“El DNU refleja el negacionismo de Milei a la crisis ambiental”

Fecha de Publicación: 26/12/2023
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional


En diálogo con LNM, el abogado especialista en ambientalismo Darío Ávila reflexionó sobre las medidas que el Presidente incluyó en su primer Decreto de Necesidad y Urgencia y que vuelve atrás varias conquistas.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que difundió el presidente Javier Milei esta semana continúa generando polémica con medidas que afectaron a distintas áreas y marcaron el retroceso en varias conquistas que llevaron años de lucha y trabajo para poder sancionar una ley que amparara derechos colectivos.
En el caso de la lucha ambientalista, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) difundieron el jueves un comunicado en el que expresaron su más enérgico repudio al Decreto Nº 70/2023 al cual tildaron de “inconstitucional” y contrario a los mandatos convencionales y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia ambiental.

“Pedimos la suspensión del decreto”
“Advertimos con profunda preocupación la orfandad de fundamentos que presenta el referido decreto a fin de sustentar las reformas y derogaciones legales. No existe rigurosidad técnica ni argumentos jurídicos sólidos que justifiquen mínimamente las reformas postuladas”, indica en el que advierte que el Poder Ejecutivo emite arbitrariamente con el DUN disposiciones de carácter legislativo.
“En el marco de la grosera inconstitucionalidad del decreto 70/2023, y los efectos regresivos en materia socioambiental, la pérdida de soberanía y control público sobre nuestros bienes comunes, solicitamos urgente al Presidente de la Nación la urgente suspensión del mismo”, expresa el comunicado.
Es que el primer Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó Javier Milei en un discurso que dio por cadena nacional avanza en al menos tres aspectos preocupantes en torno al cuidado y defensa del medioambiente y a los compromisos que Argentina tomó con la firma de acuerdos internacionales.
El abogado especialista en medio ambiente Darío Ávila enumeró en diálogo con La Nueva Mañana, al menos tres leyes que, si son derogadas, tendrán un grave impacto en materia de derechos ambientales.

Ley de Manejo del Fuego
En primer término, Ávila aclaró que el DNU no hace mención a la derogación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego como tal. Sin embargo, Milei la enumeró entre las 30 normativas que derogaría y que difundió la comunicación de la Presidencia.
A lo que alude es a la modificación de la misma a través de la Ley 27.604, que prohíbe el cambio de destino de áreas protegidas y humedales, luego de que éstas hayan sido arrasadas por el fuego.
Tras la sanción de la ley que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, se modificó el artículo 22 bis, porque impone una prohibición por seis años en aquellos lugares donde se hubiesen producido incendios, ya sean intencionales o no intencionales, de realizar subdivisiones, loteos o fraccionamientos, ventas y avance en edificación del proyecto que originalmente estuviese proyectado en dichas tierras. “Esta modificación tenía una clara finalidad: que esos bosques nativos que sufrieron esa degradación por incendio sean recuperados, sean remediados”, señaló Ávila.

“No hay una mínima mención a la emergencia ambiental y climática”
“Cuando ese proyecto de ley es elevado al Congreso para su debate, se mencionó entre los argumentos la existencia de una práctica bastante habitual de utilizar al fuego como instrumento para eliminar a los bosques nativos, que están protegidos por otra ley de Presupuestos Mínimos. Allí se describen áreas rojas y amarillas y se establecen prohibiciones de realizar cualquier tipo de actividad relacionada a intereses desarrollistas, inmobiliarios, de actividad minera y agropecuaria”, recordó el abogado.
Para el abogado ambientalista, la decisión no fue arbitraria, ya que se encolumna con el listado de medidas que toma para poner a la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho, desregulando cualquier tipo de limitación que pudieran haber sido reglamentada por Ley.
“Claramente esta connotación ideológica está plasmada desde el artículo N°1 del DNU, ya que lo primero que declara es la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social´. No hay una mínima mención a la emergencia ambiental y climática, lo cual demuestra ese componente negacionista que mostró durante la campaña al no reconocer la existencia de una crisis ambiental y la problemática del cambio climático. Es preocupante que estos temas no estén dentro de la agenda de prioridades del Gobierno”, aseguro Ávila.

Derechos colectivos y propiedad privada
“Milei pone a la propiedad privada por encima de un montón de otros derechos constitucionales que han tenido reconocimiento a través de fallos dictados por la propia Corte Suprema de Justicia que siempre priorizó los derechos colectivos por sobre la propiedad privada, en especial aquellos relacionados a la salud, la vida y el derecho al ambiente”, explicó.
“Claramente, el Presidente toma una postura absolutamente economicista, utilitarista, y privatista de defensa a ultranza de la propiedad privada por encima de otros valores, que a partir de la reforma constitucional de 1994 tienen rango constitucional y superiores como los derechos colectivos, al ambiente, los derechos previsionales, y todos estos derechos que integran los que se conoce como los derechos de segunda y tercera generación, son derechos que están por encima de la propiedad privada. Milei, a diferencia de la Corte Suprema, vuelve a colocar a la propiedad privada por encima de los derechos colectivos”, indicó Ávila.
En ese marco, cuestionó la derogación de dos puntos mencionados por el DNU. Uno de ellos es la derogación de las leyes N° 24.523 y N° 24.695 de Minería.

Minería: “Se disuelven los registros de extracción de los recursos naturales”
La Ley N° 24523 regula el Sistema nacional de comercio minero y dio lugar a la base de datos de comercio minero, los centros de información y consulta, los agentes de información y los usuarios. “El objeto es aportar información sobre la oferta y la demanda interna y externa de los productos y subproductos mineros”, reza la normativa.
La Ley N° 24.695 crea el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos. Con esta normativa se conoce quiénes explotan las canteras y los yacimientos mineros y la cantidad de trabajadores que emplea.
“Todo eso ya no se podrá saber. Se disuelven los registros de extracción de los recursos naturales que hoy están a disposición de los ciudadanos como información pública”, explicó Ávila.

Sin subsidios para promover la energía renovable.
También hizo referencia al impacto negativo que tendrá desactivar el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica establecido por la Ley 27.424. La misma establece el marco regulatorio para que todos los ciudadanos conectados a la red eléctrica pública y que cuenten con un equipo solar fotovoltaico puedan generar energía para su autoconsumo en hogares, pymes, grandes industrias, comercios, producciones agrícolas, entes públicos u organismos oficiales y que el excedente se pueda inyectar a la red de distribución. Con esta acción, Ávila señaló que el Estado ya no otorgará subsidios de incentivo para promover el equipamiento para fomentar el uso de energías renovables.

Milei, con una postura contraria al Acuerdo de París
Por último, el abogado advirtió sobre el posible incumplimiento de acuerdos internacionales y multilaterales como el que tiene por objeto la lucha contra el cambio climático. “El acuerdo de París al cual adhirió nuestro país tiene por objetivo precisamente que los Estados deben adoptar medidas de mitigación y de lucha en contra del cambio climático, y cuya principal medida tiene que ser abandonar la utilización del combustible fósil, porque es la principal fuente de emisión de gas de efecto invernadero. La propuesta del acuerdo es que al año 2050 tenemos que llegar a la descarbonización. Es decir, dejar de utilizar los hidrocarburos como fuente generadora de energía para evitar que se siga incrementando la temperatura media normal a escala planetaria y que no se supere el 1,5 grado de los niveles que se obtenían durante la época preindustrial”, recordó.
“Todos los Estados que han firmado este acuerdo se comprometen en solidaridad y cooperación con los valores que promueven estos acuerdos multilaterales, tomando consciencia de que si esta lucha debe llevarse a cabo de manera conjunta. Milei ha demostrado tener una postura totalmente contraria a ese compromiso que la Argentina asumió en 2015 cuando suscribió el Acuerdo de París”, enfatizó Ávila.
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Aguas del Norte deberá atenuar el vertido de desechos al Arenales

Fecha de Publicación: 26/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La Justicia le ordenó presentar un plan de contingencia urgente en las próximas 48 horas hábiles.
En el marco de la audiencia solicitada con carácter de urgente por el Ministerio Público Fiscal por la contaminación hídrica en el río Arenales, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, intimó a la empresa Aguas del Norte que dé estricto cumplimiento a lo ordenado oportunamente en la sentencia del amparo de 2018 y cese inmediatamente el vertido de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado en el río Arenales.
Para la semana que viene deberá presentar además, en un plazo de 48 horas hábiles, un Plan de Contingencia Urgente para atenuar o suprimir los efectos nocivos del vuelco de deshechos cloacales en el río. El proyecto deberá contemplar plazos de ejecución razonables y próximos en atención a la situación de alerta epidemiológica por el brote de salmonella que existe en la ciudad de Salta. Mientras, la empresa sostuvo que la obra final que impediría el vuelco del fluido, recién se finalizaría en 2025.
La audiencia se convocó por un pedido que elevó la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, luego de una resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), que el lunes último confirmó que una finca de hortalizas ubicada en el camino a La Isla había realizado una toma ilegal sobre el lecho del río, a solo 20 metros del vertido del líquido cloacal.

Más letreros
Por pedido de la Unidad Fiscal, Colombo también ordenó al municipio de Salta la colocación de letreros indicativos de fácil lectura en todos los lugares de acceso público a lo largo del trayecto del río que cruza la ciudad de Salta. Todo ello deberá estar cumplido y acreditado para el 15 de enero.
Esta disposición se reitera pues ya desde 2018 se había ordenado su ejecución en la resolución de un amparo presentado por vecinas y vecinos de la ribera del Arenales. Este amparo se presentó en 2011, luego de que por una inundación y la crecida del río, vecinas y vecinos perdieran la totalidad de sus pertenencias. Ya en aquel momento se alertaba sobre los efectos nocivos en la población a causa de la contaminación.
También se resolvió que los estados provincial y municipal y la empresa Aguas del Norte pongan en marcha una amplia campaña de difusión para prevenir el uso o utilización del río Arenales debido a la contaminación existente, por cualquier medio de difusión masiva.

Vigilancia
El juez Colombo también estableció que se deberá realizar una demarcación y vigilancia sanitaria de las zonas consideradas peligrosas, de manera conjunta por parte de la Provincia y la Municipalidad. Esto implica verificar el cese de la actividad clandestina e ilegal desplegada por productores ribereños del río Arenales y de la captación de aguas contaminadas con efluentes vertidos en su sistema cloacal, destinada al riego de sembradíos y cualquier otra utilización clandestina que se detecte.
El fallo dispone que la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta deberá de manera urgente controlar las malezas en las adyacencias de las zonas afectadas; limpiar inmediatamente los obstáculos a lo largo del curso del río para evitar zonas de aguas quietas; evitar y controlar la distribución y utilización de agua del afluente para riego y consumo humano o de animales, bajo apercibimiento de multas.

Una situación conocida
En la decisión del juez se recordó que el Ministerio Público Fiscal viene advirtiendo desde 2022 sobre los riesgos de la contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales. El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó en abril de 2023, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el fiscal penal Federico Jovanovics; el fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Rodrigo Erazo Schmidt, el secretario relator de Medio Ambiente, Sebastián Lloret, y la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Leonor Barrenechea, con el objetivo de proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de los ríos Arias y Arenales.
La formación de esta Unidad resolvió diversos obstáculos, entre ellos unificando la atención de expedientes relacionados con la contaminación de los ríos y acumulando otras causas en trámite para mejorar la atención integral en toda la subcuenca hídrica, tal como indican los protocolos técnicos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ya el primero de diciembre pasado, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales puso en conocimiento del Juzgado que continuaba el vuelco de líquidos cloacales en el lecho del río, sin adecuado tratamiento. Pidió nuevamente que se haga una audiencia pública y requirió la colocación por parte de Aguas del Norte de cartelería en la zona de la planta depuradora, con la advertencia de que las aguas no son aptas para consumo, uso, ni riego, y que implican un grave riesgo para la salud.
Como no se resolvió su pedido, el 20 de diciembre el Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia urgente, que finalmente se hizo el viernes último.
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Científico argentino revela la situación alarmante de los polinizadores y su impacto en la agricultura

Fecha de Publicación: 25/12/2023
Fuente: Redacción Veintitrés
Provincia/Región: Nacional


Científico argentino explica la importancia de los polinizadores, su disminución a nivel global y el impacto de la actividad humana en esta problemática. La falta de polinizadores amenaza la reproducción de plantas cultivadas, poniendo en riesgo la producción de alimentos. La introducción de especies exóticas, la agricultura intensiva, el calentamiento global y el uso de pesticidas son factores que contribuyen a la disminución de la diversidad de polinizadores. A pesar de las limitaciones, la ciencia argentina se destaca en el campo de la ecología. (200 caracteres)
Marcelo Aizen, biólogo argentino reconocido por su trabajo en ecología de la polinización, comenzó su carrera en un programa para traer científicos que habían emigrado durante la dictadura. Durante un viaje a Chile para promocionar el programa argentino, escuchó a Peter Feinsinger hablar sobre las interacciones planta-polinizador y decidió investigar ese tema. Aizen viajó al extranjero y luego regresó para realizar su tesis de doctorado, contando con Peter como su director informal. En aquel momento, pocos le daban importancia a su trabajo, pero en los últimos años el tema de la polinización se ha vuelto relevante a nivel mundial debido a su impacto en el medio ambiente y la economía.
Aizen dirige actualmente el Grupo de Ecología de la Polinización (ECOPOL) en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), formado por científicos del Conicet. Recientemente, fue reconocido con el Premio Houssay Trayectoria por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En una entrevista, Aizen habló sobre la importancia de los polinizadores, la crisis que enfrentan a nivel mundial y el impacto de la actividad humana en esta situación.
Cuando se menciona la palabra "polinizadores", usualmente se piensa en las abejas, pero en realidad hay una gran variedad de especies que cumplen esta función. Además de las abejas, existen moscas, escarabajos, avispas, mariposas, polillas, crustáceos marinos y aves como los colibríes. A nivel global, las abejas son las polinizadoras más conocidas, pero hay alrededor de 20 mil especies de abejas en todo el mundo. La mayoría de ellas son solitarias, aunque también existen abejas sociales y abejorros.
La situación de estas especies polinizadoras es preocupante. Su declinación no solo afecta la reproducción de plantas silvestres, sino también de plantas cultivadas. Las tres cuartas partes de los cultivos dependen en cierta medida de los polinizadores. Si bien los cereales son polinizados por el viento, otros cultivos como los frutales y las oleaginosas sufren una disminución en su producción cuando los polinizadores escasean. En el caso de las abejas, hicimos un estudio que reveló que actualmente hay entre un 25 y un 30 por ciento menos de especies de abejas en comparación con hace 40 años.
Otro problema que enfrentamos no es la falta de polinizadores, sino el exceso de ellos. En la Patagonia, por ejemplo, el abejorro europeo se ha convertido en una especie invasora que amenaza a la abeja nativa. Esta introducción se ha dado debido a su uso en la polinización de cultivos de invernadero y a cielo abierto. Sin embargo, esta especie invasora termina alterando el equilibrio natural y perjudicando la reproducción de las plantas.
El impacto de la actividad humana en este desequilibrio es total. La introducción de especies exóticas, la agricultura intensiva y extensiva, el calentamiento global y el uso de pesticidas son las principales causas de la disminución de la diversidad de polinizadores. Estas mismas causas también afectan la diversidad en general.
Aunque la ciencia argentina ha enfrentado muchas limitaciones, se destaca por su calidad. La falta de recursos ha sido compensada con creatividad, aunque también ha limitado el tipo de preguntas que se pueden plantear y responder. En el campo de la ecología, Argentina ha ganado reconocimiento internacional, siendo Sandra Díaz una de las ecólogas más destacadas en el país y a nivel global.
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Desequilibrio en el ecosistema y foco de enfermedades: este es el ciervo que Corrientes quiere declarar plaga

Fecha de Publicación: 25/12/2023
Fuente: TN
Provincia/Región: Corrientes


La especie fue declarada como “exótica invasora” en el país, compite con la fauna autóctona y una de las posibles soluciones en la provincia es habilitar la “caza plaguicida”
El Senado provincial correntino dio media sanción a un proyecto de ley para declarar al ciervo axis como plaga ante el daño que provoca esta especie exótica en el ecosistema de la región. Señalaron que compite con fauna autóctona y que es un potencial reservorio de enfermedades, además de que trae consecuencias en rutas de la provincia porque se mueve en manada. Una de las soluciones que menciona la normativa es habilitar la caza para frenar el crecimiento de la población.
A mitad de noviembre, el Senado correntino dio media sanción a un proyecto de ley que declara a los ejemplares de ciervo axis salvajes como plaga “teniendo en cuenta su efecto dañino y perjudicial para la actividad productiva”, por lo cual serán “susceptibles de caza plaguicida”.
El ciervo axis es oriundo de Asia (India, Sri Lanka y Nepal) y se introdujo en Corrientes en la década de 1990. La situación estaba controlada hasta hace algunos años, que pasó de verse marginalmente en ciertos sectores a mostrarse en ciudades y conurbanos. La situación, aseguraron en la Dirección de Fauna de la provincia, tiene especial atención en el centro y el sur.
Fue declarado en 2021 por el entonces Ministerio de Ambiente Nacional como “especie exótica invasora, categoría 2″. Este tipo de especies precisan, según la Lista oficial de especies exóticas, de políticas para minimizar sus impactos y toda acción sobre los ejemplares deben implementarse adoptando medidas de prevención, control o mitigación.
Al no tener un depredador natural, en la actualidad configura un problema por sus perjuicios sobre disputa de pasturas con otras especies y forrajes de maíz, así como en rutas ya que es un animal rápido, que se mueve en manadas grandes y tiene actividad nocturna.
La ruptura del equilibrio del ecosistema es uno de los principales problemas a atender, según contó a a TN el investigador Sebastián Cirignoli, del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba): “Las especies nativas tienen un montón de presiones externas que ocasionan, principalmente, la pérdida y fragmentación de sus hábitats, como para que se le agregue una amenaza más”.
Uno de los principales perjuicios recae en las enfermedades que puedan portar estos ciervos. Hay dos potenciales peligros: la tuberculosis bovina y un tipo específico de garrapata que puede ser vector de patologías que la fauna autóctona no pueda combatir.
“Tenemos bastantes problemas porque se reproduce mucho y ya tenemos una pequeña invasión en los esteros del Iberá que perjudica a las especies autóctonas”, agregó a TN el director de Recursos Naturales de la provincia, Agustín Portela. Aseguró también que hay ejemplares que “están entrando en territorio misionero”.
Además, Cirignoli hizo foco en los peligros que significan cruzarse con una manada en las rutas correntinas. Según el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales, se mueven en grupos de 5 a 10 ejemplares, número que puede alcanzar, ocasionalmente, los 200 individuos. “Cada vez hay más accidentes en la Ruta Nacional 14, hasta hubo muertes. El ciervo axis se mueve en grandes manadas y de noche ya que son bastante nocturnos”, detalló el investigador.

Caza para “equilibrar”
La única medida hoy, admite Portela, es el incremento de la cantidad de ejemplares de ciervos axis que se pueden cazar por día: lo aumentaron de uno a tres por jornada de caza. “Es en forma paliativa y es la única medida para poder equilibrar la superpoblación, pero nunca es suficiente”, afirma.
La posible sanción de la ley, anticipa, podrá “ayudar” a aumentar incluso más ese cupo por jornada, aunque pretenden llegar a un consenso “con dueños de campos y con ambientalistas”. El funcionario indica que en la zona centro y sur de la provincia “hay muchos cotos de caza como única medida para equilibrar la sobrepoblación”, aunque remarca la necesidad de “ordenar los cotos por una cuestión de seguridad”.
“Estamos trabajando en un plan de manejo con intendentes que están donde más se dio el crecimiento de la población de ciervos axis. Produjo mucho daño en competencia por la pastura y en algunas siembras de maíz, pero no queremos que sea simplemente un exterminio”, explica Portela.

Sin estudios
Para Cirignoli, el ciervo axis representa una especie que compite con la fauna autóctona: “Sumamos una amenaza de peligro de extinción porque traen enfermedades que las especies nativas no están preparadas para recibir. Los programas de erradicación de (especies) exóticas cuestan millones de dólares”.
El investigador aclara que, a pesar de los “daños tangibles” que ocasiona este animal y los riesgos de introducir una especie exótica en un ecosistema determinado, “no hay un trabajo científico que haya estudiado el impacto del ciervo axis en la fauna nativa en nuestro país”.
De todos modos, destaca que sí encontraron, en los esteros del Iberá, que los ciervos axis son un “reservorio de enfermedades que están en el ambiente pero que habría menos si no estuviesen los animales para mantenerse y amplificarse”. Y remarca: “Un ecosistema o comunidad funciona de manera armónica. Si a esa red le agregás una pieza de más, estás rompiéndola”.
En tanto, aclara que elaborar un programa de “captura y traslado de animales a un santuario o a su lugar de origen no es practicable y costaría muchísimo dinero”.
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Vuelven a inspeccionar Comarsa por denuncias de contaminación

Fecha de Publicación: 23/12/2023
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La Justicia sigue los controles en la sede de la empresa de gestión de residuos petroleros, en la meseta neuquina.
La Justicia neuquina inició este jueves el tercer allanamiento en las instalaciones de Comarsa, la empresa de gestión de residuos petroleros, a partir de denuncias de contaminación. Ya habían realizado inspecciones en diciembre de 2020 y 2021 para recolectar y analizar muestras de aguas y suelo, con el objetivo de comprobar si se vieron afectadas por el acopio de residuos peligrosos sin respetar las medidas de seguridad ambiental.
Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, por pedido del fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, y con la autorización de un juez de garantías, en la mañana de este jueves se inició un allanamiento en las instalaciones de Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa), ubicada en un sector de la meseta de la ciudad de Neuquén.
El operativo es el tercero que se desarrolla en las instalaciones de la empresa y se enmarca en una investigación surgida a partir de una denuncia por acopio de residuos peligrosos sin tratamiento, “sin las medidas básicas para asegurar que no se contamine el ambiente” y “a escasos metros de barrios de viviendas”.
Según se indicó, la fiscalía especializada apunta a tomar “muestras de suelo, de aguas y de cualquier otra matriz ambiental” que pueda haber sido afectada por el acopio del material; documentación (habilitaciones ambientales, resultados de monitoreos ambientales, auditorías internas y externas, controles de ingreso y egresos de la planta, manifiestos de transporte y tratamiento de residuos peligrosos, registro diario de operaciones, planos de infraestructura, entre otros) y dispositivos electrónicos, computadoras y unidades de almacenamiento.

El allanamiento
El operativo se realiza bajo las instrucciones del fiscal jefe y de la asistente letrada Julieta González, con el respaldo de la Policía de la Provincia.
En el pedido de autorización remitido al magistrado de turno, desde el MPF se hizo hincapié en que desde 2015 rige un decreto provincial -2263/15- que regula la ubicación de las plantas de tratamiento de residuos especiales. El mismo ordena su instalación “a una distancia mínima de ocho 8 kilómetros de zonas urbanizadas o con proyectos de urbanización, considerando las proyecciones de crecimiento poblacional para los próximos veinte 20 años”; y estableció un plazo de 2 años para que las plantas existentes se adecuaran a normativa.
Dado que el predio a inspeccionar ocupa 17 hectáreas, el fiscal jefe solicitó la autorización para que el operativo se extienda por 48 horas, por lo que las tareas podrán desarrollarse incluso durante la jornada de mañana.

El gobierno actual había pedido informes
Algunos de los funcionarios que hoy forman parte del gobierno de Rolando Figueroa, como Marcelo Zúñiga o Soledad Martínez, habían presentado una solicitud de informes sobre los derrames de la firma Comarsa cuando representaban a la oposición, en marzo de este año.
En rueda de prensa los referentes calificaron a la situación “como una gran irresponsabilidad, dado que Comarsa es un basurero petrolero que ha constituido el desastre ambiental más importante de la ciudad de Neuquén y se viene denunciando desde hace muchos años con pedidos de intervención hasta en la Justicia”.
Santiago Nogueira, que también integra el frente Nequinizate, había señalado que allí se alojaban hasta hace poco 300 mil metros cúbicos de residuos petroleros sin tratar y “nunca se cumplieron los planes anunciados de cierre, de biorremediación, ni de traslado de residuos- sin tratar- a disposición final, lo que también era igualmente una barbaridad”. Destacó que “Comarsa es una larga historia de mentiras, complicidades e incumplimientos”.
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DNU de Milei: ¿qué cambiará en la ley de manejo del fuego?

Fecha de Publicación: 23/12/2023
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El decreto del Gobierno nacional establece en su encabezado que esa norma también está entre las modificadas. Pero en el texto completo aparece una sorpresa.
Al anunciar en la noche de este miércoles el vasto Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que establece muy diferentes desregulaciones en materia económica y laboral, el presidente Javier Milei hizo referencia en su discurso de presentación a la inclusión en la larga lista de “una modificación de la Ley de Manejo del Fuego”.
Pero la lectura de los textos completos del DNU, publicados en el Boletín Oficial, arrojan una sorpresa: no hay ninguna referencia específica a ese tema. Sólo quedó en los títulos.
A horas de conocerse el decreto, se especula con dos posibilidades: o se trató de una omisión y ese punto quedó olvidado de ser incluido en el texto final o hubo una decisión de último momento para, al menos en esta instancia, no incorporarlo.
La ley nacional 28.815 de manejo del fuego, que regula lo referido a los incendios rurales y forestales en el país, fue aprobada en el Congreso en 2012. A fines de 2020, en tanto, se sumó la ley 27.064 que modificó el tyecto de 2012 en algunos artículos para agregar ciertas prohibiciones. Se supone, en base a las versiones previas circulantes, que eran esas reformas de 2020 las que se pretendía ahora derogar.
El proyecto de reforma de 2020 había sido promovido por el bloque de diputados del Frente de Todos. En ese momento, fue muy cuestionado por el muy sector agropecuario y la oposición votó dividida.
En lo central, esos artículos incoeporados establecían que tras un incendio de campos “sea provocados o accidental” sería prohibida por 30 años “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”. También se prohibía la venta de esos campos para loteos o para proyectos de urbanización.
La refoema surgió en medio de los grandes incendios que afectaron, por meses, a la zona de delta del río Paraná, en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos. Quienes la promovieron planteaban como hipótesis que parte de los inicios de fuegos tendrían como origen a los dueñsos de las tierras que quemaban de modo intencional sus campos para poder avanzar allí luego con el reemplazo del monte o los pastizales por agricultura o con proyectos de urbanizaciones.
Por esos días, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias advertía que la reforma ponía “en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país”, además de dar “por asumida la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia y condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa”.
Aunque la ley era de validez en todo el país, el foco apuntaba sobre todo a los constantes incendios rurales en la zona del rio Paraná.

Para Córdoba
Para Córdoba, esa reforma de la ley nacional de 2020 no implicó grandes cambios en la práctica.
En esta provincia ya estaba vigente una ley menos restrictiva pero con similar sentido, que establece que un área catalogada como zona roja de conservación de bosques nativos por la ley de ordenamiento territirial no puede cambiar de uso no de destino después de ocurrido un incendio, Sin embargo, desde hace años, desde diferentes sectores ligados al ambientalismo se cuestiona que faltan en esta provincia los controles suficientes del Estado para garantizar que sobre un campo con monte quemado no aparezca luego otro uso. Sólo de ese modo, se lograría el objetivo de desalentar que haya quemas intencionales con ese fin.
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Ley de Tierras: qué establece la norma que deroga Javier Milei con el DNU

Fecha de Publicación: 22/12/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que presentó el presidente de la Nación, Javier Milei, incluyó la derogación de la llamada Ley de Tierras, en rigor, Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales que fuera promulgada en diciembre de 2011 y desde entonces resistida por las inmobiliarias rurales.
La norma establece un límite a la compra de campos por parte de extranjeros de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial, la cual es determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales (previsto en el articulo 16 de la ley) en base a su localización, calidad y proporción respecto del municipio o provincia que integren.
Asimismo, fija en el quince por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas físicas y jurídicas no argentinas. Estas, siendo de una misma nacionalidad extranjera, no podrán, en ningún caso, superar el treinta por ciento del porcentual asignado.
La ley también prohíbe la posesión de tierras que sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
En junio de 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se introdujeron varias modificaciones a dicha ley a través del decreto 820/2016. Entre los puntos más relevantes, aclaró el concepto de personas extranjeras (físicas o jurídicas) como aquellas que en forma directa o indirecta formen la voluntad mayoritaria, independientemente de su participación social y establece una presunción de extranjería en caso de que una persona extranjera sea titular del 51% del capital social de la persona jurídica.
También obligó a informar toda modificación en el paquete accionario de personas jurídicas consideradas extranjeras al Registro Nacional de Tierras Rurales. El decreto otorgó, además, facultades al Consejo Interministerial para modificar las equivalencias fijadas por las provincias a fin de que sean razonables desde el punto de vista del tipo de explotación y jurisdicción.
Por otra parte, dispuso la no afectación de derechos adquiridos por las personas extranjeras titulares de tierras rurales previo al dictado de la ley y que, en caso de querer venderlas tendrán permitido adquirir una una extensión equivalente aunque supere el límite de 1.000 hectáreas que fija la norma.
La Ley de Tierras ha sido cuestionada desde hace años por la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) que argumentan que a partir de su sanción, por la menor inversión por parte de extranjeros, se produjo una caída del valor de la hectárea en Argentina que quedó desfasada respecto de la evolución del precio de la tierra rural en otros países, donde la cotización aumentó en la última década.
Previo a la asunción de Milei, la CAIR le solicitó al candidato electo que derogue la Ley de Tierras o bien que la modifique otorgándole racionalidad para promover el ingreso de capitales. Lo consideran como uno de los "pedidos urgentes y necesarios para que el país pueda salir adelante lo antes posible". Por eso, la cámara puso a disposición sus equipos técnicos para acercar propuestas e inquietudes del sector inmobiliario rural.
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La Unión Europea destina 630.000 euros para proyecto de biodiversidad en Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 22/12/2023
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La financiación respaldará el proyecto "Acción por la Biodiversidad", enfocado en fortalecer organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para la valoración de bosques y humedales en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
La Unión Europea destina 630.000 euros para proyecto de biodiversidad en Tierra del Fuego La Delegación de la Unión Europea en Argentina anunció la firma de un contrato de subvención por 630.000 euros a favor de ICLEI (Red de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad), en el marco de la "Agenda Verde". La financiación respaldará el proyecto "Acción por la Biodiversidad", enfocado en fortalecer organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para la valoración de bosques y humedales en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Luca Pierantoni, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, fue el encargado de difundir esta información a través de las redes oficiales del organismo europeo. Según explicaron, el proyecto tiene como objetivo central la valorización de bosques y humedales en la región de Tierra del Fuego, apuntando a fortalecer la conciencia ambiental y la sustentabilidad en estos ecosistemas vitales.
El financiamiento de 630.000 euros está destinado al trabajo de ICLEI, una red global compuesta por más de 2,500 gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible. ICLEI detalla en su web oficial estar presente en más de 125 países, para influir en las políticas de sostenibilidad y promover la acción local para un desarrollo bajo en carbono, basado en la naturaleza, equitativo, resistente y circular.
Lo notable de este proyecto es que, según el sitio web oficial de ICLEI (https://americadosul.iclei.org/es/asociados/), la red de incidencia enumera a los referentes locales asociados de Argentina donde explican tener relación con socios de las ciudades de Avellaneda, Buenos Aires, Córdoba, Esteban Echeverría, Godoy Cruz, La Plata, Misiones, Pérez, Rosario y Santa Fe, aunque no figuran asociados de la Patagonia ni de Tierra del Fuego, ya sea de la parte chilena o argentina.
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Argentina hará los primeros envíos a España de harina de soja libre de deforestación

Fecha de Publicación: 21/12/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La Argentina enviará en los próximos meses a España los primeros embarques de harina de soja libre de deforestación.
El anuncio se realizó durante un acto realizado en la embajada argentina en Madrid, con la participación de las principales entidades agroexportadores del país, luego de la presentación institucional sobre Visec, la plataforma argentina para soja y carne vacuna libre de deforestación, que estuvo a cargo de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Según se informó en un comunicado, “este encuentro es la continuidad de un proceso de trabajo junto a la cadena de valor española y en consulta con el gobierno de España”.
Además, se indicó que “en los próximos meses llegaran a España los primeros barcos con harina de soja libre de deforestación para poder testear los sistemas en ambos países”.
Asimismo, se precisó que “Visec promueve cadenas de valor de soja y bovinos ambientalmente responsables y económicamente viables, cubriendo todo el territorio del país bajo producción agrícola y ganadera”.
“Resultado del esfuerzo conjunto entre las entidades de productores, acopiadores, corredores, plantas de molienda, frigoríficos y exportadores, junto a la sociedad civil, la ciencia y el Estado”, subrayó el comunicado.
También puntualizó que “ambas cadenas de valor enfrentan inmensos desafíos en términos de los costos adicionales de implementar un sistema de monitoreo, reporte y verificación como es Visec”.
Sin embargo, destacó que “existe el compromiso de posicionarse como proveedor diferenciado de productos libres de deforestación, con garantía de trazabilidad de origen”.
De manera virtual, también expusieron Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y Gerardo Leotta, del Consorcio de Exportadores de Carne ABC.
Visec está administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario, cuenta con el apoyo de Land Innovation Fund y de Al Invest Green de la Unión Europea.
El sistema permite a los exportadores del país trazar e identificar los productos libres de deforestación de otros productos de origen desconocido, en todas las etapas de la cadena de abastecimiento y a los operadores económicos en España poder trazar esos productos hasta llegar al consumidor.
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Los detalles de los tres proyectos mineros que avanzan en la Legislatura de Mendoza   

Fecha de Publicación: 21/12/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Se trata de El Burrero, Las Choicas y La Adriana, yacimientos de cobre ubicados en el departamento sureño de Malargüe.
Los detalles de los tres proyectos mineros que avanzan en la Legislatura de Mendoza Este martes el Senado de la Legislatura provincial dio media sanción a los proyectos mineros de cobre. Se trata de El Burrero, Las Choicas y La Adriana, yacimientos ubicados en el departamento de Malargüe. Los dos primeros tienen su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración, mientras que el tercero cuenta con una DIA de prospección.
El informe de Evaluación de Impacto ambiental contó en su correspondiente proceso con el dictamen técnico de la Facultad e Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), dictamen sectorial de la Municipalidad de Malargüe, dictamen sectorial del Departamento General de Irrigación, el dictamen sectorial de Recursos Naturales y las Declaraciones de Impacto Ambiental. Resta la ratificación legislativa.
En el caso de El Burrero, el proyecto contempla la perforación de 23 pozos exploratorios, cuya profundidad varía entre los 400 y 750 metros, con el objeto de determinar el perfilaje geofísico y evaluar el potencial geológico del yacimiento. Mientras que en Las Choicas y La Adriana se perforarán 17 pozos exploratorios, en cada uno de ellos, de la misma profundidad y con la misma finalidad.
En en El Burrero el equipo de perforación a utilizar estará compuesto por una perforadora doble propósito o una perforadora de diamantina. La perforación de diamantina utiliza un cabezal o broca diamantada, que rota en el extremo de las barras de perforación (o tubos). La abertura en el extremo de la broca diamantada permite cortar un testigo sólido de roca que se desplaza hacia arriba en la tubería de perforación y se recupera luego en la superficie
Las Choicas se encuentra ubicado a 135 km al Noroeste de la ciudad de Malargüe y la superficie a utilizar para las tareas de exploración y el campamento suman unas 350 hectáreas, dentro de unas 8.853 hectáreas de concesión. El Burrero explorará 650 hectáreas.
En el caso de La Adriana, el proyecto tiene una DIA de prospección, en términos generales, consiste en no tener actividad de perforación, sino tareas superficiales, geotécnicas y de interpretación de suelo. La Adriana es una mina de 36 hectáreas compuestas de 6 propiedades mineras.
Según el Gobierno de Mendoza, los tres proyectos están en el marco de Ley 7.722. No se utilizará ninguna sustancia peligrosa y, además, no hay presencia de puesteros en el lugar de trabajo, no hay presencia de cuerpos cavernosos y no se afectará ningún glaciar.
Sobre este último punto, comentaron a MDZ que el "Decreto 820/2006 no decía nada de glaciares y pueblos originarios. Pedimos información sobre la existencia de glaciares. La empresa lo hizo en campo, pero la ley dice que usar el Inventario Nacional de Glaciare y no sólo en línea recta al glaciar desde la exploración. La empresa lo hizo y la información volvió a ser evaluada por la universidad y la conclusión fue que no hay afectación de glaciares".
Los tres proyectos fueron enviados a la Legislatura por el exgobernador Rodolfo Suarez, un mes antes de concluir su mandato. Se suman a los proyectos mineros de Hierro Indio, Cerro Amarillo y, a su vez, Potasio Río Colorado. Tanto La Adriana como Las Choicas y El Burrero, si se obtiene la media sanción en Diputados, tendrán lugar en la nueva administración de Alfredo Cornejo.
La empresa que se hará cargo es Geometales -del grupo Emes, de Marcelo Mindlins-, que es concesionaria de los yacimientos. Geometales, vinculada a Franco Macri, fue sancionada en 2008. Luego, durante el primer mandato de Alfredo Cornejo, en 2018, le dio la razón a la empresa en un recurso de apelación presentado por una Resolución del 2014, cuando le quitaron al concesión del yacimiento "Francesca".
Días atrás, el Partido Verde cuestionó los estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo sobre los tres proyectos mineros y, por ello, desde el establecimiento educativo respondieron con un comunicado: "Respecto a la minería, es imperativo subrayar la importancia del uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de Mendoza. Reconocemos la trascendencia de la actividad minera como motor clave para el progreso económico y social, siempre y cuando se realice de manera responsable y cumpla con la legislación ambiental y minera vigente".
"Rechazamos categóricamente versiones infundadas que buscan desacreditar el trabajo de los profesionales de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. Invitamos a la comunidad a informarse objetivamente y a participar en un diálogo constructivo sobre el desarrollo sostenible de nuestra provincia, asegurando que la minería sea una herramienta para el progreso en armonía con el respeto a nuestro entorno natural y el cumplimiento de las normativas vigentes", indicaron.
"Es relevante destacar la pertinencia, experticia y compromiso de los profesionales involucrados en la evaluación técnica. La Facultad cuenta con expertos altamente capacitados, cuyo dictamen técnico se basa en análisis respaldados por métodos científicos reconocidos a nivel internacional. Están registrados en el Registro de Consultores Ambientales y Centros de Investigación – Categoría A y B, según Resolución 111/2022-SAYOT y Resolución 225/2022-SAYOT de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial", deslizaron.
Incluso, la flamante ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se pronunció al respecto. "Los proyectos mineros "ADRIANA", "BURRERO – MINERA GEOMETALES S.A.", y "LAS CHOICAS – GEOMETALES S.A." constan de una exhaustiva revisión y análisis de documentación, territorialidad, transparencia y profesionalismo. Los informes se encuentran a disposición de la ciudadanía en el portal de datos abiertos de la Dirección de Protección Ambiental y Dirección de Minería. Repudiamos las expresiones que pretenden desacreditar el trabajo de los profesionales intervinientes en este proceso, e invitamos a la comunidad a informarse objetivamente y a participar en un diálogo constructivo sobre el desarrollo sostenible de nuestra provincia", dijo la funcionaria de Cornejo.
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Una cautelar busca frenar el efecto dominó de la minería en Salinas Grandes

Fecha de Publicación: 20/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


El Tribunal canceló los plazos que había otorgado a la Comunidad El Angosto para que conteste los argumentos que presentaron el gobierno jujeño y una minera. Se juega el inicio de la explotación de litio en el único humedal donde las empresas aún no lograron plantar bandera.
La Comunidad Aborigen El Angosto presentó en octubre pasado un amparo ambiental ante el Juzgado Ambiental Civil de Jujuy cuestionando la legalidad del estudio de impacto que presentó una empresa para acceder a la exploración del subsuelo en el área del expediente minero 94-B-2002. Los demandados son el gobierno jujeño y la empresa minera concesionaria, que además buscan legitimar un acuerdo firmado en marzo pasado con la Comunidad Aborigen de Lipán. Autorizaría el ingreso de esa minera al espacio denominado Mina Agonic. El pedimento minero se encuentra dentro del distrito El Moreno, no muy lejos de los parajes El Moreno y El Angosto, en el departamento Tumbaya.
Con el patrocinio de la abogada jujeña Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la medida cautelar busca evitar que se provoque un daño grave e irreparable al ambiente del humedal. Por ese motivo, la Comunidad planteó la nulidad de la concesión sobre Agonic que otorgó el gobierno jujeño a una empresa minera.
El juez que tramita el amparo, Armando Puca, celebró la primera audiencia el 1 de diciembre pasado. Asistieron de un lado el gobierno jujeño, la empresa minera y la Comunidad de Lipán; del otro, la Comunidad El Angosto y sus representantes legales. Al concluir, el juez le otorgó a la Comunidad El Angosto diez días hábiles -que vencían este lunes- para presentar argumentos e informar novedades en relación a la presentación que realizaron las demandadas.
Sin embargo, el 5 de diciembre informó a las y los demandantes que había decidido suspender hasta nuevo aviso el tiempo que les había otorgado para contestar lo planteado por los demandados. "Ampliar el plazo", respondieron los representantes legales de El Angosto, "implicaría una vulneración a los principios de preclusión, congruencia e igualdad que deben regir en todos los procesos judiciales". Por lo tanto, el Juzgado Ambiental jujeño estaría violando la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional; el 29 de la Constitución de Jujuy reformada, y también el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. FARN y Chalabe recordaron en la demanda que "los impactos de la actividad exploratoria no (fueron) debidamente estimados ni cuantificados" en el estudio que presentó la minera, y la empresa no informó con precisión la localización de los pozos exploratorios.

Un impacto que busca entrar por la ventana
Las y los originarios de El Angosto discuten la validez del impacto ambiental que presentó Lithos Minerales del Norte SA. Se trata de una autorización clave para concluir con los trámites legales que le permitirán a esa empresa comenzar a explorar sales de litio sobre casi dos mil hectáreas en el borde sur de Salinas Grandes. "Es un caso emblemático", explicó a Salta/12 la abogada Alicia Chalabe. Argumentó que si la empresa minera obtiene la autorización para iniciar el proceso de exploración de sales de litio en Agonic, "lo hará sin datos técnicos suficientes que deberían estar resueltos dentro del informe de impacto ambiental".
En la audiencia del 1 de diciembre, los representantes legales del gobierno jujeño, JEMSE, y la empresa minera plantearon la falta de legitimidad de las y los comuneros de El Angosto para impugnar el estudio de impacto. Solicitaron además que se archive la acción de amparo porque ese Juzgado Ambiental Civil sería incompetente para tramitar la medida cautelar presentada por El Angosto. La defensa de los demandados entendió que el daño a las comunidades -por su modo de vida y disponibilidad de recursos como el agua- sería cuestión que, de existir, serían  competencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy.
El gobierno provincial y la Sociedad del Estado JEMSE defienden la concesión y factibilidad del estudio de impacto ambiental que ya realizó Lithos. Por su parte, los demandantes cuestionan no solamente el impacto, sino el procedimiento por el que obtuvo la licencia social de la Comunidad Aborigen de Lipán.
Ese estudio tuvo objeciones, presentadas por técnicos y especialistas en una reunión celebrada en abril pasado en la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial. La UGAMP depende de la Secretaría de Minería de Jujuy. Chalabe contó a Salta/12 que un veterinario opinó en ese encuentro que en su estudio la minera "no ubicó en territorio dónde se encuentran las aguadas". Otros especialistas de organismos provinciales aseguraron "que el modelo que presentó la minera en Agonic" les resultó "meramente teórico". Informaron además que la empresa no detalló dónde trazaría los caminos de ingreso y salida que utilizarán los vehículos cuando se desplacen sobre esa porción de Salinas Grandes. Discreparon sobre el volumen de agua potable que la empresa calculó utilizará en el proceso productivo. Tampoco les quedó claro el volumen de agua no potable que utilizará la minera durante la exploración del subsuelo de Agonic.
Sobre la licencia social, en la audiencia del 1 de diciembre el gobierno de Jujuy aseguró que cuenta con la autorización de la Comunidad Aborigen de Lipán. En una nota firmada en noviembre de 2023, varios comuneros y comuneras de Lipán afirmaron que autorizaron "sin presiones" a esa minera y que entienden que la explotación de sales de litio beneficiará a esta población. En la audiencia el gobierno jujeño aseguró además haber celebrado "una nueva reunión con esa comunidad" y que "rubricaron el acuerdo ante escribano público". Por ese motivo, la empresa afirma que cuenta con la autorización para iniciar la exploración.

Frenar el efecto dominó
Si el Juzgado Ambiental Civil jujeño finalmente falla a favor de los demandados, sentará un precedente que habilitará a esa y otras empresas mineras a iniciar operaciones de exploración de sales de litio alrededor del humedal altoandino. "Tienen muchísimos pedimentos sembrados", señaló la abogada jujeña, en alusión solamente a las concesiones que ya otorgó el gobierno jujeño en favor de Lithos Energía SA y Lithos Minerales del Norte SA.
Por ese motivo el gobierno jujeño busca que el acuerdo "rija a rajatabla, como si una comunidad funcionara como una sociedad anónima por la decisión de un presidente", insistió Chalabe. Durante la audiencia por la cautelar, la abogada recordó que no todos y todas las comuneras de Lipán concedieron el permiso en favor de la minera.
Chalabe argumentó también -junto a Andrés Nápoli, de FARN- por qué es legal el planteo de la Comunidad El Angosto. "Por el croquis de Mina El Engaño surge la superposición con mis representados. A raíz de esa colindancia entre ambas minas -El Engaño y Agonic- más el relevamiento de la Secretaría de Pueblos Indígenas, no solamente Lipán sería superficiaria de Agonic, sino también El Angosto", precisó. Es un argumento clave, porque ni el gobierno jujeño y ni la empresa transnacional cuentan con la autorización de la Comunidad El Angosto para operar en Agonic. "Las colindancias no son las que ellos dieron y los presentantes de la demanda de amparo no dieron el acuerdo", argumentó la abogada. En el segundo cuerpo del expediente, figura que el 6 de febrero de 2020 la Secretaría de Pueblos Indígenas informó únicamente que "en sus registros gráficos Mina Agonic se encuentra ubicada en la Comunidad Aborigen de Lipán, departamento Tumbaya".
"Si el fallo sale contrario a nuestra demanda, vamos a apelar hasta las últimas consecuencias", aseguró Chalabe. El proceso continuaría en el Tribunal Contencioso Administrativo jujeño antes de recalar en la Suprema Corte de Justicia de esa provincia y luego en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Nuestro trabajo radica en fundar la falta de legalidad", insistió Chalabe. "No se trata solamente de (cumplir con) la consulta previa, libre e informada", aclaró.

Diez años después, respondió la Corte IDH
Además del amparo ambiental que presentó la Comunidad El Angosto, el resto de las comunidades indígenas de la cuenca altoandina fueron notificadas en noviembre pasado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió para su tratamiento una denuncia que elevaron hace una década por la falta de cumplimiento de la consulta previa en los pedimentos mineros de litio en Jujuy y Salta.
Se trata de un pedido que elevaron en 2013 y recorrió todos los tribunales –provinciales y nacionales– antes de llegar a la instancia internacional. Al igual que en el amparo que se tramita en el Juzgado Ambiental de Jujuy, en la denuncia de 2013 participaron Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
"Hasta el momento los procuradores de las dos provincias remitieron informes que solicitó la Corte Interamericana", adelantó Chalabe. "Mientras Jujuy criticó a las comunidades de Salinas Grandes, Salta aseguró que no hay exploración de litio en Salinas Grandes", comentó la abogada jujeña. Sin embargo, la capa de catastros mineros de Salta -disponible en el geoportal IDESA y actualizada a octubre de 2023- informa que existen concesiones en el sector de Salinas Grandes que pertenece a la jurisdicción de Salta, es decir, en el departamento La Poma. La documentación digital muestra pedimentos mineros otorgados en favor de a Lithum S Corporation SA, una empresa minera en la que participan Rincón Mining Pty Limited (Australia) y Sandfire Resources American. La información fue cotejada en el Boletín Oficial de Salta.
Debido a la aceptación de la Corte IDH, el Estado salteño reglamentó por decreto, el 7 de noviembre pasado, el "Acuerdo Interprovincial para la Gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes". Se trata de un convenio que en 2020 suscribieron los gobiernos de Jujuy y Salta. El salteño creó esa comisión para realizar "estudios hidrogeológicos a fin de establecer una línea de base de la cuenca” de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se comprometió a estudiar “su hidrología y capacidad" y a diseñar "los mecanismos necesarios para la (...) evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región".
Por ahora, el valor de la batalla legal que sostienen -en varios frentes- la mayoría de las comunidades originarias del humedal altoandino radica en que ese espacio es el único donde las empresas mineras todavía no lograron ingresar con sus proyectos de exploración. Por ahora, las y los originarios continúan defendiendo el agua y su estilo de vida de las condiciones que impone el extractivismo minero.
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Monitoreo en la Cuenca del Río Reconquista

Fecha de Publicación: 20/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La Cuenca que abarca 18 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas rurales de la provincia.
El gobierno bonaerense inició acciones de monitoreo de calidad del aire en distintos puntos de la Cuenca del Río Reconquista para evaluar la calidad del aire en la Cuenca que abarca 18 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas rurales de la provincia, se informó oficialmente.
El proyecto tiene como objetivo principal "evaluar el estado de la calidad del aire" en la Cuenca del Río Reconquista y "fortalecer las capacidades municipales en cuanto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIS)", señala el comunicado.
En este sentido, se indicó que se trata de la colocación de instrumental analítico en ocho sitios que registran 24 horas seguidas, en tanto se informó que los resultados estarán disponibles en aproximadamente 20 días.
Se trata de una labor coordinada entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que busca incentivar a todos los municipios a generar un inventario de Gases de Efecto Invernadero.
Al respecto se informó que el Proyecto de Monitoreo y Fiscalización de la Calidad del Aire de la Cuenca del Río Reconquista consta de 4 Unidades Operativas, independientes y complementarias pertenecientes al Ministerio de Ambiente y al COMIREC, entre ellas la Red Manual de Monitoreo Atmosférico (RMMA) de la Dirección de Laboratorios de Análisis Industriales y Ambientales de Ministerio de Ambiente del gobierno bonaerense.
Según se informó, las tareas de recolección de muestras en forma manual se realizan a través de la RMMA, y cuentan con equipamientos especializados e insumos, como una Unidad Móvil Analizadora de Calidad de Aire y una microbalanza de alta precisión.
A su vez, prevé la capacitación del personal técnico para el correcto uso y mantenimiento de los equipos de monitoreo y sistematización de los datos registrados.
Desde el organismo destacaron su importancia del monitoreo como una manera de proteger la salud de la población, la gestión en materia de contaminación atmosférica y la difusión a la comunidad del estado de la calidad del aire.
De este modo, se pretende generar información continua sobre el estado del aire en la Cuenca del Río Reconquista para contar con estadísticas propias y conformar un repositorio que permita su uso como herramienta de gestión.
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El temporal fue un duro llamado de atención para un presidente que no cree en el cambio climático

Fecha de Publicación: 19/12/2023
Fuente: TN
Provincia/Región: Buenos Aires


La tormenta dejó al descubierto que hace falta tener estructura estatal para prevenir y para reacción después de eventos climáticos adveros que serán más frecuentes con la profundización de la crisis.
“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos, socialistas que escriben papers de cuarta”, dijo Javier Milei en el segundo debate presidencial. Hoy, un evento climatológico lo puso frente a su primera crisis.
Que, pese a la abrumadora evidencia científica, el presidente de un país tan afectado por la crisis climática no crea que el cambio climático es producido por el hombre es grave. Pero que considere un gasto innecesario preparar una estructura estatal para contener sus efectos, daños económicos, materiales y víctimas fatales, es peor.
Y en un contexto que se hereda de una gestión que, por ejemplo, recortó sistemáticamente el presupuesto para cumplir la ley de bosques en la peor crisis de incendios que se vivió en el país entre 2020 y 2022. O que puso de ministro a un funcionario sin ninguna formación ambiental.
El temporal que pasó y arrasó parte de Buenos Aires, dejó 15 muertos, cientos de árboles y postes caídos, casas destruidas fue producto de un fenómeno meteorológico. Pero exacerbado por el cambio climático, por la suba de las temperaturas globales. Una situación cada vez más frecuente e intensa. Y que se repite en el mundo: pérdidas millonarias y miles de desplazados por inundaciones, incendios fuera de control, olas de calor.
De hecho, según datos del reporte Counting The Cost 2022: A year of climate breakdown (Contando el costo 2022: un año de colapso climático) los 10 eventos climáticos más intensos del año pasado costaron en daños inmediatos 3 mil millones de dólares.
Una parte significativa de la diplomacia global y de las políticas públicas que se discuten en el mundo pasa por cómo paliar los efectos de la crisis climática: sistema de prevención eficaces, estilos de construcción reforzados para sobrellevar los embates de las inundaciones o de las olas de calor, refuerzo de partidas presupuestarias. Se llaman mecanismos de adaptación. Son pocos los líderes a los que esta agenda les pasa por el costado. Y no son vistos con buenos ojos. Así se lo marcó el premier francés Emmanuel Macron a Milei.
Incluso, uno de los hitos de la COP28, la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas que terminó esta semana en Dubai, fue la puesta en marcha de un fondo de pérdidas y daños, justamente para compensar y asistir a los países que más sufren el castigo de los eventos climáticos extremos.
La tormenta dejó a Milei frente a su primera crisis, con un equipo de comunicación desarmado, con funcionarios que aún no organizaron su cartera. Por caso, en el Ministerio de Ambiente, degradado a subsecretaría, está paralizado. Su nueva titular, Ana María Vidal de Lamas fue la semana pasada por primera vez a las oficinas. Aún no designó directores. Hay áreas clave sin rumbo, por ejemplo, la del manejo del fuego o la que antes era la secretaría de Cambio Climático. El Servicio Meteorológico Nacional no sabe cuál será su destino, penden de un hilo cientos de contratos.
Seguridad, Defensa, Interior, Capital Humano son ministerios fundamentales. Pero también se necesita personal formado que entienda de los fenómenos, que pueda advertir y gestionar de manera eficiente. Salvar vidas y bienes materiales. Estado.

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Bahía Blanca, después del trágico temporal: 5 heridos en terapia intensiva, 250 evacuados y casi toda la ciudad sin luz

Fecha de Publicación: 19/12/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires


Después del trágico temporal que en Bahía Blanca dejó 13 muertes, esta mañana fuentes provinciales confirmaron que todavía hay 15 personas internadas y cinco de ellas se encuentran en sala de terapia intensiva. En el informe brindado se detalló que la ciudad continúa sin servicio eléctrico y que hasta el momento hay 250 personas que fueron evacuadas. La mayoría de los centros asistenciales están colapsados y se decretaron 72 horas de duelo.
En tanto, se confirmó el fallecimiento de una persona en Coronel Rosales, al caer en un pozo de una obra de agua en la vía pública.
"La situación es de gravedad. Durante la mañana, en Bahía Blanca había unas 250 personas evacuadas distribuidas en cinco centros, tres de ellos en la ciudad y el resto en Ingeniero White. La pérdida de vidas es irreparable y se hace hincapié en los sucedido en Bahía Blanca pero la dureza de la tormenta se ha dado en varias partes de la Provincia. Fue muy severa", confirmó Fabián García, director de Defensa civil de la Provincia.
En diálogo con el canal TN, García le pidió a los bahienses precaución y paciencia, ya que "va a tardar en restablecerse el servicio eléctrico debido a la gran caída de árboles y de varias roturas de poste de luz y cableados".
"Por lo que me informaron, el corte es casi total en toda la ciudad. Estamos junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Alonso, trabajando desde la madrugada. De un momento a otro también llegará el gobernador, Axel Kicillof - confirmó García-. Estamos tratando de organizar a los damnificados ya que es mucha gente la que tuvo que ser trasladada a los distintos centros de evacuación", explicó.
Y agregó: "Alertamos a toda la gente de la Provincia que todavía existe mucho riesgo por la gran cantidad e material roto o caído. Arboles, postes, mampostería y muchos cables de alta tensión. Tengan precaución, por favor", pidió.
El temporal en Bahía Blanca dejó al menos 13 muertos por el colapso del techo del club Bahiense del Norte, que se derrumbó mientras se realizaba un torneo de patín.
Según información oficial, ocho de esas víctimas fueron identificadas, entre las cuales hay un niño cuya edad no se precisó.

Bahía Blanca, de duelo
El Intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, decretó "duelo en la ciudad por las próximas 72 horas", al brindar esta mañana una conferencia de prensa donde se solidarizo con los familiares y seres queridos de las 13 personas fallecidas y pidió a la población que "no salgan de sus viviendas" porque continúa la "situación de emergencia". "En primer lugar, quiero reafirmar nuestra solidaridad con los familiares y seres queridos de las 13 personas fallecidas" manifestó el jefe comunal.
Asimismo, brindo detalles las acciones que se realizan en el marco de la emergencia que afecta la ciudad donde indicó que durante la jornada de ayer "recibimos 430 llamadas de gravedad" y "un pico de 350 personas alojadas en cinco centros de evacuación".
De igual manera, a través de sus redes sociales informó que durante el temporal se reportaron 132 postes derribados, más de 100 voladuras de techo y más de 1.000 árboles caídos.
Al respecto, informó que "durante la noche más de 250 servidores públicos estuvieron dando respuesta a nuestra comunidad" y destacó la tarea de Defensa Civil, Agentes Tránsito, trabajadores municipales, Cooperativas y a la Policía Bonaerense.
"Es importante recordarle a la ciudadanía que necesitamos que se mantenga a resguardo en sus hogares, no salgan de sus viviendas" manifestó el Jefe Comunal, al tiempo que remarcó que "todavía estamos en situación de emergencia, con riesgo eléctrico y riesgo de caída de árboles y estructuras".

Otras ciudades castigadas por el temporal
En tanto, el director de Defensa civil de la Provincia también consignó que otras ciudades de la Provincia también tuvieron muchísimas complicaciones.
"Otra ciudad muy castigada fue Tres Arroyos y también Olavarría. Allí, los equipos de policía, de Defensa Civil y de bomberos de la Provincia estaban en el lugar por la gran cantidad de destrozos causados por el temporal. Para Olavarría es la segunda tormenta en esta semana que golpeó duro a la ciudad. Hay varias zonas complicadas", se lamentó.
Y agregó: "Otra ciudad muy complicada es Tandil, que también se vio afectada, con mucha voladura de techos, y varias zonas sin luz.

Más Información:

- Clarín. Los 3 pasos que explican cómo el cambio climático impacta en tormentas más violentas
Ráfagas de viento que viajaban a la velocidad máxima permitida en ruta, pelotas de granizo del tamaño de un mango y las lluvias de casi un mes como un baldazo de un par de horas, son algunos de los imborrables de las tormentas severas que este fin de semana dejaron 14 muertes, destrozos edilicios gravísimos, miles de usuarios sin luz, calles anegadas y docenas de árboles caídos. ¿Cuál es la relación de este dramático temporal con el cambio climático?
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Tráfico de aves en Río Negro: un delito que mueve millones

Fecha de Publicación: 19/12/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Cada vez hay más intervenciones del Estado Provincial para evitar el tráfico, pero el comercio ilegal crece y pone en riesgo a especies. El cardenal amarillo es una y fue declarada monumento natural.
Es un comercio ilegal que mueve millones. A nivel internacional ocupa el 4° lugar dentro de los delitos de tráfico, detrás de la trata de personas y la venta ‘negra’ de armas. Y la provincia de Río Negro ‘pica en punta’ dentro de los lugares claves para su comisión, compitiendo con otras ubicadas al norte.
Se trata del tráfico de aves, algo que está penado por Ley, pero, aún, no fijó sanciones lo suficientemente contundentes para desalentar la práctica. En el caso rionegrino, está diezmando a especies como el cardenal amarillo, el de copete rojo, el pepitero de collar y el jilguero dorado, que están entre las más buscadas.
Es que son todas aves ‘canoras’, sus trinos seducen por su bella sonoridad y son de colores llamativos, que los coleccionistas buscan. Para obtenerlas, están dispuestos a pagar grandes sumas.
Un cardenal amarillo, en territorio rionegrino, puede salir $20.000. Pero si se vende a Buenos Aires u a otra gran capital del país se cotiza a $200.000. Y llega a cifras que escapan los cálculos si se trafica a Europa o a cualquier sitio del mundo.
La semana pasada, en Guardia Mitre, el área de fauna que dependía, hasta la gestión anterior, de la cartera de ambiente secuestró a 37 de estas aves, que estaban en la casa de un ‘acopiador’. Vendiéndolas en Bs. As ese traficante hubiera obtenido, como mínimo, $7.400.000.
La Ley prevé que, por pájaro, al infractor se le puede imponer una multa de $100.000 (la mitad de lo que obtendría al venderlo). En el caso de las penas lo máximo son tres años, que no implican prisión efectiva. Tampoco hay garantías de que la sanción punitiva se concrete.
Desde Fauna sostienen que la forma más eficaz de sancionar se da con la colaboración clave de la policía rural, cuando encuentran al traficante trasladando aves en un vehículo. En ese caso se le secuestra el móvil y, para retornárselo, el afectado debe pagar todas las multas que haya obtenido. Hasta ahora, ésa es la mejor forma de hacerles sentir el rigor del castigo.
Lo cierto es que la extinción de estas especies en manos del tráfico es una realidad creciente. Y, a nivel ambiental, más allá de la pérdida de un grupo de aves puntual, son inconmensurables los daños.
“Es que más allá del patrimonio cultural y natural que representan, estos cardenales amarillos, por caso, prestan un servicio ecosistémico. Seguro que son dispersores de semillas, por ejemplo. Por eso la función que realizan es clave, e incluso desconocemos mucho sobre su rol. Por eso cuándo desaparecen dejan de realizar la acción que desempeñaban en el ambiente. Esas pérdidas son lamentables y, en gran parte, difíciles de dimensionar”, contó Fabián Llanos, integrante de la dirección de Fauna Silvestre y ex subsecretario de Biodiversidad provincial.
Recientemente, este tipo de cardenales fueron designados, por Ley, monumentos naturales de la Provincia, un título que comparten junto con las ballenas francas, los huemules, el cóndor andino y las mojarras desnudas. Esa entidad normativa permite que se fijen pautas mucho más estrictas para su conservación.

Un negocio con varios eslabones
La cadena del tráfico de aves es larga. Está compuesta por el cazador, el acopiador y el distribuidor. Tras llegar a este último, todo se diversifica. El pájaro puede venderse en un sitio como Buenos Aires o llegar al exterior, a manos de cualquier comprador, que es el último eslabón.
“Hace poco, en el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) la policía aeroportuaria secuestró valijas en las que querían sacar aves con rumbo a Europa, las detectó el scanner”, aportó Llanos. Su comentario sorprende. ¿Pájaros en una valija? Sí. De hecho, las formas de traslado asumen múltiples opciones, todas asombrosas.
“Los cardenales amarillos secuestrados en Guardia Mitre, por caso, formaban parte de una red que los enviaba a Buenos Aires en micro, por encomienda. Las cajas salían desde Viedma, y eran recepcionadas después por un comprador que aún desconocemos, pero que la Justicia está investigando”, amplió el hombre.
Esas cajas eran dobles. Una de ellas llevaba los pájaros, en un cartón con perforaciones. Luego se ponían adentro del embalaje principal, para generar una cámara de aire que les permitiera respirar. “En la oscuridad que se genera al encerrarlos los cardenales no trinan. Asumen el modo de reposo en el que quedan cuándo llega la noche”, detalló el experto.
Se presume que para el envío se contaba con la complicidad de alguno de los choferes. Ese punto, hoy, es materia de investigación.
Otro de los traslados sorprendentes se descubrió meses atrás, en Río Colorado. Allí secuestraron aves en el baúl de un vehículo. Iban en una rueda de auxilio transformada en jaula. Con un alambre cubrieron la circunferencia, para que respiren, y taparon todo con una manta, con la finalidad de disimular el truco.
Este tipo de acciones les provocan stress a estas especies y pueden precipitar su muerte. “Los traficantes tratan de ser cuidadosos porque cada ave es dinero para ellos. Pero, obviamente, muchas mueren en medio de esta nefasta cadena de tráfico”, aseguró Llanos.

¿Cómo las capturan?
Los que capturan las aves son el primer eslabón de la cadena de tráfico. Seguramente, los que obtienen menos dinero por este comercio ilegal, que está diezmando especies. Se aprovechan de una de las características de las variedades ‘cantoras’.
“Es que son territoriales. Usan el canto para marcar su lugar, y cuándo se asientan con su pareja defienden ese sitio donde van a criar a sus pichones. No dejan que otro pájaro se acerque”, contó Fabián Llanos, integrante de la dirección de Fauna Silvestre.
En conocimiento de esta característica, los cazadores llevan una jaula doble con un dispositivo que se activa cuándo el ave que está libre se acerca. Y queda atrapada por una red.
“En la jaula vecina llevan a un pájaro que ellos denominan ‘llamador’. Generalmente es otra ave cantora, como un jilguero amarillo, por caso. Que depositan en el suelo del campo en el que saben que abundan las especies que buscan. El ‘llamador’, al cantar, atrae a las aves libres, que en realidad llegan para atacarlo, porque están defendiendo su territorio. Al acercarse, quedan presas en la red”, detalló el hombre.
Tras esto, son enviadas a un lugar de acopio que suele contar con muchas jaulas para disponerlas. “Generalmente es una casa común, que tiene espacios adaptados. El acopiador las vende al traficante que las transporta, o las traslada él mismo”, completó Llanos.

Rescate, recuperación y liberación
Afortunadamente existieron muchos rescates a lo largo del tiempo. “Fueron, en 8 años, 1600 aves de 600 especies distintas, entre ellas 300 cardenales amarillos. El 95% de ellas pudieron  ser recuperadas y devueltas a su hábitat natural”, relató Fabián Llanos.
Para la recuperación, es clave un centro que funciona en General Roca, dónde un grupo de voluntarios se ocupan de la recepción y el cuidado de las aves, antes de que regresen a su medio. Lo hacen completamente ad honorem y sólo reciben, esporádicamente, algún aporte económico del Provincia para invertir en el proceso.
Ese espacio de cuarentena y rehabilitación dispone de grandes jaulas donde los pájaros recuperan sus músculos de vuelo, atrofiados por el cautiverio. Luego, se programa su retorno al medio.
La zona de Monte Espinoso, ubicada en el área norte de San Antonio Oeste hacia Río Colorado, que incluye General Conesa y Viedma, es clave para la distribución de las especies más buscadas.
El rescate se inicia con una denuncia anónima o con un dato que motiva una investigación del área de fauna. Cuando dan con un lugar de acopio, elevan el tema a la Justicia, que ordena un allanamiento. Así, lograron hallar muchos sitios de tráfico, y liberar a gran cantidad de especies.
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Parques Nacionales: restaurarán siete áreas protegidas gracias a una donación

Fecha de Publicación: 18/12/2023
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


El Fondo para el Medio Ambiente Mundial otorgó U$S 7 millones para revertir y mejorar ecosistemas nacionales. La Administración de Parques Nacionales será responsable de administrar y distribuir el dinero.
En el marco del programa elaborado para restaurar ecosistemas en Áreas Protegidas Nacionales, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial donó a la Administración de Parques Nacionales siete millones de dólares. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) será la agencia acreditada para ejecutar ese financiamiento.
El proyecto para componer ecosistemas que se impulsa con la colaboración internacional tiene la intención de proteger biodiversidades y frenar las amenazas que plantean el cambio climático, los plásticos y los productos químicos tóxicos.
Las áreas protegidas constituyen una estrategia fundamental para la conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural que proporcionan bienes y servicios ecosistémicos esenciales para la sociedad y la vida en general.  
Con la donación se desarrollará una estrategia integral para la restauración ecológica en las zonas degradas en Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento. El financiamiento para la restauración está previsto para siete áreas protegidas: los Parques Nacionales Tierra del Fuego; Los Glaciares; Iberá; Los Cardones; Lihué Calel; Campos del Tuyú, y el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos.
Estas áreas han sido priorizadas por la Dirección Nacional de Conservación del Organismo a partir de cuatro líneas de acción: manejo y ecología de fuego - restauración de ecosistemas post-fuego; restauración de ecosistemas degradados por acción antrópica; control de especies exóticas invasoras; reintroducción/reforzamientos poblacionales y/o comunidades de especies nativas clave para restaurar funciones ecosistémicas.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es una agrupación de fondos dedicados a hacer frente a la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación y las presiones sobre la salud de la tierra y los océanos. Sus subvenciones, financiación mixta y apoyo político ayudan a los países en desarrollo a abordar sus mayores prioridades medioambientales y a adherirse a los convenios internacionales sobre medio ambiente.
“El Project Identification Form (PIF) es el documento que permite identificar y establecer las líneas de acción y presupuestos destinados a cada componente del proyecto de restauración y en la actualidad se encuentra en la etapa final de su elaboración”, detalló Ezequiel Landaburo, coordinador de Financiamiento Externo en la Administración de Parques Nacionales en comunicación con El Auditor.info.
Asimismo, Landaburo aseguró que “los fondos serán utilizados en las distintas tareas de restauración que identifique cada área protegida según los ejes de acción establecidos y que se prevé comenzar la formulación del documento final a principios de 2024 para que se pueda ejecutar en 2025.
En referencia a la importancia de la protección de estos parques naturales, Landaburo apuntó a que la restauración de ecosistemas es un eje central en la agenda de la conservación de la biodiversidad, como así también el manejo de especies exóticas. “El proyecto permitirá complementar las políticas que viene llevando adelante la Administración de Parques Nacionales para el manejo de las áreas protegidas de su jurisdicción y zonas de amortiguamiento”, subrayó.
Sobre la transparencia de la ejecución del financiamiento, el funcionario explicó que “las herramientas utilizadas para alcanzar los objetivos quedarán plasmadas en el documento final del proyecto y serán costeados con los mismos fondos asignados”.

Control
Durante 2016, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe de seguimiento sobre la labor de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. De las 40 recomendaciones realizadas por el organismo solo se resolvieron ocho.
El informe, aprobado por resolución 169/16, había arrojado como resultado una serie de observaciones para que la APN y el SGAyDS mejoren. Cuando la auditoría volvió en abril de 2019, encontró ocho recomendaciones totalmente subsanadas, 17 regularizadas parcialmente y 15 que no fueron regularizadas.
Los puntos más fuertes que relevó la auditoria están relacionados con:
    Arbitrar los medios para asignar mayores fondos para los programas de conservación en las áreas protegidas con el fin de contribuir a su protección.
    Los recursos humanos siguen sin ser suficientes para que en todas las áreas puedan realizar las actividades esenciales en forma satisfactoria. El promedio de guardaparques y brigadistas disminuyó por lo que no resultó suficiente para atender las actividades de fiscalización y emergencia, señala el informe.
    Resolver la situación jurídica de la tenencia de la tierra de los pobladores originarios y de pobladores rurales. En ese entonces detectaron que no estaba regularizada y había áreas protegidas con pobladores. En el último informe se indicó que el problema continúa ya que “el cuerpo normativo institucional para abordar las problemáticas de las poblaciones que viven dentro de las áreas protegidas no ha logrado dar lugar a un proceso sostenido de política pública”.
    El organismo puntualiza que se aprobó, en la Administración de Parques Naciones, la inclusión de la Coordinación de Pobladores y Comunidades y se decidió la formalización de la creación de la Mesa Política de Comanejo de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi; la creación del PN Aconquija, la realización de la consulta previa, libre e informada a las comunidades diaguita-calchaquíes, con participación del INAI y se elaboraron proyectos de fortalecimiento comunitario y desarrollo sustentable para las comunidades asentadas en las zonas de amortiguamiento del PN Calilegua (pueblos kolla y ocloya) y MN Laguna de los Pozuelos (pueblo kolla).
En relación a la carencia de recurso humano que describió la Auditoría en los informes, la Administración de Parques Nacionales implementó el Plan Integral para el Fortalecimiento de los RRHH, por el cual designaron a 49 agentes en planta permanente y se está tramitando un segundo llamado para cubrir otros 60 cargos. Para el Agrupamiento General en la Administración ingresaron 95 agentes en planta permanente. Se encuentra en trámite los concursos para la cobertura de 102 cargos financiados de la Planta Permanente de la Administración en el Agrupamiento profesional, de los cuales cuatro están reservados para incrementar el cupo de personas con discapacidad.
La institución indicó que “se mejoraron las condiciones laborales del Cuerpo de Guardaparques Nacionales al establecer un nuevo régimen de carrera para el personal”. Se aprobó el Plan de Estudios del Curso de habilitación para el “Agrupamiento de Conservación Territorial” que posibilitó la cobertura de 34 cargos en primer instancia y se encuentra en proceso la aprobación de otros 34 cargos. Ya finalizó el proceso para los guardaparques técnicos y cuando el comité lo apruebe ingresarán 35 profesionales.
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