Vuelven a inspeccionar Comarsa por denuncias de contaminación

Fecha de Publicación: 23/12/2023
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La Justicia sigue los controles en la sede de la empresa de gestión de residuos petroleros, en la meseta neuquina.
La Justicia neuquina inició este jueves el tercer allanamiento en las instalaciones de Comarsa, la empresa de gestión de residuos petroleros, a partir de denuncias de contaminación. Ya habían realizado inspecciones en diciembre de 2020 y 2021 para recolectar y analizar muestras de aguas y suelo, con el objetivo de comprobar si se vieron afectadas por el acopio de residuos peligrosos sin respetar las medidas de seguridad ambiental.
Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, por pedido del fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, y con la autorización de un juez de garantías, en la mañana de este jueves se inició un allanamiento en las instalaciones de Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa), ubicada en un sector de la meseta de la ciudad de Neuquén.
El operativo es el tercero que se desarrolla en las instalaciones de la empresa y se enmarca en una investigación surgida a partir de una denuncia por acopio de residuos peligrosos sin tratamiento, “sin las medidas básicas para asegurar que no se contamine el ambiente” y “a escasos metros de barrios de viviendas”.
Según se indicó, la fiscalía especializada apunta a tomar “muestras de suelo, de aguas y de cualquier otra matriz ambiental” que pueda haber sido afectada por el acopio del material; documentación (habilitaciones ambientales, resultados de monitoreos ambientales, auditorías internas y externas, controles de ingreso y egresos de la planta, manifiestos de transporte y tratamiento de residuos peligrosos, registro diario de operaciones, planos de infraestructura, entre otros) y dispositivos electrónicos, computadoras y unidades de almacenamiento.

El allanamiento
El operativo se realiza bajo las instrucciones del fiscal jefe y de la asistente letrada Julieta González, con el respaldo de la Policía de la Provincia.
En el pedido de autorización remitido al magistrado de turno, desde el MPF se hizo hincapié en que desde 2015 rige un decreto provincial -2263/15- que regula la ubicación de las plantas de tratamiento de residuos especiales. El mismo ordena su instalación “a una distancia mínima de ocho 8 kilómetros de zonas urbanizadas o con proyectos de urbanización, considerando las proyecciones de crecimiento poblacional para los próximos veinte 20 años”; y estableció un plazo de 2 años para que las plantas existentes se adecuaran a normativa.
Dado que el predio a inspeccionar ocupa 17 hectáreas, el fiscal jefe solicitó la autorización para que el operativo se extienda por 48 horas, por lo que las tareas podrán desarrollarse incluso durante la jornada de mañana.

El gobierno actual había pedido informes
Algunos de los funcionarios que hoy forman parte del gobierno de Rolando Figueroa, como Marcelo Zúñiga o Soledad Martínez, habían presentado una solicitud de informes sobre los derrames de la firma Comarsa cuando representaban a la oposición, en marzo de este año.
En rueda de prensa los referentes calificaron a la situación “como una gran irresponsabilidad, dado que Comarsa es un basurero petrolero que ha constituido el desastre ambiental más importante de la ciudad de Neuquén y se viene denunciando desde hace muchos años con pedidos de intervención hasta en la Justicia”.
Santiago Nogueira, que también integra el frente Nequinizate, había señalado que allí se alojaban hasta hace poco 300 mil metros cúbicos de residuos petroleros sin tratar y “nunca se cumplieron los planes anunciados de cierre, de biorremediación, ni de traslado de residuos- sin tratar- a disposición final, lo que también era igualmente una barbaridad”. Destacó que “Comarsa es una larga historia de mentiras, complicidades e incumplimientos”.
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DNU de Milei: ¿qué cambiará en la ley de manejo del fuego?

Fecha de Publicación: 23/12/2023
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El decreto del Gobierno nacional establece en su encabezado que esa norma también está entre las modificadas. Pero en el texto completo aparece una sorpresa.
Al anunciar en la noche de este miércoles el vasto Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que establece muy diferentes desregulaciones en materia económica y laboral, el presidente Javier Milei hizo referencia en su discurso de presentación a la inclusión en la larga lista de “una modificación de la Ley de Manejo del Fuego”.
Pero la lectura de los textos completos del DNU, publicados en el Boletín Oficial, arrojan una sorpresa: no hay ninguna referencia específica a ese tema. Sólo quedó en los títulos.
A horas de conocerse el decreto, se especula con dos posibilidades: o se trató de una omisión y ese punto quedó olvidado de ser incluido en el texto final o hubo una decisión de último momento para, al menos en esta instancia, no incorporarlo.
La ley nacional 28.815 de manejo del fuego, que regula lo referido a los incendios rurales y forestales en el país, fue aprobada en el Congreso en 2012. A fines de 2020, en tanto, se sumó la ley 27.064 que modificó el tyecto de 2012 en algunos artículos para agregar ciertas prohibiciones. Se supone, en base a las versiones previas circulantes, que eran esas reformas de 2020 las que se pretendía ahora derogar.
El proyecto de reforma de 2020 había sido promovido por el bloque de diputados del Frente de Todos. En ese momento, fue muy cuestionado por el muy sector agropecuario y la oposición votó dividida.
En lo central, esos artículos incoeporados establecían que tras un incendio de campos “sea provocados o accidental” sería prohibida por 30 años “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”. También se prohibía la venta de esos campos para loteos o para proyectos de urbanización.
La refoema surgió en medio de los grandes incendios que afectaron, por meses, a la zona de delta del río Paraná, en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos. Quienes la promovieron planteaban como hipótesis que parte de los inicios de fuegos tendrían como origen a los dueñsos de las tierras que quemaban de modo intencional sus campos para poder avanzar allí luego con el reemplazo del monte o los pastizales por agricultura o con proyectos de urbanizaciones.
Por esos días, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias advertía que la reforma ponía “en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país”, además de dar “por asumida la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia y condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa”.
Aunque la ley era de validez en todo el país, el foco apuntaba sobre todo a los constantes incendios rurales en la zona del rio Paraná.

Para Córdoba
Para Córdoba, esa reforma de la ley nacional de 2020 no implicó grandes cambios en la práctica.
En esta provincia ya estaba vigente una ley menos restrictiva pero con similar sentido, que establece que un área catalogada como zona roja de conservación de bosques nativos por la ley de ordenamiento territirial no puede cambiar de uso no de destino después de ocurrido un incendio, Sin embargo, desde hace años, desde diferentes sectores ligados al ambientalismo se cuestiona que faltan en esta provincia los controles suficientes del Estado para garantizar que sobre un campo con monte quemado no aparezca luego otro uso. Sólo de ese modo, se lograría el objetivo de desalentar que haya quemas intencionales con ese fin.
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Ley de Tierras: qué establece la norma que deroga Javier Milei con el DNU

Fecha de Publicación: 22/12/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que presentó el presidente de la Nación, Javier Milei, incluyó la derogación de la llamada Ley de Tierras, en rigor, Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales que fuera promulgada en diciembre de 2011 y desde entonces resistida por las inmobiliarias rurales.
La norma establece un límite a la compra de campos por parte de extranjeros de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial, la cual es determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales (previsto en el articulo 16 de la ley) en base a su localización, calidad y proporción respecto del municipio o provincia que integren.
Asimismo, fija en el quince por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas físicas y jurídicas no argentinas. Estas, siendo de una misma nacionalidad extranjera, no podrán, en ningún caso, superar el treinta por ciento del porcentual asignado.
La ley también prohíbe la posesión de tierras que sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
En junio de 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se introdujeron varias modificaciones a dicha ley a través del decreto 820/2016. Entre los puntos más relevantes, aclaró el concepto de personas extranjeras (físicas o jurídicas) como aquellas que en forma directa o indirecta formen la voluntad mayoritaria, independientemente de su participación social y establece una presunción de extranjería en caso de que una persona extranjera sea titular del 51% del capital social de la persona jurídica.
También obligó a informar toda modificación en el paquete accionario de personas jurídicas consideradas extranjeras al Registro Nacional de Tierras Rurales. El decreto otorgó, además, facultades al Consejo Interministerial para modificar las equivalencias fijadas por las provincias a fin de que sean razonables desde el punto de vista del tipo de explotación y jurisdicción.
Por otra parte, dispuso la no afectación de derechos adquiridos por las personas extranjeras titulares de tierras rurales previo al dictado de la ley y que, en caso de querer venderlas tendrán permitido adquirir una una extensión equivalente aunque supere el límite de 1.000 hectáreas que fija la norma.
La Ley de Tierras ha sido cuestionada desde hace años por la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) que argumentan que a partir de su sanción, por la menor inversión por parte de extranjeros, se produjo una caída del valor de la hectárea en Argentina que quedó desfasada respecto de la evolución del precio de la tierra rural en otros países, donde la cotización aumentó en la última década.
Previo a la asunción de Milei, la CAIR le solicitó al candidato electo que derogue la Ley de Tierras o bien que la modifique otorgándole racionalidad para promover el ingreso de capitales. Lo consideran como uno de los "pedidos urgentes y necesarios para que el país pueda salir adelante lo antes posible". Por eso, la cámara puso a disposición sus equipos técnicos para acercar propuestas e inquietudes del sector inmobiliario rural.
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La Unión Europea destina 630.000 euros para proyecto de biodiversidad en Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 22/12/2023
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La financiación respaldará el proyecto "Acción por la Biodiversidad", enfocado en fortalecer organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para la valoración de bosques y humedales en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
La Unión Europea destina 630.000 euros para proyecto de biodiversidad en Tierra del Fuego La Delegación de la Unión Europea en Argentina anunció la firma de un contrato de subvención por 630.000 euros a favor de ICLEI (Red de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad), en el marco de la "Agenda Verde". La financiación respaldará el proyecto "Acción por la Biodiversidad", enfocado en fortalecer organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para la valoración de bosques y humedales en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Luca Pierantoni, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, fue el encargado de difundir esta información a través de las redes oficiales del organismo europeo. Según explicaron, el proyecto tiene como objetivo central la valorización de bosques y humedales en la región de Tierra del Fuego, apuntando a fortalecer la conciencia ambiental y la sustentabilidad en estos ecosistemas vitales.
El financiamiento de 630.000 euros está destinado al trabajo de ICLEI, una red global compuesta por más de 2,500 gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible. ICLEI detalla en su web oficial estar presente en más de 125 países, para influir en las políticas de sostenibilidad y promover la acción local para un desarrollo bajo en carbono, basado en la naturaleza, equitativo, resistente y circular.
Lo notable de este proyecto es que, según el sitio web oficial de ICLEI (https://americadosul.iclei.org/es/asociados/), la red de incidencia enumera a los referentes locales asociados de Argentina donde explican tener relación con socios de las ciudades de Avellaneda, Buenos Aires, Córdoba, Esteban Echeverría, Godoy Cruz, La Plata, Misiones, Pérez, Rosario y Santa Fe, aunque no figuran asociados de la Patagonia ni de Tierra del Fuego, ya sea de la parte chilena o argentina.
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Argentina hará los primeros envíos a España de harina de soja libre de deforestación

Fecha de Publicación: 21/12/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La Argentina enviará en los próximos meses a España los primeros embarques de harina de soja libre de deforestación.
El anuncio se realizó durante un acto realizado en la embajada argentina en Madrid, con la participación de las principales entidades agroexportadores del país, luego de la presentación institucional sobre Visec, la plataforma argentina para soja y carne vacuna libre de deforestación, que estuvo a cargo de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Según se informó en un comunicado, “este encuentro es la continuidad de un proceso de trabajo junto a la cadena de valor española y en consulta con el gobierno de España”.
Además, se indicó que “en los próximos meses llegaran a España los primeros barcos con harina de soja libre de deforestación para poder testear los sistemas en ambos países”.
Asimismo, se precisó que “Visec promueve cadenas de valor de soja y bovinos ambientalmente responsables y económicamente viables, cubriendo todo el territorio del país bajo producción agrícola y ganadera”.
“Resultado del esfuerzo conjunto entre las entidades de productores, acopiadores, corredores, plantas de molienda, frigoríficos y exportadores, junto a la sociedad civil, la ciencia y el Estado”, subrayó el comunicado.
También puntualizó que “ambas cadenas de valor enfrentan inmensos desafíos en términos de los costos adicionales de implementar un sistema de monitoreo, reporte y verificación como es Visec”.
Sin embargo, destacó que “existe el compromiso de posicionarse como proveedor diferenciado de productos libres de deforestación, con garantía de trazabilidad de origen”.
De manera virtual, también expusieron Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y Gerardo Leotta, del Consorcio de Exportadores de Carne ABC.
Visec está administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario, cuenta con el apoyo de Land Innovation Fund y de Al Invest Green de la Unión Europea.
El sistema permite a los exportadores del país trazar e identificar los productos libres de deforestación de otros productos de origen desconocido, en todas las etapas de la cadena de abastecimiento y a los operadores económicos en España poder trazar esos productos hasta llegar al consumidor.
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Los detalles de los tres proyectos mineros que avanzan en la Legislatura de Mendoza   

Fecha de Publicación: 21/12/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Se trata de El Burrero, Las Choicas y La Adriana, yacimientos de cobre ubicados en el departamento sureño de Malargüe.
Los detalles de los tres proyectos mineros que avanzan en la Legislatura de Mendoza Este martes el Senado de la Legislatura provincial dio media sanción a los proyectos mineros de cobre. Se trata de El Burrero, Las Choicas y La Adriana, yacimientos ubicados en el departamento de Malargüe. Los dos primeros tienen su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración, mientras que el tercero cuenta con una DIA de prospección.
El informe de Evaluación de Impacto ambiental contó en su correspondiente proceso con el dictamen técnico de la Facultad e Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), dictamen sectorial de la Municipalidad de Malargüe, dictamen sectorial del Departamento General de Irrigación, el dictamen sectorial de Recursos Naturales y las Declaraciones de Impacto Ambiental. Resta la ratificación legislativa.
En el caso de El Burrero, el proyecto contempla la perforación de 23 pozos exploratorios, cuya profundidad varía entre los 400 y 750 metros, con el objeto de determinar el perfilaje geofísico y evaluar el potencial geológico del yacimiento. Mientras que en Las Choicas y La Adriana se perforarán 17 pozos exploratorios, en cada uno de ellos, de la misma profundidad y con la misma finalidad.
En en El Burrero el equipo de perforación a utilizar estará compuesto por una perforadora doble propósito o una perforadora de diamantina. La perforación de diamantina utiliza un cabezal o broca diamantada, que rota en el extremo de las barras de perforación (o tubos). La abertura en el extremo de la broca diamantada permite cortar un testigo sólido de roca que se desplaza hacia arriba en la tubería de perforación y se recupera luego en la superficie
Las Choicas se encuentra ubicado a 135 km al Noroeste de la ciudad de Malargüe y la superficie a utilizar para las tareas de exploración y el campamento suman unas 350 hectáreas, dentro de unas 8.853 hectáreas de concesión. El Burrero explorará 650 hectáreas.
En el caso de La Adriana, el proyecto tiene una DIA de prospección, en términos generales, consiste en no tener actividad de perforación, sino tareas superficiales, geotécnicas y de interpretación de suelo. La Adriana es una mina de 36 hectáreas compuestas de 6 propiedades mineras.
Según el Gobierno de Mendoza, los tres proyectos están en el marco de Ley 7.722. No se utilizará ninguna sustancia peligrosa y, además, no hay presencia de puesteros en el lugar de trabajo, no hay presencia de cuerpos cavernosos y no se afectará ningún glaciar.
Sobre este último punto, comentaron a MDZ que el "Decreto 820/2006 no decía nada de glaciares y pueblos originarios. Pedimos información sobre la existencia de glaciares. La empresa lo hizo en campo, pero la ley dice que usar el Inventario Nacional de Glaciare y no sólo en línea recta al glaciar desde la exploración. La empresa lo hizo y la información volvió a ser evaluada por la universidad y la conclusión fue que no hay afectación de glaciares".
Los tres proyectos fueron enviados a la Legislatura por el exgobernador Rodolfo Suarez, un mes antes de concluir su mandato. Se suman a los proyectos mineros de Hierro Indio, Cerro Amarillo y, a su vez, Potasio Río Colorado. Tanto La Adriana como Las Choicas y El Burrero, si se obtiene la media sanción en Diputados, tendrán lugar en la nueva administración de Alfredo Cornejo.
La empresa que se hará cargo es Geometales -del grupo Emes, de Marcelo Mindlins-, que es concesionaria de los yacimientos. Geometales, vinculada a Franco Macri, fue sancionada en 2008. Luego, durante el primer mandato de Alfredo Cornejo, en 2018, le dio la razón a la empresa en un recurso de apelación presentado por una Resolución del 2014, cuando le quitaron al concesión del yacimiento "Francesca".
Días atrás, el Partido Verde cuestionó los estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo sobre los tres proyectos mineros y, por ello, desde el establecimiento educativo respondieron con un comunicado: "Respecto a la minería, es imperativo subrayar la importancia del uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de Mendoza. Reconocemos la trascendencia de la actividad minera como motor clave para el progreso económico y social, siempre y cuando se realice de manera responsable y cumpla con la legislación ambiental y minera vigente".
"Rechazamos categóricamente versiones infundadas que buscan desacreditar el trabajo de los profesionales de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. Invitamos a la comunidad a informarse objetivamente y a participar en un diálogo constructivo sobre el desarrollo sostenible de nuestra provincia, asegurando que la minería sea una herramienta para el progreso en armonía con el respeto a nuestro entorno natural y el cumplimiento de las normativas vigentes", indicaron.
"Es relevante destacar la pertinencia, experticia y compromiso de los profesionales involucrados en la evaluación técnica. La Facultad cuenta con expertos altamente capacitados, cuyo dictamen técnico se basa en análisis respaldados por métodos científicos reconocidos a nivel internacional. Están registrados en el Registro de Consultores Ambientales y Centros de Investigación – Categoría A y B, según Resolución 111/2022-SAYOT y Resolución 225/2022-SAYOT de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial", deslizaron.
Incluso, la flamante ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se pronunció al respecto. "Los proyectos mineros "ADRIANA", "BURRERO – MINERA GEOMETALES S.A.", y "LAS CHOICAS – GEOMETALES S.A." constan de una exhaustiva revisión y análisis de documentación, territorialidad, transparencia y profesionalismo. Los informes se encuentran a disposición de la ciudadanía en el portal de datos abiertos de la Dirección de Protección Ambiental y Dirección de Minería. Repudiamos las expresiones que pretenden desacreditar el trabajo de los profesionales intervinientes en este proceso, e invitamos a la comunidad a informarse objetivamente y a participar en un diálogo constructivo sobre el desarrollo sostenible de nuestra provincia", dijo la funcionaria de Cornejo.
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Una cautelar busca frenar el efecto dominó de la minería en Salinas Grandes

Fecha de Publicación: 20/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


El Tribunal canceló los plazos que había otorgado a la Comunidad El Angosto para que conteste los argumentos que presentaron el gobierno jujeño y una minera. Se juega el inicio de la explotación de litio en el único humedal donde las empresas aún no lograron plantar bandera.
La Comunidad Aborigen El Angosto presentó en octubre pasado un amparo ambiental ante el Juzgado Ambiental Civil de Jujuy cuestionando la legalidad del estudio de impacto que presentó una empresa para acceder a la exploración del subsuelo en el área del expediente minero 94-B-2002. Los demandados son el gobierno jujeño y la empresa minera concesionaria, que además buscan legitimar un acuerdo firmado en marzo pasado con la Comunidad Aborigen de Lipán. Autorizaría el ingreso de esa minera al espacio denominado Mina Agonic. El pedimento minero se encuentra dentro del distrito El Moreno, no muy lejos de los parajes El Moreno y El Angosto, en el departamento Tumbaya.
Con el patrocinio de la abogada jujeña Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la medida cautelar busca evitar que se provoque un daño grave e irreparable al ambiente del humedal. Por ese motivo, la Comunidad planteó la nulidad de la concesión sobre Agonic que otorgó el gobierno jujeño a una empresa minera.
El juez que tramita el amparo, Armando Puca, celebró la primera audiencia el 1 de diciembre pasado. Asistieron de un lado el gobierno jujeño, la empresa minera y la Comunidad de Lipán; del otro, la Comunidad El Angosto y sus representantes legales. Al concluir, el juez le otorgó a la Comunidad El Angosto diez días hábiles -que vencían este lunes- para presentar argumentos e informar novedades en relación a la presentación que realizaron las demandadas.
Sin embargo, el 5 de diciembre informó a las y los demandantes que había decidido suspender hasta nuevo aviso el tiempo que les había otorgado para contestar lo planteado por los demandados. "Ampliar el plazo", respondieron los representantes legales de El Angosto, "implicaría una vulneración a los principios de preclusión, congruencia e igualdad que deben regir en todos los procesos judiciales". Por lo tanto, el Juzgado Ambiental jujeño estaría violando la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional; el 29 de la Constitución de Jujuy reformada, y también el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. FARN y Chalabe recordaron en la demanda que "los impactos de la actividad exploratoria no (fueron) debidamente estimados ni cuantificados" en el estudio que presentó la minera, y la empresa no informó con precisión la localización de los pozos exploratorios.

Un impacto que busca entrar por la ventana
Las y los originarios de El Angosto discuten la validez del impacto ambiental que presentó Lithos Minerales del Norte SA. Se trata de una autorización clave para concluir con los trámites legales que le permitirán a esa empresa comenzar a explorar sales de litio sobre casi dos mil hectáreas en el borde sur de Salinas Grandes. "Es un caso emblemático", explicó a Salta/12 la abogada Alicia Chalabe. Argumentó que si la empresa minera obtiene la autorización para iniciar el proceso de exploración de sales de litio en Agonic, "lo hará sin datos técnicos suficientes que deberían estar resueltos dentro del informe de impacto ambiental".
En la audiencia del 1 de diciembre, los representantes legales del gobierno jujeño, JEMSE, y la empresa minera plantearon la falta de legitimidad de las y los comuneros de El Angosto para impugnar el estudio de impacto. Solicitaron además que se archive la acción de amparo porque ese Juzgado Ambiental Civil sería incompetente para tramitar la medida cautelar presentada por El Angosto. La defensa de los demandados entendió que el daño a las comunidades -por su modo de vida y disponibilidad de recursos como el agua- sería cuestión que, de existir, serían  competencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy.
El gobierno provincial y la Sociedad del Estado JEMSE defienden la concesión y factibilidad del estudio de impacto ambiental que ya realizó Lithos. Por su parte, los demandantes cuestionan no solamente el impacto, sino el procedimiento por el que obtuvo la licencia social de la Comunidad Aborigen de Lipán.
Ese estudio tuvo objeciones, presentadas por técnicos y especialistas en una reunión celebrada en abril pasado en la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial. La UGAMP depende de la Secretaría de Minería de Jujuy. Chalabe contó a Salta/12 que un veterinario opinó en ese encuentro que en su estudio la minera "no ubicó en territorio dónde se encuentran las aguadas". Otros especialistas de organismos provinciales aseguraron "que el modelo que presentó la minera en Agonic" les resultó "meramente teórico". Informaron además que la empresa no detalló dónde trazaría los caminos de ingreso y salida que utilizarán los vehículos cuando se desplacen sobre esa porción de Salinas Grandes. Discreparon sobre el volumen de agua potable que la empresa calculó utilizará en el proceso productivo. Tampoco les quedó claro el volumen de agua no potable que utilizará la minera durante la exploración del subsuelo de Agonic.
Sobre la licencia social, en la audiencia del 1 de diciembre el gobierno de Jujuy aseguró que cuenta con la autorización de la Comunidad Aborigen de Lipán. En una nota firmada en noviembre de 2023, varios comuneros y comuneras de Lipán afirmaron que autorizaron "sin presiones" a esa minera y que entienden que la explotación de sales de litio beneficiará a esta población. En la audiencia el gobierno jujeño aseguró además haber celebrado "una nueva reunión con esa comunidad" y que "rubricaron el acuerdo ante escribano público". Por ese motivo, la empresa afirma que cuenta con la autorización para iniciar la exploración.

Frenar el efecto dominó
Si el Juzgado Ambiental Civil jujeño finalmente falla a favor de los demandados, sentará un precedente que habilitará a esa y otras empresas mineras a iniciar operaciones de exploración de sales de litio alrededor del humedal altoandino. "Tienen muchísimos pedimentos sembrados", señaló la abogada jujeña, en alusión solamente a las concesiones que ya otorgó el gobierno jujeño en favor de Lithos Energía SA y Lithos Minerales del Norte SA.
Por ese motivo el gobierno jujeño busca que el acuerdo "rija a rajatabla, como si una comunidad funcionara como una sociedad anónima por la decisión de un presidente", insistió Chalabe. Durante la audiencia por la cautelar, la abogada recordó que no todos y todas las comuneras de Lipán concedieron el permiso en favor de la minera.
Chalabe argumentó también -junto a Andrés Nápoli, de FARN- por qué es legal el planteo de la Comunidad El Angosto. "Por el croquis de Mina El Engaño surge la superposición con mis representados. A raíz de esa colindancia entre ambas minas -El Engaño y Agonic- más el relevamiento de la Secretaría de Pueblos Indígenas, no solamente Lipán sería superficiaria de Agonic, sino también El Angosto", precisó. Es un argumento clave, porque ni el gobierno jujeño y ni la empresa transnacional cuentan con la autorización de la Comunidad El Angosto para operar en Agonic. "Las colindancias no son las que ellos dieron y los presentantes de la demanda de amparo no dieron el acuerdo", argumentó la abogada. En el segundo cuerpo del expediente, figura que el 6 de febrero de 2020 la Secretaría de Pueblos Indígenas informó únicamente que "en sus registros gráficos Mina Agonic se encuentra ubicada en la Comunidad Aborigen de Lipán, departamento Tumbaya".
"Si el fallo sale contrario a nuestra demanda, vamos a apelar hasta las últimas consecuencias", aseguró Chalabe. El proceso continuaría en el Tribunal Contencioso Administrativo jujeño antes de recalar en la Suprema Corte de Justicia de esa provincia y luego en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Nuestro trabajo radica en fundar la falta de legalidad", insistió Chalabe. "No se trata solamente de (cumplir con) la consulta previa, libre e informada", aclaró.

Diez años después, respondió la Corte IDH
Además del amparo ambiental que presentó la Comunidad El Angosto, el resto de las comunidades indígenas de la cuenca altoandina fueron notificadas en noviembre pasado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió para su tratamiento una denuncia que elevaron hace una década por la falta de cumplimiento de la consulta previa en los pedimentos mineros de litio en Jujuy y Salta.
Se trata de un pedido que elevaron en 2013 y recorrió todos los tribunales –provinciales y nacionales– antes de llegar a la instancia internacional. Al igual que en el amparo que se tramita en el Juzgado Ambiental de Jujuy, en la denuncia de 2013 participaron Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
"Hasta el momento los procuradores de las dos provincias remitieron informes que solicitó la Corte Interamericana", adelantó Chalabe. "Mientras Jujuy criticó a las comunidades de Salinas Grandes, Salta aseguró que no hay exploración de litio en Salinas Grandes", comentó la abogada jujeña. Sin embargo, la capa de catastros mineros de Salta -disponible en el geoportal IDESA y actualizada a octubre de 2023- informa que existen concesiones en el sector de Salinas Grandes que pertenece a la jurisdicción de Salta, es decir, en el departamento La Poma. La documentación digital muestra pedimentos mineros otorgados en favor de a Lithum S Corporation SA, una empresa minera en la que participan Rincón Mining Pty Limited (Australia) y Sandfire Resources American. La información fue cotejada en el Boletín Oficial de Salta.
Debido a la aceptación de la Corte IDH, el Estado salteño reglamentó por decreto, el 7 de noviembre pasado, el "Acuerdo Interprovincial para la Gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes". Se trata de un convenio que en 2020 suscribieron los gobiernos de Jujuy y Salta. El salteño creó esa comisión para realizar "estudios hidrogeológicos a fin de establecer una línea de base de la cuenca” de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se comprometió a estudiar “su hidrología y capacidad" y a diseñar "los mecanismos necesarios para la (...) evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región".
Por ahora, el valor de la batalla legal que sostienen -en varios frentes- la mayoría de las comunidades originarias del humedal altoandino radica en que ese espacio es el único donde las empresas mineras todavía no lograron ingresar con sus proyectos de exploración. Por ahora, las y los originarios continúan defendiendo el agua y su estilo de vida de las condiciones que impone el extractivismo minero.
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Monitoreo en la Cuenca del Río Reconquista

Fecha de Publicación: 20/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La Cuenca que abarca 18 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas rurales de la provincia.
El gobierno bonaerense inició acciones de monitoreo de calidad del aire en distintos puntos de la Cuenca del Río Reconquista para evaluar la calidad del aire en la Cuenca que abarca 18 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas rurales de la provincia, se informó oficialmente.
El proyecto tiene como objetivo principal "evaluar el estado de la calidad del aire" en la Cuenca del Río Reconquista y "fortalecer las capacidades municipales en cuanto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIS)", señala el comunicado.
En este sentido, se indicó que se trata de la colocación de instrumental analítico en ocho sitios que registran 24 horas seguidas, en tanto se informó que los resultados estarán disponibles en aproximadamente 20 días.
Se trata de una labor coordinada entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que busca incentivar a todos los municipios a generar un inventario de Gases de Efecto Invernadero.
Al respecto se informó que el Proyecto de Monitoreo y Fiscalización de la Calidad del Aire de la Cuenca del Río Reconquista consta de 4 Unidades Operativas, independientes y complementarias pertenecientes al Ministerio de Ambiente y al COMIREC, entre ellas la Red Manual de Monitoreo Atmosférico (RMMA) de la Dirección de Laboratorios de Análisis Industriales y Ambientales de Ministerio de Ambiente del gobierno bonaerense.
Según se informó, las tareas de recolección de muestras en forma manual se realizan a través de la RMMA, y cuentan con equipamientos especializados e insumos, como una Unidad Móvil Analizadora de Calidad de Aire y una microbalanza de alta precisión.
A su vez, prevé la capacitación del personal técnico para el correcto uso y mantenimiento de los equipos de monitoreo y sistematización de los datos registrados.
Desde el organismo destacaron su importancia del monitoreo como una manera de proteger la salud de la población, la gestión en materia de contaminación atmosférica y la difusión a la comunidad del estado de la calidad del aire.
De este modo, se pretende generar información continua sobre el estado del aire en la Cuenca del Río Reconquista para contar con estadísticas propias y conformar un repositorio que permita su uso como herramienta de gestión.
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El temporal fue un duro llamado de atención para un presidente que no cree en el cambio climático

Fecha de Publicación: 19/12/2023
Fuente: TN
Provincia/Región: Buenos Aires


La tormenta dejó al descubierto que hace falta tener estructura estatal para prevenir y para reacción después de eventos climáticos adveros que serán más frecuentes con la profundización de la crisis.
“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos, socialistas que escriben papers de cuarta”, dijo Javier Milei en el segundo debate presidencial. Hoy, un evento climatológico lo puso frente a su primera crisis.
Que, pese a la abrumadora evidencia científica, el presidente de un país tan afectado por la crisis climática no crea que el cambio climático es producido por el hombre es grave. Pero que considere un gasto innecesario preparar una estructura estatal para contener sus efectos, daños económicos, materiales y víctimas fatales, es peor.
Y en un contexto que se hereda de una gestión que, por ejemplo, recortó sistemáticamente el presupuesto para cumplir la ley de bosques en la peor crisis de incendios que se vivió en el país entre 2020 y 2022. O que puso de ministro a un funcionario sin ninguna formación ambiental.
El temporal que pasó y arrasó parte de Buenos Aires, dejó 15 muertos, cientos de árboles y postes caídos, casas destruidas fue producto de un fenómeno meteorológico. Pero exacerbado por el cambio climático, por la suba de las temperaturas globales. Una situación cada vez más frecuente e intensa. Y que se repite en el mundo: pérdidas millonarias y miles de desplazados por inundaciones, incendios fuera de control, olas de calor.
De hecho, según datos del reporte Counting The Cost 2022: A year of climate breakdown (Contando el costo 2022: un año de colapso climático) los 10 eventos climáticos más intensos del año pasado costaron en daños inmediatos 3 mil millones de dólares.
Una parte significativa de la diplomacia global y de las políticas públicas que se discuten en el mundo pasa por cómo paliar los efectos de la crisis climática: sistema de prevención eficaces, estilos de construcción reforzados para sobrellevar los embates de las inundaciones o de las olas de calor, refuerzo de partidas presupuestarias. Se llaman mecanismos de adaptación. Son pocos los líderes a los que esta agenda les pasa por el costado. Y no son vistos con buenos ojos. Así se lo marcó el premier francés Emmanuel Macron a Milei.
Incluso, uno de los hitos de la COP28, la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas que terminó esta semana en Dubai, fue la puesta en marcha de un fondo de pérdidas y daños, justamente para compensar y asistir a los países que más sufren el castigo de los eventos climáticos extremos.
La tormenta dejó a Milei frente a su primera crisis, con un equipo de comunicación desarmado, con funcionarios que aún no organizaron su cartera. Por caso, en el Ministerio de Ambiente, degradado a subsecretaría, está paralizado. Su nueva titular, Ana María Vidal de Lamas fue la semana pasada por primera vez a las oficinas. Aún no designó directores. Hay áreas clave sin rumbo, por ejemplo, la del manejo del fuego o la que antes era la secretaría de Cambio Climático. El Servicio Meteorológico Nacional no sabe cuál será su destino, penden de un hilo cientos de contratos.
Seguridad, Defensa, Interior, Capital Humano son ministerios fundamentales. Pero también se necesita personal formado que entienda de los fenómenos, que pueda advertir y gestionar de manera eficiente. Salvar vidas y bienes materiales. Estado.

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Bahía Blanca, después del trágico temporal: 5 heridos en terapia intensiva, 250 evacuados y casi toda la ciudad sin luz

Fecha de Publicación: 19/12/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires


Después del trágico temporal que en Bahía Blanca dejó 13 muertes, esta mañana fuentes provinciales confirmaron que todavía hay 15 personas internadas y cinco de ellas se encuentran en sala de terapia intensiva. En el informe brindado se detalló que la ciudad continúa sin servicio eléctrico y que hasta el momento hay 250 personas que fueron evacuadas. La mayoría de los centros asistenciales están colapsados y se decretaron 72 horas de duelo.
En tanto, se confirmó el fallecimiento de una persona en Coronel Rosales, al caer en un pozo de una obra de agua en la vía pública.
"La situación es de gravedad. Durante la mañana, en Bahía Blanca había unas 250 personas evacuadas distribuidas en cinco centros, tres de ellos en la ciudad y el resto en Ingeniero White. La pérdida de vidas es irreparable y se hace hincapié en los sucedido en Bahía Blanca pero la dureza de la tormenta se ha dado en varias partes de la Provincia. Fue muy severa", confirmó Fabián García, director de Defensa civil de la Provincia.
En diálogo con el canal TN, García le pidió a los bahienses precaución y paciencia, ya que "va a tardar en restablecerse el servicio eléctrico debido a la gran caída de árboles y de varias roturas de poste de luz y cableados".
"Por lo que me informaron, el corte es casi total en toda la ciudad. Estamos junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Alonso, trabajando desde la madrugada. De un momento a otro también llegará el gobernador, Axel Kicillof - confirmó García-. Estamos tratando de organizar a los damnificados ya que es mucha gente la que tuvo que ser trasladada a los distintos centros de evacuación", explicó.
Y agregó: "Alertamos a toda la gente de la Provincia que todavía existe mucho riesgo por la gran cantidad e material roto o caído. Arboles, postes, mampostería y muchos cables de alta tensión. Tengan precaución, por favor", pidió.
El temporal en Bahía Blanca dejó al menos 13 muertos por el colapso del techo del club Bahiense del Norte, que se derrumbó mientras se realizaba un torneo de patín.
Según información oficial, ocho de esas víctimas fueron identificadas, entre las cuales hay un niño cuya edad no se precisó.

Bahía Blanca, de duelo
El Intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, decretó "duelo en la ciudad por las próximas 72 horas", al brindar esta mañana una conferencia de prensa donde se solidarizo con los familiares y seres queridos de las 13 personas fallecidas y pidió a la población que "no salgan de sus viviendas" porque continúa la "situación de emergencia". "En primer lugar, quiero reafirmar nuestra solidaridad con los familiares y seres queridos de las 13 personas fallecidas" manifestó el jefe comunal.
Asimismo, brindo detalles las acciones que se realizan en el marco de la emergencia que afecta la ciudad donde indicó que durante la jornada de ayer "recibimos 430 llamadas de gravedad" y "un pico de 350 personas alojadas en cinco centros de evacuación".
De igual manera, a través de sus redes sociales informó que durante el temporal se reportaron 132 postes derribados, más de 100 voladuras de techo y más de 1.000 árboles caídos.
Al respecto, informó que "durante la noche más de 250 servidores públicos estuvieron dando respuesta a nuestra comunidad" y destacó la tarea de Defensa Civil, Agentes Tránsito, trabajadores municipales, Cooperativas y a la Policía Bonaerense.
"Es importante recordarle a la ciudadanía que necesitamos que se mantenga a resguardo en sus hogares, no salgan de sus viviendas" manifestó el Jefe Comunal, al tiempo que remarcó que "todavía estamos en situación de emergencia, con riesgo eléctrico y riesgo de caída de árboles y estructuras".

Otras ciudades castigadas por el temporal
En tanto, el director de Defensa civil de la Provincia también consignó que otras ciudades de la Provincia también tuvieron muchísimas complicaciones.
"Otra ciudad muy castigada fue Tres Arroyos y también Olavarría. Allí, los equipos de policía, de Defensa Civil y de bomberos de la Provincia estaban en el lugar por la gran cantidad de destrozos causados por el temporal. Para Olavarría es la segunda tormenta en esta semana que golpeó duro a la ciudad. Hay varias zonas complicadas", se lamentó.
Y agregó: "Otra ciudad muy complicada es Tandil, que también se vio afectada, con mucha voladura de techos, y varias zonas sin luz.

Más Información:

- Clarín. Los 3 pasos que explican cómo el cambio climático impacta en tormentas más violentas
Ráfagas de viento que viajaban a la velocidad máxima permitida en ruta, pelotas de granizo del tamaño de un mango y las lluvias de casi un mes como un baldazo de un par de horas, son algunos de los imborrables de las tormentas severas que este fin de semana dejaron 14 muertes, destrozos edilicios gravísimos, miles de usuarios sin luz, calles anegadas y docenas de árboles caídos. ¿Cuál es la relación de este dramático temporal con el cambio climático?
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Tráfico de aves en Río Negro: un delito que mueve millones

Fecha de Publicación: 19/12/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Cada vez hay más intervenciones del Estado Provincial para evitar el tráfico, pero el comercio ilegal crece y pone en riesgo a especies. El cardenal amarillo es una y fue declarada monumento natural.
Es un comercio ilegal que mueve millones. A nivel internacional ocupa el 4° lugar dentro de los delitos de tráfico, detrás de la trata de personas y la venta ‘negra’ de armas. Y la provincia de Río Negro ‘pica en punta’ dentro de los lugares claves para su comisión, compitiendo con otras ubicadas al norte.
Se trata del tráfico de aves, algo que está penado por Ley, pero, aún, no fijó sanciones lo suficientemente contundentes para desalentar la práctica. En el caso rionegrino, está diezmando a especies como el cardenal amarillo, el de copete rojo, el pepitero de collar y el jilguero dorado, que están entre las más buscadas.
Es que son todas aves ‘canoras’, sus trinos seducen por su bella sonoridad y son de colores llamativos, que los coleccionistas buscan. Para obtenerlas, están dispuestos a pagar grandes sumas.
Un cardenal amarillo, en territorio rionegrino, puede salir $20.000. Pero si se vende a Buenos Aires u a otra gran capital del país se cotiza a $200.000. Y llega a cifras que escapan los cálculos si se trafica a Europa o a cualquier sitio del mundo.
La semana pasada, en Guardia Mitre, el área de fauna que dependía, hasta la gestión anterior, de la cartera de ambiente secuestró a 37 de estas aves, que estaban en la casa de un ‘acopiador’. Vendiéndolas en Bs. As ese traficante hubiera obtenido, como mínimo, $7.400.000.
La Ley prevé que, por pájaro, al infractor se le puede imponer una multa de $100.000 (la mitad de lo que obtendría al venderlo). En el caso de las penas lo máximo son tres años, que no implican prisión efectiva. Tampoco hay garantías de que la sanción punitiva se concrete.
Desde Fauna sostienen que la forma más eficaz de sancionar se da con la colaboración clave de la policía rural, cuando encuentran al traficante trasladando aves en un vehículo. En ese caso se le secuestra el móvil y, para retornárselo, el afectado debe pagar todas las multas que haya obtenido. Hasta ahora, ésa es la mejor forma de hacerles sentir el rigor del castigo.
Lo cierto es que la extinción de estas especies en manos del tráfico es una realidad creciente. Y, a nivel ambiental, más allá de la pérdida de un grupo de aves puntual, son inconmensurables los daños.
“Es que más allá del patrimonio cultural y natural que representan, estos cardenales amarillos, por caso, prestan un servicio ecosistémico. Seguro que son dispersores de semillas, por ejemplo. Por eso la función que realizan es clave, e incluso desconocemos mucho sobre su rol. Por eso cuándo desaparecen dejan de realizar la acción que desempeñaban en el ambiente. Esas pérdidas son lamentables y, en gran parte, difíciles de dimensionar”, contó Fabián Llanos, integrante de la dirección de Fauna Silvestre y ex subsecretario de Biodiversidad provincial.
Recientemente, este tipo de cardenales fueron designados, por Ley, monumentos naturales de la Provincia, un título que comparten junto con las ballenas francas, los huemules, el cóndor andino y las mojarras desnudas. Esa entidad normativa permite que se fijen pautas mucho más estrictas para su conservación.

Un negocio con varios eslabones
La cadena del tráfico de aves es larga. Está compuesta por el cazador, el acopiador y el distribuidor. Tras llegar a este último, todo se diversifica. El pájaro puede venderse en un sitio como Buenos Aires o llegar al exterior, a manos de cualquier comprador, que es el último eslabón.
“Hace poco, en el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) la policía aeroportuaria secuestró valijas en las que querían sacar aves con rumbo a Europa, las detectó el scanner”, aportó Llanos. Su comentario sorprende. ¿Pájaros en una valija? Sí. De hecho, las formas de traslado asumen múltiples opciones, todas asombrosas.
“Los cardenales amarillos secuestrados en Guardia Mitre, por caso, formaban parte de una red que los enviaba a Buenos Aires en micro, por encomienda. Las cajas salían desde Viedma, y eran recepcionadas después por un comprador que aún desconocemos, pero que la Justicia está investigando”, amplió el hombre.
Esas cajas eran dobles. Una de ellas llevaba los pájaros, en un cartón con perforaciones. Luego se ponían adentro del embalaje principal, para generar una cámara de aire que les permitiera respirar. “En la oscuridad que se genera al encerrarlos los cardenales no trinan. Asumen el modo de reposo en el que quedan cuándo llega la noche”, detalló el experto.
Se presume que para el envío se contaba con la complicidad de alguno de los choferes. Ese punto, hoy, es materia de investigación.
Otro de los traslados sorprendentes se descubrió meses atrás, en Río Colorado. Allí secuestraron aves en el baúl de un vehículo. Iban en una rueda de auxilio transformada en jaula. Con un alambre cubrieron la circunferencia, para que respiren, y taparon todo con una manta, con la finalidad de disimular el truco.
Este tipo de acciones les provocan stress a estas especies y pueden precipitar su muerte. “Los traficantes tratan de ser cuidadosos porque cada ave es dinero para ellos. Pero, obviamente, muchas mueren en medio de esta nefasta cadena de tráfico”, aseguró Llanos.

¿Cómo las capturan?
Los que capturan las aves son el primer eslabón de la cadena de tráfico. Seguramente, los que obtienen menos dinero por este comercio ilegal, que está diezmando especies. Se aprovechan de una de las características de las variedades ‘cantoras’.
“Es que son territoriales. Usan el canto para marcar su lugar, y cuándo se asientan con su pareja defienden ese sitio donde van a criar a sus pichones. No dejan que otro pájaro se acerque”, contó Fabián Llanos, integrante de la dirección de Fauna Silvestre.
En conocimiento de esta característica, los cazadores llevan una jaula doble con un dispositivo que se activa cuándo el ave que está libre se acerca. Y queda atrapada por una red.
“En la jaula vecina llevan a un pájaro que ellos denominan ‘llamador’. Generalmente es otra ave cantora, como un jilguero amarillo, por caso. Que depositan en el suelo del campo en el que saben que abundan las especies que buscan. El ‘llamador’, al cantar, atrae a las aves libres, que en realidad llegan para atacarlo, porque están defendiendo su territorio. Al acercarse, quedan presas en la red”, detalló el hombre.
Tras esto, son enviadas a un lugar de acopio que suele contar con muchas jaulas para disponerlas. “Generalmente es una casa común, que tiene espacios adaptados. El acopiador las vende al traficante que las transporta, o las traslada él mismo”, completó Llanos.

Rescate, recuperación y liberación
Afortunadamente existieron muchos rescates a lo largo del tiempo. “Fueron, en 8 años, 1600 aves de 600 especies distintas, entre ellas 300 cardenales amarillos. El 95% de ellas pudieron  ser recuperadas y devueltas a su hábitat natural”, relató Fabián Llanos.
Para la recuperación, es clave un centro que funciona en General Roca, dónde un grupo de voluntarios se ocupan de la recepción y el cuidado de las aves, antes de que regresen a su medio. Lo hacen completamente ad honorem y sólo reciben, esporádicamente, algún aporte económico del Provincia para invertir en el proceso.
Ese espacio de cuarentena y rehabilitación dispone de grandes jaulas donde los pájaros recuperan sus músculos de vuelo, atrofiados por el cautiverio. Luego, se programa su retorno al medio.
La zona de Monte Espinoso, ubicada en el área norte de San Antonio Oeste hacia Río Colorado, que incluye General Conesa y Viedma, es clave para la distribución de las especies más buscadas.
El rescate se inicia con una denuncia anónima o con un dato que motiva una investigación del área de fauna. Cuando dan con un lugar de acopio, elevan el tema a la Justicia, que ordena un allanamiento. Así, lograron hallar muchos sitios de tráfico, y liberar a gran cantidad de especies.
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Parques Nacionales: restaurarán siete áreas protegidas gracias a una donación

Fecha de Publicación: 18/12/2023
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


El Fondo para el Medio Ambiente Mundial otorgó U$S 7 millones para revertir y mejorar ecosistemas nacionales. La Administración de Parques Nacionales será responsable de administrar y distribuir el dinero.
En el marco del programa elaborado para restaurar ecosistemas en Áreas Protegidas Nacionales, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial donó a la Administración de Parques Nacionales siete millones de dólares. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) será la agencia acreditada para ejecutar ese financiamiento.
El proyecto para componer ecosistemas que se impulsa con la colaboración internacional tiene la intención de proteger biodiversidades y frenar las amenazas que plantean el cambio climático, los plásticos y los productos químicos tóxicos.
Las áreas protegidas constituyen una estrategia fundamental para la conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural que proporcionan bienes y servicios ecosistémicos esenciales para la sociedad y la vida en general.  
Con la donación se desarrollará una estrategia integral para la restauración ecológica en las zonas degradas en Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento. El financiamiento para la restauración está previsto para siete áreas protegidas: los Parques Nacionales Tierra del Fuego; Los Glaciares; Iberá; Los Cardones; Lihué Calel; Campos del Tuyú, y el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos.
Estas áreas han sido priorizadas por la Dirección Nacional de Conservación del Organismo a partir de cuatro líneas de acción: manejo y ecología de fuego - restauración de ecosistemas post-fuego; restauración de ecosistemas degradados por acción antrópica; control de especies exóticas invasoras; reintroducción/reforzamientos poblacionales y/o comunidades de especies nativas clave para restaurar funciones ecosistémicas.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es una agrupación de fondos dedicados a hacer frente a la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación y las presiones sobre la salud de la tierra y los océanos. Sus subvenciones, financiación mixta y apoyo político ayudan a los países en desarrollo a abordar sus mayores prioridades medioambientales y a adherirse a los convenios internacionales sobre medio ambiente.
“El Project Identification Form (PIF) es el documento que permite identificar y establecer las líneas de acción y presupuestos destinados a cada componente del proyecto de restauración y en la actualidad se encuentra en la etapa final de su elaboración”, detalló Ezequiel Landaburo, coordinador de Financiamiento Externo en la Administración de Parques Nacionales en comunicación con El Auditor.info.
Asimismo, Landaburo aseguró que “los fondos serán utilizados en las distintas tareas de restauración que identifique cada área protegida según los ejes de acción establecidos y que se prevé comenzar la formulación del documento final a principios de 2024 para que se pueda ejecutar en 2025.
En referencia a la importancia de la protección de estos parques naturales, Landaburo apuntó a que la restauración de ecosistemas es un eje central en la agenda de la conservación de la biodiversidad, como así también el manejo de especies exóticas. “El proyecto permitirá complementar las políticas que viene llevando adelante la Administración de Parques Nacionales para el manejo de las áreas protegidas de su jurisdicción y zonas de amortiguamiento”, subrayó.
Sobre la transparencia de la ejecución del financiamiento, el funcionario explicó que “las herramientas utilizadas para alcanzar los objetivos quedarán plasmadas en el documento final del proyecto y serán costeados con los mismos fondos asignados”.

Control
Durante 2016, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe de seguimiento sobre la labor de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. De las 40 recomendaciones realizadas por el organismo solo se resolvieron ocho.
El informe, aprobado por resolución 169/16, había arrojado como resultado una serie de observaciones para que la APN y el SGAyDS mejoren. Cuando la auditoría volvió en abril de 2019, encontró ocho recomendaciones totalmente subsanadas, 17 regularizadas parcialmente y 15 que no fueron regularizadas.
Los puntos más fuertes que relevó la auditoria están relacionados con:
    Arbitrar los medios para asignar mayores fondos para los programas de conservación en las áreas protegidas con el fin de contribuir a su protección.
    Los recursos humanos siguen sin ser suficientes para que en todas las áreas puedan realizar las actividades esenciales en forma satisfactoria. El promedio de guardaparques y brigadistas disminuyó por lo que no resultó suficiente para atender las actividades de fiscalización y emergencia, señala el informe.
    Resolver la situación jurídica de la tenencia de la tierra de los pobladores originarios y de pobladores rurales. En ese entonces detectaron que no estaba regularizada y había áreas protegidas con pobladores. En el último informe se indicó que el problema continúa ya que “el cuerpo normativo institucional para abordar las problemáticas de las poblaciones que viven dentro de las áreas protegidas no ha logrado dar lugar a un proceso sostenido de política pública”.
    El organismo puntualiza que se aprobó, en la Administración de Parques Naciones, la inclusión de la Coordinación de Pobladores y Comunidades y se decidió la formalización de la creación de la Mesa Política de Comanejo de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi; la creación del PN Aconquija, la realización de la consulta previa, libre e informada a las comunidades diaguita-calchaquíes, con participación del INAI y se elaboraron proyectos de fortalecimiento comunitario y desarrollo sustentable para las comunidades asentadas en las zonas de amortiguamiento del PN Calilegua (pueblos kolla y ocloya) y MN Laguna de los Pozuelos (pueblo kolla).
En relación a la carencia de recurso humano que describió la Auditoría en los informes, la Administración de Parques Nacionales implementó el Plan Integral para el Fortalecimiento de los RRHH, por el cual designaron a 49 agentes en planta permanente y se está tramitando un segundo llamado para cubrir otros 60 cargos. Para el Agrupamiento General en la Administración ingresaron 95 agentes en planta permanente. Se encuentra en trámite los concursos para la cobertura de 102 cargos financiados de la Planta Permanente de la Administración en el Agrupamiento profesional, de los cuales cuatro están reservados para incrementar el cupo de personas con discapacidad.
La institución indicó que “se mejoraron las condiciones laborales del Cuerpo de Guardaparques Nacionales al establecer un nuevo régimen de carrera para el personal”. Se aprobó el Plan de Estudios del Curso de habilitación para el “Agrupamiento de Conservación Territorial” que posibilitó la cobertura de 34 cargos en primer instancia y se encuentra en proceso la aprobación de otros 34 cargos. Ya finalizó el proceso para los guardaparques técnicos y cuando el comité lo apruebe ingresarán 35 profesionales.
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Las políticas públicas como una oportunidad para impulsar la economía circular en Argentina

Fecha de Publicación: 18/12/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


El plástico es un material versátil, seguro, reciclable y sus productos son populares porque satisfacen una gran variedad de necesidades. Así como resuelven cuestiones de la vida cotidiana, también son un valioso eslabón de la economía circular, ya que al reciclarlos retornan como materia prima.
La articulación público-privada es vital para el diseño de políticas públicas que incentiven el reciclado y promuevan la circularidad. En Europa hace años hay una ley de Envases o ley REP y diversas normativas que, con metas claras, están logrando objetivos de economía circular; y eso es algo en lo que trabajamos en Argentina para potenciar la valorización de los reciclables presentes en la corriente de residuos, entre ellos el plástico.
Según un estudio de Opinaia, el 36% de los ciudadanos argentinos todavía no separa residuos, aunque a la mayoría de ellos les gustaría hacerlo si contaran con infraestructura como centros de reciclaje, espacio o campanas verdes cerca, información, tiempo o espacio.
Además, ante la falta de información, los encuestados consideran que los principales encargados de educar y enseñar sobre la protección y cuidado del medio ambiente son las escuelas (57%) y los gobiernos (58%). Entonces, la educación y la concientización ciudadana deben ser colocados como ejes para una nueva cultura de consumo responsable y una economía circular.
La educación es el camino para que los plásticos sean responsablemente consumidos, reutilizados, reciclados y recuperados. Es importante trabajar sobre la educación ambiental: enseñar, promover e incrementar hábitos de reciclaje hacia un consumidor consciente y hacia toda la cadena de valor, activo y responsable. Este camino se inicia en las escuelas con la educación de docentes y niños sobre el consumo responsable, la correcta disposición y el reciclado de los plásticos.
En este sentido, desarrollar materiales como la guía "Los Plásticos en la Economía Circular" para brindar información y datos científicos sobre los plásticos, sus usos y posibilidades de recuperación y reciclado es un ejemplo de lo que podemos aportar como organización
Además, apoyamos la ley Nacional de Educación Ambiental y la Ley Yolanda con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública. Trabajamos conjuntamente con el diputado nacional Carlos Ponce y CAIP y UoyEP, y generamos dos proyectos de ley que están presentados en el Congreso Nacional, como el consumo responsable de plásticos de un solo uso y otro de economía circular.
Por otro lado, estamos llevando adelante un proyecto con DELTERRA, en el contexto de la Red de Economía Circular de los plásticos de Ecoplas, para encontrar juntos oportunidades en la cadena de valor, para potenciar el reciclado y luego poder escalarlo.
En la construcción de un modelo circular es importante implementar un esquema de certificaciones que beneficien las 7 R (rediseñar, reducir, reusar, reparar, renovar, reciclar y recuperar) que ayudan a una correcta gestión de los residuos plásticos y la incorporación de prácticas sostenibles en toda la cadena de suministro, donde el ecodiseño se encuentre en el corazón de la estrategia. Las empresas están adoptando la filosofía de crear productos en función de su ciclo de vida completo, desde la producción hasta el final de su vida útil. Esto minimiza el impacto ambiental y facilita la posterior recuperación de materiales.
Además, la implementación de normas y certificaciones debe estar respaldada por normas internacionales, sistemas de acreditación o verificación de tercera parte, que aseguran la transparencia e imparcialidad. Un ejemplo es la Certificación INTI-Ecoplas que tiene una ecoetiqueta cuyo isologo va en el producto final e indica la proporción de material plástico reciclado de producto, con un código QR que redirige hacia contenido sobre los beneficios ambientales de la práctica de la economía circular.
Durante el 2022 en Argentina se recuperaron 343.000 toneladas de plástico. De esta cifra, 318.000 toneladas corresponden a plástico reciclado mecánicamente -un incremento del 11% con respecto a 2021- y 25.000 toneladas de plástico recuperado para la generación de energía. Actualmente se recupera 6 veces más la cantidad de plásticos que en el 2003.
Este volumen de plástico reciclado en el país evitó la liberación de más de 434 mil toneladas de dióxido de carbono, equivalente a lo que absorben 21 millones de árboles. Por eso, el reciclado desempeña un rol central en la mitigación del cambio climático y la preservación del medio ambiente. Para potenciar el avance hacia el modelo de la circularidad, se desarrolla la nueva tecnología de reciclado avanzado que crecerá 32 veces a nivel mundial para el 2031 y que se suma al tradicional reciclado mecánico.
El reciclado en Argentina es una práctica creciente, dinámica, receptora de inversiones y creadora de empleo. Para mejorarlo e incrementarlo se están incorporando de manera permanente más y nuevos equipos de tecnología avanzada con los que se aumenta la eficiencia de estas tareas.
Si bien la industria del reciclaje ya cuenta con una fuerza laboral -compuesta por más de 50.000 personas que trabajan de manera directa e indirecta- en cooperativas de recuperadores urbanos y 150 empresas presentes en varias ciudades-, tiene gran potencial para continuar creciendo a través de la sinergia entre lo público y lo privado. Hay también renovadas oportunidades para seguir trabajando colaborativamente para que los plásticos puedan reciclarse y contribuir cada vez más a la economía circular.

Por Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas, una entidad técnica profesional especializada en plásticos y medio ambiente
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Nace la primera Bolsa argentina para el mercado de carbono: ¿De qué se trata?

Fecha de Publicación: 16/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Se trata de un instrumento clave para darle competitividad y sostenibilidad a las empresas argentinas en el marco de las agendas globales, tanto pymes como grandes compañías.
En el marco de la celebración de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP28) que se celebró en Dubai, se presentó la primera Bolsa Argentina de Carbono (BACX) con el objetivo de impulsar y escalar el potencial de los servicios ecosistémicos del país y de otros sectores claves como energía, commodities, aviación, residuos, agricultura, construcción, entre otros.
La plataforma, un desarrollo inédito para un país con escasos proyectos en el mercado del carbono y con necesidades financieras de fondeo, será presidida por Adrián Cosentino, doctor en Economía, experto en finanzas y ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde gestó nuevas herramientas de financiamiento para proyectos de triple impacto e inclusión, en línea con las nuevas agendas del mundo.
El nacimiento de BACX se logró gracias a un acuerdo exclusivo con ACX, la primera bolsa digital de carbono con más de 16 millones de transacciones, la única regulada del planeta y respaldada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés)
“Estamos muy entusiasmados de anunciar la primera plataforma de trading para el mercado de carbono argentino, con el respaldo tecnológico y regulatorio de ACX. La bolsa ayudará a acelerar la acción climática de nuestro país con innovación y transparencia de vanguardia, con el objetivo de acelerar las metas de reducción de emisiones públicas y privadas”, afirmó Cosentino.
El especialista explicó que Argentina tiene escasos proyectos dentro del mercado de carbono y necesita de "herramientas financieras" que le permitan llegar a todos los sectores, para fondear la transición hacia una economía libre de emisiones. "Para ello, el mercado voluntario ofrece instrumentos financieros para invertir en la transición ecológica hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y reemplazar con créditos de carbono de calidad que permitan compensar a nivel nacional e internacional”, expresó el ex titular de la CNV.

¿De que se trata la primera Bolsa de Carbono argentina?
Se trata de un instrumento clave para darle competitividad y sostenibilidad a las empresas argentinas en el marco de las agendas globales, tanto pymes como grandes compañías.
Los sectores más importantes de la economía argentina: alimentos, minería, energía, acero y derivados, son sectores altamente vulnerables a las exigencias de la acción climática.
Las buenas noticias son que existen instrumentos en los mercados de carbono globales voluntarios para financiar la transición hacia modelos de producción menos contaminantes y esa transición que básicamente es aplicación de tecnología para reducción de emisiones, se transformen en certificados de carbono, que permiten a las grandes empresas financiar la carbono neutralidad a través de la compra de esos certificados para compensar sus emisiones.
En ese sentido, contar con una herramienta local que permita unir grandes empresas y pymes para reducir impactos y financiar la mejora tecnológica, es una propuesta virtuosa.

¿Qué es BACX?
El vicepresidente de la BACX, Alejandro Guerrero, añadió que se trata de "la única plataforma que puede dar las garantías y el respaldo a las transacciones a nivel local y global, para agilizar la transición hacia una economía verde, que maximicen los esfuerzos de conservación y descarbonización en un contexto global complejo".
Guerrero detalló que BACX contará "con una tecnología probada y con programas de riesgos y seguros para paliar el riesgo de la crisis climática siendo una garantía de políticas a largo plazo."
Los expertos explicaron que BACX está respaldada por ACX y Green Carbon Exchange, comprometidas a hacer posible la transición a una economía global net-zero.

¿Qué es ACX?
ACX es la primera bolsa de carbono totalmente regulada, que conecta a los participantes del mercado voluntario de carbono (VCM) mundial para negociar contratos de créditos de carbono al contado y futuros de forma transparente. Estos instrumentos con atributos ambientales operan con la integridad del mercado financiero regulado.
ACX ha recibido más de 40 millones de dólares de inversión del Deutsche Börse y del Abu Dhabi Wealth Fund y es liderada por William Pazos, co-founder y CEO.

¿Qué es Green Carbon Exchange?
"Apuntamos a construir un ecosistema que apalanque la emisión de créditos y futuros de carbono de calidad con financiamiento garantizado", reforzó Aleandra Scafati, la experta que lidera la estrategia para América Latina y el Caribe como presidenta del Green Carbon Exchange (GCE)
GCE se centró tras la Conferencia sobre Biodiversidad en Montreal (COP15), en la que más de 190 países acordaron el objetivo de alcanzar el 30% de áreas protegidas para el año 2030 complementariamente a la campaña Race to Zero (Carrera hacia Cero), que cosechó miles de firmas corporativas, en garantizar la trazabilidad digital, el monitoreo y control, y la rendición de cuentas en todas las acciones encaminadas a cumplir estos los compromisos asumidos, tanto por los países y gobiernos subsoberanos como por las empresas.
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Latorre: "Mendoza va a desarrollar la minería que permite la 7722"

Fecha de Publicación: 16/12/2023
Fuente: Mendoza Post
Provincia/Región: Mendoza


En el marco de la celebración del Día de la Industria de la Construcción, estuvo presente en el evento parte del gabinete del gobierno provincial.
Entre ellos estuvo la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quién se refirió a las medidas del gobierno nacional, anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Nicolás Caputto, que puntualizó en la parálisis a la obra pública para hacer frente a la actual crisis, entre otras medidas.  Respecto al impacto en la cartera que dirige, manifestó: "El sinceramiento tarifario, la reducción de los subsidios era una medida inevitable para bajar el déficit. Los subsidios económicos del anterior gobierno llevaron a que el costo de la energía que remuneraban en 2019 los usuarios, que era del 91%, se redujera al 25% de la tarifa".
Luego agregó que Mendoza está preparada para brindar los servicios esenciales a la población para atravesar "estos momentos difíciles".
Al ser consultada sobre como proyectan la ejecución de la industria en contexto de la Ley 7.7722, expresó: "Vamos a hacer minería en el marco de la 7722. Hoy el gran desafío que tenemos es la explotación del cobre y del hierro que se pueden explotar en el estado en que se encuentran en la naturaleza y no requiere ninguno de los procedimientos que están vedados por la 7722".
"Por lo tanto la explotación minera que se va a promover, previa exploración que es lo primero que tenemos que desarrollar es en el marco de la ley", completó.
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Don Powa: «Hay omnipresencia de agroquímicos por distintos vectores en todo Buenos Aires»

Fecha de Publicación: 15/12/2023
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El 21,62% de las personas testeadas en Mar Chiquita tienen glifosato en orina. El dato de Proyecto PIS se suma a evidencias previas sobre agrotóxicos en agua y ambiente en distintos puntos bonaerenses y en CABA. "Se requiere una mirada integral, un enfoque transicional e incorporar la variable de salud pública", alerta el director de Democracia en Red.
Las evidencias se acumulan y comienzan a dialogar entre sí. Distintos estudios prueban la presencia de agrotóxicos en aire, agua, suelo y hasta en el polvo de las casas, así como en sangre, orina y materia fecal. “No es precipitado decir que hay omnipresencia de agroquímicos por distintos vectores en todo Buenos Aires”, planteó Don Powa, director de Democracia en Red, la ONG que encabeza Proyecto PIS (Pesticidas Introducidos Silenciosamente) y analiza la presencia de glifosato y derivados en la orina de hombres y mujeres de distintos distritos bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires.
Powa se refirió a esa “omnipresencia” tras dar a conocer los resultados de PIS en Mar Chiquita: en 21,62% de los testeos de orina realizados allí se detectaron glifosato y su metabolito AMPA. El 88% de quienes dieron positivo no viven en un ámbito rural, cerca de las fumigaciones, sino en el ejido urbano del partido.
Dos meses atrás, había causado revuelo la difusión de datos similares sobre CABA, muy lejos de los pueblos fumigados. De todos los lugares analizados por PIS, Ciudad de Buenos Aires fue el que registró mayor positividad: 9 de las 39 muestras analizadas tenían restos del cuestionado herbicida. Es decir, el 23.08% de los casos.

En todas partes
“Los datos dialogan con los de otros estudios de la zona que ayudan a dar un diagnóstico bastante más integral o sistémico sobre la situación, no es solo nuestra información. Los distintos estudios muestran, en Mar Chiquita y en municipios que la bordean, presencia de agroquímicos en el sistema de agua de red -es tal vez lo más problemático: el agua de canilla tiene gran variedad de agroquímicos-; hay en el aire dentro del ejido urbano, en el agua de lluvia, en las napas subterráneas y están los datos del estudio Sprint, que midió aire, materia fecal, sangre, orina y polvo domiciliario”, enumeró Powa.
El proyecto Sprint dio que hablar por los resultados que arrojó y por las denuncias sobre intentos de silenciar esos resultados. Se trata de un estudio internacional con diez países europeos y la Argentina. La pata local estaba encabezada por la investigadora de Virginia Aparicio, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el Consejo Directivo de esa entidad decidió frenar la difusión de los datos obtenidos. ¿Qué decían? Que en las muestras argentinas hay menos variedad pero más concentración de agrotóxicos que en las europeas. En ese marco, se hallaron trazas de agroquímicos en el 100% de las personas testeadas de Mar Chiquita.
“Se podría redundar con más datos, pero la conclusión de Sprint y la nuestra es la misma: hay omnipresencia de agroquímicos distintos y no hay un único vector. No es que entran porque falta una barrera forestal -que falta-, sino que también entran por agua, si está en la lluvia entran también en las huertas orgánicas. Esto pasa en Mar Chiquita y en una docena de municipios de la zona. Y es una hipótesis para toda la Provincia de Buenos Aires, no es precipitado decirlo”, remarcó Powa.

Glifosato en el cuerpo
Fabiana Sicco tiene 58 años, es arquitecta y vive en Mar de Cobo –localidad del partido de Mar Chiquita- desde hace dos décadas. Fue una de las voluntarias de Proyecto PIS y así supo que tenía glifosato en la orina. “Para mí fue la confirmación de algo que ya me imaginaba. Vivo a 400 metros de la Ruta 11, estamos rodeados por campos y me fumigaron en tres oportunidades”, contó.
Recuerda a la perfección esos tres episodios en los que sintió de forma directa el impacto de las fumigaciones sobre su cuerpo. Las tres veces, en la ruta. “La primera vez fue hace unos nueve años. Venía con mi familia y empezamos a sentir olor a químico. Cerramos las ventanillas, pero el olor era insoportable. Cuando entramos a Mar de Cobo, en el campo estaban fumigando con mosquitos”.
“A partir de la primera fumigación, a los poco meses, me diagnosticaron diabetes de tipo 1, inmunosupresora. Se puede dar en adultos, pero no es tan común. En la última fumigación, yendo a Mar del Plata, me broté y estaba como ahogada. En la salita de Mar de Cobo me pusieron oxígeno pero no me quisieron poner en el certificado médico que esto había sido por la fumigación. Me dijeron que tenían orden de no hacerlo”, relató a Tiempo.
Además de esas aplicaciones sobre los campos que atravesó en forma directa, “cada vez que fumigan a la noche me doy cuenta porque siento dolor en los pulmones, es como si me apretaran los pulmones. Y se ven las luces en el campo cuando fumigan de noche”.
Después de su diagnóstico, Sicco se empezó a enterar de más enfermedades en la zona. “Me crucé con amiga del pueblo con cáncer de esófago, el segundo caso que escuchaba. Es raro en un pueblo chico, de 3000 habitantes. Empecé a relacionar cosas”. A partir de entonces comenzó a militar por el freno a las fumigaciones desde la Asamblea Paremos el Desierto Verde.

En el territorio
En Mar Chiquita rige desde 2020 una ordenanza que establece que no se puede fumigar a menos de 200 metros de escuelas rurales y a 25 de cursos de agua, entre otros parámetros. Previamente, una cautelar había ordenado el freno a las aplicaciones con agroquímicos en un rango mayor, pero el reclamo local indicaba que se incumplía.
En tanto, las organizaciones sociales en territorio lograron reunir abundante evidencia sobre la situación que denuncian. Entre 2021 y 2022, desde Gesta Colectiva –conformado por investigadores del Conicet- analizaron la presencia de agroquímicos en aire, agua de red y de pozo. Nueve de las diez muestras dieron positivo.
Luego, en octubre de este año, se realizó un monitoreo ambiental entre Proyecto PIS y el Centro de alfabetización ecológica Quinta Esencia: se comprobó la presencia de agroquímicos en el agua de red, de lluvia y de pozo en Coronel Vidal, dentro de Mar Chiquita. A esto se sumaron los datos de Proyecto Sprint.
“No tengo una posición de decir ‘agroquímicos sí o no’ de forma binaria. Busco soluciones realistas, posibles. Se requiere una mirada integral sobre el tema. No es una ordenanza o una sola cosa, hace falta un enfoque transicional. Tarde o temprano esto va a cerrar mercados: cuanto antes empecemos los procesos de transición, mejor parados vamos a estar para cuando eso suceda”, planteó Powa. Y resaltó la necesidad de “incorporar la variable de salud pública” al abordaje del tema.
En un contexto sociopolítico donde lo público tambalea, a instancias de la propuesta de Javier Milei para achicar el Estado nacional, el referente de Democracia en Red señala que “lo que tal vez era un problema ahora puede ser una oportunidad. Porque quien mayor poder de policía y ordenamiento territorial tiene son los municipios, luego la Provincia. Y la Nación casi no regula ni ordena. Así que la realidad nacional, si bien puede afectar por generar pautas generales, en términos reales no afecta”.
Además de la difusión de resultados de glifosato en orina en distintos puntos (Lobos, Saladillo, La Matanza, CABA y Mar Chiquita), en el marco de Proyecto PIS lanzaron herramientas para entender y cotejar ordenanzas sobre fumigaciones en cada partido, y un mapa donde ver áreas pobladas, escuelas rurales, cursos de agua y demás aspectos que tanto municipios como productores y habitantes deberían conocer para saber cómo actuar y cuándo reclamar. También diseñaron afiches para que cada comunidad pueda tener a mano un compendio de los datos que necesita ante una fumigación: que el tractor tenga patente, que haya viento en contra, que esté el ingeniero agrónomo, entre otros ítems.
“Estas herramientas deberían servir para que el Municipio controle la ordenanza y la gente sepa desde dónde hacer denuncias. Incorporamos contactos de docentes de escuelas rurales, porque la ordenanza obliga a que avisen al director ante aplicaciones en la zona. También les sirve a los productores. A toda la comunidad, entendiendo a los productores como parte de la comunidad”, concluyó Powa.
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