La biodiversidad perdida

Fecha de Publicación: 04/01/2024
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Litoral Argentino


Al menos 46 especies de plantas y 39 de vertebrados resultaron afectadas por los incendios en los humedales del río Paraná, en la provincia de Santa Fe, durante 2020. Se estima que, en esa oportunidad, el suelo ardía en profundidades que oscilaron de hasta 12 centímetros, mientras que las alturas de las llamas se elevaron hasta más de cuatro metros metros, debido a la presencia de especies leñosas. Los datos surgen de un relevamiento desarrollado por una decena de investigadores de distintas disciplinas, del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que fue recientemente publicado por la revista científica Oecologia Australis.
“Es el primer trabajo en la Argentina que describe y cuantifica a campo la mortalidad de flora y de fauna, y la afectación del suelo en humedales”, dice la investigadora Paola Peltzer, del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y del CONICET, que estudia el impacto de las actividades humanas en los humedales del Paraná desde hace más de dos décadas.
“Encontramos 85 especies afectadas a lo largo de los años, porque se multiplicaron los incendios y su repetitividad en los mismos sitios”, advierte Peltzer, y aclara que son tierras que no solo fueron quemadas en invierno para facilitar la ganadería, sino que los incendios también se intensificaron y reprodujeron en verano, debido al aumento de la temperatura y la gran sequía histórica que hubo en el río Paraná.
“Eso hizo que, al no estar adecuadas evolutivamente a tener fuego en sus ambientes, las especies de plantas no puieran rebrotar y las de animales no pudieran reproducirse”, afirma la especialista. Y agrega: “Si esto se hubiera extendido más en el tiempo, realmente hubiera sido una catástrofe y una declinación casi regional de estos humedales. Gracias a las inundaciones posteriores, el fuego se frenó pero quedó demostrado que los humedales ya no funcionan como barreras o como esponjas de grandes inundaciones, que es una de sus características y funciones”.
La recopilación de los datos fue a partir de “observación in situ”, que no es otra cosa que ir personalmente al territorio para poder medir la profundidad de la quema y enumerar las distintas especies de plantas y animales vertebrados que resultaron quemados, y en los casos en los que las condiciones no les permitían determinar el tipo de especie que estaban detectando, las registraron fotográficamente y las identificaron luego en el laboratorio.
“El trabajo de campo requiere un esfuerzo muy grande, muchas cosas se hacen realmente a pulmón, sumado a la impotencia de estar viendo animales quemados y no poder hacer nada”, dice Peltzer y destaca la dedicación de todo su equipo, que desde hace años se dedica a esta tarea para estudiar y tratar de proteger la biodiversidad de los humedales, no solo de la región del Paraná Medio, ya que también colaboraron como voluntarios en otras zonas afectadas por incendios, como en Corrientes.
“Es algo desolador y muy triste, volvíamos llorando e incluso con secuelas físicas, como broncoespasmos y ampollas en los pies”, recuerda la investigadora, y agrega que, además de ver animales quemados y plantas afectadas enteramente o árboles muertos en pie, también se encontraron con un suelo “que era prácticamente el de un desierto, no un humedal: había grietas de 10 a 15 centímetros de profundidad en los suelos, que habían roto la microbiota tan importante para esos lugares”, dice la especialista. También destaca la importancia de contar con ayuda de personas que habitan en esas regiones, que facilitaron el traslado con sus propias lanchas y canoas hasta los lugares afectados.
Para este trabajo, específicamente, los y las investigadoras de este equipo recorrieron 18 humedales (entre islas y tierras continentales) distribuidas a lo largo del denominado Paraná medio, que se expande desde la localidad santafesina de Los Zapallos hasta la entrerriana de Diamante, durante tres meses. En algunos sitios también hicieron un seguimiento en distintos momentos posteriores a los incendios, para evaluar las posibilidades de remediación de la biodiversidad en las zonas afectadas.
“Nos encontramos con la no regeneración y la no restauración pasiva de la flora y de la fauna, es decir, que no había posibilidades de que la fauna y la flora pudieran volver al estado anterior sin la ayuda del hombre”, advierte Peltzer, y explica que los humedales no tienen como perturbación natural al fuego, como sí la tienen otros ecosistemas pampeanos, lo que hace que se genere lo que se conoce como “muerte ecológica”. En las plantas, esto implica que, si bien los ejemplares no mueren, se ven afectados de manera tal quedan expuestos a enfermedades e infecciones y no pueden producir flores, por ejemplo, lo que impide que se produzca la polinización y den frutos para reproducirse. En el caso de los animales ocurre algo similar, ya que no pueden regresar o algunas de sus tres funciones vitales, que son alimentarse, reproducirse y encontrar sitio de refugio, resulta alterada.
Para analizar los impactos de los incendios ocurridos durante 2020, los investigadores también determinaron, con información satelital, lo que se conoce como índice de quemado diferenciado normalizado (dNBR) y el índice de vegetación diferenciada normalizada (NDVI), antes y después del incendio. En el caso del dNBR, registró un valor moderado de quemas de 17,64%, que se elevó a un 52,94% de quemaduras de alta gravedad. En cuanto a los valores de NDVI, disminuyeron a la mitad en comparación con los valores registrado en las imágenes de control, inmediatamente después del incendio, y mostraron una posterior revegetación baja a mediano plazo, de tres a cuatro meses. “No nos podíamos quedar solo con lo que vimos en el terreno, también quisimos complementarlo con la información satelital disponible, para comprender mejor cómo impacta el fuego en estos territorios”, dice Peltzer.
La investigación busca comprender el impacto del fuego en la biodiversidad de los humedales y a pensar en modos más efectivos para remediarlos y protegerlos, ya que estos cumplen funciones esenciales contra el cambio y la crisis climática, que generan eventos extremos como los tornados y las fuertes tormentas que se vivieron recientemente en la provincia de Buenos Aires.
“Se espera cierto tiempo para que la naturaleza se recupere sola y evaluar si se debe intervenir o no, a corto, mediano o largo plazo. En general, se espera que con las primeras lluvias primaverales se produzca una regeneración de las plantas herbáceas, por ejemplo, y que eso lleve a que, por sucesión ecológica, vuelvan los animales, se creen microambientes, microclimas y se permita también las sucesión ecológica en cuanto a arbustos y especies arbóreas”, agrega Peltzer, pero advierte que ]”eso no se dio”.
Todo esto evidencia la relevancia de contar con políticas y regulaciones que ayuden a proteger estos ambientes y la biodiversidad contenida en ellos. “Necesitamos más de 60 años para recuperar un ambiente quemado. Si se deroga la Ley de Manejo de Fuego, como intenta el actual Gobierno, se da pie a que se pueda quemar cualquier tipo de tierra y de ecosistema, y permite hacer un uso posterior del suelo quemado, independientemente de si es o no un área natural protegida”, cuestiona la investigadora. Esto último es lo que se conoce como “ley de irreductibilidad”, a lo que también hay que sumarle los riesgos de derogar la Ley de Presupuestos Mínimos, que le quitaría los subsidios a los bomberos nacionales para que puedan actuar frente a los incendios en los diversos ecosistemas del país.
“Es terrible, se está condenando a que perdamos no solamente las tierras, sino también la biodiversidad. No sé si se logra ver lo que eso implica en términos de flora y de fauna, pero realmente asusta”, concluye la investigadora.
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Avanza la ley para aprobar el acuerdo por Salinas Grandes

Fecha de Publicación: 04/01/2024
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta - Jujuy


El Senado otorgó media sanción al proyecto que envió el Ejecutivo provincial y ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
En la última sesión del año el Senado otorgó media sanción a la ley que envió el Ejecutivo para aprobar el acuerdo interprovincial que rubricaron los Gobiernos de Salta y Jujuy para la gestión integral de la cuenca hídrica en la zona minera de Salinas Grandes.
El aval que dio el Senado y que también hará lo propio en el próximo período ordinario la Cámara de Diputados avala el Decreto 714 a través del cual el Gobierno de Salta aprobó el acuerdo interprovincial para la gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes.
En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió informes y documentación al Estado Nacional, también a las provincias de Salta y Jujuy, sobre concesiones para la explotación de litio y borato en estas salinas.
De esta manera se respondió a un amparo ambiental que presentaron comunidades de pueblos originarios en resguardo de derechos a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación.
A través del convenio, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Gerardo Morales, acordaron la creación de una comisión interjurisdiccional para la gestión ambiental integral de la cuenca hídrica de Salinas Grandes.
La integrarán autoridades de ambas provincias en materia ambiental, en asuntos hídricos, minería y comunidades indígenas. Esta comisión encomendará la realización de estudios hidrogeológicos con la finalidad de establecer una línea de base de la cuenca, de su hidrología y capacidad.
Además, arbitrará mecanismos para la relación de una evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región y analizará la legislación existente que rige la exploración y explotación de la actividad minera y propondrá eventuales modificaciones a los fines de armonizar el marco normativo;
El Decreto 714 fue emitido por el Gobierno de Salta en cumplimiento de las facultades que confieren los artículos 140 y 144 de la Constitución de la Provincia y lo dispuesto en la Ley 8171 del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado y que fue modificada por su similar 8274.
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Alerta y rechazo a nivel político por la “desnacionalización” de la pesca y su impacto

Fecha de Publicación: 03/01/2024
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Desde la Legislatura bonaerense solicitaron al Congreso que no permita el avance de las reformas regresivas de la explotación del Mar Argentino. Repercusiones a nivel municipal.
Con la presentación de la “ley ómnibus” del gobierno de Javier Milei, que no es más que el complemento de las reformas regresivas aplicadas en el también cuestionado “decretazo”, legisladores y políticos municipales también se expresaron en contra de los artículos dedicados exclusivamente a la desregulación y sobre todo la “desnacionalización” de la pesca, con todo lo que podría traer aparejado en Mar del Plata y en los puertos del país.
Entre las desregulaciones que plantea Milei para el Régimen Nacional de Pesca Vigente, busca las cuotas de capturas de recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva se liciten de manera internacional, que los buques puedan descargar capturas nacionales en puertos foráneos o que deje de regularse la nacionalidad de los trabajadores a bordo. Por el impacto en la soberanía y en el trabajo nacional, rápidamente la propuesta recibió cuestionamientos de distintos sectores.
En la última sesión extraordinaria de la Legislatura bonaerense, el diputado marplatense Gustavo Pulti se expresó en contra de la desregulación de la pesca y la venta de las capturas del Mar Argentino al mejor postor dentro de la Zona Económica Exclusiva, es decir, las primeras 200 millas náuticas.
“Se impulsa la decisión de licitar internacionalmente sin exigir tripulación nacional ni industria nacional naval, de licitar a través de un arancel. ¡Qué tergiversación terrible! La soberanía de explotar el Mar Argentino con barcos argentinos y tripulación argentina cambiada por una modesta, elemental, pobre, insuficiente y repugnante visión fiscalista de que le vendo el derecho a pescar a uno que -venga de donde venga- pague dos pesos más“, expresó desde su banca.
Al respecto, junto a otros diputados del bloque de Unión por la Patria, Pulti adelantó que presentaron un proyecto para que la Legislatura solicite a las dos cámaras del Congreso Nacional “que rechacen la ley ómnibus, principalmente por la amenaza que representa la desnacionalización de nuestra pesca”, apuntó y deseó que las dos cámaras “se planten” para defender la soberanía nacional.
Mientras tanto, a nivel municipal, quien se expresó a través de sus redes sociales fue el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, quien aseguró que el propio intendente Guillermo Montenegro “está manteniendo diálogo con legisladores y funcionarios para alertar y revertir” el avance de la reforma.
“La modificación de la Ley Nacional de Pesca afectaría negativamente al trabajo de los marplatenses. Permitir que flotas extranjeras operen en nuestro mar sin ningún tipo de regulación pone en peligro el trabajo de muchas familias. Además dañaría la industria naval de nuestra región, amenazando nuestro lugar como líderes en la fabricación de buques”, enfatizó.
En las últimas horas y más allá de las condiciones actuales del sector, desde la agrupación empresaria Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina que integran poderosos empresarios locales como también desde el Sindicato Marítimo de Pescadores habían apuntado contra la reforma.
Mientras desde las patronales cuestionaron la licitación internacional de las cuotas de captura sin considerar la infraestructura del “historial pesquero” y la mano de obra nacional empleada por el sector, desde el Simape consideraron que si avanza “puede haber desocupación y quedar todo en manos extranjeras“.
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En Bariloche, reclamaron un freno a la minería y que vuelva la ley anticianuro

Fecha de Publicación: 03/01/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La protesta e intervención artística se realizó esta tarde en el Centro Cívico, al conmemorarse los 12 años de la derogación de la ley que prohibía el uso de cianuro en actividades extractivistas.
“Bienvenidos a Río Negro, distrito minero” rezaba el cartel para tomarse fotografías donde los rostros se debían posar sobre dos esqueletos. La acción en el centro Cívico de Bariloche fue parte de una intervención artística y movilización de organizaciones ambientalistas, asambleas populares y comunidades mapuches que se expresaron al conmemorarse los 12 años de la derogación de la ley que prohibía el uso de cianuro en los procesos de extracción de la provincia y en rechazo de las recientes reformas de las leyes de tierras y minería.
La llamada “ley anticianuro” tuvo 6 años de vigencia. Fue sancionada en 2005 y derogada el 29 de diciembre de 2011 por impulso del entonces gobernador Carlos Soria y con la voz de la exgobernadora Arabela Carreras como defensora de la medida en la Legislatura. Los gobiernos pasaron y la normativa nunca se restituyó pero cada años las organizaciones que en aquel momento estuvieron en pie de guerra siguen con el lema que los caracterizó: “No es no”.
Alejandro Yanello, referente de la organización ambientalista de Bariloche Piuke, dijo a Diario RÍO NEGRO que el objetivo de la movilización de esta tarde es pedir la restitución de la ley anticianuro, derogada hace 12 años, y rechazar las reformas actuales impulsadas por el gobernador Alberto Weretilneck y también las medidas que afectan al ambiente que decretó o propuso en la ley ómnibus el presidente Javier Milei.
“Recordamos aquel 29 de diciembre que entre gallos y medianoche derogaron una conquista popular”, dijo Yanello y remarcó que durante el período que estuvo la ley “no se podía explorar la megaminería con el uso de cianuro”.
Yanello remarcó que cada año se reúnen las organizaciones y asambleas para mantener vigente el reclamo y se trata de “una construcción plurinacional”.
Junto a los ambientalistas también muchas organizaciones mapuches reclaman por estas medidas. Yanina Llancaqueo de Pu Picheke Choike es una de ellas. “Las comunidades mapuches son afectadas por la actividad minera, principalmente en la Región Sur”, señaló y reafirmó que el pueblo mapuche mantiene el lema “cierre de tranqueras” que instrumentó “hace unos años cuando, durante las restricciones de la pandemia, desembarcaron las mineras y quisieron entrar a los territorios”.
Varias comunidades mapuches de la Región Sur impulsaron un amparo que tuvo un fallo en primera instancia a favor y fue revocado meses atrás por el Superior Tribunal de Justicia, pero a pesar de este revés aseguraron que siguen con la premisa de no permitir el ingreso a las mineras a sus campos y exigen la consulta previa, libre e informada.
“Los pobladores viven de la microganadería y la minería afecta los recursos, afecta el agua”, remarcó Llancaqueo.
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Impactante derrame de petróleo en Bahía Blanca

Fecha de Publicación: 02/01/2024
Fuente: Semanario de Junin
Provincia/Región: Buenos Aires


El intendente de Bahía Blanca responsabilizó a una empresa por el derrame petrolero que podría generar severos impactos ambientales. Interviene la Provincia.
Un impresionante derrame de petróleo tuvo lugar en la ría de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y por el hecho, de impacto natural y económico, desde el Gobierno municipal apuntaron a la falta de controles de una empresa.
Según informó el jefe comunal de esa localidad del sur bonaerense, Federico Susbielles, el hecho ocurrió en la tarde del 26 de diciembre, cuando se produjo un derrame de petróleo en el estuario, proveniente de la monoboya operada por Oiltanking Ebytem SA en Puerto Rosales.
"Si la petrolera hubiera activado en forma oportuna el PLANACOM para contener a tiempo el derrame, habría evitado impactos ambientales de gravedad", sentenció el intendente, quien aseguró que "esta medida no se tomó y hoy las consecuencias están a la vista". Ante este evento, por el que tomó intervención el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Ambiente, Susbielles remitió notas a Oiltanking, como así también a Prefectura Naval como autoridad jurisdiccional para tener "información precisa y fidedigna del suceso en el corto plazo".
"Me consta que el Ministerio de Ambiente de la Provincia inició las actuaciones e investigaciones correspondientes", subrayó. Por caso, el mandatario local señaló que en base a la información que reciba la Comuna, definirán el rumbo de acción a seguir. "La seguridad en materia de operatoria en el estuario no admite fallas, ni falta de diligencia alguna", señaló.
"La reserva natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde es uno de los tesoros más preciados de nuestra ciudad y, como tal, la protegeremos", concluyó.
La ciudad de Bahía Blanca aún se encuentra bajo el impacto del temporal que golpeó la región hace poco más de dos semanas y que se volvió una verdadera tragedia, dado el fallecimiento de 13 personas y severos daños materiales y naturales. Hace algunos días, la Comuna logró que las empresas del Polo Petroquímico local aporten 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad, tras haber recibido una dura advertencia de parte del Gobierno municipal.
Son exactamente $9.237 traducidos en 320 toneladas de chapas y obras futuras a cargo de Mega, Profertil, Dow, TGS, Unipar, Trafigura, Pampa Energía y Oldeval.
La partida será distribuida en cinco ejes de acción: refacción de viviendas; reforestación; recuperación de entidades deportivas, civiles y culturales; instituciones escolares; y seguridad alimentaria.
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Un negocio para pocas manos  

Fecha de Publicación: 02/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


"Es una ley que realmente firma la desaparición de las pymes del biodiesel", adviertió el sector sobre el proyecto de Milei.   
Los representantes de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) se reunirán hoy viernes con autoridades del gobierno provincial para que intervenga “atento al riesgo” que implican las reformas que propone en el sector el proyecto de Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei. Sostienen que las modificaciones quitan la protección impositiva que rige sobre el sector y que la desregulación del mercado apunta a que las petroleras y mezcladores puedan producir su propio combustible, dejando en pocas manos el negocio de la energía en el país.  “Es una ley que realmente firma la desaparición de las pymes del biodiesel, no solo de Santa Fe, sino de la Argentina”, aseguró Marcelo Kusznierz, integrante de Casfer, en diálogo con Rosario/12.
El encuentro surgió a través de una carta pública enviada por Casfer al gobernador Maximiliano Pullaro, donde las pymes elaboradoras de biocombustibles de la provincia manifestaban su preocupación por los cambios planteados dentro del paquete de leyes que el gobierno nacional envió al Congreso. La inquietud de la entidad tuvo rápida receptividad y este viernes mantendrán una reunión con las autoridades del Ministerio de Producción.
El proyecto nacional plantea la modificación de ocho artículos de la ley 27.640, donde se establece el marco regulatorio para la elaboración, almacenaje, comercialización y  mezcla de biocombustibles y deroga otros diez artículos. Desde el sector entienden que estas modificaciones provocarían “un colapso” de las pymes dedicadas al biodiesel en la Argentina.
Según explicó Kusznierz, la iniciativa “libera el mercado de biodiesel” habilitando la importación del producto, libera el precio y elimina el porcentaje fijado para la protección del corte mínimo obligatorio; y habilita tanto a las grandes petroleras como a las mezcladoras a producir su propio combustible. A su vez, la medida también elimina la protección impositiva que rige sobre el biodiesel y el bioetanol respecto al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
“Con esas medidas se le estaría dando al lobby petrolero el negocio completo de la energía en la Argentina”, advirtió el empresario. “Lo que se hace es liberar las fuerzas del mercado sobre las pymes de la provincia de Santa Fe, y de la Argentina en general, dejando en manos de los grandes grupos concentrados, como son las aceiteras y las petroleras, tanto la producción como la compra y la venta”, agregó Kusznierz.
Para el dirigente, los cambios propuestos en la Ley Ómnibus de Milei van en contra del espíritu y los objetivos planteados por la ley vigente, como el ahorro de divisas, la industrialización de la ruralidad y la protección del medio ambiente. “Que se permita la importación de biodiesel con la escasez de dólares que hay es una cosa increíble, la industria del biodiesel se creó para ahorrar divisas porque en nuestra producción se paga en pesos y dejamos de importar gasoil con la sustitución de importaciones”, remarcó.
En la provincia de Santa Fe hay diez plantas elaboradoras de biocombustibles, la mayoría de ellas instaladas en comunidades pequeñas que motorizan las economías regionales: “Por eso nosotros hablamos del arraigo rural que traen estas plantas, que están lejos de los puertos. Eso es importante porque generan todo un movimiento económico. El sector pyme del biodiesel de Santa Fe le da trabajo y sustento a unas 2.500 familias”.
“Nosotros pedimos que esté el gobernador Pullaro para darle entidad al reclamo, porque es un problema muy grave para nosotros. Esto realmente nos deja fuera de toda competencia”, sostuvo Kusznierz. Y agregó: “Quieren modificar una ley que, si bien es perfectible, te permite trabajar. La incorporación de estos artículos realmente firman la desaparición de las pymes del biodiesel, no solo de Santa Fe, sino de la Argentina”. En ese sentido, el dirigente de Casfer remarcó que el biodiesel es “un combustible de transición” al que están apostando los principales socios comerciales del país. “Mientras que otros países están pensando en una agenda de aumento de corte, nosotros desacreditamos ese potencial y dejamos en manos del libre mercado una tecnología limpia que hay que proteger porque cuida al medio ambiente”, explicó.
Para Kusznierz, los biocombustibles son “un sector pujante” en el que el Estado no solo debe intervenir, sino también potenciar y proteger: “Es un ámbito donde se apuesta a la economía de la investigación y los nuevos desarrollos, que generan empleo y arraigo rural".
Desde Casfer esperan que diputados y senadores nacionales por Santa Fe tengan en cuenta la situación del sector en el tratamiento legislativo.
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Antes de irse, el extitular del INTA retiró al organismo de un proyecto global para medir el impacto de los agroquímicos en personas y ambiente

Fecha de Publicación: 30/12/2023
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional

Mariano Garmendia dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei. Antes, firmó una resolución que quita a la Argentina de SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas, que es financiada desde 2020 por la Unión Europea. En octubre, ya había prohibo difundir los resultados de una investigación de una profesional de INTA Balcarce, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa.
El extitular del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mariano Garmendia, que dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei, firmó antes de dejar su cargo la resolución 1081/2023 a través de la cual se decide discontinuar la presencia del organismo en SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas.
De acuerdo a la información que recoge el portal Bichos de campo, el 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del líder libertario como mandatario, Garmendia firmó esa resolución del Consejo Directivo del INTA en la que establece comunicar a la coordinadora del proyecto SPRINT, la doctora Violette Geissen, “la decisión de la Argentina de abandonar ese colectivo de universidades y científicos europeos, que es financiado desde 2020 por la Unión Europea (UE)”, lo cual se hizo efectivo el pasado 12 de diciembre.
Ya en julio, el organismo había prohibido la difusión de los resultados de los estudios que llevó adelante una de las investigadoras del INTA Balcarce y del CONICET, Virginia Aparicio, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa SPRINT, en una tarea que comenzó en 2021.
En los argumentos para la no difusión de las conclusiones que Aparicio consiguió tras sus estudios y mediciones en territorio argentino, el organismo consideró que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”.
De acuerdo a “Bichos de campo”, “Aparicio, una investigadora acostumbrada a estas lides, de seguro aprovechó el resquicio o un descuido de sus superiores para intentar cubrir una faltante clara de la política nacional, donde no existen estadísticas claras sobre el uso de agroquímicos y mucho menos se realizan estudios sistémicos sobre el posible impacto que tienen sobre el ambiente y la salud de las personas”.
También a comienzos de octubre, en el marco del “Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y Economía Social”, realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Garmendia impidió la difusión de los datos que surgieron de la investigación y sostuvo que había “un error inicial del INTA de cómo se abordó el proyecto, que estamos tratando de subsanar, porque tenemos que involucrar sí o sí a los Ministerios de Salud de la Nación, de la Provincia de Buenos aires, y tenemos que corregir y trabajarlo, en eso estamos en este momento”.
Sin embargo, de acuerdo a lo que informó La izquierda diario el pasado 5 de octubre, “los resultados del SPRINT están desde febrero y en junio de este año se iba a realizar una presentación con los resultados argentinos generales, en la que participaría Virginia Aparicio, trabajadora del INTA Balcarce e investigadora integrante del estudio. Esa reunión fue cancelada y mediante una resolución firmada por el presidente del INTA se prohibió a Aparicio hablar con la prensa”.
Los resultados que finalmente se conocieron del estudio que publicó Bichos de campo, determinaban que “se colocaron pulseras especiales para detectar agroquímicos sobre 73 habitantes de la provincia de Buenos Aires, varios de ellos reconocidos militantes agroecologistas, y de allí surgió que el 100% de ellos ”presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal“.
“Estos resultados colocaban a la Argentina en el tope de los niveles de contaminación con agroquímicos, pues esos niveles detectados habían sido superiores a las de los países europeos comparados en el Proyecto SPRINT, solo superados por los Países Bajos”, asegura la publicación.
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Offshore: aprueban exploración sísmica 3D en la Cuenca Austral y las Malvinas

Fecha de Publicación: 30/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Se trata de los bloques AUS105, AUS106 y MLO121, adjudicados a las empresas Equinor, YPF y CGC. Son unos 6.700 kilómetros cuadrados, a una distancia aproximada de 25 kilómetros de Tierra del Fuego.
El Ministerio del Interior aprobó el proyecto de adquisición sísmica 3D que realizará la firma noruega Equinor en dos bloques de la Cuenca Austral y otro de Malvinas Oeste en el Mar Argentino, como parte de una campaña de exploración offshore.
La Resolución 224/2023 publicada este miércioles en el Boletín Oficial y con firma del ministro Guillermo Francos, aprueba la exploración sísmica en los bloques AUS105, AUS106 y MLO121, tras la redacción del Informe Técnico de Revisión Final, por parte de las direcciones nacionales de Evaluación Ambiental y de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis del Riesgo Ambiental.
El área de proyecto se ubica a aproximadamente 26 km de distancia de la ciudad costera más próxima (Río Grande, Tierra del Fuego), y a 22 km del punto costero continental más próximo. Los bloques AUS105 y AUS106 poseen una superficie aproximada de 2129,88 y 2160,01 km2 respectivamente, mientras que el bloque MLO 121 posee una superficie de 4283,96 km2.Todos ellos se localizan dentro de las 200 millas marinas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva Argentina.
En el informe se consideraron todos los antecedentes del proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto y de las instancias participativas realizadas. La disposición subraya que Equinor operadora del proyecto que, además, tiene como socios a YPF y CGC- deberá dar "estricto cumplimiento" al Plan de Gestión Ambiental.
Toda actualización de dicho plan, en cuanto a organización, permisos y responsables, deberá ser informado al Ministerio del Interior con la debida antelación. Entre los cambios que se deberán notificar están las referidos a la ventana temporal de trabajo y las características del buque.
El pasado 8 de diciembre, la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, dependiente del ex Ministerio de Ambiente -área que aprobaba anteriormente los planes de exploración-, dio por finalizada la instancia participativa de audiencias públicas con el fin de evaluar el impacto ambiental del proyecto.
Previamente, Equinor, YPF y CGC presentaron el Estudio de Impacto Ambiental en una audiencia pública virtual el pasado 22 de noviembre.
El proyecto se trata de una prospección sísmica que permita obtener información sobre el subsuelo y adquirir mayor conocimiento de la geología de los tres bloques adjudicados en 2019, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Se trata de una superficie de aproximadamente 6.700 kilómetros cuadrados, a una distancia aproximada de 26 kilómetros costa afuera de Río Grande.

¿Qué es una exploración sísmica 3D?
El proceso de exploración consiste de un análisis símico con buques especializados que llevan equipos de ultrasonidos, los cuales rebotan en el fondo marino y generan imágenes 3D que son analizadas por geólogos y geofísicos.
La sísmica tiene como objetivo determinar si efectivamente se encuentran allí los recursos y el primer paso para ello es la adquisición de información sísmica, que resulta fundamental para evaluar el potencial del subsuelo.
Los resultados de estas investigaciones no implican que se realizará la explotación de hidrocarburos. Para llegar a una etapa productiva (o de explotación) de hidrocarburos, deberán concretarse antes una serie de eventos que definirán o no este proceder. Entre ellos, se deberá realizar un nuevo procedimiento de evaluación con los respectivos estudios de impacto ambiental y los permisos correspondientes.
Los estudios sísmicos utilizan pulsos acústicos inducidos desde la superficie del mar. Básicamente, se genera una onda de presión que viaja por la columna de agua e ingresa en la corteza para luego volver a la superficie del mar y ser captada por sensores (hidrófonos), a través de los cuales se obtiene información sobre la estructura rocosa del subsuelo. La fuente acústica, que genera pulsos acústicos, se encuentra en el buque sísmico y viaja con él sobre líneas de navegación predeterminadas. Toda la información obtenida se procesa para generar mapas 3D de la estructura del sustrato.

¿Qué dijeron las empresas en las audiencias públicas?
En la audiencia pública, el country manager de Equinor Argentina, José Frey, dijo que "la exploración en el Mar Argentino es uno de los proyectos que Equinor ha decidido priorizar a nivel mundial", tras lo cual subrayó que la operación cumplirá "los más altos y exigentes estándares internacionales para la seguridad y el cuidado del medio ambiente".
"Tenemos la experiencia, la capacidad y la voluntad, y disponemos de todos los recursos para llevar a cabo este proyecto de manera segura", aseveró Frey.
A su turno, el gerente de Exploración de YPF, Hernán Maretto, aseguró que la actividad conforma una "etapa bisagra para la Argentina que enfrenta una oportunidad de transformar el sector energético, agregando valor y con una sólida cultura de crecimiento", al entender que "el offshore puede alcanzar volúmenes similares o mayores que Vaca Muerta".
En tanto, el vicepresidente de exploración y desarrollo de CGC, Martín Cevallos, señaló que la compañía ve "como una motivación muy grande para la sinergia que se puede dar con tres empresas que cada una aporta su parte clave".
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Grave: Milei busca reformar la ley de Glaciares, de Quema y de Bosques para promover la actividad comercial

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno envió al Congreso un paquete de reforma del Estado que, entre varios puntos polémicos, plantea una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley "ómnibus", que contempla diversos puntos polémicos, entre los cuales se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
A través del proyecto de ley denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, se propone la modificación de las tres normativas para promover la actividad comercial y desregular el control sobre el medio ambiente.
En las consideraciones del texto señalan que "en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación" y se impulsarán cambios en el Fondo de bosques nativos "que pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

Cambios en la Ley de Glaciares
Además, plantean "una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".
Puntualmente, sobre este último punto, el proyecto modificar la definición de protección de ambiente periglaciar para circunscribirla exclusivamente aquellos en los que se encuentren geoformas protegidas, por lo que se excluirá de las mismas a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.
Además, excluye también a aquellas geoformas protegidas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, no cuenten "con una perennidad continua de al menos 2 años o más", no tengan "una dimensión igual o superior a 1 hectárea" ni tampoco pueda demostrarse "una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas".
Por otro lado, modifica la definición de glaciar, la cual actualmente es entendidas como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
El nuevo proyecto plantea la siguiente definición:
La protección que se dispone en el artículo 1º se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos, según lo previsto en el artículo 1º y las definiciones que se establecen a continuación:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve.
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas.”

Reforma a la ley del control de actividades de quema
Con respecto a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, el gobierno de Javier Milei propone modificar la definición actual que entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo".
El artículo 497 del proyecto enviado esta tarde al Congreso agrega a la definición vigente que "se entiende por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno.”
A continuación, el artículo 498 sustituye el artículo 3 de la normativa vigente referido a las prohibiciones que actualmente señala: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica".
De aprobarse la sustitución, la prohibición quedará circunscripta al tiempo de respuesta del Estado respecto del pedido de autorización de quema que solicite un privados. En caso de no haber respuesta en el plazo de 30 días, se considerará autorizada la quema.
La definición que propone la nueva normativa es la siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

Modificaciones en la Ley de Bosques
En cuanto a la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la normativa actual define el alcance de la protección sobre las categorías I (rojo), II (amarillo) y III (verde)
En el caso de la primera, actualmente la legislación señala que se trata de "sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse", donde se encuentran incluidas "áreas que por susubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica".
La categoría II abarca a "sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica".
En el caso de la categoría III, comprende a los sectores "de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley".
La nueva legislación propone sustituir el artículo 26 de dicha ley, el cual actualmente señala que "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades".
Y, además, prevé que "en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—.
De ser aprobada la nueva legislación, el artículo 26 quedaría redactado de la siguiente manera: "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.”
Por lo tanto, se eliminarán las regulaciones de los artículos 16,17 y 18 para el caso de las categorías I y II de bosques nativos.
Además, sustituye el artículo 31 sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y elimina el financiamiento proveniente del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
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Venado de las pampas. Bellos y en peligro de extinción, la especie recupera su lugar en los Esteros

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Corrientes


A primera hora de la mañana, Cabernet está echado sobre el malezal. Es un macho adulto joven, de cuatro o cinco años. Hace unos pocos meses, al igual que todos los venados de las pampas que viven en esta zona, cambió las astas y entró en celo. “Voltean los cuernos y les crecen nuevos y más altos. Es una forma estimativa de calcularles la edad”, dice Augusto Distel. Botas de goma hasta las rodillas –todo el terreno tiene unos centímetros de agua–, lleva en su mano el aparato con el que logra determinar su ubicación. Ya advirtió, además, a una hembrita cerca de ahí. Una yarará está agazapada entre la maleza. Cerca del camino un zorro deambula lentamente, siempre una amenaza para las crías. Este es territorio de Cabernet: así lo ha demarcado. Controla dos harenes. Se lo ha ganado “trabando guampas” con otros machos, corriendo y zapateando con las patas hacia adelante, su forma de demostrar jerarquía. A la tardecita cruzará el campo, más allá de la ruta, y recién volverá a la noche o al día siguiente. ”Pegan la vuelta como si hubieran dejado la pava en el fuego”, comenta Distel, coordinador de Conservación de la Fundación Rewilding Argentina. Un venado de las pampas macho como Cabernet puede llegar a alcanzar los 70 cm de altura y a pesar entre 30 o 40 kilos. Son muy bellos, de color bayo en toda la parte dorsal y los flancos, y color crema en la parte inferior del cuello, el vientre, y la cara inferior de la cola, así como alrededor de los ojos y los labios. Eso sí, huelen muy mal: ajo y cebolla.
En Socorro, un área de 124 km² de sabana americana en el sudeste de la Reserva Iberá, en Corrientes, viven entre 30 y 50 venados de las pampas. Al norte, en la isla de San Alonso, 114 km² rodeados por esteros, viven otros 300 ejemplares. Estas dos poblaciones, que conviven, entre otros tantos animales, con osos hormigueros, pecaríes, tapires y yaguaretés –depredador tope de este ecosistema– son consecuencia de un trabajo de reintroducción de especies en peligro de extinción que comenzó en 2009 la Fundación Rewilding Argentina, como parte de un proyecto más amplio de restauración ecológica a la castigada región del Iberá. “Se trata de un proyecto que busca devolverle todas las especies que le faltaban al Iberá para que vuelva a tener un ecosistema completo –dice Gustavo Solís, veterinario, responsable en Rewilding del ingreso de individuos a los proyectos de reintroducción de especies–. Desde el depredador tope, que es el yaguareté, para abajo. Y dentro de esas especies, el venado de las pampas era clave, porque era uno de los grandes herbívoros de pastizal que estaban faltando”. Hasta este proyecto, no había venados en Corrientes dentro de áreas protegidas. Hoy, a casi 15 años de iniciado, las de Socorro y San Alonso son las mayores poblaciones de venados de las pampas dentro de un área protegida en todo el país. Las últimas estimaciones poblacionales a nivel país datan de 2019 y consignan que sólo quedan no más de 2500 ejemplares: unos 1500 en Corrientes; 700 en San Luis, mayormente en campos privados; unos 200 en la Bahía de Samborombón, en Buenos Aires; y no más de 50 en el norte de Santa Fe. Solís advierte, sin embargo, que se sabe que la población de venados a nivel nacional viene declinando.
Los venados son gregarios, y se los suele ver en pequeños grupos de tres a seis animales, aunque también pueden observarse manadas de 20 o más
El venado de las pampas fue en el pasado una de las especies autóctonas más comunes de la región pampeana y hoy es una de las más raras, tanto que está en peligro de extinción. Según publicaciones del investigador argentino Mariano Giménez Dixon, el venado de las pampas ha sido mencionado por diversos viajeros e historiadores de la región, desde Reginaldo De Lizarraga en 1570, hasta Charles Darwin o Guillermo Hudson en el siglo XIX. Los guaraníes los llamaban Gwazú-ti y los puelches, Yoam-Shezcé. Venado de las pampas es como lo nombraban los europeos. “Su presencia no solo era común sino que era objeto de caza tanto por su carne y piel como por la obtención de las piedras bezoares, cálculos calcáreos que se hallarían en el estómago, con supuestas propiedades medicinales. También fueron aprovechados por las poblaciones aborígenes, habiéndose hallado restos de este cérvido en yacimientos indígenas anteriores a la llegada del europeo. Los gauchos, además, acostumbraban perseguirlos en partidas deportivas a fin de probar su destreza con las boleadoras; el venado formó parte de su léxico así como de sus creencias y leyendas”, escribió Giménez Dixon. ¿Por qué fue desapareciendo? Según el investigador, la disminución de las poblaciones comenzó a ser notoria a inicios del siglo XX. Entre las causas, menciona la reducción y modificación de sus hábitats, la introducción de ganado doméstico así como de fauna y enfermedades exóticas, y la sobrecaza deportiva y comercial. Por ejemplo, hay registros de que durante el período 1860/70 fueron exportados alrededor de dos millones de cueros de esta especie. Gustavo Solís agrega dos factores que estos días también marcaron la disminución de la población en el país: “Una de las explotaciones que más afecta al venado de los pampas es la resinería, es decir cuando en las forestaciones empiezan a extraer resina porque van grupos muy grandes de personas, con perros y poco control. A esto hay que sumarle los tremendos incendios que hubo en 2021 y 2022”, dice.

Una especie amenazada
Las últimas estimaciones poblacionales a nivel país datan de 2019 y consignan que sólo quedan no más de 2500 ejemplares.
Paciencia y conocer a los animales. Es el mantra que repite Gustavo Solís cuando recuerda aquellos días de captura, hace más de una década. El proyecto se había aprobado y puesto en marcha. Se habían empapado de la experiencia del brasileño José Maurício Barbanti Duarte, uno de los expertos en cérvidos más importantes de la región. El mejor, según Solís. Incluso los había acompañado en la primera captura. Pero en la segunda captura, ya estaban solos. Y eran puros nervios. “De este dardo depende que se desate todo el ciclo”, le repetía una voz en la cabeza de Solís, mientras sostenía el rifle con el telémetro. Podían pasar dos días enteros sin disparar. Las tierras que rodean al río Aguapey, al este de los Esteros del Iberá, donde hicieron esas primeras capturas de venados, son, en palabras de Solís, “bañados horribles” que les servían de refugio, pero que no eran su hábitat natural como lo puede ser el monte o los pastizales. “Teníamos que andar con el tractor y una especie de plataforma que llevábamos atrás y enganchábamos al tres puntos del tractor. Desde ahí nosotros le disparábamos. Una vez que se dormía, se le tomaban muestras, medidas y se le colocaba el collar. Cuando estaba listo, ya intubado para la anestesia, lo trasladábamos a la plataforma del tractor. De ahí a la camioneta, y desde la camioneta iba al helicóptero o al avión para ser trasladado al lugar definitivo, que era la isla de San Alonso”, detalla Solís. Pero nada resultaba sencillo. El primer escollo era sortear la burocracia para conseguir las autorizaciones de las capturas, que las obtenían por cantidad de ejemplares. Luego, cada detalle era un desafío en sí mismo: habituar a los venados al ruido del tractor, elegir los ejemplares –que fueran jóvenes para que tengan mayor sobrevida dentro del proyecto–, y aceptar que había venados que iban a morir durante las capturas. Por eso, las modificaciones constantes: del tipo de dardo, del tipo de anestesia. Y así, ya no murieron más ejemplares durante las capturas. También hicieron capturas en campos forestales. Había menos venados, pero podían prescindir del tractor y recorrían los caminos en camioneta. Los venados estaban acostumbrados a las camionetas de las empresas forestales, y no les tenían miedo, no lo asociaban con un peligro. Les disparaban el dardo desde la misma camioneta y ahí comenzaban el mismo proceso para el traslado. La siguiente estación era un corral de presuelta, ideal para que se conozcan y se aquerencien, antes de ser nuevamente liberados y monitoreados.
foto AML
Juan Cruz Minvielle Cepeda estaciona la camioneta a un costado del camino. Forma parte de la Fundación Rewilding Argentina desde hace cuatro años y vive en la estación biológica que está en la isla San Alonso; se dedica a monitorear las especies reintroducidas. A veces con la camioneta, a veces a caballo. En esa zona, la mayor parte de la tierra es agua. El terreno es arenoso. En los parches de monte, los terrenos más altos, se ven árboles de lapacho, ambay, laurel blanco, curupí. Gracias a una quema controlada reciente, relucen los brotes verdes y tiernos, los preferidos de los venados de las pampas. La población de San Alonso alcanza los 300 ejemplares. Conviven con ciervos de los pantanos, pecaríes, carpinchos, chanchos cimarrones –una amenaza–, yaguaretés. Fauna típica del Iberá. “Llegué a ver grupos de hasta 20 venados o más”, dice Juan Cruz, con una sonrisa. La población ya entró en la etapa de dispersión: van obteniendo información de avistajes de venados de distintos campos. En Mercedes, San Nicolás, Concepción. Hasta 100 km de distancia. En censos posteriores a los de 2019, Solís cuenta que notaron una disminución de la población en las forestaciones y una migración hacia el sur, a campos ganaderos. Es muy reciente y lo están evaluando: “Es un proceso de dispersión que aún no terminamos de definir”. “Si fuera un colegio, los osos hormigueros y los venados ya son los egresados –dice Solís–. Crecieron y se empezaron a dispersar. Y esa es la idea”.
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La Justicia condenó a la Municipalidad de La Plata, la Provincia y ABSA por la contaminación del Arroyo El Gato

Fecha de Publicación: 28/12/2023
Fuente: ElEditor Platense
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia Federal ordenó a la Municipalidad de La Plata, a la Provincia de Buenos Aires y a la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) iniciar acciones concretas para frenar la contaminación del Arroyo El Gato. Asimismo, deberán instalar barreras flotantes de contención y extracción con el fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del agua.
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N°4 a cargo del Juez Alberto Recondo se pronunció tras la medida cautelar impulsada por la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en representación de un grupo de vecinos de Ensenada.
De acuerdo al fallo, tanto la Provincia como el Municipio deberán realizar un relevamiento de toda la extensión de los arroyos y cuenca del Río de la Plata, limitada a las aguas que bañan a las localidades de La Plata, Ensenada y Berisso, para identificar todos los puntos en los que se vierten sustancias contaminantes.
Los vecinos -patrocinados por la Clínica Jurídica- denunciaron la presencia en el agua de efluentes cloacales provenientes de la planta de ABSA de Ringuelet y de residuos sólidos urbanos como consecuencia de la falta de controles del Ejecutivo.
Tras la decisión judicial, el Gobierno bonaerense y ABSA tendrán que presentar un plan provisorio para evitar los daños producidos por el líquido cloacal sin tratamiento, los cuales caen en el sistema compuesto por el Arroyo El Gato, Río Santiago y Río de la Plata. Todos los planes y obras posteriores deberán tener fecha de inicio y de finalización.
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Amparo ambiental: declaran la inconstitucionalidad de una resolución sobre uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/12/2023
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos


Lo resolvió la justicia entrerriana en relación a un amparo realizado por ciudadanos de la provincia. La resolución cuestionada establecía una distancia de fumigación rechazada por los perjudicados
En el marco del legajo “Rosso, Ximena C/ Haberkorn, César Gabriel, Roskopf, Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y Comuna Colonia Ensayo S/ Acción de Amparo Ambiental” (Expte. nº 1869)”, el vocal de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral, Emilio Luján Mattoras resolvió hacer parcialmente lugar al amparo y consecuentemente decretar la inconstitucionalidad de resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de la provincia de Entre Ríos.
En ese sentido las normas declaradas inconstitucionales son siguientes: resolución N° 47/04, su artículo 2° cuando reza: “Limitar el uso de agroquímicos en lugares próximos a caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros”; y de la resolución N° 49/04, su artículo 1° cuando reza: “Suspender las aplicaciones terrestres en una distancia de seguridad establecida en 50 m. entre el límite del cultivo tratado y el curso de agua permanente”, y su artículo 2° cuando reza: “Si en las proximidades de los lotes a tratar, existieran casas, cursos de agua permanentes o laguna, la aplicación aérea de plaguicidas deberá suspenderse en una distancia de seguridad de 100 m. entre la vivienda y el curso de agua y/o el cultivo”.
Asimismo dispuso que en relación a las distancias para las pulverizaciones con agroquímicos que se efectúen en las adyacencias del lote denominado “Tierra Alta I” ubicado en Colonia Ensayo Departamento Diamante, se apliquen las previsiones ínsitas en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto 2239/19, computándose la zona de exclusión desde el límite de la superficie del aludido predio. Ello, hasta que “el Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos aborde esta cuestión, a través del dictado de la Ley que corresponda…, en un plazo razonable y conforme la naturaleza representativa de la Legislatura, que habilita el debate de distintas fuerzas políticas; y, posibilita la participación de especialistas, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y sujetos involucrados” – cfr. sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia in re “FORO ECOLOGISTA DE PARANA (3) Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO” Causa N° 24321, del 28/10/19). 2.
La acción de amparo fue presentada con el objeto de que se ordene el cese de una actividad contaminante con impacto directo en el Loteo denominado Tierra Alta, en razón de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos que se realizan en las adyacencias de la mencionada zona, lo cual, según un grupo de vecinos, da plena legitimación procesal como actores en términos generales por su calidad de habitantes.
El amparo fue dirigido contra el titular del predio ubicado en la zona lindera a la urbanidad, Cesar Gabriel Haberkon, dato que surge del acta de infracción 009/2023 DGA, con domicilio en Colonia Ensayo zona Rural, Domiciliado en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural, y la Sra. Sonia Roskopf domiciliada en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural y/o quienes se encuentren en posesión, arrendamiento o propiedad cuya heredad se encuentra contigua a las viviendas familiares en la cual habitan los propietarios de las viviendas ubicadas en el Loteo Tierra Alta, en la localidad de Colonia Ensayo, y/o quien/es resulte/en titular/es y/o responsable/es de las explotaciones agrícolas que en ellos se realizan, con el objeto de que se ordene se abstengan de fumigar de forma terrestre a una distancia menor a los 1100 metros contados desde el límite del Loteo.
En la presentación realizada se señala “exigimos como ciudadanos corrientemente expuestos a químicos nocivos, y en virtud de los graves y ya comprobados efectos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud de quienes vivimos en sus 2 adyacencias, se prohíban las fumigaciones aéreas en un radio de 3 km de los límites del mencionado Loteo Urbanístico.
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Se presentó el Inventario de Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 27/12/2023
Fuente: Portal el1digital.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo


Por primera vez, se cuenta con una publicación que delimita, caracteriza y tipifica los humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo, una herramienta clave para la gestión de estos ecosistemas. Se trata de un trabajo conjunto entre la ACuMaR y el CONICET, en articulación con los ministerios de Ambiente de la Nación y la provincia de Buenos Aires.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR), en el marco del Convenio de Investigación y Desarrollo con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), publicó el primer Inventario de Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo, un documento para avanzar en la identificación, delimitación y caracterización de estos ecosistemas.
Los humedales son ecosistemas, distintos de los terrestres y acuáticos, que se encuentran en las márgenes de arroyos o lagunas, con presencia de agua temporaria o permanente, y son hábitat para diversas especies. Se conforman como áreas ecológicamente estratégicas ya que, entre otros beneficios, contribuyen a mitigar inundaciones, purificar el agua y preservar la fauna y la flora.
Según indicó Prensa ACuMaR, la información obtenida tendrá aplicación en distintos campos que la institución debe abordar tales como la identificación de zonas ecológicamente estratégicas, el sistema de medición de calidad del agua, suelo, aire y biodiversidad de la Cuenca, los planes de manejo de áreas protegidas, el manejo sostenible de los recursos naturales vivos y los servicios ecosistémicos, la propuesta de medidas no estructurales en materia hídrica, la educación ambiental, la propuesta y ejecución de acciones tendientes a la protección del patrimonio natural, entre otros.
Luego de su validación, el Mapa de Humedales de la Cuenca conformará una capa de datos georreferenciada de carácter público, ampliando así el repositorio de datos disponible en el Sistema de Información de Ordenamiento Ambiental Territorial de ACUMAR (SIOAT) y será un insumo básico para mejorar la gestión del organismo y los municipios que lo integran.
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Perros protectores, la estrategia de los productores para enfrentar la depredación

Fecha de Publicación: 27/12/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: Neuquén - Patagonia


El proyecto, organizado por la Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños Productores nuclea a 350 familias y logró una certificación internacional, se enfoca en la conservación de especies y espacios de vida silvestres para evitar que otros animales los cacen.
Una cooperativa de pequeños productores de Zapala, provincia de Neuquén, fomenta prácticas sustentables de coexistencia entre el ganado ovino y sus depredadores mediante perros protectores de ganado, generando procesos productivos sustentables y amigables con la biodiversidad de la estepa patagónica.
Se trata de la Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños Productores de la Zona Centro de Neuquén, creada en junio de 2011, que nuclea a 350 familias productoras, y logró en octubre pasado la certificación internacional Wildlife Friendly, otorgada por la organización civil WCS Argentina, cuyo trabajo se enfoca en la conservación de especies y espacios de vida silvestres.
Este certificado, obtenido ya por 45 productores de la cooperativa, "fortalece el posicionamiento de fibras en el mercado internacional, logrando elevar su precio de venta un 15%", según indicaron desde la organización.
En diálogo con Télam, Ezequiel Infantino, coordinador de Certificación y Cadenas de Valor de WCS Argentina, precisó que desde la organización se trabaja hace más de 30 años con temas de coexistencia de especies y su conservación.
"La relación que tiene la gente con la naturaleza, el medio ambiente y la fauna silvestre es importante para que estos proyectos de conservación sean efectivos a largo plazo. En este caso, trabajamos con el problema de la depredación sobre el ganado", expresó.
Los productores de ganado ovino y caprino se enfrentan a la amenaza de la vida silvestre de la zona como los pumas, el zorro colorado y gatos andinos, y para lograr controlar la depredación de estos animales implementan distintas técnicas que promueven la coexistencia entre ambos.
Una de las técnicas que más resultados positivos tuvo es la de la incorporación de perros protectores de ganado que, si bien requiere de "mucho trabajo y compromiso de los productores", proporcionaron "reducciones que van del 85% al 100%" en depredación.
"El proceso de impronta es el proceso mediante el cual estimulamos al perro, cachorro en este caso, para que genere un vínculo familiar con otras especies. De esa manera, los animales con los que el perro crece son con los que empieza a crear una relación social", indicó Infantino.
La organización civil WCS trabaja en conjunto con la Subsecretaría de Producción de Neuquén y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y con la Alianza Gato Andino poseen un criadero en Malargüe, provincia de Mendoza, en donde ya entregaron 20 perros a productores de Neuquén, Mendoza y Chubut.
Las razas protectoras más utilizadas en la Argentina y Sudamérica son el perro de montaña de los Pirineos (gran Pirineo), el Pastor de Maremma, originario de Italia, y, en particular, la WCS reproduce una cruza entre Pastor de Anatolia, originario de Turquía, con el gran Pirineo.
"Las razas de perros protectores tienen más de seis mil años de historia, no es una metodología nueva. Cuando el ser humano domesticó al lobo y surgió esta entidad doméstica lo que hace es exacerbar algunos comportamientos y disminuir otros", explicó el especialista.
Y señaló que "el perro sigue siendo un carnívoro y la conducta típica es marcar territorio. Orinando marca su territorio y avisa a otros carnívoros de su presencia".
Además, los pumas y los zorros "no son animales que se enfrenten con otro carnívoro, por lo que en esta zona de estepa no hay registro de enfrentamientos físicos con estos animales".
Una de las peculiaridades de este proceso, según Ezequiel Infantino, es advertir cuando el perro detecta una amenaza y "trabaja" en conjunto con las ovejas y cabras.
"Estos animales saben que el perro es parte de su grupo, pero que tiene una actitud defensiva. El perro se interpone entre su rebaño y la amenaza, comienza a ladrar direccionado y mientras hace esto las chivas y las ovejas se forman detrás del perro", apuntó.
Además, gracias a los perros protectores, las especies silvestres de la zona no son cazadas ni tampoco son abordadas utilizando cebos tóxicos, lo que produce una "convivencia entre especies sin que sea una amenaza para el pequeño productor".
"De tener casi un 50% de pérdida por depredación hoy tenemos cero. Si tenemos pérdidas con la cría son por factores climáticos, entre otros", expresó a Télam Flavio Castillo, uno de los productores de cabras de la cooperativa.
Castillo trabaja con perros protectores desde hace diez años y proviene de una familia de crianceros y remarcó que gracias a estos canes "no estamos preocupados por los animales si salen al campo".
El productor explicó que los perros conviven las 24 horas del día con los animales y son tratados "como una cabra más".
Para la cría utilizan el pastoreo y las cabras circulan libremente durante el día para luego volver por la tarde al lugar donde pasan la noche.
"El perro come y duerme con los animales y sale a caminar por el campo para marcar su territorio junto con las chivas. Eso te facilita un montón de tiempo. Antes perdíamos tiempo persiguiendo o corriendo para que no se metan predadores a las inmediaciones, hoy ya no nos preocupamos por eso. Nosotros cuidamos solamente la producción", agregó.
Por su parte, Infantino también explicó que otro de los métodos que utilizan para ahuyentar a los carnívoros es con el uso de luces disuasivas ya que "los carnívoros son muy temerosos de los elementos nuevos en el ambiente. Poner una luz disuasiva por lo general los asusta".
"Es una metodología que sirve si se complementa con otro y se le da descanso a la utilización de la luz porque, si el depredador se acostumbra, pierde el miedo y deja de ser útil", señaló.
Lo positivo de la implementación de estos métodos es que "no interfiere con la vida silvestre ni con su entorno" ya que "las poblaciones de estos animales se mantienen y cazan otras especies, como liebres".
Además, la posibilidad de mantener a los animales en un entorno más libre y sin tanta intervención hace que la materia prima que estos productores ofrecen sea de mayor calidad y sea reconocida por el mercado con un valor agregado por ese cuidado al medio ambiente.
"Al tener la certificación amigable nuestra fibra mohair, tiene más valor para el comercio. Es por eso que instamos a que otros productores sigan este tipo de producción para incentivar el uso de estas herramientas que cuidan al medio ambiente sin la necesidad de enfrentar a la fauna carnívora", Castillo.
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“El DNU refleja el negacionismo de Milei a la crisis ambiental”

Fecha de Publicación: 26/12/2023
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional


En diálogo con LNM, el abogado especialista en ambientalismo Darío Ávila reflexionó sobre las medidas que el Presidente incluyó en su primer Decreto de Necesidad y Urgencia y que vuelve atrás varias conquistas.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que difundió el presidente Javier Milei esta semana continúa generando polémica con medidas que afectaron a distintas áreas y marcaron el retroceso en varias conquistas que llevaron años de lucha y trabajo para poder sancionar una ley que amparara derechos colectivos.
En el caso de la lucha ambientalista, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) difundieron el jueves un comunicado en el que expresaron su más enérgico repudio al Decreto Nº 70/2023 al cual tildaron de “inconstitucional” y contrario a los mandatos convencionales y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia ambiental.

“Pedimos la suspensión del decreto”
“Advertimos con profunda preocupación la orfandad de fundamentos que presenta el referido decreto a fin de sustentar las reformas y derogaciones legales. No existe rigurosidad técnica ni argumentos jurídicos sólidos que justifiquen mínimamente las reformas postuladas”, indica en el que advierte que el Poder Ejecutivo emite arbitrariamente con el DUN disposiciones de carácter legislativo.
“En el marco de la grosera inconstitucionalidad del decreto 70/2023, y los efectos regresivos en materia socioambiental, la pérdida de soberanía y control público sobre nuestros bienes comunes, solicitamos urgente al Presidente de la Nación la urgente suspensión del mismo”, expresa el comunicado.
Es que el primer Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó Javier Milei en un discurso que dio por cadena nacional avanza en al menos tres aspectos preocupantes en torno al cuidado y defensa del medioambiente y a los compromisos que Argentina tomó con la firma de acuerdos internacionales.
El abogado especialista en medio ambiente Darío Ávila enumeró en diálogo con La Nueva Mañana, al menos tres leyes que, si son derogadas, tendrán un grave impacto en materia de derechos ambientales.

Ley de Manejo del Fuego
En primer término, Ávila aclaró que el DNU no hace mención a la derogación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego como tal. Sin embargo, Milei la enumeró entre las 30 normativas que derogaría y que difundió la comunicación de la Presidencia.
A lo que alude es a la modificación de la misma a través de la Ley 27.604, que prohíbe el cambio de destino de áreas protegidas y humedales, luego de que éstas hayan sido arrasadas por el fuego.
Tras la sanción de la ley que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, se modificó el artículo 22 bis, porque impone una prohibición por seis años en aquellos lugares donde se hubiesen producido incendios, ya sean intencionales o no intencionales, de realizar subdivisiones, loteos o fraccionamientos, ventas y avance en edificación del proyecto que originalmente estuviese proyectado en dichas tierras. “Esta modificación tenía una clara finalidad: que esos bosques nativos que sufrieron esa degradación por incendio sean recuperados, sean remediados”, señaló Ávila.

“No hay una mínima mención a la emergencia ambiental y climática”
“Cuando ese proyecto de ley es elevado al Congreso para su debate, se mencionó entre los argumentos la existencia de una práctica bastante habitual de utilizar al fuego como instrumento para eliminar a los bosques nativos, que están protegidos por otra ley de Presupuestos Mínimos. Allí se describen áreas rojas y amarillas y se establecen prohibiciones de realizar cualquier tipo de actividad relacionada a intereses desarrollistas, inmobiliarios, de actividad minera y agropecuaria”, recordó el abogado.
Para el abogado ambientalista, la decisión no fue arbitraria, ya que se encolumna con el listado de medidas que toma para poner a la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho, desregulando cualquier tipo de limitación que pudieran haber sido reglamentada por Ley.
“Claramente esta connotación ideológica está plasmada desde el artículo N°1 del DNU, ya que lo primero que declara es la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social´. No hay una mínima mención a la emergencia ambiental y climática, lo cual demuestra ese componente negacionista que mostró durante la campaña al no reconocer la existencia de una crisis ambiental y la problemática del cambio climático. Es preocupante que estos temas no estén dentro de la agenda de prioridades del Gobierno”, aseguro Ávila.

Derechos colectivos y propiedad privada
“Milei pone a la propiedad privada por encima de un montón de otros derechos constitucionales que han tenido reconocimiento a través de fallos dictados por la propia Corte Suprema de Justicia que siempre priorizó los derechos colectivos por sobre la propiedad privada, en especial aquellos relacionados a la salud, la vida y el derecho al ambiente”, explicó.
“Claramente, el Presidente toma una postura absolutamente economicista, utilitarista, y privatista de defensa a ultranza de la propiedad privada por encima de otros valores, que a partir de la reforma constitucional de 1994 tienen rango constitucional y superiores como los derechos colectivos, al ambiente, los derechos previsionales, y todos estos derechos que integran los que se conoce como los derechos de segunda y tercera generación, son derechos que están por encima de la propiedad privada. Milei, a diferencia de la Corte Suprema, vuelve a colocar a la propiedad privada por encima de los derechos colectivos”, indicó Ávila.
En ese marco, cuestionó la derogación de dos puntos mencionados por el DNU. Uno de ellos es la derogación de las leyes N° 24.523 y N° 24.695 de Minería.

Minería: “Se disuelven los registros de extracción de los recursos naturales”
La Ley N° 24523 regula el Sistema nacional de comercio minero y dio lugar a la base de datos de comercio minero, los centros de información y consulta, los agentes de información y los usuarios. “El objeto es aportar información sobre la oferta y la demanda interna y externa de los productos y subproductos mineros”, reza la normativa.
La Ley N° 24.695 crea el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos. Con esta normativa se conoce quiénes explotan las canteras y los yacimientos mineros y la cantidad de trabajadores que emplea.
“Todo eso ya no se podrá saber. Se disuelven los registros de extracción de los recursos naturales que hoy están a disposición de los ciudadanos como información pública”, explicó Ávila.

Sin subsidios para promover la energía renovable.
También hizo referencia al impacto negativo que tendrá desactivar el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica establecido por la Ley 27.424. La misma establece el marco regulatorio para que todos los ciudadanos conectados a la red eléctrica pública y que cuenten con un equipo solar fotovoltaico puedan generar energía para su autoconsumo en hogares, pymes, grandes industrias, comercios, producciones agrícolas, entes públicos u organismos oficiales y que el excedente se pueda inyectar a la red de distribución. Con esta acción, Ávila señaló que el Estado ya no otorgará subsidios de incentivo para promover el equipamiento para fomentar el uso de energías renovables.

Milei, con una postura contraria al Acuerdo de París
Por último, el abogado advirtió sobre el posible incumplimiento de acuerdos internacionales y multilaterales como el que tiene por objeto la lucha contra el cambio climático. “El acuerdo de París al cual adhirió nuestro país tiene por objetivo precisamente que los Estados deben adoptar medidas de mitigación y de lucha en contra del cambio climático, y cuya principal medida tiene que ser abandonar la utilización del combustible fósil, porque es la principal fuente de emisión de gas de efecto invernadero. La propuesta del acuerdo es que al año 2050 tenemos que llegar a la descarbonización. Es decir, dejar de utilizar los hidrocarburos como fuente generadora de energía para evitar que se siga incrementando la temperatura media normal a escala planetaria y que no se supere el 1,5 grado de los niveles que se obtenían durante la época preindustrial”, recordó.
“Todos los Estados que han firmado este acuerdo se comprometen en solidaridad y cooperación con los valores que promueven estos acuerdos multilaterales, tomando consciencia de que si esta lucha debe llevarse a cabo de manera conjunta. Milei ha demostrado tener una postura totalmente contraria a ese compromiso que la Argentina asumió en 2015 cuando suscribió el Acuerdo de París”, enfatizó Ávila.
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