Un estudio nacional revela cómo contaminan el glifosato y el glufosinato de amonio cuando se mezclan en el ambiente

Fecha de Publicación: 23/11/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Investigadores del Conicet y de tres universidades nacionales detectaron que dos de los herbicidas más usados en el agronegocio se combinan fácilmente generando una nueva sustancia contaminante. El combo resultante produce alteración hormonal y daño genético, antesala de patologías asociadas al cáncer.
Investigadores del Conicet y de tres universidades nacionales detectaron en un estudio de laboratorio que el glifosato y el glufosinato de amonio –dos de los herbicidas más usados en el agronegocio– se mezclan fácilmente en el ambiente, generando una nueva sustancia contaminante. El combo resultante produce alteración hormonal y daño genético, antesala de patologías asociadas al cáncer.
El glifosato y el glufosinato de amonio se encuentran juntos en el ambiente, aunque poco se sabe de la interacción de estos compuestos químicos. El segundo de ellos, prohibido en la Unión Europea, es cada vez más utilizado en nuestro país, sobre todo a partir de la aprobación del trigo transgénico, el HB4 desarrollado por Bioceres. El glifosato sigue siendo el herbicida pilar del modelo de monocultivo desde que Felipe Solá, entonces secretario de Agricultura de Menem, autorizara su ingreso a la Argentina en 1996 en un trámite exprés basado en estudios de inocuidad presentados por la multinacional Monsanto, encargada de su comercialización.
Dedicado a la memoria de Carlos Vicente –referente de la lucha por las semillas libres y la agroecología, creador de la ONG Acción por la Biodiversidad, fallecido el 14 de marzo de este año–, el trabajo de investigación llevado a cabo por diez docentes y científicos argentinos, titulado “Evaluación comparativa de la toxicidad crónica individual y mixta del glifosato y el glufosinato de amonio en renacuajos de anfibios: un enfoque de múltiples biomarcadores”, cuestiona la aprobación de los eventos transgénicos y sus consecuencias en el medio ambiente y en la salud de la población.
El objetivo fue evaluar la ecotoxicidad de las mezclas de glifosato y glufosinato de amonio y el impacto potencial de la mezcla en la salud de los ecosistemas acuáticos. Para ello, los investigadores expusieron a renacuajos durante cuarenta y cinco (45) días a esas sustancias en dosis subletales (esto es, de bajas concentraciones) a las que pueden estar expuestas en su ambiente natural. Los resultados, publicados en la revista científica Chemosphere, probaron que el glufosinato de amonio provocó una mayor tasa de malformaciones, así como mayor daño genético y alteraciones en los niveles de la hormona T4.
Los anfibios son utilizados porque sus organismos presentan un desarrollo embrional similar al de los vertebrados, incluidos los humanos. “Este estudio tiene relación con el trabajo que venimos realizando desde hace 25 años sobre los efectos de los agroquímicos sobre la fauna silvestre. Particularmente, nos hemos dedicado a analizar los herbicidas que son los que más se encuentran contaminando suelos, agua, aguas subterráneas; de hecho, hasta en el aire hay rastros contaminantes de agroquímicos”, explica el científico Rafael Lajmanovich a Tiempo.
Profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet, Lajmanovich señala que “si bien el herbicida de mayor uso, el prioritario y el que más contamina sigue siendo el glifosato, desde 2013 venimos estudiando el glufosinato de amonio, sospechando que su uso se incrementaría, particularmente por la resistencia de determinadas malezas al glifosato», destaca.
«Aunque esté prohibido en Europa, eso acá pareciera no importar demasiado. Lo que había hasta ahora eran estudios comparativos de bibliografía, pero eran trabajos que los comparaban en forma separada, lo que hicimos nosotros fue comparar la acción en conjunto”, agrega el investigador que desde 1998 analiza el impacto de los agrotóxicos sobre la fauna silvestre.

Anomalías y teratogénesis
Lajmanovich indica que no solo corroboraron que el glufosinato de amonio es mucho más tóxico que el glifosato sino que además actúan en forma sinérgica, formando un nuevo compuesto a través de la unión de sus moléculas que podría ser aún más tóxico que el resultante de cada herbicida por separado.  
Germán Lener, investigador del Conicet y de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), es otro de los participantes del informe interdisciplinario y uno de los responsables de analizar la posibilidad de la unión de estas moléculas en el ambient: “Esta mezcla nueva que libera energía da lugar a un nuevo contaminante que puede formar puntos de alta concentración de pesticidas en sistemas acuáticos”. El trabajo alerta: las altas tasas de anomalías morfológicas en las primeras etapas de todos los tratamientos con herbicidas indican que GBH (glifosato) y GABH (glufosinato de amonio) son teratogénicos para los anfibios.
En sus conclusiones advierte que “se necesita poner un alto urgente a la aprobación continua de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas, como el glufosinato de amonio, que carecen de evaluaciones bioéticas y avales científicos multidiscipinarios”.
Mientras se siguen sumando evidencias científicas de la toxicidad de los plaguicidas utilizados a gran escala (días atrás este diario publicó el informe sobre la incidencia de la actividad agroindustrial y la calidad del agua respecto del aumento de cáncer en la zona centro del país, y otro sobre la contaminación en el Río Salado en Santa Fe) desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reconocen el aumento exponencial de los productos químicos registrados en el SENASA: en la actualidad son 5387, mayoritariamente herbicidas (el 43%) seguido por insecticidas y funguicidas. Para tomar dimensión, el informe advierte que “Argentina cuenta con treinta y seis millones de hectáreas cultivadas que requieren 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros productos fito-sanitarios”.
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Minería en Malargüe: el proyecto Cerro Amarillo se activa tras 16 años de espera

Fecha de Publicación: 23/11/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Una historia de vaivenes burocráticos, seis informes ambientales y estudios sobre el impacto en los glaciares. El yacimiento de cobre tiene más de 14.000 hectáreas. La exploración, el primer paso.
Han pasado más de 16 años, desde que se inició el trámite para obtener el aval para avanzar con la exploración de Cerro Amarillo. El expediente se inició el 13 de junio de 2006. Desde ese momento, fueron seis informes de impacto ambiental, más un relevamiento geofísico aéreo y de superficie y dos análisis de aguas superficiales de muestras tomadas en diferentes puntos del yacimiento.
Todo eso para llegar al declaración de impacto ambiental que permitió el debate legislativo de 2014. A pesar de todos estos papeles presentados (el expediente tiene más de mil fojas), en octubre de 2014 el Senado provincial marcó una carencia que detuvo el proyecto hasta ahora: faltaba ver si se podrían afectar glaciares en la zona.
En un primer momento se dijo que habría que esperar seis meses para saber si Cerro Amarillo afectaba glaciares. Hubo que esperar a 2018 que se terminara el inventario que llevaba adelante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) para ver que Cerro Amarillo no tocaba los bloques de hielo. Ahora, Rodolfo Suárez manda ese mismo impacto ambiental terminado de desarrollar en 2014, con el aditamento del relevamiento de glaciares.
Un dato surgió de ese inventario y que le puso límite a la posible futura explotación del yacimiento: a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar hay glaciares, así que la cota máxima de trabajo es 2.900 m.s.n.m.
El primer informe ambiental fue realizado en mayo de 2006, por Safety&Environment. Tras un dictamen realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que solicitó ampliaciones a ese primer documento, la misma empresa presentó los nuevos datos en febrero de 2007.
En abril de ese año, la Facultad de Ingeniería volvió a pedir más datos y entonces cambió la organización que preparó el informe de impacto ambiental y prácticamente desarrolló uno nuevo: fueron técnicos de la Facultad de Ciencias Físico, Matematicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis los encargados, quienes elevaron su documento en junio de 2007. Ante los reclamos de ampliaciones, fue la misma Casa de Estudios la que hizo una nueva presentación en agosto de 2008.
Paréntesis: la ley 7722 fue sancionada el 20 junio de 2007 y publicada en el Boletín Oficial el 22 de junio. Es decir, que cuando la Universidad Nacional de San Luis presentó su primer informe, Mendoza entraba en otra etapa respecto de la minería.
Para encontrar novedades relevantes en el expediente hay que saltar de 2008 a 2011. Ante el pedido de la Dirección de Protección Ambiental del Gobierno provincial, se hace una nueva ampliación del informe de impacto. Esa ampliación no la hizo la Universidad de San Luis, sino una geóloga local.
Este último trabajó incluyó los primeros análisis de laboratorio de aguas superficiales. Fueron nueve muestras tomadas en distintos puntos del yacimiento: todas dieron que el fluido de los arroyos de la zona no son aptos para consumo humano, animal, vida acuática y riego, por el PH (acidez o alcalinidad) y presencia de metales como cobre, zinc, plomo y aluminio.
Recién en abril de 2012, seis años después de inciado el expediente, sale la resolución conjunta de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental, aprobando lo hecho y ordenando los informes sectoriales del Departamento General de Irrigación y de la Municipalidad de Malargüe.
En junio de ese año, Malargüe da su visto bueno y en agosto hace lo propio Irrigación.
Parecía que el largo periplo de la declaración de impacto ambiental de Cerro Amarillo llegaba a su fin, pero en enero 2014 el Gobierno provincial pide un relevamiento geofísico aéreo y de superficie para precisar los puntos en los que se harán las perforaciones y minimizar el impacto ambiental en la zona.
Se trata de estudios conocidos por magnetometría y radiometría del área, que dan imágenes del subsuelo para determinar claramente los lugares en los que a priori hay mineral. En mayo 2014 se entrega ese trabajo.
Así, el 29 de agosto 2014 sale la resolución de la Dirección de Protección Ambiental y de la Dirección de Minería (firmada por Gonzalo Dávila y Carlos Molina, respectivamente) otorgando la Declaración de Impacto Ambiental. El 23 de setiembre de 2014 ingresó el expediente a la Cámara de Senadores.

Cinco grandes áreas
El yacimiento Cerro Amarillo tiene 14.280 hectáreas. Está dividido en cinco zonas poligonales. El “cateo I” tiene 4.300 hectáreas, el II cuenta con 3.900 ha, el III supera las 3.400 ha, la IV llega a 4.200 ha y la quinta se la conoce como mina Don Sosa, que tiene 97 ha.
En la zona no hay actividades económicas, ni productivas, salvo la ganadería estacional. En las inmediaciones del yacimiento suele haber presencia de arrieros en la época que se conoce como la “veranada”, que se extiende de octubre a marzo.
Por la zona corren los arroyos El Desecho, del Cajón Grande y del Cajón de los Oscuros. También está la laguna Cajón Grande. Como se dijo, se tomaron muestras de agua en distintos puntos y la calidad del fluido no era apta.
En los sucesivos informes se menciona la cercanía de Los Molles (localidad a medio de camino del complejo de esquí Valle de las Leñas, ubicada a 12 kilómetros al noreste del yacimiento). Pero el acceso se planificó por el sur, tomando la ruta 226 en Las Loicas y culmina en el paso internacional Vergara.
Desde esa ruta, a la altura de un paraje conocido como Valle Noble, hay que construir un camino consolidado de 3,5 metros de trocha y 20 kilómetros, para circular en 4x4 y y camiones livianos . El impacto de esa construcción también se incluyó en los informes.
El trabajo de exploración consiste en la perforación de nueve pozos distribuidos en los de no más de 400 metros de profundidad, para extraer “testigos” (muestras de roca) que muestran los lugares dónde hay mineral y la profundidad a la que están.
Un detalle. En aquellos primeros datos de 2006, se incluía la palabra oro entre los minerales que podrían encontrarse en la zona. Con el correr de los años y los estudios, esa palabra desapareció de los informes y la Declaración de Impacto Ambiental habla de cobre como único mineral. Habrá que ver después de la exploración a ver qué se encuentra, aunque los conocedores dicen que el mineral que aparece con más chances de trabajar es el cobre.

El agua en el yacimiento
En mayo de 2014, junto con los resultados del relevamiento geofísico aéreo, se entregan datos de laboratorio del segundo estudio de agua superficiales de la zona. Se tomaron 8 muestras de los tres arroyos que fluyen por la zona: El Desecho, Del Cajón Grande y del Cajón de los Oscuros. También de la laguna del Cajón Grande.
Una tercera parte de las muestras no es apta para humanos, animales, riego, ni vida acuática por los niveles de PH; siete puntos de muestreo no resultaron aptos para consumo humano por la elevada concentración de aluminio; seis muestras no eran aptas para la vida acuática por altos contenidos de cobre, plomo y zinc y dos por altos contenidos de manganeso.
De esa agua no apta, se usarán unos 10.000 litros para cada una de las perforaciones, con aditivos no contaminantes (viscomud, drillvis, drilldet y quickgel). Los lodos resultantes será recolectados en “piletas de decantación”.
Otro dato que surge de los sucesivos informes de impacto ambiental presentados es que en esa zona no hay relevamientos de aguas subterráneas, por lo tanto no se conoce cantidad, ni calidad del fluído que pudiera contenerse en las napas freáticas.
Así pues, las 19 perforaciones que se realizarán para saber si hay cobre y en cantidad suficiente como para que sea rentable iniciar la actividad minera, podrían ser también la primera evidencia de agua subterránea en la zona. En el informe, la empresa asume el compromiso de tomar muestras y denunciar el hallazgo al Departamento General de Irrigación.
De acuerdo al informe, el comportamiento del tipo de suelos de la región (basaltos y andesitas terciarios y cuaternarios) es variable, ya que si bien la roca “suele ser compacta frecuentemente están fisuradas y pueden tener espacios porales vesiculares que aumentan su porosidad y permeabilidad... por las características nombradas, el comportamiento hidrogeológico es muy irregular: desde no acuífero, hasta contener agua de variado grado de mineralización”.

Vueltas
La política tiene vueltas. Un funcionario que fue ministro de Obras de Francisco Pérez tuvo mucho que ver entre 2011 y principios de 2014, puesto la Dirección de Minería dependía de él, hasta la llegada de Marcos Zandomeni a Energía y termina “llevándose” esa dependencia.
Ese ex ministro ahora es senador del Pro (aliado de Cambia Mendoza) y parte de una de las comisiones que intervendrá en el análisis legislativo del expediente mandado por Rodolfo Suárez (Ambiente, Cambio Climático, Asuntos Territoriales y Vivienda). Se trata de Rolando Baldasso, quien conoce el expediente de cerca el proyecto.
Otras vueltas están en el expediente. Hubo tres empresas vinculadas al proyecto desde la presentación inicial. El dueño del derecho es Jorge Bengoechea, pero para avanzar en la exploración buscaba socios con espaldas.
Los primeros socios fueron Latinamerican Minerals Argentina, quienes iniciaron junto a Bengoechea el expediente en 2006. Para la ampliación del informe de impacto ambiental de 2008, aparece otra empresa: Constitution Mining Argentina SA. Los últimos socios fueron Meryllion Argentina SA, quienes ingresaron en diciembre de 2010. Ahora no aparecen socios de Bengoechea.
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La contaminación del aire en Rosario tuvo registros sin precedentes durante 2022

Fecha de Publicación: 22/11/2022
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Investigadores realizaron un estudio para determinar el impacto en la mortalidad de la población, en un año récord por la cantidad de incendios en el Delta del Paraná
 Los días en los que respirar fue casi imposible parecen haber quedado lejos en la memoria, aunque las partículas residuales de esos eventos en la ciudad, fragmentos microscópicos de flora y fauna quemada, seguirán impactando en la salud de los rosarinos. Esto lo determinó un equipo de investigación, del que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) forma parte, en base a ecuaciones desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para magnificar el impacto en la mortalidad del humo proveniente de los incendios en las islas que se desarrollaron este año. Los primeros análisis, tomando como referencia el humo sobre la ciudad del 13 de septiembre, arrojaron que habrá un fallecido cada dos o tres días solo por ese hecho, en el año con mayor cantidad de incendios en esta década, así como uno de los peores en cuanto a la calidad del aire de la ciudad.
El material particulado 2,5, conocido como PM2,5, tiene un diámetro igual o menor a 2,5 micrones, unidad que equivale a una milésima de milímetro. Al respecto, la OMS detalló en su sitio oficial que “la materia particulada es un indicador común de la contaminación del aire y afecta a más personas que cualquier otro contaminante. Consiste en una mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Las partículas con un diámetro de 10 micrones o menos (conocidas como PM10) pueden penetrar y alojarse profundamente en los pulmones, aunque las partículas que tienen un diámetro de 2,5 micrones o menos (denominadas PM2,5) resultan aún más dañinas para la salud. Las PM2,5 pueden atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo”.
El avance de la degradación ambiental llevó a que la OMS revise los estándares de calidad del aire a través de sus niveles guía. Estos indicadores ponen un tope en microgramos por metro cúbico (µg/m3) para establecer cuáles son los valores recomendados para considerar a un ambiente saludable. Los mismos se actualizaron tras 16 años (2005-2021). Para el PM2,5 se redujo el promedio máximo permitido anual de 10 a 5 µg/m3, mientras que el PM10 redujo su promedio máximo permitido anual de 20 a 15 µg/m3. Respecto a las medias diarias, el primer indicador bajó de 25 a 15 µg/m3, mientras que el PM10 cambió de 50 a 45 µg/m3.
El grupo de investigación monitoreó la concentración de estas partículas en dos escenarios: con y sin humo, que depende de la generación de los incendios en el Delta del Paraná y la dirección del viento en esos momentos.
Las dos jornadas en los que se detuvieron los investigadores fueron el lunes 12 y martes 13 de septiembre. El primer día, registraron un máximo de 507 µg/m3 de concentración de PM2,5 a las 10.53. El martes, alrededor de las 7, ese máximo se elevó a 892 µg/m3 y el promedio de ese día se ubicó en 75 µg/m3. Hubo días en los que encontraron que sin olor a humo y sin reducción de visibilidad también se reportaban valores altos.
Muchos de los focos que traían las partículas contaminantes durante la peor etapa de las quemas provenían de incendios que no estaban frente a la costa rosarina. “Detectamos partículas que venían de focos que estaban a la altura de Villa Constitución y San Nicolás”, explicó la investigadora Adriana Ipiña, del Instituto de Física Rosario, dependiente del Conicet y la UNR. Al humo y al fuego que arrasa poco le importan los límites geográficos.
La reforma establecida por la OMS en 2021 respecto a la calidad del aire trajo consigo una metodología en la que a cada valor medio anual se le asocia un riesgo relativo de mortalidad. Esto puede convertir un indicador ambiental en una política pública para disminuir el impacto.
“La OMS te da parámetros para mantener, en tu ciudad, el nivel de calidad del aire. Podés tener el valor que quieras, pero sabés que por cada 10 µg/m3 de más en la media diaria o anual, tenés una determinada cantidad adicional de fallecimientos por causas no accidentales”, detalló a La Capital Jorge Zavatti, licenciado en química y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (Sibsa).
El investigador indicó que en Rosario fallecen, en promedio, unas 9.000 personas por año. Tras aplicar la fórmula brindada por la OMS y usando como ejemplo un incremento de 10 µg/m3 sobre la media anual máxima permitida (5 µg/m3), explicó que se sumarían unos 700 fallecimientos por contaminación del aire. Si la contaminación es mayor, la cantidad de fallecidos aumentaría.
Zavatti, que trabaja hace 35 años en evaluación de impacto y riesgo ambiental, remarcó que el foco debe ponerse en las medias anuales porque se confeccionan a partir de datos que se deben obtener durante, por lo menos, el 80% del año y distribuidos de manera equilibrada entre los 12 meses.
En tanto, Ipiña explicó que tomando los valores del 13 de septiembre, cuando se registró una concentración media de PM2,5 de 75 µg/m3, “va a haber un fallecido de manera no accidental cada dos o tres días solo por esa exposición”.

Cuestión de salud pública
En la investigación se concluyó que los picos de concentración de ambos tipos de partículas impactan sobre los casos registrados en guardias por malestar en las vías aéreas superiores, mientras que con el promedio anual se pueden conocer los posibles decesos atribuibles al deterioro ambiental.
“No es solamente tener un pico alto, sino cuánto tiempo están las personas expuestas a esto. De esto depende cómo deteriora la salud e impacta en la mortalidad”, dije Ipiña. Respirar eso no fue ni es gratuito.
El secretario de Salud Pública municipal, Leonardo Caruana, consideró que “el problema del ambiente es un problema de salud pública”: “El extractivismo, el consumo indiscriminado en las épocas que estamos viviendo, trae consecuencias. Perdimos la relación armónica con el ambiente”. Durante este año, hubo un 25% de aumento en las consultas en efectores públicos por síntomas respiratorios. El incremento se dio, sobre todo, dos o tres días después de las jornadas con mayor concentración de humo en la ciudad.
Caruana dijo que como el problema de fondo no se vincula al sector de la salud, no se asocia el deterioro ambiental con los problemas de salud: “Como muchas de las causas de las enfermedades, la solución se encuentra en el sector salud pero el abordaje preventivo, no”.
“Analizar las causales de enfermedades no puede tapar fenómenos más estructurales, que determinan las formas de enfermar y morir de las poblaciones. Estar en un escenario donde hay quema de humedales y lesión del ambiente es una negación del derecho a la salud. El derecho al aire puro es como el derecho al agua”, agregó.

Récord de incendios y contaminación
El grupo de investigación no solo analizó la incidencia de la contaminación ambiental por el humo respecto de los fallecimientos, sino que también contabilizó los focos de incendios en el Delta del Paraná a través de imágenes satelitales.
El 2022 quedará en la historia como el año en el que más focos de incendios se detectaron en los humedales, en la zona que va desde Granadero Baigorria hasta San Nicolás. “Primero detectamos un récord de incendios en 2020, pero con los últimos análisis, del fin de semana pasado, registramos una nueva marca que supera a la del 2020”, comentó Ipiña. Los incendios, además, son los más grandes de los últimos diez años.
Para Ipiña, este fue el año más contaminado de la última década: “Tenemos datos satelitales de una década atrás y lo confirmo con las mediciones que hicimos. Vivo acá desde 2007 y nunca vi que el impacto de las quemas fuera de esta magnitud”.
El cambio de escenario es clave, ya que las quemas en las islas, que algunos sectores encuadran como “práctica ancestral”, no tienen las mismas condiciones para realizarse como hace décadas sin que el perjuicio sea mayor.
La investigadora consideró: “Hay que repensar esto con la realidad del cambio climático. No podemos hacer las mismas prácticas de hace 100 años frente a los nuevos retos ambientales. Estamos enfrentándonos a un escenario totalmente distinto”.
“La ONU establece que respirar aire limpio es un derecho humano. Sin eso, no podemos gozar de buena salud”, concluyó.
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Proyecto multi-institucional intenta restaurar los bosques nativos

Fecha de Publicación: 22/11/2022
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires


Numerosos ecosistemas boscosos en el planeta se encuentran degradados por los incendios, los desmontes, el crecimiento de las ciudades y las invasiones de árboles exóticos, entre otras causas.
Varias instituciones, entre ellas la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), llevan adelante el proyecto Restaura, que busca recuperar bosques nativos en general, y los talares costeros de Buenos Aires en particular.
Numerosos ecosistemas boscosos en el planeta se encuentran degradados por los incendios, los desmontes, el crecimiento de las ciudades y las invasiones de árboles exóticos, entre otras causas, consignó Sobre La Tierra, Área de Divulgación Científica y Tecnológica de la Fauba.
"A esta altura no alcanza con conservarlos, hay que empezar a trabajar activamente en su recuperación", dijo Mariela Lacoretz, docente de la Facultad Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEN).
En este sentido, Lacoretz señaló que la Argentina tiene varios compromisos nacionales e internacionales que cumplir en términos de conservación y restauración de ecosistemas degradados.
"Para eso es fundamental integrar a la sociedad en general, nos valemos de la ciencia ciudadana", afirmó Lacoretz, quien también es becaria del Conicet con sede en el instituto FCEN.
Por ello, agregó, "nuestra primera acción fue arrancar con el tala, un árbol típico de la Región Pampeana, fuente de alimento y refugio para gran cantidad de fauna, cuyos bosques poseen un alto nivel de degradación".
En el país, los bosques de tala -o Celtis tala, árbol nativo emblemático de la Región Pampeana- se extendían por zonas costeras desde Mar del Plata hasta casi el límite con Santa Fe.
"En la provincia de Buenos Aires, el tala formaba bosques llamados 'talares', hoy amenazados por la ganadería, la extracción de madera, la invasión de especies exóticas y los avances de la urbanización", explicó Natalia Rodríguez, docente de Química Inorgánica y Analítica (Fauna).
La convocatoria "Tu Tala Amigo" busca "determinar la fecha óptima de recolección de frutos" de esta especie.
Para ello, piden a la gente que encuentre su tala más cercano y lo cargue en una app.
Según Rodríguez, detectar la fecha de comienzo de la fructificación será fundamental para la restauración porque permitirá recolectar semillas en el momento correcto.
Lacoretz resaltó: "La información que generemos será útil para viveristas de plantas nativas como los que integran la red Revina, quienes entonces podrán producir una cantidad de plantines suficientemente grande como para restaurar muchos talares donde sea necesario".
Además, advirtió que los talares suelen estar tan degradados que es difícil encontrar árboles semilleros. Incluso, en ocasiones se hallan tan invadidos por otras especies que ni siquiera quedan talas.
Rodríguez indicó que la convocatoria "Tu Tala Amigo" está abierta y la gente puede sumarse a través de la página web o del Instagram del proyecto.
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Río Salado: en el agua y en sedimentos hallaron plaguicidas y metales pesados

Fecha de Publicación: 21/11/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe - Litoral


El trabajo de campo se hizo en el arroyo Cululú, la costa del camping municipal de Esperanza y en la playa de Santo Tomé. "Toda la cuenca que se estudió está significativamente degradada y presenta un riesgo para el ambiente acuático", remarcó Rafael Lajmanovich, doctor en Ciencias Naturales e investigador principal del Conicet.
Una nueva investigación científica denuncia la grave contaminación del río Salado en su cuenca baja. En todos los casos analizaron distintos parámetros fisicoquímicos y de metales, y detectaron que la calidad del agua es "marginal", es decir, mala. Los estudios mostraron bajos niveles de oxígeno disuelto y altos niveles de sólidos suspendidos totales, incluidos fosfato, nitrito, conductividad, plomo, cromo y cobre. Mientras que las concentraciones de metales fueron entre 34.000 y 35.000 veces más altas en los sedimentos que en las muestras de agua.
La investigación denominada "Calidad ambiental y ecotoxicidad de sedimentos de la cuenca baja del río Salado sobre larvas de anfibios" fue desarrollada por investigadores del Conicet en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en conjunto con especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Recientemente el estudio fue publicado por la revista científica internacional, "Aquatic Toxicology".
Rafael Lajmanovich, doctor en Ciencias Naturales e investigador principal del Conicet, dialogó con El Litoral y explicó detalles del trabajo que llevaron adelante desde marzo de este año y que demandó más de seis meses, entre las determinaciones fisicoquímicas en los diferentes laboratorios en los que se analizaron las muestras, que detectaron 30 plaguicidas diferentes en el agua y sedimento.
"Si al trabajo lo tengo que resumir en dos renglones digo que: todos los análisis físicoquímicos y ecotoxicológicos, tanto de plaguicidas y de metales, determinan que toda la cuenca que se estudió está significativamente degradada y presenta un riesgo para el ambiente acuático. El índice de riesgo de calidad de agua muestra que es marginal, no es extremadamente mala, pero tampoco es buena", sostuvo el investigador.
El grupo de investigadores tomó muestras de agua y sedimentos en el arroyo Cululú, un afluente de la cuenca del río Salado; la costa del camping municipal de la ciudad de Esperanza; y en la playa de la ciudad de Santo Tomé. Al ser consultado sobre porqué se estudia este tramo del río, Lajmanovich indicó que "es la cuenca final y siempre se estudia para estas caracterizaciones porque es donde llega todo lo de aguas arriba y es como un embudo".

Riesgo ambiental
Si bien el estudio no tiene una caracterización sobre el perjuicio a la salud de las personas que pueden producirse a consecuencia de este algo grado de contaminación, el investigador principal del Conicet aclaró que "sí tiene caracterización de riesgo ecológico, y es obvio que la salud ambiental incluye al humano en el ecosistema, es decir que influye sobre las personas".
El trabajo en red de los científicos y científicas de distintos puntos del país apunta a indagar lo que sucede en las áreas agroindustriales del país y el impacto que tiene para el ambiente. "Uno se sorprende cuando las cosas suceden cerca de su casa, pero hay situaciones que se dan en varios lugares de Argentina", aseguró Lajmanovich.
Esta alta contaminación debido a la presencia de metales y agroquímicos, sumado al bajo nivel de oxígeno disuelto y los aumentos abruptos de la temperatura, afectan directamente a fauna que habita en el río. En 2020 una gran cantidad de peces aparecieron muertos en el río Salado a la altura de Santo Tomé.
El doctor en Ciencias Naturales remarcó que "la mortandad de peces que pasó acá sucede en otros lugares, los ríos contaminados también. Por ejemplo salió hace poco un trabajo importante del río Gualeguay, que tiene características de contaminación similares al Salado".
Los contaminantes hallados no solo provienen de la agroindustria, según señaló el científico: "Muchas características fisicoquímicas, como el contenido de materia orgánica, son contaminantes urbanos porque a los ríos desaguan los vertidos desde las ciudades. Todo lo que va al río termina alterando la calidad del agua y al río no solo van pesticidas, sino que es un resumidero de todo lo que se usa a lo largo de la cuenca, ni siquiera tiene que estar exactamente al lado del río".

"Me sorprendió la excesiva cantidad de cromo"
En la publicación oficial de la página web de la Universidad de San Martín, en el artículo sobre esta investigación, la investigadora Carolina Aronzón, del Conicet y el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM advierte: "Me sorprendió la excesiva cantidad de cromo que encontramos. Hace años trabajamos en análisis de agua y, si bien es habitual encontrar excesos de cobre, no ocurría lo mismo con el cromo, que en las muestras que tomamos cerca de la ciudad de Esperanza, por ejemplo, excedieron el límite de protección de la vida acuática determinado por la legislación argentina".
La especialista aclaró que, si bien todos los metales están naturalmente en el territorio, la actividad antrópica –recreativa e industrial– aumenta esos niveles. En el caso del arroyo Cululú, por ejemplo, las actividades vinculadas con las industrias del cuero, vidrio, metalurgia, galvanoplastia, agrícola y láctea afectan la calidad de los sedimentos del fondo de la cuenca de este curso de agua.
"Solo consideramos metales y otros parámetros fisicoquímicos en base a los limites establecidos por las reglamentaciones, pero si a eso le sumamos los plaguicidas, el escenario es aún peor", agrega Aronzón, que es doctora en Ciencias Biológicas. A partir de este trabajo, se detectó la presencia de 30 plaguicidas diferentes en todas las muestras de agua y sedimentos. Por ejemplo, en todas las muestras encontraron glifosato y su metabolito (ácido aminometilfosfónico o AMPA), N,N-Dietil-meta-toluamida (DEET, presente en la mayoría de los repelentes de insectos) y atrazina (que es un disruptor endócrino).
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Sin control: Foto satelital muestra cómo avanza el desmonte en el Corredor Verde

Fecha de Publicación: 21/11/2022
Fuente: Misiones Cuatro
Provincia/Región: Misiones


Pese a las leyes de conservación vigente, ya se perdieron más de 300 mil hectáreas de selva paranaense en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen. Fuerte advertencia en bloque de dirigentes agrarios, sociales y ambientalistas al Gobernador Oscar Herrera Ahuad.
Una imagen satelital de agosto de 2022 muestra con “claridad” la fractura –o desmonte- del Corredor Verde, considerado el último remanente continuo de Selva Paranaense en el mundo, situado en la zona del Alto Uruguay de Misiones.
En 1999, su conservación fue establecida por la Ley 3631 (Ley XVI – Nº60) con el principal propósito de garantizar la permanencia del agua, la biodiversidad de especies de plantas y animales, oxígeno, suelo productivo, el territorio Mbya guaraní, el equilibrio ambiental y la identidad de la selva misionera.
Pero el Corredor Verde como tal, no existe más. Lo advierten, en bloque, los referentes de organizaciones agrarias, sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales al cotejar imágenes satelitales que muestran una severa fragmentación en el Noreste misionero, imágenes que monitorea el propio Ministerio de Ecología de la Provincia.
La imagen demuestra que está “severamente fracturado” en el centro y en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen, con “notables desmontes” en toda el área, sobre todo en el norte, y el aislamiento del Parque Provincial Urugua-í y de la Reserva de Biósfera Yabotí.
“Nos estamos quedando sin monte, sin agua y sin suelo productivo”, dijo Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM). “Los primeros perjudicados con esta situación son los agricultores y las personas de menos recursos”, agregó por su parte Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM).

Números que duelen
La advertencia que proclama el bloque de dirigentes de reconocida militancia agraria y ecologista se sostiene, también, con una investigación del CONICET, divulgada en octubre de 2022, que indica que entre 1985 y 2021 fueron deforestadas en Misiones 305 mil hectáreas de Selva Paranaense.
Dicho de otro modo, sostiene el informe, elevado casi como una plegaria al gobernador Oscar Herrera Ahuad, que se ha eliminado un 20% de la superficie con monte en ese período, o su equivalente a un promedio de 8.260 hectáreas por año. El mismo estudio señala que el monte fue reemplazado por plantaciones forestales, mayoritariamente, entre otras actividades.
“El mayor aumento se registró en el área ocupada por las plantaciones forestales pasando de130 mil hectáreas en 1985 a 330 mil hectáreas en el 2021, lo que representa un aumento del 151por ciento”, se puede leer en la web del CONICET.
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Investigadores regionales aseguran que existe una relación entre fracking y sismos

Fecha de Publicación: 21/11/2022
Fuente: ANRoca
Provincia/Región: Neuquén


Un trabajo realizado por un grupo de investigadores, entre los que se encuentra el geógrafo roquense Javier Grosso, explica que existe una relación directa entre la práctica del fracking para la explotación de petróleo no convencional, y los sismos que se han registrado en Neuquén y Santa Cruz. Esta investigación fue publicada en la última edición de la prestigiosa revista científica internacional Nature.
El trabajo, titulardo “Evaluación de la deformación del suelo y la sismicidad en dos áreas de intensa producción de hidrocarburos en la Patagonia argentina”, fue realizado por un grupo de docentes de universidades argentinas y españolas.El trabajo original se puede consultar en el sitio web de Nature.
Grosso, integrante del departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue que vienen estudiando la ocurrencia de sismos en la zona de Sauzal Bonito desde 2019, frecuencia que “acompaña los periodos en los que se realiza la extracción de hidrocarburos con la técnica del fracking”.
Enfatízó que han logrado demostrar “la relación entre los recurrentes sismos y el fracking en la cuenca Neuquina”, y “la identificación de dos procesos de deformación superficial posterior a la ocurrencia de sismos inducidos por la actividad hidrocarburífera”. Uno, en Sauzal Bonito; otro, en Las Heras, al norte de Santa Cruz. El investigador apuntó que ese sismo, ocurrido en 2019, “ha permanecido ausente del debate público hasta la fecha y oculto bajo la cortina de “un posible hecho aislado de origen natural” a pesar de haber afectado seriamente a una de las poblaciones más importantes de la provincia de Santa Cruz”.
El geógrafo cuestionó a lo los organismos estatales nacionales y provinciales que “solo han retardado y dificultado nuestra investigación a través de diferentes mecanismos tales como la omisión de información pública, el desgastante atraso en la entrega de datos o la mediación de acuerdos de confidencialidad entre organismos públicos provinciales y nacionales”.
Entre las principales conclusiones de la investigación publicada por Nature, se destaca la “relación entre las actividades de producción de pozos y el desplazamiento de la superficie del terreno. Los resultados obtenidos muestran que no hubo movimiento de tierra durante la ausencia de pozos de fracking, y que el movimiento de tierra comenzó unos meses después del inicio de las operaciones de fracking. Además, los datos recopilados sobre la actividad productiva muestran un claro desequilibrio entre extracción e inyección que se corresponde con el tipo de movimiento detectado (hundimiento)”.
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Cabandié anunció la creación de la Fundación Parques

Fecha de Publicación: 19/11/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Federico Granato, encabezó la presentación de la Fundación Parques, organización creada como aliada de la APN, con el fin de generar recursos y construir estrategias para complementar la gestión de las áreas protegidas del país.
Allí, Cabandié expresó: “La fundación es un gran puente para construir sinergia entre el sector público y el sector privado, y sumó: “Este puente nos sirve justamente para tener agilidad, para generar sinergia incluso con aquellos que van a ser aportantes de pequeñas donaciones que quieren ser parte también, de alguna manera, de este maravilloso mundo que es Parques Nacionales”.
También explicó que lo recaudado a través de la fundación servirá para “mejorar los parques en cuanto a infraestructura, protección, cuidado, restauración y reinserción de su fauna nativa, como hemos hecho con el yaguareté, por ejemplo. Y por sobre todo, crear más parques”.
“En estos casi tres años de gestión hemos creado tres parques nacionales: Ansenuza, Islotes Lobos y Parque Federal San Juan, en Misiones. También hemos ampliado tres parques nacionales. Ese es el objetivo: tener más parques, cuidar la biodiversidad, nuestros ecosistemas, pensar en las áreas protegidas, tenemos 51 áreas protegidas, 41 parques nacionales. Argentina está muy bien en cuanto a áreas protegidas, incluso fue uno de los primeros países de la región en tener un parque nacional en 1934, que fue el Nahuel Huapi”, finalizó el funcionario.
El organismo tiene como objetivo convertirse en una herramienta que sirva de apoyo presupuestario para el cumplimiento de los objetivos de APN, así como para captar fondos de pequeños y grandes donantes a través de campañas específicas de conservación, destinados a nuevas áreas protegidas, infraestructura, uso público, educación ambiental, ciencia y tecnología.
Además, buscará fomentar la participación ciudadana en acciones ambientales concretas y convocar a participar a diferentes actores de la sociedad civil, investigadores, profesionales y educadores.
La fundación estará dirigida y administrada por un consejo de administración integrado por seis miembros: el presidente de la APN, tres representantes de la Administración de Parques Nacionales, un representante elegido por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y un representante del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Asimismo, estará sometida a los mecanismos de control establecidos para todas las entidades civiles de este tipo según lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución 3/2021 de la Inspección General de Justicia. Entre sus funciones, el mencionado consejo podrá establecer mediante acta, mecanismos de control propios para dotarla de más transparencia, como por ejemplo, establecer un manual de procedimientos de las donaciones que reciba y de los gastos en los que incurra la fundación.
Del acto participaron el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y la vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales (APN), Natalia Jauri, entre otras autoridades.
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Se agrava la crisis por la sequía | Con el 60% del país afectado, solamente Misiones junto a otras cuatro provincias se encuentra con buena condición hídrica

Fecha de Publicación: 19/11/2022
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional


La totalidad del territorio de Entre Ríos y Santa Fe está alcanzado por la falta de precipitaciones, mientras que solamente un 5% de la superficie bonaerense no sufre déficit hídrico. Son datos del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica
Se agrava la problemática de la sequía y afecta a gran parte del territorio nacional. A medida que pasan los días los datos que se conocen de la situación son más preocupantes. Según el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA), una organización internacional que monitorea los eventos climáticos, actualmente más de la mitad de la Argentina se encuentra bajo una condición de déficit hídrico, que va desde un panorama de sequía “extrema y excepcional” hasta estados “anormalmente secos”.
Así, el relevamiento del SISSA al 5 de noviembre, en el cual se tiene en cuenta la situación del último trimestre, indica que el 59,87% de la superficie nacional se encuentra atravesando una sequía que varía en su intensidad, mientras que el 40,13% presenta una condición “no seca”. En términos de área afectada esto significa que hay una extensión de 1.499.780 kilómetros cuadrados con déficit hídrico.
Si se realiza un desagregado de esos datos, el 10,13% (253.688 km2) atraviesa una “sequía excepcional”; el 14,28% (357.624 km2) una “sequía extrema”; el 11,36% (284.617 km2) una “sequía severa”; el 12,55% (314.367 km2) una “sequía moderada”; y el 11,56% (289.484 km2) una situación “anormalmente seca”, mientras que el 40,13% (1.005.377 km2) no se encuentra alcanzado por una situación de déficit
Para tener en cuenta la gravedad de la situación es necesario realizar un recorrido pormenorizado sobre las principales provincias agrícolas del país, como lo son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El territorio bonaerense atraviesa una situación sumamente grave, ya que el 75,15% de su superficie atraviesa una situación de sequía entre excepcional a extrema, mientras que un 8,98% presenta una condición de déficit hídrico severo, un 5,37% moderado y 5% anormalmente seco. Así, solo en el 5,50% de la provincia, equivalente a unas 16.751 km2, se presenta una situación sin falta de humedad.
El panorama es aún más grave en Santa Fe y Entre Ríos, ya que, según el SISSA, no cuentan con superficie que hoy no esté bajo condición de sequía. En el primer caso, el 18,87% del área atraviesa una sequía excepcional, mientras que el 37,14% refleja una situación de sequía extrema, el 36,91% severa y el 7,07% moderada. En el caso de Entre Ríos, el 36,64% de su territorio está con una sequía excepcional, el 50,5% con una sequía extrema y el 12,86% con condiciones de sequía severa.
Córdoba, de estas cuatro provincias, es hoy la que mejores condiciones presenta. Al 5 de noviembre, el 5,75% de su territorio se encontraba atravesando una sequía extrema; el 16,29%, una sequía severa; el 33,46%, una sequía moderada; y el 27,25%, una situación anormalmente seca, mientras que 17,26% se encontraba bajo un panorama normal o no seco.

El norte, cordillera y sur
Las provincias del norte también enfrentan un escenario difícil. Por ejemplo, en Corrientes el 89,20% se encuentra atravesando una situación de sequía entre excepcional y extrema. En Chaco, ocurre lo mismo en el 86,14% de la totalidad de su superficie, mientras que en Formosa los dos grados más graves de la falta de agua citados suman 45,5%, a la vez que la condición severa se eleva hasta el 40,79%.
En Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones y Santiago del Estero la situación mejora. A modo de ejemplo, en la última provincia solo un 2,91% de su área reviste una situación de sequía extrema, mientras que en Misiones, el 53,14% de su área se encuentra bajo una buena condición hídrica.
En la zona cordillerana, Mendoza es la provincia que más gravedad reviste, con el 50,15% de su territorio atravesando una situación de sequía, mientras que entre los distritos patagónicos, Neuquén presenta la peor condición con el 35% de su área con algún grado de faltante de humedad.

Mediciones locales
Por su parte, la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, integrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sumado a organismos oficiales, calcularon que existen unas 140 millones de hectáreas en sequía, de las cuales más de 7 millones se encuentran en categoría “severa” con 3 provincias como las más afectadas: Buenos Aires (44 partidos), Santa Fe (4) y Entre Ríos (5).
En las perspectivas climáticas para la mencionada zona, el trabajo señaló que para después del 25 de octubre en el área afectada por sequía severa, “se esperan para las próximas dos semanas lluvias por debajo de lo normal. En la próxima semana se esperan acumulados en torno a los 10 mm, lo cual no cubre los valores normales”.
Además, el informe reflejó que hasta el momento los índices de humedad del suelo muestran condiciones de sequía extrema en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, y a lo que se sumó que durante septiembre y hasta mediados del mes pasado, “se acentuó la falta de lluvias en el centro-este del país agravando los impactos de la sequía, especialmente en la zona núcleo. Cabe destacar que el déficit acumulado de precipitación en la zona núcleo entre 2020 y 2022 es más bajo que el registrado entre 2007 y 2009, una de las mas intensas sequías que haya afectado a la región”.
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Ley de bosques: a quince años de su sanción, la deforestación ilegal persiste

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Su aprobación fue uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental. Sin embargo, años más tarde, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde.
Un 28 de noviembre de 2007 en la Argentina se producía uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental: se sancionaba la N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El país se encontraba en emergencia forestal, con tasas de deforestación que rondaban el 0,94% anual (lo que significaba una pérdida aproximada de 700 mil hectáreas por año), lo que impulsó a diferentes sectores de la sociedad civil a trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  
A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar la aprobación del proyecto de ley. Durante ese proceso, la Fundación Vida Silvestre Argentina aportó elementos técnicos para la discusión que luego se vieron reflejados en la Ley,
Hoy, a 15 años de su sanción, la Ley de Bosques se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos y visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Además, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, estabilizándose hasta el año 2019, momento en el cual volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.
A pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. El avance de la deforestación y conversión de estos ambientes naturales para dichas actividades provoca graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles y que atentan contra nuestra salud y nuestro bienestar, así como el de otras especies que habitan los bosques.
A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas, como claramente indica la ley 26.331. Complementariamente, la ausencia de un registro nacional de infractores a la ley limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Además, los bosques sanos funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano.
A partir del informe “Diagnóstico actualizado del estado de implementación - Ley N° 26.331” -elaborado en conjunto entre Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)- se pueden destacar los siguientes puntos:
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Durante el año 2021 se asignaron 5.000.000 de pesos adicionales que fueron derivados a las provincias y para el 2023, según el proyecto de ley de Presupuesto, el monto asignado tendría un leve aumento y llegaría a un 10,4%., lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras, desde su creación y puesta en marcha continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.
Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las jurisdicciones y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales.

Por Manuel Jaramillo es director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y Daniela Gomel, especialista en políticas públicas y gobernanza de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

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Aunque hay una cautelar, la sucesión Patrón Costas desmonta Las Yungas en Salta

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


En la zona quieren instalar un barrio privado, pese a que la Justicia tomó cartas en el asunto. Acusan que no se fiscaliza el avance de la obra.
"La Secretaría de Ambiente de la Provincia incumple la no fiscalización que efectivamente demuestra que los desmontes están frenados", afirmó Fernanda Guillén, abogada que patrocina a los vecinos que decidieron ir a la Justicia para frenar desmontes en las Yungas sanlorenceñas, que inició en diciembre del año pasado Los Maitines S.A. para construir un barrio privado.
Esta área se encuentra protegida por ser uno de los reservorios de especies vegetales más importantes del país, tiene una variada fauna autóctona que incluye algunos animales en peligro de extinción y es una fuente de recursos naturales renovables, además de ser reservorio de agua. Tras los desmontes que inició Los Maitines, vinculada a la familia Patrón Costas, para la caminería en un predio de 125 hectáreas ubicado entre el cerro Elefante y La Quebrada, los vecinos entraron en alerta sobre todo por la amenaza de quedarse sin agua, puesto que el desarrollo urbanístico tendría una toma de captación del líquido elemento del río Castellanos en la zona alta de San Lorenzo.
Por ello interpusieron un amparo ambiental y lograron que la jueza de primera instancia Civil y Comercial de Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, calificara la acción como un proceso colectivo puesto que los vecinos buscan "proteger la biodiversidad de las Yungas y la calidad y caudal del agua del río Castellanos". Los vecinos pusieron foco en los avales irregulares que consiguió Los Maitines, tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como de la Municipalidad de San Lorenzo, para iniciar la tala en una zona categorizada como Amarilla por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que no autoriza desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).
"El amparo ambiental pretende que se declare la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente y de la Municipalidad de San Lorenzo que aprueban el proyecto. Ambiente aprobó un plan de manejo sostenible cuando para una urbanización se tiene que aprobar un plan de cambio de uso de suelo.
La Municipalidad otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental. Lo que es grave ya que se trata de una zona amarilla y en ambas resoluciones eso está reconocido", explicó Fernanda Guillén.
La abogada señaló que el proyecto urbanístico va en contra no sólo de la OTBN, sino de Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y los principios protectorios del Derecho Ambiental. Así las cosas, el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación, concedió una Medida Cautelar de No Innovar por la cual ordena el cese de todo acto o actividad que implique extracción de especies nativas en los inmuebles propiedad de Los Maitines S.A, en atención a la naturaleza de las obras y a la importancia del proyecto.
"Esto es complicado de fiscalizar, porque se libró un oficio a la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Medioambiente y no se respondió. Se reiteró el oficio y tampoco respondieron. El 26 de octubre venció el plazo para responder el oficio", apuntó Guillén. Agregó, se solicitó la intervención para fiscalizar Ambiente "bajo apercibimiento de desobediencia judicial porque no está cumpliendo. Tiene que hacer informes cada 15 días con imágenes satelitales para que la jueza pueda verificar el cumplimiento de la medida. Y hasta ahora no hizo ni un informe", apuntó./ Nuevo Diario.
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Funcionarios, empresarios y dirigentes sociales a favor de una ley de envases

Fecha de Publicación: 17/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y sobre la población que se dedica a su reciclado.
Funcionarios, empresarios y dirigentes de la Federación de Cartoneros se expresaron a favor de que se apruebe una ley de Envases en la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que buscará avanzar en las próximas semanas en un dictamen sobre esta propuesta sobre reciclado con cuidado del medio ambiente.
El proyecto promovido desde el Gobierno promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y sobre la población que se dedica a su reciclado.
La discusión del proyecto de envases se realizó en una reunión de la comisión de Recursos Naturales que se extendió por espacio de dos horas y que fue conducida en forma conjunta por su presidente Leonardo Grosso (FDT) y el vicepresidente, el radical Martín Berhongaray.
Al comenzar a las 14.30 la reunión, el presidente de la comisión, Leonardo Grosso (FDT) dijo que el objetivo del encuentro es que los diputados tengan la visión de todos los sectores, funcionarios, empresarios y organizaciones sociales de cartoneros.
Tras la reunión informativa la inciativa se deberá tratar en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto, para comenzar a armar un despacho donde se buscará que tenga consensos entre el FDT y los bloques opositores.
Uno de los puntos que ha generado el año pasado mayor discusión fue la creación de una tasa del 3% para aquellas empresas que no hagan sus propios procesos de reciclado, que generó una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición.
Sobre este punto,el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, propuso una modificación del proyecto para que "coexistan dos sistemas, uno privado con supervisión del Ministerio de Ambiente", donde se genere el sistema de reciclado, y otro "financiado con la recaudación de una tasa de parte de aquellos que no presenten sus propios sistemas de tratamiento".
Con esta reforma los empresarios que tengan su propio sistema de reciclado con inclusión social de los cartoneros no deberán pagar la tasa, y solo lo tendran que hacer aquellas empresas que optan que tenga su mecanismo de tratamiento.
Durante la reunión, la diputada oficialista, Natalia Zaracho, referente de los trabajadores de la economía popular, reclamó que se sancione esta ley y dijo que "la tasa del 3% queremos que vaya exclusivamente para generar conciencia ambiental y fortalecer los espacios que viene teniendo la tarea del reciclado".
Desde la oposición, la legisladora radical Dolores Martínez dijo que "es fundamental que esta discusión se realice en un plenario de comisiones para analizar todas las aristas del proyecto y se pueda aprobar una iniciativa que se aplicar" y recalcó que " estamos comprometidos con trabajar por una una ley de envases"
El debate fue abierto por el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, quien aseguró que si "verdaderamente tenemos la vocación de poner en marcha una política pública permanente que sea generosa en materia de residuos tenemos que estar de acuerdo que tenemos que tener la ley de envases"
"La Argentina tiene un serio problema de derivación de residuos por circuitos incontrolados hacia basurales a cielo abierto, que da como resultado un país tapado de residuos", agregó.
El funcionario agregó que "la necesidad de una ley de envases es tal que sin su aprobación no se podrá reducir la importación del plástico pet para uso industrial ni van cesar los basurales a cielo abierto", y aseveró que en el debate del año "hubo malas interpretaciones" y señaló que le llamó la atención que tras haber explicado sobre el propósito de la tasa hayan calificado la misma de "impuesto extorsivo".
Juntos por el Cambio y otros bloques menores rechazaron la creación de una tasa ambiental, y señalaron que se trata de un nuevo impuesto y por eso motivo fracasó el tratamiento de esta iniciativa.
El funcionario dijo que "a lo largo de los años hemos conseguido poner en marcha ocho centros de tratamiento de recolección de residuos con sus respectivas plantas de separación, recuperación, transferencia y cierre de basurales a cielo abierto".
Federovisky también explicó una parte central del proyecto que es la administración de esos fondos que será a través de un fideicomiso administrado por el Banco Nación.
Según el texto, con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros aspectos.
Por su parte, la directora Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, Maria Castillo, dijo que "tenemos registradas un total de 320 unidades productivas, eso nos está dando un total de aproximado de 150 mil cartoneros trabajando en esos lugares y ese proceso garantiza recuperar 10 toneladas de residuos reciclables en los lugares".
Claudio Terres, presidente de la comisión de Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina, aseguró que desde esa entidad " apoya la ley de envases postconsumo y la ley responsabilidad extendida del productor. Es bueno que podamos avanzar en el análisis porque queremos la ley, no es una cuestión de que no sale porque nosotros la frenamos".
En tanto, Matias Matias Capolango de la Federación Argentina de Cartoneros de La Matanza, es "muy imporntantee para los compañeros que salta esta ley porque hoy la tasa la tasa ambiental la estamos pagando con la vida de los compañeros".
"Entendemos que esta ley es necesaria e importante para cambiar el día a día de nuestros compañeros y realizar en cada municipio un reciclado con inclusión social", agregó.
El presidente de la Cámara Argentina de Reciclado de Plastico, Jose Luis Picconi, afirmó que esta industria "ha reciclado unas 300 mil toneladas" y señaló que "cada 100 toneladas de plástico reciclado en el año es una persona trabajando en blanco en la industria recicladora
En ese marco señaló que tienen "3000 empleados en la industria reciclacora, unos 9000 en la mano de obra indrecta y unos 70 mil recuperadores"
A su vez, el referente de la Federación de Cooperativas de trabajo, Rodrigo Valdés, aseguró que "se debe debatir una ley de envases porque los recicladores y cartoneros hacen un trabajo para mejorar el medio ambiente, ya que sino estuviéramos nosotros la situación ambiental se desbordaría" y por eso "esta tasa viene ayudar a gestionar para ayudar a quienes gestionamos el reciclado".
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Movimiento campesino denunció el desmonte ilegal de territorios en un paraje jujeño

Fecha de Publicación: 17/11/2022
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy


El Movimiento Nacional Campesino Indígena en Jujuy (MNCI) denunció hoy el desmonte ilegal de diversas especies de árboles por parte de una empresa privada en el paraje Maíz Gordo, ubicado a 50 kilómetros de la localidad de Palma Sola y llamaron a defender los territorios de las familias nativas.
Los activistas se pronunciaron este lunes en contra del “robo descarado” de rollos de árboles como quina, cebil, quebracho, palo blanco, entre otros, los cuales fueron sacados del paraje Maíz Gordo, emplazado en el límite con la provincia de Salta.
Los pobladores aseguraron que “vieron salir del paraje tres camiones repletos de inmensos rollos de madera” por lo que refirieron que “para circular la empresa desmontadora tuvo que romper el candado de entrada al paraje campesino”.
La zona afectada es un paraje habitado por cuatro puestos rurales, “cada puesto incluye entre al menos cuatro familias que son poseedoras de los territorios desde el año 1935, nunca abandonaron la posesión, ni la posesión fue interrumpida”, precisaron los voceros en dialogo con Télam.
En ese marco desde el colectivo campesino recordaron que “no es la primera vez que sufren el robo de madera”, debido a que “ya en las décadas de los 70 y en los 90 sufrieron este tipo de saqueo”, aseveraron.
La denuncia de las familias afectadas recayó contra Daniel Gurrieri, alias “tacho”, por “sustracción de madera en peligro de extinción y de manera ilegal, porque usurpa terrenos privados para lograr su cometido”, completaron.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Ambiental y Delegación Fiscal Nº 4, a cargo de Mariana Subelza, el Comando de Prevención Rural y Ambiental, a cargo del subinspector Miguel Oyarzu y el preventor subcomisario Pablo Montoya.
Los campesinos también declararon que se extendieron las denuncias hace poco más de semana, pero “hasta el momento no hubo ninguna reacción del Gobierno provincial que, está claro, creó la policía rural para perseguir a familias campesinas e indígenas, pero no para cuidar el monte ni los parajes campesinos”.
Más adelante manifestaron que en el campo se pudo “constar al menos 5 kilómetros de picadas dónde por lo menos dos máquinas desmontadoras rodean los troncos para cargarlos”, precisaron.
Los activistas remarcaron el pedido para “intentar frenar los desmontes en el territorio”, por lo que las familias de la zona se organizaron para hacer “guardias”, al tiempo que cambiaron el candado a un portón de acceso y carteles que da cuenta del repudio a los desmontes en el departamento jujeño Santa Bárbara.
Finalmente, las familias analizan continuar con “las denuncias iniciadas en la policía” local y se mantienen en alerta con sus asesores legales para realizar las presentaciones pertinentes en la Justicia ordinaria.
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Piden que el Sitio Ramsar Jaaukanigás sea declarado Parque Nacional

Fecha de Publicación: 16/11/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Fue solicitado por especialistas reunidos en el 3° Foro Nacional de los Humedales, en Villa Ocampo. La designación permitiría dotar a este humedal ubicado en el noreste provincial de mayor infraestructura. "Estamos provocando una extinción acelerada de muchas especies, y estoy seguro de que está en nuestras manos luchar para que eso termine. La forma es volver a integrarnos a la naturaleza y Jaaukanigás tiene esa idea", dijo el biólogo Alejandro Giraudo. La provincia avanza con el proyecto.
Especialistas del ambiente reunidos en el 3º Foro Nacional de los Humedales, que se desarrolló el 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Villa Ocampo, plantearon la necesidad de que el Sitio Ramsar Jaaukanigás sea declarado Parque Nacional, para garantizar la preservación de su ambiente, a través de la infraestructura que se necesita para su cuidado.
Jaaukanigás, que en lengua abipona significa gente del agua, es un humedal ubicado en el río Paraná medio, al noreste de la provincia, en el Departamento General Obligado. Se trata de un complejo de cursos de agua, lagunas, estanques, pantanos de agua dulce permanentes y pastizales inundados estacionalmente, con una importante biodiversidad.
En octubre de 2001 el lugar fue declarado como Sitio Ramsar, lo que le dio la categoría de humedal de importancia internacional. Y en los últimos años, el gobierno provincial viene realizando estudios para avanzar en las gestiones y transformarlo en Parque Nacional. "Ya tenemos las propuestas que venimos trabajando hace varios meses junto a Parques Nacionales, el Foro y el Comité Intersectorial de Manejo (CIM)", dijo la ministra de Ambiente de la provincia, Erika Gonnet. "Se trabajó en un relevamiento del territorio desde Reconquista a Florencia".
El proyecto plantea la creación de un área de conservación de más de 150.000 hectáreas dentro del Sitio Ramsar Jaaukanigás (492.000 hectáreas totales), con tres núcleos de Parques Nacionales, ubicados en zona de Islas dentro de los Distritos de Reconquista, Villa Ocampo, Las Garzas, Florencia y El Rabón. La superficie comprendida entre estos Parques Nacionales será declarada bajo la categoría de "Reserva Hídrica Provincial" (Ley Provincial N°12.175) y contará con su Plan de Manejo donde quedarán establecidos los índices de conservación del área. Esta Reserva se encontraría delimitada al este por el Río Paraná y al oeste por el Arroyo Paraná Mini.
En los últimos meses, la ministra Gonnet le presentó este proyecto a los intendentes, legisladores y diferentes organismos involucrados. La idea del gobierno provincial es impulsarlo para que se sancione primero una ley en la Legislatura y luego otra en el Congreso. Ese es el camino que se debe transitar para la creación de un Parque Nacional.
Las 492.000 hectáreas que tiene Jaaukanigás están delimitadas al norte con el paralelo 28º -límite entre las provincias de Chaco y Santa Fe, y límite sur del sitio Ramsar Humedales Chaco-; al oeste con la Ruta Provincial 1 y la Ruta Nacional 11; al sur con el arroyo Malabrigo; y al este con el canal de navegación del río Paraná, límite entre las provincias de Corrientes y Santa Fe.

Diversidad de la vida
La fauna de este ambiente está compuesta por unas 699 especies, y la flora, por 882 plantas, según los registros de los especialistas. El objetivo es preservar esta biodiversidad conformada por el quebracho colorado, el guayacán, el mistol, el sacha poroto, el palo cruz, el algarrobo negro, el ambay, el ingá, el sangre de drago, el canelón, el timbó blanco y el colorado, y el ivirá-puitá. También se busca preservar al aguará guazú, el zorro de monte, el lobito de río, el puma, o el aguará popé. Al igual que el guazuncho, el tamanduá, el carpincho y el carayá.
Entre las aves que vuelan Jaaukanigás aparece el coscoroba, el pato picazo, el sirirí colorado, el sirirí cariblanco y el sirirí vientre negro; macáes, gaviotas, gaviotines, garzas incluyendo la rara garcita azul, cigüeñas como el yabirú o la americana, entre otros. Algunas de las rapaces diurnas más representativas son el águila negra, el aguilucho colorado, el aguilucho pampa o el carancho. Entre los pájaros más abundantes están el jilguero dorado, la cardenilla, el cardenal copete rojo o el pepitero gris.

Antecedentes
La idea de crear un Parque Nacional dentro de Jaaukanigás tiene ya varios años. Así lo testimonia una nota enviada por el CIM, del Sitio Ramsar Jaaukanigás a la Administración de Parques Nacionales y la Provincia de Santa Fe, solicitando su creación en las tierras fiscales de las islas, y su correspondiente protección con una infraestructura más efectiva.
"Fue un círculo virtuoso donde todos actuamos por el bien común: un desarrollo integral entre ciencia y sociedad mediados por la educación. En esa misma línea, hoy la vinculación con Aves Argentinas puede darnos un nuevo impulso", aseguró el biólogo investigador del Conicet, Alejandro Giraudo, que integra el CIM desde su creación.
Desde Aves Argentinas, Andrés Bosso, recordó que la provincia "ha dado un paso importante en la creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe" y este proyecto "pondría otro potente mojón de conservación en el río Paraná".
"Somos la especie más racional que jamás pisó la tierra y estamos dotados de moral, es decir, podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, estamos provocando una extinción acelerada de muchas especies. Esto es muy paradójico y estoy seguro que está en nuestras manos luchar para que eso termine. La forma es volver a integrarnos a la naturaleza y Jaaukanigás tiene esa idea", reflexionó Giraudo.
El Foro contó con la participación activa de agentes de entidades públicas y de la sociedad civil. Asistieron representantes del Ministerio de Ambiente de Santa Fe, Municipalidades de Villa Ocampo y de Florencia, Ministerio de Turismo de Corrientes, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco, Ministerio de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales, Comité Intersectorial de Manejo, Fundación Humedales, INALI CONICET, FICH y FHUC - UNL, Universidad Nacional de San Martín, INTA Reconquista, Museo de Arqueología de Reconquista, Aves Argentinas, Custodios del Territorio.
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La nueva gran apuesta minera de Rodolfo Suarez ya ingresó a la Legislatura

Fecha de Publicación: 16/11/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El proyecto de Cerro Amarillo se presentó en el Senado durante la tarde de este viernes. El oficialismo confía en conseguir la ratificación por ley de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para avanzar con la exploración en el yacimiento de cobre de Malargüe.
Un día después de que el gobernador Rodolfo Suarez anunciara que enviaría a la Legislatura el proyecto minero Cerro Amarillo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración del yacimiento de cobre de Malargüe ingresó al Senado. En 2014 hubo un intento de avanzar con este emprendimiento pero no se obtuvo el aval legislativo. Sin embargo, el oficialismo confía en que ahora conseguirá sin dificultades el respaldo de ambas cámaras y planifica un debate sin acelerar tiempos para su votación.
La iniciativa que envió el Poder Ejecutivo en la tarde de este viernes a la Casa de las Leyes plantea concretamente la ratificación de la resolución conjunta de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental, por cual se otorga la DIA al proyecto Cerro Amarillo.
Se trata de un requisito legal para cualquier proyecto de minería metalífera ya sea en las fases de cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización, tal y como lo establecen las leyes 7722 y 5961.
“Es un proyecto del Ejecutivo porque la ley manda que sea así. Cuando se presenta un proyecto minero, se establece que tienen que presentar toda la documentación para la DIA en el Ejecutivo y cuando los organismos encargados emiten el dictamen, tiene que ser ratificado por la Legislatura”, explicó a MDZ la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.
Durante la gestión del gobernador peronista Francisco “Paco” Pérez se buscó el aval legislativo para Cerro Amarillo, pero el proyecto fue rechazado. El argumento que esgrimió la oposición radical de ese entonces fue que todavía no se había terminado el relevamiento de glaciares en las cercanías del yacimiento de cobre.
“Lo que trababa este proyecto era el inventario de glaciares ordenado por la Ley nacional 25643, que estuvo listo recién en 2018. Con esta información se ratifica que Cerro Amarillo no tiene interferencia con glaciares y por eso los inversores privados deciden seguir adelante con los procesos administrativos correspondientes”, manifestó este viernes el asesor ad honorem de la Subsecretaría de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien a su vez es el titular de la empresa provincial minera PRC.
En tanto, desde el gobierno de Suarez enfatizan en que se trata de un proyecto que es compatible con la Ley 7722, es decir que prevé la utilización para la eventual explotación de ninguna de las sustancias prohibidas por esa norma, como es el caso del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Teniendo en cuenta que la propuesta ingresó recién este viernes por la tarde al Senado, todavía no se ha resuelto cómo será el recorrido que tendrá hasta su tratamiento en el recinto. Se espera que al inicio de la semana que viene se resuelva el giro a comisiones, las cuales podrían ser las de Ambiente y la Hidrocarburos, Minería y Energía.
En tanto, desde el oficialismo resaltan que no pretenden un tratamiento exprés para la iniciativa y que se votará cuando haya acuerdo. “No hay tiempos imperativos de que se vote antes de fin de año”, expresaron.
“La idea es que salga bien y que no haya dudas, que se entienda que es un paso importante para el desarrollo económico de la provincia, porque es un proyecto muy grande. Estamos tranquilos, porque no tiene ningún punto controversial. Cumple perfectamente con la Ley 7722 y es para una etapa de exploración, así que creemos que va a salir bien”, expresó la senadora radical Eisenchlas.
En este sentido, planteó que desde el Ejecutivo no han puesto ningún plazo perentorio para que sea tratado y advirtió que en todavía quedan pendientes varios proyectos para su votación en la Legislatura, como las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2023 en el Senado, el Mendoza Activa Eficiencia y la reciente Ley de Alfabetización que impulsó la DGE.
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