El mascotismo de animales salvajes afecta a la biodiversidad

 


Tortugas, monos y carpinchos: cómo se ve afectada la biodiversidad con el mascotismo de animales salvajes

Fecha de Publicación
: 08/08/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Cada vez es más frecuente ver a gente que convive con animales salvajes, incorporándolos a la vida cotidiana o bien adoptándolos como mascotas. Tres historias conmovedoras para entender una realidad urgente
Al carpincho parece gustarle que le rasquen el cuello, tiene expresión de satisfacción. La pareja que habita la casa con sus perros deja subir al sillón a la familia de carpinchos que los va a visitar con frecuencia en Entre Ríos, a la vera de un río.
Cada vez es más frecuente ver estas escenas en redes sociales, donde la gente convive con animales salvajes, incorporándolos a la vida cotidiana o bien, adoptándolos como mascotas. Esa convivencia es resultado de la expansión de las urbanizaciones, deforestaciones o extensión de campos destinados a la agricultura que hacen que los animales salgan a explorar otros espacios, no habituales para ellos.
Lo que en general no vemos en las redes es que esa práctica podría, en algún momento, convertirse en conflictiva e incluso riesgosa tanto para los animales como para las personas, ya que en el hogar generalmente no se recrean las condiciones adecuadas para la forma de existencia de un animal y eso va en detrimento de su salud y calidad de vida, afectando también al grupo humano. Y esta misma situación de convivencia con animales no domésticos a veces tiene otro origen más preocupante: el tráfico de vida silvestre.
El tráfico de fauna silvestre es un delito penado por la ley nacional 22.421 y numerosas leyes provinciales y municipales a lo largo y ancho del territorio argentino. Allí interviene la justicia y autoridades locales que, ante denuncias de ciudadanos, se encuentran con animales salvajes en situaciones de abandono, malnutrición o hacinados, en muy malas condiciones. Las tortugas y monos encabezan esta lista, junto a distintas clases de aves.
La “mascotización” de la vida salvaje y el tráfico ilegal integran un circuito que se retroalimenta, perjudicando la biodiversidad y, sobre todo, afectando a los animales, que luego de su paso por un hogar ya no pueden sobrevivir solos en su hábitat natural porque se acostumbran a recibir alimento de la mano del hombre y van modificando las conductas que les permitían la supervivencia, como obtener alimento, buscar refugio, cazar o reconocer depredadores y saber ocultarse de ellos.
Muchas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) argentinas actúan como centros de rescate y rehabilitación para los casos donde interviene la justicia, como Fundación Temaikèn. Cristian Gillet, Responsable de Rescate y Rehabilitación de esta institución, explica que “las tortugas de tierra son un grupo de animales muy afectados por el tráfico ilegal de fauna silvestre en nuestro país. Son comercializadas y traficadas continuamente, tal es así que hay una confusión permanente sobre si es un animal doméstico o no. En el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación (CRET), a lo largo de 20 años, hemos recibido diferentes tortugas víctimas de esta problemática y muy pocas pudieron volver a su hábitat natural”.
Si un animal fue domesticado ¿puede volver a su hábitat natural? “Vivir en hábitat naturales significa poseer procesos orgánicos, físicos y psicológicos/conductuales aptos para afrontar todos esos desafíos juntos en nichos biológicos-ambientales que son difíciles para vivir, prosperar y trascender”, observa Julio Reynoso, especialista de Comportamiento Animal en Temaikèn. Teniendo en cuenta esa definición, para poder rehabilitar su comportamiento natural y reinsertarse en la naturaleza, cada animal debe cumplir con una serie de requisitos y no sólo va a depender de éstos sino también del grupo de profesionales que los acompaña en este proceso de intentar volver a su hábitat.
“Evaluar la condición de todos estos parámetros en animales que ingresan a nuestro centro de rescate y analizar las chances que tienen o no de volver a un entorno natural es un desafío más grande aún. Esto no dependerá solamente de lo que nosotros veamos en el momento del ingreso o en la evolución de sus primeros días, va a depender de una sucesión de acontecimientos generados por nosotros que deberán ser bien asimilados para que esos animales puedan para desenvolverse ante estos acontecimientos de cuidados nuevos para ellos. Para esto un cuerpo multidisciplinario trabaja constantemente desde que el animal ingresa hasta su posterior recuperación”, señala el especialista.

Ñato, el carpincho que sólo quería harinas
En 2016, una familia correntina llegó en su camioneta a Escobar acompañados de Ñato, un carpincho que por ese entonces tenía cerca de un año. Los carpinchos son los roedores de mayor tamaño, viven en manada y su dieta es herbívora. En el hogar, el animal había empezado a tener comportamientos propios de la especie a su edad, rompía muchas cosas y estaba creciendo, y a la familia se le dificultó la convivencia con él.
“Ñato vino desde Corrientes suelto en el vehículo, comiendo galletitas. Fue un momento difícil ver el llanto del hombre y su hija al dejarlo e irse”, relata Julio. Esa escena es muy frecuente en Temaikèn ya que muchas familias no saben cómo actuar ante determinadas situaciones con animales que no están destinados a la mascotización. Por ejemplo, al momento de tener que mostrar agresividad los carpinchos usan sus dientes, que son muy grandes y filosos, tienen mucha fuerza en sus extremidades y una gran masa muscular que acompaña embestidas muy explosivas.
Una vez realizados los análisis de rutina en el hospital veterinario, Ñato fue trasladado al ambiente donde hoy habita. “Nos costó mucho lograr que consumiera lo que correspondía para su especie no habiendo harinas de por medio ya que estaba muy acostumbrado a comer pan. Parecía que nunca había visto hojas de acelga o achicoria. Hoy podemos decir que todo eso ya pasó y que él está consumiendo lo que sus necesidades biológicas requieren. Hay un gran trabajo de asimilación a nuevas conductas de alimentación y de relación con las personas que favorecen la vida de Ñato”, relata Reynoso.

La tortuga africana que vivía en Mendoza
A comienzos de este año muchos medios de comunicación dieron a conocer el caso de una tortuga de la especie conocida como sulcata o de espolones (Centrochelys sulcata) de 60 kilos que apareció caminando repentinamente por una calle de la ciudad mendocina de San Rafael. El animal fue asistido por vecinos para que no sufriera un accidente y luego se lo llevó una persona a su casa y no se supo más de él. En esta instancia intervinieron las autoridades locales para rescatar a la tortuga porque había sido apropiada de forma irregular, ya que quien la tenía no podía acreditar un origen “legal”.
La tortuga sulcata es una especie nativa del continente africano, por lo que la vuelta a su hogar era en primer lugar difícil y costosa. Y por otro lado, esta tortuga tenía signos de haber sido mascotizada, lo que le imposibilitaba vivir sola y, ante este escenario, las autoridades provinciales decidieron que su destino fuera Temaikèn.
Desde la Fundación cuentan que “cuando llegó, la tortuga estuvo en los corrales del hospital veterinario para observación general y posteriormente, todavía con temperaturas de verano, se la trasladó al CRET para observar lo que comía y qué prefería. En el otoño se la trasladó al bioparque para poder ofrecerle un ambiente más propicio para reptiles, acorde a sus necesidades de termorregulación corporal”. Este ambiente está acondicionado con calefacción, para que las tortugas africanas con las que convive puedan seguir sus hábitos regulares, que en el caso de esta y otras especies africanas con las que convive no incluyen período de hibernación.
En Argentina el tráfico de tortugas de tierra es la principal entre este grupo de reptiles, seguida de las acuáticas. “Las tortugas no son mascotas. Para llegar a una casa tienen que ser extraídas de forma intensiva de la naturaleza y esto tiene un impacto muy grande en las poblaciones silvestres. Esto se ve tanto en la Patagonia como en el norte del país”, señala Gillet.

Enseñar al mono a que sea mono
Angá es una de las monas carayá que se pueden ver en el bioparque de Escobar. Cuando llegó era una hembra adulta con serios trastornos comportamentales. Los cuidadores de Temaikèn recuerdan mucho su caso porque el animal no dejaba de gritar, tirarse en el piso y morder diferentes partes de su cuerpo.
“No sabemos fehacientemente cuánto tiempo estuvo en un contexto doméstico, por lo que mostró quizás fueron muchos años. Tuvo muchas dificultades para conciliar sus procesos físicos y psicológicos y eso da la pauta de lo que podría haberle ocurrido si hubiera sido liberada en su ambiente natural en su estadio de geronte”, cuentan los especialistas. Con el transcurrir del tiempo y mucho trabajo del equipo de rehabilitación comportamental y de cuidadores, fueron apareciendo otros comportamientos favorables distintos a cuando había llegado. “Después se le pudo ofrecer vida social acorde y tuvo crías a las que cuidó de manera muy eficaz”, señalaron. La mona actualmente vive con sus hijas en el bioparque.
Angá es uno de los tantos casos que recibió Temaikèn a través de un proceso en el que participaron monos provenientes del mascotismo, rescatados de distintos hogares de particulares.
Dado su origen diverso, los cuidadores y expertos en comportamiento admiten que fue un gran desafío poder responder a sus necesidades ya que algunos de los animales estaban acostumbrados a comer fideos con salsa y no hojas, subirse “a upa” de las personas, estar en el hombro o compartir la mesa. En este largo proceso se les enseñó a “ser monos nuevamente” ya que gran parte de ellos no había tenido contacto con otros de su especie, salvo al momento de nacer.
En estas tres historias se resumen el impacto de tener como mascota a un animal salvaje. No sólo representa una pérdida para el ambiente, sino que impacta en la vida del mismo animal que no puede volver a la naturaleza y al que hay que enseñarle de nuevo a ser y comportarse como alguien de su especie.
Lamentablemente, muchos no pueden volver a su hábitat y se ven destinados, en el mejor de los casos, a continuar su vida en refugios, centros de rescate, santuarios o bioparques. ¿Cómo colaborar? No sacando animales de su hábitat natural y no comprando animales silvestres, denunciando a quienes los capturan o los comercializan y, en el caso de notar la presencia por convivencia, dar aviso a las autoridades locales.
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Vuelve a ponerse en tela de juicio los controles a fumigaciones

 


Los controles del uso de agroquímicos bajo la lupa

Fecha de Publicación
: 08/08/2022
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


La presunta intoxicación sufrida por varias familias del barrio de la localidad de Angel Etcheverry “El Toboso”, la cual, si bien no se identificó todavía su fuente la hipótesis más firme es la de una expansión de sustancias agroquímicas, producto de la actividad hortícola, puso en duda la intervención periódica de organismos estatales que controlen el manejo de plaguicidas, pues, se sabe, ninguno es inocuo para la población humana.
Este episodio que puso en alerta a una amplia zona de quintas de los alrededores de 39 entre 213 bis y 214 motorizó un fuerte operativo para asistir a las personas que sintieron los efectos de la intoxicación: descomposturas estomacales y dificultades respiratorias. Los vecinos señalaron haber detectado “un olor muy intenso” como posible razón del malestar físico. Trabajaron en el lugar efectivos de Defensa Civil y de la Policía Ecológica que buscaron determinar las causas de la contaminación ambiental.
Uno de los productores referentes de la Región, Salvador Vides, precisó que en la actualidad se utilizan dos químicos para combatir al “gran fantasma” de la actividad hortícola: los nemátodes, una especie de micro gusanos que terminan devorando las plantas. “Atacan las raíces y perdemos la producción entera - explicó el quintero de Lisandro Olmos- y para que eso no suceda usamos sustancias un poco más benévolas que otras que se usaban años atrás y que se prohibieron, justamente, por lo nocivas para la salud”.
Vides puntualizó que una de las maneras más frecuentes de aplicación de fungicidas y herbicidas que suelen depositarse en la tierra, por lo general en abril, cuando se empieza a mover el suelo para la siembra, es a través de un sistema de riego. La clave para impedir que el producto avance sobre la atmósfera es la cobertura de los invernáculos, que debe realizarse con un nylon de espesor específico y cuidando que quede fijo. “A veces, si no se está muy atento puede levantarse o fisurarse y así se produce una fuga”, indicó a la vez que subrayó que “hay que estar atentos a esos detalles”.
No es habitual que los productores reciban controles de fiscalización del uso de los agroquímicos (“sería imposible inspeccionar todos los proyectos hortícolas”, aclaró Vides), pero sí reciben con cierta periodicidad capacitaciones y talleres de formación por parte de organismos como el INTA, el Senasa, la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, y el ministerio de Desarrollo Agrario.
EL DIA consultó al Municipio sobre la intervención de la administración local en el control del manejo de plaguicidas en las áreas cultivadas de la Ciudad. “La autoridad de aplicación de la Ley de Agroquímicos es el ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia”, respondieron fuentes de la Comuna a la vez que apuntaron: “la Municipalidad sólo lleva el registro de los productores y sólo interviene cuando puede haber un riesgo sanitario como ocurrió con el este caso”.
Viviana Di Marzio, directora de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales de la cartera provincial de Desarrollo Agrario, confirmó que la regulación en el uso de agroquímicos y fertilizantes está expresada en la ley bonaerense 10.699 y su decreto reglamentario 499/91. “La normativa es clara en el sentido de que señala la práctica de la aplicación tanto aérea como terrestre y obliga a los productores a manejarse con recetas confeccionadas por ingenieros agrónomos como también indica las condiciones para operar de las empresas de venta de los productos y de aplicación”, apuntó la funcionaria.
Son tres los mecanismos de control a los que se ajusta la cartera agraria. “Uno de esos es la obligación de contar quien aplique el producto con la receta agronómica, que desde 2019 aumentó su emisión un 207 por ciento, lo que habla de un mayor control; el otro es mediante las denuncias de uso indebido de agroquímicos para lo cual se determinan exclusiones de áreas cercanas a zonas urbanas; y además, realizamos inspecciones aleatorias presentándonos en las empresas de venta de los productos, pedimos los documentos de compra y después vamos a los campos donde se adquirieron y verificamos que también dispongan de la documentación que avala la utilización de los agroquímicos”, detalló Di Marzio.
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Lo urgente (económico) tapa lo importante (lo ambiental)

 


Las leyes ambientales que están demoradas por la crisis argentina

Fecha de Publicación: 06/08/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La urgencia económica paraliza el impulso en el Congreso Nacional de temas vitales para el ambiente, como la protección de los humedales, la movilidad sustentable o la regulación de los envases y el plástico.
Por la crisis política y económica que atraviesa Argentina, las miradas y los flashes están concentrados exclusivamente en las decisiones que tomará Sergio Massa y las reacciones del resto del arco político, aliados y opositores.
La sensación es que esta urgencia paraliza el impulso de temas de vital importancia para el futuro. Mientras el Ejecutivo se focaliza en la coyuntura, quizá el Congreso de la Nación debería oficiar de brújula para evitar perder el rumbo en el mediano plazo. Y en materia ambiental tiene varios pendientes.

Ley de humedales
Un pasivo normativo que ya tiene más de una década y varios intentos fallidos de sanción es la ley de humedales. “Nos preocupa que en el escenario del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental. No obstante, seguiremos presionando ante distintos organismos para generar conciencia de que necesitamos con urgencia una ley de humedades”, indicó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), a la agencia de noticias científicas TSS.
El Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), integrado por las autoridades ambientales de todas las provincias, consensuó un anteproyecto. Pero este texto fue criticado por ambientalistas y por científicos, ya que –afirman– degrada la definición de lo que es un humedal y habilita actividades antrópicas sin necesidad de una evaluación de impacto ambiental.

Ley de movilidad sustentable
Otra ley pendiente es la de movilidad sustentable. La semana que viene comenzaría el debate del proyecto, con la participación de varios sectores involucrados. La principal crítica al texto propuesto es que se focaliza sólo en los vehículos motores que utilizan combustibles “verdes”, electricidad e hidrógeno.
Así, deja de lado otros aspectos clave, como promover el uso de bicicletas, la peatonalización, el transporte público y el ordenamiento del espacio urbano. La movilidad sustentable no sólo ayuda a mitigar el cambio climático, sino que también promueve un aire más limpio, ciudades más silenciosas, transporte inclusivo y equitativo y tránsito más seguro.

Leyes de envases y de plásticos de un solo uso
Se estima que el 60% del volumen de los residuos domiciliarios son envases. Muchos de estos empaques son de plástico y se descartan una vez abiertos. En los plásticos de un solo uso, también están los cubiertos, los platos y los vasos descartables.
Argentina está muy retrasada en la gestión de estos residuos. A pesar de que se presentaron proyectos, nunca fueron tratados en el Congreso. La normativa debería ser doble:
Regular los plásticos descartables, principalmente envases y embalajes, bajo el principio de responsabilidad extendida del productor.
Eliminar progresivamente la producción y el consumo de plásticos de un solo uso que no están alcanzados por la anterior normativa.

Ley de eficiencia energética
Es impensado que no exista en el país una ley de eficiencia energética, pese a las recurrentes crisis que sufre este sector. La mejor forma de gastar menos dólares en energía es ahorrando energía. En 2019 se presentó un proyecto de la mano de Cambiemos, pero la iniciativa está estancada.
“Al promover el uso racional de la energía, se mejora no sólo el acceso a la energía para todos los consumos, sino que también se promueven mejoras tecnológicas y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático”, asegura un documento de la Fundación Vida Silvestre.

Leyes para tomar conciencia
En Argentina, la sanción de una ley no es garantía de su cumplimiento. Sin embargo, las normas visibilizan los problemas para que se tome conciencia y se establezca un compromiso por parte de los estados.
También generan mecanismos y beneficios para que los ciudadanos, empresarios y ONG más responsables actúen, y habilitan instancias de sanción frente a aquellos que todavía no entienden que el cuidado del planeta es tan urgente como importante.

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Humedales en el Congreso

Fecha de Publicación: 06/08/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional


Representantes de la academia y la sociedad civil reclaman que se sancione una ley de humedales y cuestionan un anteproyecto que promueve el Ministerio de Ambiente junto al COFEMA, mientras que en el Poder Legislativo hay más de diez proyectos que esperan ser tratados. Entre ellos, uno que había sido debatido, unificado y consensuado a partir de diversas iniciativas.
Los humedales son imprescindibles para mantener una buena provisión de agua y mitigar los efectos del cambio climático, ya que actúan como los mayores sumideros de carbono, con lo que atenúan los efectos del calentamiento global. Además, su capacidad de retención hídrica disminuye los impactos de crecidas y reduce los riesgos de inundaciones; son reservorios y purificadores de aguas dulces, y constituyen el hogar de más del 40% de la biodiversidad mundial. En la Argentina, se estima que hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, un 23% del territorio nacional (que incluye salinas y otros cuerpos de agua como lagunas, mallines, turberas, bosques fluviales, esteros, bañados y marismas), y que desde hace al menos cinco años se encuentran entre los ecosistemas más degradados y amenazados del país. Por todo esto, urge contar con una ley que regule los usos que pueden desarrollarse sobre ellos, que sean sostenibles y aseguren su conservación.
Sin embargo, a pesar de que hace alrededor de una década que se presentan proyectos, estos terminan perdiendo estado parlamentario, sin llegar a convertirse en ley. Actualmente, hay más de una decena de ellos a la espera de ser tratados: tres han sido presentados en la Cámara de Senadores y ya tienen comisiones asignadas para su debate, y ocho fueron presentados en la Cámara de Diputados y todavía esperan ser girados a las comisiones correspondientes para su tratamiento.
“Si no se les da el giro a las comisiones, no se puede iniciar el proceso de análisis legislativo de la Ley de Humedales. Por eso, lo más urgente, que es lo que estamos pidiendo, es que se hagan los giros y un plenario de comisiones, que todas en conjunto den dictamen, porque ya se ha discutido la ley, para así bajar a recinto y que obtenga una media sanción”, explica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que esta semana presentaron un pedido de informe, acorde a la Ley de Acceso a la Información, en el cual solicitan que se responda a dos preguntas puntuales: por qué todavía no se hicieron los giros correspondientes, dado que ha pasado un tiempo considerable desde la presentación de los proyectos, y cuál es la fecha estimativa en que piensan hacerlo.
“Nos preocupa que en el escenario del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental. No obstante, como organizaciones de sociedad civil, seguiremos presionando ante distintos organismos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para generar conciencia de que necesitamos urgentemente una ley de humedades”, subrayó Di Pangracio, que es abogada especializada en Derecho Ambiental, y advierte que todavía continúan los incendios: “Solo en Corriente se quemaron decenas de miles de hectáreas de humedales y ahora también se recrudece en el Delta”, puntualiza.

El proyecto consensuado
Mientras tanto, un anteproyecto recientemente acordado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que fue anunciado como un texto “consensuado de manera federal” y que constituye “un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto”, está recibiendo cuestionamiento y críticas, ya que reduce el alcance territorial de la norma, flexibiliza la realización del inventario, desconoce el principio precautorio y limita la participación ciudadana.
El 11 de julio pasado, durante una asamblea del COFEMA en la sede del MAyDS, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció que esperan llevar al Congreso un proyecto de Ley de Humedales consensuado entre ambos organismos. Según comunicaron desde ese ministerio, la propuesta fue “elaborada sobre la base del Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados”.
El anuncio responde a un compromiso asumido por el MAyDS a principios de este año, luego de que el proyecto de Ley de Humedales que estaba listo para ser tratado perdiera estado parlamentario por tercera vez consecutiva. Se trata de un proyecto que las organizaciones ambientales y de la sociedad civil están impulsando desde hace más de diez años, que en esta última oportunidad había sido debatido, unificado y consensuado, en base a al menos diez propuestas diferentes, con el apoyo de más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos. Ese mismo texto ha sido presentado nuevamente en la Cámara de Diputados el 2 de marzo de este año, por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), con el apoyo de otros 37 legisladores, y es uno de los que todavía no ha sido girado a comisiones para su tratamiento.
“El discurso público se monta sobre la continuidad de un proyecto que había logrado un alto consenso, pero para producir un proyecto que nada tiene que ver con él y que no nos deja otra posibilidad de lectura que la de que se busca garantizar la continuidad del modelo extractivista en sus diferentes manifestaciones, a lo largo y ancho del país”, Patricia Pintos, que es doctoranda en Geografía e integrante de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).
Uno de los aspectos más cuestionados del anteproyecto es que modifica la definición de humedales que había sido acordada por la comunidad científica nacional –e incluso adoptada por el mismo COFEMA, en el año 2016–, reduciendo el alcance territorial y los ecosistemas a ser protegidos. Específicamente, esa definición entiende por humedal a un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.
“Lo más preocupante es que el nuevo texto degrada el proyecto de Ley de Humedales, entre otras cosas, porque el ordenamiento ambiental queda sujeto a que primero se termine el inventario, lo cual puede llevar años y años. Mientras tanto, los humedales se siguen degradando y destruyendo. Además, borra toda la agenda de derechos que incluye el proyecto consensuado”, agrega Di Pangracio y advierte que es un texto que termina favoreciendo a las provincias que le bajan el perfil al involucramiento que el Ministerio de Ambiente de Nación tendría en la implementación de la norma, y simplemente “sería una forma de que puedan obtener fondos, como lo hacen para la Ley de Bosques”.
Otra de las modificaciones cuestionadas, vinculada al ordenamiento territorial, es que desaparece la moratoria, una medida que pondría freno a nuevas actividades o a la ampliación de actividades existentes, hasta que los humedales sean incorporados en el Ordenamiento Ambiental del Territorio. De ese modo, se vulneran los principios preventivo y precautorio. “Su eliminación es como una invitación a dar continuidad al festival de transformación de ecosistemas de humedales que se viene llevando adelante por parte de muchas actividades que son propias del extractivismo. Al eliminar instancias clave como la moratoria, los plazos y los tiempos del ordenamiento territorial ambiental, lo que se hace es garantizar la continuidad o la profundización de prácticas extractivas en curso”, subraya Pintos.
Además, en el texto, desaparecen las prohibiciones a la intervención en los humedales sin la previa aprobación por parte de la autoridad competente, de la Evaluación de Impacto Ambiental u otras evaluaciones que correspondieran, así como el capítulo sobre el uso racional y sostenible de los humedales. También desaparecen objetivos generales fundamentales para hacer frente a los procesos de degradación de estos ecosistemas, como el desarrollo de mecanismos o procedimientos específicos para proteger y preservar la biodiversidad de los humedales; la implementación de las medidas necesarias para desalentar las actividades inadecuadas y las malas prácticas que afecten significativamente la integridad ecológica de los humedales; y la valoración, el reconocimiento y el apoyo a los medios de vida y producción tradicionales, y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sostenible.
“Estos anuncios realizados por el Ministerio de Ambiente en acuerdo con el COFEMA no son otra cosa que una máscara para dar una señal de que se está avanzando en el tratamiento de un proyecto de ley que es altísimamente demandado desde las organizaciones socioambientales y también de la ciudadanía, pero que oculta la continuidad de un modelo que es altamente exfoliador y desnaturalizador de estos ecosistemas”, concluye Pintos.
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Mendoza: afirman que una empresa podría extraer oro

 


Minería con la 7722: Suárez recibió a una empresa que quiere extraer oro sin químicos

Fecha de Publicación
: 06/08/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La empresa Clean Earth Technologies y el gobernador Rodolfo Suárez se volvieron a ver después del viaje a Canadá. Los australianos quieren extraer oro sin atentar contra la ley 7722.
La minería sustentable, por dentro de la ley 7722 conocida como “antiminera” tiene expectativas por lo que pueda suceder en los próximos meses. Resulta ser que la empresa Clean Earth Technologies está de visita en la provincia y sus representantes se reunieron con el gobernador Rodolfo Suárez.
Este contacto no es nuevo, sino que se hizo hace varias semanas cuando la misión mendocina desembarcó en Canadá para participar de la feria más importante del mundo con la intención de atraer inversores a PRC S.A. Allí, hubo una reunión con autoridades de la firma australiana porque había interés de visitar Mendoza y evaluar inversores.
Una de las características de la empresa y que seduce en Mendoza es la metodología de extracción que utiliza la firma australiana. Extraen oro “sin hacer uso de ningún tipo de sustancia peligrosa”. Participaron de la reunión el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, y el director general de Potasio Río Colorado (PRC), Emilio Guiñazú. Por parte de la empresa australiana participaron Kevin Fell, director general de Clean Earth Technologies; Paul Kelly, vicepresidente de ventas, y Andrés Venafri, gerente de Ventas Regional.
La comitiva australiana tiene prevista una serie de reuniones y visitas, entre ellas una a PRC (Potasio Río Colorado). Además, esta tarde presentará en el Hotel Sheraton su novedoso sistema, desde las 19, ante un público numeroso de empresarios que han mostrado su interés en conocer la técnica.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que Clean Earth Technologies aplica a la explotación de minerales tecnología limpia, más segura y responsable con el medio ambiente y que la empresa no sólo sustituye las prácticas actuales mineras sino que además es famosa en el mundo por ser “ambientalmente responsable”.
Suarez explicó que la reunión y el interés que la compañía mostró en Mendoza “representa una gran oportunidad para la provincia en este contexto de crisis. Se abre una gran ventana y una gran oportunidad, sobre todo para el Sur de la provincia, para Malargüe en particular, de poder generar empleo genuino y crecimiento”.
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Alertan por la cantidad de microplásticos en el Mar Argentino

 


Advierten gran cantidad de microplásticos en distintas áreas del Mar Argentino

Fecha de Publicación
: 05/08/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Aunque no se perciban porque tienen menos de cinco milímetros, los microplásticos están presentes en todos los entornos naturales del mundo, al punto tal que los investigadores ya hablan de una pandemia de plástico.
Además de los plásticos visibles por su tamaño, investigaciones nacionales realizadas en el Mar Argentino encontraron microfibras en el agua y en el interior de los animales, una reflejo local de una problemática que afecta a todos los océanos donde, según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plásticos.
Aunque no se perciban porque tienen menos de cinco milímetros, los microplásticos están presentes en todos los entornos naturales del mundo, al punto tal que los investigadores ya hablan de una pandemia de plástico. En los mares, el 85 por ciento de los residuos es de este material que afecta a los animales, a todo el ecosistema y a la cadena alimentaria, según la evaluación global de los desechos marinos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En el marco del programa de Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), desde 2018 la doctora en biología Rosana Di Mauro analiza muestras de agua que se toman todos los meses en la Estación Permanente de Estudios Ambientales, a 50 kilómetros de la costa de Mar del Plata. El objetivo es monitorear la presencia de microplásticos, entre otros ítems y parámetros físico-químicos del agua.
“Tenemos muchas fuentes de información de lo que viene con el plancton y con los peces, y estamos bastante sorprendidos con la cantidad de microplásticos que estamos encontrando que, si bien es variable, no baja de 10 partículas por litro. Es un montón si se lo compara con lo que se viene publicando alrededor del mundo”, indica a Télam-Confiar la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Para sorpresa de Di Mauro: “Hasta ahora no encontramos una muestra de agua o biológica que no tuviera nada. No hay resultados negativos, son todos positivos, es bastante impresionante”.
Algunas de estas partículas son microfibras en forma de hilo, de 0,01 a 5 milímetros cuyas fuentes pueden ser variadas como prendas de vestir (a partir del lavado doméstico), redes y cuerdas. Para más datos, según una revisión de estudios liderada por la investigadora Sunanda Mishra y publicada en el boletín Marine Pollution se estima que a nivel global alrededor de dos millones de toneladas de microfibras se liberan al océano cada año.
Di Mauro agrega que además de microfibras hay partículas en forma irregular de 0,005 a 5 milímetros. “Son muy chicas –describe- y se superponen con el plancton que sirve de alimento para muchas especies”.
La situación se repite en Bahía Samborombón donde los científicos hallan microplásticos en los estómagos de juveniles de peces y en el agua. “Estamos encontrando fibras y fragmentos en ambientes costeros, en aguas abiertas, en la superficie, en el fondo, en media agua, encontramos en todos lados”, advierte la bióloga.
La concentración de partículas en los mares varía en función de distintos factores como las fuentes de residuos y del movimiento de las corrientes que pueden trasladar microplásticos incluso hacia áreas protegidas como el Banco Burdwood, una meseta submarina ubicada en el extremo sur de la plataforma patagónica, en el océano Atlántico suroccidental.
Así, según el estudio publicado a mediados de mayo en la revista científica Environmental Pollution en la que Di Mauro es la primera autora, las microfibras de origen antropogénico son muy abundantes en este ambiente, probablemente por acción de la Corriente Circumpolar Antártica.
Los resultados indican que las fibras están muy extendidas en toda la columna de agua con un promedio de 17,4 partículas por litro. De acuerdo a la publicación, el 76,1 por ciento de las microfibras estaban compuestas por tereftalato de polietileno (plástico muy utilizado para envases y también en prendas) y la mayoría tenía un tamaño entre 0,1 a 0,3 milímetros.
El estudio, en el que participaron distintos investigadores de Conicet, concluye que las microfibras, transportadas por las corrientes y retenidas en el banco, representan una amenaza tanto para las especies subantárticas bentónicas vulnerables, es decir aquellas que se entierran en el fondo o se adhieren a rocas como “para los ecosistemas marinos altamente productivos del Océano Atlántico Sudoccidental”. El documento agrega que “según la revisión de la literatura, este entorno de mar abierto podría ser uno de los lugares más contaminados del mundo”.
Las imágenes de lobos marinos con redes o zunchos en sus cuellos o de tortugas que mueren por la ingesta de bolsas se vuelven cada vez más comunes pero además, de manera imperceptible, los microplásticos se van acumulando en órganos de distintas especies.
En un estudio en corvinas en el estuario de Bahía Blanca, los investigadores encontraron microplásticos en los 20 ejemplares analizados y un total de 241 partículas. “En promedio hallamos 14 piezas de plástico en el tracto digestivo de las corvinas, que son peces pequeños”, explica el investigador Andrés Arias del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y del Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur.
El estudio afirma que “el promedio de partículas por pez fue más alto que el informado en estudios marinos globales anteriores”. Además, señala que “se encontró una correlación positiva entre el número de microplásticos por pez y el índice hepatosomático, lo que sugiere un probable estrés en su estado de salud”. Ese indicador se utiliza para medir las reservas de energía del animal.
Por otro lado, “los organismos filtradores como bivalvos, moluscos y almejas se alimentan de los microorganismos que están en el agua y en ese filtrado se quedan con un montón de micropartículas sintéticas que no pueden degradar y que quedan en su organismo”, agrega Arias.
Los resultados de otro análisis de nueve pingüinos magallánicos juveniles del Atlántico argentino sur que murieron entre febrero y marzo de los años 2019 y 2020 durante su recuperación en la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo mostraron la presencia de microplásticos en todas las muestras con un promedio de 51 partículas por individuo.
La investigación estuvo liderada por la bióloga marina del IADO, Tatiana Recabarren en el que también participó Arias.
“Distintos estudios han evidenciado que la exposición a ciertas concentraciones de microplásticos tiene un efecto físico en la capacidad de absorción de alimentos ya que algunas especies han disminuido su performance energética”, menciona el investigador adjunto en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET, Mauricio Díaz Jaramillo.
El doctor en Ciencias Ambientales llama la atención sobre la necesidad de contar con más trabajos porque estas partículas podrían funcionar también como un “caballo de Troya” de otros contaminantes que “vienen de la fabricación misma del plástico fragmentado o por absorción”.
Díaz Jaramillo estudia la presencia de contaminantes a nivel de los sedimentos costeros y de zonas de importancia para la conservación o el monitoreo, como, los afluentes de las plantas de tratamiento. En su última investigación destinada a observar patrones de distribución de microplásticos en estuarios de Buenos Aires, encontró una gran cantidad de partículas de pintura en los estratos de entre 10 y 30 centímetros de los sedimentos de distintas áreas del estuario de Bahía Blanca.
El investigador explica que estos fragmentos pueden producir toxicidad en las especies que viven en el fondo marino porque las pinturas antiincrustantes, que se utilizan para proteger a las embarcaciones de la colonización de organismos marinos, contienen biocidas.
Por su parte, Arias aclara que “el plástico no es peligroso de por sí, pero su acumulación en lugares donde no tiene que estar y donde no será degradado, es lo que causa básicamente su toxicidad”. Luego, el biólogo del IADO añade que además estos fragmentos poseen aditivos químicos, que “no están agregados para que un ser vivo se lo coma porque pueden disolverse y causar toxicidad. Entonces, ahí hay una doble toxicidad”.
El informe del PNUMA de octubre de 2021, From pollution to solution. A global assessment of marine litter and plastic pollution, estima que hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plásticos en los océanos. Además de afectar al ambiente y especies marinas, la liberación en los océanos de los productos químicos asociados con los plásticos “está recibiendo una atención cada vez mayor, ya que algunos de estos productos químicos son sustancias preocupantes o tienen propiedades de alteración endocrina”, advierte el documento.

Los costos de los residuos plásticos
La contaminación plástica marina no sólo afecta al ambiente y la salud sino también a la economía mundial por su impacto en el turismo, la pesca, la acuicultura, más los gastos de limpieza con un costo global entre 6.000 millones y 19.000 millones de dólares en 2018, según el informe del PNUMA.
“El plástico está diseñado para durar 200, 300 años, pero se diseñan productos que duran unos minutos, como por ejemplo los envases alimenticios”, plantea el investigador de IADO-CONICET, Andrés Arias, integrante del Comité Científico Asesor en Basura Marina y Contaminación Plástica de PNUMA, en representación de Argentina, y que participó del informe mencionado.
En un sistema circular cada producto plástico desechado debería recuperarse y reciclarse. Sin embargo, “cada año se produce más y la tasa de reciclado a nivel mundial es menor al 10 por ciento, por eso es necesario un cambio”, asegura Arias.
Al igual que la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero que influyen en el cambio climático, la transformación requiere de compromisos globales. En ese sentido, el 2 de marzo de este año autoridades de 175 países aprobaron en Nairobi una resolución para lograr un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para 2024 y buscar “poner fin a la contaminación por plásticos”.
Arias explica que el objetivo es mitigar los efectos de este material a partir del rediseño de resinas biodegradables, el aumento de la circularidad y el reciclado para disminuir la producción año tras años, algo que sin acciones ni compromisos ocurrirá.
“Se espera que el acuerdo final para ser firmado por los países esté para el segundo semestre de 2025. Parece lejos, pero en realidad estamos más cerca que nunca”, concluye Arias.
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Nuevamente advierten del impacto en represas de Santa Cruz

 


Alerta Patagonia: el grave impacto ambiental de las dos represas que amenazan a los glaciares y la biodiversidad

Fecha de Publicación
: 05/08/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz


Financiadas por China, los expertos aseguran que las obras en Santa Cruz ponen en riesgo los movimientos naturales de las masas de hielo y la fauna que depende de los humedales de la zona. Cómo se ve perjudicado el patrimonio cultural
El río Santa Cruz nace en el deshielo de los grandes glaciares del país y es el último río glaciario libre de la Patagonia. Desde hace algunos años, dos represas amenazan con cambiar su destino y el del medio ambiente.
La construcción de las represas la Barrancosa y Cóndor Cliff, ex Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que se encuentra en manos de las empresas Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo, es un complejo hidroeléctrico en el sur de Argentina, que puede impactar fuertemente en los glaciares circundantes. Además podrían inundar humedales vitales, alterar la trayectoria de algunos de los glaciares más grandes del mundo que se encuentran fuera de los polos y destruir tierras ancestrales mapuches.
El acuerdo con China se remonta al año 2013, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner acordó que las obras se iban a realizar en el plazo de cinco años y medio. En mayo de 2015, el Grupo del Banco Mundial anunció la inhabilitación de la referida Gezhouba y sus subsidiarias por un período de 18 meses debido a su mala conducta en tres proyectos financiados por el banco en China vinculados a la conservación del agua, la recuperación tras terremotos y la gestión de inundaciones.
A pesar de las protestas, las demandas y las órdenes judiciales para detener la construcción y poder realizar estudios medioambientales adecuados, las obras del complejo han continuado, a menudo para el desconcierto de los conservacionistas.
Las represas se están construyendo en el río Santa Cruz, de 380 kilómetros de longitud, el mayor curso de agua del sur de Argentina. El río nace en la cordillera de los Andes y atraviesa la provincia de Santa Cruz, antes de desembocar en el océano Atlántico, y llena dos lagos en su recorrido.
Son varias las voces y los estudios que tienen mucho qué argumentar sobre todo el desastre que pueden ocasionar ambas represas. “Las mega-represas son consideradas como una fuente obsoleta de energía. Este proyecto es hacer energía a cualquier costo y sacrificio”, denunció el abogado Andrés Napoli, director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en el documental Matar al río.
Por su parte, en un documento de FARN, también se expidió en contra y aseguró que “su construcción podría constituir un potencial riesgo a la preservación de los glaciares en la cuenca del Lago Argentino. Si bien el complejo no se encuentra emplazado en una zona glacial o periglacial podría afectar el ciclo natural de los glaciares”.
“En los estudios presentados por la Administración de Parques Nacionales (APN) se reconoce que el Plan de Gestión Ambiental fue suspendido por la pandemia, mientras las obras avanzan sin contar con información científica básica para ponderar los riesgos ambientales. Estos evidencian un porcentaje sumamente bajo de monitoreo de especies protegidas, como el macá tobiano, del cual, además, no existen estudios actuales ni pasados que permitan conocer la dinámica y el uso temporal de las poblaciones en los estuarios”, agregaron desde FARN.
“Un proyecto cuyo objetivo principal es sostener el vínculo con China, mientras hipoteca nuestros bienes naturales, desoye las advertencias científicas y no respeta los derechos de las comunidades originarias, no puede seguir avanzando”, sentenciaron desde FARN.
“Las autoridades conocen las leyes. Saben cómo debe funcionar esto”, le dijo Cristian Fernández, de la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, una de las organizaciones que luchan contra el proyecto en los tribunales. Las organizaciones Aves Argentinas y Vida Silvestre también han participado en el proceso judicial. “El problema es que no les importa. No les importa porque quieren sacar adelante el proyecto a toda costa Espero de todo corazón que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y detenga las obras porque se trata de algo más que violar un montón de leyes ambientales. Se trata del daño que se está haciendo a la biodiversidad, a los glaciares”, agregó Fernández al sitio de noticias ambientales Mongabay.
“Tenemos dos casos pendientes ante la Justicia. La Corte ya tiene en su poder informes de expertas en distintos campos. El informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) señala que se desconocen las afectaciones que podrían sufrir los glaciares Spegazzini y Upsala como consecuencia de potenciales interacciones glaciar-lago una vez construidas las represas de Santa Cruz (así como de la mayoría de los 1089 glaciares de la cuenca)”, señaló a Infobae Darío Rodríguez, director de campañas de Fundación Banco de Bosques.
Además, “en la respuesta del INPRES, se confirma la ocurrencia de sismos y se los relaciona, con una alta probabilidad, con una falla geológica potencialmente activa en el Río Bote (brazo del Rio Santa Cruz). A El INPRES explica que el informe de Topografía y Sismografía cuenta con escasos datos, que necesita de mayor fundamentación, que no se menciona el tipo de suelo en el que se emplazarán las represas, que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica el análisis fundamentado de las fallas geológicas del río Santa Cruz”, amplió Rodríguez.
En cuanto al curso de las presentaciones en la Justicia, desde Fundación Banco de Bosques remarcaron que “la Corte Suprema ya cuenta con todos los informes técnicos requeridos desde fines de 2021. El expediente se encuentra en la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte desde el 14 de febrero de 2022?.
“En vistas de los posibles daños ambientales irreversibles, desde la Fundación Banco de Bosques, en coincidencia con la coalición de ONG, entendemos que las obras no deberían seguir avanzando, mientras el país continúa endeudandose para sostener este proyecto”, concluyó Rodríguez.

El duro documento de Fundación Silvestre Argentina
En un documento, que fue publicado en su página oficial en 2017, Fundación Vida Silvestre Argentina buscó derribar los mitos en torno a la “seguridad” que presenta la construcción de estas represas sobre el Río Santa Cruz.
El informe se base en cuatro ejes principales fueron. El primero es que el glaciar Perito Moreno no está a salvo. Según señalaron en el escrito, aunque se hayan realizado modificaciones al proyecto original, “la nueva cota del Embalse de la represa Néstor Kirchner no asegura el total desacople del lago Argentino, ni la consecuente afectación del glaciar Perito Moreno. Un verdadero desacople significa que las represas deberían trabajar tanto a su mínima como a su máxima altura SIN afectar al lago Argentino”. En ese sentido, aseguraron que “las represas N. Kirchner tendrá una afectación sobre el lago y podría afectar la dinámica hídrica de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini”. “Lo más alarmante es que si las represas no son operadas de manera precisa, podrían elevar la cota del lago Argentino muy por encima de su altura normal, impactando seriamente sobre el Parque Nacional Los Glaciares”, advirtieron.
El segundo eje es: Biodiversidad y cultura en riesgo. “Las modificaciones realizadas al proyecto hidroeléctrico original resultan cosméticas e insuficientes para evitar el daño ambiental a la flora, la fauna, el paisaje y al ecosistema entero del Río Santa Cruz”, alertaron desde la Fundación y aseguraron que “las represas inundarán áreas prioritarias e irremplazables para la biodiversidad, afectarán a los peces migradores, contribuirá a la extinción a una especie endémica como el Macá Tobiano (monumento natural provincial) y sepultarán bajo el agua el enorme valor cultural del patrimonio arqueológico de la Patagonia”.
Pero eso no es todo, ya que desde Vida Silvestre destacaron que estas obras “sepultarán definitivamente bajo el agua pinturas rupestres y petroglifos estampados con belleza por grupos que habitaron hace casi 10 mil años esta meseta esteparia”. “Un sitio particularmente sensible es el cañadón de Yaten Guajen, que en la lengua tehuelche quiere decir “piedra pintada”. Será importante e histórico, pero quedará inundado si se construye el embalse Jorge Cepernic. Se trata de un daño permanente desde el punto de vista arqueológico”, aseguraron, ya que “no sólo hay dibujos de manos, pies y de fauna en las paredes de las montañas, aleros y cuevas, sino que también hay gran cantidad de material lítico y restos óseos. Los pobladores que allí vivieron eran cazadores recolectores, que se sostenían gracias al guanaco”.
“La energía no queda en Santa Cruz”, es el tercer eje. Otro de los puntos abordados por Vida Silvestre es quiénes serán los verdaderos beneficiarios de este proyecto. Aunque aclararon que “no brindará energía a la Patagonia’'. “De esta manera, se alterará el paisaje de rutas escénicas y la energía generada en la provincia de Santa Cruz, pero será transportada hacia los grandes centros urbanos para su consumo. Así, los santacruceños deberán soportar los costos ambientales de la obra sin recibir los beneficios energéticos de la misma, más allá de las regalías (12%)”, explicaron.
El cuarto eje es: Las megarepresas no son energía renovable. Las represas son consideradas por muchos como fuentes de energía renovable, pero lo cier5to es que desde Vida Silvestre desestimaron esta postura. “Las represas Kirchner y Cepernic generarán 1310 MW de manera que no pueden ser consideradas energía renovable. Para advertirlo basta con leer el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía. En efecto, el art. 2 inc. b) de la Ley 27.191 establece que ‘el límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW)’”. “Las megarepresas no son energía renovable y representan una forma de energía obsoleta en el mundo actual”, afirmaron y destacaron que contribuirán con el calentamiento global, ya que " la inundación de áreas con biomasa provocada por los embalses genera metano, un gas efecto invernadero con un poder de contaminación 21 veces mayor que el dióxido de carbono”.
“Al contrario que los lagos naturales, los embalses tienden a inundar grandes extensiones de materia orgánica que, en la medida que se va descomponiendo, produce dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos embalses también reciben de los ríos abundante materia orgánica y nutrientes, como nitrógeno y fósforo; lo que estimula la producción de gases contaminantes”, concluyeron en el escrito.
Hay más de mil glaciares en la cuenca del río Santa Cruz, tres de los cuales están en contacto con uno de los lagos, según un comunicado del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). La organización informó que los sistemas fluviales y lacustres tienen un impacto directo en los movimientos de los glaciares y en las tasas de derretimiento.
De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, se espera que el proyecto de la represa inunde cerca de treinta y cinco mil hectáreas de los alrededores.
Las inundaciones y otros cambios en la zona circundante podrían también tener repercusiones negativas a largo plazo en las áreas de cría de aves como el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) y el zampullín de pico grueso (Podilymbus podiceps). La Administración de Parques Nacionales dijo que la flora terrestre, en gran parte endémica, quedaría destruida de forma permanente e irreversible por la inundación.
El complejo es construido por la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, una asociación entre la firma china Gezhouba Group Company e Hidrocuyo S.A. y Electroingeniería S.A., con financiación de varios bancos de desarrollo chinos. El proyecto se ha incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, plan destinado a reforzar las relaciones internacionales de Pekín mediante el desarrollo de infraestructuras en más de 140 países.
A lo largo del 2020, las organizaciones ecologistas de Argentina escribieron cartas al Ministerio de Comercio de China y a otras autoridades del país para reiterar sus quejas sobre la represa. De acuerdo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) —otra organización involucrada en el proceso judicial—, nunca recibieron una respuesta.

Más estudios ambientales
El complejo de la represa, como la mayoría de los grandes proyectos de infraestructuras, estuvo sujeto a estudios de impacto ambiental durante su elaboración, de modo que pudieran hacerse cambios para mitigar las posibles consecuencias. Sin embargo, en este caso, según numerosas organizaciones que los revisaron en una demanda presentada en la Corte Suprema, los estudios estaban plagados de imprecisiones y falta de detalles.
El año pasado, la Administración de Parques Nacionales (APN) señaló que los estudios carecían de datos suficientes sobre los patrones migratorios de las aves y los peces exóticos e instó a los funcionarios a continuar analizando el posible impacto en los ecosistemas locales. La declaración de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ante la Corte Suprema decía que los estudios se basaban, en gran medida, en información obsoleta de una investigación de 1996 sobre los glaciares y que algunas partes de su análisis eran “débiles”.
En una conclusión similar presentada en mayo del año pasado, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) dijo que algunos datos geológicos y sísmicos de los estudios eran “cuestionables” y que los tipos de suelo alrededor de las represas —un factor importante para determinar la actividad sísmica— nunca se mencionaron en los estudios originales. “Los estudios realizados no permiten confirmar la completa sustentabilidad [del proyecto]”, comentó el INPRES en un comunicado.
Algunos de los trabajos de análisis del suelo se han realizado con fractura hidráulica, o fracking, un método para abrir el suelo mediante la inyección de líquido a alta presión. Esto podría haber contribuido a dos terremotos a principios del año pasado en la falla geológica del río Bote, en el lado oeste del río Santa Cruz, según comenta el INPRES.
“Utilizar el método del fracking es una total locura”, dijo la Fundación Banco Forestal a la Corte Suprema de Justicia en un comunicado. “Estamos en presencia de una zona sísmicamente activa”. A pesar de estos riesgos geológicos, no se conocen planes para trasladar el proyecto fuera de la zona y evitar así que se produzcan más terremotos.
Silvina Comachi, residente de la localidad de Piedra Buena en Santa Cruz y miembro del Movimiento Patagonia Libre explicó a Infobae que “las localidades que nos abastecemos del agua potable del Río Santa Cruz como es Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián también veremos afectada la calidad del agua por la salinidad sabiendo que la lengua del mar llega hasta la altura de Piedra Buena y en caso de que empiecen con el llenado de los diques, no sabemos qué va a pasar con la calidad del agua”.

Contra el patrimonio cultural
La comunidad mapuche de Lof Fem Mapu, en Santa Cruz, presentó una demanda en 2017 —a la que más tarde se sumaron otras catorce comunidades— en la que pedía que se les consultara debidamente sobre las dimensiones del proyecto, ya que podría impactar de manera negativa en el patrimonio cultural, sobre todo al alterar el flujo del río, importante para su sistema de creencias.
“Jamás se nos habría ocurrido represar un río”, dijo a Mongabay Sergio Nahuelquir, líder de la comunidad mapuche. “Porque todo lo que existe, la biodiversidad, las montañas, el río, los pájaros, las propias piedras, todo eso tiene una fuerza vital para nosotros, un espíritu y una energía. Esa energía ayuda a los seres humanos a vivir”.
La demanda fue presentada contra el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, así como también la provincia de Santa Cruz, entre otras entidades regionales. La constructora, Represas Patagonia, también figuraba como demandada.
“El derecho a la consulta previa, libre e informada aún no ha sido garantizado ni hecho efectivo, tanto para la comunidad Lof Fem Mapu como para las otras comunidades indígenas que pueden ver afectados sus derechos con la ejecución del proyecto”, señala la demanda. “[Esto es] a pesar de que [los diseñadores del proyecto] ya han comenzado el desarrollo preliminar y están próximos a iniciar las obras principales”.
Antes de que se inicie la construcción de la represa, las autoridades están obligadas por ley a reunirse con los residentes para discutir el impacto del proyecto en sus comunidades. Sin embargo, los líderes indígenas afirman que el proceso de consulta nunca se llevó a cabo. Otros afirman que solo tuvieron noticias de los funcionarios cuando la construcción ya había comenzado, de acuerdo con la demanda.
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Declaran a una pumita 'animal no humano sujeto de derechos'

 


Una puma fue declarada “animal no humano sujeto de derechos” en un fallo inédito

Fecha de Publicación
: 04/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Se trata de Lola Limón, un ejemplar que fue rescatado en Mataderos y vive en el Ecoparque porteño desde 2019. Es la primera vez que la Justicia declara a un felino bajo dicha denominación.
Una puma que vive en el Ecoparque porteño desde 2019, fue declarada como un “animal no humano sujeto de derechos”. El fallo, que le brinda protección judicial por ser reconocida como “ser sintiente”, marca un nuevo precedente ya que es la primera vez que la Justicia declara a un felino bajo dicha denominación.
Se trata de un ejemplar de 3 años y medio bautizado como “Lola Limón”, que vive en el Ecoparque desde octubre de 2019 tras ser rescatada de una vivienda de Mataderos donde la tenían como mascota, siendo una cachorra de seis meses.

El fallo que declaró a la puma como “sujeto de derechos”
El Juzgado Penal de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y De Faltas N°3 declaró a Lola como “sujeto de derecho al animal no humano”, por lo que se dispuso su “libertad total, libre de cualquier medida o restricción legal”. Y se otorgó "la custodia definitiva" del ejemplar individualizado a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) del Ecoparque.
Se trata del primer fallo de estas características, que tiene como protagonista a un felino. Al respecto, el constitucionalista y especialista en derecho animal Andrés Gil Domínguez explicó que “se le otorga la custodia al Ecoparque no en carácter de cosa sino de sujeto de derecho”. Por lo tanto, se espera que “se la prepare a efectos de después poder recuperarla libertad de ser esto posible”.
El expediente había iniciado como una investigación de maltrato animal contra el propietario de la vivienda en la que Lola fue encontrada, pero luego de desestimó la comisión de este delito y se prosiguió con las actuaciones administrativas por la tenencia del ejemplar. En ese marco, el fiscal Rolero Santurián había solicitado que se declare a la puma como “sujeto de derecho al ser sintiente”.
La sentencia se inscribe en lo que se denomina “derecho animal”, el cuerpo legislativo y jurisprudencial que tiene como objetivo salvaguardar el respeto a la vida, la libertad y la dignidad de los seres sintientes no humanos sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1977.

Los casos de la orangutana Sandra, la chimpancé Cecilia y la elefanta Mara
En base a la Declaración Universal de 1977, existen otros fallos innovadores en Argentina que garantizan la libertad, dignidad y respeto a la vida de los animales, como el de la orangutana Sandra, la chimpancé Cecilia y la elefanta Mara. Gracias a estos tres antecedentes jurisprudenciales nacionales es que la Justicia pudo lograr la declaración de “sujeto de derecho” de la puma Lola.
La resolución en el caso de la puma se basó en los fallos que dispusieron traslado de los ejemplares a grandes santuarios: la orangutana Sandra pasa sus días en el Center of Great Apes de Wachula de Estados Unidos desde 2019; la chimpancé Cecilia en el Santuario Grandes Primates de Sorocaba, Brasil, desde 2017; y la elefanta Mara en el Santuario para Elefantes de Mato Grosso, también en Brasil, desde 2020.
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Segunda etapa del Índice de Seguimiento y Sostenibilidad

 


La SIGEN y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaron una nueva etapa del Índice de Seguimiento y Sostenibilidad

Fecha de Publicación
: 04/08/2022
Fuente: Sigen
Provincia/Región: Nacional


La SIGEN y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de su Unidad de Auditoría Interna, presentaron la segunda etapa del Índice de Seguimiento y Sostenibilidad (ISSos), que tiene como objetivo identificar compromisos de mejora continua y adoptar acciones para fortalecer la gestión ambiental de los organismos públicos.
La actividad fue presentada por la Síndica General Adjunta de la Nación, Irma Miranda, y destinada a representantes de las Unidades de Auditoría Interna, síndicos y síndicas jurisdiccionales, gerentes y funcionarias y funcionarios destacados de SIGEN.
Además, contó con las exposiciones del gerente de Planificación y Desarrollo Normativo, Guillermo Famá; la titular de la Unidad de Auditoría Interna de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Alejandra Olivarez, y la asesora de SIGEN en materia de normativa, María Estela Moreno.
En sus palabras introductorias, Miranda se refirió a la importancia de continuar trabajando en la segunda etapa del ISSos, en la recopilación y el análisis de datos y de la experiencia recogida por la información brindada por cada uno de los organismos.
En esa línea, los objetivos del documento, en una primera instancia, se centraron en el desarrollo de un relevamiento de consumos de recursos, tales como la gestión de energía, de los residuos, del agua, utilización del papel, entre otras variables.
En esta segunda etapa, el eje estará colocado en la implementación de acciones de mejora, a fin de optimizar los resultados de los ejes de sostenibilidad que en esa primera etapa obtuvieron valores bajos.
Cabe destacar que este trabajo se está llevando adelante en las Unidades de Auditoría Interna de 183 organismos de la Administración Pública las cuales brindaron información sobre los consumos de los 11 ejes temáticos evaluados en dicho instructivo.
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Vecinos de La Plata intoxicados por fumigaciones

 


Agroquímicos, evacuación y temor: qué se sabe de la intoxicación en el barrio de La Plata

Fecha de Publicación
: 03/08/2022
Fuente: 0221.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires


Vecinos indicaron que un quintero reconoció haber tirado un plaguicida en grandes cantidades para curar la tierra. Se espera el informe final de Provincia.
Vómitos, irritación de ojos, garganta y boca. Esos fueron algunos de los síntomas que sufrieron los vecinos del barrio El Toboso de La Plata, quienes se intoxicaron por agroquímicos y decidieron autoevacuarse de sus casas. Todo ocurrió luego de que el dueño de una quinta aplicara mal y en grandes cantidades un producto para curar la tierra, según se indicó.
En ese marco, varios de los afectados se convocaron en la zona de 39 y 214 para pedir explicaciones en lugar en el que se habrían arrojado estos agroquímicos, los cuales les provocaron complicaciones estomacales y en las vías respiratorias.
Según contaron, todo comenzó con "un fuerte olor que había en el ambiente". "Anoche a la tardecita, cuando bajó la niebla, nos empezaron a arder los ojos, y teníamos molestias en la garganta. Lo aplicamos al cansancio en un primer momento, pero cuando salimos nos dimos cuenta que no se podía respirar afuera. Te ahogabas con el aire", le dijo una vecina a El Día.
En ese momento, los integrantes de la asamblea vecinal dieron aviso a las autoridades y esta mañana se presentó personal de Defensa Civil y la Policía Ecológica. Ante la incertidumbre, varios de los afectados decidieron autoevacuarse para que su salud no corriera riesgo alguno.
"Entre los que nos quedamos nos acercamos y comprobamos que el problema venía de la quinta 214 entre 38 y 39, donde nos dijeron que curaron la tierra con el único producto que tenemos, pero que está mal aplicado porque lo hicieron con mucha cantidad, que es lo que generó la intoxicación en cada uno de nosotros", manifestó la mujer.
Y agregó que "están acostumbrados a trabajar en lugares más despoblados". "El gas que emana es tóxico y en tanta cantidad y con la niebla de anoche se hacía como una cámara de gas, que provocó los daños en los vecinos".
Fuentes consultadas por 0221.com.ar confirmaron que el personal de Seguridad se encuentra trabajando en el lugar para determinar si esta fue la causa que generó los efectos adversos en los vecinos, y está atento a su cuidado y evolución.
Por su parte, voceros municipales le dijeron a este portal que hubo "un puñado de vecinos que decidió irse a dormir a otro lado porque sentía un olor muy fuerte". "De nuestra parte, no hubo un operativo de evacuación, ni del Municipio ni de la Policía Ecológica. Mañana (por el martes) vamos a volver a ir para ver si alguien quiere hacer la denuncia y empezar las investigaciones", completaron.
La queja y denuncia de los habitantes de la zona fue aumentando a medida que los casos de personas con síntomas de intoxicación iban sumándose con el correr de las horas. Ahora, mientras los agentes realizan el análisis, rastreo y examinación correspondiente a los terrenos y plantaciones aledañas, los vecinos seguirán al resguardo y bajo la supervisión médica adecuada para el tipo de sintomatología que presentan.
"Somos vecinos que vivimos acá, y nunca había pasado. El que alquila la quinta reconoció el error", manifestó una de las damnificadas. Sobre las afecciones que sufrieron, detalló que la mayoría no podía cerrar los ojos del ardor y "hay un hombre que tiene problemas oncológicos y está en tratamiento, por lo que tuvieron que llevarlo al hospital para hacerle el control porque no se sentía bien".
Por último, se refirió al producto utilizado y sostuvo que se trata de "un plaguicida y dicen que no afecta a la tierra". "No llega a las napas. Tenemos que ver esta tarde qué pasa, sino vuelve a emanar gases. Puede durar 72 horas. Ya hoy es leve el olor, pero no sabemos qué puede pasar a la noche cuando caiga la niebla", concluyó.
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Secuestran topadoras en el Chaco por desmonte ilegal

 


Chaco: frenan avance de desmonte ilegal y secuestran topadoras

Fecha de Publicación
: 03/08/2022
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Chaco


El cambio de la cobertura boscosa de la región activó el accionar de los funcionarios.
Dos topadoras fueron secuestradas en el departamento Almirante Brown, provincia de Chaco, luego que inspectores y técnicos de la Dirección de Bosques detectaron un desmonte ilegal en la zona.
El desmonte sin permiso en una parcela del Departamento Almirante Brown se detectó a través del Departamento de Geo-Información, que mostró un cambio de cobertura boscosa en el mencionado predio, dando intervención al Departamento de Fiscalización y Control para que inicie el proceso de infracción al régimen forestal.
Las topadoras secuestradas son una Caterpillar D8 y una Fiat Allís FD20, las cuales realizaron el desmonte utilizando una cadena.
Según se pudo determinar estas topadoras ya habrían utilizado en otros desmontes ilegales en la zona. Se imputó cargos por Infracción a la Ley 2079-R Art. 6 Inc. B.1.
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Una recuperación temprana para el Iberá tras los incendios

 


A cinco meses del fuego, ya se recuperó más del 80% del Parque Nacional Iberá

Fecha de Publicación
: 02/08/2022
Fuente: TN
Provincia/Región: Corrientes


Un análisis realizado por el equipo de Datos de TN muestra cómo fue avanzando el fuego durante el verano sobre más de un millón de hectáreas, y qué sucedió con la flora y la fauna a medida que fueron pasando los meses.
Los incendios que se desataron el último verano en Corrientes arrasaron con la mitad del Parque Nacional Iberá y quemaron más de un millón de hectáreas en todo el territorio provincial.
Un trabajo de investigación realizado por el equipo de Datos de TN, a partir de imágenes satelitales y con presencia en el lugar, muestra cómo avanzó el fuego y cómo se fue recuperando parte de la vegetación en los cinco meses siguientes.
En el caso de la fauna, TN accedió a los datos preliminares del relevamiento “Transectas Iberá” -realizado en forma conjunta por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Dirección Nacional de Biodiversidad; el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA); la Dirección Nacional de Parques Nacionales, y la Fundación Vida Silvestre-, que registró 275 carcasas de vertebrados que murieron por fuegos.
Pero además, hubo muchos animales desplazados durante semanas de sus hábitat naturales. “Nos topamos con animales corriendo. Vimos carpinchos, víboras -algunas que recién terminaban de alimentarse y no alcanzaban a salir por el peso de la comida-, vimos que se destruyeron por completo proyectos como el del guacamayo a los que se les quemaron los nidos. Era triste entrar al parque y ver todo quemado”, relataron a TN Horacio Verón y Daniel Sosa, brigadistas que trabajaron incansablemente durante semanas para combatir los focos de incendio.
Muchos vertebrados e invertebrados de poblaciones de fauna silvestre, incluyendo especies amenazadas, no pudieron escapar de las llamas que se apoderaron primero de los pastizales y malezas y, luego, de los bosques, hasta alcanzar incluso los esteros, los bañados y los valles aluviales.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre enero y febrero en Corrientes se quemaron 1.042.514 hectáreas, lo que representa el 11,7% de la provincia. Sin embargo, la peor parte se la llevó el Parque Nacional Iberá: el fuego arrasó con el 48,9% de su superficie (93.976 hectáreas).
“Si bien el impacto fue muy grande, hay fuertes indicadores de recuperación”, aseguró Manuel Jaramillo director de la Fundación Vida Silvestre. Las imágenes satelitales y la constatación en el lugar lo confirman, pero lo que más preocupa son los bosques, tanto cultivados como nativos, a los que les demandará más tiempo hacerlo regenerarse.
Todas las esperanzas están puestas en la primavera, cuando la vegetación podrá mostrar todo su esplendor.

Una recuperación temprana
A través del uso de imágenes satelitales del Sentinel-2, el equipo de datos de TN calculó el porcentaje del territorio que presenta indicios de una vegetación sana igual o superior a la mediana del 2021.
Si bien no se puede tener una medida exacta se estimó que, para finales de mayo, el 60,7% (634,275 ha) de las zonas quemadas de Corrientes y el 81,3% del Parque Nacional Iberá presentaron indicios de recuperación temprana en base a la vegetación del 2021.
Esto no significa que las zonas se hayan recuperado en su totalidad, sino que presentan fuertes indicios de una primera recuperación, en términos de las características de la vegetación que puede capturar un satélite. Un verdadero análisis de los efectos y recuperación post-fuego requiere de una evaluación a más largo plazo y de la consideración de otros factores, como la fauna local.

Proyecto Transectas, un relevamiento para conocer el impacto sobre la fauna
El Proyecto Transectas es un estudio colaborativo, que busca evaluar el impacto de los incendios sobre la fauna, particularmente en los vertebrados, a partir de una técnica llamada distance sampling.
Entre enero y marzo un equipo conformado por más de 30 personas recorrió 190 kilómetros de áreas quemadas y fue documentado las carcasas de animales afectados por el fuego, descartando los que habían muerto antes de la llegada de las llamas, por ejemplo por la sequía.
Los datos recabados fueron cargados en una App, diseñada especialmente para registrar la información geolocalizada en el terreno y generar automáticamente una base de datos.
De acuerdo con este relevamiento -que por el momento cuenta con datos preliminares, con una investigación aun en desarrollo- en los Esteros del Iberá, las áreas más severamente afectadas fueron el Sector Norte (Galarza), el corredor Mburucuyá-San Roque, Colonia Carlos Pellegrini, Lomada de Caa Catí a Mburucuyá y el Corredor Iberá-Mburucuyá, que protegen especies amenazadas y/o en peligro de extinción.
Albergan aves como el yetapá de collar, la monjita dominica, el tachurí coludo, los capuchinos, el atajacamino ala negra y el águila coronada, entre otros, y en estas áreas se reintrodujo además el guacamayo rojo y de muitú, y se restauraron las poblaciones de oso hormiguero y pecarí de collar. Además, allí viven poblaciones de ciervos de los pantanos, aguará guazú, monos carayá y grandes concentraciones de carpinchos y diferentes anfibios y reptiles endémicos.
“Se detectaron 275 animales afectados por los incendios, principalmente mamíferos medianos, y también muchísimas especies de reptiles y anfibios pequeños, que les cuesta mucho escapar rápidamente de los incendios”, contó Mariana Raño, Doctora en Biología y técnica de la Dirección Regional NEA de la Administración de Parques Nacionales, que formó parte del equipo.

Cinco meses después, la naturaleza lucha contra las cenizas
Las imágenes satelitales y los datos recabados en el lugar son esperanzadores, pero los especialistas coinciden en que hay que darle tiempo a la naturaleza para que logre superar un golpe tan fuerte.
“En estos meses, el ecosistema volvió a restablecerse, a restaurarse naturalmente, porque está adaptado al fuego, pero la magnitud de estos incendios fue mucho más grave. Bajo los esteros hay muchísima materia orgánica y eso se sigue quemando con el tiempo; por eso, para que vuelva a generarse toda esa vida en ese ecosistema, también demandará mucho tiempo”, aseguró Raño.
Jaramillo, que recorrió con Vida Silvestre los esteros, coincidió en que ya se pueden ver “brotes y plantas germinando y hay una vegetación herbácea que está cubriendo el área quemada” y que “eso protege a los árboles de las heladas del invierno y de las insolaciones del verano”.
Pero lo que primero volvió a regenerarse fueron los pastizales, que necesitan del fuego para crecer con más fuerza. Es un ambiente muy resiliente y la resiliencia es diferencial dependiendo del ambiente: los pastizales son capaces de restaurarse inmediatamente”, explicó Raño.
El desafió ahora es que, como se destruyeron por el fuego muchos alambrados, el ganado no entre a esos ambientes en busca de los brotes verdes y pisotee los pastizales que están empezando a crecer.
“En los bosques hay gran cantidad de plantines que algunos pueden ser llevados a otro lugar dentro de ese mismo bosque o a un bosque cercano para que, utilizando la misma genética, se potencie la fuerza de la naturaleza y se haga un buen manejo de la regeneración, pero deben ser protegidos del acceso del ganado”, dijo Jaramillo.
En el caso de los animales, señaló que en la zona también “la fauna es muy resiliente”.

Metodología utilizada en las imágenes satelitales
Las fotos presentadas en esta nota son mosaicos de Corrientes sobre imágenes satelitales de Landsat-8. Se generaron sobre el algoritmo simpleComposite de Google Earth Engine, para colecciones de imágenes de a rangos mensuales. En un solo caso (diciembre 2021, para el panorama de la reserva), se extendió el plazo a 60 días, por falta de datos suficientes para generar la imagen en su totalidad. Se tomó como escala base 1px = 100 m2.
Sobre la estimación de zonas quemadas, se replicó de manera exploratoria el estudio del INTA sobre la superficie quemada por los incendios, al 27/02/2022, en la provincia de Corrientes. Para ello se utilizaron imágenes del dataset: “Harmonized Sentinel-2 MSI: MultiSpectral Instrument, Level-1C”, provenientes del Satélite Sentinel-2 a una escala de 1px = 20m2.
Trás procesar las imágenes y calcular el índice Normalizado de Área Quemada (NBR), se procedió a clasificar por umbral, entre zonas quemadas y no quemadas, de manera unitemporal.
Por último, para calcular la recuperación temprana se utilizó el índice de tiempo medio de recuperación (HRT), presentado en este estudio, que expresa un indicador moderado de la velocidad inicial de recuperación, relacionada a características propias al tipo de vegetación y condiciones climáticas inmediatamente posteriores al fuego. Sobre imágenes del Sentinel-2, se midió el valor mediano del índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) para el 2021 sobre las zonas quemadas por los incendios, y se clasificó por umbral (en base a este valor) sobre imágenes a ritmo mensual desde febrero del 2022.
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Neuquén: incertidumbre en el manejo de sus aguas

 


Por qué Neuquén aún no tiene un plan contra la contaminación de sus ríos y lagos

Fecha de Publicación
: 02/08/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El alerta hídrico se sancionó hace cinco años y ahora se prorrogó por uno más. Especialistas de la Universidad del Comahue serían la clave para cerrar el trabajo.
Neuquén prorrogó por un año la ley de alerta hídrico ambiental, que busca tomar medidas contra la contaminación de los ríos y lagos. Se sancionó hace cinco años, luego de una fuerte organización social. La norma contempla obligaciones para todos los niveles del estado y del ámbito privado, pero su extensión se debe a un objetivo: terminar el plan estratégico integral para lo que se creó una comisión ad hoc, con la Universidad Nacional del Comahue como actor clave. Por supuesto, hay críticas y reclamos alrededor.
El primer impulso de la ley de alerta hídrico 3076 fue el reclamo de medidas para frenar los vertidos cloacales en los ríos Neuquén, Limay y Río Negro. La sanción de la norma, y su reglamentación recién al año siguiente, no frenó los reclamos, por ejemplo, con las marchas acuáticas realizadas en enero del 2019 y 2020, tomando muestras de las cauces, organizadas, entre otras, por la agrupación «Salvemos los ríos».
A la par de las protestas, comenzó a funcionar el comité de alerta hídrico ambiental (CAHiA), que realizó mesas regionales de diagnóstico. Su conformación contempla 15 integrantes, entre representantes de organismos, ministerios y cuatro de la sociedad social. Estos últimos fueron elegidos entre las asambleas por el agua que existen en la provincia, pero el año pasado, la Legislatura tomó en sus manos esa designación.
Durante abril del 2021 se aprobó la resolución 1108, propuesta por el MPN. Las organizaciones protestaron, asegurando que se trataba de un artilugio para dejarlas fuera de la tarea. A fines de ese mismo mes se cerró la convocatoria de los postulantes a ocupar cuatro puestos titulares y cuatro, suplentes. Para participar había que explicar las motivaciones e indicar si se pertenecía a alguna agrupación. La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable fue la encargada de la selección. En junio, de 35 postulantes, se informó que fueron elegidos Lorena Peña (Aluminé), Claudia Pels (Zapala), Luis Callejas (Plottier) y Mario Heber Morán quien falleció en diciembre (Centenario) como titulares, más Candela Duarte (Neuquén), Silvia Roca (Neuquén), Oscar Navarro (Neuquén) y Emiliano Sapag (Neuquén) como suplentes.
Sapag y Callejas fueron los únicos representantes que figuraron como presentes en la última reunión del comité, en junio de este año. El primero es licenciado en ciencia política, hijo del fallecido diputado Luis Sapag, secretario de vinculación de la Universidad de Flores y se muestra afín al candidato a la gobernación, Marcos Koopmann. El segundo es licenciado en saneamiento y protección ambiental, con una maestría en economía y política energética ambiental. Fue parte de la gestión de la intendencia de Andrés Peressini, actual diputado que también forma parte del comité, como gerente del Ente de Desarrollo Económico de Plottier. Actualmente es secretario de vinculación de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud.
Callejas resumió a RÍO NEGRO el panorama actual del CAHiA. Indicó que la gran deuda era que contara con un presupuesto, lo que se pudo abordar recién en la primera reunión de este año, y destacó que se pudo reactivar la comisión de indicadores ambientales. Aclaró que los mandatos vencen en agosto de este año, por lo que hay que resolver si se prorrogan o se realiza un nuevo llamado. El especialista en Ambiente está convencido que en el año que les da prorroga, podrán terminar el plan si se realizan dos reuniones por mes.

Los especialista de la Universidad vuelven a escena
La Universidad Nacional del Comahue fue parte del trabajo del plan de alerta hídrico desde los comienzos, recordó Callejas. En octubre del 2020, el quipo de especialistas publicó en la revista Planeo un relevamiento del trabajo que se realizó con las mesas regionales, destacando la participación ciudadana. El escrito está firmado por las geógrafas Anahí Membribe, Miriam Ambrosio y el geógrafo Germán Gabriel Pérez.
Los especialistas recopilaron que su trabajo como equipo consultor comenzó en 2019, dedicado al acompañamiento metodológico de las actividades a cargo del comité. Así fueron parte de las mesas regionales, en las que contaron a 206 participantes entre las del norte, sur, este y centro.
Estas mesas eran parte del diagnostico inicial, en el que los vecinos y asociaciones pudieron plantear los problemas que veían con el cuidado de los cuerpos de agua y plantear posibles soluciones. Este es un insumo esencial para la elaboración del plan, que, según lo planificado, debe ser escrito y puesto a consulta para que le sumen aportes y, finalmente, implementado.
La tarea del equipo consultor se interrumpió durante la pandemia, pero todo se puso en marcha para que retomen la fase final. Callejas celebró que se destrabó el proceso de contratación para los próximos cinco meses, durante los que se cerraría el plan.

Un plan de alerta hídrico dentro de una crisis climática
En su artículo 17, la ley de alerta hídrico estableció que si en el plazo de seis meses no se confeccionaba el plan, podía hacerlo el mismo Ejecutivo. Debe contener un cronograma de acciones, proyectos y obras a desarrollar, con el detalle de plazos de ejecución y origen de los fondos.
Callejas aclaró que, para elaborar el plan, hay que entender que no está escindido del cambio climático, por lo que propuso pensar aspectos centrales: áreas de conocimiento, gestión de recursos hídricos, planes de adaptación ante el avance de la desertificación y la sequía y financiamiento.
El especialista en ambiente recordó los estudios de Carolina Vera, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y vicepresidenta del Grupo de trabajo I del IPCC. Este último es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que publica los informes que se utilizan en las cumbres sobre cambio climático.
Vera, como parte del Centro de Investigación del Mar y de la Atmósfera, integró una investigación del 2015 que reveló que durante los últimos 50 años, la temperatura en la Patagonia fue la que más se incrementó en la zona porque había aumentado un grado y mostraba tendencia a la aridez. Según Callejas, esto permite estimar que la próxima sequía «llegará más rápido y durará más tiempo».
El especialista puntualizó que el plan deberá estar integrado a la ley general de ambiente de Neuquén y al Código del Agua, como una normativa complementaria.
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