Seis razones por las que hace falta una ley de licencia social

Fecha de Publicación: 24/10/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En esta artículo se enumeran (y se describen brevemente) las razones por las cuales es necesario contar con un instrumento legal que obligue a las dirigencias institucionales a involucrar a la ciudadanía en las decisiones en materia ambiental.
La “licencia social” es el nombre con el que se unifica el reclamo de las comunidades por ser tenidas en cuenta en las decisiones políticas sobre emprendimientos que podrían afectarlas de manera directa en un futuro mediato o inmediato, ya sea en cuanto al ambiente o a la salud de la población (actual o próxima a nacer).
En el Congreso de la Nación hay dos iniciativas presentadas en los últimos años, pero no han sido puestas en agenda y una de ellas ya perdió estado parlamentario.
En líneas gruesas, la idea de la licencia social se equipara con el consentimiento informado, que la legislación les reconoce a las personas individualmente (está incluido en la Ley 26.529 de Salud Pública). Por ese derecho, en materia de salud es cada persona, de manera autónoma, quien decide sobre cualquier intervención médica que se le pueda realizar.
Si se reconoce la autonomía de las comunidades (algo que la ley ya hace a nivel individual), entonces se debería reconocer el derecho a decidir en casos análogos. Es decir: si se proyecta ese derecho a lo colectivo, será la comunidad la que deba decidir respecto de iniciativas que de alguna manera pueden perjudicar su salud o la de sus futuras generaciones.
A continuación se detallan seis puntos importantes por los que precisamos una ley de licencia social, que obligue a los poderes públicos a involucrar a las personas potencialmente afectadas en los procesos de toma de decisiones que comprometan derechos o impliquen riesgos de salud o ambientales.

1. Resolución pacífica de conflictos. Algunos de los conflictos socioambientales vigentes en la Argentina llevan décadas, como el emblemático caso de las Madres de Ituzaingó, que se remonta a fines de 2001. La organización es conocida por cuestionar los efectos en la salud del modelo de producción agroindustrial, en particular la utilización intensa de plaguicidas. El nombre deviene del Barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de la ciudad de Córdoba, que es donde se desarrolla el conflicto ambiental. Otro, el del río Atuel, que involucra a las poblaciones de dos provincias (Mendoza y La Pampa), se remonta en su origen a más de un siglo, lleva décadas sin horizonte de resolución y está atravesado por recursos judiciales que han llegado incluso a la Corte Suprema de Justicia. Una ley de licencia social permitiría dar salida eficaz y democrática a controversias socioambientales que, como las mencionadas, suelen extenderse durante años, en algunos casos paralizando a comunidades enteras, generando fractura social, tensiones y, en numerosas ocasiones, hechos de represión que agravan la situación original denunciada.

2. Compromiso ciudadano y mejoramiento de la democracia. El Estado argentino expresa en diferentes aspectos de su legislación la pretensión de avanzar hacia una democracia participativa –por ejemplo la propia Constitución al incorporar en 1994 los mecanismos de democracia directa– pero al mismo tiempo niega esa participación en las decisiones: en casi tres décadas de vigencia no ha habido una sola consulta popular en el orden nacional. La idea que subyace en las dirigencias argentinas es que la ciudadanía no está preparada para decidir en cuestiones relevantes. Ahora bien, en este como en otros asuntos vale el juego de “el huevo y la gallina”: en la medida en que el Estado cierre el camino a la participación, la ciudadanía se mostrará tan descreída como desinteresada en esa posibilidad. Huérfana de caminos institucionales, no encontrará otras formas que las que ya conocemos: movilizaciones, cortes de rutas, conflicto. Y un detalle: es precisamente en el conflicto socioambiental donde la ciudadanía se encuentra más proclive a informarse adecuadamente, a profundizar en las problemáticas que la amenazan y (por todo lo anterior) a adquirir un compromiso ciudadano incomparable con cualquier otro contexto. La democracia participativa es un ideal legítimo, que requiere un compromiso de la ciudadanía: para participar de las decisiones es necesario informarse, e informarse implica tiempo y esfuerzo. No aprovechar la problemática ambiental para construir más ciudadanía comprometida es ciertamente imperdonable.

3. Confluencia de saberes y cooperación social. Hace ya tres décadas que el argentino Silvio Funtowicz y el estadounidense Jerome Ravetz publicaron su ensayo La ciencia posnormal, donde desarrollaron la potente idea de que en los emprendimientos con riesgo ambiental no hay experticia que valga, y por eso es necesario ampliar el diálogo y “abrir” la decisión. En ese tipo de situaciones, aseguran, es necesario reconocer que los sistemas naturales son complejos y dinámicos, lo que implica impredictibilidad, control incompleto y además una pluralidad de perspectivas legítimas. “Los factores son inciertos, hay valores en disputa, los riesgos son altos y las decisiones urgentes”. En esas circunstancias, se invierte la distinción tradicional entre hechos científicos objetivos, duros, y valores subjetivos, blandos: aparecen decisiones políticas “duras” en varios sentidos, para las cuales los aportes científicos son irremediablemente blandos. Esta es la razón por la que debe existir una “comunidad extendida de iguales” compuesta por las personas afectadas por un tema en concreto, que estén preparadas para entrar en un diálogo sobre él. La racionalidad científica no alcanza, y mucho menos la decisión política: “Por exitosa que haya sido en el pasado, el reconocimiento de los riesgos ambientales globales muestra que este ideal de racionalidad ya no es universalmente apropiado. La actividad científica ahora abarca el manejo de las incertidumbres irreductibles en el conocimiento y en la ética, y el reconocimiento de las diferentes perspectivas y maneras de conocer legítimas”. Estos autores añaden la necesidad de involucrar en la discusión a diversos agentes hasta hace poco ignorados por los expertos científicos y por las administraciones gubernamentales: “Las formas de conocimiento distintas de aquellas que se nutren en la civilización occidental moderna también son relevantes para un diálogo exploratorio tendiente a la resolución de problemas”, explican. Así, la práctica científica –en esa definición ampliada, “posnormal”– se torna más cercana al funcionamiento de una sociedad democrática, caracterizada por una participación extensiva y por una tolerancia de la diversidad, por una construcción cooperativa, colaborativa, del conocimiento respecto de una situación conflictiva. En otras palabras, un proceso virtuoso de “licencia social” se transforma en condición relevante incluso por razones epistemológicas.

4. Licencia social no es (necesariamente) plebiscito. Entre quienes se oponen a la licencia social –de un lado y del otro, como hemos mostrado en notas anteriores– subyace el temor a que sea “el otro lado” el que logre convencer a la ciudadanía o manipularla y, por ende, lograr un plebiscito a favor de su postura pero no como resultado de una libre e informada deliberación ciudadana, sino más bien como consecuencia de las mismas malas artes que se suelen atribuir a la elección popular de autoridades. Es dificil refutar esa idea: si gana mi propuesta, el pueblo es sabio y no se equivoca, en cambio si pierde la gente es un rebaño estúpido que ha sido llevado de las narices por los factores de poder y sus medios aliados (argumentan del lado “ambientalista”) o que fue manipulada mediante el miedo por la prédica apocalíptica de sectores fundamentalistas (argumentan del lado “desarrollista”). No obstante, hay dos objeciones importantes en este caso: la primera es que licencia social no implica necesariamente un plebiscito. El proyecto del legislador pampeano Hernán Pérez Araujo no establece la obligatoriedad de esa instancia, y en cambio sí instituye una serie de mecanismos que implican una consulta constante y desde el inicio a diferentes sectores involucrados en la problemática (ver enlace al proyecto). Por otro lado, quienes sí creen que el proceso de licencia social debe “cerrarse” con una consulta popular entienden que debe haber un amplio y transparente proceso de deliberación, con una serie de instancias que garanticen la información adecuada a disposición de quienes decidirán, incluso como requisito para poder resolver (por ejemplo, demostrar haber asistido a audiencias públicas o debates presenciales o virtuales sobre la temática en cuestión). En todo caso, de haber consulta popular, sería solo después de un extendido proceso de deliberación, en el cual la comunidad en cuestión profundice su conocimiento sobre el proyecto en juego.

5. Declaración de Río. Los sectores adversos a la idea de implementar la licencia social suelen argüir que no está contemplada en el entramado institucional argentino. Sin embargo, esa información es inexacta. Existen por lo menos dos tratados internacionales firmados por la Argentina que garantizan el derecho de las comunidades a participar de las decisiones en materia ambiental: la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992, establece en su Principio 10 que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”, y más adelante se refiere a “la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”, que “los Estados deberán facilitar y fomentar poniendo la información a disposición de todos”. La Argentina no solo es firmante de esta declaración: también integra el grupo de países que piden la aplicación del Principio 10, desde el 13 de mayo de 2013, como miembro de su Mesa Directiva. Es absurdo que nuestro país vele internacionalmente por la aplicación de este principio mientras en su propio territorio no lo hace cumplir. Una ley nacional de licencia social daría remedio a esta situación paradójica.

6. Acuerdo de Escazú. Nuestro país además ratificó el Acuerdo de Escazú, que también incluye el principio de la “licencia social” en su artículo 7°, cuando establece “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente o para la salud de la población”. El nombre oficial de ese tratado es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Como se ve, la participación ciudadana es uno de los ejes de ese acuerdo, ratificado por el Parlamento argentino en 2020. Se sabe, pero conviene repetirlo, que los tratados sobre derechos humanos que la Argentina ratifica pasan a tener jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. El Acuerdo de Escazú incluye entre los “derechos de acceso” –como lo denota su nombre formal– el acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. Los tres son igualmente valiosos para “lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones –económica, social y ambiental– de forma equilibrada e integrada”.

Ojalá el Congreso de la Nación se anime a discutir este avance democrático. La “licencia social” no es la solución a ningún problema, pero es el camino más sensato a la solución, al menos para quienes creen que, como oportunamente dijo el presidente Raúl Alfonsín, los males de la democracia solo se curan con más democracia.

Por Américo Schvartzman - Licenciado en Filosofía y periodista. Integra la cooperativa periodística y cultural El Miércoles, de Entre Ríos.
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Terminó la audiencia pública por la exploración petrolera offshore

Fecha de Publicación: 24/10/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Luego del desarrollo de tres jornadas de ponencias y la participación de 266 expositores, culminó la Audiencia Pública del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para analizar el impacto ambiental del proceso de exploración petrolífera mar adentro.
A partir de ahora, las áreas técnicas encargadas del desarrollo de la evaluación ambiental del proyecto realizarán un informe de revisión final donde analizarán el estudio de impacto ambiental ya presentado, contemplando también las intervenciones técnicas de todas las áreas de Gobierno consultadas y la opinión de la ciudadanía.
La audiencia tuvo lugar como consecuencia del resultado positivo de análisis del lecho marino realizados por petroleras interesadas en la explotación del petróleo offshore. YPF, junto a Shell Argentina y una petrolera noruega buscan la aprobación para realizar un pozo exploratorio denominado Argerich, paso previo para la explotación del crudo en el Mar Argentino.
La secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, cerró la audiencia destacando que «como una gran mayoría de los expositores han precisado, las actividades que promuevan el crecimiento del país deberán realizarse indefectiblemente en sintonía con el cuidado del medio ambiente”.
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La marea roja es la causa de muerte de 30 ballenas en la Patagonia argentina

Fecha de Publicación: 24/10/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut


La treintena de ballenas halladas muertas en las costas de la Patagonia argentina perecieron debido a una “floración algal nociva en el Golfo Nuevo”, más conocida como marea roja, según confirmaron este viernes a EFE fuentes oficiales.
Desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la provincia argentina de Chubut (sur) indicaron que se encontraron toxinas paralizantes de moluscos, compatibles con el fenómeno, en los cadáveres de las ballenas.
“La marea roja es un proceso natural que se da anualmente entre la primavera y el verano. Este año batió récords en producción de toxinas”, explicó a EFE Fernando Bersano, director de Fauna y Flora Silvestre de Chubut.
Por otro lado, un informe del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) concluyó que “la investigación realizada hasta la fecha sostiene la hipótesis según la cual la mortandad de ballenas se debió a una floración algal nociva en el Golfo Nuevo, ocurrida entre fines de septiembre y principios de octubre”.
De las 30 ballenas francas australes muertas, 26 ejemplares adultos y cuatro jóvenes, solo seis pudieron ser necropsiadas debido a que la mayoría se encontraba en avanzando estado de descomposición.
Según los reportes de veterinarios y biólogos del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, se encontraban en buen estado, con correcto espesor de su capa de grasa aislante y ningún ejemplar presentó evidencias de lesiones o heridas que explicaran su muerte.
“Sin embargo, se encontraron en el organismo concentraciones detectables de Toxina Paralizante de Moluscos en diversos tejidos y fluidos en cinco de las seis ballenas analizadas”, reveló la necropsia.
Los investigadores concluyeron que las muertes ocurrieron de forma aguda en cuatro días y que en su organismo se encontraron ingestas de diatomeas productoras de biotoxinas, que tras solaparse en tiempo y espacio, terminaron por esparcir estos tóxicos que afectaron también a aves y lobos marinos.
“Desde el 10 de octubre no se han registrado nuevas muertes de ballenas, lo que coincide con un marcado descenso en la abundancia de la especie productora de toxinas paralizantes en el plancton y en los niveles de biotoxinas en moluscos del Golfo Nuevo”, cerró la investigación.
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Chubut y Nación avanzan con la creación del Area Marina Protegida “Frente Valdés”

Fecha de Publicación: 22/10/2022
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El proyecto propone la creación de un Area Protegida establecida fuera de las 12 millas de la zona de Aguas Territoriales en el denominado “Corredor Frente Chubut”, que represente al menos el 25% de su superficie total (37.000 km2).
Funcionarios del Gobierno del Chubut y de la Nación mantuvieron una reunión de trabajo en Rawson, en la cual se presentó el proyecto de creación del Área Marina Protegida “Frente Valdés”, que tiene como principal objetivo proteger la biodiversidad marino costera.
En tal sentido, el proyecto propone la creación de un Área Protegida establecida fuera de las 12 millas de la zona de Aguas Territoriales en el denominado “Corredor Frente Chubut”, que represente al menos el 25% de su superficie total (37.000 km2).
El proyecto, que fue presentado por González Trilla, propone la creación de un Área Protegida, establecida fuera de las 12 millas de la zona de Aguas Territoriales en el denominado “Corredor Frente Chubut” que represente al menos el 25% de su superficie total (37.000 km2).
En la oportunidad, González Trilla destacó que “la intención de la reunión es anticipar el envío formal del proyecto que estuvimos trabajando porque nos parece importante que la provincia haga sus aportes y exprese su opinión para que al momento de ser presentado al Congreso, esas opiniones sean tenidas en cuenta”.
El proyecto de Ley que se pone a consideración de los diversos organismos con injerencia en el tema, se viene trabajando desde 2.018, en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca”, que cuenta con financiamiento otorgado a nuestro país por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Tiene en cuenta, además, el Documento de línea de base ambiental y socioeconómica del Frente Valdés (LBFV), elaborado a tal efecto, el cual contempla sus características oceanográficas, biológicas y socioeconómicas.
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Las tensiones por el desarrollo del Litio

Fecha de Publicación: 22/10/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


A diferencia de Bolivia y Chile, Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad que lotea responsabilidades entre Nación y Provincias y no permite elaborar una estrategia de desarrollo.
"Debemos considerar el litio como un recurso estratégico", deslizó por primera vez públicamente el Presidente Alberto Fernández en una disertación durante su gira por Nueva York hace poco menos de un mes. La afirmación pasó desapercibida por el público- estudiantes y miembros de la tradicional comunidad universitaria neoyorquina The New School- pero resulta un tema clave y complejo (cuándo no) para el desarrollo económico del país.
La complejidad radica en que a diferencia de Bolivia y Chile, vecinos del famoso triángulo del litio que concentra el 58 por ciento de las reservas mundiales del mineral, Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera a través del cual las provincias tienen el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones para explorar y explotarlos, mientras que la Nación recibe la mayor parte de los recursos tributarios vinculados a la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología.
"Es políticamente poco probable que se modifique el régimen de concesiones que se deriva del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales ratificado por la Constitución de 1994. El desafío es entonces coordinar las políticas entre distintos niveles de gobierno de manera de atender a las tensiones y desbalances", asegura un documento publicado por el centro de estudios Fundar producto de una investigación específica sobre el tema. No sería la primera vez que el Presidente se posicione taxativamente sobre un tema que luego no tracciona. Desde el gobierno no volvieron a pronunciarse, y tampoco acusan que haya un plan para tal fin.

Tres tristes tensiones
El trabajo que elaboraron los investigadores del equipo de Fundar Carlos Freytes, Martín Obaya y Víctor Delbuono resalta tres tensiones principales que surgen del régimen de gobernanza de la minería para la implementación de políticas de desarrollo productivo en torno al litio: el loteo de responsabilidades entre el nivel nacional y provincial; el foco de la política de ciencia y tecnología en los eslabones mas desarrollados de la cadena de valor y la realidad productiva actual del litio en el país; y la gobernanza socioambiental del litio.
Las provincias tienen a su alcance las condicionalidades que se les requiere a las empresas para acceder a los derechos de explotación sobre el recurso. "La contratación de mano de obra y compre local dentro de los límites de cada provincia crea barreras de entrada para empresas de otras provincias y genera problemas de escala para el desarrollo de proveedores con capacidades productivas y tecnológicas más complejas", aseguran desde Fundar.
Del otro lado la estructura impositiva de la minería de litio, concentrada en Nación, podría ser una fuente de financiamiento para desarrollar capacidades pero carece de instrumentos progresivos para gravar la renta o precios extraordinarios. La Ley de Inversiones mineras establece un tope a la recaudación por parte de las provincias en tanto que los impuestos recaudados por la Nación sobre la actividad no son de asignación específica, lo que limita su vinculación con políticas de desarrollo productivo. En el caso de Chile, por ejemplo, parte de lo recaudado en la minería del litio se destina a financiar actividades de I+D para el procesamiento y transformación del recurso.
"La mayor parte de los recursos humanos y presupuestarios de la política de ciencia y tecnología (a través del Conicet y la Agencia I+D+i) se concentra en el segmento aguas abajo, por ejemplo, en el desarrollo de la tecnología de las baterías de ion litio. Este es un segmento en el cuál existen importantes barreras financieras, tecnológicas y comerciales para el ingreso de empresas argentinas", dice el documento de Fundar que asegura que existen importantes áreas de vacancia en temáticas cruciales para la producción de litio a partir de salares, tales como el desarrollo de métodos más sostenibles de producción, el impacto sobre el equilibrio hidrológico de los salares, o la gestión de las demandas socioambientales.
Párrafo aparte merecen los desequilibrios ecológicos generados por el sobreconsumo de agua en territorios extremadamente áridos. "Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros después de México, Chile y Perú. En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales", aseguran desde Fundar.
En un documento especial sobre esta temática específica que elaboraron las investigadoras de Fundar María Victoria Arias Mahiques, Malena Galuccio y Carlos Freytes, aseguran que no existe una estrategia uniforme en la gestión de sus recursos. Las instancias de participación pública y su articulación con el proceso de consulta libre, previa e informada (CLPI), el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) y su implementación efectiva "presentan brechas entre las distintas jurisdicciones".
"La aprobación del EIA se ha ido consolidando como un mecanismo para negociar con las empresas mineras las condiciones de su operatoria, tales como la contratación de bienes, servicios y empleo provincial", asegura. El otro eje crítico en este sentido es la relación con las comunidades y pueblos originarios. La actividad minera de los ecosistemas altoandinos se superpone con territorios utilizados y ocupados por poblaciones locales hace más de 10.000 años.
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Protección de especies: una yaguareté correntina dio a luz a dos cachorros en el Chaco

Fecha de Publicación: 21/10/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Chaco


Los ejemplares son cría de “Mbareté”, la hembra que fue traslada desde Corrientes para compartir un celo con “Qaramta”, el único macho silvestre registrado hasta ahora en el Parque Nacional chaqueño “El Impenetrable”.
La fundación Rewilding Argentina informó que nacieron dos yaguaretés en el Parque Nacional “El Impenetrable” del Chaco y que ahora serán devueltos al Parque Nacional al Parque Nacional Iberá, en Corrientes donde serán liberados para aumentar la diversidad genética de esa población reintroducida.
El nacimiento de los cachorros es producto del envío a El Impenetrable de la yaguareté “Mbareté”, nacida en estado silvestre en 2018 en el Iberá correntino. El traslado de la hembra ocurrió con el propósito de relacionarla con “Qaramta”, hasta ahora el único macho silvestre registrado en el Parque Nacional chaqueño.
“El suceso es el resultado de una pionera cooperación entre parques nacionales de distintas provincias”, sostuvo la fundación a cargo del plan de reintroducción de esta especie que había desaparecido en los esteros del Iberá hace 70 años.
La ONG destacó: “Los esfuerzos que estamos haciendo están trayendo de vuelta a esta especie clave para nuestra biodiversidad y nuestra cultura a estas dos regiones del norte argentino, donde se encontraba extinto o virtualmente extinto”.
Además agregaros que la madre y sus cachorros “aumentarán la incipiente población de yaguaretés que crece en los Esteros del Iberá, a la cual los dos pequeños introducirán diversidad genética aportada por su padre chaqueño, Qaramta”, sostuvieron.
“Este acontecimiento demuestra que las acciones de colaboración entre parques nacionales y gobiernos provinciales en el manejo de fauna nativa son clave para combatir la extinción de especies amenazadas”, cerraron.
Al respecto, Sebastián Di Martino, director de Conservación de la organización comentó que “la degradación de la naturaleza ha alcanzado niveles tan alarmantes que las ideas tradicionales de conservación, basadas en los principios de proteger sin intervenir, hoy son desafiadas por nuevas estrategias como el rewilding que proponen el manejo activo de fauna como un paso clave para recuperar especies extintas y ambientes naturales empobrecidos”.
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"Encontramos un humedal convertido en desierto", advirtió una bióloga que recorrió el área quemada

Fecha de Publicación: 21/10/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


La Dra. en Ciencias Naturales Paola Peltzer junto a investigadores del Conicet monitorearon la zona que fue arrasada por los incendios en la isla Santa Cándida. "Encontramos solo un sapo muerto, quiere decir que ni los sapos pueden llegar a estos lugares, no hay reproducción y evidentemente se están extinguiendo localmente", lamentó la investigadora.
Tierras agrietadas, sin humedad y mucha ceniza, sin la vegetación que caracteriza a los humedales y los pocos árboles que quedaban en pie estaban quemados. Ese fue a primera vista el paisaje que se encontraron los investigadores del Conicet al recorrer Santa Cándida, la isla santafesina ubicada en cercanías al Túnel Subfluvial, que fue devorada por las llamas días atrás. El hecho generó indignación en la sociedad paranaense y santafesina, que debieron soportar el intenso humo que llegó hasta ambas capitales provinciales.
Con las llamas extintas, los biólogos Paola Peltzer y Rafael Lajmanovich, junto con la becaria Ana Paula Cuzziol recorrieron esta isla para conocer in situ las consecuencias de los incendios. "Nos encontramos un humedal convertido en desierto", sentenció Peltzer, doctora en Ciencias Naturales e investigadora del Conicet y profesora de Ecología de la Restauración en la UNL, en una entrevista con El Litoral.
"Recorrimos 3 horas y media. El panorama es desolador, nunca en mi vida pensé encontrar un humedal con las características que vimos. Encontramos solo un sapo muerto, para alguno puede resultar positivo que no haya animales muertos pero para nosotros es negativo, quiere decir que ni los sapos pueden llegar a estos lugares, no hay reproducción y evidentemente se están extinguiendo localmente".
En la vasta superficie hecha cenizas quedaron algunos árboles Curupies, Alisos de Río y algún que otro Timbó Blanco. "No hay lagunas internas que son las que fertilizan los humedales, la única que encontramos tenía menos de 3 centímetros de profundidad, es decir que estaba totalmente eutrofizada, contaminada de nutrientes", lamentó la investigadora.

Relevamiento

-¿Cuándo comenzaron con estos relevamientos?
-En el 2020 cuando iniciaron estos incendios empezamos con nuestro grupo de trabajo a monitorear las islas que estaban siendo quemadas de forma intencional, donde en muchas de ellas se practican las quemas controladas para el rebrote y que el ganado pueda forrajear. El problema es que estos incendios se han dado desde el 2020 de una forma repetitiva en las distintas islas del Paraná Medio, que se extiende desde Resistencia (Chaco) hasta Diamante (Entre Ríos).

-¿Qué sucede con los humedales de esta región?
-Tanto la flora como la fauna no están ajustadas ecológicamente para soportar esta presión de fuego. En el 2020 recorrimos 18 islas y nunca paramos de monitorear la flora y la fauna.

-¿Qué es lo más preocupante?
-Lo que sucede con los anfibios anuros. Desde el año 1994 los estamos estudiando y están en declinación poblacional en todo el mundo. Justamente los humedales son su sitio reproductivo y si no hay humedales no hay reproducción.
Estos invertebrados son los indicadores por excelencia de calidad ambiental, y si no están en los humedales se va a producir un desastre ecológico que se va a ver reflejado en los eslabones tróficos.

Un futuro incierto

-¿Las quemas que siempre se produjeron, ahora están teniendo una mayor incidencia?
-Las quemas para rebrote siempre existieron pero no con la carga y la recurrencia de ahora. Esto hace que el rebrote fisiológico, normal de las plantas, no sea el adecuado y se da el agotamiento del rebrote. Por otro lado, los animales no pueden encontrar ni refugio, ni alimentación, ni medios para reproducirse.

-¿Qué panorama a mediano y largo plazo esperan?
-Si no se revierte el exceso de las quemas y más aún si persiste la bajante histórica del río Paraná y la ausencia de precipitaciones, vamos a tener extinciones locales, no solamente de anfibios, sino también de especies de flora y fauna que caracterizan a los humedales.

-¿Cuáles son los pasos a seguir en su investigación?
-Vamos a seguir monitoreando. A lo largo de estos tres años hemos visto cada vez menos animales muertos y eso para nosotros es un resultado alarmante. Lo que estaría indicando que estos animales no están encontrando en los humedales un lugar para reproducirse y alimentarse.
Queremos seguir estudiando la diversidad biológica que es resistente, resiliente y que se extingue, sino también hacer modelos de previsión sobre qué pasaría si hay una inundación en estos humedales, donde la fertilidad del suelo se perdió totalmente y donde está lleno de cenizas.
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Exploración petrolera en Mar del Plata: ratifican la cautelar que impide la actividad a 300 kilómetros de la costa

Fecha de Publicación: 20/10/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Juzgado consideró que el informe presentado por el ministerio de Ambiente de la Nación incumple con tres de los cinco recaudos que pidió la Cámara Federal de Apelaciones.
El Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín, mantuvo la medida cautelar que impide la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.
El magistrado consideró que el ministerio de Ambiente de la Nación incumplió con tres de los cinco recaudos que pidió el pasado 3 de junio la Cámara Federal de Apelaciones para evitar daños ambientales mientras se desarrolle la actividad offshore.
Al respecto, el juez Martín argumentó que las medidas tomadas por las autoridades del ministerio de Ambiente “no están acompañadas de un análisis científico riguroso que índice la razón de su eficacia”.
Los puntos del fallo que impide la exploración petrolera
El juez sostuvo en su fallo que uno de los recaudos faltantes en el informe presentado tiene que ver con la participación de la Administración de Parques Nacionales (APN) en la evaluación de los impactos ambientales y la necesidad de valorar y evaluar su opinión y dictamen.
Martín destacó la falta de consideración del informe técnico elaborado por la APN, especialmente en cuanto a la escasez de información denunciada y a las recomendaciones hechas en ese dictamen sobre los posibles varamientos de la ballena franca austral.
Además, y según explica en el dictamen presentado este martes el titular del Juzgado Federal Nº2, no hay datos sobre la evaluación de los impactos ambientales relacionados a todos los proyectos de exploración en curso.
Para el juez, "las autoridades han tomado medidas que, si bien aparecen en principio como positivas y destinadas a evitar la generación de daños ambientales, no están acompañadas de un análisis científico riguroso que indique la razón de su eficacia".
De esta manera, para la justicia resulta insuficiente el escrito presentado el pasado 5 de agosto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, donde el gobierno garantizó la presencia de la secretaría de control y monitoreo ambiental, que depende de esa cartera. Además, anunció la conformación de una comisión especial integrada por personal técnico de diferentes áreas para que lleven a cabo ese control.

El pedido del intendente de Mar del Plata
La medida cautelar que mantuvo este martes el juzgado federal fue dictada por el mismo juez el 11 de febrero de este año.
La resolución se enmarcó en las presentaciones judiciales del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados contra la decisión del Gobierno nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El 3 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones condicionó la continuidad del proyecto a distintos recaudos que, a entender del juez, todavía no fueron cumplidos en su totalidad.
De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
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Ley de bosques: cambian un mapa que no tenía base técnica

Fecha de Publicación: 20/10/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Para cumplir con la normativa nacional, actualizan el ordenamiento territorial.Desde la UNSa explicaron el proceso, que se encara tras años de inacción
El Gobierno provincial coordina un plan de trabajo para cumplir con lo que marca la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (o simplemente ley de bosques), con la revisión del mapa de ordenamiento territorial que indica las zonas que se deben proteger. El proceso se enfrenta con la preocupación del sector empresarial-productivo y con el antecedente de un trabajo que se hizo mal cuando la norma comenzó a instrumentarse, hace casi 14 años, y que nunca se corrigió.
En junio del año pasado, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia inició la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, tarea que ya viene con un retraso de 9 años. El proceso se encara, esta vez, con la participación de un gran abanico de consultores académicos, especialistas de distintas áreas y referentes de comunidades y de actividades productivas.
Entre los que colaboran en la revisión, una pata importante para el desarrollo técnico corresponde a la Universidad Nacional de Salta, en donde el doctor en Biología Enrique Derlindati está a cargo del equipo que analiza el OTBN. En diálogo con El Tribuno, el docente e investigador de la UNSa describió el arduo desafío que enfrentan para definir un nuevo mapa para la ley de bosques, sobre el que hubo que trabajar desde cero.
"La principal falla del actual ordenamiento es que no encontramos en ningún punto las bases técnicas, los criterios con los que se hizo. Hablando en términos más coloquiales, cuáles fueron los criterios con los que se decidió que el amarillo sea amarillo y el rojo, rojo y el verde, verde", señaló el biólogo.
Los colores a los que se refiere son los que están plasmados en un mapa de Salta, que restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Derlindati quiso "llevar tranquilidad" y afirmó que el proceso de ordenamiento territorial que ahora se encara "tiene una base técnica muy fuerte".
"Cualquier duda que surja de cualquier sector puede ser aclarada, desde que una limitación puede ser el contenido de materia orgánica del suelo hasta cuestiones de distribución de determinados grupos de especies amenazadas o lo que sea. Toda esa información va estar disponible, entonces se va a poder aclarar y discutir, y plantear cualquier inconveniente o consulta sobre bases técnicas fuertes", afirmó.
La semana pasada el Gobierno provincial difundió un parte de prensa en el que se ratifica que el nuevo ordenamiento territorial no reducirá las áreas protegidas, tal como había anticipado El Tribuno.

Preocupación
Esa certeza puso en alerta a dirigentes del campo salteño, quienes insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. La preocupación del sector se centra, en especial, en la superficie pintada de amarillo, donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Hay dos millones de hectáreas en particular que corresponden, en gran parte, a Rivadavia y al este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
Sobre ese punto, el representante de la UNSa dijo: "Es muy probable que el mapa sea distinto al que conocemos, pero las superficies se van a mantener. Lo que puede llegar a cambiar en algunos sitios es la categoría asignada".
Según lo planificado, antes de fin de año estaría terminado el mapa del ordenamiento territorial de los bosques nativos.
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Ambientalistas exigen una fecha concreta para el tratamiento de la Ley de Humedales

Fecha de Publicación: 19/10/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La postergación de la ley llega en un complicado contexto donde semana a semana miles de hectáreas son consumidas por el fuego en distintos puntos del país
Pasan las semanas, los días llenos de humo y los incendios forestales, pero la ley de humedales sigue sin tratarse. Ante esta situación, la Multisectorial Humedales (MH) exigió al plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, una fecha en concreta para que esta sea tratada. La demanda se produce luego del pedido de los jefes de bloques de “posponer el tratamiento del tema por tiempo indeterminado”.
En su pedido, la organización le expresó a los legisladores: “Dispongan la fecha pronta y concreta para el plenario de comisiones por la ley de humedales. Por esta ley que la ciudadanía ya expresó que necesita y la construyó en todo el territorio argentino. Regulación y prevención para garantizar una integración de producción con conservación ambiental. ¡Ley de humedales ya! Proyecto consensuado”.
La postergación de la ley llega en un complicado contexto donde semana a semana miles de hectáreas son consumidas por el fuego en distintos puntos del país y varias ciudades deben convivir con el humo que estos focos provocan.
En ese sentido, los ambientalistas destacan este último punto y repasan algunos de los casos más preocupantes de las últimas semanas. “Desde las organizaciones hermanas de Paraná expresaban que el aire era irrespirable. El fuego en Islas de Santa Fe se veía desde la ciudad. En San Pedro lo mismo, aire intoxicante con afectación directa a toda la población. En Ramallo, la ciudadanía se convocó frente a la Municipalidad para reclamar acción concreta sobre el monstruoso foco que permitió que ardieran hogares y el trabajo de apicultores”.
En las últimas 24 horas, provincias como Jujuy, Catamarca, Salta, Tucumán, San Luis, Córdoba, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires sufrieron incendios que fueron controlados, contenidos y extinguidos por los bomberos.
En paralelo la ciudadanía se está organizando para recibir elementos de curación para los animales (quemados). Se están recibiendo donaciones para las familias afectadas por el fuego.
Por esta razón, desde la Multisectorial reclaman que a pesar de tanto daño, diputados siguen sin dar fecha al plenario.
“Las imágenes apocalípticas del ecocidio en danza se multiplican. Como si los estados nacional y provinciales no pudieran prevenir lo que hace años vemos cómo sucede organizadamente”, sostenían desde la MH.
El proyecto de ley se mantiene en un limbo, bajo la sombra del debate del Presupuesto y del desinterés de parte de la política. Dos semanas atrás la norma parecía avanzar, el plenario de comisiones de la cámara baja se preparaba para tratarlo, pero intempestivamente este se levantó apenas 24 horas antes.
La explicación formal fue que aún los mandatarios provinciales no habían pronunciado su postura. Sin embargo, la realidad era mucho más simple: ante la posibilidad real de que se emitiera un dictamen, instruyeron a los diputados que les responden a no acompañar la iniciativa. El Frente de Todos se fracturó en plena discusión.
Sin estos votos, el oficialismo corría riesgo de quedar en minoría y permitir el avance del texto que unificaron dentro de Juntos por el Cambio.
Así transcurrieron los días y, ante la falta de novedades, los sectores que impulsan la ley presionaron a los gobernadores -o sus representantes- invitándolos a que se presenten ante la comisión para plantear sus dudas. Sin embargo no hubo respuestas, ni siquiera por parte de los compañeros de bloque que responden políticamente a los mandatarios provinciales.
Ante este contexto donde el ecosistema sufre los incendios y las trabas parecen no moverse en el congreso, la Multisectorial Humedales expresan: “Las pérdidas y los dolores son nuestros, las ganancias y alegrías son de los ecocidas que consideran las regulaciones de las prácticas “límites a la producción”, y la política que firma y trabaja para trabar la ley consensuada, la ley del pueblo”.
El diputado nacional Martín Berhongaray también se quejó por las demoras: “Sin más demoras hay que sancionar la Ley de Humedales que establezca parámetros mínimos pero certeros sobre cómo protegerlos y garantizar que sigan prestando todos sus servicios ecosistémicos y productivos”. “Esta ley va a dejar menos margen para que se hagan quemas intencionales de campos y le va a dar más herramientas a la Justicia para que actúe sobre los responsables de destruirlos”, dijo.
“Es necesario que se apliquen otras leyes ambientales que están vigentes como la Ley de Fuego o la de gestión ambiental de aguas, pero en Argentina hay fuertes intereses económicos y políticos que siguen frenando su cumplimiento. Hay muchas provincias que se resisten a aceptar los cambios que introdujo la reforma constitucional de 1994 porque quieren seguir explotando sus recursos naturales de manera unilateral y arbitraria, y no se dan cuenta de que por ese camino van a terminar destruyendo el ambiente y el futuro de muchas generaciones”, completó.
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Llega al Senado un proyecto de ley para prohibir espectáculos con animales marinos silvestres en cautiverio

Fecha de Publicación: 19/10/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa propone, además, la urgente rehabilitación y liberación de la Orca Kshamenk, que se encuentra desde 1992 en el parque Mundo Marino.
El Frente de Todos y la agrupación Derechos Animales Marinos (DAM), que reúne más de 28 organizaciones proteccionistas, presentarán este martes 18 de octubre en la Sala Arturo Illia del Senado el proyecto de ley “Kshamenk” por “el fin de los espectáculos marinos en Argentina”. La iniciativa se enmarca en una campaña con años de vigencia que exige “la urgente rehabilitación y liberación de la Orca Kshamenk”, que se encuentra desde 1992 en el parque Mundo Marino, en la ciudad bonaerense de San Clemente del Tuyú.
El temario del documento, que introducirá la senadora nacional Nora del Valle Giménez y varias ONG por los derechos de los animales, tratará temas como cautiverio, estereotipias/zoocosis, leyes internacionales, delfinarios cerrados en el mundo, activismos y santuarios de orcas y delfines.

Qué objetivo tiene el proyecto de ley Kshamenk
Según indica el documento oficial, el proyecto que presentará el FdT junto a la DAM tiene como objeto la “prohibición y sanción, de espectáculos con animales marinos silvestres, su exhibición y/o cautiverio sin fines de rehabilitación y reinserción o reintegro” en todo el territorio nacional. También se penalizará el abandono de animales silvestres que se mantengan cautivos o semicautivos en establecimientos.
En ese sentido, especifica que quedan “exceptuados exclusivamente” los casos en los que la finalidad única del cautivero “sea la recuperación y rehabilitación para la liberación, introducción, reintroducción o reinserción en hábitats naturales”, o bien, “en caso que ello resulte objetivamente imposible o perjudicial para el individuo, dicho cautiverio sea el mero tránsito para su posterior traslado a santuarios o reservas habilitadas y adecuadas a sus necesidades, intereses y especie”.
Asimismo, el proyecto de ley Kshamenk exige penas civiles con multas de entre diez y 120 veces el valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMM), la clausura definitiva o provisoria por hasta dos años del establecimiento en infracción.
Desde el 2015 se impulsa el tratamiento de un proyecto de ley a través de una petición online en el sito change.org, que ya cuenta con más de 600 mil firmas. Se trata de una campaña conocida como “StopAcuarios”, que indica: "Los zoológicos están cerrando, los animales terrestres están siendo trasladados a raíz de una exigencia social que despertó la voluntad política en Argentina. Ahora es el momento de los acuarios y toca pensar en los animales marinos".
"Los acuarios son solo empresas que se benefician económicamente generando un gran detrimento en la vida de los animales y no proporcionan ninguna clase de aporte educativo, científico ni conservacionista a la sociedad", sostienen las entidades ambientalistas, y continúa: "Necesitamos tu firma para terminar con los espectáculos y la exhibición de los animales marinos silvestres en cautiverio, necesitamos tu firma para que puedan ser rehabilitados y trasladados a santuarios marinos".

La historia de Kshamenk, legendaria orca de Mundo Marino cautiva desde hace 30 años
Kshamenk es una orca macho que se encuentra cautiva en el parque acuático de Mundo Marino desde 1992. Es la única en su especie que se mantiene en este estado en América del Sur. La legendaria orca del famoso parque de San Clemente del Tuyú tiene una longitud de 6,2 metros, una circunferencia de 3,95 metros, y un peso aproximado de 3.600 kilogramos. Asimismo, los especialistas estiman que cuando se la atrapó tenía entre 3 y 5 años (hoy tiene 30 años, aproximadamente).
Durante su infancia y juventud, Kshamenk vivió con una orca hembra, Belén, que también había sido "rescatada de un varamiento" unos años antes, en 1988. En la edad y época de apareamiento, se produjo el embarazo de la orca femenina, pero al poco tiempo abortó. Luego, Belén fue víctima de una enfermedad renal que le produjo la muerte en el 2000. Desde entonces, el macho quedó solo. El personal de Mundo Marino decidió colocar a un delfín nariz de botella hembra, Floppy, para que compartieran la piscina. Desde hace más de 20 años que Kshamenk no tiene contacto con un animal de su especie.
Asimismo, las condiciones en las que vive la orca desde hace tres décadas son incómodas e insatisfactorias para sus necesidades biológicas. De acuerdo con un informe publicado en 2013 en el blog "Cierren Mundo Marino", la piscina que ocupa con Floppy -la de los shows- tiene forma oval, con un diámetro máximo de 35 metros y una profundidad máxima de 6,5 metros. Ambos animales tienen acceso libre, a través de un canal, a una piscina satélite redonda cuyo diámetro es de 12 metros y la profundidad de 3 metros.
En ese sentido, según indican los profesionales, las orcas en libertad recorren grandes distancias, de entre 125 y 200 kilómetros por día si están cazando, y pueden nadar con mucha rapidez. Además, usualmente avanzan a una velocidad, de 5 a 10 kilómetros por hora, pero pueden alcanzar velocidades máximas de 40 kilómetros por hora. De acuerdo con el libro Guiness de los récords, la máxima velocidad registrada en un cetáceo fue de 55,5 kilómetros por hora en una orca macho, cuya longitud estimada oscilaba entre 6,1 y 7,62 metros, el 12 de octubre de 1958 en el océano Pacífico. Mientras tanto, Kshamenk da 500 vueltas cada hora en su diminuta piscina.
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En 10 años, la Argentina perdió más de 2,4 millones de hectáreas de árboles

Fecha de Publicación: 18/10/2022
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El dato surge de un análisis de imágenes satelitales que hizo TN. El 55% del desmonte de 2021 se produjo en sectores donde estaba prohibido deforestar.
“No puedo hablar de largo plazo porque yo no veo largo plazo. Esta ya no es una problemática para nuestros hijos y nuestros nietos, hoy estamos viendo las consecuencias gravísimas de la deforestación. Hace tres años que tenemos sequías e incendios. ¿Qué va a pasar cuando empiece a llover, con todo el suelo desnudo como está?”.
La pregunta -retórica, porque ya sabe la respuesta- se la hizo Micaela Camino, científica del Conicet y fundadora del proyecto de conservación Quimilero, destinado a proteger el pecarí del Impenetrable chaqueño.
Desde hace más de 10 años trabaja en medio del bosque de Chaco, con comunidades aborígenes y fauna autóctona. A diario es testigo del desmonte y la deforestación, de la muerte de la naturaleza en un pulmón vital para la provincia, para la Argentina y para la región.
En los últimos 10 años (2012-2021), en el país se perdieron 2.460.469 de hectáreas de bosque y pastizales a causa de la deforestación. Es el equivalente a 123 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos surgen de un cálculo propio que hizo TN sobre el modelo e imágenes satelitales de Hansen y Global Forest Change.
El 85% de esta pérdida se concentró en cinco provincias: Santiago del Estero (619.183 hectáreas), Salta (448.082), Chaco (420.675), Formosa (371.047) y Misiones (248.790). Esta zona reúne más de la mitad del bosque del país.
La principal causa del desmonte es el avance agropecuario y ganadero empujado por la suba del precio de las commodities en el mundo, sobre todo, durante la década pasada. Los incendios, cada vez más desbocados producto del cambio climático, también contribuyen a la desaparición de la cobertura natural del suelo.
En 2007 se sancionó la Ley de Bosques para proteger estos ambientes y la situación mejoró. Sin embargo, la normativa nunca recibió el presupuesto pautado (el máximo fue 36%) y la deforestación, desmontes e incendios siguen ocurriendo en áreas protegidas.
Con la desaparición de estos ecosistemas no solo se destruye flora y fauna autóctona y se desplazan comunidades, sino que se erosiona el suelo, que pierde su utilidad comercial en pocos años. Los daños quedan para siempre.

El desmonte, una dinámica que se repite
“Las grandes empresas agropecuarias avanzan sobre el bosque con cadenas y topadoras. Desplazan a las comunidades que viven ahí. A veces tienen permiso del gobierno provincial, otras veces avanzan sin permiso”, relató a TN la investigadora Camino, testigo del desmonte en Chaco desde hace 10 años.
Según datos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%.
“Cuando se quita esta masa de árboles, de biodiversidad, se liberan al ambiente partículas de carbono que retenía el bosque, lo que contribuye al calentamiento global. También el suelo se va erosionando, se va desertificando, el bosque de alrededor se empobrece y los animales ya no pueden vivir ahí. Si esto sigue así, las especies con las que trabajo van a desaparecer en 20 años”, advirtió la investigadora.
El cambio del uso del suelo es la principal causa de la desaparición de la biodiversidad en el mundo. Esta semana el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) publicó su informe bianual “Planeta Vivo” con un dato estremecedor: en América Latina en los últimos 50 años cayó 94% la población de especies salvajes monitoreadas. En la Argentina, por caso, tan solo queda el 1% de la población de yaguaretés originaria.
Pero el impacto de la deforestación, por desmonte o por los cada vez más recurrentes incendios, no solo afecta a los animales sino a la tierra que se empobrece y se vuelve estéril en pocos años. Y las comunidades que vivían de manera sostenible allí pierden su sustento económico y medicinal y son forzadas a migrar.
“El bosque funciona como una esponja natural que retiene y regula el agua. Su destrucción nos vuelve más vulnerables a los efectos del cambio climático: hay más sequías y a la vez, cuando llueve, todo se inunda. Después del desmonte el suelo queda desnudo y al poco tiempo se ven procesos de desertificación. Hay cada vez más campos abandonados porque los suelos no son aptos para poner pastura o cultivos”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques en Greenpeace.

La ley de Bosques, una iniciativa útil pero con mínimo presupuesto
El avance del agro sobre los bosques del Norte se debió al boom del precio de las materias primas, sobre todo, en la primera década del 2000 y a la necesidad de expandir el negocio más allá de las fértiles tierras pampeanas. La deforestación fue récord en 2008 con la pérdida de 593.000 hectáreas (casi el triple que en 2021).
A raíz de este fenómeno, se sancionó la Ley de Bosques Nativos (26.331) que contempla una partida de dinero destinada a la conservación que debe ser el 0,3% del Presupuesto Nacional cada año. Por el momento, esa meta nunca se cumplió: en los últimos 5 años apenas alcanzó el 6,4% del total que debería tener, de acuerdo al monitoreo que lleva adelante Vida Silvestre.
A través de esta normativa, también se ordenaron las tierras de todo el país y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
De acuerdo con el monitoreo de la superficie de bosque nativo que lleva adelante el Gobierno, durante 2021 el 55% de los desmontes se produjeron en zonas rojas y amarillas. Es decir, que fueron ilegales.
“Lo que pasa es que las zonas que son aptas para ese tipo de producción se están acabando, entonces las empresas que desmontan y cultivan se están aventurando en zonas más frágiles”, explicó Matías Mastrangelo, doctor en Biología de la Conservación e investigador del Conicet en Santiago del Estero.
El especialista señaló que esta dinámica ocurre gracias a la connivencia de los gobiernos provinciales que ven una oportunidad de mayores desembolsos económicos. “Los gobiernos provinciales hacen la vista gorda. Un desmonte ilegal hoy es una contravención. No hay un desincentivo para estas empresas dejen de desmontar. Lo absorben como un costo de producción”.
Hace un mes, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, envió un decreto provincial (2157/2022) a la legislatura para actualizar el ordenamiento territorial de bosques y poder transformar en “verde” una zona amarilla. Estos cambios estaban prohibidos por la Justicia por una disposición ambiental desde 2021. Ambientalistas e investigadores argumentaron en contra de este cambio.
El decreto de Capitanich surgió luego de una carta que enviaron miembros de empresas agrícolas ganaderas (Los Frentones, Pampa del Infierno) en donde pidieron “actualizar el ordenamiento territorial de un área de vital importancia por su potencial productivo para la actividad agrícola”.
Al respecto, en el gobierno provincial dijeron a TN: “Algunas personas, desde el sector productivo y desde la organización civil organizada, plantearon discusiones. Son tensiones que sucederán. Estamos a la espera de la decisión de la Cámara de Diputados, con las recomendaciones que surjan y poder aplicar esta herramienta de la mejor manera”.

¿Hay tiempo de cambiar las cosas?
La recuperación de la cobertura arbórea perdida y de la biodiversidad es una delicada tarea que llevará décadas. Hay que volver a construir un ecosistema absolutamente depredado. Pero los expertos coinciden en que el primer paso es dejar de deforestar. El segundo, comprender la importancia del capital natural y valorar el peso específico de disminuir las emisiones en un contexto de crisis climática global.
Hoy, la deforestación genera entre el 10 y el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
En este sentido, Martín Mónaco, Director Nacional de Bosques, dijo a TN que la posibilidad de llevar a cabo políticas de protección “dependen de la conciencia ciudadana y de los tenedores de bosques para comprender el valor de estos ecosistemas y sus servicios, el financiamiento y las decisiones políticas respecto de un desarrollo rural diferente que comprenda la integralidad de los desmontes y sus consecuencias en las inundaciones, la migración rural hacia las grandes ciudades, la perdida de capacidad productiva del país a través de la perdida de suelos y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El año pasado, el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció un Plan Nacional de Forestación a través del cual se plantarían 100 millones de árboles en 2022. Según constató TN, hasta el momento no se sembró ni uno.
Para Lucía Lázari, coordinadora de Paisajes Terrestres de Vida Silvestre la restauración no se trata solo de “plantar árboles” sino de tener un compromiso integral con el ambiente y conciencia de la crisis climática cada vez más profunda. “Necesitamos un esfuerzo de muchas partes (instituciones públicas de gobierno, privados, academia, organizaciones de la sociedad civil, comunidades del territorio) que deben reunirse para el diálogo y acción. Solo si todos los actores somos parte y nos involucramos, vamos a poder afrontar este desafío tan complejo”.
Sobre el tiempo de recuperación de los bosques en la Argentina, Giardini aseguró que se tardará “al menos 50 años”. “En algunos lugares puede suceder naturalmente, si están cerca de otro bosque. Pero en zonas totalmente desmontadas no. Y aún si se quisiera ayudar, hoy no tenemos la cantidad de viveros capaces de proveer plantines suficientes. ¿Se puede recuperar? Sí. Pero esto es como una guerra en donde cada vez se te mueren más soldados”, ejemplificó Giardini.

Ver la nota completa con infografía
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Larreta destruye el ambiente costero para mantener concesiones

Fecha de Publicación: 18/10/2022
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: CABA


Alertan que el gobierno porteño hará un “relleno ilegal” en Costanera Norte para mantener tierras concesionadas.
Organizaciones advirtieron que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hará un “relleno ilegal” en la Costanera Norte del Río de la Plata para construir el “Parque Costero BA”, el cual costará al menos 2.600 millones de pesos y tiene como objetivo mantener privatizadas tierras de la ribera porteña que son públicas.
Así lo manifestaron en una audiencia pública que realizó de manera virtual la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
“Rellenar el río para compensar tierras privatizadas es un delirio urbanístico”, dijo Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y agregó que el Plan Urbano Ambiental de CABA establece que “no se puede seguir modificando el perfil costero”.
Luego, consideró que sería “muy sencillo recuperar tierras cuyas concesiones están vencidas o a punto de vencer”, en vez de renovar su privatización.
Por otra parte, lamentó que la audiencia pública para escuchar la opinión de la ciudadanía se realice cuando la licitación de la obra “ya está en marcha”.
Y añadió que en el Boletín Oficial de la Ciudad “ya se publicaron las ofertas de tres empresas” para construir este parque por montos de “entre 2.600 y 2.900 millones de pesos”, que “todos los ciudadanos porteños tendrán que pagar”.
De acuerdo a lo anunciado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el “Parque Costero BA” será una “playa pública para 6.000 personas” que se instalará sobre tierras ganadas al río con cemento, sobre el cual se colocará arena.
Esta playa estará ubicada entre el complejo privado Parque Norte y el espacio público llamado Parque Deportivo o Saint Tropez, donde hay pistas y playones para practicar skate, mountain bike, longboard, bicipolo y palestra, entre otras ­actividades.
En la audiencia intervino también María José Lubertino, exlegisladora, constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y especialista en Derecho Ambiental.
“Estamos ante un ejercicio de cosmética política y ambiental, un simulacro de playa en la que no podremos bañarnos”, dijo, y agregó que, mientras tanto, el gobierno porteño planea “privatizar y vender” tierras públicas.
De ese modo, Lubertino se refirió a la intención del gobierno porteño de vender parte del predio Costa Salguero, operación que se encuentra frenada por dos fallos judiciales, de primera y segunda instancia, en una causa que iniciaron organizaciones y legisladores de la oposición local. “Ni Menem se animó a tanto”, sentenció.
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Chubut: ya son 30 las ballenas muertas

Fecha de Publicación: 17/10/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chubut


Durante un relevamiento aéreo, se detectaron otros 12 ejemplares fallecidos en el Golfo Nuevo. Los investigadores creen que sus muertes no son recientes.
El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) informó en las últimas horas que se hallaron otras 12 ballenas muertas en el Golfo Nuevo, en Chubut. Con estos hallazgos, ya suman 30 los ejemplares fallecidos desde el 24 de septiembre pasado.
El ICB explicó que en un relevamiento aéreo realizado días atrás en las costas de los Golfos Nuevo y San José se detectaron "12 nuevos casos" de ballenas fallecidas. Los ejemplares fueron encontrados en el Golfo Nuevo.
De este modo, revelaron que "hasta la fecha, el conteo de ballenas muertas es de 26 adultas y 4 juveniles, totalizando 30 en la presente temporada".
Por el momento, no se determinaron oficialmente las causas de las muertes porque todavía no se completaron los estudios de laboratorio de las muestras que se tomaron de los cadáveres.
Sin embargo, todo indica que los fallecimientos se produjeron por los elevados índices de toxinas producidas por el fenómeno conocido como "marea roja", cuyos niveles descendieron en en los últimos días, según informó la Dirección de Ambiente de Chubut.
El ICB aclaró también que todo indica que las 12 ballenas fallecidas detectadas en los avistajes aéreos no murieron recientemente. Se estima que los cuerpos estuvieron flotando en el golfo y tocaron tierra arrastrados por los vientos.
“Cabe destacar que todos los individuos hallados durante el relevamiento aéreo se encuentran en un estado de descomposición avanzado, sugiriendo una fecha de muerte en un lapso de tiempo similar y que muchos se encuentran en áreas de difícil acceso. El equipo científico del Programa examinará los nuevos individuos relevados durante los próximos días para continuar el monitoreo de este evento inusual de mortandad de ballenas en Península Valdés", detalló el Mariano Sironi, Director Científico del ICB.

La hipótesis sobre las causas de la muerte de las ballenas
Investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y del Laboratorio de Fitoplancton de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco buscan establecer la causa de las muertes de las ballenas. Por el momento, la hipóstesis más fuerte es que los fallecimientos tienen  relación con  biotoxinas producidas por microalgas tóxicas, durante  la marea roja registrada en la zona.
"Las ballenas que examinamos hasta ahora se encontraron en buen estado general, con condición corporal excelente, presentando un correcto espesor en su capa de grasa (medidos en 9 regiones diferentes) y abundante presencia de grasa en cavidad abdominal y en diferentes tejidos internos. En varias pudimos constatar la presencia de contenido en el aparato digestivo, indicando su alimentación previa a la muerte. Ningún ejemplar presentó evidencias de lesiones anormales ni heridas traumáticas recientes que expliquen su muerte", explicó  Agustina Donini, Coordinadora de Campo del PMSBFA (Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral).
Para determinar la causa de las muertes, los investigadores recolectaron "una serie de muestras de órganos, tejidos y fluidos de las ballenas que son primordiales para detectar la presencia de biotoxinas". Las muestras ya fueron procesadas  y se espera que los resultados se den a conocer "en un plazo estimado de un par de semanas.”

Qué es la "Marea roja"
La marea roja es un fenómeno que se presenta en forma natural, causado por la floración de algas unicelulares (FAN) -dinoflagelados constituyentes del fitoplancton- que contienen toxinas y forman parte de la alimentación de los moluscos bivalvos.
La principal hipótesis es que existe en las aguas de los golfos San José y Nuevo, que se ubican al norte y al sur de la península, la presencia inusual de toxinas provenientes de la llamada marea roja.
El director de Flora y Fauna Silvestre chubutense, Fernando Bersano, explicó que este es un fenómeno habitual para la zona: "No se puede prevenir ni predecir el grado de toxicidad ni cuánto va a durar, es un ciclo, y ahora esperamos que concluya".
Bersano detalló que la veda de consumo de moluscos y caracoles para humanos se establece cuanto las toxinas superan las 400 unidades ratón, mientras que las mediciones que coincidieron con la mortandad de ballenas dieron 18.000, y hay que considerar que cada ejemplar suele comer entre dos o tres toneladas de crustáceos.
Asimismo, el funcionario agregó que para encontrar una mortandad de ballenas similar hay que remontarse a 2007, cuando se contaron 20 ejemplares de ballena franca austral fallecidos.
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Detectan ocho ejemplares de Yaguaretés en el Parque Nacional Iguazú

Fecha de Publicación: 17/10/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La Red Yaguareté difundió en sus redes sociales los videos de ocho felinos que fueron avistados en el Parque Nacional, gracias a la tecnología de cámaras trampa. En este caso, se trata de cinco hembras y tres machos que fueron vistos en los últimos seis meses en la misma estación de observación.
La reserva nacional, es el espacio que más ejemplares de nuestro mayor felino alberga en la Argentina y los videos tomados son parte del último Monitoreo Poblacional de Yaguaretés, que dejó signos positivos de la salud de la población.
Los ejemplares que aparecen en las cámaras trampas fueron apodados por los investigadores como: Kerambí (hembra), Kunumí (hembra), Mbegué (macho), Mitaí (hembra), Moconá (hembra), Chusma (macho), Mborayhú (hembra) y su cachorro Ibicuy (macho).
Este avistaje trae gran satisfacción para los amantes de la fauna, y la población en general. Es importante destacar el trabajo que se lleva adelante entre el sector público y privado para preservar y también repoblar las especies de fauna silvestres que habitan en suelo misionero, el más biodiverso del país.
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