La Justicia condenó a la Municipalidad de La Plata, la Provincia y ABSA por la contaminación del Arroyo El Gato

Fecha de Publicación: 28/12/2023
Fuente: ElEditor Platense
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia Federal ordenó a la Municipalidad de La Plata, a la Provincia de Buenos Aires y a la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) iniciar acciones concretas para frenar la contaminación del Arroyo El Gato. Asimismo, deberán instalar barreras flotantes de contención y extracción con el fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del agua.
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N°4 a cargo del Juez Alberto Recondo se pronunció tras la medida cautelar impulsada por la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en representación de un grupo de vecinos de Ensenada.
De acuerdo al fallo, tanto la Provincia como el Municipio deberán realizar un relevamiento de toda la extensión de los arroyos y cuenca del Río de la Plata, limitada a las aguas que bañan a las localidades de La Plata, Ensenada y Berisso, para identificar todos los puntos en los que se vierten sustancias contaminantes.
Los vecinos -patrocinados por la Clínica Jurídica- denunciaron la presencia en el agua de efluentes cloacales provenientes de la planta de ABSA de Ringuelet y de residuos sólidos urbanos como consecuencia de la falta de controles del Ejecutivo.
Tras la decisión judicial, el Gobierno bonaerense y ABSA tendrán que presentar un plan provisorio para evitar los daños producidos por el líquido cloacal sin tratamiento, los cuales caen en el sistema compuesto por el Arroyo El Gato, Río Santiago y Río de la Plata. Todos los planes y obras posteriores deberán tener fecha de inicio y de finalización.
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Amparo ambiental: declaran la inconstitucionalidad de una resolución sobre uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/12/2023
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos


Lo resolvió la justicia entrerriana en relación a un amparo realizado por ciudadanos de la provincia. La resolución cuestionada establecía una distancia de fumigación rechazada por los perjudicados
En el marco del legajo “Rosso, Ximena C/ Haberkorn, César Gabriel, Roskopf, Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y Comuna Colonia Ensayo S/ Acción de Amparo Ambiental” (Expte. nº 1869)”, el vocal de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral, Emilio Luján Mattoras resolvió hacer parcialmente lugar al amparo y consecuentemente decretar la inconstitucionalidad de resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de la provincia de Entre Ríos.
En ese sentido las normas declaradas inconstitucionales son siguientes: resolución N° 47/04, su artículo 2° cuando reza: “Limitar el uso de agroquímicos en lugares próximos a caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros”; y de la resolución N° 49/04, su artículo 1° cuando reza: “Suspender las aplicaciones terrestres en una distancia de seguridad establecida en 50 m. entre el límite del cultivo tratado y el curso de agua permanente”, y su artículo 2° cuando reza: “Si en las proximidades de los lotes a tratar, existieran casas, cursos de agua permanentes o laguna, la aplicación aérea de plaguicidas deberá suspenderse en una distancia de seguridad de 100 m. entre la vivienda y el curso de agua y/o el cultivo”.
Asimismo dispuso que en relación a las distancias para las pulverizaciones con agroquímicos que se efectúen en las adyacencias del lote denominado “Tierra Alta I” ubicado en Colonia Ensayo Departamento Diamante, se apliquen las previsiones ínsitas en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto 2239/19, computándose la zona de exclusión desde el límite de la superficie del aludido predio. Ello, hasta que “el Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos aborde esta cuestión, a través del dictado de la Ley que corresponda…, en un plazo razonable y conforme la naturaleza representativa de la Legislatura, que habilita el debate de distintas fuerzas políticas; y, posibilita la participación de especialistas, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y sujetos involucrados” – cfr. sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia in re “FORO ECOLOGISTA DE PARANA (3) Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO” Causa N° 24321, del 28/10/19). 2.
La acción de amparo fue presentada con el objeto de que se ordene el cese de una actividad contaminante con impacto directo en el Loteo denominado Tierra Alta, en razón de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos que se realizan en las adyacencias de la mencionada zona, lo cual, según un grupo de vecinos, da plena legitimación procesal como actores en términos generales por su calidad de habitantes.
El amparo fue dirigido contra el titular del predio ubicado en la zona lindera a la urbanidad, Cesar Gabriel Haberkon, dato que surge del acta de infracción 009/2023 DGA, con domicilio en Colonia Ensayo zona Rural, Domiciliado en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural, y la Sra. Sonia Roskopf domiciliada en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural y/o quienes se encuentren en posesión, arrendamiento o propiedad cuya heredad se encuentra contigua a las viviendas familiares en la cual habitan los propietarios de las viviendas ubicadas en el Loteo Tierra Alta, en la localidad de Colonia Ensayo, y/o quien/es resulte/en titular/es y/o responsable/es de las explotaciones agrícolas que en ellos se realizan, con el objeto de que se ordene se abstengan de fumigar de forma terrestre a una distancia menor a los 1100 metros contados desde el límite del Loteo.
En la presentación realizada se señala “exigimos como ciudadanos corrientemente expuestos a químicos nocivos, y en virtud de los graves y ya comprobados efectos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud de quienes vivimos en sus 2 adyacencias, se prohíban las fumigaciones aéreas en un radio de 3 km de los límites del mencionado Loteo Urbanístico.
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Se presentó el Inventario de Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 27/12/2023
Fuente: Portal el1digital.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo


Por primera vez, se cuenta con una publicación que delimita, caracteriza y tipifica los humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo, una herramienta clave para la gestión de estos ecosistemas. Se trata de un trabajo conjunto entre la ACuMaR y el CONICET, en articulación con los ministerios de Ambiente de la Nación y la provincia de Buenos Aires.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR), en el marco del Convenio de Investigación y Desarrollo con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), publicó el primer Inventario de Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo, un documento para avanzar en la identificación, delimitación y caracterización de estos ecosistemas.
Los humedales son ecosistemas, distintos de los terrestres y acuáticos, que se encuentran en las márgenes de arroyos o lagunas, con presencia de agua temporaria o permanente, y son hábitat para diversas especies. Se conforman como áreas ecológicamente estratégicas ya que, entre otros beneficios, contribuyen a mitigar inundaciones, purificar el agua y preservar la fauna y la flora.
Según indicó Prensa ACuMaR, la información obtenida tendrá aplicación en distintos campos que la institución debe abordar tales como la identificación de zonas ecológicamente estratégicas, el sistema de medición de calidad del agua, suelo, aire y biodiversidad de la Cuenca, los planes de manejo de áreas protegidas, el manejo sostenible de los recursos naturales vivos y los servicios ecosistémicos, la propuesta de medidas no estructurales en materia hídrica, la educación ambiental, la propuesta y ejecución de acciones tendientes a la protección del patrimonio natural, entre otros.
Luego de su validación, el Mapa de Humedales de la Cuenca conformará una capa de datos georreferenciada de carácter público, ampliando así el repositorio de datos disponible en el Sistema de Información de Ordenamiento Ambiental Territorial de ACUMAR (SIOAT) y será un insumo básico para mejorar la gestión del organismo y los municipios que lo integran.
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Perros protectores, la estrategia de los productores para enfrentar la depredación

Fecha de Publicación: 27/12/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: Neuquén - Patagonia


El proyecto, organizado por la Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños Productores nuclea a 350 familias y logró una certificación internacional, se enfoca en la conservación de especies y espacios de vida silvestres para evitar que otros animales los cacen.
Una cooperativa de pequeños productores de Zapala, provincia de Neuquén, fomenta prácticas sustentables de coexistencia entre el ganado ovino y sus depredadores mediante perros protectores de ganado, generando procesos productivos sustentables y amigables con la biodiversidad de la estepa patagónica.
Se trata de la Cooperativa Agropecuaria de Comercialización de Pequeños Productores de la Zona Centro de Neuquén, creada en junio de 2011, que nuclea a 350 familias productoras, y logró en octubre pasado la certificación internacional Wildlife Friendly, otorgada por la organización civil WCS Argentina, cuyo trabajo se enfoca en la conservación de especies y espacios de vida silvestres.
Este certificado, obtenido ya por 45 productores de la cooperativa, "fortalece el posicionamiento de fibras en el mercado internacional, logrando elevar su precio de venta un 15%", según indicaron desde la organización.
En diálogo con Télam, Ezequiel Infantino, coordinador de Certificación y Cadenas de Valor de WCS Argentina, precisó que desde la organización se trabaja hace más de 30 años con temas de coexistencia de especies y su conservación.
"La relación que tiene la gente con la naturaleza, el medio ambiente y la fauna silvestre es importante para que estos proyectos de conservación sean efectivos a largo plazo. En este caso, trabajamos con el problema de la depredación sobre el ganado", expresó.
Los productores de ganado ovino y caprino se enfrentan a la amenaza de la vida silvestre de la zona como los pumas, el zorro colorado y gatos andinos, y para lograr controlar la depredación de estos animales implementan distintas técnicas que promueven la coexistencia entre ambos.
Una de las técnicas que más resultados positivos tuvo es la de la incorporación de perros protectores de ganado que, si bien requiere de "mucho trabajo y compromiso de los productores", proporcionaron "reducciones que van del 85% al 100%" en depredación.
"El proceso de impronta es el proceso mediante el cual estimulamos al perro, cachorro en este caso, para que genere un vínculo familiar con otras especies. De esa manera, los animales con los que el perro crece son con los que empieza a crear una relación social", indicó Infantino.
La organización civil WCS trabaja en conjunto con la Subsecretaría de Producción de Neuquén y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y con la Alianza Gato Andino poseen un criadero en Malargüe, provincia de Mendoza, en donde ya entregaron 20 perros a productores de Neuquén, Mendoza y Chubut.
Las razas protectoras más utilizadas en la Argentina y Sudamérica son el perro de montaña de los Pirineos (gran Pirineo), el Pastor de Maremma, originario de Italia, y, en particular, la WCS reproduce una cruza entre Pastor de Anatolia, originario de Turquía, con el gran Pirineo.
"Las razas de perros protectores tienen más de seis mil años de historia, no es una metodología nueva. Cuando el ser humano domesticó al lobo y surgió esta entidad doméstica lo que hace es exacerbar algunos comportamientos y disminuir otros", explicó el especialista.
Y señaló que "el perro sigue siendo un carnívoro y la conducta típica es marcar territorio. Orinando marca su territorio y avisa a otros carnívoros de su presencia".
Además, los pumas y los zorros "no son animales que se enfrenten con otro carnívoro, por lo que en esta zona de estepa no hay registro de enfrentamientos físicos con estos animales".
Una de las peculiaridades de este proceso, según Ezequiel Infantino, es advertir cuando el perro detecta una amenaza y "trabaja" en conjunto con las ovejas y cabras.
"Estos animales saben que el perro es parte de su grupo, pero que tiene una actitud defensiva. El perro se interpone entre su rebaño y la amenaza, comienza a ladrar direccionado y mientras hace esto las chivas y las ovejas se forman detrás del perro", apuntó.
Además, gracias a los perros protectores, las especies silvestres de la zona no son cazadas ni tampoco son abordadas utilizando cebos tóxicos, lo que produce una "convivencia entre especies sin que sea una amenaza para el pequeño productor".
"De tener casi un 50% de pérdida por depredación hoy tenemos cero. Si tenemos pérdidas con la cría son por factores climáticos, entre otros", expresó a Télam Flavio Castillo, uno de los productores de cabras de la cooperativa.
Castillo trabaja con perros protectores desde hace diez años y proviene de una familia de crianceros y remarcó que gracias a estos canes "no estamos preocupados por los animales si salen al campo".
El productor explicó que los perros conviven las 24 horas del día con los animales y son tratados "como una cabra más".
Para la cría utilizan el pastoreo y las cabras circulan libremente durante el día para luego volver por la tarde al lugar donde pasan la noche.
"El perro come y duerme con los animales y sale a caminar por el campo para marcar su territorio junto con las chivas. Eso te facilita un montón de tiempo. Antes perdíamos tiempo persiguiendo o corriendo para que no se metan predadores a las inmediaciones, hoy ya no nos preocupamos por eso. Nosotros cuidamos solamente la producción", agregó.
Por su parte, Infantino también explicó que otro de los métodos que utilizan para ahuyentar a los carnívoros es con el uso de luces disuasivas ya que "los carnívoros son muy temerosos de los elementos nuevos en el ambiente. Poner una luz disuasiva por lo general los asusta".
"Es una metodología que sirve si se complementa con otro y se le da descanso a la utilización de la luz porque, si el depredador se acostumbra, pierde el miedo y deja de ser útil", señaló.
Lo positivo de la implementación de estos métodos es que "no interfiere con la vida silvestre ni con su entorno" ya que "las poblaciones de estos animales se mantienen y cazan otras especies, como liebres".
Además, la posibilidad de mantener a los animales en un entorno más libre y sin tanta intervención hace que la materia prima que estos productores ofrecen sea de mayor calidad y sea reconocida por el mercado con un valor agregado por ese cuidado al medio ambiente.
"Al tener la certificación amigable nuestra fibra mohair, tiene más valor para el comercio. Es por eso que instamos a que otros productores sigan este tipo de producción para incentivar el uso de estas herramientas que cuidan al medio ambiente sin la necesidad de enfrentar a la fauna carnívora", Castillo.
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“El DNU refleja el negacionismo de Milei a la crisis ambiental”

Fecha de Publicación: 26/12/2023
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional


En diálogo con LNM, el abogado especialista en ambientalismo Darío Ávila reflexionó sobre las medidas que el Presidente incluyó en su primer Decreto de Necesidad y Urgencia y que vuelve atrás varias conquistas.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que difundió el presidente Javier Milei esta semana continúa generando polémica con medidas que afectaron a distintas áreas y marcaron el retroceso en varias conquistas que llevaron años de lucha y trabajo para poder sancionar una ley que amparara derechos colectivos.
En el caso de la lucha ambientalista, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) difundieron el jueves un comunicado en el que expresaron su más enérgico repudio al Decreto Nº 70/2023 al cual tildaron de “inconstitucional” y contrario a los mandatos convencionales y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia ambiental.

“Pedimos la suspensión del decreto”
“Advertimos con profunda preocupación la orfandad de fundamentos que presenta el referido decreto a fin de sustentar las reformas y derogaciones legales. No existe rigurosidad técnica ni argumentos jurídicos sólidos que justifiquen mínimamente las reformas postuladas”, indica en el que advierte que el Poder Ejecutivo emite arbitrariamente con el DUN disposiciones de carácter legislativo.
“En el marco de la grosera inconstitucionalidad del decreto 70/2023, y los efectos regresivos en materia socioambiental, la pérdida de soberanía y control público sobre nuestros bienes comunes, solicitamos urgente al Presidente de la Nación la urgente suspensión del mismo”, expresa el comunicado.
Es que el primer Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó Javier Milei en un discurso que dio por cadena nacional avanza en al menos tres aspectos preocupantes en torno al cuidado y defensa del medioambiente y a los compromisos que Argentina tomó con la firma de acuerdos internacionales.
El abogado especialista en medio ambiente Darío Ávila enumeró en diálogo con La Nueva Mañana, al menos tres leyes que, si son derogadas, tendrán un grave impacto en materia de derechos ambientales.

Ley de Manejo del Fuego
En primer término, Ávila aclaró que el DNU no hace mención a la derogación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego como tal. Sin embargo, Milei la enumeró entre las 30 normativas que derogaría y que difundió la comunicación de la Presidencia.
A lo que alude es a la modificación de la misma a través de la Ley 27.604, que prohíbe el cambio de destino de áreas protegidas y humedales, luego de que éstas hayan sido arrasadas por el fuego.
Tras la sanción de la ley que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, se modificó el artículo 22 bis, porque impone una prohibición por seis años en aquellos lugares donde se hubiesen producido incendios, ya sean intencionales o no intencionales, de realizar subdivisiones, loteos o fraccionamientos, ventas y avance en edificación del proyecto que originalmente estuviese proyectado en dichas tierras. “Esta modificación tenía una clara finalidad: que esos bosques nativos que sufrieron esa degradación por incendio sean recuperados, sean remediados”, señaló Ávila.

“No hay una mínima mención a la emergencia ambiental y climática”
“Cuando ese proyecto de ley es elevado al Congreso para su debate, se mencionó entre los argumentos la existencia de una práctica bastante habitual de utilizar al fuego como instrumento para eliminar a los bosques nativos, que están protegidos por otra ley de Presupuestos Mínimos. Allí se describen áreas rojas y amarillas y se establecen prohibiciones de realizar cualquier tipo de actividad relacionada a intereses desarrollistas, inmobiliarios, de actividad minera y agropecuaria”, recordó el abogado.
Para el abogado ambientalista, la decisión no fue arbitraria, ya que se encolumna con el listado de medidas que toma para poner a la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho, desregulando cualquier tipo de limitación que pudieran haber sido reglamentada por Ley.
“Claramente esta connotación ideológica está plasmada desde el artículo N°1 del DNU, ya que lo primero que declara es la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social´. No hay una mínima mención a la emergencia ambiental y climática, lo cual demuestra ese componente negacionista que mostró durante la campaña al no reconocer la existencia de una crisis ambiental y la problemática del cambio climático. Es preocupante que estos temas no estén dentro de la agenda de prioridades del Gobierno”, aseguro Ávila.

Derechos colectivos y propiedad privada
“Milei pone a la propiedad privada por encima de un montón de otros derechos constitucionales que han tenido reconocimiento a través de fallos dictados por la propia Corte Suprema de Justicia que siempre priorizó los derechos colectivos por sobre la propiedad privada, en especial aquellos relacionados a la salud, la vida y el derecho al ambiente”, explicó.
“Claramente, el Presidente toma una postura absolutamente economicista, utilitarista, y privatista de defensa a ultranza de la propiedad privada por encima de otros valores, que a partir de la reforma constitucional de 1994 tienen rango constitucional y superiores como los derechos colectivos, al ambiente, los derechos previsionales, y todos estos derechos que integran los que se conoce como los derechos de segunda y tercera generación, son derechos que están por encima de la propiedad privada. Milei, a diferencia de la Corte Suprema, vuelve a colocar a la propiedad privada por encima de los derechos colectivos”, indicó Ávila.
En ese marco, cuestionó la derogación de dos puntos mencionados por el DNU. Uno de ellos es la derogación de las leyes N° 24.523 y N° 24.695 de Minería.

Minería: “Se disuelven los registros de extracción de los recursos naturales”
La Ley N° 24523 regula el Sistema nacional de comercio minero y dio lugar a la base de datos de comercio minero, los centros de información y consulta, los agentes de información y los usuarios. “El objeto es aportar información sobre la oferta y la demanda interna y externa de los productos y subproductos mineros”, reza la normativa.
La Ley N° 24.695 crea el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos. Con esta normativa se conoce quiénes explotan las canteras y los yacimientos mineros y la cantidad de trabajadores que emplea.
“Todo eso ya no se podrá saber. Se disuelven los registros de extracción de los recursos naturales que hoy están a disposición de los ciudadanos como información pública”, explicó Ávila.

Sin subsidios para promover la energía renovable.
También hizo referencia al impacto negativo que tendrá desactivar el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica establecido por la Ley 27.424. La misma establece el marco regulatorio para que todos los ciudadanos conectados a la red eléctrica pública y que cuenten con un equipo solar fotovoltaico puedan generar energía para su autoconsumo en hogares, pymes, grandes industrias, comercios, producciones agrícolas, entes públicos u organismos oficiales y que el excedente se pueda inyectar a la red de distribución. Con esta acción, Ávila señaló que el Estado ya no otorgará subsidios de incentivo para promover el equipamiento para fomentar el uso de energías renovables.

Milei, con una postura contraria al Acuerdo de París
Por último, el abogado advirtió sobre el posible incumplimiento de acuerdos internacionales y multilaterales como el que tiene por objeto la lucha contra el cambio climático. “El acuerdo de París al cual adhirió nuestro país tiene por objetivo precisamente que los Estados deben adoptar medidas de mitigación y de lucha en contra del cambio climático, y cuya principal medida tiene que ser abandonar la utilización del combustible fósil, porque es la principal fuente de emisión de gas de efecto invernadero. La propuesta del acuerdo es que al año 2050 tenemos que llegar a la descarbonización. Es decir, dejar de utilizar los hidrocarburos como fuente generadora de energía para evitar que se siga incrementando la temperatura media normal a escala planetaria y que no se supere el 1,5 grado de los niveles que se obtenían durante la época preindustrial”, recordó.
“Todos los Estados que han firmado este acuerdo se comprometen en solidaridad y cooperación con los valores que promueven estos acuerdos multilaterales, tomando consciencia de que si esta lucha debe llevarse a cabo de manera conjunta. Milei ha demostrado tener una postura totalmente contraria a ese compromiso que la Argentina asumió en 2015 cuando suscribió el Acuerdo de París”, enfatizó Ávila.
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Aguas del Norte deberá atenuar el vertido de desechos al Arenales

Fecha de Publicación: 26/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La Justicia le ordenó presentar un plan de contingencia urgente en las próximas 48 horas hábiles.
En el marco de la audiencia solicitada con carácter de urgente por el Ministerio Público Fiscal por la contaminación hídrica en el río Arenales, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, intimó a la empresa Aguas del Norte que dé estricto cumplimiento a lo ordenado oportunamente en la sentencia del amparo de 2018 y cese inmediatamente el vertido de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado en el río Arenales.
Para la semana que viene deberá presentar además, en un plazo de 48 horas hábiles, un Plan de Contingencia Urgente para atenuar o suprimir los efectos nocivos del vuelco de deshechos cloacales en el río. El proyecto deberá contemplar plazos de ejecución razonables y próximos en atención a la situación de alerta epidemiológica por el brote de salmonella que existe en la ciudad de Salta. Mientras, la empresa sostuvo que la obra final que impediría el vuelco del fluido, recién se finalizaría en 2025.
La audiencia se convocó por un pedido que elevó la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, luego de una resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), que el lunes último confirmó que una finca de hortalizas ubicada en el camino a La Isla había realizado una toma ilegal sobre el lecho del río, a solo 20 metros del vertido del líquido cloacal.

Más letreros
Por pedido de la Unidad Fiscal, Colombo también ordenó al municipio de Salta la colocación de letreros indicativos de fácil lectura en todos los lugares de acceso público a lo largo del trayecto del río que cruza la ciudad de Salta. Todo ello deberá estar cumplido y acreditado para el 15 de enero.
Esta disposición se reitera pues ya desde 2018 se había ordenado su ejecución en la resolución de un amparo presentado por vecinas y vecinos de la ribera del Arenales. Este amparo se presentó en 2011, luego de que por una inundación y la crecida del río, vecinas y vecinos perdieran la totalidad de sus pertenencias. Ya en aquel momento se alertaba sobre los efectos nocivos en la población a causa de la contaminación.
También se resolvió que los estados provincial y municipal y la empresa Aguas del Norte pongan en marcha una amplia campaña de difusión para prevenir el uso o utilización del río Arenales debido a la contaminación existente, por cualquier medio de difusión masiva.

Vigilancia
El juez Colombo también estableció que se deberá realizar una demarcación y vigilancia sanitaria de las zonas consideradas peligrosas, de manera conjunta por parte de la Provincia y la Municipalidad. Esto implica verificar el cese de la actividad clandestina e ilegal desplegada por productores ribereños del río Arenales y de la captación de aguas contaminadas con efluentes vertidos en su sistema cloacal, destinada al riego de sembradíos y cualquier otra utilización clandestina que se detecte.
El fallo dispone que la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta deberá de manera urgente controlar las malezas en las adyacencias de las zonas afectadas; limpiar inmediatamente los obstáculos a lo largo del curso del río para evitar zonas de aguas quietas; evitar y controlar la distribución y utilización de agua del afluente para riego y consumo humano o de animales, bajo apercibimiento de multas.

Una situación conocida
En la decisión del juez se recordó que el Ministerio Público Fiscal viene advirtiendo desde 2022 sobre los riesgos de la contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales. El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó en abril de 2023, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el fiscal penal Federico Jovanovics; el fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Rodrigo Erazo Schmidt, el secretario relator de Medio Ambiente, Sebastián Lloret, y la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Leonor Barrenechea, con el objetivo de proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de los ríos Arias y Arenales.
La formación de esta Unidad resolvió diversos obstáculos, entre ellos unificando la atención de expedientes relacionados con la contaminación de los ríos y acumulando otras causas en trámite para mejorar la atención integral en toda la subcuenca hídrica, tal como indican los protocolos técnicos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ya el primero de diciembre pasado, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales puso en conocimiento del Juzgado que continuaba el vuelco de líquidos cloacales en el lecho del río, sin adecuado tratamiento. Pidió nuevamente que se haga una audiencia pública y requirió la colocación por parte de Aguas del Norte de cartelería en la zona de la planta depuradora, con la advertencia de que las aguas no son aptas para consumo, uso, ni riego, y que implican un grave riesgo para la salud.
Como no se resolvió su pedido, el 20 de diciembre el Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia urgente, que finalmente se hizo el viernes último.
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Científico argentino revela la situación alarmante de los polinizadores y su impacto en la agricultura

Fecha de Publicación: 25/12/2023
Fuente: Redacción Veintitrés
Provincia/Región: Nacional


Científico argentino explica la importancia de los polinizadores, su disminución a nivel global y el impacto de la actividad humana en esta problemática. La falta de polinizadores amenaza la reproducción de plantas cultivadas, poniendo en riesgo la producción de alimentos. La introducción de especies exóticas, la agricultura intensiva, el calentamiento global y el uso de pesticidas son factores que contribuyen a la disminución de la diversidad de polinizadores. A pesar de las limitaciones, la ciencia argentina se destaca en el campo de la ecología. (200 caracteres)
Marcelo Aizen, biólogo argentino reconocido por su trabajo en ecología de la polinización, comenzó su carrera en un programa para traer científicos que habían emigrado durante la dictadura. Durante un viaje a Chile para promocionar el programa argentino, escuchó a Peter Feinsinger hablar sobre las interacciones planta-polinizador y decidió investigar ese tema. Aizen viajó al extranjero y luego regresó para realizar su tesis de doctorado, contando con Peter como su director informal. En aquel momento, pocos le daban importancia a su trabajo, pero en los últimos años el tema de la polinización se ha vuelto relevante a nivel mundial debido a su impacto en el medio ambiente y la economía.
Aizen dirige actualmente el Grupo de Ecología de la Polinización (ECOPOL) en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), formado por científicos del Conicet. Recientemente, fue reconocido con el Premio Houssay Trayectoria por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En una entrevista, Aizen habló sobre la importancia de los polinizadores, la crisis que enfrentan a nivel mundial y el impacto de la actividad humana en esta situación.
Cuando se menciona la palabra "polinizadores", usualmente se piensa en las abejas, pero en realidad hay una gran variedad de especies que cumplen esta función. Además de las abejas, existen moscas, escarabajos, avispas, mariposas, polillas, crustáceos marinos y aves como los colibríes. A nivel global, las abejas son las polinizadoras más conocidas, pero hay alrededor de 20 mil especies de abejas en todo el mundo. La mayoría de ellas son solitarias, aunque también existen abejas sociales y abejorros.
La situación de estas especies polinizadoras es preocupante. Su declinación no solo afecta la reproducción de plantas silvestres, sino también de plantas cultivadas. Las tres cuartas partes de los cultivos dependen en cierta medida de los polinizadores. Si bien los cereales son polinizados por el viento, otros cultivos como los frutales y las oleaginosas sufren una disminución en su producción cuando los polinizadores escasean. En el caso de las abejas, hicimos un estudio que reveló que actualmente hay entre un 25 y un 30 por ciento menos de especies de abejas en comparación con hace 40 años.
Otro problema que enfrentamos no es la falta de polinizadores, sino el exceso de ellos. En la Patagonia, por ejemplo, el abejorro europeo se ha convertido en una especie invasora que amenaza a la abeja nativa. Esta introducción se ha dado debido a su uso en la polinización de cultivos de invernadero y a cielo abierto. Sin embargo, esta especie invasora termina alterando el equilibrio natural y perjudicando la reproducción de las plantas.
El impacto de la actividad humana en este desequilibrio es total. La introducción de especies exóticas, la agricultura intensiva y extensiva, el calentamiento global y el uso de pesticidas son las principales causas de la disminución de la diversidad de polinizadores. Estas mismas causas también afectan la diversidad en general.
Aunque la ciencia argentina ha enfrentado muchas limitaciones, se destaca por su calidad. La falta de recursos ha sido compensada con creatividad, aunque también ha limitado el tipo de preguntas que se pueden plantear y responder. En el campo de la ecología, Argentina ha ganado reconocimiento internacional, siendo Sandra Díaz una de las ecólogas más destacadas en el país y a nivel global.
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Desequilibrio en el ecosistema y foco de enfermedades: este es el ciervo que Corrientes quiere declarar plaga

Fecha de Publicación: 25/12/2023
Fuente: TN
Provincia/Región: Corrientes


La especie fue declarada como “exótica invasora” en el país, compite con la fauna autóctona y una de las posibles soluciones en la provincia es habilitar la “caza plaguicida”
El Senado provincial correntino dio media sanción a un proyecto de ley para declarar al ciervo axis como plaga ante el daño que provoca esta especie exótica en el ecosistema de la región. Señalaron que compite con fauna autóctona y que es un potencial reservorio de enfermedades, además de que trae consecuencias en rutas de la provincia porque se mueve en manada. Una de las soluciones que menciona la normativa es habilitar la caza para frenar el crecimiento de la población.
A mitad de noviembre, el Senado correntino dio media sanción a un proyecto de ley que declara a los ejemplares de ciervo axis salvajes como plaga “teniendo en cuenta su efecto dañino y perjudicial para la actividad productiva”, por lo cual serán “susceptibles de caza plaguicida”.
El ciervo axis es oriundo de Asia (India, Sri Lanka y Nepal) y se introdujo en Corrientes en la década de 1990. La situación estaba controlada hasta hace algunos años, que pasó de verse marginalmente en ciertos sectores a mostrarse en ciudades y conurbanos. La situación, aseguraron en la Dirección de Fauna de la provincia, tiene especial atención en el centro y el sur.
Fue declarado en 2021 por el entonces Ministerio de Ambiente Nacional como “especie exótica invasora, categoría 2″. Este tipo de especies precisan, según la Lista oficial de especies exóticas, de políticas para minimizar sus impactos y toda acción sobre los ejemplares deben implementarse adoptando medidas de prevención, control o mitigación.
Al no tener un depredador natural, en la actualidad configura un problema por sus perjuicios sobre disputa de pasturas con otras especies y forrajes de maíz, así como en rutas ya que es un animal rápido, que se mueve en manadas grandes y tiene actividad nocturna.
La ruptura del equilibrio del ecosistema es uno de los principales problemas a atender, según contó a a TN el investigador Sebastián Cirignoli, del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba): “Las especies nativas tienen un montón de presiones externas que ocasionan, principalmente, la pérdida y fragmentación de sus hábitats, como para que se le agregue una amenaza más”.
Uno de los principales perjuicios recae en las enfermedades que puedan portar estos ciervos. Hay dos potenciales peligros: la tuberculosis bovina y un tipo específico de garrapata que puede ser vector de patologías que la fauna autóctona no pueda combatir.
“Tenemos bastantes problemas porque se reproduce mucho y ya tenemos una pequeña invasión en los esteros del Iberá que perjudica a las especies autóctonas”, agregó a TN el director de Recursos Naturales de la provincia, Agustín Portela. Aseguró también que hay ejemplares que “están entrando en territorio misionero”.
Además, Cirignoli hizo foco en los peligros que significan cruzarse con una manada en las rutas correntinas. Según el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales, se mueven en grupos de 5 a 10 ejemplares, número que puede alcanzar, ocasionalmente, los 200 individuos. “Cada vez hay más accidentes en la Ruta Nacional 14, hasta hubo muertes. El ciervo axis se mueve en grandes manadas y de noche ya que son bastante nocturnos”, detalló el investigador.

Caza para “equilibrar”
La única medida hoy, admite Portela, es el incremento de la cantidad de ejemplares de ciervos axis que se pueden cazar por día: lo aumentaron de uno a tres por jornada de caza. “Es en forma paliativa y es la única medida para poder equilibrar la superpoblación, pero nunca es suficiente”, afirma.
La posible sanción de la ley, anticipa, podrá “ayudar” a aumentar incluso más ese cupo por jornada, aunque pretenden llegar a un consenso “con dueños de campos y con ambientalistas”. El funcionario indica que en la zona centro y sur de la provincia “hay muchos cotos de caza como única medida para equilibrar la sobrepoblación”, aunque remarca la necesidad de “ordenar los cotos por una cuestión de seguridad”.
“Estamos trabajando en un plan de manejo con intendentes que están donde más se dio el crecimiento de la población de ciervos axis. Produjo mucho daño en competencia por la pastura y en algunas siembras de maíz, pero no queremos que sea simplemente un exterminio”, explica Portela.

Sin estudios
Para Cirignoli, el ciervo axis representa una especie que compite con la fauna autóctona: “Sumamos una amenaza de peligro de extinción porque traen enfermedades que las especies nativas no están preparadas para recibir. Los programas de erradicación de (especies) exóticas cuestan millones de dólares”.
El investigador aclara que, a pesar de los “daños tangibles” que ocasiona este animal y los riesgos de introducir una especie exótica en un ecosistema determinado, “no hay un trabajo científico que haya estudiado el impacto del ciervo axis en la fauna nativa en nuestro país”.
De todos modos, destaca que sí encontraron, en los esteros del Iberá, que los ciervos axis son un “reservorio de enfermedades que están en el ambiente pero que habría menos si no estuviesen los animales para mantenerse y amplificarse”. Y remarca: “Un ecosistema o comunidad funciona de manera armónica. Si a esa red le agregás una pieza de más, estás rompiéndola”.
En tanto, aclara que elaborar un programa de “captura y traslado de animales a un santuario o a su lugar de origen no es practicable y costaría muchísimo dinero”.
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Vuelven a inspeccionar Comarsa por denuncias de contaminación

Fecha de Publicación: 23/12/2023
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La Justicia sigue los controles en la sede de la empresa de gestión de residuos petroleros, en la meseta neuquina.
La Justicia neuquina inició este jueves el tercer allanamiento en las instalaciones de Comarsa, la empresa de gestión de residuos petroleros, a partir de denuncias de contaminación. Ya habían realizado inspecciones en diciembre de 2020 y 2021 para recolectar y analizar muestras de aguas y suelo, con el objetivo de comprobar si se vieron afectadas por el acopio de residuos peligrosos sin respetar las medidas de seguridad ambiental.
Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, por pedido del fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, y con la autorización de un juez de garantías, en la mañana de este jueves se inició un allanamiento en las instalaciones de Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa), ubicada en un sector de la meseta de la ciudad de Neuquén.
El operativo es el tercero que se desarrolla en las instalaciones de la empresa y se enmarca en una investigación surgida a partir de una denuncia por acopio de residuos peligrosos sin tratamiento, “sin las medidas básicas para asegurar que no se contamine el ambiente” y “a escasos metros de barrios de viviendas”.
Según se indicó, la fiscalía especializada apunta a tomar “muestras de suelo, de aguas y de cualquier otra matriz ambiental” que pueda haber sido afectada por el acopio del material; documentación (habilitaciones ambientales, resultados de monitoreos ambientales, auditorías internas y externas, controles de ingreso y egresos de la planta, manifiestos de transporte y tratamiento de residuos peligrosos, registro diario de operaciones, planos de infraestructura, entre otros) y dispositivos electrónicos, computadoras y unidades de almacenamiento.

El allanamiento
El operativo se realiza bajo las instrucciones del fiscal jefe y de la asistente letrada Julieta González, con el respaldo de la Policía de la Provincia.
En el pedido de autorización remitido al magistrado de turno, desde el MPF se hizo hincapié en que desde 2015 rige un decreto provincial -2263/15- que regula la ubicación de las plantas de tratamiento de residuos especiales. El mismo ordena su instalación “a una distancia mínima de ocho 8 kilómetros de zonas urbanizadas o con proyectos de urbanización, considerando las proyecciones de crecimiento poblacional para los próximos veinte 20 años”; y estableció un plazo de 2 años para que las plantas existentes se adecuaran a normativa.
Dado que el predio a inspeccionar ocupa 17 hectáreas, el fiscal jefe solicitó la autorización para que el operativo se extienda por 48 horas, por lo que las tareas podrán desarrollarse incluso durante la jornada de mañana.

El gobierno actual había pedido informes
Algunos de los funcionarios que hoy forman parte del gobierno de Rolando Figueroa, como Marcelo Zúñiga o Soledad Martínez, habían presentado una solicitud de informes sobre los derrames de la firma Comarsa cuando representaban a la oposición, en marzo de este año.
En rueda de prensa los referentes calificaron a la situación “como una gran irresponsabilidad, dado que Comarsa es un basurero petrolero que ha constituido el desastre ambiental más importante de la ciudad de Neuquén y se viene denunciando desde hace muchos años con pedidos de intervención hasta en la Justicia”.
Santiago Nogueira, que también integra el frente Nequinizate, había señalado que allí se alojaban hasta hace poco 300 mil metros cúbicos de residuos petroleros sin tratar y “nunca se cumplieron los planes anunciados de cierre, de biorremediación, ni de traslado de residuos- sin tratar- a disposición final, lo que también era igualmente una barbaridad”. Destacó que “Comarsa es una larga historia de mentiras, complicidades e incumplimientos”.
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DNU de Milei: ¿qué cambiará en la ley de manejo del fuego?

Fecha de Publicación: 23/12/2023
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El decreto del Gobierno nacional establece en su encabezado que esa norma también está entre las modificadas. Pero en el texto completo aparece una sorpresa.
Al anunciar en la noche de este miércoles el vasto Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que establece muy diferentes desregulaciones en materia económica y laboral, el presidente Javier Milei hizo referencia en su discurso de presentación a la inclusión en la larga lista de “una modificación de la Ley de Manejo del Fuego”.
Pero la lectura de los textos completos del DNU, publicados en el Boletín Oficial, arrojan una sorpresa: no hay ninguna referencia específica a ese tema. Sólo quedó en los títulos.
A horas de conocerse el decreto, se especula con dos posibilidades: o se trató de una omisión y ese punto quedó olvidado de ser incluido en el texto final o hubo una decisión de último momento para, al menos en esta instancia, no incorporarlo.
La ley nacional 28.815 de manejo del fuego, que regula lo referido a los incendios rurales y forestales en el país, fue aprobada en el Congreso en 2012. A fines de 2020, en tanto, se sumó la ley 27.064 que modificó el tyecto de 2012 en algunos artículos para agregar ciertas prohibiciones. Se supone, en base a las versiones previas circulantes, que eran esas reformas de 2020 las que se pretendía ahora derogar.
El proyecto de reforma de 2020 había sido promovido por el bloque de diputados del Frente de Todos. En ese momento, fue muy cuestionado por el muy sector agropecuario y la oposición votó dividida.
En lo central, esos artículos incoeporados establecían que tras un incendio de campos “sea provocados o accidental” sería prohibida por 30 años “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”. También se prohibía la venta de esos campos para loteos o para proyectos de urbanización.
La refoema surgió en medio de los grandes incendios que afectaron, por meses, a la zona de delta del río Paraná, en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos. Quienes la promovieron planteaban como hipótesis que parte de los inicios de fuegos tendrían como origen a los dueñsos de las tierras que quemaban de modo intencional sus campos para poder avanzar allí luego con el reemplazo del monte o los pastizales por agricultura o con proyectos de urbanizaciones.
Por esos días, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias advertía que la reforma ponía “en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país”, además de dar “por asumida la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia y condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa”.
Aunque la ley era de validez en todo el país, el foco apuntaba sobre todo a los constantes incendios rurales en la zona del rio Paraná.

Para Córdoba
Para Córdoba, esa reforma de la ley nacional de 2020 no implicó grandes cambios en la práctica.
En esta provincia ya estaba vigente una ley menos restrictiva pero con similar sentido, que establece que un área catalogada como zona roja de conservación de bosques nativos por la ley de ordenamiento territirial no puede cambiar de uso no de destino después de ocurrido un incendio, Sin embargo, desde hace años, desde diferentes sectores ligados al ambientalismo se cuestiona que faltan en esta provincia los controles suficientes del Estado para garantizar que sobre un campo con monte quemado no aparezca luego otro uso. Sólo de ese modo, se lograría el objetivo de desalentar que haya quemas intencionales con ese fin.
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Ley de Tierras: qué establece la norma que deroga Javier Milei con el DNU

Fecha de Publicación: 22/12/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que presentó el presidente de la Nación, Javier Milei, incluyó la derogación de la llamada Ley de Tierras, en rigor, Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales que fuera promulgada en diciembre de 2011 y desde entonces resistida por las inmobiliarias rurales.
La norma establece un límite a la compra de campos por parte de extranjeros de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial, la cual es determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales (previsto en el articulo 16 de la ley) en base a su localización, calidad y proporción respecto del municipio o provincia que integren.
Asimismo, fija en el quince por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas físicas y jurídicas no argentinas. Estas, siendo de una misma nacionalidad extranjera, no podrán, en ningún caso, superar el treinta por ciento del porcentual asignado.
La ley también prohíbe la posesión de tierras que sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
En junio de 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se introdujeron varias modificaciones a dicha ley a través del decreto 820/2016. Entre los puntos más relevantes, aclaró el concepto de personas extranjeras (físicas o jurídicas) como aquellas que en forma directa o indirecta formen la voluntad mayoritaria, independientemente de su participación social y establece una presunción de extranjería en caso de que una persona extranjera sea titular del 51% del capital social de la persona jurídica.
También obligó a informar toda modificación en el paquete accionario de personas jurídicas consideradas extranjeras al Registro Nacional de Tierras Rurales. El decreto otorgó, además, facultades al Consejo Interministerial para modificar las equivalencias fijadas por las provincias a fin de que sean razonables desde el punto de vista del tipo de explotación y jurisdicción.
Por otra parte, dispuso la no afectación de derechos adquiridos por las personas extranjeras titulares de tierras rurales previo al dictado de la ley y que, en caso de querer venderlas tendrán permitido adquirir una una extensión equivalente aunque supere el límite de 1.000 hectáreas que fija la norma.
La Ley de Tierras ha sido cuestionada desde hace años por la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) que argumentan que a partir de su sanción, por la menor inversión por parte de extranjeros, se produjo una caída del valor de la hectárea en Argentina que quedó desfasada respecto de la evolución del precio de la tierra rural en otros países, donde la cotización aumentó en la última década.
Previo a la asunción de Milei, la CAIR le solicitó al candidato electo que derogue la Ley de Tierras o bien que la modifique otorgándole racionalidad para promover el ingreso de capitales. Lo consideran como uno de los "pedidos urgentes y necesarios para que el país pueda salir adelante lo antes posible". Por eso, la cámara puso a disposición sus equipos técnicos para acercar propuestas e inquietudes del sector inmobiliario rural.
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La Unión Europea destina 630.000 euros para proyecto de biodiversidad en Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 22/12/2023
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La financiación respaldará el proyecto "Acción por la Biodiversidad", enfocado en fortalecer organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para la valoración de bosques y humedales en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
La Unión Europea destina 630.000 euros para proyecto de biodiversidad en Tierra del Fuego La Delegación de la Unión Europea en Argentina anunció la firma de un contrato de subvención por 630.000 euros a favor de ICLEI (Red de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad), en el marco de la "Agenda Verde". La financiación respaldará el proyecto "Acción por la Biodiversidad", enfocado en fortalecer organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para la valoración de bosques y humedales en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Luca Pierantoni, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, fue el encargado de difundir esta información a través de las redes oficiales del organismo europeo. Según explicaron, el proyecto tiene como objetivo central la valorización de bosques y humedales en la región de Tierra del Fuego, apuntando a fortalecer la conciencia ambiental y la sustentabilidad en estos ecosistemas vitales.
El financiamiento de 630.000 euros está destinado al trabajo de ICLEI, una red global compuesta por más de 2,500 gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible. ICLEI detalla en su web oficial estar presente en más de 125 países, para influir en las políticas de sostenibilidad y promover la acción local para un desarrollo bajo en carbono, basado en la naturaleza, equitativo, resistente y circular.
Lo notable de este proyecto es que, según el sitio web oficial de ICLEI (https://americadosul.iclei.org/es/asociados/), la red de incidencia enumera a los referentes locales asociados de Argentina donde explican tener relación con socios de las ciudades de Avellaneda, Buenos Aires, Córdoba, Esteban Echeverría, Godoy Cruz, La Plata, Misiones, Pérez, Rosario y Santa Fe, aunque no figuran asociados de la Patagonia ni de Tierra del Fuego, ya sea de la parte chilena o argentina.
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Argentina hará los primeros envíos a España de harina de soja libre de deforestación

Fecha de Publicación: 21/12/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La Argentina enviará en los próximos meses a España los primeros embarques de harina de soja libre de deforestación.
El anuncio se realizó durante un acto realizado en la embajada argentina en Madrid, con la participación de las principales entidades agroexportadores del país, luego de la presentación institucional sobre Visec, la plataforma argentina para soja y carne vacuna libre de deforestación, que estuvo a cargo de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Según se informó en un comunicado, “este encuentro es la continuidad de un proceso de trabajo junto a la cadena de valor española y en consulta con el gobierno de España”.
Además, se indicó que “en los próximos meses llegaran a España los primeros barcos con harina de soja libre de deforestación para poder testear los sistemas en ambos países”.
Asimismo, se precisó que “Visec promueve cadenas de valor de soja y bovinos ambientalmente responsables y económicamente viables, cubriendo todo el territorio del país bajo producción agrícola y ganadera”.
“Resultado del esfuerzo conjunto entre las entidades de productores, acopiadores, corredores, plantas de molienda, frigoríficos y exportadores, junto a la sociedad civil, la ciencia y el Estado”, subrayó el comunicado.
También puntualizó que “ambas cadenas de valor enfrentan inmensos desafíos en términos de los costos adicionales de implementar un sistema de monitoreo, reporte y verificación como es Visec”.
Sin embargo, destacó que “existe el compromiso de posicionarse como proveedor diferenciado de productos libres de deforestación, con garantía de trazabilidad de origen”.
De manera virtual, también expusieron Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y Gerardo Leotta, del Consorcio de Exportadores de Carne ABC.
Visec está administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario, cuenta con el apoyo de Land Innovation Fund y de Al Invest Green de la Unión Europea.
El sistema permite a los exportadores del país trazar e identificar los productos libres de deforestación de otros productos de origen desconocido, en todas las etapas de la cadena de abastecimiento y a los operadores económicos en España poder trazar esos productos hasta llegar al consumidor.
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Los detalles de los tres proyectos mineros que avanzan en la Legislatura de Mendoza   

Fecha de Publicación: 21/12/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Se trata de El Burrero, Las Choicas y La Adriana, yacimientos de cobre ubicados en el departamento sureño de Malargüe.
Los detalles de los tres proyectos mineros que avanzan en la Legislatura de Mendoza Este martes el Senado de la Legislatura provincial dio media sanción a los proyectos mineros de cobre. Se trata de El Burrero, Las Choicas y La Adriana, yacimientos ubicados en el departamento de Malargüe. Los dos primeros tienen su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración, mientras que el tercero cuenta con una DIA de prospección.
El informe de Evaluación de Impacto ambiental contó en su correspondiente proceso con el dictamen técnico de la Facultad e Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), dictamen sectorial de la Municipalidad de Malargüe, dictamen sectorial del Departamento General de Irrigación, el dictamen sectorial de Recursos Naturales y las Declaraciones de Impacto Ambiental. Resta la ratificación legislativa.
En el caso de El Burrero, el proyecto contempla la perforación de 23 pozos exploratorios, cuya profundidad varía entre los 400 y 750 metros, con el objeto de determinar el perfilaje geofísico y evaluar el potencial geológico del yacimiento. Mientras que en Las Choicas y La Adriana se perforarán 17 pozos exploratorios, en cada uno de ellos, de la misma profundidad y con la misma finalidad.
En en El Burrero el equipo de perforación a utilizar estará compuesto por una perforadora doble propósito o una perforadora de diamantina. La perforación de diamantina utiliza un cabezal o broca diamantada, que rota en el extremo de las barras de perforación (o tubos). La abertura en el extremo de la broca diamantada permite cortar un testigo sólido de roca que se desplaza hacia arriba en la tubería de perforación y se recupera luego en la superficie
Las Choicas se encuentra ubicado a 135 km al Noroeste de la ciudad de Malargüe y la superficie a utilizar para las tareas de exploración y el campamento suman unas 350 hectáreas, dentro de unas 8.853 hectáreas de concesión. El Burrero explorará 650 hectáreas.
En el caso de La Adriana, el proyecto tiene una DIA de prospección, en términos generales, consiste en no tener actividad de perforación, sino tareas superficiales, geotécnicas y de interpretación de suelo. La Adriana es una mina de 36 hectáreas compuestas de 6 propiedades mineras.
Según el Gobierno de Mendoza, los tres proyectos están en el marco de Ley 7.722. No se utilizará ninguna sustancia peligrosa y, además, no hay presencia de puesteros en el lugar de trabajo, no hay presencia de cuerpos cavernosos y no se afectará ningún glaciar.
Sobre este último punto, comentaron a MDZ que el "Decreto 820/2006 no decía nada de glaciares y pueblos originarios. Pedimos información sobre la existencia de glaciares. La empresa lo hizo en campo, pero la ley dice que usar el Inventario Nacional de Glaciare y no sólo en línea recta al glaciar desde la exploración. La empresa lo hizo y la información volvió a ser evaluada por la universidad y la conclusión fue que no hay afectación de glaciares".
Los tres proyectos fueron enviados a la Legislatura por el exgobernador Rodolfo Suarez, un mes antes de concluir su mandato. Se suman a los proyectos mineros de Hierro Indio, Cerro Amarillo y, a su vez, Potasio Río Colorado. Tanto La Adriana como Las Choicas y El Burrero, si se obtiene la media sanción en Diputados, tendrán lugar en la nueva administración de Alfredo Cornejo.
La empresa que se hará cargo es Geometales -del grupo Emes, de Marcelo Mindlins-, que es concesionaria de los yacimientos. Geometales, vinculada a Franco Macri, fue sancionada en 2008. Luego, durante el primer mandato de Alfredo Cornejo, en 2018, le dio la razón a la empresa en un recurso de apelación presentado por una Resolución del 2014, cuando le quitaron al concesión del yacimiento "Francesca".
Días atrás, el Partido Verde cuestionó los estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo sobre los tres proyectos mineros y, por ello, desde el establecimiento educativo respondieron con un comunicado: "Respecto a la minería, es imperativo subrayar la importancia del uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de Mendoza. Reconocemos la trascendencia de la actividad minera como motor clave para el progreso económico y social, siempre y cuando se realice de manera responsable y cumpla con la legislación ambiental y minera vigente".
"Rechazamos categóricamente versiones infundadas que buscan desacreditar el trabajo de los profesionales de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. Invitamos a la comunidad a informarse objetivamente y a participar en un diálogo constructivo sobre el desarrollo sostenible de nuestra provincia, asegurando que la minería sea una herramienta para el progreso en armonía con el respeto a nuestro entorno natural y el cumplimiento de las normativas vigentes", indicaron.
"Es relevante destacar la pertinencia, experticia y compromiso de los profesionales involucrados en la evaluación técnica. La Facultad cuenta con expertos altamente capacitados, cuyo dictamen técnico se basa en análisis respaldados por métodos científicos reconocidos a nivel internacional. Están registrados en el Registro de Consultores Ambientales y Centros de Investigación – Categoría A y B, según Resolución 111/2022-SAYOT y Resolución 225/2022-SAYOT de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial", deslizaron.
Incluso, la flamante ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se pronunció al respecto. "Los proyectos mineros "ADRIANA", "BURRERO – MINERA GEOMETALES S.A.", y "LAS CHOICAS – GEOMETALES S.A." constan de una exhaustiva revisión y análisis de documentación, territorialidad, transparencia y profesionalismo. Los informes se encuentran a disposición de la ciudadanía en el portal de datos abiertos de la Dirección de Protección Ambiental y Dirección de Minería. Repudiamos las expresiones que pretenden desacreditar el trabajo de los profesionales intervinientes en este proceso, e invitamos a la comunidad a informarse objetivamente y a participar en un diálogo constructivo sobre el desarrollo sostenible de nuestra provincia", dijo la funcionaria de Cornejo.
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Una cautelar busca frenar el efecto dominó de la minería en Salinas Grandes

Fecha de Publicación: 20/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


El Tribunal canceló los plazos que había otorgado a la Comunidad El Angosto para que conteste los argumentos que presentaron el gobierno jujeño y una minera. Se juega el inicio de la explotación de litio en el único humedal donde las empresas aún no lograron plantar bandera.
La Comunidad Aborigen El Angosto presentó en octubre pasado un amparo ambiental ante el Juzgado Ambiental Civil de Jujuy cuestionando la legalidad del estudio de impacto que presentó una empresa para acceder a la exploración del subsuelo en el área del expediente minero 94-B-2002. Los demandados son el gobierno jujeño y la empresa minera concesionaria, que además buscan legitimar un acuerdo firmado en marzo pasado con la Comunidad Aborigen de Lipán. Autorizaría el ingreso de esa minera al espacio denominado Mina Agonic. El pedimento minero se encuentra dentro del distrito El Moreno, no muy lejos de los parajes El Moreno y El Angosto, en el departamento Tumbaya.
Con el patrocinio de la abogada jujeña Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la medida cautelar busca evitar que se provoque un daño grave e irreparable al ambiente del humedal. Por ese motivo, la Comunidad planteó la nulidad de la concesión sobre Agonic que otorgó el gobierno jujeño a una empresa minera.
El juez que tramita el amparo, Armando Puca, celebró la primera audiencia el 1 de diciembre pasado. Asistieron de un lado el gobierno jujeño, la empresa minera y la Comunidad de Lipán; del otro, la Comunidad El Angosto y sus representantes legales. Al concluir, el juez le otorgó a la Comunidad El Angosto diez días hábiles -que vencían este lunes- para presentar argumentos e informar novedades en relación a la presentación que realizaron las demandadas.
Sin embargo, el 5 de diciembre informó a las y los demandantes que había decidido suspender hasta nuevo aviso el tiempo que les había otorgado para contestar lo planteado por los demandados. "Ampliar el plazo", respondieron los representantes legales de El Angosto, "implicaría una vulneración a los principios de preclusión, congruencia e igualdad que deben regir en todos los procesos judiciales". Por lo tanto, el Juzgado Ambiental jujeño estaría violando la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional; el 29 de la Constitución de Jujuy reformada, y también el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. FARN y Chalabe recordaron en la demanda que "los impactos de la actividad exploratoria no (fueron) debidamente estimados ni cuantificados" en el estudio que presentó la minera, y la empresa no informó con precisión la localización de los pozos exploratorios.

Un impacto que busca entrar por la ventana
Las y los originarios de El Angosto discuten la validez del impacto ambiental que presentó Lithos Minerales del Norte SA. Se trata de una autorización clave para concluir con los trámites legales que le permitirán a esa empresa comenzar a explorar sales de litio sobre casi dos mil hectáreas en el borde sur de Salinas Grandes. "Es un caso emblemático", explicó a Salta/12 la abogada Alicia Chalabe. Argumentó que si la empresa minera obtiene la autorización para iniciar el proceso de exploración de sales de litio en Agonic, "lo hará sin datos técnicos suficientes que deberían estar resueltos dentro del informe de impacto ambiental".
En la audiencia del 1 de diciembre, los representantes legales del gobierno jujeño, JEMSE, y la empresa minera plantearon la falta de legitimidad de las y los comuneros de El Angosto para impugnar el estudio de impacto. Solicitaron además que se archive la acción de amparo porque ese Juzgado Ambiental Civil sería incompetente para tramitar la medida cautelar presentada por El Angosto. La defensa de los demandados entendió que el daño a las comunidades -por su modo de vida y disponibilidad de recursos como el agua- sería cuestión que, de existir, serían  competencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy.
El gobierno provincial y la Sociedad del Estado JEMSE defienden la concesión y factibilidad del estudio de impacto ambiental que ya realizó Lithos. Por su parte, los demandantes cuestionan no solamente el impacto, sino el procedimiento por el que obtuvo la licencia social de la Comunidad Aborigen de Lipán.
Ese estudio tuvo objeciones, presentadas por técnicos y especialistas en una reunión celebrada en abril pasado en la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial. La UGAMP depende de la Secretaría de Minería de Jujuy. Chalabe contó a Salta/12 que un veterinario opinó en ese encuentro que en su estudio la minera "no ubicó en territorio dónde se encuentran las aguadas". Otros especialistas de organismos provinciales aseguraron "que el modelo que presentó la minera en Agonic" les resultó "meramente teórico". Informaron además que la empresa no detalló dónde trazaría los caminos de ingreso y salida que utilizarán los vehículos cuando se desplacen sobre esa porción de Salinas Grandes. Discreparon sobre el volumen de agua potable que la empresa calculó utilizará en el proceso productivo. Tampoco les quedó claro el volumen de agua no potable que utilizará la minera durante la exploración del subsuelo de Agonic.
Sobre la licencia social, en la audiencia del 1 de diciembre el gobierno de Jujuy aseguró que cuenta con la autorización de la Comunidad Aborigen de Lipán. En una nota firmada en noviembre de 2023, varios comuneros y comuneras de Lipán afirmaron que autorizaron "sin presiones" a esa minera y que entienden que la explotación de sales de litio beneficiará a esta población. En la audiencia el gobierno jujeño aseguró además haber celebrado "una nueva reunión con esa comunidad" y que "rubricaron el acuerdo ante escribano público". Por ese motivo, la empresa afirma que cuenta con la autorización para iniciar la exploración.

Frenar el efecto dominó
Si el Juzgado Ambiental Civil jujeño finalmente falla a favor de los demandados, sentará un precedente que habilitará a esa y otras empresas mineras a iniciar operaciones de exploración de sales de litio alrededor del humedal altoandino. "Tienen muchísimos pedimentos sembrados", señaló la abogada jujeña, en alusión solamente a las concesiones que ya otorgó el gobierno jujeño en favor de Lithos Energía SA y Lithos Minerales del Norte SA.
Por ese motivo el gobierno jujeño busca que el acuerdo "rija a rajatabla, como si una comunidad funcionara como una sociedad anónima por la decisión de un presidente", insistió Chalabe. Durante la audiencia por la cautelar, la abogada recordó que no todos y todas las comuneras de Lipán concedieron el permiso en favor de la minera.
Chalabe argumentó también -junto a Andrés Nápoli, de FARN- por qué es legal el planteo de la Comunidad El Angosto. "Por el croquis de Mina El Engaño surge la superposición con mis representados. A raíz de esa colindancia entre ambas minas -El Engaño y Agonic- más el relevamiento de la Secretaría de Pueblos Indígenas, no solamente Lipán sería superficiaria de Agonic, sino también El Angosto", precisó. Es un argumento clave, porque ni el gobierno jujeño y ni la empresa transnacional cuentan con la autorización de la Comunidad El Angosto para operar en Agonic. "Las colindancias no son las que ellos dieron y los presentantes de la demanda de amparo no dieron el acuerdo", argumentó la abogada. En el segundo cuerpo del expediente, figura que el 6 de febrero de 2020 la Secretaría de Pueblos Indígenas informó únicamente que "en sus registros gráficos Mina Agonic se encuentra ubicada en la Comunidad Aborigen de Lipán, departamento Tumbaya".
"Si el fallo sale contrario a nuestra demanda, vamos a apelar hasta las últimas consecuencias", aseguró Chalabe. El proceso continuaría en el Tribunal Contencioso Administrativo jujeño antes de recalar en la Suprema Corte de Justicia de esa provincia y luego en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Nuestro trabajo radica en fundar la falta de legalidad", insistió Chalabe. "No se trata solamente de (cumplir con) la consulta previa, libre e informada", aclaró.

Diez años después, respondió la Corte IDH
Además del amparo ambiental que presentó la Comunidad El Angosto, el resto de las comunidades indígenas de la cuenca altoandina fueron notificadas en noviembre pasado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió para su tratamiento una denuncia que elevaron hace una década por la falta de cumplimiento de la consulta previa en los pedimentos mineros de litio en Jujuy y Salta.
Se trata de un pedido que elevaron en 2013 y recorrió todos los tribunales –provinciales y nacionales– antes de llegar a la instancia internacional. Al igual que en el amparo que se tramita en el Juzgado Ambiental de Jujuy, en la denuncia de 2013 participaron Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
"Hasta el momento los procuradores de las dos provincias remitieron informes que solicitó la Corte Interamericana", adelantó Chalabe. "Mientras Jujuy criticó a las comunidades de Salinas Grandes, Salta aseguró que no hay exploración de litio en Salinas Grandes", comentó la abogada jujeña. Sin embargo, la capa de catastros mineros de Salta -disponible en el geoportal IDESA y actualizada a octubre de 2023- informa que existen concesiones en el sector de Salinas Grandes que pertenece a la jurisdicción de Salta, es decir, en el departamento La Poma. La documentación digital muestra pedimentos mineros otorgados en favor de a Lithum S Corporation SA, una empresa minera en la que participan Rincón Mining Pty Limited (Australia) y Sandfire Resources American. La información fue cotejada en el Boletín Oficial de Salta.
Debido a la aceptación de la Corte IDH, el Estado salteño reglamentó por decreto, el 7 de noviembre pasado, el "Acuerdo Interprovincial para la Gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes". Se trata de un convenio que en 2020 suscribieron los gobiernos de Jujuy y Salta. El salteño creó esa comisión para realizar "estudios hidrogeológicos a fin de establecer una línea de base de la cuenca” de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se comprometió a estudiar “su hidrología y capacidad" y a diseñar "los mecanismos necesarios para la (...) evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región".
Por ahora, el valor de la batalla legal que sostienen -en varios frentes- la mayoría de las comunidades originarias del humedal altoandino radica en que ese espacio es el único donde las empresas mineras todavía no lograron ingresar con sus proyectos de exploración. Por ahora, las y los originarios continúan defendiendo el agua y su estilo de vida de las condiciones que impone el extractivismo minero.
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