Mapa de Vaca Muerta: con una plataforma geoespacial investigadores de la UNCo publican los primeros resultados    

Fecha de Publicación: 03/05/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén


Desde la Universidad del Comahue evalúan el impacto de 23.700 pozos de petróleo y gas de Río Negro y Neuquén respecto de ríos, canales y suelos. Conocé los resultados preliminares.
Mapa de Vaca Muerta: con una plataforma geoespacial investigadores de la UNCo publican los primeros resultados Amarillo, naranja, rojo como manchas en el mapa del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, sobre la superficie de la cuenca de Vaca Muerta. La zona se tiñe de alerta a partir del trabajo de investigación y monitoreo que lleva adelante la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
El trabajo en la región se presentó días atrás con algunos resultados determinados a partir de una nueva herramienta: la plataforma geoespacial interactiva “Observ.ar”. Sobre la base de mapas e imágenes satelitales, se pueden ver los pozos, que en la región ya son más de 23.700 entre convencionales, no convencionales y otros no informados, 18.000 en Neuquén y 5.700 en Río Negro, hasta 2023 y la gran mayoría de esas bases de operación, están en zonas agrícolas.
Los investigadores locales cuentan con la colaboración del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI US) con quienes mapearon indicadores socioambientales de la actividad en la zona de Vaca Muerta a partir de la proliferación de pozos de crudo, convencional y no convencional en los últimos años.
“Tenemos la certeza de que la actividad del fracking tiene una gran cantidad de impactos ambientales al suelo, al agua, a las poblaciones, lo que sucede es que cuesta documentarlas. Hemos realizado trabajos a campo de validación de los indicadores socioambientales, que están en vías de publicación”, adelantó el ingeniero agrónomo y magister en Gestión Ambiental, Agustín González, a Diario Río Negro.
El docente de la facultad explicó que en los mapas se puede observar en qué puntos se desarrolla la actividad petrolera, los pozos y a qué distancia están de los ríos, chacras, barrios y ciudades del Alto Valle. Además, es posible saber cuántos son los pozos de fracking instalados en la última década y ver por nivel de riesgo (alto, medio y bajo) las zonas más comprometidas.
Así, sistematizan datos sobre el método fractura hidráulica (fracking) y se evalúa su relación con el ambiente y los recursos naturales de la cuenca de los ríos Neuquén y Negro. El desarrollo de la plataforma geoespacial tuvo como objetivo generar datos e indicadores espaciales para cuantificar el riesgo potencial para los valles agrícolas, y así poder avanzar en la toma de decisiones, de manera responsable.
La investigación sobre la interacción entre la explotación hidrocarburífera y la producción agrícola ganadera fue presentada formalmente con todos sus componentes el 16 de abril en la facultad de Cinco Saltos y el 18 en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Capital Federal.
En los mapas – con información y disponibles para todo público – se observa que Allen es una de las localidades de la región más expuesta a los riesgos de la actividad. Villa Manzano, Campo Grande, Barda del Medio son otros de los puntos “rojo/anaranjado” de riesgo latente.
Allen está entre las zonas de más alto riesgo por proximidad a canales de riego y entre las zonas de más alto riesgo por cercanía a localidades. En este último caso, se suma Barda del Medio y Plottier como posible localidades afectadas. Las zonas de más alto riesgo por proximidad a ríos son: Allen, Villa Manzano, Barda del Medio y Paso de los Indios.

Indicadores de riesgo: más cercanía, más impacto
El método que utilizaron los científicos para observar el posible riesgo ambiental en las cuencas hidrológicas fue a través de indicadores espaciales basados en análisis de proximidad.
“A través del uso de estos indicadores socioambientales, sobre todo de proximidad, lo que empezamos a ver es que no se está teniendo en cuenta ningún tipo de distancia entre las perforaciones y ya sea las zonas agrícolas o los centros poblados o las fuentes de agua”, resaltó González.
A medida que el pozo se habilita más cerca de la zona agrícola o de los sujetos posibles de recibir impacto, el riesgo es mayor. Entre 0 y 1 kilómetro se establece que el riesgo es alto, de 1 a 2 kilómetros el riesgo es medio, de 2 a 3 kilómetros el riesgo es bajo, según comentó el profesional.
“Nos encontramos que las perforaciones están muy cercanas al río o directamente en medio de la zona agrícola, la calle rural o la calle interna de las chacras, con distancias menores a 200 o 300 metros”,
“En el caso de Villa Manzano logramos contabilizar más de 50 fracturas en los últimos diez años en un radio de 5 kilómetros. Creemos que esto genera algún tipo de efecto (….) y que el hidrocarburo termina en el suelo o en el agua de la napa freática», dijo el agrónomo sobre el análisis de los primeros resultados.
Los investigadores también realizaron un reporte de incidentes, con notas periodísticas e información oficial y concluyeron que los lugares en donde más se reportan son los lugares donde hay más densidad de pozos.

Un aporte invaluable de la universidad pública
“Hace un año y medio que llevamos trabajando en conjunto (con el Instituto de Estocolmo)”, comentó Agustín González, docente investigador y extensionista del Departamento Recursos Naturales de la facultad.
“Toda esta investigación y desarrollo tecnológico es parte de las tareas que realizamos en la universidad, que hoy está siendo tan cuestionada y tan discutida, y es la importancia del concepto de universidades regionales. Son miles los trabajos de investigadores y extensionistas, que en general tienen que ver con el desarrollo de las sociedades y las actividades de la región”, lanzó González.
“Esto es una muestra del aporte que hacemos desde la universidad hacia el medio para poder favorecer, conocer, tomar conciencia, sobre cuestiones ambientales que nos afectan a todos”
El trabajo involucra las áreas de Climatología Agrícola, Suelos y Sociología Rural de la facultad del Comahue, bajo la gestión del decano Esteban Jokers.
La plataforma es transparente en la utilización de datos abiertos para potenciar el acceso público a la información y utiliza los métodos de análisis con softwares de código libre.

Cantidad de pozos en Río Negro y Neuquén hasta 2023
Neuquén: 18.009 pozos total general
Convencional: 12.708. No convencional: 3.072 – No informado: 2145
En los límites de Neuquén, los años de mayor crecimiento de pozos no convencionales fueron el 2014 y 2015 donde se incorporaron 727, según los registros de la investigación.
Río Negro: 5.704 pozos total general
Convencional: 4708. No convencional: 224. No informado: 705
En Río Negro, los años de mayor crecimiento de pozos no convencionales fueron 2016 y 2017 con 71 nuevos.
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Chaco aprueba una nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas

Fecha de Publicación: 02/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Así lo alertan oganizaciones sociales, y anticiparon que lo denunciarán judicialmente. En plena madrugada, la legislatura chaqueña aprobó la norma que agravará la situación del desmonte en la provincia, a partir de un mapa elaborado sin participación comunitaria y “a la medida de las tanineras y el agronegocio”.
Mientras en el Congreso Nacional se debatía y preparaba la aprobación de la Ley de Bases del presidente Javier Milei, en la Legislatura Chaqueña también tenía lugar una votación que es rechazada por una parte importante de la sociedad y puede traducirse en una fuerte violación de derechos. En plena madrugada se votó la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): organizaciones sociales advierten que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas y adelantaron que llevarán el tema a la Justicia.
«Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
Sin embargo, las críticas sobre este nuevo ordenamiento ya habían sido advertidas antes de la votación por organizaciones ambientalistas locales como Somos Monte Chaco y por ONG como Vida Silvestre y Greenpeace, que denunciará “en la Corte Suprema la ilegalidad del nuevo OTBN”.

De madrugada
“Lo hicieron a escondidas de la ciudadanía. Muy pocas veces se ha sesionado a la noche y justamente terminaron de votar a las 2:40 de la madrugada, cuando la mayoría de los chaqueños ya dormían”, cuestionó Débora Páez, de Somos Monte. “Lo irónico y hasta vergonzoso es que parecía una pelea de niños tirándose chicanas unos a otros mientras discutían el futuro de muchos de nosotros”, lamentó en diálogo con Tiempo.
“Con lo que se votó anoche se viola el principio de no regresividad ambiental presente desde la ley general de ambiente. También es violatorio en cuanto a los procedimientos, ya que no se realizaron los procesos participativos y técnicos que establecen la ley y el Consejo Federal de Ambiente. Es violatorio en el contenido de la norma, ya que no cumple con el requisito de no regresividad ambiental. Es violatorio de leyes internacionales”, enumeró la ambientalista.
En el mismo sentido, Greenpeace anunció que denunciará ante el máximo tribunal la “ilegalidad” de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. “A las 2.40 de la madrugada, y de espaldas al pueblo, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Llevaremos la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“A medida de las tanineras y el agronegocio. Vamos a acompañar las acciones judiciales”, anticipó el abogado ambientalista Enrique Viale.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. “Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.
La organización advirtió que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco “se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte legal de más de un millón de hectáreas”.

Regresividad
Vida Silvestre también se pronunció contra el nuevo OTBN, porque implica “graves retrocesos e incumplimiento de la normativa nacional e internacional”.
“La norma dispone un mapa regresivo y no progresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú, de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y de la normativa específica del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). Por ejemplo, es alarmante que se proponga pasar a Categoría III-Verde polígonos lindantes al Parque Nacional Copo y a la Reserva Provincial la Pirámide, y cercanos al Parque Natural Provincial Loro Hablador, zonas que en el OTBN anterior están en Categoría II-Amarillo, una categoría más restrictiva. Esto implica una regresividad y no progresividad porque estas áreas, con esta nueva ley, pasan a tener menor protección, situación que se agrava teniendo en cuenta que estos polígonos rodean áreas protegidas y constituyen parte de la zona de amortiguamiento de estas áreas, impactando negativamente su integridad, conectividad y permanencia”.
También cuestionaron que se cree una Mesa de Revisión y Actualización del OTBN para revisar ese ordenamiento de forma anual, “violando la Ley 26.331 y su decreto reglamentario 91/2009 donde se establece que la actualización debe ser realizada cada 5 años. Si se da continuidad a la política ratificada con la sanción de esta ley, esto sería someter a los bosques a una revisión anual de su nivel de protección, quitando además la posibilidad de planificación a mediano plazo que la gestión forestal necesita”.
“Es de altísima gravedad aprobar un mapa que no fue validado en el marco de un proceso participativo como corresponde, mientras que se desconocen los insumos técnicos que generaron el mapa aprobado. Asimismo, nos preocupa el tratamiento irregular y exprés que se le dio al tema por parte de la legislatura chaqueña”, dijo Fernando Miñarro, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
“El mapa propuesto en el proyecto 423/2024 y que fuera sancionado el 30 de abril, cambia de categoría de protección sectores de la provincia, habilitando deforestación donde antes no estaba permitido, rompiendo con el criterio de no regresión. Por ejemplo, el sector oeste de la provincia ahora incrementa el verde, dando lugar a futuros desmontes», planteó Miñarro.
Y acotó: «En definitiva, esta presentación lo único que está haciendo es poner en riesgo los escasos bosques nativos que quedan en Argentina, en una de las provincias que registra las mayores tasas de deforestación legal e ilegal. Esta actitud de los legisladores compromete fuertemente la potencialidad del país de posicionarse ante mercados internacionales que hoy exigen la tipificación del país, según su riesgo de deforestación”.
Vida Silvestre anticipó que pedirá a la Autoridad Nacional de Aplicación que la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos no reciba la acreditación correspondiente, “por no cumplir con los Presupuestos Mínimos, establecidos por la Ley de Bosques (26.331). Por otro lado, se suma la solicitud al gobernador de la provincia de Chaco Leandro Zdero el veto de dicha ley, que en caso de ser promulgada, será pasible se afrontar reclamos ante las justicia en la jurisdicción correspondiente”.
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El costo ambiental de UPM: hidrofobia, uso excesivo del agua y contaminación

Fecha de Publicación: 02/05/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


Las operaciones del gigante mundial de la celulosa, UPM, tienen un efecto directo y comprobado sobre diferentes ecosistemas del Uruguay, muestran varios estudios, los cuales muchas veces son opacados por el efecto económico que tiene esa actividad industrial en el país.
UPM 2, ubicada en Pueblo Centenario y responsable del vertido de un millón de soda caústica al arroyo Sauce, arroja sus efluentes al Río Negro y, desde allí, los mismos llegarán hasta el Rio Uruguay, ya afectado por la contaminación proveniente de UPM Fray Bentos (ex Botnia), afectando la zona de pesquería.
El daño de los desechos que la compañía finlandesa arroja al río –ampliamente denunciado por las ciudades costeras del margen argentino- ya ha provocado afectación en los peces que lo habitan.
De acuerdo a un estudio del grupo de investigación Latitud, los peces expuestos al efluente de UPM Fray Bentos producen la mitad de huevos que lo habitual. Además, los peces macho capturados río abajo de la planta de celulosa tenían atrofia testicular.
Pero los efectos de las operaciones de UPM no solo afectan a las especies nativas, garantía de un ecosistema saludable. También son clave en profundizar una problemática que padece el Uruguay, que tiene que ver con el agua, su disponibilidad y calidad.
UPM 2, la mayor planta de celulosa del mundo, extrae diariamente 129 millones de litros de agua de Río Negro. El año pasado, en medio de la crisis hídrica y cuando el área metropolitana del país no poseía agua potable, las plantas de celulosa no sufrieron ninguna afectación en el suministro de agua.
A ello se suma una nueva alerta: el declarado estado de hidrofobia en los suelos como consecuencia de la excesiva plantación de pinos y eucaliptus para abastecer como materia prima a las dos plantas de la compañía finlandesa.
“Este hecho condiciona, por la acumulación de compuestos orgánicos la no penetración de agua de lluvias a las napas, provocando sequias de las mismas y falta de pasturas para la producción agropecuaria, y el aumento de la escorrentía y la erosión, provocan aguas sin freno que van a cañadas, arroyos y ríos provocando violentas inundaciones”, alertó la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en base a un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.

El derrame en Pueblo Centenario, el peor accidente químico en la historia
UPM 2 arrojó al arroyo Sauce un millón de soda caústica en un accidente que si bien ocurrió en agosto pasado, tomó estado público en octubre y fue reconocido por la empresa recién un mes después.
Las consecuencias, documentadas por el Ministerio de Ambiente, fueron pérdida de especies vegetales de flora acuática y arraigada, como así también una posible destrucción de microalgas, y la muerte de más de 250 peces.
ONG vecinales y ambientales habían denunciado desde junio pasado filtraciones en las piletas de tratamiento de la planta Paso de los Toros.
Empresa y gobierno dieron por saldada la cuestión con una multa de 182.000 dólares –inicialmente el monto era de u$s 42.000-, considerada irrisoria por los activistas que señalaron que UPM obtiene ganancias diarias por 650.000 dólares.
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Qué alertas despierta sobre el cambio climático en la Argentina un informe internacional

Fecha de Publicación: 30/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Dengue, trastornos neurológicos, diabetes, daño pulmonar, mortalidad por olas de calor, disminución de la mano de obra y pérdida de horas de trabajo, algunas de las incidencias negativas según Lancet Countdown Latinoamérica
Según el informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica, el cambio climático ha demostrado tener en la Argentina consecuencias cuantificables tanto en la salud como en la economía. La población de bajos recursos suele sufrirlas en mayor medida. Desde 2000, las temperaturas medias de verano han ido aumentando 0.04°C por año y los registros de 2022 demuestran que son 1.2°C más elevados que los que la institución utiliza como referencia (1986-2005). Las olas de calor llegaron a generar pérdidas de 300 millones de horas laborales y de US$1.300 millones. Las precipitaciones, cada vez más frecuentes, elevaron el potencial transmisor del dengue un 18% respecto del que tenían en la década ´50.
A pesar de los datos negativos, el estudio rescata a nivel local algunas mejoras: la reducción de emisiones de gases del transporte y de la industria disminuyeron la mortalidad en un 36.9% entre 2005 y 2020. Tanto la Argentina como los demás países de América Latina deberán implementar políticas multidisciplinarias si quieren reducir los efectos que el deterioro medioambiental tiene sobre la población.
Lancet Countdown Latinoamérica es un centro de colaboración independiente y multidisciplinario que realiza desde 2022 el seguimiento de los vínculos entre la salud y el cambio climático en América Latina, una de las regiones con mayores desigualdades sociales. Depende del compromiso de 23 instituciones académicas regionales, de agencias de las Naciones Unidas y de 34 investigadores de todo el mundo. Tres especialistas argentinos participan de la iniciativa; entre ellos Marina Romanell, directora ejecutiva del Lancet Countdown Global, su predecesora a escala mundial desde 2015.
El informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica resalta la importancia de las políticas climáticas intersectoriales y del fortalecimiento de los sistemas de salud. La adaptabilidad al cambio climático y la necesidad inminente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son otros de los puntos destacados este año. En su segunda edición, contempla además un apartado especial con datos de la Argentina.
“Los informes de Lancet son importantes porque permiten hacer un seguimiento de como los diferentes países avanzan para enfrentar los impactos del cambio climático en la salud”, dijo a LA NACION Stella Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
“El estudio destaca el desafío de abordar la planificación de la salud en relación al cambio climático en el nivel subnacional”, dijo Francisco Chesini, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y coautor del informe. “La Argentina ha realizado avances en ese sentido en Neuquén, Misiones y Tucumán, gracias a un financiamiento otorgado por el Fondo Verde para el Clima. Fue la primera vez que financió un proyecto del sector salud a nivel mundial”, indicó.

La olas de calor en la economía
Según Lancet Countdown Latinoamérica, en la Argentina las altas temperaturas son uno de los mayores problemas para la salud. Las desigualdades latentes agravan aún más su impacto.
“Cuando las temperaturas son altas, el cuerpo no puede regular bien la pérdida de calor”, dijo a LA NACION Yasna Palmeiro Silva, investigadora y coautora del informe. “Esto deriva en diversos síntomas: dolor de cabeza, desmayos, palpitaciones y calambres. Puede causar daños en los riñones y de otros órganos e incluso la muerte”, sostuvo.
Según el informe, entre 2000 y 2022, las temperaturas medias de verano aumentaron en 0.04°C cada año en la Argentina. Los registros de 2022 superaron en 1.2°C al período de referencia de la institución (1986-2005).
Los adultos mayores de 65 años experimentaron, entre 2013-2022, un 220% más de días de olas de calor que en el período de referencia, según una estimación ponderada de Lancet. En el caso de los menores de un año el aumento es de 187%.
“En el caso de la Argentina, como la población está envejeciendo rápidamente, el riesgo es mayor. La implementación de alertas tempranas por parte de los organismos oficiales y la adecuada preparación puede ayudar a reducir los daños”, sostuvo Palmeiro Silva.
La exposición al calor afecta también a la actividad económica, en la medida que perjudica la salud de los trabajadores, sus empleos y la productividad laboral. Tal como expone Lancet, entre 2013 y 2022, se perdieron en la Argentina 300 millones de horas laborales por la acción de las altas temperaturas, lo que significa un aumento del 116% en comparación con el decenio 1991-2000. Equivale a una merma potencial de ingresos de US$1.300 millones al año, concentrados principalmente en los sectores de construcción y servicios.
El potencial transmisor del dengue es también consecuencia del cambio climático. El aumento del calor provoca mayores precipitaciones y favorece la proliferación de esa infección ocasionada por el mosquito vector aún en áreas nuevas. Entre 2013 y 2022, la capacidad de transmisión de Aedes aegypti en la Argentina aumentó un 18% en comparación con el período 1951-1960.

La presión de los combustibles fósiles
Todo subsidio destinado a los combustibles fósiles implica, para Lacent Latinoamérica, utilizar fondos públicos para financiar emisiones que perjudican la salud. Tal como lo expone en su último informe, la Argentina en 2020 destinó a ese tipo de subsidios US$4.600 millones, monto que equivale a un 10.5% del gasto en salud. “Está por debajo del promedio regional (17%) y por encima de países como Ecuador (8.3%) y Chile (5,6%)”, dijo a LA NACION Oscar Melo, académico del Centro de Cambio Global de Chile y coautor del informe.
“Para lograr una transición rápida y efectiva hacia fuentes de energía más limpias, es crucial que los gobiernos cesen la promoción de la quema de combustibles fósiles a través de subsidios y, en su lugar, redirijan recursos para facilitar una transición saludable hacia la neutralidad de emisiones”, sostiene en el estudio Lancet Latinoamérica.
La baja adopción de energías renovables limpias eleva el riesgo de enfermedades y la mortalidad, y sobrecarga el sistema de salud. Afecciones respiratorias y cardiovasculares, cáncer de pulmón, diabetes, trastornos neurológicos, problemas de gestación son, según el informe, algunas de las principales dolencias que recaen luego sobre los sistemas sanitarios.
En América Latina, el uso de combustibles sólidos contaminantes para cocinar y calentar es elevado. Además, millones de personas están expuestas a niveles altos de contaminación por PM2.5 (partículas finas menores a 2.5 micrómetros que pueden penetrar los pulmones y afectar la salud).
“Si bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sectores, baja el material particulado PM2.2″, dijo Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
Como dato positivo, el informe destaca que en la Argentina en 2022 el 99.9% de la población urbana y el 97.8% de la población rural dependía de combustibles limpios para cocinar. Además, la tasa de mortalidad prematura atribuible a PM2.5 derivado de combustibles fósiles disminuyó en un 36.9% entre 2005 y 2020, principalmente por reducción de emisiones del transporte y la industria.
Las políticas públicas desempeñan, según Lancet Latinoamérica, un papel crucial en la construcción de resiliencia frente a las múltiples amenazas climáticas; no solo a nivel nacional, sino también municipal. En ese sentido, el respaldo financiero, es vital para que las ciudades y poblaciones logren una buena adaptación, pero también para que puedan implementar medidas que mitiguen el cambio climático.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Argentina cuenta con planes y estrategias. “El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, publicado en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 146/2023, posee como enfoque transversal la salud”, dijo Camila Mercure responsable del área de política climática de FARN. “También contamos con la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático, aprobada en 2023 bajo la Resolución conjunta Nº 2/2023″. El problema, tal como asegura Mercure, es que si bien varias políticas están definidas, no cuentan todavía con financiamiento.
En América Latina la interrelación de políticas públicas ambientales y sanitarias son fundamentales para lograr progresos interdisciplinarios más contundentes. Dependerán, sin embargo, de que los fondos destinados sean acordes a las necesidades.
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Preocupa la falta de información sobre el impacto de los camiones que pasan por el Área Protegida de Paso Córdoba

Fecha de Publicación: 30/04/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Entre 250 y 300 camiones con arena de fractura, para la industria hidrocarburífera, pasan por día por los caminos del Área Natural Protegida de Córdoba. Esta era la cifra que informó el año pasado Vialidad Rionegrina y anticipó que el número iba a aumentar. Sin embargo lo que preocupa además de la estructura del puente de Ruta 6, es que no hay información sobre el impacto que este continuo tránsito pesado genera en la flora y fauna del lugar.
Vialidad habló de un movimiento “de 250 a 300 camiones diarios”, pero lo que no se dijo abiertamente es cuántas veces pasan esos vehículos por Paso Córdoba y de qué manera lo hacen.
Este diario consultó con la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro por el impacto de tantos camiones en un área protegida pero no respondieron a la consulta. También se le preguntó a los guardafaunas de la Provincia quienes indicaron que esa zona es jurisdicción del Municipio de Roca.
Finalmente RÍO NEGRO hizo la consulta a la dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio y señalaron que el Ejecutivo local no realizó estudios de impacto ambiental ya que “estos se hacen sobre la zona que está directamente afectada y en este caso son las rutas provinciales”.
Indicaron que la Provincia si pidió estudios a las empresas que trasladan las arenas y que desde el Municipio solicitaron tener acceso a estos informes pero que el pedido no fue respondido.
Además señalaron que “no han tenido problemas directos que impulsen o motiven la realización de un estudio de impacto ambiental propio, porque los camiones pasan por la ruta”.
“Lo único es que se levanta polvo, no que ha afectado a la fauna o a la flora, las implicancias tienen más que ver con la seguridad donde hay tránsito vehicular”, sostuvieron desde el Municipio.
Este mapa elaborado por el Observatorio de Sismicidad Inducida muestra el recorrido de los camiones desde las canteras de arena y plantas de tratamiento.

Los orígenes del área natural
El Área Natural Protegida Paso Córdoba está ubicada a unos 12 kilómetros hacia el sudoeste de la ciudad.
En el 2001 se aprobó el Plan de Manejo, para regular el uso del espacio y minimizar el impacto que generan las actividades que dan cita al lugar.
Allí se persiguen objetivos de conservación de especies florísticas y faunísticas, de manera conjunta con el disfrute turístico recreativo. En el lugar se encuentran especies de gran valor biológico por tener distintos rangos de amenaza, y posee unidades geológicas del Mesozoico y Cenozoico, algunas de las cuales tienen un abundante registro fósil.
En Paso Córdoba se realizan también distintas competencias deportivas, principalmente running, trekking y ciclismo. Además, se observan con regularidad numerosos grupos de entrenamientos, parapentes, SUP, caminatas, entre otros.
La circulación a campo traviesa de todo tipo de vehículos se encuentra prohibida en el Área Natural Protegida, por el efecto erosivo de los vehículos que destruyen y modifican el sensible suelo de la zona.
En el área hay un gran número de especies de ambiente terrestre o acuático como los patos, cisnes, roedores, aves de todo tipo.

El recorrido de los camiones con arena
Javier Grosso Heredia, Profesor de Geografía del Instituto de Formación Docente Fiske Menuco de General Roca y uno de los referentes del Observatorio de Sismicidad Inducida, investigó el “avance territorial del Complejo Vaca Muerta hacia las arenas silicias de Río Negro, que son las que se incorporan un poco más tarde en el país”.
El investigador señaló que muchos de los camiones transitan por Ruta 6 mientras que hay canteras que están al sur del río y donde no se llega por asfalto. “Estos vehículos circulan por rutas de tierra como la provincial 7”, detalló.
Este análisis lo hizo con el Doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario Guillermo Tamburini Beliveau; el Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Buenos Aires Miguel Angel Di Ferdinando y el Observatorio Petrolero Sur. El objetivo es confeccionar un atlas ambiental y “lo hacemos en el contexto de estar investigando los efectos ambientales de Vaca Muerta”, señaló.
“Ha crecido tanto el caudal de camiones, que a ambos lados de los caminos empezó a tener efectos sobre la flora porque las plantas se llenaban de arena, eso dificultaba para que crecieran bien y a la vez. En algunos sectores hasta una lonja de 150, 200 metros a los alrededores del camino tenía menos pasturas, dificultando la alimentación de los animales en las zonas donde los atravesaba”, señaló.
Sin embargo indicó que un poco ese escenario se fue modificando. “Se planteó desde parte de los propietarios de camiones la dificultad de ir a las canteras que estaban más alejadas. De hecho, esas canteras se fueron abandonando cuando aparecieron otras más cercanas. Hoy hay un mantenimiento de los caminos, se riegan los caminos, pero bueno, el efecto sigue estando”, remarcó.
Todos esos camiones bajan por el Área Protegida Paso Córdoba, y “si están bajando 280 camiones por día, eso tiene también un efecto. El propio tránsito ya hace que los animales silvestres se alejen un poco de la ruta”, señaló.
Sin embargo no profundizó tanto en esta parte ya que su estudio se basó en el análisis territorial de cómo avanza esta actividad en la región.

Cómo comenzó la extracción de arenas en Río Negro
“Primero se traían arena de otros países, luego de Entre Ríos, después de Chubut, y las últimas arenas en incorporarse a la producción son las rionegrinas”, señaló el profesor Grosso.
El investigador indicó que realizaron un trabajo de aproximación territorial con el fin de identificar el proceso. “Algo que no estaba hace 5 años comenzó una producción masiva y una extracción que cada vez fue sumando más canteras, mayor cantidad de permisos para extraer arenas y finalmente la producción”, dijo.
Grosso indicó que en el territorio rionegrino hay canteras de las que se extrae arena, también plantas de acopio y plantas de procesamiento donde seca la arena, la tamizan, la seleccionan y la vuelven ya trasladable a los pozos para la fractura hidráulica.
“Es un proceso muy reciente, Río Negro se incorporó hace pocos años, una vez que se identificaron las arenas, que se hicieron los análisis y se vieron que eran factibles su comercialización y el uso, ahí empezaron las producciones”, explicó.
El profesor señaló que hay canteras cerca de Paso Córdoba que trasladan la arena a Allen a una planta de procesamiento. Después YPF tiene una planta también de tamizado y de selección de arenas, de primera selección que se terminan de procesar en Añelo y finalmente al sur de Villa Regina, hay otra empresa que también tiene canteras y las procesa allí.
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Por sí o por no: inician el pozo que definirá si hay petróleo offshore

Fecha de Publicación: 29/04/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


El buque perforador Valaris DS - 17 llegó al país para trabajar a unos 300 kilómetros al sudeste de la ciudad de Mar del Plata.
Finalmente, se está a las puertas de uno de los momentos más esperados para exploración de hidrocarburos offshore en la Cuenca Mar Argentino Norte: el inicio del pozo Argerich – I.
La llegada del buque perforador Valaris DS -17, que se encuentra fondeado a unos 30 kilómetros de Mar del Plata, anuncia ei inminente comienzo de los trabajos en el bloque CAN 100, a 308 kilómetros al sudeste de la ciudad de Mar del Plata, cuyos resultados serán definitorios. en cuanto a la presencia  o no de petróleo en el lugar.
Por sí o por no, como supo decir el año pasado, en plena campaña, un ex candidato a a presidente de la Nación, la perforación permitirá saber si existen hidrocarburos en el lecho marino y si su eventual presencia se da en cantidad y calidad suficiente como para justificar una futura explotación.
El miércoles pasado el Valaris DS -17, de casi 200 metros de eslora, llegó a la zona de Mar del Plata y fondeó a unos 30 kilómetros de la costa para cumplimentar los correspondientes procesos administrativos (Migraciones / Aduana), controles de rigor por parte de Prefectura Naval y tareas de abastecimiento, Ahora deberá dirigirse al sitio de perforación junto a dos buques de suministro offshore, el Skandi Caledonia y el Hos Remington, que le brindarán apoyo.
Este primer pozo se hará en el talud continental, donde el lecho marino se encuentra a unos 1.527 metros de profundidad, en aguas ultra profundas, y la perforación espera superar los 4.000 metros bajo el suelo.
La perforación tiene carácter únicamente exploratorio, es decir, se perfora y se comprueba la existencia de hidrocarburos.
Se estima que la ejecución del pozo Argerich demandará unos dos meses de labor, por lo que podría finalizar en junio, y luego probablemente se tarde hasta tres meses más (septiembre) para definir si lo encontrado justifica seguir realizando pozos exploratorios.
Los profesionales de YPF prevén que ese yacimiento CAN 100 -no solo el pozo Argerich- podría llegar a los 1.000 millones de barriles de petróleo. Si se monetiza a 100 dólares el barril, es una reserva con valor de 100.000 millones de dólares, con el agregado de que en la Cuenca Argentina Norte, se presume, existen otros 20 yacimientos similares, equivalentes a 20 Vaca Muerta.
El plan oficial de Equinor, empresa asociada a YPF y a Shell en este proyecto, prevé que finalizada la perforación solo se analicen muestras de las dos secciones más profundas, que son unos cilindros de un poco más de un metro de lecho marino.
El primer análisis y prueba de esas muestras se realizará a bordo del barco perforador, pero no se descarta que en otra etapa sean trasladadas a los laboratorios de YPF en La Plata para más ensayos de producción.
Terminada la evaluación, el pozo será sellado (cegado) con cemento para cumplir con las medidas de seguridad y los protocolos establecidos.
Pero como se señaló el año pasado, desde estas mismas páginas, las chances de hallar hidrocarburos no son para nada altas, pero existe mucha confianza.
De hecho, si no existiera esa cuota de optimismo, un proyecto costoso como este jamás hubiese sido encarado.
Por eso en la anterior administración nacional hubo algunos que se animaron a hablar de la futura Vaca Muerta marina .
Uno de los que más profundizó en el tema es el empresario Marcelo Guiscardo, presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata y fundador de la exitosa firma QM Equipment, que diseña y fabrica equipamiento para la industria petrolera de Vaca Muerta.
En tal sentido, recordó que toda el área del Mar Argentino Norte que se extiende entre la Bahía de San Borombón y Carmen de Patagones, con unos mil kilómetros de costa, aún no ha sido explorada.
“No se ha encontrado petróleo en ningún lugar donde ahora buscará, y en sitios así, inexplorados, la chance de éxito de un pozo exploratorio va del 5 al 7 por ciento. O sea que tenés 90 y pico por ciento de posibilidades de que no se encuentre.
“Ahora –agregó, en este caso, como YPF está estudiando el área desde hace más de 20 años, se han hecho muchos estudios previos y se encontró en los estudios que se hicieron después un correlacionamiento con yacimientos que están en el sur de África, que tienen la misma edad geológica y se remontan a la época en la que los continentes estaban juntos, América del Sur y África eran una sola cosa”.
En tal sentido, el empresario señaló que a través de los años, a medida que se separaban los continentes, el sedimento que se daba en la costa de África era el mismo que el de esta zona.
“Lo que se encuentra allá en África es mucho más parecido a lo que tenemos nosotros acá. Entonces, los descubrimientos que se hicieron en Namibia y en Orange, en el sur de África, son los que le dan a este pozo una chance del 20% de encontrar petróleo.
“De todas formas –continuó--, el 80% de las posibilidades es que no haya, es decir,  no es algo seguro, es un pozo exploratorio".
Indudablemente, si los resultados son positivos, las chances de hallar petróleo en el área más cercana a Bahía Blanca crecerán enormemente, aunque esto llevará más tiempo porque la exploración hacia el sur se irá concretando de manera paulatina.
Para el ingeniero Diego Lamacchia, un reconocido especialista,  “hay grandes posibilidades de encontrar hidrocarburos”.
Sus estimaciones se basan “principalmente en los resultados de pozos exploratorios en las costas de Namibia y Sudáfrica en 2021, 2022 y 2023 que mostraron un potencial enorme de hidrocarburos en esa área”.
Esa geología, que data de hace 120 millones de años, es “muy similar a la que tenemos en el Atlántico Norte y, salvando los tiempos geológicos de acumulación de sedimentos y movimientos de las capas tectónicas, estaríamos haciendo el pozo Argerich a 300 kilómetros de donde se formaron estos pozos”.
“Los tiempos geológicos -insistió en declaraciones a La Capital- y la magnitud de lo que se encontró da para decir es muy posible que encontremos también hidrocarburos”.
Además, a través de filminas satelitales, pudieron determinar “la existencia de salida natural de hidrocarburos sobre el lecho marino, lo cual confirma presencia de hidrocarburos en el área”, reiteró.
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San Luis enfrenta una amenaza para seis especies debido a la deforestación y los incendios

Fecha de Publicación: 29/04/2024
Fuente: InfoMerlo
Provincia/Región: San Luis


La deforestación desenfrenada y los incendios forestales pusieron en peligro a seis especies emblemáticas de los ecosistemas de la provincia. La mara, el conejo de los palos, la boa de las vizcacheras (lampalagua), el venado de las pampas, el águila coronada y el caldén son los principales afectados por la pérdida de su hábitat natural.
Según un informe presentado por la Fundación Vida Silvestre, en los últimos años se han deforestado aproximadamente 76.379 hectáreas en zonas críticas de San Luis, lo que corresponde a una superficie equivalente a 27 canchas de fútbol por día. Alarmantemente, solo el 0,01% del bosque nativo de la provincia está bajo planes de manejo o conservación, dejando a la gran mayoría de este valioso ecosistema vulnerable a la degradación.
El informe también destaca la falta de evaluación del impacto de los planes, la escasa participación ciudadana y la ausencia de criterios comunes para elaborar el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) como las principales causas de esta crisis ambiental. Además, se señala la falta de recursos económicos, incentivos insuficientes para la protección del bosque y la ausencia de sanciones efectivas para la deforestación ilegal como factores que contribuyen al problema.
Es urgente tomar medidas para proteger los bosques nativos de San Luis, ya que desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana al proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémicos, como alimentos, agua, madera, regulación del clima, control de la erosión del suelo y recreación. La conservación de estos ecosistemas es esencial para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
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Chubut firmó un convenio de cooperación internacional para la conservación y sostenibilidad de Áreas Costeras y Marinas Protegidas

Fecha de Publicación: 27/04/2024
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Chubut


Ante embajadores y referentes de la comunidad científica internacional, el Gobierno de la Provincia acompañó en Rawson la presentación del programa MaRes, una iniciativa impulsada para contribuir a la resiliencia de estos espacios vitales con foco en el Área Natural Protegida Península Valdés y el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.
En representación del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y ante autoridades y organizaciones del orden local, nacional e internacional; el vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna, suscribió este miércoles en Rawson un convenio de cooperación estratégica para contribuir con la conservación y protección de las Áreas Costeras y Marinas Protegidas de Argentina (ACMPs).
El acuerdo, presentado ayer en la Legislatura de la Provincia en el marco de los lineamientos del Proyecto MaRes, apunta a proteger y preservar los ecosistemas marinos de Chubut con foco en dos sitios piloto: el Área Natural Protegida Península Valdés y el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.
“El gobernador ha fijado el cuidado del medio ambiente y la mitigación del cambio climático como una prioridad”, aseguró Menna en conferencia de prensa, y garantizó el compromiso del Estado Provincial de acompañar las políticas de resguardo y conservación de estos espacios vitales. “Asumimos esta responsabilidad que va a implicar, además, equipamiento, aportes y financiamiento de la Unión Europea”, destacó.
La iniciativa es coordinada por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, junto con el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, las Secretarías de Pesca y de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable; la Administración de Parques Nacionales y la Unión Europea.
De la presentación participaron los presidentes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, Alejandro Vila; de la Administración de Parques Nacionales, Gabriel Larsen y de Aves Argentinas, Hernán Casañas; los embajadores de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; de Francia, Román Louis Nadal y de Costa Rica, Ginette Campos Rojas; así como el agregado de Cooperación de la Unión Europea, Pablo Iglesias Rumbo y el ministro Consejero de España, Luis Tejada Chacón.
Asimismo, estuvieron presentes el representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, Claudio Tomasi; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, Diego Lapenna; autoridades de las Secretarías de Pesca y Ambiente y Desarrollo Sostenible de Chubut; técnicos, funcionarios y representantes de organizaciones e instituciones locales y nacionales.

Prioridad del Estado
“Es una actividad muy importante porque implica la continuidad de un proyecto de cooperación internacional que tiene que ver con el cuidado de nuestro mar, con la recuperación de las costas marítimas”, expresó el vicegobernador y ratificó el “compromiso del gobernador Torres y del Gobierno Provincial” en la protección y preservación de los ecosistemas marinos de la provincia.
Menna garantizó “la continuidad y prioridad a un proyecto que se viene trabajando desde hace casi dos años”, y agradeció especialmente a la Unión Europea “por este compromiso y por lo que implica en materia de aportes concretos que repercutirán e incidirán en medidas de protección efectivas sobre ámbitos geográficos de la provincia del Chubut, de la zona costera y del mar”.
Asimismo, el vicegobernador destacó la presentación de la Tercera Cumbre de los Océanos que se realizará en Niza, Francia, en 2025; así como el desarrollo de un encuentro previo sobre esta temática en Costa Rica. “La señora embajadora nos transmitió la intención de llevar a cabo un seminario preparatorio a realizarse aquí en Chubut. Nosotros nos hemos puesto a disposición para convocar a la comunidad científica y a las entidades de la sociedad civil para poder concretarlo”, precisó.

Conciencia ecológica
En otro tramo de la conferencia, el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, habló del “interés y la obligación de cuidar nuestro planeta, en este caso nuestros océanos, y en ese sentido, es un motivo de gran esperanza ver cómo esta provincia se está apropiando de este proyecto”.
Sánchez Rico reveló que se trata de un “proyecto muy ambicioso que cuenta con la colaboración de varios actores, en este caso de la Provincia, municipios, la sociedad civil, el Foro para la Conservación, y los actores también económicos como las empresas pesqueras que se están sentando alrededor de la mesa para compartir buenas prácticas”.
En tanto, el embajador de Francia, Román Louis Nadal, manifestó que su presencia en Chubut responde al interés de “apostar sobre la conciencia ecológica de Chubut. Sabemos que la población de esta provincia cuida su medio ambiente y es ese espíritu ejemplar el que queremos replicar en el mundo”.
“Hay una movilización científica y jurídica para ordenar el derecho de protección de los océanos. El objetivo de ese proceso de negociación de los océanos es fortalecer el conocimiento científico y sabemos que acá en Chubut hay mucho trabajo en ese sentido”, expresó Nadal y anticipó que “esta provincia será una de las etapas internacionales para lograr una mayor organización internacional” en la materia.

Experiencia y trayectoria chubutense
Por otra parte, la embajadora de Costa Rica, Ginnette Campos Rojas, valoró el trabajo desarrollado en Chubut en materia medioambiental y reveló que “hemos venido en conjunto para hacer un llamado y ver cuáles han sido las experiencias, el trabajo en buenas prácticas que se ha hecho aquí en materia de conservación y de gestión del océano”.
Se refirió asimismo a un evento que se desarrollará en el mes de junio próximo en Costa Rica como paso previo a la Cumbre de los Océanos de Francia. “El objetivo es convocar las buenas prácticas para la conservación y uso sostenible de los ambientes marinos, y queremos que exista una participación de la Argentina”, remarcó.
Claudio Tomasi, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, sostuvo que “hemos estado trabajando tres décadas acá, con nuestra contratación con la Policía de Chubut, el tema de la Dirección Geológica Marina, el tema del Plan de Manejo de Zonas Costeras Patagónicas, los sistemas, lo jurisdiccional de área protegida que contribuimos a crear en su momento, los planes de mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros”.
El funcionario precisó que “vamos a comenzar con esta cantidad inmensa de trabajo en el ámbito ambiental con el objetivo de conciliar la sociedad económica y temas ambientales y sociales, lo que nosotros llamamos Desarrollo Humano y Sostenible”.
En otro orden, el presidente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, Alejandro Vila, explicó que se trata de una “red de organizaciones de la sociedad civil, son 26 organizaciones nucleadas que están basadas en cuatro países: Argentina, Chile, Uruguay y sur de Brasil”.
Vila señaló que “estamos enfrentando una crisis de pérdida de biodiversidad y nos enfrentamos al desafío del cambio climático. Y en ese sentido, vemos que la colaboración, articulación y esfuerzo son claves para poder enfrentar estos desafíos”. Al respecto, el titular del Foro indicó que, junto a la Delegación de la Unión Europea en Argentina “vimos que era una buena oportunidad pensar en Chubut como un foco y un faro dada la experiencia de sus profesionales y la trayectoria en términos de conservación y creación de áreas protegidas”.
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Acuerdo de Escazú: el Gobierno presentó los compromisos para cumplir con el derecho a la información ambiental

Fecha de Publicación: 27/04/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Augusto Paz, director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente, habló durante la COP en Chile. Foco en las capacitaciones.
Desde este lunes y durante tres días, representantes de varios países se reunieron en Santiago, Chile, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) firmantes del Acuerdo de Escazú. La cumbre climática busca hacer un seguimiento del pacto al que suscribió la Argentina en 2018, que pondera el rol del público en la toma de decisiones ambientales y la protección de activistas, en tanto América Latina es la región con más asesinatos de manifestantes ecologistas a nivel mundial.
Este martes, Augusto Paz, director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente y representante del Gobierno en esta conferencia, dio a conocer el plan del Ejecutivo para cumplir con el compromiso asumido: “En materia de participación pública, estamos trabajando en el proceso de elaboración participativa de normas para implementar en proyectos futuros. Además, estamos iniciando un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para incorporar su perspectiva en las acciones que demande el acuerdo a nivel nacional”.
En rigor, el Acuerdo de Escazú, que la Argentina firmó en 2018 y ratificó en 2020 a través de la ley 27.566, es un acuerdo regional ambiental de América Latina que pone el foco en la participación de los ciudadanos en las decisiones que los Estados tomen sobre el ambiente.
Sus premisas son garantizar el derecho al acceso a la información, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en estos asuntos. En tanto, es el primer acuerdo de este tipo a nivel mundial que contempla disposiciones específicas sobre defensores ambientales.
Al respecto, durante la segunda jornada del evento, Augusto Paz expuso las claves en las que trabaja la Subsecretaría de Ambiente para concretar acciones. “En el ámbito de la sociedad civil, se está llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que defienden el ambiente en Argentina, con el fin de enriquecer el conocimiento oficial y buscar soluciones para sus diferentes realidades”, expresó el funcionario.
Consultado por TN, Paz agregó algunos detalles sobre los puntos en los que trabajará el Gobierno para cumplir con Escazú. “Estuvimos trabajando en facilitar el acceso a la participación, lo que hicimos fue hacerlo más digital y así le damos más lugar a la gente a participar. Y flexibilizamos los plazos e hicimos más accesibles las normas para que la ciudadanía pueda entenderlas”, dijo.
En cuanto a la capacitación, el Gobierno trabaja en la actualización del programa de formación para funcionarios y equipos técnicos nacionales, incorporando contenidos específicos sobre el Acuerdo de Escazú. También se están realizando esfuerzos para promover la educación ambiental a través de material audiovisual que pueda ser utilizado en diferentes ámbitos y niveles educativos. También de manera digital y articulando con provincias y municipios.
“Estamos promoviendo acuerdos con diversas áreas de organismos, tales como la Secretaría de Geoeconomía, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y el Instituto Geográfico Militar Nacional. El objetivo de estos acuerdos se centra en identificar la información ambiental con que cuentan los organismos, generar intercambios, unificar los formatos de publicación y avanzar en la geo-representación de datos. Esto surgió a partir de un diagnóstico que nos mostró que usamos todos bases distintas. Dentro de nuestras secretarías, cuando tuvimos que empezar a mitigar nuestras bases, descubrimos que teníamos 10 tipos de visualizadores distintos de información”, señaló Paz.
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Río Atuel, el fin de las excusas de Mendoza: agua hay

Fecha de Publicación: 26/04/2024
Fuente: APN La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


Un informe técnico corrobora y acredita fehacientemente que el río Atuel presenta óptimas condiciones -volumen de caudal- para cumplimentar en forma permanente el fallo de la Corte de 2020, que fijó un caudal de 3,2 m3/s en su ingreso a la provincia de La Pampa.
Está basado en datos oficiales publicados por Mendoza y fue elaborado en el seno de la CIAI pampeana.
Asimismo, es el sustento de una nueva presentación  ante la Corte Suprema de Justicia, realizada en el día de la fecha por el gobernador Sergio Ziliotto, en el marco de la demanda original.
Se demuestra que el incumplimiento a la sentencia judicial por parte de Mendoza obedece a una mera conducta de apropiación del agua y al manejo absoluto, unilateral e ineficiente que realiza, y no a una imposibilidad fáctica.
Pese a los innumerables esfuerzos de la provincia condómina por tergiversarla, la realidad hídrica es una sola y emerge de manera manifiesta: el caudal del río Atuel no es deficitario: agua hay!
Se verificó que, si Mendoza tuviese la voluntad de cumplir con el caudal dispuesto, lo podría hacer sin problema alguno sin afectar sus usos destinados a riego.
En la mañana de hoy, el estudio fue explicitado ante  la nueva conformación de la CIAI pampeana, que quedó integrada de la siguiente manera: por la Secretaria de Recursos Hídricos:  José Alberto Gobbi y Ricardo Gastón Buss; Secretaria de Ambiente y Cambio Climático:  Vanina Betsabé Basso y María Florencia Ricard; Fiscalía de Estado:  Romina Belén Schmidt y Araldo Eleno Arrola; UNLPam: Gustavo Walter Bertotto; Fundación Chadileuvú: Héctor Eduardo Gómez y  Alberto Daniel Golberg; Asamblea de los Ríos Pampeanos:  Roberto Daniel Rodríguez; Cámara de Diputados de La Pampa; Juan Ramón Barrionuevo y  Javier Torroba; Intendente de Algarrobo del Águila,  Oscar Gatica Avecilla y de Santa Isabel;  Carlos Guillermo Farana; por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos:  Julio Jorge Rojo y  Alfredo Rubén Intronatti. Del encuentro también participó la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral.
Acciones de Mendoza que demuestran disponibilidad de agua.
Tan así que se pueden observar acciones de manejo que demuestran un derroche de agua y que alejan la posibilidad de cumplimiento del fallo:
Se acredita en el informe un sobreriego, tendiente a recargar el perfil del suelo y así alimentar a las aguas subterráneas y las perforaciones en la zona, buscando reducir el agua sobrante y, por ende, disminuir el agua disponible que escurriría hacia La Pampa.
También se confirman derivaciones de agua con destino redes de riego a parcelas abandonadas, a redes sin impermeabilizar o a la propia red drenaje, sin justificaciones en esta época del año, tanto desde el abastecimiento o al desarrollo de los cultivos.
Además, se acredita el llenado de más reservorios en el área de riego. Desde 2020, año del fallo, se incrementaron de 160 a 260.
También se constató que en la actualidad se desvían caudales de manera exclusiva para importantes bodegas como usuarios privilegiados de agua en la cuenca. En uno de estos casos, los caudales para una única bodega fueron superiores a los 3m3/s.
Un dato alarmante muestra que el caudal que Mendoza asigna a una sola bodega es equivalente al agua que estableció esta Corte para La Pampa

Presentación ante la CSJN
Con la incorporación de este pormenorizado informe técnico y de imágenes que certifican lo argumentado, se solicitó a la Corte una intervención urgente que ordene el cumplimiento inmediato de la meta interina de un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza.
Además, se peticiona para que se resuelva el fortalecimiento efectivo del órgano de cuenca a fin que la gestión del recurso hídrico se realice en forma conjunta entre ambas provincias.
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Este es el Código Minero reformado que se hizo ley en Mendoza: los detalles

Fecha de Publicación: 26/04/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Por mayoría, el Senado dio luz verde a la actualización que espera su promulgación en el Ejecutivo. Los puntos principales para agilizar la minería.
Tras su aprobación definitiva en el Senado, es ley el nuevo Código de Procedimiento Minero de Mendoza. Con este aval, el Gobierno provincial podrá darle agilidad a muchos procedimientos para darle impulso a la minería.
Después de escuchar las voces de cada uno de los representantes de los distintos bloques parlamentarios, se puso en consideración el despacho en mayoría, el que fue aprobado este martes por 25 votos afirmativos y 12 negativos. Fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
La nueva normativa tiene el objetivo central de modernizar las normativas vigentes desde 1945. De esta manera se busca agilizar la actividad y hacerla más transparente, establecer mayores controles ambientales y reforzar las funciones de la Policía Minera. El oficialismo asegura que los cambios impulsados le dan modernidad a una legislación que, ahora con la voluntad política de darle aire a la actividad, eran necesarios.
Participaron de la sesión, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y el responsable de la Dirección de Minería, Jerónimo Shantal. El intendente del departamento de Malargüe, Celso Jaque, acompañó a los funcionarios durante el tratamiento del proyecto.
Además de la modernización, la ley busca involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación en todo el proceso.
La iniciativa abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras) y sigue el ejemplo de los más altos estándares internacionales.
En su articulado, los cambios imprimen velocidad al trámite de permisos, “evitando que queden expedientes sin resolución durante años, o que estas demoras se traduzcan en especulaciones inmobiliarias mineras”, argumenta el Poder Ejecutivo. También apunta “a un desarrollo económico responsable y sostenible, con la profesionalización y aumento en la dotación de la Policía Minera e inspectores, que tendrán mayores funciones y facultades que los que contaban en la antigua normativa”.
“Al agilizar y digitalizar los datos mineros, permite certificar que coincidan con las Declaraciones Juradas de Producción, realizar actas e imponer las sanciones efectivas y severas. Además, se involucra activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo a la participación en todo el proceso, desde la exploración hasta el transporte”, resaltan desde Casa de Gobierno.
La Dirección de Minería tendrá información de los aspectos socioeconómicos y culturales de las comunidades locales, su relación con el ambiente, formas de organización social, relaciones laborales, producción y las formas en que el interesado prevé interactuar con grupos y comunidades. Los interesados además deberán detallar la metodología de trabajo, código de conducta, reporte de sustentabilidad de la empresa, comunicación y talleres y controles de higiene y seguridad.
Para la minería de tercera categoría, conocida como “canteras”, se aumentarán los controles para regular y controlar eficientemente las posibles afectaciones de cauces fluviales y aluvionales, dando intervención a la Dirección de Hidráulica.
En la misma sesión, también se aprobó modificar la Ley de Tránsito provincial Nº 9024 destacándose la incorporación del inciso g al artículo 40 de la Ley Nº 9024, que establece la obligatoriedad de que el conductor acredite la guía de tránsito de minerales. Asimismo, se agrega el inciso 53 al artículo 52, prohibiendo la circulación sin dicha guía. Además, se establecen sanciones de falta leve, grave o gravísima según corresponda en caso de ausencia de la documentación requerida.
Shantal no dio fechas para el inicio del desarrollo minero. “Ojalá pudiese decir una fecha. Ya los permisos están ingresando, hay muchos interesados. Nosotros con este código le vamos a dar agilidad a los permisos y además tienen que presentar el informe de impacto ambiental, que igual también queremos darle agilidad”, expresó.
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Provincias argentinas se unen para impulsar la economía verde

Fecha de Publicación: 25/04/2024
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Nacional


Participan las provincias de Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Jujuy. En representación de la Provincia de Córdoba participó y firmó la Ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores.
La Alianza Verde Argentina (AVA) es un reflejo del creciente rol de los estados subnacionales como catalizadores de la acción climática.
Cada una de las provincias firmantes se comprometen en abordar los desafíos ambientales y climáticos que atraviesa la región y el país, trabajando coordinadamente para favorecer el cumplimiento de las metas para las contribuciones determinadas a nivel nacional.
Esta coalición de gobiernos, compuesta en primera instancia por las provincias de Misiones, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, La Pampa y Entre Ríos, tiene como objetivo sentar las bases para un futuro más sostenible y resiliente para los pueblos de quienes la conforman, con cooperación interprovincial en la implementación de políticas ambientales y climáticas correspondientes.
En un marco solidario, y abierto a las provincias que quieran incorporarse, se busca implementar políticas y proyectos innovadores que promuevan la sostenibilidad ambiental, la conservación de los recursos naturales y una respuesta adecuada al cambio climático en sus respectivas regiones.
Ante el escenario climático global, surge la importancia de sentar en las mesas de diálogo de los foros internacionales, a los gobiernos subnacionales.
Esto pondrá el foco en su participación de las negociaciones; y unidos en dedicarle especial atención a priorizar la puesta en valor de los servicios ambientales en los mercados globales.
Además, las partes se comprometen a compartir conocimientos, experiencias y llevar a cabo acciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, como ser: uso de energías limpias y renovables, planificación del uso del suelo potenciando los sectores agrícolas, fortalecer la gestión de riesgo climático en las provincias, conservación de ecosistemas nativos, biodiversidad, entre otros.
También a impulsar el desarrollo social, educativo y económico, promoviendo la innovación tecnológica, turismo ecológico, gestión de residuos y economía circular.
Potenciar la educación ambiental a través de la sensibilización y promoción activa de todos los ciudadanos fortaleciendo la implementación de la Ley Nacional n° 27.621, de Educación Ambiental Integral, y n° 27.592 -conocida como ley Yolanda- para la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para las personas que se desempeñen en la función pública.
Al respecto, la ministra Victoria Flores, quien suscribió la incorporación de Córdoba a esta alianza, expresó: “Ante la realidad del cambio climático en el mundo la salida de esta situación es colectiva, por eso en el día de la tierra y desde el interior aparece esta alianza para trabajar en conjunto por nuestra casa común”.
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Menos costos y más salud: el innovador método que permite conocer el estado de contaminación del agua de Ushuaia

Fecha de Publicación: 25/04/2024
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Tierra del Fuego


Pequeños organismos adaptados al ambiente podrían funcionar como sistemas de alerta temprana de contaminación en la ciudad del "fin del mundo".
En Ushuaia, también conocida como "la ciudad del fin del mundo", las tonalidades azules no pasan desapercibidas. Situada en el extremo más austral de la República Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego, reafirma en cada uno de sus paisajes que el agua es mucho más que un recurso, es parte de su identidad.
La naturaleza de su geografía hace que, además de bordear el mar, la capital fueguina esté atravesada por ríos, arroyos y lagunas urbanas, presentes en el día a día de los ciudadanos que habitan este destino de ensueños. Particularmente las últimas, representan un punto de interés para Soledad Diodato, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), quien, junto a su equipo de trabajo, se propuso realizar una evaluación ambiental del agua que conforma las lagunas.

Evaluación del agua, un proceso fundamental en el "fin del mundo"
Llevar a cabo estudios de manera periódica que permitan a la población conocer la calidad del recurso con el que coexisten a diario es una necesidad para los ushuaienses, cuya relevancia es directamente proporcional al crecimiento demográfico que experimenta su provincia desde hace más de diez años.
Si se comparan los resultados del censo de 2010 con los de 2022, puede observarse que el aumento poblacional de Tierra del Fuego fue de casi un 50%, con 58,527 nuevos habitantes, mientras que puntualmente en Ushuaia se registraron 23,415 personas más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Dentro de este contexto, Diodato se encuentra en la búsqueda de nuevas herramientas que permitan complementar los sistemas vigentes de examinación del agua, pues se trata de procesos costosos y los recursos para realizarlos escasean. Para ello, tiene como objetivo utilizar pequeños microorganismos presentes en el agua que actúen como bioindicadores de contaminación y, a través de ensayos de toxicidad, permitan realizar una suerte de "radiografía" de su estado.
En diálogo con El Cronista, la experta enfatizó sobre la necesidad de conocer científicamente en qué condiciones se encuentra el agua de las lagunas urbanas, algunas de las cuales son reservas municipales de gran relevancia. Para ello, se están implementando mediciones del agua en función de distintos parámetros, entre los que se encuentran los bioindicadores que investiga la científica.

Bioindicadores de contaminación: la importancia de utilizar microorganismos adaptados al ambiente patagónico
El monitoreo tradicional que se utiliza para evaluar la calidad del recurso acuífero consiste en tomar diversas muestras de agua o sedimento y analizarlas en el laboratorio para determinar cuál es su nivel de pureza o, en otras palabras, qué tan contaminada está.
En línea con los sistemas de medición tradicionales, la investigación busca utilizar organismos del zooplancton para obtener información crucial sobre el estado del agua. Estos seres vivos son pequeños animales que flotan con la corriente, de carácter microscópico e incapaces de nadar por sus propios medios.
La importancia de poder implementar este mecanismo en Ushuaia radica en que, al utilizar especies que ya están adaptadas a la temperatura, la luz y demás condiciones ambientales específicas, cualquier cambio en su naturaleza, por ejemplo en el ritmo de crecimiento, en la manera de reproducirse o incluso en función de si sus enzimas aumentan o disminuyen, puede reflejar qué tan óptimas son las condiciones del agua. A este tipo de "señales naturales" se las conoce como "biomarcadores".

Nuevas herramientas, menos costos y más información
Según lo explica Diodato, el análisis del agua en laboratorio implica un costo de equipos de más de 1000 dólares por una sola muestra, como mínimo. El problema es que al analizar los componentes de las aguas urbanas, es común la presencia de afluentes cloacales, que a su vez contienen gran variedad de compuestos emergentes, desde materia orgánica general hasta medicamentos u otros químicos, por lo que distinguir en un laboratorio cada uno de ellos puede resultar considerablemente costoso.
En ese sentido, el recurso financiero no es el único impedimento que enfrenta el monitoreo vigente, sino que "en Argentina son muy pocos los lugares a los que se pueden enviar muestras para determinar cada uno de estos compuestos", explica la investigadora.
Así, Diodato resaltó que utilizar ensayos con este tipo de microorganismos tendría un impacto económico positivo en función de la frecuencia en la que deberían realizarse las muestras: "abarataría muchísimo los costos porque, siempre de manera complementaria, se pueden utilizar como una alerta temprana para prever situaciones de contaminación o, si la calidad del agua se mantiene, en lugar de hacer los estudios químicos una vez por mes o cada dos o tres meses, pueden hacerse cada seis meses", afirma.

El agua y la urbanización no se llevan bien, pero deben hacerlo
"El hecho de no conocer la calidad del agua nos afecta como ciudadanos en el día a día [...] el estar en contacto con agua contaminada tiene una principal consecuencia en la salud", afirma la científica. Es que en Ushuaia, es tal la proximidad de las viviendas de los habitantes a los ríos, arroyos y lagunas que estos espacios se convierten en lugares frecuentes de juego para los niños, así como también en puntos estratégicos que las familias eligen para tomar mate. "Hay gente que colecta agua pensando que es para consumir, que es potable y hay muchos casos de gastroenteritis porque está contaminada", explica.
Sin embargo, en términos del agua que se utiliza para beber, por el momento no representa una preocupación para los científicos gracias a que las tomas de potabilización se encuentran en los puntos más altos de la montaña y allí la contaminación del hombre no ha llegado. En palabras de Diodato, el agua que se bebe en la ciudad es "de excelente calidad". No obstante, no es el caso de los arroyos y ríos que desembocan en la zona costera, donde la experta afirma que la contaminación es una realidad gracias a que los afluentes cloacales se vuelcan sin ningún tipo de tratamiento.
En consecuencia, la contaminación visual emerge como otra problemática que afecta a ciudadanos y turistas, sin embargo, más allá de los olores desagradables y el contraste que puede generarse con las vistas paradisíacas, el estado del agua también tiene un impacto directo a nivel biológico, que repercute en el resto de los seres vivos presentes en esos ecosistemas.
Por ello, frente a un panorama donde el azul prevalece y se posiciona como elemento de sumo valor, Diodato destaca la importancia de poder implementar a futuro esta metodología con apoyo de la gestión provincial y nacional, para que los especialistas puedan realizar las investigaciones correspondientes y brindar sugerencias que permitan resguardar el bienestar del agua fueguina, garantizando así la salud de todas las personas que, con orgullo albiceleste, deciden transcurrir sus días, en el fin del mundo.
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Comienza la COP 3 de Escazú: reclaman que se avance en la protección de las personas defensoras del ambiente

Fecha de Publicación: 24/04/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


En 2022, América Latina y el Caribe fue escenario del 88% de los asesinatos a personas defensoras ambientales en el mundo. En el evento que arrancó este lunes en Chile, los países miembros discutir este tema y otros como garantizar la participación efectiva de las comunidades locales, la falta de Tribunales ambientales y la información en asuntos ambientales.
Mientras la Argentina vive (cómo no), días convulsionados, a 1100 kilómetros de distancia de Buenos Aires arrancó en Santiago de Chile la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 3 de Escazú), que tendrá lugar hasta el miércoles. En ese marco, la Alianza por los Humedales Andinos exhorta a que el encuentro contribuya al avance de los objetivos del acuerdo, particularmente la protección y resguardo de las personas defensoras del ambiente, la participación efectiva de las comunidades locales en decisiones relacionadas a sus territorios; así como su acceso a justicia y a información completa, veraz y transparente en temas ambientales. Por ejemplo, con la proliferación de Tribunales de Ambiente, algo que hoy tampoco se cumple.
La COP3 de Escazú, realizada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reúne a representantes de los países miembro del acuerdo en un diálogo para mejorar la democracia ambiental en el continente.
Según el informe más reciente de la ONG Global Witness, el 88% de los asesinatos a personas defensoras del ambiente en 2022 se produjo en América Latina y el Caribe, un porcentaje que aumenta cada año. «En este contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú es de suma urgencia», remarcan desde la Alianza.
Se trata del primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Su nombre se debe a que fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Es un acuerdo hecho por y para la región y su gente, en un proceso de negociación inclusivo y participativo que contó con el involucramiento integral de los gobiernos y de la sociedad civil.
Durante la COP3 de Escazú se espera que los países miembro aprueben el Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región. El plan que buscan aprobar incluiría un diagnóstico de las diferentes vulneraciones, con enfoque de género, contemplando la criminalización de la defensa del ambiente y buenas prácticas de prevención, protección y respuesta.
Además, discutirán la incorporación de la perspectiva de género al Acuerdo de Escazú: si bien este Acuerdo tiende un puente entre la cuestión ambiental y la perspectiva de derechos humanos, las previsiones en materia de género necesitan ser más sólidas y es necesario contar con una mirada interseccional, que permita incluir a la diversidad de mujeres en los procesos.

Argentina y Escazú
Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 27.566. Lo hizo efectivo el 22 de abril de 2021. Pero, hoy con el actual gobierno y con los cambios de organigrama, todavía no hay certezas sobre la aplicación de Escazú.
“En Argentina, se llevan adelante procesos de toma de decisiones ambientales que vulneran los derechos de acceso y de consulta libre, previa e informada con comunidades indígenas, y se promueven en forma creciente reformas normativas y/o sanción de normas que son regresivas en materia ambiental y de derechos humanos”, enfatiza Laura Castillo, coordinadora Programa Altoandinos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El avance de la derecha busca reducir el rol del Estado, promueve el extractivismo, y criminaliza a quienes lo resisten –continúa–. En este contexto, el Acuerdo de Escazú, con sus estándares obligatorios en materia de información, participación y justicia en temas ambientales se erige como un bastión para asegurar la protección del ambiente y la defensa de los derechos, máxime en un contexto global de policrisis que demanda un abordaje integral a los desafíos climáticos, de contaminación y de pérdida de biodiversidad”.
Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explica que a pesar de la ratificación del Acuerdo hace tres años, aún no se estableció un sistema de gobernanza efectivo: «esto dio lugar a persistentes dificultades en el acceso a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisiones y la criminalización de las personas defensoras del ambiente».
Un ejemplo es lo que sucede en la provincia de Jujuy. Durante el año 2023 se reformaron y sancionaron dos normativas con menor escrutinio social y a expensas de los derechos de las comunidades indígenas y de la sociedad civil. «Tanto en su proceso de reforma como en su contenido, la nueva Constitución de Jujuy y el Decreto 7551/2023, que regula los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la actividad minera ignoraron derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Esto representa un retroceso en términos de protección ambiental, priorizando el desarrollo de la industria minera en la provincia», apunta.
Y remarca: “Es fundamental que las políticas y regulaciones se desarrollen con la participación activa de todas las partes interesadas y en concordancia con los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú. Esto garantizará la protección del medio ambiente y la plena salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de consulta y consentimiento libre, previo e informado requeridos por la normativa internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el propio Acuerdo de Escazú».
«Este objetivo solo se podrá alcanzar mediante la creación y el fortalecimiento de instituciones transparentes y democráticas, así como mediante reformas progresivas continuas”, enfatiza Vanina Corral, abogada e integrante del área de Política Ambiental de FARN.

Generar políticas públicas
Para Fernández, si bien la ratificación del Acuerdo por parte de Argentina es un paso adelante, ahora es crucial generar políticas públicas concretas en coordinación con las provincias y la Nación para su implementación en el territorio. Esto debe incluir diagnósticos previos, audiencias y procesos de participación que se ajusten a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú
«Si bien Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, lo cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer. Falta implementarlo en prácticamente todas las áreas de gobierno. Todavía queda pendiente crear tribunales ambientales en todas las provincias para tener un mayor acceso a la justicia ambiental. La participación ciudadana debe dejar de ser un simulacro para legitimar decisiones adoptadas con anterioridad de manera vertical por las autoridades para hacer un ámbito de discusión genuina y robusta sobre daños ambientales que ocasionan distintos proyectos extractivos», apunta Cristian Fernandez, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN.
«Falta implementar en serio la participación temprana y muchos otros temas, sobre todo lo que tiene que ver con la mayor protección y prevención que se pueda dar a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Falta un plan a nivel nacional que justamente resguarde a los defensores y prevenga todas las amenazas que pueden sufrir», completa.
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