Para recomponer el daño ambiental

Fecha de Publicación: 30/08/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Una  ONG local reclamó ante la Corte Suprema remediar el daño causado en el humedal por el fuego en el delta del Paraná.
Reparar el daño ambiental causado por los incendios en los humedales. Esa es la demanda impulsada ante la Corte Suprema de Justicia por Equística Defensa del Medio Ambiente, una organización ambiental de Rosario que reclama al Estado la restauración de la flora y la fauna arrasada por el fuego durante tres años. Desde la entidad señalaron que existen antecedentes en la materia y también recordaron que vienen pidiendo la creación de la figura del “interventor” para proteger a los humedales. “La idea es que las jurisdicciones correspondientes se vean obligadas a remediar el daño causado en el humedal, que haya una reparación”, explicó Pablo Arino, uno de los integrantes de la organización en declaraciones a Rosario/12.
La demanda está dirigida contra el Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, y los municipios de Rosario y Victoria, por su “inacción” ante los incendios que generaron repercusiones ambientales en la zona del humedal. En el documento, la organización de cuenta que desde junio de 2020 se viene produciendo “una quema indiscriminada” en todo ese territorio, que impulsó a la organización a presentar un primer amparo solicitando el cese del fuego.
Esa solicitud fue aceptada por la Corte, que dispuso la creación de un comité integrado por los poderes ejecutivos de las distintas jurisdicciones afectadas, para que “adopte medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares”, tomando como base el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (PIECAS) en el Delta del Paraná. Sin embargo, desde Equística denuncian que el comité no solo que no funcionó, sino que rara vez llegó a reunirse con todos sus integrantes. “Se constituyó el comité, pero no pasó nada. Y en estos tres años que transcurrieron el humedal se devastó. Entonces consideramos que era momento de empezar a remediar esto de alguna manera. Creemos que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a hacer todas las tareas y obras necesarias para remediar el daño causado en el humedal lo más rápido posible”, sostuvo Arino, abogado especializado en temas ambientales.
Para el integrante de Equística, el comité no funcionó porque los demandados “siempre buscaron excusas” para terminar de darle forma a la iniciativa: “Nunca hubo un representante de cada una de las provincias y de los municipios sentados en una mesa discutiendo un plan de trabajo, a pesar de que estaba la orden de la Corte Suprema para que se hiciera. Jurídicamente hay un incumplimiento a esa orden”.
Desde la organización detallaron que los incendios en el humedal tienen consecuencias que van desde la extinción de especies, hasta la pérdida de fertilidad de los suelos y las alteraciones del clima. Y, en base a evaluaciones realizadas por especialistas en ecología, estiman que se necesitarían entre 300 y 400 años para recuperar las 20 mil hectáreas de humedal que se incendiaron.
Ante ese escenario, consideraron que la regeneración debe pensarse de manera “interdisciplinaria”, con el aporte de distintos especialistas y de diversos sectores de la sociedad. “Tiene que ser sometido a una consulta pública, como establece la Ley General del Ambiente. Eso tiene que ser aprobado y después avanzar operativamente en la remediación”, explicó Arino.

Antecedentes
La demanda cuenta con un antecedente directo en 2008, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y el gobierno porteño a sanear la cuenca del Riachuelo. En aquella sentencia, además, se establecieron plazos para llevar a cabo las obras correspondientes y multas ante posibles incumplimientos en los tiempos previstos. “La idea es emular esa experiencia -comentó Arino- que las jurisdicciones correspondientes se vean obligadas a remediar el daño tanto en la salud de los vecinos como en el medio ambiente, en este caso toda la zona del humedal”.
Por su parte, Sebastián Farina, vocal y representante legal de la organización ambiental, recordó que en la demanda también se solicita una multa a los Estados demandados de forma diaria, hasta que se ponga en marcha un plan de reparación. “Desgraciadamente si vos no hacés un seguimiento cotidiano a esto, no termina pasando nada”, comentó a este medio. “Yo sé que hay un montón de problemas cotidianos que quizás son más urgentes, pero no por eso son más importantes”, agregó.
En ese marco, recordó que otro de los reclamos que vienen sosteniendo desde Equística es la creación de la figura del interventor. Para Farina se trata de una “decisión política” que podría ayudar como medida precautoria para que los incendios ocurridos en toda la franja del Delta del Paraná no se repitan. Lo que pedimos en su momento fue la designación de un interventor del humedal, que cuente con una serie de atribuciones que le permitan exigir que se cumplan y se hagan determinadas tareas para preservar toda la zona”. Según indicó el abogado, el pedido fue realizado tanto ante la Corte Suprema de Justicia, como ante las diversas provincias afectadas por la problemática ambiental.
En ese sentido, Farina dejó en claro que se trata de una medida que está al alcance del gobierno nacional y que podría resultar sumamente beneficiosa. “Esta es una decisión política que hay que tomar, pero lamentablemente no se avanza en nada”, cuestionó.  
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El futuro de las represas de los ríos Neuquén y Limay depende ahora del resultado electoral

Fecha de Publicación: 30/08/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro


Los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas ya comenzaron a vencer. El gobierno nacional los prorrogó con la promesa de sentarse con las provincias a analizar el futuro, pero hasta ahora ni se ha avanzado. La campaña frena todo.
El futuro de las represas de los ríos Neuquén y Limay depende ahora del resultado electoral El futuro de las concesiones de las hidroeléctricas construidas por el gobierno nacional sobre los ríos Limay y Neuquén se mantiene en una especie de realidad suspendida, con los contratos que ya vencieron prorrogados en su vigencia por cuatro meses (hasta la asunción del próximo presidente) y con otros que caducan a fin de año. Nada se ha avanzado y los interlocutores provinciales coinciden en que tampoco se avanzará hasta después de las elecciones, que son en octubre pero tendrán segunda vuelta (si hay) en noviembre.
Pero la secretaría de Energía de la Nación sí avanzó en una especie de inventario de cada unidad de negocios, que son cinco.
Lo que nunca funcionó es la comisión que deberían integrar las provincias de Neuquén y Río Negro junto al gobierno nacional para definir el futuro de la operación de las nueve presas y sus embalses.
Desde la reforma constitucional de 1994 los recursos naturales son de dominio provincial. Los ríos, los lagos, el subsuelo pertenecen a cada jurisdicción. Con este criterio, Neuquén y Río Negro reclaman para sí las obras que el Estado nacional construyó durante casi 30 años en los ríos Limay y Neuquén, y que fueron privatizadas a partir de 1993.
Luego de muchas idas y venidas, Nación aceptó la participación de Neuquén y Río Negro en la decisión sobre el futuro de la operación de las hidroeléctricas, y se comprometió a crear una comisión interjurisdiccional.
Pero esa comisión no tuvo ni un metro de avance.
“Quedó todo para después de las elecciones”, confió a Diario RÍO NEGRO una fuente de la secretaría de Energía de Río Negro.
“No hay nada, lo electoral insume todo”, habló en la misma sintonía un referente del área de recursos hídricos de la provincia de Neuquén.

Empresas y represas, en números
Las empresas son cinco, las presas son nueve, los grandes embalses cuatro y las centrales de generación, seis.
• En el Limay, hay cinco presas con sus centrales hidroeléctricas. Este río en todo su recorrido es límite entre Neuquén y Río Negro.
• En el Neuquén hay un complejo de cuatro presas, dos embalses y una central en el tramo del río ubicado al oeste del meridiano 10, que en esa zona es la frontera de ambas jurisdicciones. Está íntegramente en territorio neuquino.
• Hay tres concesiones que vencieron (El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados) el 11 de agosto pasado.
• Una, Piedra del Águila, tiene un contrato que caduca el 29 de diciembre.
• Pichi Picún Leufú es la última que se privatizó, con vigencia hasta el 30 de agosto de 2029, muy lejos de la realidad actual.

La herramienta de Enarsa
La secretaría de Energía, que tiene a Enarsa, la empresa del Estado nacional, como herramienta ejecutiva, está realizando reuniones con las empresas que tienen las concesiones, prorrogadas por resolución por un plazo de cuatro meses.
De estas reuniones no participan funcionarios provinciales, según pudo confirmar este diario.
De fuentes empresariales sí se sabe que el inventario (estado de las obras, detalles del personal, datos sobre operación, resultados económicos) se lleva adelante sin inconvenientes con los concesionarios.
En 2022 el gobierno central creó un denominado Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados, a la que menciona por sus siglas Etahc.
Lo integran la secretaría de Energía, la subsecretaría de Energía Eléctrica, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Enarsa.
En julio, la secretaria de Energía, Flavia Royón, dispuso por resolución que “en las concesionarias de Centrales Hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados, y Piedra del Águila, una vez vencidos los plazos de las mismas, a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca, deberán continuar a cargo del complejo hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante 60 días corridos, prorrogables por igual término”.
Así las cosas, la definición sobre el futuro de las centrales hidroeléctricas que regulan los caudales de los ríos de la cuenca íntegramente argentina más importante, quedará para los próximos gobiernos.
En medio de tanta incertidumbre en torno del futuro, hay certezas: el presidente Alberto Fernández dejará de serlo en diciembre y su sucesor es una incógnita, y los dos gobernadores actuales, Omar Gutiérrez y Arabela Carreras, también cesarán para entonces, aunque con sucesores ya elegidos: Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.
Serán, precisamente, Figueroa y Weretilneck el task force que negociará con el próximo presidente el futuro de las centrales con el gobierno que asuma el 10 de diciembre.

La provincia de Neuquén mantiene los puntos de su reclamo
Desde el gobierno neuquino sostienen que los reclamos son los mismos de hace casi dos meses, cuando se acordó la creación de la comisión:
• Creación de una empresa para la administración de las centrales, con participación accionaria de las provincias, trabajadores; y el Estado nacional.
• La definición de la remuneración de la energía sobre la cual se va a definir la renta del negocio. La estructura tarifaria deja ahora buena parte de esa remuneración fuera del cálculo de las regalías (de los aportes a la AIC y el Orsep).
• Regalías para las provincias pero también para municipios aledaños.
• Creación de un fondo para infraestructura hidroeléctrica en la misma cuenca Comahue.
• Canon de uso del agua, algo que todos lo que toman este recurso pagan.
• Tarifa Comahue, que es un precio diferencial para la electricidad que rigió hasta las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem.

Represas: De qué estamos hablando
Hidroeléctrica El Chocón (incluye a su compensador, Arroyito). Tiene una potencia instalada de 1.200 MW y es manejada por la italiana Enel.
Hidroeléctrica Piedra del Águila, Es la de mayor potencia de la región, 1.400 MW. La concesión está en manos de la argentina Central Puerto (Miguens-Bemberg).
Hidroeléctrica Alicurá. Con una potencia instalada de 1.000 MW, es operada desde hace dos décadas por la estadounidense AES.
Hidroeléctrica Cerros Colorados. Se trata de un complejo con dos embalses y cinco presas pero una sola central, de 450 MW. La mexicana Orazul tiene la concesión.
Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú. Este compensador de Piedra del Águila se concesionó como unidad de negocios independiente porque no estaba terminada al momento de su privatización. Está ahora en manos de Pampa Energía, del grupo Mindlin.
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¿Hay litio en la provincia de Buenos Aires?: El estudio que entusiasma a las autoridades mineras

Fecha de Publicación: 29/08/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Producción bonaerense firmó un convenio para conocer el potencial geológico de la Provincia. Creen que puede haber litio.
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) va a estudiar el potenciar geológico en litio y Elementos de Tierras Raras (ETR) en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un trabajo de aproximadamente cuatro meses que podría revolucionar la industria minera bonaerense. Todos los detalles de una iniciativa que entusiasma al Ministerio de Producción.
El proyecto surgió en el Consejo Federal Minería en base a estudios previos de la Universidad Nacional de la Plata y de la Universidad Nacional del Sur. "Es el punta pie para profundizar la investigación", contaron a INFOCIELO desde el Ministerio de Producción que tiene en su ámbito a la Subsecretaría de Minería. "La Provincia cuenta en su historia geológica con depósitos de arcos volcánicos antiguos que pueden ser fuente de litio", agregaron.
El licenciado en Geología Gian Filippetti explicó a este medio que el mineral apodado oro blanco por su gran demanda en la actualidad puede encontrarse en depósitos pegmatíticos. Es decir, en piedra enterrada que antes fue magma. "Los depósitos pegmatíticos se dan en los últimos estadios de segregación magmática y nosotros acá tenemos rocas plutónicas que podríamos decirles magmáticas", resumió.
¿Esto significa que hay litio en la provincia de Buenos Aires? "En principio diría que no, pero en geología uno no tiene que cerrarse", indicó el geólogo. Desde esa mentalidad y sumado a las evidencias volcánicas, el gobierno bonaerense decidió avanzar con el convenio en busca de mayores precisiones.

La investigación del SEGEMAR
Los estudios del servicio geológico se centrarán en el centro de la provincia (sistema de tandilia), el sur y el sudoeste. Según estimaron, la primera etapa de búsqueda, llamada prospección, durará unos 4 meses.
El paso siguiente, que llevará más tiempo, consiste en delimitar zonas específicas en las que hayan encontrado "anomalías" que podrían corresponderse con litio o con alguno de los ETR. Ahí se hacen pozos, se extrae el material y se analiza su composición química.
Los ETR son 17 elementos químicos que se encuentran en muy pequeñas concentraciones y que tienen numerosas aplicaciones industriales. "Uno de los principales usos es para la fabricación de imanes, componentes de celulares y baterías. También intervienen en la fabricación de turbinas eólicas y paneles solares", ejemplificó Filippetti en diálogo con INFOCIELO..
De ahí la importancia de contar con estos minerales que hoy en día se producen principalmente en China. "Son estratégicos en las necesidades minerales del mundo actual y del futuro", coincidieron desde el Ministerio que lidera Augusto Costa.

¿Una revolución minera?
La provincia de Buenos Aires tiene una gran tradición minera, pero está estancada desde hace décadas. Basta mirar la cantidad de empleos que genera para ilustrarlo: en 2007, según cifras del Ministerio de Economía, había 3.357 personas trabajando en esta actividad y en agosto de 2023 ese número subió a 4.503. La provincia de Santa Cruz, por ejemplo, pasó de 2.800 a 8.800 empleos en el mismo periodo.
Más allá de esto, hay actividades extractivas en unos 50 municipios que se concentran principalmente en 16 (Olavarría, Azul y Tandil son los más importantes). La minería bonaerense está centrada en obtener materiales para la construcción: granito, tosca, caliza, entre otras cosas. Esto no significa que no sea económicamente relevante: de acuerdo al Ministerio de Hacienda y Finanzas, la explotación de minas bonaerenses generó casi 54 mil millones de pesos en 2022 y exportaciones equivalentes a 1930 millones de dólares.
Sin embargo, es uno de los sectores económicos que menos le aporta al Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial. En 2022 su incidencia fue del 0,3% superando solo a la actividad pesquera (que aportó el 0,2%).
¿Podrán los minerales del futuro cambiar esta ecuación? ¿Habrá litio en el subsuelo bonaerense? La respuesta llegará entrado el 2024, pero la pregunta ya genera expectativas. "Es fundamental conocer todo nuestro potencial geológico minero", sentenciaron las autoridades mineras bonaerenses.
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Misiones refuerza su presupuesto para el cuidado de la ecología: destacan el plan de instalación de sistemas de monitoreo de velocidad en zonas de áreas protegidas

Fecha de Publicación: 29/08/2023
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


En el marco de la presentación del Presupuesto 2024, el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, presentó un proyecto de presupuesto de alrededor de 4.425 millones de pesos a la Cámara de Diputados. Sin embargo, este monto aún no está definitivamente establecido, ya que los diputados tienen la autoridad de incorporar partidas adicionales o reajustar aspectos durante el análisis del presupuesto.
Víctor Kreimer, ministro de Ecología, explicó que “es posible que se realicen ajustes debido a la inflación”. El enfoque principal del presupuesto es mejorar los sistemas de monitoreo de velocidad en zonas donde se necesita proteger la vida silvestre. Según Kreimer, «la idea es tratar de llegar antes de la próxima temporada de verano debido a la mayor circulación de turistas en las rutas”.
Los objetivos de estas medidas son mejorar la señalización y la forma en que se controla la velocidad; además, en áreas de alta incidencia de accidentes, como el «triángulo» compuesto por las rutas 12, 101 y 19, que pasan por zonas protegidas y parques nacionales, ya se utilizan radares de control de velocidad.
“Estamos trabajando con el Ministerio de Gobierno y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la implementación de sistemas de control de velocidad por tramo, lo que garantizaría que los conductores mantengan una velocidad constante entre dos puntos, evitando acelerar y frenar solo ante la presencia de radares”, aseguró Kreimer.
También señaló que estas medidas son innovadoras en Argentina y subrayó la importancia de concientizar a los conductores sobre la necesidad de reducir la velocidad en áreas donde convive la fauna nativa. “Hay que seguir incorporando cuestiones como estas para reducir los accidentes”, agregó.
Además, resaltó que los sistemas de control deben cumplir con la normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para ser legalmente efectivos y evitar problemas jurídicos. «Convivimos con fauna nativa y la gente tiene que entender que en determinados lugares las velocidades deben ser menores», destacó.
Asimismo, indicó que es importante es trabajar y generar conciencia con taxistas y conductores de transporte en la zona de Iguazú, ya que muchos accidentes son causados por residentes locales. En este sentido, la velocidad se calcula a través de una foto, al momento en que entras al área que vas a controlar; y luego, con una foto del momento en que salís: “Conociendo la distancia y el tiempo que pasó entre una foto y la otra, podés calcular a qué distancia se circuló”, comentó el ministro. En la zona de áreas naturales protegidas, la velocidad es de 60 km y en algunos lugares está reducida a 30 km, que son los lugares donde se identifican pasos de fauna.
Por otro lado, abordó el tema de los centros de recuperación de fauna herida o rescatada, donde se planean mejoras en la infraestructura y la capacitación, con el objetivo de reinsertar a los animales en su entorno natural siempre que sea posible. “En la provincia tenemos algunos centros de atención especializados en fauna silvestre, como El Puma, en Candelaria, Güirá Oga también es un centro con mucho prestigio y con muchos años de experiencia; además, en los últimos meses se ha incorporado el Centro Ohana, que es el centro que opera la Fundación Dante Piesco en Salto Encantado”, manifestó.
Sobre estos centros, agregó que se está realizando una obra de ampliación en “El Puma”, para dotarlo de mayor capacidad e incorporar equipamiento de tecnología. Además, en Güirá Oga y con Ohana se trabaja para mejorar el equipamiento y la red de traslado: “Lamentablemente hay muchos animales que no pueden volver a la selva y los animales que estuvieron reducidos al mascotismo, muchas veces, es difícil reincorporarlos porque están acostumbrados al trato con el ser humano y dependen de él para alimentarse”, contó.
Finalmente, consideró que para los misioneros  “es un privilegio convivir en este entorno natural con el 52% de la biodiversidad de todo nuestro país”. En este sentido, llamó a la reflexión y a la responsabilidad para poder seguir saliendo de una ruta misionera y ver los animales. «Es responsabilidad de todos los misioneros mantener este entorno natural único y promover el turismo sostenible relacionado con la observación de aves y la naturaleza”, concluyó Kreimer.
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Deforestación ilegal: 50.000 hectáreas de bosque fueron arrasados en el norte argentino en lo que va del año

Fecha de Publicación: 28/08/2023
Fuente: Portal primerplanoonline.com.ar
Provincia/Región: NOA - NEA


Esta problemática en la región chaqueña es realmente significativa: cuenta con una superficie de más de 60 millones de hectáreas y representa el 60 % del Gran Chaco de América, siendo después del Amazonas el segundo pulmón verde más importante del continente.
La deforestación ilegal en Argentina no se detiene. En el norte del país se han registrado pérdidas de bosques enteros. La provincia de Chaco evidenció la pérdida de 51.600 hectáreas de bosques debido a la deforestación intensiva en el primer semestre de 2023.
El problema de la deforestación proviene del sector privado, donde se destruyen áreas naturales y bosques completos para generar espacios donde se pueda disponer de suelo para la cría de ganado y la plantación de soja.
Los registros evidenciaron que ha habido un aumento en la tasa de deforestación en comparación con el año pasado: un 25% más que en el mismo período de 2022, cuando se deforestaron 41.332 hectáreas.
La mayoría de los desmontes son ilegales, lo cual agrava aún más la situación, ya que la deforestación sigue aumentando y se genera una destrucción continua del ambiente.
Organizaciones sociales y ecologistas llevaron a cabo relevamientos a través de imágenes satelitales, mediante las cuales se pudo registrar lo siguiente:
- Entre enero y junio de 2023 la deforestación en Chaco fue de 24.522 hectáreas.
- Santiago del Estero registró 19.040 hectáreas deforestadas.
- En Formosa se registró 5.804 hectáreas deforestadas y en la provincia de Salta, 2.234 hectáreas.
Las consecuencias de la deforestación son múltiples, provoca desaparición de especies de flora y fauna, contribuye al aceleramiento del cambio climático, ocasiona inundaciones en zonas afectadas,  promueve la desertificación del ambiente y genera enfermedades en las poblaciones más vulnerables.
Por otro lado, hablar de problemas ambientales es sinónimo de problemáticas sociales. Los desmontes y la deforestación ilegal conllevan el  desalojo de comunidades indígenas y campesinas, la pérdida de fuentes de alimentos, y el uso de la naturaleza con fines medicinales.
La deforestación en la región chaqueña es una emergencia ambiental y  se debe actuar en consecuencia. A pesar de las normativas ambientales a nivel nacional y provincial, las topadoras siguen avanzando sin pausa, y las multas y sanciones ya no son suficientes para poner fin a este ecocidio.
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Control industrial: comenzamos la instalación de equipos de monitoreo en empresas de Burzaco

Fecha de Publicación: 28/08/2023
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


Se trata de sensores que miden de forma automática la calidad de los efluentes líquidos que genera la empresa en sus procesos en distintos momentos del día, lo que permite un control industrial más preciso y completo.
En una nueva etapa para el control industrial, ACUMAR inició la instalación de uno de sus equipos de muestreo automático en una empresa frigorífica en el Municipio de Almirante Brown, en la localidad de Burzaco. Durante los próximos meses, se planifica la instalación de estos equipos en empresas que se encuentran en el último tramo de su adecuación ambiental.
Además del control, esta tecnología permite conocer el grado de avance en la mejora de la calidad de los efluentes líquidos. Las muestras son retiradas cada 48 horas y llevadas al laboratorio para su análisis. El plan de evaluación de avances a través de estos equipos incluye su colocación en, aproximadamente, 20 empresas declaradas en su momento como Agentes Contaminantes, que están en su último tramo de adecuación ambiental.
Cada empresa debe asegurar la provisión de un sitio resguardado de las inclemencias climáticas y que proteja la integridad de los equipos que permanecerán durante dos semanas en cada una.
“Seguimos incorporando tecnología para que el control industrial, ya consolidado como práctica cotidiana en la Cuenca Matanza Riachuelo, pueda ingresar en una nueva etapa de mayor optimización. Acompañar y promover en los establecimientos la adecuación ambiental de los procesos productivos es indispensable para la recuperación de la Cuenca”, destacó el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella.
Estos equipos, que habían sido recuperados y refuncionalizados, tras ser encontrados en estado de abandono por la gestión anterior del organismo, son una herramienta que optimiza y automatiza el control industrial, brindando información confiable para monitorear que, encontrándose las industrias en su último tramo de adecuación, sus plantas de tratamiento sean puestas en régimen y se ajusten sus efluentes líquidos a la normativa vigente.
Los controladores automáticos permiten la extracción de muestras de efluentes líquidos de manera programada, de acuerdo a la actividad de cada industria y a la necesidad de controlar en distinta temporalidad. Cada equipo de monitoreo tiene gran capacidad de fraccionamiento, almacenamiento y conservación de líquidos para poder determinar con precisión el momento en el que ocurren las desviaciones en el cumplimiento de su plan de adecuación.
El dispositivo permanecerá en este establecimiento frigorífico, aproximadamente, por dos semanas en el que se retirarán las muestras extraídas cada dos días. Anteriormente, se instaló otro de ellos en una fábrica de químicos en Cañuelas. El objetivo es continuar con la distribución de estos sensores en las plantas con mayor incidencia ambiental en la Cuenca y que se encuentran en el tramo final de la implementación de su Plan de Adecuación Ambiental y que trabajan en mejoras en sus plantas de tratamiento de efluentes.
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Convocaron a dos audiencias de desmonte sin tener listo el OTBN

Fecha de Publicación: 26/08/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es para concluir el procedimiento del cambio de uso de suelo (que implica muchas veces desmonte) en Rosario de la Frontera y Cafayate.
Entre el viernes y ayer se publicó en el Boletín Oficial de Salta la convocatoria a dos audiencias públicas para revisar el uso de tierras en los deparatamentos de Rosario de la Frontera y Cafayate, pese a que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) continúa sin ser actualizado oficialmente.
Fuentes de la Secretaría de Ambiente afirmaron que ambos procesos serán suspendidos dado que tras la publicación de ambas audiencias se pusieron en marcha acciones para tal fin. Sin embargo, no existe aún instrumento oficial que valide tal versión.
“Se suspendieron las audiencias hasta tanto tengamos el mapa definitivo”, dijeron desde Ambiente al sostener que de todas maneras los edictos debían llegar al organismo y desde allí la directiva era suspender el procedimiento.
Nadie supo responder con certeza cuál fue la situación que generó la convocatoria pese a faltar los mapas que indicarán cuáles son bosques nativos a proteger y cuáles las tierras destinadas a la producción.
La convocatoria a la primera audiencia fue publicada en el Boletín Oficial del viernes último y se trata de un pedido de autorización del “cambio de uso de suelo con fines de agricultura en una superficie de 114.5 hectáreas netas a habilitar y 51 hectáreas de protección en finca ‘La Rural’, inmueble matrícula N° 6.449”, de Cafayate. La convocatoria está prevista en este caso para el 22 de septiembre próximo, a las 10, en la escuela N° 4355 "María Luisa López", de la localidad de Tolombón, en donde se encuentra el predio en el que cual se prevé la producción. El expediente del proyecto se puede ver en “oficina de la empresa Establecimiento Bodega Tolombón SA”, y en la sede del Programa de Audiencias Públicas, en la calle Santiago de Estero 2245, 1o piso, Departamento 12, en días hábiles entre las 9 y las 14.
Cafayate, y otros departamentos de los Valles Calchaquíes, no fueron incorporados al OTBN que rigió hasta 2014, que, a falta de uno nuevo, hay quienes lo interpretan como “vigente” todavía. Sin embargo, se pudo conocer que en el actual mapa se prevé que los bosques nativos de esta región sean incorporados en su totalidad como zona roja, es decir, de total protección.
Sin embargo, una fuente de la repartición a cargo de ambiente en la municipalidad de Cafayate, desestimó que se con esta iniciativa de producción se pudiera afectar bosques nativos. “No hay bosques nativos en esa zona”, afirmó.
Este miércoles, en tanto, se publicó la convocatoria a otra audiencia pública, en este caso en Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia. En este caso la “autorización de Cambio de Uso de Suelo” se pide con el objetivo de habilitar tierras para ganadería en “una superficie de 541 hectáreas netas de desbajerado a habilitar (una suerte de desmonte selectivo), y 399 hectáreas de protección y reserva, en finca ‘Estancia Aragón’, inmueble matrícula Nº 8.572”, de la firma Río Horcones SA. En este caso la audiencia está prevista para el próximo 5 de octubre, a las 11, en el Colegio secundario rural San Felipe, del paraje del mismo nombre. Quienes quieran ver el expediente y sean de la zona pueden dirigirse al establecimiento a solicitar el expediente o, en su defecto, en el programa de Audiencias Públicas.
En el caso de Rosario de la Frontera, el mapa del Ordenamiento lo indica como un departamento con parte de verde (en donde se puede desmontar) y parte de amarillo.

Mapa vencido y audiencias suspendidas
En noviembre de 2021 fue la última vez anterior que se conoció la convocatoria a audiencias públicas de desmonte. En aquel año se habían publicado casi una decena de convocatorias para la puesta en producción de 25 mil hectáreas.
En ese entonces, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, había afirmado que ninguno de los procedimientos expuestos en las audiencias públicas que involucren desmontes iba a contar con los certificados para iniciar los trabajos. Ello en tanto que el mapa de OTBN estaba (y sigue) desactualizado desde 2014 y se debía establecer en cuáles zonas producir y en cuáles no.
Aunque en las dos publicaciones aquí expuestas se indica que la convocatoria es realizada por “el Secretario de Ambiente”, las fuentes del organismo que fueron consultadas sostuvieron que las publicaciones surgen directamente desde el Programa de Audiencias Públicas y no pasan antes por la vista del titular del organismo, en este caso, Aldazábal.
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Tensión, cruce de denuncias y una chacra bajo custodia en Río Negro por una remediación petrolera

Fecha de Publicación: 26/08/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El conflicto reinstala un debate: ¿pueden convivir la actividad petrolera y fruticultura en un área bajo riego?
Una fuga de crudo en un viejo pozo de YPF, en una chacra de Villa Manzano que produce peras y manzanas, generó una intrincada disputa judicial. El cruce de denuncias tiene en vilo a muchos actores: los superficiarios, la petrolera, el Departamento Provincial de Aguas, a las secretarías de Ambiente y de Energía y a la fiscalía de Cipolletti, a cargo de Gustavo Herrera, que interviene para solucionar el conflicto y garantizar la remediación, tarea que la petrolera asegura haber culminado.
La fuga de crudo se inició el 19 de octubre del año pasado en el pozo convencional RN 136, que está en la chacra “La Laguna”. Pertenece a Ricardo Albisu y Norma Ramírez, quienes la adquirieron a fines de los ´80, ya con los dos pozos . “Sin avisarnos nos rompieron la tranquera y entraron nueve camionetas: de YPF, de Energía, del DPA, camiones chupamanchas, dos dotaciones de bomberos y una ambulancia. Fue un despliegue que parecía que iban a mandar un cohete a la luna”, describió Norma. Dijo que su marido les cruzó el tractor para bloquearles la salida y les den explicaciones. Hubo largas horas de tensión, hasta que intervino la fiscalía y descomprimió la situación.
Los productores documentaron con fotos y videos el derrame y las tareas que se hicieron para detectar la fuga. Allí producen peras y manzanas de exportación y necesitan certificar la calidad durante todo el proceso.
En las imágenes que captaron a inicios de este año se observa un gran cráter con agua negra que brotó del pozo, mas el barro oscuro, originado por el movimiento de tierras que hicieron las máquinas excavadoras para dar con el origen de la pérdida.

Fuga de petróleo, caños rotos y un problema que se agravó
“Estuvieron hasta mediados de junio pasado sacando entre 4 y 7 volquetes con tierra contaminada todos los días. Se encontraron con caños del pozo rotos, podridos, que tienen más de 50 años. Comenzaron a cavar y el problema se agravaba cada vez más”, describió Ramírez.
Ante la consulta de Diario RIO NEGRO, la información oficial que dio YPF fue que apenas detectaron la fuga “se la contuvo y solucionó rápidamente”. Luego iniciaron las tareas de saneamiento, pero se demoraron “varios meses”, hasta junio de este año. Lo atribuyeron a “los constantes e injustificados impedimentos de los propietarios de la chacra, quienes frenaron permanentemente las tareas”.
No hubo una respuesta de la petrolera sobre la causa que generó la fuga, pero sí señalaron que el incidente quedó contenido dentro de la locación. “Así quedó demostrado con los monitoreos de suelo y de napas que realizaron los organismos provinciales, por lo que no existió ninguna afectación a las plantaciones y el superficiario realizó la cosecha con normalidad”.
Desde la otra vereda, Norma Ramírez indicó que “YPF le ofreció a mi marido comprarle la última cosecha completa. Si nos ofrecen eso para calmarnos, quiere decir que el daño que nos dejan será muy grande”.

Un derrame cerca del cauce del río Neuquén
La chacra se encuentra en un área ambiental sensible. A 800 metros del cauce del río Neuquén y a 200 de un brazo secundario que quedó desactivado. Allí la napa freática está alta, a unos 70 centímetros de profundidad, lo que eleva el riesgo de contaminación del agua.
De acuerdo a la información que aportaron a Diario RIO NEGRO todos los organismos del Estado, la fiscalía y la propia petrolera, la situación ya está controlada y no afectará a la napa. Desde el DPA también señalaron impedimentos de los propietarios para que sus técnicos realicen los muestreos semanales con los featrímetros.

Fiscalía pide que cesen con el hostigamiento o los detendrá
El jueves último, Albisu denunció en fiscalía que un supervisor de YPF quiso entrar a la chacra y él le exigió la planilla de ingreso. Dijo que el hombre se negó, chocó la tranquera con su camioneta y lo tiró. Desde YPF dieron otra versión: fue el productor quien agredió al empleado.
El martes la fiscalía les ordenó a Albisu, a Ramírez y al encargado que “se abstengan de realizar cualquier acto de hostigamiento en el ingreso de la locación”, caso contrario serán detenidos y sometidos a proceso judicial. Dispuso además una custodia policial en la entrada de la chacra.

«Los pozos petroleros no pueden estar en el Alto Valle»
Desde la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue alertan que la explotación petrolera se debe hacer solo en la meseta y no dentro del Alto Valle, por el riesgo de contaminación que implica para la napa freática.
“Los pozos no deben estar en las zonas productivas bajo riego, solo en la meseta, donde en caso de que se registre una contaminación, el daño sería menor”, indicó Agustín González, docente de la cátedra Climatología Agrícola en la facultad con sede en Cinco Saltos.
Explicó que el acuífero freático del Alto Valle es muy vulnerable: “Entre los cincuenta centímetros y el metro y medio de profundidad ya tenés el agua. Y cuando el petróleo entra en contacto con ella, la pluma se mueve para todos lados”.
Al referirse al caso del derrame de crudo en la chacra de Villa Manzano, señaló el riesgo que producen las fracturas petroleras en cercanías, ya que la meseta se encuentra a solo dos kilómetros. “La fractura es tan violenta, cien veces la de la presión atmosférica, y puede activar microfallas . Con ellas se generarían las roturas en los pozos preexistentes que están hasta cuatro kilómetros de distancia”, precisó.

Analizan con inteligencia artificial el impacto de Vaca Muerta
González y Laura Forni, científica del Instituto de Medioambiente de Estocolmo (SEI) con sede en California, encabezan un proyecto de investigación de Agrarias con el que se creó una plataforma de teledetección para hacer un seguimiento de la actividad del fracking. Con inteligencia artificial identificarán y analizarán -a través de imágenes satelitales e información local- las áreas de riesgo de la producción de hidrocarburos de la Cuenca de Vaca Muerta en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, para poder aportar al control o morigeración de la actividad.

La plataforma será presentada a fin de este mes.

Diario RIO NEGRO les envió un cuestionario para que expliquen el objetivo y alcances de su investigación y las que siguen fueron sus respuestas:

¿Qué estimaciones y análisis surgen de la investigación sobre el impacto de la producción petrolera en zonas productivas del Alto Valle?
La filtración de hidrocarburos de petróleo a través de las columnas del suelo es un aspecto muy importante a considerar en la preservación de la calidad del agua subterránea. Por ellas fluyen los desechos líquidos de varias fuentes. En el tema hidrocarburos, esas columnas pueden transferir desechos a los acuíferos de aguas subterráneas, en un proceso complicado que puede conducir a una contaminación que dure mucho tiempo o convertirse en una fuente constante de contaminación. Esta situación puede llegar a ser más grave si el el suelo está seco, porque más personas usan agua subterránea.

¿Qué sucede si se contamina un acuífero?
Los acuíferos contaminados se pueden restaurar, pero el proceso lleva un esfuerzo prolongado. Las técnicas para la remediación, si bien son valiosas, a menudo tienen limitaciones y son costosas. Por lo tanto, la estrategia fundamental para salvaguardar los recursos de agua subterránea radica en la prevención de derrames químicos en el ecosistema. Hay que enfatizar en la importancia de medidas proactivas para preservar la integridad de las fuentes de agua subterránea y de las actividades que dependen de ella.

¿Qué aportes surgen desde el ámbito académico y de la investigación regional ante la contaminación petrolera?
Estamos desarrollando una plataforma geoespacial, con acceso gratuito y a todo público, con datos de sensores remotos para generar indicadores socioambientales espacialmente explícitos. Dichos indicadores se basan en la cuantificación de riesgos (alto, medio, bajo) en contaminación de los recursos hidricos por la actividad hidrocarburífera. A su vez, utilizando imágenes de Planet (PlanetScope) y clasificación supervisada con algoritmos de IA, se puede identificar el cambio de uso de la tierra de vegetación agrícola o natural a plataformas de gas no convencionales entre los años 2017 y 2023.

¿Pueden convivir los pozos petroleros con la producción frutícola en los valles productivos?
La zona agrícola bajo riego del Alto Valle conjuga suelos aptos con materia orgánica, agua y clima apto, situación privilegiada en el mundo. Por ende, resultaría lógico que estas zonas sean protegidas para seguir generando alimentos a futuro. Hay varios artículos científicos que resaltan los riesgos de contaminación basados en las distancias entre el origen de la contaminación y el cuerpo receptor: “Cuanto mayor sea la distancia entre la fuente y el receptor, menor será la probabilidad de contaminación de las aguas subterráneas debido al aumento de los viajes de contaminantes… (EPA de EE. UU., 2016 citado en Loveless, 2019). Otros autores, como Qingmin Meng, 2015, establecen que las distancias menores de 1 kilómetro son determinadas como de alto riesgo; 1 a 2 km. de riesgo medio y 2 a 3 km. de bajo riesgo.
También son claves los aportes de los residentes. Algunos de ellos, dentro de la zona del Alto Valle, son reportes de zonas en donde la napa freática –agua libre- está muy próxima a la superficie la mayor parte del año entre 50 cm y 2 metros.

¿Cómo observan el rol de los organismo de control del Estado?
Las diferentes autoridades de aplicación son las que deben velar por el resguardo del ambiente y del agua, preservando la calidad de los recursos y la salud de las personas. También son estas instituciones las que deben comunicar a la sociedad los incidentes que ocurren y como los están remediando. Desde la Universidad y centros de investigación podemos aportar algunas herramientas técnico científicas para poder lograr un ordenamiento territorial que tenga como base el bienestar social y ambiental.
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Transformadores con PCB en Plottier: el alarmante resultado de las pericias

Fecha de Publicación: 25/08/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La situación de los directivos de la Cooperativa Eléctrica de Plottier podría complicarse en los próximos días. La fiscalía de Delitos Ambientales recibió los resultados de los análisis realizados a un grupo de transformadores, algunos enterrados en un lote de la entidad, otros enviados a Mendoza para su remediación, y en todos se detectó presencia del agente cancerígeno PCB.
A los fines de la investigación, lo relevante de las pericias es que uno de los tres transformadores que fueron enterrados tenía 420 partes por millón de bifenilos policlorados, cuando el máximo permitido por ley es de 50.
El otro dato que surgió es que en la provincia de Mendoza había transformadores enviados por la Cooperativa y que no habían sido declarados en su momento, cuando la secretaría de Medio Ambiente de la provincia le pidió un listado de todos los artefactos.
Uno de ellos tenía más de 50 partes por millón del refrigerante altamente tóxico.

Por ahora un solo imputado
La información fue suministrada a diario RÍO NEGRO por el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid. Hasta ahora la causa tiene un solo imputado al que le formularon cargos: Humberto Peñalver, miembro del consejo directivo de la cooperativa. Otros integrantes de la conducción fueron intimados a designar abogado defensor, pero todavía no los acusaron formalmente.
La investigación comenzó en abril a partir de una denuncia sobre el enterramiento de tres transformadores con más PCB del permitido en un predio de la calle Juan Pablo II de Plottier. La fiscalía los recuperó y trasladó a una empresa especializada en Añelo, donde se procedió a la apertura del bloque de cemento que los recubría y se tomaron muestras para el análisis.
En simultáneo se supo que otro grupo de transformadores habían sido manipulados, según la fiscalía por Peñalver: trasvasó su contenido a bidones, lo reemplazó por otro aceite, y los envió a Mendoza para la remediación.
Los bidones, que Peñalver cargó en su camioneta, nunca aparecieron. Sí encontraron otros recipientes en un galpón en la subestación transformadora de Valentina Sur.
Los resultados de las pericias encargadas por el fiscal Breide Obeid fueron categóricos.
Todo lo secuestrado fue sometido a pericias, y en todos los transformadores y bidones encontraron PCB. En la mayoría, la presencia del refrigerante no fue cuantificada. Pero en uno de los enterrados, y en uno de los que habían sido enviados a Mendoza, el laboratorio detectó volúmenes muy por encima de los autorizados por ley.
Breide Obeid explicó que en 2014 la subsecretaría de Medio Ambiente le pidió a la Cooperativa un listado de sus transformadores. En esa ocasión, la entidad declaró declaró «poseer 108 con PCB por debajo de las 50 partes por millón, y 6 transformadores cuyo contenido de PCB era mayor a 50 partes por millón«.
De los seis, tres fueron enterrados, dos enviados a Mendoza para la remediación (previo vaciar y reemplazar el contenido), y del sexto se ignora su paradero.
En Mendoza, explicó Breide Obeid, encontraron transformadores de la Cooperativa que no figuran en la declaración jurada del 2014. Uno de ellos tiene más de 50 partes por millón de PCB.
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Provincia de Buenos Aires: las dependencias públicas deberán presentar plan de gestión de residuos

Fecha de Publicación: 25/08/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires


La disposición alcanza a quienes generen más de 1000 kg. por mes, que deberán comenzar a separar sus residuos y asumir la contratación de los servicios de mantenimiento y limpieza, además de enviar la totalidad de la fracción seca reciclable a un destino sustentable que deberá ser cooperativa, asociación civil de recuperadores urbanos o planta municipal.
Provincia de Buenos Aires: las dependencias públicas deberán presentar plan de gestión de residuos El Ministerio de Ambiente bonaerense estableció este miércoles que las dependencias de la administración pública nacional y provincial asentadas en la jurisdicción deberán presentar un Plan de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos de la Administración Pública (GIRA).
Lo hizo a partir de la resolución 331 publicada en el Boletín Oficial, donde se determinó que la disposición entra en vigencia a partir de este miécoles y se remarcó que habrá sanciones disciplinarias para los funcionarios y agentes de cada organismo que la incumplan.
En el texto de la medida se indicó que quedan comprendidos los establecimientos físicos en los cuales se desempeñen tareas de la administración pública nacional y bonaerense en territorio de la provincia de Buenos Aires, que generen más de 1000 kg. por mes.
Así, se incluyen organismos centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo, dependencias educativas, del servicio penitenciario, establecimientos sanitarios y Universidades Nacionales y Provinciales. Y se invitó a adherir a la resolución al Poder Legislativo y Poder Judicial Federal y Provincial.
De acuerdo a la medida, los generadores de residuos sólidos urbanos "son económicamente responsables de la gestión de los residuos reciclables, comprendiendo por ella a la generación, disposición inicial selectiva, recolección, transporte, acondicionamiento y tratamiento" y, a la vez, "son ambientalmente responsables de la gestión de los residuos no reciclables".
Se destacó que el Plan "incluirá la fracción seca reciclable y los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La Autoridad de Aplicación requerirá la inclusión en el Plan de la gestión de la Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos (Forsu), los Neumáticos Fuera de Uso (NFU), los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el Aceite Vegetal Usado (AVU) y Mobiliario en desuso (MED), de corresponder".
De ese modo, el Generador Especial de Residuos Sólidos Urbanos de la Administración Pública, deberá adecuar la contratación de los servicios de mantenimiento y limpieza a la nueva resolución y tendrá que enviar la totalidad de la fracción seca reciclable a un destino sustentable que deberá ser cooperativa, asociación civil de recuperadores urbanos o planta municipal.
El plazo de vigencia del Plan será de dos años y comenzará a regir a partir de la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación. Su renovación deberá ser solicitada dentro de los 30 días hábiles anteriores a la fecha de su vencimiento.
Se aclaró que "a fin de la implementar la presente resolución, este Ministerio desarrollará herramientas de información, asesoramiento, capacitación y concientización relacionadas a la gestión integral de residuos sólidos urbanos y que serán destinadas al personal de los establecimientos incluidos por la presente".
En los fundamentos de la resolución se explicó que "se reconoce la actividad desarrollada por las cooperativas y/o asociaciones civiles de recuperadores de residuos urbanos como prestadoras de un servicio esencial para la comunidad, la preservación del ambiente, y la salud pública, y para hacer efectiva la participación e inclusión social de trabajadores, la generación de empleo sustentable y la economía circular, todo ello a partir del aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos como recurso generador de valor económico".
"Para lograr un cambio estructural y cultural se buscará implementar acciones concretas tendientes a la reducción, el fomento de la separación en origen y la creación de los circuitos adecuados para la valorización de las diversas corrientes de residuos generados en los establecimientos y la disposición final de aquellos no reciclables", se apuntó.
Por ello, se destacó la necesidad de "involucrar a todos los trabajadores de cada organismo, fomentando el compromiso a través de acciones de sensibilización y educación ambiental".
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Aseguran que es efectivo duplicar multas por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 24/08/2023
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Mientras se espera el nuevo OTBN, el gobierno intenta poner frenos al accionar de las topadoras en el Chaco. El subsecretario de Desarrollo Forestal del Chaco asegura que duplicar las multas económicas es una buena medida para frenar a los depredadores.
El ordenamiento territorial de los bosques nativos tiene en el decreto de finales de julio un nuevo capítulo en la extensa historia que aún no logra llegar al final de la trama que permitiría regularizar la actividad forestal en la provincia.
Hasta tanto se logre la adecuación del OTBN, es el decreto firmado el 27 de julio que establece, entre las medidas, el endurecimiento de las multas, la prohibición absoluta de los desmontes con cadenas y denuncias penales ante la quema de productos forestales.
La subsecretaría de Desarrollo Forestal añade "que también es importantes poner a consideración el ordenamiento, con la ejecución de los permisos, que es la forma administrativa que tienen un particular de cumplir con la ley".
La demora en la actualización le quita una herramienta que tiene el Estado "para poder controlar y monitorear los trabajos que se pueden realizar en territorio boscoso chaqueño", reconoció el funcionario en declaraciones al programa Agroperfiles Radio que se emite por FM Universidad Uncaus.
La necesidad de contar con la normativa nuevamente genera la diagramación de convocatorias a audiencias públicas "para poder salvar las observaciones y distintas opiniones y puntos de vista que existen posterior al decreto" para el OTBN que espera su validación en la Cámara de Diputados del Chaco.
"El objetivo es, culminada esa etapa, avanzar en la implementación final del ordenamiento y que se activen, de una vez por todas, los permisos", enfatizó Olivares.

Los procedimientos administrativos
En el proceso del Estado "existe un marco de procedimientos administrativos que se deben cumplir", tal como ocurre con las audiencias públicas que, como se sabe, no son vinculantes. Las fechas de inscripción para la participación se darán a conocer próximamente lo mismo que la data en la que se desarrollarán las convocatorias. "Posteriormente a las audiencias, con las conclusiones, haremos las adecuaciones que correspondan para que el ordenamiento esté aprobado y los permisos puedan aplicarse", detalló Olivares que sostiene que, a pesar de las demoras, "a lo largo del proceso existió un alto grado de consenso".

Diferencias Verdes
"Las diferencias existieron en las zonas donde deben manifestarse las categorías amarrilla y verde que, según el punto de vista técnico, el sector verde es donde pueda proyectarse el cambio de uso de suelo de una manera concreta en base a una planificación productiva que aproveche todo el potencial que existe en los suelos y represente un desarrollo para la agroindustria de la provincia", se explayó. En la otra perspectiva, "existen posturas que entienden que esa zona verde no debe ser manifestada en la totalidad que se propone mientras que otros directamente consideran que no debe existir el área verde, mientras que posturas diferentes entienden que debería ser el del 2009".
"El rol nuestro es poner al servicio de la comunidad toda la información técnica y que el ordenamiento territorial plasme una realidad objetiva, productiva pero también respetando los estándares y presupuestos mínimos ambientales vinculados con los bosques nativos", resumía el subsecretario de desarrollo forestal.

Tiempos de esperar
Los tiempos en los que el nuevo mapa forestal de la provincia esté listo no tienen certeza porque el procedimiento, "según lo que establecen los lineamientos nacionales, exigen dos etapas: la primera es la aprobación provincial y posteriormente la acreditación ante la autoridad nacional".
"El proceso de acreditación ante la Nación será mucho más rápido si se cumplen todos los puntos que establece la reglamentación, es decir que si la provincia ajusta el trabajo a ese marco o protocolos, el proceso será más rápido que si tenemos que corregir por los cuestionamientos que se puedan recibir a determinados ítems", remarca Olivares.

Las multas por desmontes ilegales, duplicadas
"En el mientras tanto y hasta que se concreten las audiencias públicas" para buscar el OTBN definitivo, el decreto firmado por Jorge Capitanich a finales de julio define medidas para evitar que los desmontes ilegales sigan normalizándose.
El documento establece "duplicar el valor máximo de las multas por hectárea en el caso de los trabajos ilegales, pasando de dos salarios mínimos a cuatro por hectárea". El mismo decreto duplica también los máximos en el caso de desmontes en zona amarilla o rojas y en predios fiscales.
Cabe señalar que esta medida surge a partir de dos reuniones hechas por el Grupo Agroperfiles con el gobernador, una en Sáenz Peña y otra en Pampa del Infierno con los principales actores de la foresto industria, donde se le informó que por día, con topadoras con cadenas se estaban desmontando en forma ilegal unas 1.000 hectáreas de bosques.
El desmonte con cadena consiste en trabajar con dos topadoras a la par que enganchan una cadena muy pesada. Eso va volteando y partiendo todo lo que queda entre las dos topadoras. El resultado es un desastre. Arboles partidos, otros arrancados, todo mezclado.
Un par de topadoras tiene una capacidad de depredación de unas 50 a 70 hectáreas por día. Los costos son aproximadamente 300 litros de gasoil por hectárea, es decir, menos de 200 dólares. Cuando se "barre" con todos los árboles, se quema todo –que está prohibido—e ingresan máquinas para sacar lo que queda de desperdicio, le explicaron al mandatario los productores forestales.
"El tercer punto es que incorpora como agravante de los montos de las multas la utilización de cadenas para que el desmote se realice de manera más rápida, arrasando en poco tiempo con mucha madera, provocando no solamente un daño ambiental sobre los bosques nativos sino también sobre el sector productivo foresto industrial que no tendrá la capacidad de aprovechar y procesar esa madera", refirió Luciano Olivares.

Aprovechamiento de la madera
La madera "dañada" que queda en el suelo también está contemplada en el decreto que busca restringir los desmontes pero, reconociendo que los trabajos ilegales existen, pretende permitir que sea aprovechada por el sector de la foresto industria.
"La madera que ya se dañó se intenta sea obligatoriamente utilizada por el propietario que tendrá que realizar contratos con los productores forestales para que aprovechen y retiren el material del lugar", menciona Olivares. En el caso de que, por la lectura de la imagen satelital, se verifiquen "indicios de que esa superficie pueda ser afectada por el fuego se harán las denuncias penales correspondientes", advierten.

Efectos positivos
El decreto, que tiene poco menos de un mes de vigencia, en el entendimiento del subsecretario de Desarrollo Forestal "tiene un efecto positivo". "Es positivo desde dos putnos de vista, el primero es el de la recaudación de la Dirección de Bosques en concepto de multas que se está incrementando, superándose en medio año lo del 2022, lo que implica que las sanciones están siendo aplicadas y son pagadas por los infractores", dice Luciano Olivares.
El otro punto mencionado por el funcionario provincial es que, "por los charlado con el sector foresto industrial, el propietario que generalmente es un empresario agrícola o ganadero, se acerca a los productores forestales para realizar los contratos y permitir la utilización y aprovechamiento de la madera".
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Ambiente capacita a las fuerzas de seguridad en normativa y manejo de fauna silvestre

Fecha de Publicación: 24/08/2023
Fuente: Gobierno de Mendoza
Provincia/Región: Mendoza


La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial -a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables- llevó adelante una capacitación sobre normativa y manejo de fauna silvestre destinada a personal de organismos públicos vinculados a temas de seguridad y prevención.
Participaron en la capacitación brindada por la Dirección de Recursos Naturales Renovables sobre manejo de fauna silvestre y normativa representantes de la Policía Rural, el Iscamen, referentes de Ambiente de la Municipalidad de General Alvear, Defensa Civil, Bomberos de la Policía, Bomberos voluntarios de Bowen, Guardaparques y Gendarmería Nacional, entre otros.
Con la participación de más de 40 personas, el equipo del departamento de Fauna Silvestre, Educación Ambiental y personal veterinario de Recursos Naturales de la Delegación de General Alvear desarrolló durante cinco horas una capacitación enfocada a identificar ciertas especies silvestres, analizar la normativa que rige el cuidado de la fauna provincial, con la finalidad de optimizar los rescates, procedimientos y derivaciones que a menudo se llevan adelante en todo el territorio provincial.
El director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor, destacó la importancia de transferir estos conocimientos al resto de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, que día a día aplican la normativa en materia de fauna silvestre. El objetivo es garantizar, entre otras cosas,
el bienestar animal y la efectividad en la realización de los procedimientos.
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Cambio climático: cómo prevenir la escasez de agua y gestionar las sequías

Fecha de Publicación: 23/08/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


En Argentina no desconocemos las problemáticas de una sequía. El flagelo a la cosecha del sector agropecuario entre fines del año pasado y comienzos de este 2023 derivó en una crisis económica seria para el país. A su vez, las sequías tienen sus coletazos directos en el acceso al agua potable. En lo que respecta a este particular, durante el verano se agravaron las falencias en la distribución del recurso producto de dicha sequía. Los expertos hablan de que no se puede obviar, a esta altura, la relación de estos azotes naturales con el cambio climático.
Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los fenómenos meteorológicos extremos y los choques climáticos se están agravando en América Latina y el Caribe: en los últimos 30 años, las temperaturas se elevaron a un promedio de 0,2 ºC por década, la tasa más alta de la que se tiene constancia.
A su vez, a medida que se aceleran la tendencia al calentamiento a largo plazo y el aumento de nivel del mar, se pondrá cada vez más de relieve un círculo vicioso con impactos negativos sobre los países y las comunidades locales. El estudio concluye que la sequía prolongada derivó en un descenso de la producción hidroeléctrica en amplias zonas de América del Sur, que junto al aumento del nivel del mar, una gran parte de la población que vive en zonas costeras terminó con problemas de escasez de agua, ya que contamina los acuíferos de agua dulce y erosiona las costas.
Uruguay, y especialmente Montevideo, es el caso actual más emblemático de cómo el cambio climático puede producir una sequía atroz que no tiene precedentes en los últimos 70 años. Los niveles extremadamente bajos que alcanzaron las reservas de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce para la zona más poblada del país vecino, mantiene en alerta a toda la región.
De vigencia actual, la crisis de Uruguay es parte de un panorama histórico mayor en cuanto a la problemática de la escasez del recurso hídrico. En términos globales, un 26 por ciento de la población no tiene acceso a agua potable, según consignó la Organización de las Naciones Unidas en su más reciente Informe Mundial sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos.
Además, la ONU da cuenta de otras cifras, por caso, que 1,4 millones de personas mueren anualmente, al tiempo que otras 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades vinculadas con agua, saneamiento e higiene deficientes, empujadas indirectamente por fenómenos naturales como sequías o temperaturas extremas.

El impacto de fenómenos climáticos en Argentina
Evidentemente, nunca se puede estar preparado 100% para desastres naturales. Algunas de las dificultades que afronta la región provienen del impacto de “La Niña”, una anomalía climática que tiene lugar desde hace tres años, y que no solo ha afectado a Uruguay, también algunas provincias del norte argentino sufren sus coletazos.
“La Niña” es un patrón climático relacionado con una reducción en la temperatura superficial del mar en el Pacífico que influye en el clima de todo el mundo que afectó la regularidad de las lluvias. La precipitación pluvial total en la zona central de la Argentina fue la más baja registrada en más de medio siglo, por lo que no solo la producción de cultivos cayó drásticamente en regiones agrícolas, el efecto llevó a que algunas provincias norteñas declararon emergencias hídricas en varias áreas.
En conjunto, el cambio climático está provocando escasez de agua. Además, en el norte argentino se añaden factores como temperaturas extremas y focos de incendio que comúnmente agravan el drama de una sequía. En pos de llevar una solución a sus habitantes, actualmente, en las zonas afectadas, se están construyendo grandes reservorios para subsanar los desafíos que plantea la falta del recurso. Tal es el caso de Laguna Yema, en Formosa, donde se puso en marcha un sistema de bombeo artificial para evitar que se seque el Canal El Aibal.
Néstor Álvarez, subadministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), organismo que se encuentra a cargo de estos proyectos, sostiene que “el agua potable inocua, la gestión sostenible, el saneamiento y la higiene, y el desarrollo de los recursos hídricos son elementos indispensables para garantizar la seguridad hídrica a nivel global”.
Con esta perspectiva, en Formosa también se avanza con la ejecución de tres obras de provisión de agua, entre ellas el acueducto de agua cruda desde el río Paraguay a Misión Laishí y Mayor Villafañe.
A éste, se suma otro acueducto que llevará agua a Subteniente Perín, Lavalle y Riacho de Oro, así como la construcción de otra planta de tratamiento en esta última localidad, entre otras mejoras que completará el ENOHSA para dar acceso al agua segura a más de 10 mil personas en la provincia.
“Hoy en día, a nivel país, se está trabajando en 1.051 obras de agua y saneamiento”, detalla Álvarez al respecto. Y concluye: “Esperamos que ese número se incremente considerablemente hacia fines del 2023, para alcanzar la ampliación efectiva de cobertura de agua y saneamiento, que es el objetivo que se tiene que plantear el Estado como garante de estos derechos que corresponden a la totalidad de la población”.
En esta línea de acción, el ENOHSA totaliza 63 obras en curso en el norte argentino, con una inversión superior a los 31 millones de pesos y en beneficio de más de 2 millones de personas. Los trabajos se dividen de la siguiente manera: un proyecto en Jujuy, 24 en Formosa y 37 en Salta. Entre todos, generaron más de 2.200 puestos de trabajo.
En cuanto a Jujuy, la obra más destacada es la planta potabilizadora Libertador General San Martín, mientras que en Salta sobresale el reemplazo del acueducto de la planta potabilizadora 1° Etapa de Tartagal. Por último, en Formosa las tareas más importantes se realizan en torno a la emergencia hídrica por bajantes ríos Paraná - Paraguay y Bermejo Resistencia.
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Misiones será sede de la mesa de diálogo regional para la implementación del Acuerdo Escazú en el país   

Fecha de Publicación: 23/08/2023
Fuente: Misiones Online
Provincia/Región: Misiones - Nacional


En un esfuerzo conjunto por promover la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible, Misiones se erige como el anfitrión de la Mesa de Diálogo Regional, en el contexto de la elaboración colaborativa del Primer Plan de Acción Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú. Esta trascendental reunión está programada para el próximo lunes 28 de agosto y tiene como objetivo crucial recoger ideas y perspectivas para nutrir la concepción de este plan pionero.
Cambio climático | Misiones será sede de la mesa de diálogo regional para la implementación del Acuerdo Escazú en el país La Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación ha desplegado una estrategia vanguardista de participación pública, diseñada para recolectar propuestas y obtener insumos sustanciales destinados a la creación del primer Plan de Acción Nacional en el marco del Acuerdo de Escazú. Este proceso, marcado en rojo en el calendario, tendrá lugar el mencionado día a partir de las 16:00 hasta las 19:00 horas, teniendo como escenario el renombrado Auditorio TSM, ubicado en el Ex-Estación de Trenes, en el 4to Tramo de la Costanera.
Este acto presencial se suma a una serie de encuentros virtuales que tuvieron lugar a lo largo del mes de julio. Esta vez, la dinámica se transforma en una mesa de diálogo que no solo busca ser un espacio de consulta, sino también un foro de colaboración donde diversos actores y sectores comprometidos con la temática podrán contribuir con sus opiniones y propuestas.
En sintonía con esta importante iniciativa, la Secretaría de Estado de Cambio Climático de la provincia se une en colaboración para garantizar que el evento sea un éxito en términos de participación y aportes significativos. La convocatoria, por tanto, abarca a toda la región NEA del país, resaltando la magnitud de esta oportunidad para moldear de manera conjunta el futuro de las políticas en este ámbito.
La estrategia de participación pública, que enmarca este evento, no solo es un paso significativo hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Escazú, sino que también ejemplifica el compromiso de Argentina con su adhesión a este acuerdo desde el año 2020. Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023, se llevó a cabo un proceso exhaustivo de diagnóstico, involucrando un minucioso análisis de los marcos normativos a nivel internacional, nacional y provincial. A ello se suman entrevistas profundas a actores clave en los ámbitos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y representantes del sector privado. Estos interlocutores brindaron información vital sobre el estado actual de los derechos de acceso y delinearon las oportunidades y desafíos que se plantean en la búsqueda de su plena garantía.
Es importante destacar que los espacios son limitados. Aquellos interesados en unirse a esta mesa de diálogo regional pueden acceder al formulario de registro a través del siguiente enlace: formulario de inscripción.
Para aquellos que no puedan estar presentes en el encuentro, se brinda la posibilidad de contribuir mediante un formulario digital para la recepción de propuestas. Este cuestionario estará disponible para recibir aportes hasta el día 31 de agosto, asegurando que todas las voces interesadas tengan la oportunidad de ser escuchadas y contribuir al avance de esta causa crucial para el futuro sostenible de nuestro país.
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Nuevo amparo contra la extracción de arenas silíceas cerca de Diamante

Fecha de Publicación: 22/08/2023
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


Fundación inició un amparo contra la provincia y una empresa que extrae arenas silíceas cerca de Diamante. El elemento se usa para el fracking en Vaca Muerta.
 Se inició un amparo ambiental por la extracción de arenas silíceas del río Paraná, en una zona cerca del departamento Diamante. El proceso lo inició la Fundación Cauce: Cultura ambiental-Causa Ecologista contra el Estado Provincial y Arenas Argentinas del Paraná S.A. El trámite está a cargo del Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, Hugo González Elías.
La arena que se extrae es utilizada en el fracking (fractura hidráulica) en la reserva de gas de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. En la provincia ya hubo otros amparos que cuestionaron la extracción de arena en la zona de Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.
Según registró UNO, ahora se informó que la Fundación pretende que se ordene al Estado Provincial la "realización de una correcta evaluación de impacto ambiental acumulativo de forma de asegurar una explotación sustentable del recurso, considerando que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa y que dio origen a la autorización estatal para la extracción de arena es defectuoso por diversas razones que constan en su demanda".
En 2019, la Fundación realizó un amparo contra la provincia y la empresa, cuando buscó la anulación del certificado de Aptitud Ambiental emitido por el municipio de Diamante en diciembre de 2018.
Como primera medida, el juez Elías convocó a participar del proceso colectivo a todo aquel entrerriano que se encuentre interesado en participar en defensa de los derechos colectivos al ambiente, en particular, en la explotación sustentable de los recursos naturales en el río Paraná donde la empresa demandada se encuentra autorizada a extraer, podrá hacerlo dirigiéndose a la dirección de correo: seccamcontadpna@jusentrerios.gov.ar .

Pedido a la justicia
En el escrito, Cauce solicitó a la justicia que ordene al gobierno provincial realizar una correcta evaluación de impacto ambiental de la actividad que pretende desarrollar la Empresa Arenas Argentinas del Paraná, realizar un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo y que se dicten las medidas necesarias para prevenir daños ambientales en el río Paraná, principalmente en la zona de Paraná Medio y sus humedales.
“En su carácter de garante de la protección ambiental y de todos los recursos que le pertenecen por encontrarse en su territorio, de conformidad con lo normado por el artículo 85 de la Constitución Provincial y Decretos 4977/09 y 3498/16, no ha desarrollado acciones preventivas concretas ni estudios adecuados respecto de los impactos ambientales acumulativos que implica la autorización que ha otorgado a más de 40 empresas para que realicen dragados, en distinta escala, en el río Paraná, especialmente en áreas naturales protegidas como lo son la RUM Paraná Medio, la RUM Humedales e Islas de Victoria y la RUM De los Pájaros y sus Pueblos Libres (todas territorio PIECAS, también)”, indicó el texto respecto de la no actuación del Estado provincial.
En el caso de la empresa Arenas Argentinas del Paraná S.A., la Fundación pidió que presente un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de la zona específica en la que realizaría –o pretende realizar– la actividad extractiva (km 559/561) porque en el que se basó la Secretaria de Ambiente para su autorización es un EsIA de 2017 de otro sitio -ubicado entre los kilómetros 517 a 523 en cercanías al departamento de Diamante-, sin contemplar las diferencias en las características físicas, biológicas y socioeconómicas entre ubicaciones ni la temporalidad. es decir los cambios ambientales y ecosistémicos que han sucedido en estos seis años.
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