales obligatorias.
(20) Ver Inglese, José Luis y Franco, Horacio; Net Zero: la versión “hard” de la Sostenibilidad; Gerencia Ambiental; Ed. 295; https://gerencia-ambiental.com/295_abril2023/index.html#page=1 – Nº del 03/2023.
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Hallaron un nuevo ejemplar de yaguareté en el noroeste argentino

Fecha de Publicación: 10/05/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Formosa


Para celebrar este suceso, desde la Administración de Parques Nacionales invitaron a la gente a elegir el nombre
La Reserva Natural Formosa ha sido testigo de un evento esperanzador para la preservación de la biodiversidad argentina: el avistamiento confirmado de un nuevo yaguareté macho adulto, especie actualmente en peligro de extinción en el país. Con apenas 250 yaguaretés restantes en Argentina, este hallazgo renueva las esperanzas de conservación de este emblemático felino.
El yaguareté, que había sido avistado y fotografiado por cámaras trampa dentro de la reserva desde el año pasado, fue identificado gracias al análisis de su patrón de manchas, una característica única que permite distinguir a cada individuo de esta especie.
Tras confirmar que las imágenes recientes corresponden al mismo ejemplar visto anteriormente, la Administración de Parques Nacionales aprovechó este acontecimiento para lanzar una iniciativa participativa: la elección del nombre del yaguareté.

Cómo participar en la elección del nombre
La comunidad está invitada a votar por el nombre del yaguareté a través del sitio oficial del Ministerio del Interior, donde se presentan tres opciones reflejando la riqueza cultural y natural de la región:
    Tañhi wük (dueño del monte en idioma wichi)
    Hayaj (yaguareté en idioma wichi)
    Gualamba (gentilicio para identificar a quienes viven en la región chaqueña)
La votación, abierta hasta el 31 de mayo, es parte de una serie de actividades de educación ambiental y sensibilización dirigidas a las comunidades escolares rurales de Formosa y Chaco, zonas aledañas a la reserva.
El resultado será anunciado el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Ambiente, en un esfuerzo por destacar la importancia de la conservación del yaguareté y entretejer la cultura local en la protección de la biodiversidad.

Conservación del yaguareté en Argentina
El yaguareté, también conocido como el mayor felino de América, enfrenta actualmente serias amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Históricamente distribuido desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia argentina, este emblemático felino hoy se encuentra principalmente en México y el norte de Argentina, ocupando solo entre un 15 a 20% de su rango original. La combinación de la pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza furtiva y la disminución de sus presas han llevado a un alarmante descenso en sus poblaciones, estimándose actualmente que solo quedan cerca de 300 ejemplares en territorio argentino.
Esta dramática situación ha llevado a que el yaguareté sea catalogado a nivel nacional e internacional como una especie en peligro, lo que ha impulsado esfuerzos legislativos y conservacionistas para protegerlo. En particular, la legislación argentina lo ha declarado como Monumento Natural Nacional, prohibiendo su caza y comercialización en todo el país. Además, a nivel internacional, la IUCN lo considera “Cercano a la Amenaza” y está incluido en el Apéndice 1 de la convención CITES.
Uno de los esfuerzos más destacados por preservar a este felino es el Proyecto Yaguareté, que se enfoca en la conservación del hábitat, el rescate de ejemplares, la creación de conciencia y la gestión conjunta con direcciones de fauna silvestre locales. Este proyecto busca no solo salvaguardar al yaguareté sino también promover la conservación del ecosistema que habita, dado que el felino actúa como una “especie paraguas”: protegiéndolo, se protege toda la biodiversidad del área.
El yaguareté se caracteriza por su robusto tamaño, con machos que pesan alrededor de 80 kg y hembras 60 kg. Su aspecto es único, con un pelaje que varía de pardo-amarillento a blanca en su zona ventral, salpicado de rosetas negras. Aunque menos comunes, existen también ejemplares melánicos (con pelaje completamente negro) y albinos. La especie muestra una gran versatilidad en sus nombres vulgares, reflejo de la diversidad cultural de las regiones que habita: Yaguareté, Tigre, Yaguar, Uturunco, Nahuel, Overo, y otros.
Históricamente, el yaguareté se extendía por un vasto territorio. Sin embargo, cambios en el paisaje, principalmente la deforestación y el avance de la agricultura y ganadería, han fragmentado su hábitat, dejando a las poblaciones aisladas entre sí, lo cual complica su capacidad de sobrevivir y reproducirse. Esta fragmentación ha sido especialmente dañina en la Selva Paranaense, donde la población de yaguaretés se encuentra completamente aislada de otros grupos.
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Caza controlada de ciervos axis: de qué se trata la actividad qué los cazadores misioneros proponen como solución a la sobrepoblación de la especie

Fecha de Publicación: 10/05/2024
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


Misiones registra un aumento significativo de ciervos axis en el territorio provincial, lo que genera preocupación por el impacto que podría tener en la biodiversidad. En este contexto, cazadores misioneros solicitan la habilitación de la caza de control para contener su expansión y explican de qué se trata esta práctica.
El Ministerio de Ecología lanzó un plan de relevamiento destinado a evaluar la distribución y el impacto del ciervo axis en el ecosistema local. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por los daños que esta especie invasora, introducida en Argentina desde Asia en el siglo pasado, está causando en al menos trece provincias del país.
El ciervo Axis, con su proliferación descontrolada, representa una seria amenaza para los ecosistemas locales, ya que daña la corteza de los árboles, erosiona el suelo y compite con las especies autóctonas y el ganado por recursos alimenticios. Ante esta problemática, el plan de manejo poblacional tiene como objetivo principal preservar la rica biodiversidad misionera mediante un enfoque integral.
En el marco de este plan, los cazadores deportivos solicitaron formalmente a Ecología una respuesta fundamentada sobre la posibilidad de habilitar la actividad cinegética de esta especie invasora. Lucas Ortega, integrante de la Asociación que nuclea a los cazadores deportivos, enfatizó la importancia de informar a la población sobre sus pedidos, destacando que su objetivo es el control de especies invasoras exóticas, no la recreación.
«En principio somos cazadores y en la provincia estamos pidiendo algo muy particular que es en forma exclusiva que es la caza de control que se refiere a el tratamiento de especies invasoras exóticas no nativas», explicó.
Y añadió que: «Nuestro pedido se circunscribe a la protección de la biodiversidad de la provincia, claro está que el ciervo axis se conjuga dos elementos porque es una especie invasora y segundo, tiene interés cinegético, porque es una presa de caza, pero al ser invasora se simplifica la cuestión», expresó Ortega quien remarcó que el ciervo axis representa una amenaza como especie invasora, lo que justifica la necesidad de controlar su población.
El abogado además destacó que su solicitud se basa en la experiencia de gestiones exitosas en otras jurisdicciones, como el Parque Nacional Iberá en Corrientes y el Parque Nacional El Palmar en Entre Ríos. Además, mencionó la importancia de aprender de la gestión de reservas en el sur argentino para proteger las especies autóctonas.
En cuanto a los métodos de control, Ortega subrayó que la caza es la única herramienta efectiva: «Es imposible otra alternativa, como en algún momento se habló de un santuario, por ejemplo, eso demandaría un gasto muy importante para la provincia y generaría un foco de infección que no es positivo», señaló.
Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Ecología, Ortega destacó la necesidad de tomar medidas rápidas. «Hemos perdido un valioso tiempo porque ahora en la reunión de hace tres semanas, referencia también se arrancó con con el censo», lamentó.
Por otro lado abordó las preocupaciones sobre el financiamiento de las excursiones de caza, asegurando que cada cazador asumirá los costos. Además, enfatizó que la caza controlada no tiene como objetivo la recreación, sino la protección de la biodiversidad.
Asimismo destacó la importancia de educar a la población sobre la necesidad de controlar la población de ciervos axis y el compromiso de la Asociación de Cazadores Deportivos con la conservación del medio ambiente. En ese sentido reiteró la importancia de tomar medidas urgentes para abordar este problema y proteger la fauna autóctona de Misiones.
El debate en torno a la caza del ciervo axis generó polémica, especialmente en lo que respecta al financiamiento de las expediciones de caza y a las medidas posteriores a la caza. Los cazadores defienden su actividad como parte de una tradición arraigada en la identidad misionera, mientras que los detractores cuestionan su impacto en el medio ambiente y la falta de garantías sobre el control de la población de ciervos.
Ante estas controversias, es fundamental contar con información precisa sobre la distribución y el impacto de esta especie invasora, así como con un enfoque coordinado y transparente en la toma de decisiones. El relevamiento lanzado por el Ministerio es un primer paso hacia una gestión más efectiva de esta problemática, pero se requiere una mayor cooperación entre las autoridades, los cazadores deportivos y la comunidad en general para alcanzar una solución equilibrada y sostenible.
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Casi medio centenar de despidos en Acumar frenan el proceso de transformación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 09/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.
Con el modus operandi que caracteriza al mileísmo, el viernes a última hora llegaron casi medio centenar de despidos a trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). En su mayoría, con contratos o pases a planta desde 2020 o con intimaciones a jubilarse por su edad. Este lunes hubo protesta y retención de tareas, con un paro convocado para mañana martes. El ajuste repercute sobre el proceso de saneamiento y políticas ambientales ordenado por la Justicia que en el último tiempo había tenido la grata noticia de la aparición de especies que no se veían hacía años.
Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal de Acumar ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.

Modus operandi
“El viernes a la noche, con el modus operandi que tienen, empezaron a llegar alrededor de 40 despidos y algunas sanciones como suspensiones por determinado tiempo. Pero ya antes de Pascuas empezaron a mandar intimaciones por incumplimientos laborales bastante truchos. Hubo 120 intimaciones en un comienzo, después otras 20 a compañeros ‘jubilables’, luego otras 90 y la semana pasada otro puñado. Las intimaciones eran por supuestas ausencias o cuestiones de horarios, se valieron del registro biométrico y cuando hay home office por ejemplo eso no está. O en áreas territoriales hay planillas remitidas a Recursos Humanos que luego no se cargaban, hay compañeras –sobre todo, mujeres- que estaban dos veces por semana en los barrios relevando población, haciendo tareas de contención, de acompañamiento en huertas, de apoyo escolar. Todo lo que es abordaje social previo y posterior a la relocalización de las familias”, describió un trabajador que fue intimado pero aún no recibió notificación de despido.
Los despidos, alertó, tienen que ver con la reestructuración orquestada por la nueva gestión, a cargo del abogado chaqueño Lucas Figueras, quien ya había pasado por la función pública de la mano de Cambiemos. “Hubo despidos en las áreas de salud –que se encarga del relevamiento sanitario de la población-, de adecuación ambiental, de laboratorio, que desaparece del organigrama con la reestructuración del nuevo presidente”, enumeró el empleado, poco después de la asamblea y el ruidazo realizados para visbilizar el conflicto desde el edificio de Esmeralda 255.

“Ahora peligra todo”
Acumar es el organismo público creado luego del fallo de la Corte Suprema de 2008 en la Causa Mendoza, que obligó al Estado (nacional, provincial y porteño) a avanzar en el saneamiento del río y sus afluentes. Se encarga de coordinar la política ambiental del curso de agua golpeado por largas décadas de contaminación industrial, cloacal y domiciliaria.
El proceso –largo e inconcluso- mostró avances en los últimos años. Lo saben quienes se acercaron al Riachuelo en el último tiempo. “Hemos tenido la posibilidad de navegarlo y no hay olor, se ve fauna y flora, el camino de sirga está avanzado. Antes de 2020 ya no había olor. Falta mucho por hacer, pero es una situación en la que se puede estar en el río. El año pasado hubo audiencia pública por un proyecto de navegabilidad y ahora va a quedar en stand by. Acumar trabaja mucho con cooperativas y se sabe que no les dan plata, eso también va a quedar a la buena de Dios”, describió otro trabajador que prefirió no dar su nombre, por razones obvias.
“La mitad de los trabajadores despedidos están todo el día en territorio. El 9 de abril el presidente tenía que ir al juzgado de Morón a dar un parte del estado de avance de la causa y planteó la restructuración. Quiere trasladar responsabilidades los municipios, algo que va en contra del fallo Mendoza”, advirtió.
Una de las mujeres despedidas llevaba más de una década en Acumar. “En lo que hace a lo que yo me ocupo, relocalización, las familias en situaciones malas de vida la han mejorado sobre todo a partir de 2021, cuando el Ministerio de Vivienda empezó a dar impulso y financiamiento a los municipios para que terminen las obras que estaban iniciadas y paradas. A partir de eso tuvimos mucha actividad y las obras se reactivaron, fue un período de mucho trabajo, cuando antes habían estado detenidas bastante, con el macrismo totalmente detenidas”, recordó.
Y lamentó: “En lo personal, me cortaron el deseo y el estímulo de laburo. Ahora peligra totalmente todo. Se pararon todas las obras. A las familias de la cuenca las va a afectar, porque siempre hay cosas para reparar en las viviendas entregadas y las cooperativas de trabajo no están cobrando. Nadie va a reparar nada”.
En marzo, el portal Letra P publicó que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, tenían en la mira a Figueras por sus demoras para recortar el 45% del personal de Acumar. Finalmente, parece que puso la motosierra en marcha como le pedían.

“Maniobras fraudulentas”
“Este vaciamiento responde a la decisión política de retirar al Estado de tareas que son fundamentales. Es lamentable que acudan a maniobras fraudulentas para despedir personal”, escribió en redes sociales el ex titular de Acumar, Martín Sabbatella. “Nuestra experiencia de gestión en el organismo nos deja en claro que cada trabajador y cada trabajadora cumple con absoluta dignidad sus tareas para lograr cumplimentar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, ordenado por la Corte Suprema de Justicia –agregó- Son trabajadorxs que con sus tareas contribuyen a mejorar la calidad de vida de toda la población de la Cuenca Matanza Riachuelo, con compromiso y dedicación cumplen las misiones del organismo para lograr el saneamiento del río, prevenir futuros daños, y hacer de este territorio un lugar más habitable y con mejor calidad ambiental”.
“Desguazar ACUMAR también implica violar la Ley 26.168 que protege la Cuenca y reconoce a lxs vecinxs el derecho a vivir en un ambiente sano, como indica el artículo 41 de la Constitución Nacional. La motosierra de Milei nos demuestra una vez más que la variable de ajuste son los trabajadores. En ACUMAR no sobra ningún trabajador, ninguna trabajadora”, sostuvo.
Una de las respuestas que recibió Sabbatella fue de una de esas trabajadoras: “La mitad de mis compañeros está intimado por inasistencias injustificadas de forma fraudulenta. Son trabajadores que cumplieron día a día sus tareas. Sin embargo y haciendo una necesaria autocrítica, durante tu gestión hubo funcionarios que ni cargaron nuestros presentismos y nos dejaron a merced de esta nueva gestión que nos acusa y criminaliza tratándonos de ñoquis”.

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El estudio de impacto ambiental del Distrito Malargüe entró en una fase clave antes de llegar a la Legislatura

Fecha de Publicación: 09/05/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


El gobernador Alfredo Cornejo anunció que el frondoso estudio de impacto ambiental realizado en el perímetro de Distrito Minero Malargüe Occidental llegó a la Dirección de Minería. Luego, desembarcará en la Legislatura.
“Hemos presentado ante la Dirección de Minería el informe de impacto ambiental del Distrito Minero Malargüe Occidental, elaborado conforme a los más rigurosos estándares internacionales en exploración minera”, expresó Cornejo en las redes sociales desde el sur provincial.
Para el mandatario provincia, este estudio “marca un hito histórico para nuestra provincia, al ofrecer un análisis exhaustivo y detallado sin precedentes en esta actividad, elevando el nivel de estudio ambiental para proyectos futuros”.
“La profundidad y precisión que logramos incorporando información adicional a la exigida por la ley y abarcando todos los aspectos existentes, no sólo ha generado confianza dentro de la comunidad local, sino que también ha despertado un creciente interés entre los inversores para trabajar en Malargüe”, agregó el mandatario provincial.
En ese sentido, destacó que el objetivo del Poder Ejecutivo es “agilizar los procesos de exploración para impulsar la creación de empleo y fortalecer la economía local, manteniendo siempre el pleno cumplimiento de la normativa legal vigente”.

Qué es el Distrito Occidental Minero
Agrupará más de 200 permisos mineros para zonas que se distribuyen en un área de 20.000 kilómetros cuadrados y buscará una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA) legislativa porque se utilizará el mismo estudio de impacto ambiental como base.
Con los cambios en el Código de Procedimiento Minero se busca poner plazos o bien, que el Estado provincial recupere ese permiso y lo administre a través de la firma estatal Impulsa Mendoza.
Todo este proceso entusiasma al oficialismo porque podrán “limpiar” el catastro. “Vamos a tener, en serio, los proyectos o minas con un potencial serio, mensurado y demás”, le había dicho Jerónimo Shantal, funcionario a cargo del área de Minería, a Los Andes semanas atrás desde Canadá.
Así, se avanza con un estudio de impacto ambiental en esos 20.000 kilómetros cuadrados y esa es la llave que destraba todo el trámite legislativo. El expediente será uno solo que contendrá uno o más proyectos. Para tener una noción, Potasio Río Colorado era uno solo que contenía varios derechos mineros.

La factura al peronismo
Durante su recorrida por Malargüe, el gobernador Alfredo Cornejo habló de los recursos que corresponden al resarcimiento de la promoción industrial y aseguró que está buscando invertir en proyectos que tengan rentabilidad privada y generen repago, por lo que se seguirán explorando otras opciones. Afirmó que busca trabajar en conjunto con el sector privado y el intendente de Malargüe, Celso Jaque, en proyectos de desarrollo que sean viables y rentables.
Asimismo, recordó que la obra se cayó porque el ex presidente Alberto Fernández laudó contra Mendoza e impidió avanzar, dándole la razón a La Pampa en el Coirco. Cabe recordar que la provincia vecina exigió un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca y su aprobación por unanimidad, “lo cual es una barbaridad, porque lleva cualquier cantidad de tiempo y La Pampa exige que las cinco provincias que componen este comité voten por unanimidad”, según explicó Cornejo.
“Portezuelo del Viento, como proyecto, no está cancelado”, disparó el Gobernador y aseguró que puede hacerse, pero no con estos fondos, como estaba previsto con anterioridad. Además, sumó a El Baqueano como proyecto que está listo para licitar.
El mandatario señaló que tanto los actores privados como públicos interesados en la obra sabían que no se podía hacer Portezuelo en estos momentos. “La única novedad y la única sorpresa que no se comunicó, y la verdad que pido disculpas, es la firma de la adenda, nada más que eso”, aseguró.
En la oportunidad, Cornejo también recordó que el Gobierno Provincial cuenta con casi el total del dinero de la obra, porque se inició un juicio por los perjuicios que le ocasionó a Mendoza la Promoción Industrial en la década del ‘90. “Este juicio no lo inició la Cámara de San Rafael, sino el gobierno de Arturo Lafalla en el ‘98, que era de otro signo político distinto al mío”, aseguró el mandatario y recordó que también fracasaron los dos amparos de San Rafael, tanto el del 2010 como el del 2014.
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Denuncia de “desastre ambiental” por derrame de hidrocarburos en el glaciar Perito Moreno

Fecha de Publicación: 08/05/2024
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Santa Cruz


El Glaciar Perito Moreno es uno de los grandes atractivos que posee nuestro país, fenómeno natural conformado por un frente de hielo que mide unos 5 kilómetros de ancho y 60 metros de alto, el que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981.
Pese a esa declaración y a los cuidados lógicos que demandarían del propio Gobierno nacional, el mes pasado se reportó un presunto derrame de hidrocarburos y aceites en las aguas del Lago Argentino-Brazo Rico, destacándose que si bien el incidente sucedió hace un mes, la noticia se conoció recién ahora tras un reclamo por la falta de controles por parte de las autoridades.
El hecho fue notificado el pasado 11 de abril, cuando los guardaparques del Parque Los Glaciares detectaron la presencia de dos manchas oscuras compatible con un derrame de hidrocarburos y aceites. Una de ellas se situó en el frente del glaciar, mientras que la segunda abarcó la costa del Puerto Bajo las Sombras que es utilizada por la empresa de turismo Hielo y Aventura. Frente a esto, los agentes labraron el acta correspondiente, la cual fue ingresada al sistema de Parques Nacionales de Argentina el pasado 18 de abril.
De esta manera, las autoridades dispusieron que una cuadrilla de agentes autorizados realizaran un recorrido para observar el estado en el que se encontraba el cuerpo de agua. Más tarde, el organismo de control corroboró la gravedad del asunto al señalar que la mancha también era visible desde las imágenes satelitales.
Ante la situación, se denuncia la ausencia de controles adecuados sobre las embarcaciones que circulan por el lago, señalándose que solo una empresa es la que cuenta con la concesión en el Parque Nacional Los Glaciares, para su circulación prestando servicio de traslado al turismo.
Mientras que seguramente la denuncia abrirá los controles e investigaciones pertinentes, se destaca que la mancha en forma de hilo que está frente al glaciar afectaría a las piedras, aves y plantas autóctonas, que son conocidas por ser altamente sensibles. Por este motivo, los expertos ambientales remarcaron que es vital contar con una rápida actuación ante situaciones de derrames de hidrocarburos, calificándose el hecho como “un verdadero desastre ambiental”.
En paralelo, la Asociación de guías de turismo de la provincia de Santa Cruz (AGUISAC) y la Asociación de Guías de Montaña de El Chaltén (AGMEC) enviaron un pedido de información de daño ambiental en el Lago Argentino a la administración de Parques Nacionales, con el objetivo de dimensionar los efectos que esta situación podría tener en el medio ambiente.
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Polémica en Chaco | Profesionales de Ingeniería Forestal del país piden al gobernador el veto de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 08/05/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), desde la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
La Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) –que nuclea a cinco colegios de profesionales del país- se puso a disposición del ejecutivo provincial para el asesoramiento técnico necesario que permita entender la gestión forestal sostenible y mejorar la gobernanza ambiental de la provincia.
Desde la Federación se apoyó el trabajo técnico-político que ha realizado oportunamente el Consejo Profesional de Ciencias Forestales de la Provincia de Chaco (CPCFCH), con respecto al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chaco y, también las advertencias planteadas en distintos ámbitos institucionales sobre las inconsistencias técnico-normativas con respecto a la actualización del OTBN que se analizó y aprobó en la Legislatura provincial el pasado lunes.
“La aprobada, la Ley 4005R no cumple con el principio de no regresividad ambiental al modificar, en un nivel menor de categoría de conservación, a cientos de miles de hectáreas de bosques nativos que pasan de la categoría II (Amarilla) a categoría III (Verde), quedando así habilitadas al cambio de uso de suelos (CUS) para actividades agropecuarias con sus consecuentes impactos en el territorio”, remarcaron desde la FAIF, en un comunicado en el que marcan su posición de rechazo a la norma aprobada.

Fortalecer el diálogo y fomentar la gestión sostenible
La ampliación de las áreas boscosas a la categoría de conservación III (verde) generan la reducción de las áreas boscosas susceptibles de manejo sostenible (industria forestal) y a perpetuidad, con la disminución consecuente de la provisión de servicios ecosistémicos, para su goce, no solo para los chaqueños, sino también para toda la sociedad, entienden los profesionales nucleados en la FAIF.
“Los bosques recategorizados a un nivel inferior de conservación (verde), se asientan sobre un sistema de corredores biológicos regionales que dan conectividad a las distintas áreas protegidas para la conservación de flora y fauna, dónde la conectividad forestal es imprescindible. También, junto con la actividad forestal (industria forestal), estos bosques sostienen producciones asociadas como la ganadería y apicultura que son muy importantes en la economía de la región”, explican en el comunicado.
De esta manera, remarcaron la necesidad de mejorar la gestión forestal sostenible, garantizando la gobernanza ambiental en esos territorios. “En este sentido, reivindicamos la necesidad de fortalecer el diálogo institucional, destacando la buena predisposición colaborativa de nuestros colegas chaqueños, para abordar de manera mancomunada los diferentes aspectos que merecen resolución asertiva en la actualidad, que se ha evidenciado en la Mesa Técnica de la Unidad Ejecutora provincial durante el año 2021”, agregaron.
Por otra parte, ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
Es necesario frenar la deforestación y poner en valor a los bosques nativos de Argentina, pues en ellos está la garantía de salvaguarda a futuro de nuestras comunidades. Para esto, es necesario tomar medidas técnico-políticas eficaces, donde los ingenieros forestales tienen un rol muy importante por su formación para la gestión forestal sostenible”, remarcaron.
Por otro lado, consideraron que “es necesario debatir y consensuar una visión forestal con los distintos actores institucionales y territoriales, que posibiliten avanzar y mejorar la formulación e implementación de una política forestal de Estado para los próximos años en provincia de Chaco y las provincias que comparten territorialmente el ecosistema forestal nativo del Parque Chaqueño. La FAIF y CPCFCH están comprometidos con la gobernanza forestal sostenible para garantizar el desarrollo del Parque Chaqueño”, concluyeron.
La federación está conformada por el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero; la Asociación de Ingenieros Forestales de Chubut,; el Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco; y el Colegio de Ingenieros Forestales de Formosa.
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Parques Nacionales: Monsanto al gobierno, los privados al poder

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El gobierno nombró al frente de Conservación de Áreas Protegidas a Leonardo Sarquis, ex CEO de la empresa de agroquímicos. Recortes y ataques a un sector clave para el patrimonio del país.
Los antecedentes de Leonardo Sarquis –primero como gerente del gigante Monsanto y luego como ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal– no parecen ser los mejores argumentos para justificar su desembarco como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN). O sí. “Su designación guarda lógica con el pensamiento nefasto del actual gobierno nacional, pero no deja de sorprender tanta irracionalidad institucional”, se queja el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro. Enseguida aporta la explicación: “Sarquis fue el ideólogo de la Resolución del Veneno, que autorizó las fumigaciones con agrotóxicos a cero metros de las viviendas, las escuelas rurales, los ríos y lagunas. Y también, aunque parezca increíble, de las reservas naturales. Por eso decimos que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas”.
Publicada en el Boletín Oficial del 17 de diciembre de 2018, la Resolución N° 246-MAGP-18 firmada por el entonces ministro Sarquis habilitaba a partir del 1° de enero de 2019 la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”.
En febrero de 2019, luego del repudio unánime de las asambleas de vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas, el gobierno de Vidal decidió suspender la resolución por un año. Desde entonces (y ya con Axel Kicillof en funciones) las prórrogas de la suspensión se sucedieron, evidenciando la nula voluntad política de derogarla.
“Sarquis es un lobbysta activo del agronegocio, que opera alternando las consultorías privadas y los cargos públicos, promoviendo y consolidando el modelo agroindustrial ecocida. Un genuino caso de puertas giratorias”, lo describe Cabaleiro en Naturaleza.ar, y agrega que “exhibe con auto-exaltaciones su paso como CEO de Monsanto, una empresa atravesada por el daño ambiental ocasionado a través de su paquete tecnológico para su uso en la agricultura, que comprende la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) asociados con agrotóxicos, principalmente el herbicida cancerígeno glifosato”.
Si bien se espera por un anuncio oficial, desde hace unos días Sarquis se pasea por las oficinas de Parques Nacionales. “Con la asunción del nuevo gobierno –explica una fuente– hay un caos total en el sistema de cargos de los organismos públicos. En el caso de Parques Nacionales se sabe que lo quieren desmantelar y por eso hay direcciones que todavía no tienen nombramientos. Pero mientras tanto se necesita que sigan funcionando operativamente, que alguien firme y por eso lo trajeron a Sarquis”.

Sin protección
En junio de 2022, la por entonces candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue la única diputada que votó en contra de la creación de nuevos Parques Nacionales. “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, justificó luego en sus redes sociales. Sin darse cuenta sembró las primeras pistas de lo que sería una política de Estado en su gobierno: el desinterés por la preservación de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a los cálculos de los propios trabajadores de Parques Nacionales, la intención de las nuevas autoridades es llegar a diciembre de 2024 con un recorte del 50% del personal. La motosierra ya se había prendido a fines de marzo, cuando no se le renovaron contratos a unos 80 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, fue el que sufrió las mayores bajas, lo que motivó una serie de protestas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de San Martín de Los Andes.
Argentina tiene 55 áreas protegidas que resguardan el patrimonio natural y cultural del país. La conservación hoy está en peligro. También son una fuente turística, aunque el gobierno no se muestra preocupado por promover las visitas: el lunes 13 de mayo las entradas a los Parques Nacionales aumentarán un 400 por ciento.
«Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias», prometió Cristian Larsen al asumir como presidente de la APN hace un mes atrás. Al igual que con las universidades, la excusa de las «auditorías» para tapar el ajuste. Para cumplir con el propósito encomendado por Javier Milei, Larsen debió pedir licencia como miembro del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) en representación del PRO.
Pero la designación de Larsen causó rechazo entre los trabajadores de la Televisión Pública por considerarlo “el brazo ejecutor de las políticas de Hernán Lombardi de rebaja salarial, violación de convenios y censura en TVP y Radio Nacional durante el macrismo”. Además, señalaron que “cuando ostentó el cargo de auditor interno entre 2017 y 2019 se denunciaron numerosas irregularidades que deben ser investigadas”. Sobre su rol de auditor interno de RTA, la Oficina Anticorrupción “dio cuenta de irregularidades», como fue «una activa intervención en diferentes asuntos de la gestión de dicha empresa estatal, sobre los cuales no poseía atribuciones de gestión sino de control interno, por lo que hipotéticamente habría quedado en posición de tener que controlar su propia actuación”. La “mancha” en el legajo de Larsen (un apellido que curiosamente portan decenas de trabajadores de Parques Nacionales) no alcanzó a convencerlo de bajar el perfil. En sus redes sociales se lo ve posando con el presidente y su hermana Karina, celebrando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner o militando el cierre de la agencia Télam.  «
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Exclusivo: Neuquén se planta y no aprobará extensiones del convencional sin plan de remediación

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, anunció que un equipo especial ya audita las áreas cercanas a su vencimiento. “No vamos a avalar el ingreso de empresas que después no puedan hacerse cargo”, advirtió ante el proceso de venta de bloques que lleva adelante YPF. Reveló que son muchas las consultas de pymes extranjeras.
 Exclusivo: Neuquén se planta y no aprobará extensiones del convencional sin plan de remediación Las nuevas oficinas del ministerio de Energía y Recursos Natural de Neuquén comparten el edificio con el Instituto de Juegos de Azar (IJAN) pero si hay algo claro es que el ministro Gustavo Medele no se quiere “timbear” el futuro ambiental de la provincia. Con un pronóstico que en el caso más conservador marca que por el impulso de Vaca Muerta Neuquén duplicará la producción de petróleo en 2028, el gobierno se plantó y fijó como condición uno a las empresas que quieran extender las concesiones del convencional que presenten, y puedan financiar, un plan de remediación ambiental integral.
La postura es trascendente, ya que son 25 las concesiones hidrocarburíferas de Neuquén que vencen entre el año que viene y 2028. Pero además, en ese listado de potenciales pedidos de extensión se encuentran las 9 áreas que YPF puso a la venta a través del Proyecto Andes, una iniciativa que con un total de 30 bloques en todo el país, ya despertó el interés de más de 60 empresas y uniones empresarias.
Además de esas áreas en venta, YPF también cuenta con otros 4 bloques que la petrolera de bandera no abrió a ofertas porque buscaría renegociar o reconvertir, ya que se trata de bloques clave como Loma La Lata y Puesto Hernández.
Una situación, de cara a un vencimiento cercano, en el que también se encuentran empresas como Oilstone, Tecpetrol, Pluspetrol, TotalEnergies, Aconcagua Energía, Petróleos Sudamericanos y Petrolsur.
“Yo nací acá y voy a morir acá. Y mi mirada es más sobre el pasivo que sobre el flujo. No podemos darnos el lujo de desentendernos de ese tema número uno en todo este proceso que es el pasivo ambiental”, aseguró Medele en una entrevista en exclusiva con Energía On.
El ministro explicó ante el proceso de venta de áreas que abrió YPF que “no podemos permitir que se quede (un área) una empresa que no pueda responder a ese pasivo. Ese es el gran problema de la venta de YPF”. Y remarcó que “para nosotros la primera mirada es la del pasivo, o sea que quede bien todo eso, y después el proyecto que traiga, qué va a hacer en el campo”.
Un punto que es común a todos los pedidos de renegociación o extensión de las concesiones, sobre el que enfatizó que “cuando veamos el plan de trabajo, por ahí le vamos a decir a alguna empresa te quiero mucho, pero no te conviene, vas a volcar. Y también nuestra responsabilidad es asegurarnos que esta gente no nos deje un problema dentro de 10 años”.
Medele, quien tras una extensa carrera en la industria viene de ser vicepresidente de Excelencia y Seguridad Ocupacional de YPF, detalló que el procedimiento correcto ante la reversión de un área, la devolución ya sea en vigencia o por vencimiento de la concesión es que “el que se va tiene que limpiar ese campo, tienen que limpiar abandonando los pozos, levantando tuberías o dejándolas inertes, desarmando plantas y viendo también los derrames, los pasivos que tengan”.

Comenzaron las auditorías
Con 25 concesiones llegando a su fin antes de 2028, Medele anunció que la provincia ya tomó cartas en el asunto y creó un equipo especial interdisciplinario que ya comenzó a realizar una auditoría de las áreas, un relevamiento propio de los pasivos ambientales y los trabajos de abandono seguro que deben hacerse.
“Ya empezamos a hacer auditorías con nuestros equipos internos. Tenemos a la subsecretaría de Ambiente dentro del ministerio de Energía y estamos con Ambiente y la subsecretaría de Hidrocarburos armando equipos de trabajo de auditorías”, contó Medele.
Y sumó que “ya estamos yendo al campo, empezamos a ir hace un mes voluntariamente a ver los campos grandes. Los equipos están trabajando con nosotros para hacer un mapeo”.
La postura de Neuquén es clara: “el objetivo es tener nuestro propio diagnóstico y no esperar a que la empresa diga cuál es su plan de remediación, sino tener nuestra mirada de qué es lo que hay que hacer en los cuatro elementos que son pozos, ductos, plantas, y los derrames que haya habido”.
Lupa en lo ambiental, el punto clave para el ministro Medele.
Medele reiteró que “de esos cuatro elementos nosotros tenemos que tener nuestra mirada, nuestro inventario. Cosa que si llegan juntas cinco concesiones no colapsemos al equipo”.
“El que venga que quiera comprar por este farm out, va a tener que decir porqué está interesado en entrar acá, qué va a hacer. Porque un plan de inversión es argumentativo aunque digan 100 millones, queremos que digan qué van a hacer en barriles, y en segundo lugar cómo van a asegurar el pasivo, porque si se va YPF le deja todo el pasivo esta empresa que venga”, planteó.
El ministro de Energía remarcó que “nuestra mirada es más sobre el pasivo, porque hoy podés tener pozos con baja producción pero en algún momento van a ser un pasivo que hay que asegurar”.
Y advirtió que “en Neuquén tenemos una posición diferente tal vez a otras provincias como Santa Cruz o Chubut, nosotros con Vaca Muerta prevemos duplicar la producción a 2028, entonces es lógico que estemos más preocupados por el pasivo que por la producción, porque puede ser que el pasivo termine siendo más caro que el potencial activo en la mayoría de las concesiones viejas”.
En los últimos meses fueron varias las empresas que se acercaron al mostrador de Medele interesadas en especial por campos convencionales, ya que el funcionario marcó que “hoy no hay casi lugar en Vaca Muerta”.
“Han venido algunas empresas de México, de Brasil, de Estados Unidos a ver cómo es el convencional. Son otro tipo de empresas, especializadas en el convencional, pero hay que ver muy bien el tema del pasivo, cómo plantean resolverlo, si pueden solventarlo o si en unos años se funden y nos dejan una camioneta y un trailer como pago”, señaló.
Medele remarcó que “somos la generación que tiene que hacer esto para que quede bien, porque tenemos un modelo de crecimiento de producción con Vaca Muerta, y por eso podemos dedicarnos a dejar las cosas bien hechas”.
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Confirman altos valores de contaminación en San Nicolás tras la explosión en Atanor

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


Greenpeace detectó atrazina en muestras tomadas en el suelo frente a la fábrica y también en viviendas y veredas cercanas a la planta
La organización ambientalista Greenpeace publicó este jueves los resultados de las muestras que un equipo tomó en San Nicolás, en cercanías de la planta de Atanor, tras la explosión de un reactor ocurrida el pasado 20 de marzo. A través de hisopados, la organización ambientalista detectó altas tasas de atrazina, un compuesto tóxico prohibido por la Unión Europea en 2004 y Estados Unidos.
El análisis de las muestras tomadas el 22 de marzo, 48 horas posteriores a la explosión, detectó atrazina en todos los puntos muestreados, en un radio que va desde los 150 a 350 metros de la planta.
Se trata de un compuesto tóxico prohibido en la Unión Europea desde 2004 y restringido en Estados Unidos. Es uno de los herbicidas más utilizados en el país. Se estima que esta sustancia puede permanecer en el ambiente hasta cien días.
Precisamente, las muestras fueron recolectadas de las paredes de las viviendas y de las veredas. También, se realizó un muestreo de suelo frente a la fábrica.

 Liberación de agrotóxicos tras la explosión en Atanor
Activistas de la organización habían visitado las inmediaciones de la planta de Atanor en la localidad bonaerense de San Nicolás luego de la explosión con liberación de agrotóxicos, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2024, para recolectar información y testimonios sobre lo ocurrido.
Estos resultados confirmaron, una vez más, los impactos de la fabricación de atrazina en la comunidad, como vienen denunciando los vecinos desde hace años, y tal como surge de las sentencias judiciales.
 Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta.
“Las historias de la contaminación provocada por Atanor no son recientes. Esta empresa cuenta con reiteradas denuncias de los vecinos desde hace dos décadas, algunas llegaron a la justicia por la contaminación a la que se ven expuestos”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace.
“Atanor continúa con sus actividades pese a una sentencia judicial del año pasado por contaminar y provocar severos daños en la salud de las personas”, amplió.
“Estas nuevas muestras aportan datos concretos de contaminación por atrazina en San Nicolás. Vamos a seguir exponiendo la contaminación y exigiendo que se investiguen las causas y el impacto de la explosión de manera urgente”, agregó Mingo.

Atanor: resultados del análisis de las muestras
Se tomaron muestras en pared y piso de casas vecinas, al exterior de la calle, mediante hisopados.
La primera muestra arrojó 1,555 µg/cm2, mientras que la segunda fue de 1,775 µg/cm2. En tanto, en el segundo lugar se tomaron muestras mediante hisopado en la vereda frente a la planta de Atanor y muestras de suelo también en el mismo punto.
En la tercera muestra, a través de hisopado, los valores arrojaron 11,083 µg/cm2, mientras que en la cuarta el muestreo indicó 481,83 ± 60,27 µg/kg.
Estos resultados indican la mayor concentración en la muestra 3 respecto de las muestras 1 y 2, indicando la cercanía al punto donde se liberó el compuesto y reforzando los resultados de dispersión hacia el barrio donde fueron tomadas las muestras 1 y 2.
Desde Greenpeace señalaron que la muestra de suelo presenta una alta concentración, independientemente de un desvío alto producto de la heterogeneidad de la muestra.

Qué es la atrazina
La atrazina es un herbicida que se comercializa desde la década del 60. Es un compuesto tóxico que se utiliza principalmente para el control de malezas. En Argentina, es uno de los tres plaguicidas más utilizados, pese a que está prohibido en 37 países, incluida la Unión Europea.
El Ministerio de Ambiente nacional analizó en 2021 los impactos del herbicida en el ambiente y la salud y constató "los riesgos inherentes al uso de la atrazina como herbicida".
Cabe aclarar que la exposición humana a este producto químico ocurre por distintas vías y escenarios de exposición y esto puede causar una multiplicidad de efectos dañinos. Este herbicida es moderadamente persistente en suelo y agua (entre 30 y 100 días).
Greenpeace ya había denunciado penalmente a la empresa por contaminación de agua en 1998. En ese momento, Atanor contaba con una planta en Llavallol y se analizaron muestras tomadas del Arroyo Rey (parte de la cuenca Matanza - Riachuelo) mediante las cuales se constató la contaminación con elementos tóxicos.
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La Argentina pagará caro la inacción en materia ambiental

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Pese a que nuestra economía depende del ambiente, no hay conciencia del valor que supone cuidar los ecosistemas
La Argentina es peculiar. Es el octavo territorio más extenso del mundo, del Trópico de Capricornio a regiones polares. Goza de una diversidad única de climas y ecoregiones: selvas, bosques, desiertos, estepas, cadenas montañosas y extensas llanuras. Integra la quinta cuenca hídrica del planeta. El agua abunda en el 30% del territorio, pero el 70% es árido o semiárido. La Cordillera de los Andes, con sus nieves y glaciares, provee el agua para la población y actividad económica de estas regiones. Posee además un extenso territorio oceánico.
La población es acotada, mal distribuida: el 92% es urbana, concentrada en pocas ciudades, entre ellas la megaurbe del AMBA, donde reside más de la tercera parte de la población del país.
La economía argentina se basa en la producción agropecuaria y derivados. La mayoría de las exportaciones tienen valor agregado bajo a medio. Hoy el valor de las materias primas es una parte cada vez menor del flujo del comercio internacional. Esta situación presiona sobre los ecosistemas del país. Incluyendo al turismo, gran parte de nuestra economía es ambiente dependiente: vendemos clima, agua y suelo. Exportamos riqueza ambiental.
Las sequías que han impactado nuestro país en los últimos 16 años –peor aún la gran sequía 2022-2023– exponen el grado de dependencia y vulnerabilidad socio-económica del modelo basado en una baja diversidad de productos primarios ante perturbaciones ambientales naturales y antropogénicas.
Dado que ambiente y clima son la esencia de nuestra economía, sería razonable pensar que el cuidado del ambiente es prioritario para los ciudadanos y toda la dirigencia. También lo sería la optimización de su uso económico, su puesta en valor para conquistar mercados.
Sin embargo, no es así. El cuidado del ambiente no es relevante para amplios sectores de la ciudadanía, aun sufriendo vulnerabilidades derivadas de la crisis ambiental.
Leyes no faltan. La Constitución de 1994 contempla el derecho al ambiente sano. De ella se desprenden un conjunto de leyes para preservar sistemas naturales. La mayoría fueron fruto de intensos debates, con aportes del sector de I+D. Leyes como la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos y la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares proveen a la preservación de ecosistemas, garantizan la continuidad de sus servicios esenciales para la vida y el desarrollo económico. Son leyes distinguidas en Estados Unidos y Europa.
Pero lo cierto es que estas leyes no reciben los medios para su aplicación o no se las aplica correctamente o se las ignora.
Existen movimientos ambientalistas, pero varios promueven slogans desvinculados de las realidades de los ecosistemas locales y del conocimiento científico. Algunos son cooptados por ideologías partidarias. En la dirigencia se observa escaso interés en la problemática ambiental. No perciben la relación entre la crisis ambiental y la crisis socioeconómica. Algunos sectores políticos la hacen propia solo para hablar mucho, hacer poco, o encubrir destrucción ambiental.
En suma, la crisis ambiental queda inmersa en múltiples grietas, en el desconocimiento y la indiferencia de nuestra sociedad y la dirigencia público-privada.
Las soluciones para nuestro país exigen conocer la dinámica de los sistemas ambientales, la identificación de los desequilibrios y sus causas. Se necesitan sistemas de monitoreo ambiental y análisis científico propios, cuestiones caprichosamente desfinanciadas o abandonadas.
No siempre fue así. En 1872 Sarmiento aprobó por ley la creación del hoy Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tercera institución de su tipo en el mundo, y las primeras academias nacionales de ciencias. Avellaneda crea el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) en 1879. En 1903, el gobierno de Roca apoya la Campaña Antártica Nacional Escocesa y en 1904 establece la primera base antártica permanente del mundo, la Base Orcadas. Roca asienta las bases de lo que luego será el valioso sistema de parques nacionales. Son solo algunos ejemplos.

La crisis ambiental
Los problemas ambientales del país son múltiples. Veamos algunos desde la ciencia. El 30% del territorio sufre degradación de suelos de importante a severa. Tal degradación incluye diversos procesos: pérdida importante de nutrientes, erosión, desertificación. La pérdida de biodiversidad microbiana del suelo, fundamental en el ciclo de nutrientes y la fijación de dióxido de carbono atmosférico (CO2), es importante.
La crisis de los suelos se asocia con cambios en el uso de suelos: falta de gestión, destrucción de bosques y pastizales nativos. La rica biodiversidad de nuestros ecosistemas cae por la expansión sin control de la frontera agropecuaria que destruye ecosistemas sin importar las consecuencias ni siquiera para la misma producción que busca expandirse. Los mecanismos de degradación interactúan y se potencian.
La pérdida de cobertura vegetal y trama de raíces que frenan el impacto de lluvias fuertes y retienen el agua promueve la erosión. Además, acelera el escurrimiento del agua hacia las cuencas hídricas, causando inundaciones más rápidas y frecuentes o procesos de sequía más intensos, según el estado del clima. El lavado de suelos facilita la contaminación de los ríos con los múltiples productos químicos tóxicos de la actividad agraria, industrial o minera.
Ríos y napas sufren la contaminación de aguas por falta de tratamiento adecuado de efluentes urbanos e industriales. Se detectaron psicofármacos en aguas del Paraná. Los stocks de agua se están desregulando por extracción excesiva de agua de napas, derretimiento de glaciares y nieve permanentes por el calentamiento global y eventos meteorológicos y climáticos extremos cada vez más frecuentes.
La generación eléctrica con combustibles fósiles y el cambio en el uso de suelos son las principales causas del cambio climático. Tenemos emisiones de gases de efecto invernadero moderadas, similares a las de Suecia. Aquí son ineficientes y costosas por fallas sistémicas, por destrucción ambiental. Reducir estas emisiones es necesario. Pero ante cambios climáticos que ya están ocurriendo debe adaptarse la infraestructura, la vivienda, la salud, la producción. Se requiere capacidad propia para evaluar cómo serán los cambios, para diseñar políticas de adaptación eficientes. Sin estas acciones los costos sociales, las pérdidas económicas, productivas y ambientales crecen.

Revertir la tendencia
Podríamos describir otros procesos de la crisis ambiental nacional (contaminación del aire, pesca, humedales, especies foráneas, entre otros) y sus múltiples sinergias negativas. Pero es relevante considerar que también existen procesos para revertir la situación: soluciones productivas de raíz ecosistémica.
Existen técnicas que no solo cuidan el ambiente mediante actividades productivas, sino que las potencian. Productores ya aplican la ganadería regenerativa y silvoganadería en distintos puntos del país. El uso de la fauna autóctona en la industria textil, láctea y cárnica es otro ejemplo. El uso responsable con valor agregado de la biodiversidad en el sector alimenticio, farmacéutico y cosmética debería desarrollarse. El desarrollo de tecnologías de energía renovables solar, eólica y marina es esencial para el país y genera productos exportables de alto valor agregado. El rol del Estado en cuidado del entorno, certificación de calidad ambiental y desarrollo de conocimientos en favor de toda la sociedad es indeclinable.
Nos debemos un serio debate para revertir esta crisis. El cuidado ambiental es fundamental para proteger y diversificar nuestras producciones, generar empleo, valor agregado y abrir mercados. El desarrollo del conocimiento científico y técnico local es ineludible: universidades, Conicet, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, la Conae. La transferencia a la sociedad, y en particular a las pymes que no pueden costearlo, es un deber. Las pymes son pilares de la economía. El conocimiento es el otro pilar.
El costo social, económico y ambiental de la inacción es mucho mayor.

Por Pablo O. Canziani
Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, investigador de la UTN/Conicet y miembro fundador del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión de la Unesco
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Santiago del Estero: con dramáticas imágenes, denuncian un ecocidio en el Canal de la Patria y exigen que actúe la provincia

Fecha de Publicación: 04/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santiago del Estero


ONG ambientalistas registraron la muerte de más de 250 animales pertenecientes a más de cuarenta especies de fauna, algunas en peligro de extinción, en una obra cuestionada desde octubre
Desde mediados de octubre del año pasado hasta mediados de marzo pasado, una investigación realizada por biólogos en el Canal de la Patria, en Santiago del Estero, registra la muerte de más 250 animales pertenecientes a más de cuarenta especies de fauna silvestre. Sin embargo, las proyecciones más realistas apuntan a la muerte de miles de individuos en ese lapso de tiempo por la inoperancia oficial tras los primeros alertas, en aquella fecha.
Hoy llamado por los ambientalistas el “canal de la muerte”, se trata de una traza de 200 kilómetros hormigonados, en paralelo a otro canal de tierra histórico, que desde su inauguración en 2023 lleva agua desde Santos Lugares a Amamá, Quimilí y Tintina.
Mientras los cadáveres de animales se siguen acumulando en el lecho, las autoridades de la provincia de Santiago del Estero continúan dando las mismas explicaciones que dieran luego de que, pocos días antes de las elecciones nacionales, el año pasado se viralizaran impactantes imágenes de unos osos hormigueros y ejemplares de otras especies intentando mantenerse a flote en una de las rejas de hierro del entonces recién estrenado canal.
Consultada por LA NACION para esta nota, la directora de Bosque y Fauna provincial, Noelia Zanichelli, sugirió hablar con el subsecretario de Medio Ambiente, Carlos Salmoraighi. Este –que depende del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente, y tiene bajo su órbita estudiar todos los aspectos de impacto ambiental de distintos proyectos– afirmó: “Toda obra que se ejecute en la provincia tiene que cumplir con la ley. Los responsables son los inspectores ambientales de la obra”. Y delegó la responsabilidad en el Ministerio de Obras Públicas de Santiago del Estero, “que es quien ejecuta las obras”, dijo.
LA NACION intentó hablar con el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid, quien derivó la consulta al subsecretario del Agua, Sergio Zaltz, quien –según se informó– “se encuentra de viaje por (un) estudio médico y estaría la otra semana reintegrándose a sus funciones”.
Lo cierto es que en el lapso de tiempo en el que se desencadenó el escándalo a causa de las primeras imágenes de los osos tomadas por pobladores y el martes, en que se volvieron a ver en las redes cuerpos de animales flotando en el agua, lejos estuvo la gobernación de encontrar una solución, a pesar de afirmar por todos los medios que mientras la solución definitiva se pudiera concretar no moriría un solo animal más.
Esta vez, quienes dieron la voz de alarma fueron un grupo de biólogos, miembros del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces de la Argentina (Cecara), becarios doctorales e investigadores del Conicet, quienes estudiando el águila coronada (Buteogallus coronatus) llegaron hasta esos parajes. Tras ser testigos de lo que sucede, resolvieron revelar la situación y luego participar a otras asociaciones civiles, como Azara, Aves Argentinas, Vida Silvestre y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). De ese trabajo, además, surgió un video que recopila y muestra el drama que se registra en la zona.
“Soy biólogo y soy becario del Conicet. Estoy trabajando con el águila coronada, una especie de ave rapaz amenazada que habita toda la zona árida del centro y norte de la Argentina –dice el español Diego Gallego García–. Este año nos financiaron la investigación de esta especie en la provincia de Santiago del Estero. Cuando se viralizaron las primeras imágenes yo estaba en la zona, y unos días después fuimos al lugar de los hechos. Al ver toda esta situación, preferimos no alzar la voz e investigar concienzudamente”.
Y agrega: “Durante los siguientes meses efectuamos una recorrida por mes, a lo largo de todo el canal, y entrevistamos a una veintena de pobladores de la zona, pidiéndoles que nos reportaran casos de ahogamientos que presenciaran. Con los datos en la mano, decidimos convocar a asociaciones ambientalistas para presentarles el caso. La Fundación Vida Silvestre decidió apersonarse en el canal para ayudarnos en el último muestreo, el de Marzo). Hasta ahora no ha habido casi medidas de mitigación de esta mortalidad, salvo la instalación de cinco escaleras en un tramo de treinta kilómetros y un camión de primeros auxilios que envió el entonces ministro Juan Cabandié, unos días antes de las elecciones“.
Según cuenta el biólogo, originario de Bilbao, desde octubre “hemos registrado más de 250 animales muertos, pertenecientes a más de cuarenta especies de fauna silvestre. El oso hormiguero, la tortuga terrestre, la mulita, el mataco bola, especies con alguna categoría de amenaza de sus poblaciones, amén del guazuncho, pecaríes de collar, zorros y hasta pumas. También se están cayendo muchos reptiles, como la boa lampalagua, y aves y animales domésticos como perros, chivas, vacas, chanchos. Este canal podría estar produciendo una extinción regional de la fauna silvestre”.
Lo curioso es que esta problemática ya es conocida desde hace décadas en al menos seis países de Europa, América del Norte y África, y en todas estas instancias las medidas de mitigación han sido insuficientes. Ya sea porque no eliminan por completo el riesgo de ahogamiento o porque generan otros efectos indeseables para la fauna silvestre, como el aislamiento de las poblaciones de las especies entre sí.
“La única solución, para detener este ecocidio, sería cerrar o entubar el canal, como ya se ha hecho con otros canales de agua en el país. Hay especies de animales cuyo estado de conservación está comprometido y un factor de mortalidad tan brusco como este podría ser el golpe de gracia para su extinción”, concluye Gallego García.
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El gobierno cortó el presupuesto para la construcción de la central nuclear Carem y 570 empleados quedaron sin trabajo

Fecha de Publicación: 04/05/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Acusan un desfinanciamiento total de parte del gobierno de Milei y advierten de posibles presiones desde Estados Unidos. Se trataría del primer reactor de potencia diseñado en el país que podría llevar energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo.
El gobierno de Javier Milei asumió con un programa de fuerte ajuste presupuestario en todos los sectores del Estado, aunque sin discriminar algunas áreas de alta importancia estratégica como la nuclear, y eso es lo que se viene sintiendo en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que este 30 de abril confirmó la suspensión de la construcción de dos reactores nucleares que estaban muy avanzados y podrían generar no sólo el abastecimiento de energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo, sino que también la exportación de reactores que traerían millones de dólares al país.
En efecto, unos 570 trabajadores, obreros de la construcción, quedaron sin trabajo en la obra que sería la primera central construida íntegramente en Argentina con tecnología de vanguardia. Así lo confirmaron desde dicho organismo a PERFIL. Si bien los proyectos venían sufriendo desfinanciamiento desde gestiones anteriores a la de La Libertad Avanza, en este caso se tornó "totalmente inviable" porque con una inflación de 280% interanual, el gobierno sólo prorrogó el presupuesto de diciembre de 2022 y además congeló los fondos de un fideicomiso que sustenta la vida de estas obras. "Algo parecido a lo que pasó con universidades públicas y Conicet", precisaron.
"Por el ajuste presupuestario se suspendieron los contratos con el servicio de transporte al Centro Atómico Ezeiza y el servicio médico. Lo que imposibilitaba trabajar. Ahora fueron restituidos pero no sabemos hasta cuando", detallaron. El gobierno liberó un fondo que sólo alcanza para cubrir esas cuestiones, entre otras, pero que no cubre las deudas de los proyectos e imposibilita las tareas operativas. Con esos fondos, la CNEA estima que sólo podría llegar hasta el próximo mes de junio.
Estas condiciones impactaron en los proyectos estratégicos como la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) y el Reactor Argentino Multipropósito RA-10. Luego de conciliaciones obligatorias con la Secretaria de Trabajo de mediadora y meses sin respuesta de algún funcionario del gobierno, se formalizó la desvinculación primero de 69 trabajadores, luego la crisis sumó unos 100 más y la reacción de la UOCRA seccional Zárate a cargo de Julio González, sindicato que aglutinan a los trabajadores involucrados, fue exigir una respuesta concreta y evitar extender una voluntad que ya parecía tomada: suspender las obras. Al finalizar esa reunión, los 570 trabajadores de la obra del CAREM ubicada en Zárate quedaron sin trabajo.
 
La renuncia de la presidenta de la CNEA
Adriana Serquis, presidenta de la CNEA, vinculada al kirchnerismo, vio venir que la crisis que ya venían sufriendo de las gestiones del macrismo y el albertismo empeoraría con la llegada de Milei y antes del cambio de gobierno presentó su renuncia, aunque no se la aceptaban porque no conseguían un reemplazo que quisiera tomar la tarea de, indirectamente, romper estos grandes proyectos y ganarse el desprestigio entre colegas del ámbito nuclear.
En un escrito dirigido al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, precisó las cifras alarmantes del organismo: "A comienzos de año, con el secretario de Energía habíamos quedado en que el crédito que se otorgara se iba a pagar. Eso no fue cierto. Hasta el viernes, no habían pagado absolutamente nada del presupuesto 2024, excepto salarios y becas. Veníamos sobreviviendo porque nos habían pagado una deuda de 2023 (...) Después de eso, nos pagaron 3.000 millones que representan el 11% nada más de todo lo que nos deben".
Serquis agregó que "en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, se le había asignado a la CNEA una cuota total para devengar durante todo el primer trimestre de $26.337.326.448, sin considerar los sueldos. A la fecha, sorteando muchos obstáculos presupuestarios, se ha logrado devengar $10.435.166.814 y está devengando otros $8.343.614.745 que suman $18.778.781.559 y configurarán la deuda exigible al momento. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos institucionales por ejecutar toda la cuota de gasto durante todo este primer trimestre del año, no se hicieron las transferencias de fondos para poder realizar los pagos efectivos a los proveedores, con la única excepción de las transferencias correspondientes a salarios y becas".
Asimismo, la carta de Serquis coincide con la mirada de unos 13 gerentes que firmaron el comunicado advirtiendo la situación crítica y la necesidad de fondos inmediata.
 
Argentina, entre China y Estados Unidos: las presiones geopolíticas
La otra variable que acusan desde la CNEA es sin dudas la geopolítica. Por un lado, destacaron que ya desde el gobierno de Alberto Fernández, con presencia del ex secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, la embajada de Estados Unidos había estado presente en las obras. "Antes llegó a haber más de 800 empleados", aseguraron para manifestar que desde ese entonces hubo pequeñas olas de despido de 50 personas.
Vale destacar que CAREM, al ser un proyecto de vanguardia internacional, compite justamente con dos monstruos estadounidenses: Westinghouse y General Electric, empresas de primera línea mundial. "Nuestro proyecto es uno de los mas avanzados porque empezó antes, y además se destaca que es el que menor inversión tiene", argumentaron.
Por otro lado, expresaron que "desde que vino la generala Richardson a la Argentina se cayó más puntualmente el desarrollo de esta obra". En el encuentro que la jefa de Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, tuvo en Ushuaia con el presidente Javier Milei, se dejó en claro que la principal preocupación era la actividad de la base espacial China en Neuquén. Sin embargo, hay otra gran preocupación que tienen en el Norte para con Argentina, y es el desarrollo de la cuarta central nuclear, Atucha III, donde el gigante asiático tenía interés en financiar, ya que la Argentina es el único país de la región que domina la energía nuclear, y la producción de reactores permitiría la exportación a vecinos. Uno de los compromisos que habría asumido Milei es de monitorear y disolver esas iniciativas también.

Qué son el Carem y el RA10
El Carem es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, ubicado en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés).
“Esta clase de reactores tienen una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar)”, dice, aún, la página oficial del gobierno.
El prototipo está siendo construido en Lima, provincia de Buenos Aires. El edificio que lo contendrá comprende una superficie de 18.500 m2, de los cuales alrededor de 14.000 m2 corresponden al llamado ‘módulo nuclear’, el sector que incluye la contención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de seguridad y de operación de la central. La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014, momento desde el cual el CAREM se ha constituido como el primer SMR del mundo en estar oficialmente en construcción.
Por su parte, el RA-10 es el reactor multipropósito que se desarrollaba en el Centro Atómico de Ezeiza, que permitirá cuadruplicar la producción de radioisótopos de uso médico para estudios médicos. Puede producir silicio dopado por transmutación neutrónica, un producto de alta demanda global para la producción de chips de computadoras de alta potencia, y ofrecer innumerables servicios para la ciencia y tecnología como la producción, testeado y estudio de materiales.
Este reactor estaba en un 90% realizado y a pocos meses de terminarse. Podría representar un ingreso de dólares que ayudaría, por ejemplo, a la financiación del CAREM.

¿Cuánta plata y tiempo hacen falta?
Una de las pocas voces críticas del CAREM es la de Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear bajo el gobierno de Macri, época en la que los proyectos no estaban bajo la órbita de la empresa estatal Nucleoeléctrica (la cual el gobierno de Milei pretende privatizar) sino de Techint, quien cuestionó todos las barreras que viene afrontando y el tiempo y dinero que se viene gastando. Según su análisis, heredó una obra inicial que devolvió al 70% y en la última época no logró avances.
Desde la CNEA reconocen algunas problemáticas pero aseguran que es "mentira" y que fue la gestión de Serquis, ahora saliente, la que heredó una obra al 30% y que dejó al 70%. En esa línea, advierten que uno de los problemas que sufren es el desfinanciamiento y los despidos. "No es que necesitamos menos, es al revés, necesitamos más personal".
En cuanto al presupuesto, Gadano asegura que hace falta una inversión de 400 millones de dólares para terminar con la obra, mientras que Serquis habla de entre 200 y 300 millones de dólares. "Es mucho dinero, pero cuando vemos que se gastaron 600 millones de dólares en la compra de aviones F-16 entendemos que es una cuestión de elegir prioridades", lamentaron.
"Es importante entender que con estas obras terminadas, los reactores que podríamos exportar podrían ser cada uno por 4 mil millones de dólares, dinero con el cual se podría financiar todo. Incluso está previsto que podríamos capitalizar hasta un 25% de este mercado", concluyeron.
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Organizaciones denuncian los impactos ambientales que tendrá la aprobación de la Ley Bases

Fecha de Publicación: 03/05/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un comunicado de la Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN) subraya que el nuevo proyecto de ley considera la regulación ambiental como una molestia. Advierte sobre la reducción de la participación ciudadana y los privilegios otorgados a industrias extractivas.
Este martes la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Bases. La iniciativa del oficialismo consta de más de 200 artículos y establece la emergencia energética, económica y financiera por un período de un año. Sin embargo, En la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron que pese a que este nuevo proyecto no incluye un capítulo específico de desregulación ambiental, sí hay capítulos que plantean un riesgo en la materia. Puntualmente referidos al acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego.
Entre los derechos socioambientales que se perderían de convertirse en ley la iniciativa, figuran: la posible sustitución de las audiencias públicas para definir proyectos, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera, modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales.
En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica: “Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales delas generaciones presentes y futuras”, detalla el comunicado.
Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente

1. Audiencias públicas optativas:
El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, que son instancias de participación ciudadana sobre proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas, este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.
“Esta modificación brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN.

2. Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos:
El nuevo proyecto de Ley Bases contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.
Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por la Argentina al ratificar el Acuerdo de París.

3. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
En el último documento publicado por FARN explican: “Ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley Ómnibus impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.
”La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo delos últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

4. La posible cancelación de fondos fiduciarios:
El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país.
“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.
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