El Gobierno busca poner punto final a la pesca ilegal en la milla 200: “El que las hace las paga, también en el mar”

Fecha de Publicación: 18/01/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Defensa renueva los operativos para enfrentar a los pesqueros ilegales que se adentran en la Zona Económica Exclusiva argentina para utilizar sus recursos; el plan de la cartera de Luis Petri; el trabajo en altamar; y las características del ARA Cordero
“Las olas y el viento... y el frío del mar”, comienza la popular canción Tiritando del cantante Donald. La simple frase podría resumir lo que viven todos los días los militares de la Armada encargados de proteger el Mar Argentino, pero eso es apenas una parte de la labor que cumplen a destajo. A veces en las sombras, pero siempre a la luz del sol.
En las últimas horas, zarpó desde la Base Naval de Mar del Plata un nuevo buque que da inicio a la nueva estrategia del Gobierno para intentar controlar un grave problema sin solución desde hace años: la pesca ilegal en la milla 200, el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina el cual es asechado por más de 500 buques extranjeros todos los meses que se benefician de la riqueza marina nacional. “El que las hace las paga... también en el mar”, prometió el ministro de Defensa, Luis Petri, parafraseando al presidente Javier Milei.
Se trata del ARA Contralmirante “Cordero”. El buque, fabricado en Francia por la empresa Naval Group, fue comprado en 2018 y llegó a territorio nacional en 2022. Es el último de cuatro hermanos gemelos que adquirió el Estado en este lustro. Tiene capacidad para 59 personas, fue construido con especificaciones puntuales -como un casco resistente al hielo antártico- y está preparado para acciones disuasorias en alta mar con artillería incluida.
Durante los próximos 15 días, en la operación Grifón XVII, el buque navegará hasta el límite de la milla 200 rumbo a Chubut con el objetivo de controlar la zafra de calamar que abunda entre los meses de noviembre y marzo y que convoca a piratas de China, España y Taiwán, entre otros países, para quedarse con el valioso botín viviente. Hoy, hay identificados 344 de los cuales un 80% son de origen chino.
El Ministerio de Defensa invitó a LA NACION a participar del acto que formalizó la misión. Allí el ministro Luis Petri despidió a los 41 marinos que no verán a sus familias durante más de un mes. El funcionario nacional hizo hincapié en su discurso en la necesidad de resolver esta problemática con firme decisión del Gobierno. Adelantó que se convocará a una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados para solucionar el asunto y que es preciso “controlar y custodiar los recursos”, ya que aunque no es una infracción estar en la milla 201, sí constituye un daño significativo al medioambiente. Otra iniciativa que prevé el Ministerio es solicitar la extensión del límite a organismos internacionales. Menciona el caso ecuatoriano donde se le concedieron 50 millas más en torno a las Islas Galápagos.
El nuevo apoyo al sector se da semanas después del intento de modificaciones en el área de pesca, incluidas en la ley ómnibus enviada al Congreso que tuvo el repudio unificado de los gobernadores del sur y del comercio pesquero.
Petri dejó en claro que la idea de Nación es que se logre una legislación que sancione a los buques pesqueros sin autorización de pesca en mar argentino. Pero, resaltó que para eso se cambiará la estrategia de juego: se reducirá la derrota de los buques para focalizarla en un rango de 90 millas en línea recta a la provincia de Chubut donde la zafra se presta con mayor facilidad. Habló de “redireccionar el presupuesto”, no de aumentarlo y aseveró: “No se puede hacer siempre lo mismo si queremos que las cosas funcionen. Hoy no hay presencia 24/7 en la zona”.
El ministro no estuvo solo en la cubierta del buque de 1650 toneladas y 80 metros de largo. A su lado estaba el brigadier Xavier Julián Isaac, que en diálogo con este medio consideró como un “honor y un privilegio” su designación como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto; además estuvieron el jefe del Estado Mayor General de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi; y el comandante Conjunto Marítimo, contraalmirante Norberto Pablo Varela; también representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, uno de los principales críticos de los cambios en pesca propuestos por el Gobierno. Sin rencores, Petri lo llamó “amigo” y “compañero”.
Terminado el discurso de Petri, que trasladó un mensaje del Presidente, el buque se marchó. A bordo, durante largos días, y frías noches, la tripulación se transformará “en una familia”, cuenta Erik, el maquinista del ARA Cordero que conoce con lujo de detalles hasta el último mecanismo del navío. Él es de San Juan y viajó hasta Bahía Blanca para enlistarse en la Armada. Desde hace tres años que sirve en la base naval de “La feliz”, y pese a destacar la belleza de su tierra, reconoce que le gustaría vivir en Mar del Plata para siempre. “Allá sin aire acondicionado te cocinás”, narra mientras cuenta su historia en la parte trasera de una lancha modelo RIV con la que se le permitió a LA NACION fotografiar el ARA Cordero tras su partida a tres millas de la costa mar adentro.
Él y el resto de la tripulación marchan a la velocidad máxima del ARA Cordero [12 nudos, o 22 km/h]. Lo que los espera es realizar controles de “presencia, permanencia y resistencia”, según explicó el capitán de navío, comandante de la División de Patrullado Marítimo, Martín Méndez. “Hay que monitorear y si se localizan buques en ese sector, se intenta identificar si hace un tránsito inocente [o sea que navega sin actividad económica] o si el pesquero tiene las artes de pesca desplegadas y se mueve a velocidad de pesca”.
Méndez detalla que en caso de identificar un navío pescando ilegalmente comienza un protocolo que consiste, en primer lugar, en tomar los datos del buque [número y nombre] para trazar su origen. Luego se da aviso al capitán de la nave trasgresora que se enviará una dotación de “visita, registro y captura”. Esta lo que hace es abordar el pesquero en busca de indicios de pesca ilegal. En algunos casos hay características externas que dan cuenta de esta acción, como hallar tinte negro en el casco tan solo al pasar la mano. Sin embargo, una vez a bordo, la dotación se presenta como “autoridad marítima nacional” y se hace un registro de la documentación, a la par de inspeccionar las bodegas de enfriado, donde si se detecta que el calamar pescado aún se dobla, es porque fue recogido alrededor de las últimas seis horas y no llegó a congelarse. Acto seguido, se traslada el navío hasta el puerto correspondiente más cercano.
El trabajo en altamar no solo le compete a la Armada, sino que hay un trabajo en conjunto con otras dependencias de las Fuerzas. Una de ellas es la Fuerza Aérea que realiza vuelos de reconocimiento sobre esa zona en busca de navíos en infracción. “Hay apoyo aéreo con vuelos de control del espacio marítimo que sirven para reforzar la permanencia, o un monitoreo de mayor velocidad. También los trabajos continúan desde tierra donde se lleva a cabo el seguimiento de las tareas, uno no sale a ver si encuentra algo al mar, ya lleva información precisa”, relata Méndez.
Este apoyo aéreo es una de las otras aristas que Defensa pretende potenciar en los próximos meses. En diálogo con LA NACION, Petri comentó que la intención es continuar con la llegada de los aviones P3 Orion que se estableció en octubre de 2023 bajo la administración anterior, pero que según el ministro, “no se estaban pagando”. El objetivo es recuperar la capacidad de exploración de largo alcance en la Zona Económica Exclusiva y tener mayor presencia en las áreas marítimas de interés y la Antártida Argentina, sobre todo en lo que respecta al control de los recursos vivos y no vivos y las líneas de comunicación marítimas.
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Ecología apuntala proyectos comunitarios orientados a la conservación y restauración del medio ambiente

Fecha de Publicación: 18/01/2024
Fuente: Norte Misionero
Provincia/Región: Misiones


El Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Arq. Martín Recamán, recibió al coordinar nacional del Programa Pequeñas Donaciones (PPD), Francisco López Sastre, para tomar conocimiento de los proyectos que esta organización ejecuta y financia en la provincia de Misiones.
En este marco, López Sastre informó al Ministro Recamán que actualmente un total de doce (12) organizaciones de la sociedad civil misionera ya recibieron recursos financieros y apoyo técnico para la ejecución de proyectos orientados a la conservación y restauración del medio ambiente.
El coordinar nacional del PPD indicó que los doce (12) proyectos tendrán una inversión total de U$S 200.907 y que en noviembre de 2023 se realizó el desembolsó del 50% de los recursos, en tanto que el 50% restante de los fondos serán entregados en los próximos 24 meses.
Durante el encuentro, el Ministro Recamán expuso a López Sastre la problemática actual del bosque nativo, los procesos de degradación y las estrategias que está abordando en territorio el Ministerio, de manera que estos proyectos comunitarios contribuyan a la estrategia de trabajo que se planteó desde el organismo para abordar la problemática en Misiones.
En esta línea, Recamán y López Sastre acordaron avanzar en una nueva apertura de presentación de proyectos (para mediados de este año) cuya finalidad sea la conservación del ecosistema misionero.
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El gobierno de Cornejo busca modernizar la normativa minera con eje en el ambiente y el control

Fecha de Publicación: 17/01/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


Jerónimo Shantal, el abogado a cargo de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, adelantó que una de sus funciones será encarar la reforma del código de procedimiento minero, que data de 1945
Jerónimo Shantal, el abogado que fue designado por Alfredo Cornejo para hacerse cargo de la Dirección de Minería, tendrá como premisa renovar la normativa procedimental que rige hoy la actividad en Mendoza. El código procesal minero data de 1945 y quedó desactualizado en relación a las normas ambientales y de responsabilidad social que hoy están vigentes en el mundo.
Encarar una reforma es uno de los objetivos que le planteó el gobernador al darle el cargo de asesor de Gabinete, con funciones en la Dirección de Minería.
"La dirección funciona en parte como un juzgado y en parte como un organismo público de control. La tarea es darle otro tinte, modernizar la normativa actual que es de 1945, cuando no había una normativa ambiental y de responsabilidad social", dijo a Radio Nihuil el funcionario.
La intención es que el nuevo código permita "ejercer un control eficiente con poder sancionatorio" desde la Dirección de Minería que tendrá a su cargo. Todo esto, sin tocar la ley 7.722 vigente en materia de fondo.

Chile, como el ejemplo más cercano
En el mientras tanto, "en este proceso vamos a poder reforzar áreas estratégicas como la de policía minera".
El compromiso de Cornejo, Casado y Latorre (ministra de Energía y Ambiente) es fortalecer el área de fiscalización ambiental minera", expresó el abogado que llegó al Gobierno desde el sector del PRO cornejista.
Y para ello, se tendrá a Chile como ejemplo.
"Las minas más cercanas que tenemos son las que están en Chile. A 45 kilómetros de La Consulta, San Carlos, en línea recta está la mina subterránea más grande del mundo y el ambiente no tiene un límite geográfico", expresó para echar por tierra cuestionamientos de ambientalistas antimineros.
"Chile es el primer productor mundial de cobre y acá no tenemos proyectos (en actividad, fuera de Cerro Amarillo que se encaró el año pasado). El cambio climático nos obliga a ir a la transición energética y para eso necesitamos el cobre. Estamos desaprovechando esa oportunidad actual, con lo difícil que estará la situación económica", pregonó Shantal.
Sobre la actividad en Mendoza, el funcionario, que supo ser parte del equipo de Potasio Río Colorado y de Impulsa SA, afirmó que "los controles existen; la actividad minera es importante en la provincia pero no se conoce"; y que entonces, desde la dirección, tendrá que "trabajar en dar a conocer la nobleza de la actividad y los controles que ya se hacen".

Proyectos mineros en curso en Mendoza
De Potasio Río Colorado, el funcionario repasó que Compañía Aguilar comprometió un plan específico de desarrollo de inversiones para los próximos 18 meses, que está garantizado con un anillo de garantías que incluye la contratación de personal y la puesta en marcha de una mina piloto.
Entre las inversiones que se esperan, Shantal pronunció los 20 millones de dólares para Cerro Amarillo y la misma cantidad de parte de la Empresa Minera Geometales en tres proyectos mineros de cobre que desarrollará en Malargüe.
Hierro Indio, que fue visitado por Shantal y por la ministra de Energía, Jimena Latorre este fin de semana, "está avanzado en la etapa de exploración". En esa etapa, se perforaron 42 pozos y 2.580 metros, con 1.390 metros de muestras de laboratorio para análisis minero. Habiendo evaluado los resultados del proceso, hoy se avanza en el análisis de prefactibilidad del yacimiento".
Según dijo, esos "análisis de muestra y la valuación económica preliminar" estarán disponibles "próximamente".
"Eso independientemente de los proyectos de yeso y minerales de tercera y segunda categoría; en los que tenemos como tarea no sólo el control sino también la difusión", expresó.
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Reservas naturales privadas: hay más de 7.000 hectáreas de biodiversidad protegida

Fecha de Publicación: 17/01/2024
Fuente: República de Corrientes
Provincia/Región: Corrientes


En Corrientes existen 10 de estos espacios, que integran el Nodo Taragüí de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. En su conjunto, estos sitios protegen más de 7.000 ha de ambientes representativos de la provincia. Consideran factible seguir sumando superficie en esta modalidad.
Una reserva natural privada es una porción de terreno de cualquier superficie de propiedad privada, manejada para la conservación de la biodiversidad y/o el uso sustentable de sus valores naturales.
Nacen del interés y la voluntad de sus propietarios por proteger los recursos naturales que albergan sus tierras.
En algunas provincias están reconocidas por legislaciones provinciales o municipales, y otras formas de reconocimiento se logran por convenio con organizaciones civiles ambientalistas o universidades, o son autodenominadas como tal por parte de sus propietarios.
Las reservas privadas brindan un sinnúmero de beneficios ambientales, contribuyendo a conservar la vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas y otorgan, además, la chance de extender la superficie pública protegida.
En la mayoría de los casos, quienes crean reservas en sus propiedades compatibilizan la conservación de la biodiversidad con alguna actividad productiva que desarrollan de manera sustentable, principalmente ecoturismo, ganadería y explotaciones forestales, entre otras.
En el país se contabilizan 341 reservas naturales privadas, que representan 919.225,5 hectáreas de conservación privada, convirtiendo a la Argentina en uno de los países de Latinoamérica con más superficie protegida por iniciativas de esta categoría.
En ese contexto, la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas es una iniciativa que integra reservas privadas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la conservación de los valores naturales y culturales en tierras de propiedad privada.
Actualmente esta red está conformada por 103 reservas privadas y 10 organizaciones conservacionistas.
El Nordeste argentino es la región del país en la que más reservas naturales privadas se contabilizan, principalmente por la cantidad de reservas creadas en Misiones, mientras que Corrientes experimentó en los últimos años la creación de un importante número de reservas, según comentan Agustín Giordani y Estrella Losada, miembros del Nodo Taragüí de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.

Corrientes
En la provincia de Corrientes existen 10 reservas privadas que conforman el Nodo Taragüí, que se formalizó en agosto de 2022 para promover la creación, fortalecimiento e integración en red de reservas privadas en la provincia.
Inicialmente las reservas de Corrientes integraban el Nodo NEA, creado por Misiones, pero ante el auspicioso interés por la creación de reservas privadas en territorio correntino se resolvió conformar un nodo provincial.  
Así, Taragüí pasó a ser uno de los seis nodos de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.
Las reservas que integran el nodo correntino son Cambá Trapo; Tres Cerros; San Antonio; La Guainita; Santa Ana;  Alma Guaraní; Iberá Lodge; Iberá Corá;  Iberá Birding Lodge; y Guasú Kua.
En su conjunto, estas reservas protegen en la provincia de Corrientes 7.713 hectáreas de los ambientes de esteros, campos y malezales, espinal y chaco húmedo.

Relevancia
"Las reservas privadas realizan un gran aporte para la conservación de la biodiversidad y, en particular en Corrientes, se registra un interés cada vez mayor por este tipo de espacios protegidos" destacó Agustín Giordani en diálogo con República de Corrientes.
Además de ser uno de los miembros fundadores del Nodo Taragüí, Giordani es administrador de la Reserva Natural Privada "Paraje Tres Cerros", ubicada en la localidad de la Cruz, la primera reserva natural privada reconocida formalmente por el Gobierno provincial.
Giordani sostuvo que, si bien es importante la extensión de superficie protegida por las reservas privadas en la provincia, quizás de mayor relevancia son las especies, los tipos de ambientes y los servicios ambientales que se logran proteger en estos sitios.
En esa línea, comentó que en general las reservas privadas forman parte de superficies mayores de la misma propiedad en las que además se realizan actividades productivas, como ganadería, forestación o turismo, y muchas de las prácticas de conservación y cuidado ambiental que se aplican en el área específica de reserva se replican en el resto del predio.
Asimismo, existen propietarios que destinan una parte concreta de superficie como reserva estrictamente definida como tal, pero en muchos casos se mantienen otras parcelas no aprovechadas productivamente en las que también se aplican pautas de conservación.
"Por eso sostenemos que la creación de una reserva privada en realidad impacta en la conservación de espacios mucho mayores".
Sobre ello, Estrella Losada, propietaria de la reserva privada Estero Cambá Trapo, ubicada en la localidad de Carlos Pellegrini, señaló que existen reservas privadas de gran superficie, más de 3.000 hectáreas, y algunas de apenas poco más de una hectárea, pero aclaró que "todas aportan".
Es que además de lo que se protege dentro de la reserva, la existencia en sí de estos lugares protegidos ayuda a despertar conciencia ambiental en los territorios y comunidades en los que se ubican.
En ese aspecto, comentó que la reserva Estero Cambá Trapo realiza un gran aporte a la conservación del estero del mismo nombre, un ambiente amenazado y alterado por actividades productivas poco sustentables.  
Dicho estero forma parte del sistema Iberá y es sitio Ramsar como humedal de interés, pero no está dentro del área de protección como reserva pública, pese a que desemboca en la laguna Iberá, que sí es parque nacional.
"El caso de nuestra reserva y de otras de la provincia expone cómo la existencia de reservas privadas es clave para ampliar y complementar la superficie de las áreas naturales bajo protección estatal" opinó.  
Las reservas naturales privadas son manejadas para la conservación de la biodiversidad o el uso sustentable de los recursos, especies y ambientes que albergan.
Con ese fin, se realizan relevamientos, diagnósticos y monitoreos de flora, fauna, recursos hídricos, suelos, etc.; restauración de ambientes, clausura de zonas con presencia de especies de alto valor para la conservación y control o erradicación de residuos, entre otras estrategias tendientes a la protección del recurso.
Estas acciones en muchos casos se complementan con actividades que permiten que las reservas, además de cumplir su función conservacionista, también cumplan un importante rol social como la educación ambiental, investigación científica, extensión, observación de flora y fauna, y voluntariado.
Pero el hecho de que sean reservas privadas gestionadas con fines conservacionistas no imposibilita la realización de actividades productivas de bajo impacto ambiental que generen una rentabilidad económica.
"El funcionamiento de las reservas privadas evidencia la pertinencia de producir de manera sustentable, combinando producción y conservación de la biodiversidad", se destaca.

Perspectivas favorables
Desde el Nodo Taragüí consideran muy favorables las expectativas de seguir creciendo en miembros y ampliando el número de reservas, en especial el poder expandirse a más puntos de la geografía provincial.
"Somos aún pocas reservas, pero a medida que se vaya conociendo lo que hacemos creemos que irán aumentando las reservas de iniciativa privada", resaltó Losada.
En la misma, línea, Giordani acotó que "se puede crecer aún más en Corrientes" y sostuvo que será muy importante el acompañamiento del Estado.
Actualmente el Gobierno de Corrientes está trabajando en la reglamentación de la ley que regula el régimen jurídico aplicable a las reservas naturales privadas, y desde el Nodo Taragüí se realizan aportes para que dicha normativa fortalezca la función que cumplen estos sitios protegidos, y a la vez que favorezca la creación de nuevas reservas privadas.
Entre algunas propuestas, se apunta por ejemplo a que en la ley a reglamentarse pueda contemplarse el replanteo de algunas exigencias previstas en la normativa sancionada y que serían dificultosas de atender por "reservas pequeñas", sin tanta estructura de personal y profesionales, más aún teniendo en cuenta que las reservas privadas se autofinancian.
"Creemos que es necesaria la ley para lograr un reconocimiento formal y que a la vez el Estado también se involucre en un trabajo conjunto que sume al esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado en la conservación del ambiente", indicó Giordani.
Las reservas de la provincia, que están reconocidas formalmente por el Estado provincial, en la actualidad solo cuentan con reconocimiento otorgado a través del Ministerio de Turismo.

Trabajo en red
Para el fortalecimiento de la función de las reservas privadas en la provincia, en el Nodo Taragüí se considera trascendental el trabajo colaborativo que posibilita la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.
"Integrar la red nacional permite enriquecernos de experiencias positivas de otros lugares, así como unificar criterios de manejo para optimizar la actividad que realizan las reservas privadas", señaló Losada.
A su vez, dentro de la provincia la interacción entre reservas posibilita "darnos fuerza entre todos", pues es un espacio de relativamente creciente conformación.
"Al ser un privado el que decide crear una reserva privada, en un compromiso de conservación voluntaria, pueden surgir inconvenientes en la gestión de estos sitios que pueden resolverse mejor si nos ayudamos unos a otros", opinó.
En cuanto al conocimiento específico de conservación ambiental y gestión de un espacio para su preservación, Giordani indicó que "venimos de la producción, turismo y otras actividades", por lo que el manejo para la conservación representa una labor muchas veces desconocida.
En ese sentido, es fundamental el aporte del trabajo en red, en particular porque la Red Argentina de Reservas Privadas trabaja de manera asociada a organizaciones de reconocido prestigio en protección ambiental, como Vida Silvestre Argentina, Asociación Aves Argentinas, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, ProYungas, Fundación Hábitat & Desarrollo y Fundación Temayken, entre otras.
Desde el Nodo Taragüí señalaron que las reservas de la red son espacios abiertos para investigadores -como biólogos, geógrafos y demás- para la realización de tesis o trabajos de investigación puntuales en estos sitios naturales de gestión privada.
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DNU de Milei: la Justicia tratará una demanda contra la derogación de la Ley de Tierras

Fecha de Publicación: 16/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de excombatientes de Malvinas inició una acción legal contra el decretazo presidencial que libera la venta de tierras a extranjeros. El tema se tratará en enero.
El mega DNU del presidente Javier Milei sumó otro revés judicial: la Cámara Federal de La Plata habilitó la feria judicial de verano para tratar una acción de excombatientes de Malvinas contra el decretazo del Gobierno que deroga la denominada Ley de Tierras y, en tanto, libera prácticamente todas las limitaciones para que capitales extranjeros puedan comprar tierras en la Argentina, incluso en zonas de frontera. El tema deberá tratarse este mes.
El pedido de habilitación de la feria judicial había sido presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), con el objetivo de que se tratara con urgencia la acción de amparo deducida -con medida cautelar con el objeto de que se ‘declare la inconstitucionalidad e insanable nulidad del artículo 154 del Decreto 70/2023’".
Al derogar la Ley 26.737 de "Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”, los demandantes sostienen que el artículo mencionado “pone en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”.
En un primer momento, el pedido de habilitar la feria judicial había sido rechazada en primera instancia, donde se señaló que no existía una urgencia en tratar el tema antes de que se reiniciara la actividad judicial. En ese entonces, los jueces indicaron que la puesta en vigencia de la nueva normativa “no constituye diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes”.
Así, con la revisión y el fallo de la Cámara Federal de La Plata, se corrigió ese criterio. “Habida cuenta la naturaleza de los derechos comprometidos y las razones de urgencia oportunamente invocadas, pudiendo la demora tornar ineficaz lo peticionado u originar un perjuicio insuperable, corresponde que se habilite la feria judicial”, sostuvieron los jueces Carlos Vallefín y Jorge Di Lorenzo.
La resolución aclara que “lo aquí decidido, claro está, no implica pronunciamiento alguno sobre el asunto planteado, sino sólo respecto del pedido de habilitación de feria judicial”. En tanto, la cuestión de fondo planteada por los excombatientes deberá ser tratada durante el mes de enero.
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Instalan cámaras para aprender sobre la fauna patagónica

Fecha de Publicación: 16/01/2024
Fuente: Portal ahoracalafate.com.ar
Provincia/Región: Santa Cruz


Las cámaras trampas se convierten en testigos silenciosos revelan los misterios ocultos de los animales que habitan el noroeste santacruceño. Proporcionan datos cruciales para la conservación. El coordinador del programa explica cómo funcionan y qué importancia tienen para comprender mas la fauna, de manera de conservarla.
Emanuel Galetto, coordinador de Conservación en Parque Patagonia, comparte detalles fascinantes sobre la utilización de estas herramientas tecnológicas que se han convertido en los "ojos electrónicos" de la estepa patagónica.
"Las cámaras trampas son dispositivos con sensores de movimiento, una ventana indiscreta que captura la esencia misma de la vida silvestre", comienza Galetto, destacando la versatilidad de estos dispositivos que permiten ajustar configuraciones específicas para cada tarea. "Configurás la cantidad de fotos, los segundos o minutos de grabación, y así obtenés datos de la mejor calidad e importancia", agrega.
Desde principios de 2018, estas cámaras no descansan en Parque Patagonia, "trabajando día y noche". Y es que son la primera línea de acción al iniciar cualquier proyecto. En el año de su incorporación, 30 de estas "guardianas electrónicas" se desplegaron estratégicamente para explorar la zona, identificar especies, y revelar patrones de movimiento.
El proyecto evolucionó con el tiempo, y hoy en día, entre 90 y 100 cámaras trampas se distribuyen por todo el Parque Patagonia. "Las movemos según la necesidad de registro de las especies", explica Galetto, revelando una coreografía precisa donde estas cámaras son las estrellas principales. Desde los juncales donde se ubican para estudiar la gallineta chica hasta los cañadones donde buscan a los escurridizos pumas, las cámaras trampas se desplazan estratégicamente para tejer un tapiz detallado de la vida animal.
La atención se centra en especies clave, cada una con su propósito específico. Para los majestuosos pumas, las cámaras buscan "pasos o senderos". “Si queremos capturar pumas, tenemos que buscar nuevos sitios donde se estén desplazando, entonces ubicamos cámaras en cañadones. Si queremos evaluar la interacción de pumas con carroñeros, ponemos cámaras trampa en las carcasas que encontramos”.
Mientras que en el reino de los chinchillones y coipos, la tarea es desentrañar distribución, desplazamiento y actividad. “Si queremos ver si los chinchillones tienen crías o no, colocamos cámaras trampas en los paredones y grietas”.
En un ballet ecológico, las cámaras trampas capturan momentos únicos, desde el nacimiento de crías hasta la interacción de las madres con sus cachorros.
Galetto comparte los desafíos, admitiendo que encontrar los lugares perfectos para las cámaras puede ser una tarea ardua. "Es como una danza en la que buscamos los lugares donde las cámaras funcionen mejor", compara. Sin embargo, el resultado es alentador: "Las cámaras trampas son herramientas fundamentales para entender las especies, sus interacciones y la dinámica del ecosistema".
Estos "ojos electrónicos" no descansan, funcionando incansablemente los 365 días del año. Su invaluable contribución, descubriendo los secretos más íntimos de la vida silvestre en Parque Patagonia, se levantan como un testimonio tangible de cómo la tecnología se entrelaza con la conservación, iluminando el camino hacia la preservación de este tesoro natural.
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Creció la cantidad de residuos industriales que se producen en el país: el 93% se descarta de forma errónea

Fecha de Publicación: 15/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


En 2023, el país generó 18,2 millones de toneladas, siete más que un año antes, pero su tratamiento no creció en igual proporción. Multas bajas y falta de legislación, desinsentivan las inversiones en ese área.
En 2023, en la Argentina, más de 400.000 empresas produjeron más de 18,2 millones de toneladas de residuos, entre peligrosos, no peligrosos y patogénicos, de los cuales casi el 93% se descartó de forma incorrecta. Son datos del informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de su Observatorio de Residuos Peligrosos, y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La mala gestión de los residuos industriales agrava los problemas ambientales, como consecuencia de la contaminación del agua, del aire y de la tierra.
“El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas. Lo que genera, entre otras cosas, el calentamiento global que estamos viviendo”, evaluó a la presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (CATRIES), Claudia Kalinec.
CATRIES y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) fueron las dos organizaciones que aportaron los datos para la elaboración del informe de las universidades.

Qué reveló el estudio
De acuerdo con el informe, en el último año, en la Argentina se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, es decir, unas 1.293.820 toneladas.
Se estima que en Argentina existen alrededor de 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, y solo unas 33.983 firmas, el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el informe anterior del Observatorio (mayo 2021-abril 2022), en el país se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total se había tratado el 9,6%, equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción.
“Los niveles de residuos que recibieron tratamiento son muy similares en ambos períodos contemplados por los informes, pero el volumen de residuos total creció más de la mitad”, explicó Kalinec. Según dijo, “hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%”.
Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA, consideró pidió “sensibilizar acerca de la relevancia de manejar de forma adecuada los residuos peligrosos”. “Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio en la situación actual”, reclamó.

Qué proponen como solución
Como promotores de esta situación, tanto CATRIES como CAITPA apuntan, por un lado, a “la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental” como “factores clave”, pero también a la necesidad de actualización del monto de las multas, que desincentiva inversiones para el tratamiento de residuos industriales.
“El Estado, a través de sus distintos organismos y áreas, es el encargado de renovar los permisos de todas las industrias, no solo las de nuestro rubro, y son quienes deberían controlar el cumplimiento de la normativa”, dijo Kalinec.
Ambas cámaras promueven el avance de un proyecto para actualizar el valor de las multas, una iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados, que reclaman que sea tratada por el Senado antes de fin de año, para que no pierda estado parlamentario.
“Se trata de la Ley 24.051 de residuos peligrosos que tiene más de 30 años desde su sanción y cuyos montos quedaron totalmente desactualizados, con un tope que hoy no pasa los $500.000, valor que no cumple el rol de desalentar la mala disposición de los residuos para las industrias, ya que no es significativo en la facturación de una pyme o gran empresa”, señalaron las cámaras en un comunicado conjunto.
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Fracking en Vaca Muerta: se esperan más inversiones y récord de productividad

Fecha de Publicación: 15/01/2024
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Neuquén


El escenario del fracking en Vaca Muerta hoy presenta mejores perspectivas ante el anuncio de las nuevas medidas económicas por parte del Gobierno de Javier Milei.
La radiografía del sector actualmente está dada por la cantidad de etapas de fracturas de diciembre, los objetivos fijados para finales de 2024 y el plan de inversiones en un contexto de libre exportaciones y de eliminación de las SIRAS.
Todos estos factores apuntan a un objetivo de máxima: alcanzar las 18.000 etapas de fractura para diciembre de 2024.
Consultado por El Economista, Luciano Fucello, presidente de la Fundación Contactos Energéticos y Country Manager en NCS Multistage, aseguró que estas proyecciones son posibles en la medida que se den ciertos factores clave.
Pese a que en diciembre pasado hubo una leve disminución de las fracturas (1.125), fue un año donde se rompió el récord mensual dos veces y se llegó en 2023 a la cifra de 14.722 fracturas, una marca récord que significó un incremento de 17,6% respecto al año anterior.
La marca récord del año se registró en septiembre cuando las operadoras realizaron 1.398 etapas de fractura, el mejor desempeño desde agosto de 2022 cuando se realizaron 1.379 etapas.
Fucello explicó que la leve caída de la actividad del fracking en diciembre se debió a diversas cuestiones: incertidumbre electoral, presupuestos limitados por la época del año y un dato operativo en YPF (que realiza el 50% del fracking en Vaca Muerta) donde el ritmo de terminación de las fracturas fue más rápido que el ritmo de perforación de pozos. De este modo, de los cinco sets de fractura solo operaron dos, dando de baja a tres equipos: dos de ellos de Halliburton y otro de la empresa Schlumberger.
En lo que respecta al salto de la actividad y de los planes de 2024 para el fracking, Fucello explicó que la meta es pasar de las 14.233 etapas en 2023 a más de 18.000 este año, lo cual representa un incremento de más del 20%.
Pero, aclaró que este escenario estará supeditado a lograr varios desafíos: superar niveles de inversión y a la cantidad de equipos disponibles.
"Ahora están faltando al menos 5 equipos de perforación. Hay que ser muy eficientes con los equipos de terminación de fractura actuales para completar las 18.000 etapas de fractura. Sólo YPF tiene esa condición", señaló.
En el caso de importar ese equipamiento cada uno tiene un costo de US$ 50 millones, lo cual representa un gasto muy importante para cualquier empresa se servicio petrolero donde los tiempos de repago superan los 10 años.
"La otra opción -según relató Fucello- es tomar equipamiento de otras áreas existentes por ejemplo para darle prioridad a Vaca Muerta. La principal cuestión es dar señales a los inversores extranjeros para la libre disponibilidad de divisas y eso generaría confianza en este tipo de decisiones de traer al país este tipo de equipamiento".
Para poner a Vaca Muerta en perspectiva para mediano plazo se espera llegar a los 400.000 barriles de producción diaria para 2024; más de 600.000 barriles para 2025 y más de 1 millón de barriles para el año 2030. El desafío parece ambicioso pero es posible.
"Este será un año de transición. Todo lo que se haga hoy es para dar el gran salto para los próximos cinco años", señaló Fucello.
La decisión del Gobierno de Milei de liberar las exportaciones trajo aparejado un nuevo escenario en la industria Oil & Gas.
"Hasta hace poco toda la industria se peleaba por contar con permisos de exportación en un mercado ultra regulado. Este cambio de rumbo pone a la Argentina en el radar de las opciones de países interesantes para poder invertir, sin cepo y sin barril criollo y con precios más cerca de la paridad de exportación", subrayó.
Asimismo, el experto consideró que el fin de las SIRAS y la libre importación de productos relaja toda la tensión que hubo el año pasado donde continuamente estaba en riesgo la paralización de las operaciones en Vaca Muerta por falta de insumos.
La contracara de esto seguramente se verá reflejada en precios más altos y un proceso de renegociación entre privados.
"Vemos más inversión este año frente al nuevo rumbo económico. Esperamos el gran salto de productividad para 2025. Y en la segunda mitad de este año debería ser una bisagra para lo que viene en materia de producción y evacuación de todo ese crudo", remarcó.
La mirada de Fucello coincide con la mayoría de los empresarios de la industria. Todas las medidas que se están dando son para facilitar el aumento de la actividad del fracking en Vaca Muerta.
No obstante, el gran riesgo para el país sigue siendo la extremada precaución que aún tienen los inversores internacionales que a esta altura de las circunstancias ya ha  entendido que Argentina es un país cíclico y que no resulta atractivo cambiar las reglas de juego cada cuatro años.
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Apareció un yaguareté con cría en la selva: "Nuestra alegría es mayúscula"

Fecha de Publicación: 13/01/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Es la primera vez que ven a la madre con descendencia. Emoción por el hallazgo y el trabajo de conservación.
La presencia de fauna y flora autóctona en el monte habla de cómo se conserva el entorno natural. En este caso, una buena noticia fue confirmada en las últimas horas de ayer por la Red Yaguareté, una ONG que monitorea al felino en la selva misionera. Se trata de la aparición de una ejemplar hembra de la especie con cría en la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península, un predio de uso científico y militar colindante con el Parque Nacional Iguazú en el Norte misionero.
El avistaje de Panambí -nombre de la madre- fue posible gracias a las cámaras trampa que la ONG tiene en ese sitio. "Panambí es madre. La fantástica noticia la conocimos en la tercera revisada de cámaras de 2023, casi sobre fin de año, y nuestra alegría es mayúscula. La joven hembra que venimos viendo en la Reserva desde el año 2021 ahora tiene la mejor de las compañías", señaló la Red Yaguareté en un comunicado acompañado de un video de 20 segundos donde se ve a la flamante madre en horas de la noche con su cría.
Hasta ahora no se pudo determinar el sexo del ejemplar, aunque el personal del Ejército Argentino de la Escuela Militar de Monte de Puerto Iguazú, que desempeña labores allí, le está eligiendo apodo mediante un concurso interno y la semana próxima se conocerá el nombre. Es la primera vez que Panambí -una hembra de alrededor de 5 años- es vista con descendencia.
"Esto no hace más que reforzar y reafirmar lo que venimos sosteniendo desde hace varios años: este predio debe ser conservado y custodiado fuertemente ante cazadores ya que constituye un área de alta importancia para nuestros yaguaretés", agregaron.
En diálogo con El Territorio, Nicolás Lodeiro Ocampo, cofundador y director Ejecutivo de la Red Yaguareté mostró su alegría por el hallazgo y amplió. "Para nosotros es un notición", dijo y contó que por el tamaño de la cría tiene ya varios meses de edad pero es la primera vez que se deja ver. Al tiempo que no descartó que pueda haber otra cría más de la misma madre en la zona.
Por otra parte valoró el buen estado de conservación de todo el predio y destacó que es uno de los que más ejemplares de felinos concentra en Misiones. "Allí nosotros registramos seis individuos adultos y dos cachorros ya crecidos, estamos hablando de ocho yaguaretés solo en el periodo del Ejército Argentino. Eso es algo súper importante teniendo en cuenta que se estima que en Misiones hay alrededor de 100 yaguaretés y solo ahí pudimos ver el año pasado ocho machos, hembras y cachorros. Hablo de ejemplares nuevos que no estaban registrados y ejemplares que vienen siendo registrados en años anteriores", señaló Lodeiro Ocampo.
"Eso habla de un lugar que está resultando óptimo para la especie, porque encontramos que los procesos ecológicos de la dinámica poblacional están dándose, así que lo que nos queda es asegurar a perpetuidad la preservación de ese predio", agregó.

Conservación
Para el referente de la Red, avistar al felino no solo es un momento de alegría sino también un punto de inflexión y reflexión para pensar que las cosas se están haciendo de manera correcta.
"Nos lleva a pensar que tenemos lugares que todavía están bien, si bien nosotros creemos que hay que avanzar mucho en cuestiones de conservación, en particular del predio militar, esto también tiene que ver con el trabajo sobre todo de fiscalización y control que hace la Provincia con el cuerpo de guardaparques, que hace Parques Nacionales y también se reforzó mucho el control en el predio militar, que sufría históricamente intromisiones -sobre todo desde el Paraguay- para robo de madera, palmitos, cacería. Evidentemente todo eso se conjugó, junto con un montón de otras cuestiones como educación, concientización y otros factores interrelacionados para que la población de yaguaretés de la zona Norte de la provincia haya mejorado en los últimos años", destacó.
Además de Puerto Península también resaltó al Parque Nacional Iguazú y el Parque Urugua-í como sitios con buena estructura de conservación "donde la especie se encuentra de manera saludable. Hay hembras, crías, hay ejemplares que tienen territorios que se llaman residentes y otros que son transeúntes, o que están por un tiempo en un lugar y luego se van hacia otra zona. Esto es lo saludable".
Por último hizo hincapié en la importancia de la incorporación del personal militar en el proceso de conservación. "Ellos están haciendo un concurso interno para buscarle un apodo que les satisfaga, que les guste. Normalmente los apodos que utilizamos tienen que ver con cuestiones de la zona. La mayoría son en guaraní, pero también en algunos lugares, como en la Reserva Militar, hay apodos que tienen que ver con cuestiones militares. Entonces tenés un yaguareté macho grande apodado Baigorria, que ahora lo registramos en el Parque Iguazú porque se movió para allá, o Cabral. También es una forma de que ellos sepan y se involucren, porque muchos desarrollan actividades desde hace años ahí, pero nunca habían visto un yaguareté, porque es como un fantasma de la selva que no se deja ver en forma directa, salvo muy pocas ocasiones. Entonces esto del apodo es importante para involucrarlos en este proceso de conservación", sostuvo.

Sobre el predio
La Reserva de la Defensa Puerto Península es un área militar y reserva natural ubicada en el Campo Iguazú del Ejército Argentino. Se encuentra en cercanías de la ciudad de Puerto Iguazú, encontrándose a 30 kilómetros al sudoeste del centro urbano. Debe su nombre al embarcadero existente en la zona y a la forma de península que adquiere debido al recodo que forma el río Paraná.
Es administrada por el Centro Regional de Adiestramiento Operacional (CRAO) del Ejército Argentino y allí se desarrollan actividades relacionadas con la Escuela Militar de Monte.
La Reserva se creó el 4 de febrero de 2009, por Protocolo Adicional Nº2 y atesora 8.800 hectáreas de la ecorregión Selva Paranaense. Se trata de un eslabón clave del Corredor Verde Misionero. Además, mejora el diseño del Parque Nacional Iguazú al reducir el estrangulamiento existente en el Área de Cataratas, defiende la cuenca del arroyo Mbocay y aumenta la viabilidad a largo plazo de especies con grandes requerimientos territoriales, como el amenazado yaguareté.
Ampara la empinada costa del Alto Paraná, donde la selva se ve enriquecida con especies de las regiones colindantes y algunas del Chaco Seco, como el zapallo caspi, la tuna y el ibirá o caraguatá. Monte adentro se encuentran la simira y el urunday, densos manchones de palmito y palo rosa, la heliconia e imponentes matorrales de tacuaruzú, la mayor de nuestras cañas nativas.
La superficie original de las tierras del Ejército Argentino eran de 17.000 hectáreas aproximadamente; 2.000 hectáreas fueron transferidas al municipio de la ciudad de Puerto Iguazú en 1990 y otras 7.000 a la provincia de Misiones, debido a la creación del parque provincial en 2004.
El Ejército utiliza el campo de instrucción para la capacitación de las tropas de monte en operaciones de bajo impacto ambiental.
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Greenpeace cuestionó la propuesta de ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación: 13/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La organización sostuvo que el OTBN debería establecer la prohibición total de los desmontes; en sintonía, consideró "sumamente excesiva" la deforestación de 721.568 hectáreas que permite el nuevo ordenamiento.
“Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales”. Esta es una de las críticas que lanzó la asociación ambientalista Greenpeace contra el informe que elaboró el Equipo Técnico Asesor a cargo del trazado del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta.
Las conclusiones de la ambientalista se refieren a la nueva categoría que se dispone en el propuesto mapa del OTBN. En el nuevo Ordenamiento se dispone un “amarillo potencial” que se define según la cantidad de hectáreas que se podrían desmontar en una zona en particular, delimitadas a su vez por otros factores como el estado de las cuencas.
Entre los principios sostenidos por Greenpeace se encuentra la necesidad de establecer la prohibición total de los desmontes en el entendimiento de que un “desmonte legal” de 721.568 hectáreas (como propone el informe técnico del OTBN) involucra una “superficie sumamente excesiva”.
Esta afirmación se toma sobre la base del hecho de que, según los datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas. O sea, en 15 años, se deforestaron menos hectáreas de las que se propone que podrían desmontarse ahora en el nuevo OTBN.
“Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I - rojo, II - amarillo)”, recordó Greenpeace. En esta línea señaló que durante la gestión de Juan Manuel Urtubey “el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la ley nacional) mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”.
El procedimiento de recategorización de bosques enmarcado en dos decretos que terminaron por desvirtuar el OTBN provincial aprobado en 2009, fue considerado ilegal tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación.
Sin embargo, “las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior”, indicó la organización.
Asimismo, recordó que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2022 un compromiso de Deforestación Cero para 2030. “Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección”, sostuvo.
Añadió que la zonificación propuesta no respeta el “principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional”.
Es por ello que lo comparó con las recategorizaciones habilitadas durante el urtubeycismo, generando “una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales", aseguró.

Fragmentación de los bosques
La organización ambientalista indicó que al permitir desmontes en las actuales categorías I (rojo) y II (amarillo), la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta “además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas”.
Esto, afirmó, pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté.
Además, recordó que la Ley 26.331, de Bosques Nativos, destaca la importancia de respetar los territorios de los pueblos originarios. “Resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160”, indicó sobre este aspecto.
Sucede que en Salta, como en la mayoría de las provincias, el relevamiento que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no fue concluido aún. “Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, afirmó Greenpeace.
La última observación fue sobre la falta de realización de talleres en los territorios indígenas y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por la Argentina. "La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas", concluyó.
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“La situación es crítica y angustiante”: evacuados, caminos cortados y desesperación por las graves inundaciones en dos provincias

Fecha de Publicación: 12/01/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Litoral Argentino


Por las intensas lluvias, están afectados Corrientes y el norte santafecino; en esta última zona cayeron 420 mm en solo en 48 horas; la región está en alera porque hay probabilidades de precipitaciones el domingo
No hay respiro para el extremo nordeste del país. Si bien desde la medianoche no se registran lluvias, solo aisladas en zonas puntuales, el norte santafecino, toda la provincia de Corrientes y el sur de Misiones se encontraban hoy en alerta naranja por la eventual ocurrencia de tormentas fuertes, que podrían incluir granizo y fuertes ráfagas de viento.
“En el norte de nuestra provincia, la situación es crítica y angustiante. Vamos a estar hasta que el agua baje y hasta que los ciudadanos y ciudadanas de aquí puedan volver a sus hogares”, sostuvo el gobernador, Maximiliano Pullaro, anoche al término de una intensa jornada en aquella región, que desde el domingo hasta esta mañana registra un acumulado de 420 milímetros.
Pero la incertidumbre continúa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones de entre 80 y 100 mm en toda la región. No se advierte tranquilidad en la zona, porque el cielo sigue cubierto y además ya se anticipa que a partir del domingo próximo las precipitaciones volverían a la intensidad que en las últimas horas provocaron una emergencia casi sin precedentes en centenares de pueblos y ciudades de esas provincias.
Pullaro, junto a parte de su gabinete, se instaló ayer en la zona y encabezó tanto en Reconquista como en Vera reuniones del Comité de Emergencia, de la que participaron ministros y secretarios de diferentes áreas para monitorear y definir acciones.

Emergencia hídrica
En tanto, en esta provincia se reanudaron esta mañana los operativos de asistencia a ciudades como Reconquista, Vera y Malabrigo, las tres más perjudicadas que ayer colapsaron cuando la acumulación de agua obligó a masivas evacuaciones de viviendas en ejidos urbanos.
En Reconquista, se declaró la emergencia hídrica “por tiempo indeterminado”, que fija al municipio la atención, con absoluta prioridad, a las políticas activas ante la contingencia.
El cese de las precipitaciones provocó que distintos barrios de Reconquista y Vera recuperaran esta mañana parte de su fisonomía habitual. Bajó el agua, comenzaron las tareas de limpieza para permitir el regreso de las familias a sus viviendas y lentamente comenzó a normalizarse la actividad comercial. En la primera ciudad, ayer hubo “alrededor de 40.000 personas a las que les ingresó agua a sus domicilios. A algunos, pocos centímetros, pero a otros hasta un metro de agua. Cada uno de los ministerios activó sus protocolos de trabajo en estas circunstancias”, señaló el gobernador, que afirmó: “Todas las herramientas del gobierno provincial están a disposición en esta emergencia hídrica de la región”.
Hubo situaciones críticas que debieron resolver las fuerzas de seguridad, como la que protagonizaron vecinos del llamado Barrio Nuevo de Reconquista, que cavaron un canal, sobre la ruta provincial 40, para desagotar una zona densamente poblada, cuyas viviendas quedaron cubiertas con más de 60 centímetros de agua. Con esa acción los habitantes bloquearon el camino. Recién a la medianoche, personal de Vialidad logró obturar la brecha para normalizar la circulación vehicular, que impedía la comunicación de varias localidades ubicadas al oeste, ya en el departamento Vera.
Pero la asistencia está demorada en aquellas poblaciones sin conexión pavimentada con otros centros poblados, ya que en el norte santafecino hay pocas rutas asfaltadas. “Estamos viendo la accesibilidad para llegar a los distintos lugares y conocer qué requerimientos tienen sus pobladores y garantizarles que lo que ellos necesitan se lo vamos a suministrar”, afirmó el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo.
Por su parte, Paula Mitre, intendenta de Vera, sostuvo: “Ayer vivimos un día muy duro, de mucha tristeza y angustia, sobre todo para el padecimiento de muchas familias que tuvieron el agua dentro de sus casas, la ciudad en su mayoría estuvo anegada. La gente que la está pasando mal. Se vienen días bastantes difíciles”.
La funcionaria informó que “llegamos a tener 60 personas en el centro de evacuados, un número reducido por la cantidad de agua que tuvimos en la ciudad y la cantidad de afectados. Lo que ocurre es que las personas se resisten a dejar sus casas. Los que se evacuaron son los casos extremos”.

Corrientes
Un panorama que se complica horas tras horas enfrenta este jueves la provincia de Corrientes. En el centro sur de este territorio cayeron 400 milímetros en apenas 12 horas, a partir de la tarde del miércoles.
“Hay partes del interior que están muy complicadas. Goya fue la ciudad más afectada, con una intensidad de 160 mm/h,. Pero también se le suma Esquina y Santa Lucía, que estaban procediendo a evacuar personas productos de la crecida del río por lluvias en zonas al norte”, comentó Eulogio Márquez, titular de Defensa Civil de la provincia.
Los municipios de Santa Lucía y Esquina se declararon en emergencia hídrica. Y en Esquina se reportó, además, el desprendimiento de una parte de su paseo costero a raíz del socavamiento en esa zona ribereña. Producto de esto, colapsó parte del muro de contención y vereda de la nueva costanera. El tránsito y la circulación en la zona quedaron inhabilitados hasta garantizar la seguridad en el sector y realizar las tareas pertinentes.
En total, el gobierno informó que hay más de 700 evacuados tras el temporal.
El otro tema que desvela a las autoridades correntinas es el corte de rutas por anegamientos. Al respecto, se indicó que la nacional 12 registra dos interrupciones, cerca de Mantilla y otra en el departamento de Carolina.
“Para ir de Goya a Curuzú [Cuatiá] hay que ir hasta Desmochado por la 123 hasta la rotonda, y hay retomar la ruta provincial. Lo mismo la gente que llega al sur tiene que ir a Saladas, desviar a Bella Vista y retomar la 123″, agregó Márquez.
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Ley Ómnibus: el Gobierno dará marcha atrás con más cambios ambientales, pero hay dudas entre los diputados

Fecha de Publicación: 12/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, expuso en comisión y aseguró que no se admitirán los desmontes en áreas protegidas. También que la Argentina cumplirá con los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
Durante la tarde del miércoles, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, expuso en la comisión de Diputados en donde se está tratando desde esta semana la Ley Ómnibus. Ante los reclamos por el retroceso ambiental que implicaba los cambios que quiere hacer el Gobierno a través de la normativa, la funcionaria hizo algunas aclaraciones e incluso adelantó que se dará marcha atrás con una modificación clave en la Ley de Bosques.
“Estamos con el desarrollo sustentable, lo ecológico, lo económico y lo social. Nuestro accionar está dirigido a eso y a la protección del capital. Natural y humano”, comenzó diciendo la funcionaria en una exposición que duró apenas 4 minutos (de 13.57 a 14.01).
“Vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido con el Acuerdo de París y en la COP28. Vamos a estar atrás de los temas de los gases de efecto invernadero, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional que existe para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático”, agregó.
Puntualmente, Lamas aseguró que quitarán el artículo 500 en donde se modificaba la Ley de Bosques (26.331) y que iba a permitir desmontes en zonas amarillas y rojas (I y II), algo que hoy está prohibido.
“El tema de bosques nativos es muy importante, es un tema de financiamiento internacional muy importante que tenemos y estos cambios nos impedirían exportaciones muy importantes. Si no cuidamos nuestros bosques, no las vamos a poder hacer. Por un error se incluyeron las categorías 1 y 2 y se va a eliminar ese punto de la ley”, dijo. Esta sería la segunda marcha atrás que da el gobierno en términos ambientales en una semana. Ya lo había hecho con la desregulación del régimen pesquero que pretendía establecer y que fue rechazada por gobernadores patagónicos y el sector.
Sin embargo, Lamas no hizo referencia a otra modificación que se haría en la normativa si se aprueba la Ley Ómnibus que es que la Ley de Bosques ya no se financiaría con una parte del presupuesto, sino a través de la voluntad del Ejecutivo, donaciones y créditos internacionales.
Después, la funcionaria aclaró que los cambios en la Ley de Quema -que habilitarían quemas en campos de manera tácita si no se recibe respuesta del Estado en 30 días- es una herramienta “fundamental” y que está permitida, pero que “se tiene que hacer con cuidado”. “Las provincias tienen que controlar”, aseguró.
Finalmente, se refirió a la Ley de Glaciares, uno de los puntos que más rechazo generó porque modificaba la definición y daba a entender que podían realizarse actividades productivas en las áreas que rodean a los glaciares. “Con respecto a la Ley de Glaciares, lo que intentamos hacer aquí fue brindar una definición y seguridad jurídica. Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer ningún tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos. Solo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes, de verificar que si se quiere hacer alguna actividad sobre el periglaciar no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, dijo Lamas.
Pese a que esta es la primera vez que el Gobierno comunica formalmente ciertos ejes ambientales y se comprometió a rever algunos artículos, muchos diputados no quedaron conformes con la exposición de Lamas.
“Con sus palabras, la subsecretaria dice que van a respetar los convenios y metas internacionales y nacionales comprometidas, pero el texto de los artículos dicen otra cosa”, dijo a TN Carolina Yutrovic, diputada de Unión por la Patria. Y sumó: “Nos pide que estemos tranquilos, que fue un error incluir las zonas de bosques I y II, pero no ingresan formalmente esas modificaciones”.
Yutrovic, como parte de Unión por la Patria, pide que el proyecto se debata en las comisiones específicas y se convoquen a las organizaciones de la sociedad civil que “trabajan y contribuyen activamente en cada uno de los temas”.
En la misma línea se expresó Maximiliano Ferraro de la CC: “Aclaró un tema que nos preocupaba bastante que era la habilitación de desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques, que aparentemente se habría tratado de un error. Sin embargo, no ahondó en distintas modificaciones que implican regresión o al menos una falta de prevención en materia de protección ambiental. Por ejemplo, la habilitación de desmontes sin autorización previa ni participación pública en la categoría de menor protección”.
Y agregó: “Nos hubiera gustado tener más información sobre los proyectos productivos que requerirían flexibilizaciones a la Ley de Glaciares, o las razones que justifican habilitar autorizaciones tácitas para la actividad de quema, que si bien existe y tiene fines productivos, también implica riesgos que deben observarse”.
“Fue pobre la exposición, se limitó a dar un par de respuestas bastante restringidas dentro de los muchos temas que se plantearon”, analizó a TN Carlos Villalonga, ambientalista y exdiputado. “Queda claro que sí se eliminan los fondos de la Ley de Bosques lo que es muy complicado porque esta ley le encomienda a las provincias a que hagan un esfuerzo y ese esfuerzo se sostiene con un fondo nacional, sino no hay manera que puedas desarrollar un plan de gestión, de contención y de compensaciones para bosques que no van a ser talados. El costo no lo pueden pagar solo las provincias que tienen bosques nativos”.
“No hay ninguna indefinición o de inseguridad en cuanto a la ley. Al contrario, lo que la modificación nos trae es incertidumbre y abre todos los conflictos de nuevo, en un tema en el cual no tenía necesidad. La minería no está teniendo un parate por la ley de glaciares.
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Esperanza a pesar del peligro de extinción: nació un cóndor andino en Mendoza

Fecha de Publicación: 11/01/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno de Mendoza comunicó que una cría de cóndores nació en el Parque Provincial Tupungato. Mirá las fotos.
En nuestro país, se estima que hay más de 500 especies en peligro de extinción, según los relevamientos de la Fundación de Vida Silvestre Argentina. Una de ellas, es el cóndor andino (Vultur gryphus), ave que fue declarada bajo este alerta por el Gobierno nacional y, tras ello, protegida por la Ley Nacional N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
Afortunadamente, esta semana, se dio a conocer una noticia esperanzadora. La Dirección de Recursos Naturales Renovables anunció, a través del Departamento de Fauna, que nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato, en Mendoza, aportando una dosis de fe en la lucha por su preservación.
Desde el organismo de Ambiente señalaron que “ya se está monitoreando el crecimiento de un nuevo pichón de cóndor, en el marco del 13° Censo Simultáneo de Cóndor Andino, que se llevó a cabo durante la última primavera”.
El Parque Provincial Tupungato comenzó a funcionar como un nuevo centro de monitoreo, lo que hizo posible el avistaje del cóndor pichón. Los encargados del monitoreo sospechaban el nacimiento de un nuevo cóndor, luego de que “se pudo avistar, mediante el uso de monoculares, a dos ejemplares adultos ingresando en una cueva en un costado del paredón que se estaba observando”.
Luego de 3 a 5 días de monitoreo, finalmente el nuevo ejemplar de cóndor andino se dejó capturar por las cámaras. Se trata de una noticia positiva para esta especie que, además, fue declarada Monumento Natural de Provincia de Mendoza por la Ley 6599/98.
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Definen como "histórico" el inicio en la Antártida de la misión contra la contaminación

Fecha de Publicación: 11/01/2024
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


 "Terminamos con el Presidente de la Nación el inicio de una campaña científica por primera vez en la historia entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y la República Argentina, destinada a determinar la presencia de plásticos en el medio antártico", señaló el director del organismo, Rafael Grossi.  
 El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, calificó como "histórico" el inicio de la campaña científica en la Antártida con la colaboración de la Argentina, "destinada a determinar la presencia de plásticos" en el medio marino y advirtió que el problema es "global" y que la comunidad internacional "carece de datos científicos".
"Terminamos con el Presidente de la Nación el inicio de una campaña científica por primera vez en la historia entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y la República Argentina, destinada a determinar la presencia de plásticos en el medio antártico", señaló el diplomático en un video distribuido hoy por la oficina de prensa de OIEA antes de su regreso a Viena, Austria.
Grossi dijo en referencia al comienzo de la campaña científica que "ha sido un día en el que no dudaría en caracterizarlo como histórico".
El exembajador de Argentina en Austria pronunció estas palabras el sábado acompañado por el presidente Javier Milei y la comitiva integrada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino; los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Defensa, Luis Petri.
 El sábado último Milei visitó las bases Marambio y Esperanza en la Antártida, donde dio inicio al acuerdo de cooperación entre Argentina y el OIEA para el uso de tecnología nuclear en el control de la contaminación por plásticos en el continente blanco, y posteriormente regresó a la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, para retornar a la ciudad de Buenos Aires.
Sobre la presencia de plásticos en el medio antártico, Grossi advirtió que "es un problema global, pero desafortunadamente la comunidad internacional carece de datos científicos que puedan avalar cualquier decisión que se pueda tomar".
La implementación del acuerdo es coordinada por el Programa Antártico Argentino a través de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), que depende de Cancillería, y de acuerdo al Sistema del Tratado Antártico.
"El programa tratará de saber cuál es el problema que tenemos y cómo poder enfrentarlo", sostuvo el director general de la OIEA, nombrado al frente del organismo el 3 de diciembre de 2019.
 Por su parte, desde Presidencia se informó que las actividades que se desarrollarán "incluyen la organización de misiones de expertos y capacitaciones para la toma y análisis de muestras, además de apoyo logístico para facilitar el acceso del personal científico a la Antártida, incluidas publicaciones y las mejores prácticas en el ámbito de la cooperación".
El programa incluye la iniciativa Nutec Plastics, un proyecto para el estudio de la contaminación marina por plásticos que abarca casi todos los mares del mundo, excepto los antárticos, y a través de este convenio, Argentina extenderá este programa a estas regiones polares.
El proyecto "Microplásticos en el Ambiente Antártico: Implementación de la Iniciativa Nutec Plastics" fue aprobado por la Cancillería e incluido en el Plan Anual Antártico 2023-2024.
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Para 80 organizaciones ambientales, más que Ley Ómnibus es una ley topadora que se lleva puesto todo

Fecha de Publicación: 10/01/2024
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Nacional


Entidades de todo el país enviaron una carta a la Cámara de Diputados en la que analizan y advierten, punto por punto, la degradación que implica el megaproyecto enviado por el gobierno al Congreso, y piden el rechazo de 22 de sus artículos
Más de 80 organizaciones ambientales y sociales, fundaciones y redes enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de “Ley Ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo Nacional porque indicaron que supone “serios retrocesos en la legislación ambiental” que protege al país, a la que incluso muchas entidades consideran aún insuficiente y permisiva. “Bajo el pretexto de la libertad, el proyecto de ley pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas”, sostiene el comunicado que firman colectivos de todo el país. El documento –con puntos de encuentro con un previo documento de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas– previene los nuevos escenarios ambientales que supondría dar luz verde a las modificaciones pretendidas, encontrando que la degradación consecuente ni siquiera habilitaría un aumento de la cantidad y calidad de las exportaciones, sino lo contrario.
Las entidades consideraron “un avasallamiento a la democracia constitucional” tanto al proyecto legislativo como al voluminoso decreto de necesidad y urgencia que está siendo resistido en Tribunales con una catarata de presentaciones. Las organizaciones de defensa del ambiente, en forma masiva, apuntaron al nuevo andamiaje legal “desregulador” por “derogar y modificar regresivamente leyes ambientales sancionadas por el Congreso de la Nación y respaldas por la sociedad civil de todo el país”.
“El proyecto pretende realizar reformas a leyes cruciales para la protección del ambiente, entre las cuales se incluyen la ley de Bosques (26.331), la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la ley de Glaciares (26.639) y la ley Federal de Pesca (24.922)”, remarcaron las entidades.
En la carta, además, las organizaciones advierten que el proyecto de ley contraviene “el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente”. La cuestión del no retroceso en materia ambiental tiene rango constitucional, por lo que no puede ser alterada por normas de catergoría inferior como una ley, y menos un decreto de necesidad y urgencia.
“Evidentemente, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo implicarían una disminución en los niveles de protección ambiental y, por ende, tendrían un impacto negativo en el bienestar de las personas”, sostienen las organizaciones.
Las organizaciones, algunas de alcance local y regional, otras de presencia nacional e incluso capítulos en la Argentina de fundaciones internacionales, recuerdan que la legislación ambiental vigente fue lograda “tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años”, y citan el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga a los gobiernos a resguardar el derecho de las y los habitantes del país a “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
“En pos del cumplimiento de este mandato constitucional, la sociedad argentina ha comprometido, tiempo y esfuerzo para el desarrollo de un importante plexo normativo que, aunque incompleto y de implementación parcial ha permitido generar un adecuado balance entre el estímulo a la producción, la conservación y restauración del ambiente y el desarrollo social”, remarca la nota enviada a la Cámara de Diputados referida al proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
“Rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y, por ende, es ilegal e inconstitucional”, señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Las reformas proyectadas forman parte del Capítulo III del Título VI –Interior, Ambiente, Turismo y Deporte– y el director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, denunció que así “se propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad”. Uno de los ejemplos es la ley de Bosques, “que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, y que ha permitido visibilizar los bosques nativos, reducir inclusive las tasas de deforestación”, subrayó Jaramillo.
Las entidades marcaron en su documento que incluso el tratamiento previsto para la Ley Ómnibus en la Cámara baja es defectuoso, ya que abarca temas ambientales sin convocar a las comisiones respectivas. “En algunos casos van más allá de las capacidades de las comisiones a las cuales actualmente tiene giro (Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General). En línea con los temas analizados en este documento, las comisiones faltantes para el análisis del proyecto son: de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Energía y Combustibles, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Agricultura y Ganadería”, remarcaron.

Topadora de tierra, agua y aire
Uno de los puntos que las organizaciones reprochan con firmeza es la modificación a la ley de Manejo del Fuego, cuya letra final pretendida por el gobierno de Javier Milei deja habilitada cualquier tipo de quema en caso de que en 30 días hábiles la autoridad competente no responda a una solicitud. “El silencio es interpretado de manera positiva y autoriza de manera tácita a avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en manejo del fuego”, expusieron.
Otro de los puntos es la degradación de la ley de Bosques: “En caso de aprobarse la modificación propuesta por el proyecto de ley, las exigencias legales de evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana ya no serán requeridas” en un 19% de las áreas resguardadas por la normativa vigente. Esto es 10.192.063 hectáreas sujetas a desmonte. Pero además alertan que la ley “pretende habilitar desmontes hoy prohibidos” en las dos categoría con mayor protección: “Se trata de bosques de muy alto valor de conservación a proteger a perpetuidad, que no debe transformarse” y “de mediano valor de conservación, a manejar de forma sostenible”. Así se afecta a 10.992.353 hectáreas de máxima protección (21% de los bosques nativos), y a 32.000.085 hectáreas categorizadas en amarillo, nada menos que el el 60% de los bosques argentinos.
También se remarca que el mamotreto enviado al Congreso “elimina la mención específica al acceso a la información de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”, lo que implica desconocer leyes y tratados internacionales, como la ley general de Ambiente, la ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos Indígenas.
“El proyecto de ley hiere de muerte a nuestros bosques nativos, su biodiversidad y los medios y modos de vida de comunidades enteras. Implica además anular las 23 leyes provinciales de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que fueron dictadas al ritmo de los parámetros que la ley 26.331 y de las actividades permitidas y de las prohibidas.
Y también alerta sobre el daño que –¿por desconocimiento?– puede infligirle a las exportaciones nacionales que deben sortear normativa internacional, como lo es el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, adoptado en junio de 2023 y “con efecto directo sobre las exportaciones de Argentina en materia de soja, ganado bovino y madera”. Y Europa no es el único mercado que exige para la introducción de productos “que el país muestre una fuerte política combatiendo la deforestación y la degradación forestal”.
Además el documento puntualiza que el proyecto Ómnibus “deroga la obligación del Estado nacional de constituir anualmente el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos”, que se conforma con dos fuentes fijas –0,3% del Presupuesto Nacional y 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales– para plantear un financiamiento a discreción del gobierno de turno.
Sobre la ley de Glaciares, en tanto, la nota denuncia que “para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares”. Las ONG asimilan que la intención es atender “un reclamo histórico del sector minero en detrimento de la protección ecosistémica”, lo cual es simplemente “una clara vulneración al principio de no regresión ambiental” que tiene vigencia en la Argentina.
A su vez, la carta denuncia que la protección sobreviniente “está condicionada a una serie de requisitos restrictivos y discrecionales que redundan en la desprotección de áreas hoy preservadas por la ley vigente como, por ejemplo, la limitación a glaciares sólo incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares”. Y remarcan que, de hecho, el Inventario “es incompleto por excluir pequeños glaciares”. Pero también las modificaciones desafían la protección de una porción que está en el inventario al plantear la exigencia de “función hídrica efectiva y relevante como condición necesaria para justificar la protección de glaciares y ambiente periglacial”.
“Sumado a ello, el mensaje presidencial al inicio del proyecto de ley señala que de este modo se revierte un “avasallamiento” del poder federal sobre las provincias. Esta posición desconoce el mandato constitucional de la Nación de establecer un umbral mínimo de protección del ambiente”, cita la carta al artículo 41 de la Constitución Nacional.
En esa línea también se señala que el proyecto “aduce serias contradicciones legales, confunde la naturaleza de herramientas como el Inventario Nacional de Glaciares, entre otras falencias”. Como consecuencia, en definitiva “se vulnera la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas”.
Como cuarto punto, el documento apunta al Régimen Federal de Pesca, que generó una airada protesta de las provincias patagónicas –junto a Buenos Aires, las únicas colindantes con el mar– y el paso atrás del gobierno nacional. Pero el ministro del Interior, Guillermo Francos, se limitó a hablar de “clarificaciones”, entre ellas la defensa de la zona económica exclusiva de 200 millas marinas, a la que el proyecto de ley dejaba troquelada. Aunque admitió las quejas planteadas y abrió el juego para una mesa de diálogo con los distintos sectores involucrados, el ministro Francos no precisó cómo se iban a implementar los cambios.
Para las organizaciones ambientalistas la cuestión no sólo pasa por lo económico. El documento recuerda que el proyecto de Ley Ómnibus “propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca” cambiando condiciones y prioridades “sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero”, y además “deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos” dejando así habilitados la descarga en otros puertos o el tranbordo en el alta mar, “lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca”. Y esto, precisamente cuando en todo el planeta los países avanzan hacia el punto contrario, que es una legislación “que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. La alteración de esas premisas, advierten las organizaciones, puede vedar el ingreso a Europa y a Estados Unidos de productos pesqueros nacionales propios o bajo licencia.
Pero el documento centra su atención en que una cosa que se debe mejorar, se empeora. Ya la normativa en vigencia “adolece de insuficientes previsiones” en las consecuencias la actividas sobre el ambiente, “lo cual es necesario atender con fines de mejora, entrecruzando los principios que trajo la legislación ambiental vigente, particularmente el enfoque ecosistémico, el acceso a la información y la participación ciudadana”, señala el documento. Pues bien, las modificaciones no atienden ninguno de estos señalamientos, y en su lugar puede “facilitar una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina”.
En cuanto a la transición energética, otro punto que toma la Ley Ómnibus y por el que las organizaciones ambientales vienen expresando reparos hacia las gestiones anteriores, la observación es que reduce todo a una cuestión comercial, el modelo de “mercantilización de la naturaleza”. En ese aspecto, la suma de cambios legislativos propuestos “lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la transición energética hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales”, denuncia el documento. Y y puntualiza que el proyecto meramente “se enfoca en el establecimiento de mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. En esa línea “pretende asignar derechos de emisión de gases de efecto invernadero a cada sector y subsector de la economía”, que serán “compatibles con el cumplimiento de las metas” comprometidas por el país. “Sin embargo, no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero desde las fuentes”, como el sector energético y la agricultura y ganadería.
En todos los casos se “faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, establecimiento de límites de emisión, monitoreo de avances, establecimiento de un mercado y sus reglas, además de la plataforma de registro, y penalización en caso de incumplimiento”, apelando de nuevo a una lógica discrecional que deja de lado la masa de conocimiento gestada a lo largo de tiempos históricos por comunidades locales, organizaciones, institutos de investigación, grupos especializados y actores clave en temáticas específicas. “Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados”, advierten las organizaciones, subrayando que entre esos logros “se encuentran las normas que este proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina”.
“Exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”, concluye la misiva.
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