Con casi 800 mil hectáreas arrasadas, declaran a Corrientes zona de catástrofe ecológica y ambiental

Fecha de Publicación: 21/02/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Corrientes


"Estamos usando todos los medios humanos y los recursos para combatir los incendios", aseguró el gobernador Gustavo Valdés.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró este viernes por la noche a la provincia como «zona de catástrofe ecológico y ambiental» a causa de los incendios rurales que arrasaron más de 785 mil hectáreas y calculó que el fuego generó pérdidas por 20.000 millones de pesos.
El mandatario correntino hizo el anuncio esta noche en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, donde dio detalles de la gravedad de la situación generada por los incendios y agradeció el apoyo del Gobierno nacional y de varias provincias.
«El cambio climático está golpeando fuerte y estamos usando todos los medios humanos y los recursos para combatir los incendios. Esperamos que la naturaleza pueda compensar la situación con lluvias», expresó en su mensaje.
Explicó que están activos en distintos puntos de la provincia 17 focos ígneos y aseguró que en varios de ellos «es importantísimo el daño» causado, mientras el trabajo que se está realizando para combatir el fuego «es enorme».
«Esto es una catástrofe», expresó Valdés y señaló que las pérdidas en el sector productivo «rondarían en una primera estimación los 20.000 millones de pesos».
«En Corrientes estábamos introduciendo especies que se extinguieron hace mucho tiempo y el fuego llegó a todos los portales de los esteros del Iberá sin excepción: Carlos Pellegrini, Cambiretá, Galarza, San Miguel, Concepción del Yaguareté Corá y vemos cómo los animales están sufriendo», expresó.
En este sentido nombró el Centro Aguará como zona de rescate y agradeció el trabajo del Colegio de Veterinarios.
Respecto del combate del fuego, el gobernador de Corrientes detalló que «hay más de 2.600 bomberos y brigadistas trabajando, 10 aviones hidrantes, 5 helicópteros y estamos recibiendo otros aviones que nos están mandando de otras provincias».
«Agradezco la ayuda que recibimos del Gobierno Nacional y de las provincias de Jujuy, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Entre Rios», remarcó Valdés e hizo extensivo el agradecimiento al sector privado que colabora.
Finalmente, el mandatario correntino anunció que «el Gobierno provincial va a poner todo el empeño y vamos a solicitar ayuda del Gobierno nacional para paliar esto, que es catastrófico».
Los incendios rurales ya arrasaron con más de 785 mil hectáreas en Corrientes, lo que constituye el nueve por ciento de la superficie provincial, informó hoy Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y remarcó que el fuego alcanza a 30 mil hectáreas por día.
.

¿Del sur provincial, directo a “Vaca Muerta”? Exigen información sobre arenas que serían destinadas a Fracking

Fecha de Publicación: 21/02/2022
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Un nuevo amparo ambiental exige que el gobierno de Entre Ríos brinde información sobre las areneras que realizan su actividad en el sur de la provincia, más precisamente en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.
El recurso fue promovido por el abogado Ricardo Luciano, quien viene denunciando que las areneras extraen arena sílica o sílice que luego es enviada a los yacimientos de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, para ser utilizada en la industria del fracking (técnica de fractura hidráulica que posibilita o aumenta la extracción de gas y petróleo del subsuelo).
Luciano es el mismo letrado que, en carácter de apoderado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, logró que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos condene al propio Estado provincial a brindar información pública ambiental sobre la instalación de areneras y canteras de arena en la zona de Ibicuy.
Ahora, el abogado presentó un amparo ambiental -de Acción de Ejecución de Incidencia Colectiva- contra el gobernador Gustavo Bordet por “una serie de irregularidades e incumplimientos legales” de las areneras en ambos departamentos: basa su acción en el artículo Nº 58 de la Constitución provincial, “con el fin de que un juez lo conmine (al gobernador) a cumplir con las normativas vigentes de carácter ambiental”.
El objeto específico del amparo es que el mandatario provincial “informe a través de quien corresponda: constancia de habilitación de las areneras instaladas en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú; acredite la expedición y vigencia de los ‘certificados de aptitud ambiental’ de esos establecimientos; informe el cumplimiento de los requisitos procedimentales para la habilitación (celebración de audiencias públicas, contratación de seguro ambiental, fijación de un fondo de restauración, renovación de estudios de impacto ambiental en tiempo y forma, de corresponder) y los procedimientos de control de adecuación de las areneras a la normativa protectoria ambiental vigente”.
.

Especulación inmobiliaria en el Delta: denuncian desmonte ilegal en las islas frente a San Nicolás

Fecha de Publicación: 21/02/2022
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires


"Sabemos que detrás de estas maniobras ilegales hay una especulación hotelera e inmobiliaria, el objetivo es urbanizar la isla", sostuvo el abogado ambientalista Fabián Maggi.
El abogado ambientalista Fabian Maggi denunció hoy el desmonte ilegal de bosque nativo en la zona de islas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, “para generar infraestructura inmobiliaria y turística”.
“El desmonte es masivo y a mucha velocidad. Mientras hablamos, cinco máquinas están acabando con lo que queda del bosque nativo local”, resaltó el abogado.
“Sabemos que detrás de estas maniobras ilegales hay una especulación hotelera e inmobiliaria, el objetivo es urbanizar la isla”, enfatizó.
Se trata de la zona ubicada en el kilómetro 350 del Río Paraná, conocida como la Isla Ballestero, sobre el lecho de la laguna El Saco.
El lugar está catalogado como bosque nativo, tiene el reconocimiento por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) e integra el catastro de la Ley 14.888 de Bosques Nativos de la provincia de Buenos Aires.
“Presentamos una denuncia penal ante el Ministerio Publico Fiscal por el delito de Daño agravado, por tratarse de bienes de uso público”, detalló Maggi.
“La denuncia va dirigida contra los funcionarios del municipio de San Nicolás responsables de Obras Públicas por el incumplimiento de deberes de funcionario público y el abuso de autoridad”, señaló.
“También estamos acusando a los empresarios que ejecutan las obras, contratados por el Municipio”, destacó.
En ese sentido, explicó que “la tala es ilegal en la zona, para realizarlo las leyes exigen que previo a la utilización de los bosques nativos tiene que existir una aprobación provincial a través del Ministerio de Medio Ambiente”.
“Tenemos constancia de que no se elevó el pedido a la provincia, por lo tanto están realizando una acción de desmonte ilegal, no pueden realizar ninguna modificación sobre esa zona”, afirmó.
Sin embargo, el especialista contó que se han afectado cuerpos de agua y humedales porque han construido más de 6 kilómetros de terraplenes para elevar la cota del suelo para que no lo afecten las inundaciones y poder urbanizar los humedales.
“En un escenario de incendios devastadores, donde hemos perdido la vegetación y las especies animales autóctonas, y el río sufre una bajante extraordinaria, las autoridades municipales vienen con esta agresión ambiental inexplicable”, se lamentó Maggi.
Organizaciones ambientalistas locales destacaron que la provincia de Buenos Aires conserva solamente el 2 por ciento de su bosque nativo originario y parte de ese porcentaje estaba en el partido de San Nicolás y Ramallo, y las obras que hoy se están ejecutando en la zona de islas lo están destruyendo.
.

Cabandié encabezó la asamblea extraordinaria del COFEMA de Prevención del Fuego y de Humedales

Fecha de Publicación: 19/02/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El encuentro se llevó a cabo en San Luis, donde se reunieron autoridades nacionales y representantes de las jurisdicciones provinciales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, realizaron la apertura de la Asamblea Extraordinaria n.° 43 de Prevención del Fuego y de Humedales del mencionado organismo. La reunión se realizó de manera presencial en la casa de Gobierno en la ciudad de San Luis.
En la apertura, el ministro Cabandié expresó: “Hacemos esta asamblea extraordinaria a propósito de ciertas urgencias, con ese espíritu federal del COFEMA del cual estamos plenamente convencidos desde la Nación”.
Luego hizo referencia a uno de los ejes de la convocatoria y mencionó: “Uno de los temas que nos convoca hoy es el fuego, además de los humedales. Respecto al fuego, tal como mencionó Azulay, no nos es ajeno lo que sucede respecto a los focos ígneos, a las bajantes históricas, al estrés hídrico, a las sequías prolongadas que favorecen los incendios forestales y que, por supuesto, si no actuamos en consecuencia vamos a seguir perdiendo biodiversidad, al mismo tiempo que ponemos en riesgo vidas humanas, hectáreas productivas y propiedades”.
En este sentido, sumó: “Cuando en agosto de 2020 asumimos la responsabilidad del manejo del fuego nos propusimos algunos objetivos. Uno de esos fue incrementar el presupuesto. Con la colaboración de las autoridades de la Cámara de Diputados, en particular de Sergio Massa, hemos logrado asignar una alícuota del seguro que nos permite contar todos los años con un robusto presupuesto para poder hacerle frente a todos los desafíos y gastos necesarios para la lucha contra los incendios”.
Además, Cabandié explicó que el cambio climático genera condiciones propicias para los incendios forestales: “Estos eventos climáticos extremos son cada vez más pronunciados y nos convocan a tomar acciones que necesitan un aumento del presupuesto, el cual se fue incrementando. Para el ejercicio de 2022 tendremos $ 6.500 millones disponibles”.
“Es muy diferente a los presupuestos que el área ha tenido en años anteriores. En 2019, por ejemplo, el presupuesto era de $ 219 millones. Este incremento presupuestario es infinitamente superior, por eso iniciamos la licitación de medios aéreos por $ 1800 millones que ya entró en vigencia. Asimismo, estamos trabajando en una licitación para medios aéreos internacionales”, agregó el ministro.
En relación al ofrecimiento de recursos de Nación a las provincias, el ministro explicó: “Vamos a establecer un protocolo administrativo que deje asentado los pedidos y los ofrecimientos”. “Queremos impulsar que el COFEMA recomiende a cada una de las áreas forestales tener una mirada ambiental, respetando las autonomías de cada jurisdicción. Esto es importante porque brinda una visión integral en el abordaje de los incendios forestales que permite la capacitación y especialización en la temática. De este modo se podrá trabajar en la prevención” concluyó Cabandié.
El titular de la cartera ambiental nacional hizo mención al otro eje principal de la asamblea, los humedales, y detalló: “Es un reclamo de la sociedad, tenemos la responsabilidad de atenderlo. Es necesario iniciar el debate en este espacio teniendo en cuenta el aspecto productivo. Tenemos que discutir una ley de presupuestos mínimos, favorecer los inventarios correspondientes y poder crear un programa con fondos”.
A su turno, Azulay expresó: “Decidimos realizar esta asamblea extraordinaria con dos temas que forman parte de la actualidad de la agenda ambiental: los incendios y los humedales. Estos temas no han pasado por ninguna comisión con anterioridad porque hemos querido empezar a tratarlos rápidamente”.
“Son dos temas que tenemos que tratar urgente. Más allá de donde se encuentre el área que se ocupa de los incendios forestales en cada una de las jurisdicciones, es importante que establezcamos un método, un procedimiento, una forma de hacer las cosas en todo el país, respetando nuestra federalidad. Debemos tener un solo hilo conductor ante la urgencia y la emergencia”, destacó .
En este sentido, el presidente de COFEMA señaló: “No puede ser que a veces estas cuestiones de diferentes áreas provinciales retarden el pedido de auxilio ni tampoco la respuesta En este tipo de cosas, cada minuto que ganemos nos da posibilidades de ser eficientes y eficaces en la utilización de recursos que siempre son escasos, aca y en cualquier lugar del planeta”.
Azulay también se refirió a los humedales y expresó: “La tarea más difícil es encontrar el camino al punto justo medio entre la protección y el desarrollo. Creo que si logramos llegar a buen puerto con nuestros aportes y proyectos y logramos interactuar con todos los sectores que se encuentran en discusión acompañándolos al equilibrio, vamos a realizar la agenda más grande y vamos a poder dejarle un gran paso al Poder Ejecutivo de la Nación para que pueda concebir una ley de consenso y de protección”.
Durante la jornada, se habló de impulsar la formación de brigadistas forestales en todo el territorio. En la actualidad, 18 provincias cuentan con un cuerpo forestal. Además, se enfatizó la instancia de que el manejo del fuego dependa de las áreas ambientales de cada provincia, con el fin de agilizar y hacer más eficiente la lucha contra los incendios forestales.
También se repasaron el Informe de las Autoridades del Sistema Nacional del Fuego y los avances en la elaboración de un Protocolo Único Nacional y Obligatorio frente a la Prevención y al Control del Fuego.
Por último, cabe mencionar que las autoridades ambientales del país continúan abordando de manera participativa y federal el proyecto de ley de humedales, anunciado recientemente por el COFEMA.
Por parte del Ministerio de Ambiente nacional participaron el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky; la designada secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini; la designada secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena; la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, María Cristina Ruiz del Ferrier; el director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información, Nicolás Fernández; la directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Gabriela González Trilla; y el director de Planificación y Prevención del SMNF, Jorge Heider.
Además, estuvieron presentes los representantes de las jurisdicciones provinciales, la vicepresidenta del COFEMA y secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Dina Migani; la secretaria de Ambiente de la provincia de San Luis, Natalia Spinuzza; la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; el secretario de Medio Ambiente de la provincia de Catamarca, Ricardo Robador y el director provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Carlos Barrionuevo; el secretario de Medio Ambiente de Córdoba, Juan Carlos Scotto, la administradora del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente de Corrientes, María Alejandra Eliciri y el coordinador de Programas Específicos, Miguel Osmar Dufort; la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de Chaco, Marta Soneira; el secretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Roveta; la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniel García; el subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa, Hugo Eduardo Bay; la ministra de Ambiente de Jujuy, María Inés Zigarán y la secretaria de Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, Estefanía Sánchez Cuartielles; el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli; el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance y el director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor; el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Víctor Jorge Kreimer; la directora de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos de Neuquén, Lucía Redondo Caamaño; el director General y Técnico de Salta, Sebastián Ernesto Varela; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, Francisco Guevara y el director de Observatorio, Bruno Grillo; el secretario de Medio Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat; el subsecretario de Cambio Climático de Santa Fe, Marcelo Gallini; el subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero, Carlos Salmoiraghi y la directora de Bosques, Noelia Zanichelli; y la secretaria de Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Eugenia Álvarez.
.

Radiografía del río Reconquista, el segundo más contaminado del país después del Riachuelo

Fecha de Publicación: 19/02/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Recorre 18 municipios de la Provincia de Buenos Aires y en sus márgenes viven más de 4 millones de personas.
El fallo de la Corte Suprema que en 2008 ordenó que Nación, Ciudad y Provincia tomaran acciones para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, sirvió para poner en agenda el grave problema social y ambiental que representa la contaminación de ese curso de agua. Sin embargo, nadie habla del segundo río más contaminado después del Riachuelo: el Reconquista.
La contaminación del río Reconquista afecta a más de cuatro millones de personas, distribuidas en los aproximadamente 1.750 kilómetros cuadrados que cubre su cuenca. Pero hasta el momento, no hubo ningún fallo judicial que obligara al Estado a adoptar medidas concretas para revertir la contaminación y restaurar el ecosistema.
A diferencia del caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, la del Reconquista abarca solamente a localidades de la provincia de Buenos Aires, por lo que la responsabilidad del saneamiento es exclusivamente de esa jurisdicción.
Según explica Gabriel Basílico, investigador del CONICET y especialista en contaminación hídrica, en la cuenca alta del Reconquista (Merlo, Moreno, Luján, General Rodríguez, General Las Heras y Marcos Paz), el agua superficial muestra índices de contaminación “muy inferiores” a los que presentan la cuenca media (Malvinas Argentinas, San Miguel, General San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, José C. Paz y Hurlingham) y la cuenca baja (Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre). En este sentido, Basílico remarca que alrededor del 50% del curso del Reconquista presenta niveles bajos de contaminación.
Uno de los grandes mitos en torno a la contaminación del Reconquista es que los principales desechos que recibe son residuos industriales. Pero si bien dentro de la cuenca hay más de diez mil industrias de diferentes rubros –principalmente curtiembres, textiles, acumuladores eléctricos, caucho, hierro y acero–, la mayor contaminación proviene de desechos orgánicos, los cuales aumentan la demanda de oxígeno y, en consecuencia, deterioran la calidad del agua.
Basílico detalla que los principales desechos orgánicos que se alojan en los sedimentos provienen de la grasa, la sangre y demás restos de animales que desechan los mataderos; pero, sobre todo, de la materia fecal por la falta de cloacas.
A su vez, hay siete plantas depuradoras sobre la cuenca, cuyos desechos –no siempre correctamente tratados– terminan en las aguas del Reconquista. Y si bien el río se ocupa de depurar los excesos de residuos orgánicos, el problema surge cuando la cantidad excede su capacidad de autodepuración, que es lo que ocurre desde hace décadas.

Vivir al lado de un río contaminado
El barrio Los Tábanos está ubicado en los márgenes de la localidad de Los Troncos del Talar, partido de Tigre, justo donde el río Reconquista se bifurca. Pese a que no hay datos oficiales sobre la población estable del lugar, se estima que tiene más de mil habitantes. Junto a “San José” y “Los Troncos”, es uno de los tres asentamientos que crecieron en las últimas décadas a orillas del tramo más bajo del río.
Son las cuatro de la tarde de un sábado y, llegando al final de una calle sin asfaltar, Mayra (28) atiende una feria de ropa que instala en la puerta de su casa todos los fines de semana. Justo delante hay una zanja, que es un desagüe cloacal a cielo abierto. Cuando llueve, rebalsa y el líquido contaminado inunda todo el frente de la casa. Cuando el agua baja, quedan la basura, el olor, la invasión de moscas, de mosquitos y de ratas.
Mayra no tiene recursos para comprar bidones de agua potable o instalar un filtro purificador. El agua que bebe, “amarilla y con un olor a lavandina impresionante”, sale de la canilla y proviene directamente del río Reconquista.
"Granitos, náuseas, vómitos, descompostura, de todo nos pasa", dice Mayra. “Mirá, tengo acá, acá y acá”, interviene su hijo Gianluca, de 5 años, mientras señala las ronchas que tiene en sus brazos y piernas. Una erupción similar a la que posee su madre y que, según ella, es consecuencia de estar en contacto permanente con el agua contaminada.
Francisca (78) vive en Los Tábanos desde 1971, en una casa construida a orillas del Reconquista. También se queja del olor del agua y afirma que vive con alergia. Dice que la culpa de la contaminación es de la "gente que tira basura". Y cuenta que antes, cuando el río crecía, las viviendas que estaban en la ribera se inundaban. Pero ahora ya no.
En 1985 se inauguró un canal aliviador, que unió el cauce del Reconquista con la Pista Nacional de Remo, un curso de agua de dos kilómetros de longitud que desemboca en el río Luján. Las casas dejaron de inundarse. Pero la zona se convirtió en el destino final de todos los residuos orgánicos e industriales de los 18 municipios de la cuenca del río.

El desafío de limpiar el Reconquista
Ante la pregunta acerca de si técnicamente sería posible sanear el Reconquista, Basílico responde que existe posibilidad de lograrlo, pero se muestra escéptico. “Para remediar, primero habría que dejar de contaminar”, advierte. Y dice que en lugar de intentar devolverle a la cuenca su paisaje original, "sería mejor concentrarse en preservar lo que está bien hoy para evitar su deterioro".
Para reducir los niveles actuales de polución, el especialista sostiene que lo más importante sería lograr un buen sistema de diagnóstico a través de una red de monitoreo que permita localizar con precisión los principales focos contaminantes.
Esto, a su vez, debería estar acompañado de una normativa más exigente para el tratamiento de desechos de las plantas depuradoras. También de mayor fiscalización a las industrias con respecto al tratamiento que realizan de sus desechos. En particular, deberían controlarse las industrias clandestinas que están ubicadas sobre la cuenca –muchas de ellas, textiles–, que vuelcan sus residuos a los cursos de agua sin ningún tipo de tratamiento.
Por último, Basílico insiste en la importancia de la educación ambiental y la gestión consciente de residuos (recolección, separación en origen y reciclaje).
Obras de saneamiento, financiamiento externo y fondos subejecutados: el caso del COMIREC
En 2001, la Legislatura bonaerense aprobó la Ley 12.653, a través de la cual fue creado el Comité de la Cuenca del Río Reconquista (COMIREC). Se trata de un ente autárquico, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, y cuya función principal es la de “prestar servicios y realizar acciones conducentes a la gestión integral y preservación del recurso hídrico de la Cuenca del Río Reconquista”.
Desde COMIREC le explican a Clarín que actualmente están realizando obras de primera ejecución (agua y saneamiento, drenajes urbanos, gestión de residuos sólidos urbanos); recuperación del espacio público a través de la limpieza del espejo de agua y la reforestación de las zonas ribereñas; campañas de educación ambiental y monitoreo de la calidad del agua y los sedimentos. Y agregan que están trabajando en un Plan de Gestión Integral, que fijará los lineamientos y acciones ambientales para los próximos 15 años.
Desde el COMIREC detallan que cuentan con doce obras de infraestructura en ejecución, catorce en proceso de licitación y nueve finalizadas, las cuales son llevadas a cabo en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense. La mayoría de esas obras consisten en redes primarias o secundarias de desagüe cloacal, focalizadas en barrios pertenecientes a municipios que integran las cuencas media y baja del Reconquista (principalmente Morón, General San Martín y Tigre).
 Tanto los programas como las obras de infraestructura se financian, por un lado, a través de fondos provinciales y, por el otro, con financiamiento externo proveniente de un crédito de US$ 230 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en noviembre de 2014.  Mientras tanto, la partida presupuestaria destinada por la Provincia al COMIREC en 2020 fue de $ 5.709.449.000.
Desde el COMIREC y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia afirman que se ha ejecutado el 68 % del crédito otorgado por el BID. Sin embargo, hasta ahora, solo se han desembolsado US$ 96,74 millones de ese préstamo internacional, lo que equivale a un 42 %.
Desde los organismos provinciales argumentan que hay otros US$ 60 millones del crédito que todavía no fueron ejecutados, pero que son para obras que se encuentran en proceso de licitación y adjudicación.
Consultados acerca de los fondos efectivamente utilizados hasta el momento en obras y acciones ambientales concretas, desde COMIREC se limitaron a informar que durante 2021 se han invertido $ 1.700 millones. Pero no brindaron detalles del destino específico de ese dinero ni del estado actual del resto de los fondos recibidos del BID.

El rol de AySA
A nivel nacional, el organismo con mayor injerencia para lograr el saneamiento del río Reconquista es AySA. Ello se debe a que, de los 26 municipios a los que brinda servicios de agua y cloacas la empresa estatal, 14 de ellos se encuentran en la cuenca del río Reconquista.
Desde el organismo presidido por Malena Galmarini informan a Clarín que en su Plan Director están previstas más de 200 obras cloacales, de las cuales 20 ya fueron finalizadas, 30 se encuentran en ejecución, 9 contratadas y 14 en proceso de contratación. Estiman que, en caso de culminarse todas estas obras, alrededor de un millón y medio de bonaerenses se verían beneficiados.
Específicamente para la cuenca del Reconquista, están trabajando en la optimización de la planta Norte, en San Fernando; se construye una nueva planta de tratamiento en Campo de Mayo y se están ampliando las plantas de Las Catonas, Bellavista (San Miguel), Ferrari (Merlo) y Hurlingham.
 Las obras que realiza AySA, que además está desarrollando el Sistema Riachuelo, están siendo financiadas a través de créditos otorgados por organismos multilaterales de crédito. Una parte proviene de un préstamo del Banco Mundial para el período 2021-2026, por un monto de US$ 545 millones. El BID, por su parte, otorgó un préstamo de US$ 320 millones, que se está ejecutando para la renovación y rehabilitación de redes de agua potable, control de agua no potabilizada y construcción de redes cloacales en distintos municipios (entre ellos, Hurlingham y Morón).
El Banco de Desarrollo de América Latina –conocido también como CAF– otorgó un crédito de US$ 290 millones para las obras de la planta depuradora que se está construyendo en Campo de Mayo. Mientras tanto, FONPLATA – Banco de Desarrollo otorgó un crédito de US$ 30 millones para financiar “obras de agua potable y cloacas en zonas de vulnerabilidad socio-sanitaria dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Y, por último, hay un préstamo del Banco Europeo de Inversiones por US$ 80 millones para ampliar la planta depuradora Las Catonas y expandir la red de cloacas en Escobar.
Más allá de las obras ejecutadas, desde AySA reconocen que hay varios sectores de la cuenca que tienen escasa o nula cobertura de servicio cloacal. Consultada sobre el caso de los vecinos del barrio Los Tábanos, Mayra Mariani, concejal de Tigre por el Frente de Todos y directora de Relaciones Institucionales de AySA, responde que “la obra de AySA está hecha, lo que sucede es que puede haber vecinos que no se hayan conectado. La conexión de cada domicilio es responsabilidad de cada vecino”.
Los vecinos alegan que el costo de instalación de las conexiones supera los 50 mil pesos, un monto que muchos de ellos no están en condiciones de pagar.
Más allá de las obras que se están realizando a nivel provincial y nacional, los vecinos de la ribera y activistas ambientales que se acercan a participar en limpiezas del río insisten en que la situación no ha mejorado. El agua del Reconquista continúa con altos niveles de toxicidad, los desechos siguen  acumulándose en los sedimentos y el grado de contaminación generalizada es visiblemente elevado.
.

Rechazan el Distrito Joven porteño por su impacto ambiental y por privatizar tierras públicas

Fecha de Publicación: 19/02/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: CABA


Luego de cuatro jornadas de debate, finalizó la audiencia pública.
La audiencia pública sobre el proyecto del Gobierno porteño llamado «Distrito Joven» finalizó este miércoles luego de cuatro jornadas en las que organizaciones políticas y sociales lo rechazaron por su impacto ambiental y por considerarlo parte de una «política de entrega de tierras públicas», al tiempo que lo cuestionaron por implicar el traslado de la escuela Indira Gandhi.
Con más de 200 personas inscriptas, desde el viernes último se realizó la audiencia pública donde la ciudadanía porteña pudo opinar sobre el «Masterplan Distrito Joven-Costanera Norte», una iniciativa del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que busca instalar locales gastronómicos y bailables a lo largo de unos siete kilómetros de la ribera del Río de La Plata.
El polígono definido para el nuevo distrito comienza en los límites del Parque de la Memoria y finaliza en el predio Costa Salguero, pasando frente al Aeroparque metropolitano.
En total, abarca 73 hectáreas, de las cuales 14 serán concesionadas a privados para usos «gastronómicos, de esparcimiento, diversión, deportivos y culturales», según informaron voceros del Ejecutivo local.
Si bien la audiencia no es vinculante, el Gobierno porteño tiene la obligación de tomar en cuenta las opiniones que allí se presentaron y, en caso de desestimarlas, debe informar el motivo.
Durante la audiencia, una de las principales críticas fue que el Gobierno de la Ciudad no dio a conocer el «masterplan» en su totalidad, si no solo fragmentos, por lo que no se sabe con precisión cuál será el alcance y el impacto ambiental de las obras de infraestructura y viales planificadas por el Gobierno de la Ciudad para el nuevo distrito.
Una de las oradoras, Bárbara Rossen, quien expuso en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dijo que en el estudio de impacto ambiental «no se reproduce» el masterplan y «sólo se lo comenta por fragmentos; es decir no se lo analiza como un sistema sino como una sucesión de partes aisladas».
De acuerdo a lo informado por el Gobierno porteño, el proyecto Distrito Joven «prevé un conjunto de obras de infraestructuras civiles, viales, de instalación de mobiliario urbano y el desarrollo de parques y espacios públicos con sus servicios», así como «el desarrollo de circuitos de esparcimiento, actividades culturales y gastronómicas, espacios lúdicos, práctica de deportes y puntos turísticos».
Otra de las críticas fue que el estudio de impacto ambiental excluyó del análisis dos predios que, de acuerdo a lo informado por el propio Gobierno local, son parte del Distrito Joven: Costa Salguero y Punta Carrasco, donde se autorizó la construcción de viviendas, hoteles, comercios y oficinas.
Al excluir esos dos predios, que suman 32 hectáreas, el estudio de impacto ambiental solo toma en cuenta los usos de locales gastronómicos y bailables y espacios para actividades culturales y deportivas.
«La evaluación ambiental presentada es parcial, ya que se realiza sólo para cuatro sectores, dejando afuera el sector cinco, Costa Salguero, el más amplio e importante. Si se lo tuviese en consideración, el relevamiento daría cuenta de una capacidad constructiva considerablemente más elevada», advirtieron varias integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, que leyeron un documento elaborado en conjunto.
Otro cuestionamiento se refirió a lo establecido por la Constitución porteña, según la cual los espacios verdes y públicos de la ribera del Río de la Plata se deben «recuperar e incrementar», por lo tanto, cuando finaliza una concesión a un privado en esa zona, el predio en cuestión debe volver a ser de libre acceso.
«La Constitución de la Ciudad establece claramente en su artículo 8 que los terrenos que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación», dijo Nidia Bellene, al leer hoy el documento del Colectivo de Arquitectas.
A su turno, la exlegisladora porteña del Frente de Izquierda Mercedes de Mondieta, manifestó su rechazo a «este proyecto de entrega de tierras públicas», que se suma a las «más de 500 has rematadas primero con (Mauricio) Macri y luego con Larreta, al servicio de la especulación inmobiliaria».
Varios participantes también rechazaron el traslado de la escuela pública Indira Gandhi, que funcionaba en un predio cercano al Parque Norte y al Parque de la Memoria, pero que con la construcción del Distrito Joven se presume será llevada a un predio del Barrio 31, en Retiro, lo que es rechazado por la comunidad educativa de este colegio.
Al respecto, Laura Fiumara, quien se presentó como «docente hace 35 años», dijo estar «indignada por el cierre de una escuela modelo para dar lugar a un emprendimiento inmobiliario».
Y agregó que «las escuelas no se cierran ni se trasladan, se construyen, se cuidan y se mejoran», y acusó al Gobierno de la Ciudad de «agredir constantemente a la educación pública».
.

Argentina arrancó el 2022 padeciendo las consecuencias de la crisis climática

Fecha de Publicación: 17/02/2022
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional


Argentina inició el 2022 luchando contra incendios, sequías y olas de calor, los efectos más perceptibles de la crisis climática que ya está instaurada en el planeta. Una situación que lleva a los ecologistas a exigir políticas de adaptación, mitigación y a criticar la falta de leyes claras para proteger el ecosistema.
La acumulación de gases de efecto invernadero provocados por medios de transporte, industrias, producción de alimentos y deforestación fueron los principales responsables del cambio climático, según Greenpeace.
En 2021, Argentina depredó 110.180 hectáreas de bosques, equivalentes a 12 canchas de fútbol por hora; y el 80 % fue talado de forma ilegal, reveló la ONG en su informe anual de deforestación.
“Hay una ley que protege los bosques, pero no sirve si cada gobernador permite cambios en el ordenamiento territorial de zonas donde no deberían deforestar”, indicó a EFE el coordinador de campaña por el cambio climático de Greenpeace, Bruno Giambelluca.
La destrucción indiscriminada de flora evitó la liberación de humedad a la atmósfera necesaria para formar nubes de lluvia, secó el suelo y generó un ambiente fértil para transformar cualquier chispa en incendios incontrolables.
El Ministerio de Ambiente, en enero pasado, enumeró pérdidas mayores a 160.000 hectáreas de bosques por el fuego y un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria reveló que, hasta el 7 de febrero, en la provincia de Corrientes se quemaron 519.000 hectáreas.
Los árboles que sobrevivieron a la mano del hombre fueron devorados por las llamas y toneladas de dióxido de carbono calentaron el planeta. Mientras, el calor batió récords y 21 provincias soportaron 40 grados diarios.

Adaptación y mitigación
Los ambientalistas pusieron sus campañas de prevención en segundo plano para centrarse en incentivar acciones que obliguen al Gobierno a implementar políticas que adapten y mitiguen el cambio climático.
“Tiene que haber adaptación porque ya lo estamos viviendo. Si se inunda una ciudad cada vez que llueve, es necesario más infraestructura. Si se registran más incendios, debemos combatir el fuego apenas surja”, aseveró Giambelluca.
“El Gobierno tiene que frenar las emisiones. Es una situación gradual donde hay que convertir las energías sucias en renovables, una transición energética”, añadió.
Los reclamos giran en torno al cumplimiento del Acuerdo de París, en el que Argentina estampó su firma en el 2015 junto a otros 96 países bajo el compromiso de reducir la temperatura del planeta. Sin embargo, entre las víctimas de la pandemia está la economía y el ambiente pasa a ser un sacrificio para ingresar divisas.
El Gobierno de Alberto Fernández está enfrascado en una batalla judicial para buscar petróleo en el Mar Argentino. La propia cartera ambiental dio luz verde a la exploración sísmica de hidrocarburos, a poco más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, donde viven del turismo y la pesca.
La Justicia aceptó las medidas cautelares presentadas por organizaciones como Greenpeace y se frenó el proyecto, aunque el Estado apeló.
Fernández espera que su plan de adaptación y mitigación del cambio climático, del cual hizo gala en el 2021 en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático y que tiene como tope el 2050, calme las aguas. Busca promover la transición de energías renovables basadas en el hidrógeno, la adopción de tecnologías para reducir emisiones y tipificar como delito ambiental la deforestación ilegal.

“No hay tiempo” que perder
Para el abogado ambientalista y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, “no hay tiempo” de espera para lanzar leyes que realmente protejan al ecosistema y penalicen a los culpables, aunque lamenta que las normas ambientales cuesta aprobarlas por culpa de “grupos de presión».
“El tiempo no era percibido como una amenaza, pero nos viene apretando cada vez más la cuestión climática. No disponemos de décadas para convencer a las personas y vamos a tener que acelerar”, dijo a EFE.
Nápoli consideró elementos que pueden jugar a favor, ya que el Acuerdo de París también rige las relaciones y la política climática entre países.
“En algún momento empezarán a surgir barreras de cierre arancelario, se mirará cómo uno se comporta para permitir o no ingreso de productos de cada sitio”, alegó.
Según el director de FARN, las exportaciones de madera del Brasil que provienen de la deforestación ya son rechazadas: “Los mercados se cierran y el reloj va a correr rápidamente”.
Por otra parte, Argentina no cuenta con temas ambientales incorporados al Código Penal. Únicamente leyes especiales asociadas a delitos contra la salud y no podrían ser denominadas como crímenes contra el ambiente.
Además, no es posible perseguir jurídicamente a quien incendió un bosque si no existe una persona o propiedad afectada, y esas penas son excarcelables o acarrean multas.
.

Se realizó un encuentro interministerial por la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral

Fecha de Publicación: 18/02/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se dio entre autoridades del los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, junto a un equipo del Ministerio de Educación, concretaron esta tarde una reunión de trabajo entre ambas carteras nacionales, para acordar los próximos pasos en la implementación de la Ley nº 27621 sancionada el año pasado. El encuentro fue encabezado por la jefa de Gabinete de la cartera de Ambiente, Soledad Cantero, y la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, Cristina Ruíz del Ferrier.
Al respecto, Cantero destacó: “La implementación de esta ley es una prioridad para nuestro Ministerio”, y resaltó la necesidad de articular la política pública de educación ambiental integral.
En la reunión se acordó trabajar en una agenda común que tenga en cuenta los distintos ámbitos de la educación ambiental, tanto la del sistema educativo formal, como de otros ámbitos socioeducativos (no formal e informal). Asimismo, se proyectaron líneas de trabajo para la formación docente, la publicación de materiales educativos y encuentros federales con representantes técnicos de educación ambiental de ambas carteras.
Por parte del Ministerio de Educación de la Nación concurrieron María Celeste Adamoli, directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI; Natalia Borghini, equipo técnico de la dirección y Laura Canciani, técnica de Educación Ambiental de la cartera.
Del Ministerio de Ambiente también estuvieron presentes María Sol Azcona, coordinadora de la implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral; Osvaldo de la Iglesia y Juan Mereb miembros del equipo técnico de la coordinación; y Alejandra Duarte y Ornella Zambón, responsables de las capacitaciones del Programa la Acción Ambiental de la Dirección Nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, que lleva adelante el área a cargo de Guido Veneziale.
.

Prorrogan suspensión de ley de agroquímicos de la gestión Vidal

Fecha de Publicación: 18/02/2022
Fuente: La Tecla
Provincia/Región: Buenos Aires


El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y es por otros seis meses. Explica que es para “culminar las mesas de trabajo”, creadas para modificar el criterio por el que se autorizaron fumigaciones en cercanías de escuelas y zonas rurales.
El Gobierno bonaerense decidió prorrogar por otros seis meses la resolución 246/18 sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, que suspendió la aplicación de la normativa que establecía pautas para la aplicación de agroquímicos en la Provincia.
De acuerdo con el decreto publicado en el Boletín Oficial, la medida se tomó para “culminar las mesas de trabajo regionales, locales, e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires.
El texto del decreto publicado este martes establece en su artículo 1° que se prorroga “a partir del 14 de febrero de 2022 y por el término de seis (6) meses, la suspensión de los efectos de la RESOL-2018-246-GDEBA-MAGP, que fuera dispuesta por la RESOL-2019-24-GDEBAMAGP, prorrogada por las RESO-2020-8-GDEBA-MDAGP, RESO-2021-28-GDEBA-MDAGP y RESO-2021-88-GDEBAMDAGP, a los efectos de culminar las mesas de trabajo regionales, locales e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires”.
Tras la sanción de la normativa y su aplicación, organizaciones sociales y ambientalistas mostraron su descontento por el acortamiento de las distancias permitidas para realizar tareas de fumigación con agroquímicos cerca de zonas urbanas y escuelas.
El gobierno de Cambiemos dictó la resolución 246/18, pero nunca avanzó con un nuevo texto, por lo que, en el inicio de la gestión de Axel Kicillof, se avanzó en esta dirección con la conformación de mesas técnicas, en la que los diferentes sectores hicieron sus aportes.
Previamente, el Gobierno provincial prorrogó la suspensión, tras lo cual comenzó a debatirse una nueva ley, con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario, el de Salud, el de Ambiente y a la Autoridad del Agua (ADA).
Así, se conformó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), que elaboró más de 500 documentos, aportados por unas 20 universidades y cinco centros de investigación, entre otros, de los cuales ya se obtuvieron varias conclusiones.
Los mismos abordan cuestiones como la aplicación de agroquímicos, el impacto en el medio ambiente, salud y toxicología y diversificación productiva, entre otros.
El texto del decreto publicado este martes establece en su artículo 1° que se prorroga “a partir del 14 de febrero de 2022 y por el término de seis (6) meses, la suspensión de los efectos de la RESOL-2018-246-GDEBA-MAGP, que fuera dispuesta por la RESOL-2019-24-GDEBAMAGP, prorrogada por las RESO-2020-8-GDEBA-MDAGP, RESO-2021-28-GDEBA-MDAGP y RESO-2021-88-GDEBAMDAGP, a los efectos de culminar las mesas de trabajo regionales, locales e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires”.
.

El Campo San Juan es oficialmente una reserva federal

Fecha de Publicación: 17/02/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


En un acto que se realizó entre la Casa Rosada y el Campo San Juan, quedó oficialmente creado y en funcionamiento el Parque Reserva Federal del Campo San Juan.
En un acto que encabezaron el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Juan Manzur, y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se oficializó la creación del primer parque federal de la Argentina, con carácter de reserva natural, que abarca unas 5.000 hectáreas en la zona conocida como Campo San Juan, en los límites de la zona sur de la provincia de Misiones en la localidad de Santa Ana.
El campo San Juan se transformó en reserva federal mediante el Decreto 65/2022, que firmó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, semanas atrás. El área protegida cuenta con una superficie total de más de 5.000 hectáreas de la ecorregión Campos y malezales, y será administrada en conjunto entre el gobierno nacional y la provincia de Misiones.
En el acto, que tuvo dos centros de atención, uno en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y otro en el propio Campo San Juan, el gobernador Oscar Herrera Ahuad rescató el trabajo mancomunado entre las gestiones del Ministerio de Ecología de la provincia, tanto en la gestión anterior de Mario Vialey como en la actual de Víctor Kreimer, con el Ministerio de Ambiente de la Nación, encabezado por Juan Cabandie, quien también participó del acto.
El Gobernador de Misiones afirmó que este trabajo representa un hito histórico en la administración y cuidado del ambiente, de forma mancomunada, entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. “Hay que revisar en los libros de la historia ambiental de Argentina para encontrar que por primera vez estamos hablando de un parque federal. Se trata de la unión, la comunión entre la nación y quienes la componen, las provincias”, afirmó Herrera.
El misionero repasó la historia reciente del manejo que se hizo de esta reserva a la que calificó como “un marcapaso en el corazón de los misioneros” y a la que destacó como parte importante “del sentimiento de los misioneros. Allí recordó que hace 4 años, en la gestión anterior del gobierno nacional, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) le había cedido a la Nación este espacio, que desde la provincia se reclamaba. Allí indicó que en ese momento, en Misiones, “se sintió como una gran pérdida”.
Pero además de lo ambiental, el Campo San Juan es importante al sentimiento misionero porque “allí resguarda parte de la historia productiva de Misiones”, según afirmó el Gobernador, y esto porque allí se encuentra instalado uno de los primeros establecimientos que trabajó la caña de azúcar en Misiones.
La creación de este Parque Federal, además, representó un desafío jurídico para ambos gobiernos, ya que al no existir antecedentes se debió crear desde cero el contexto jurídico para esta administración conjunta.
Como cierre de su presentación, el Gobernador aprovechó el momento para destacar el trabajo conjunto entre la Nación y la provincia de Misiones en el combate de los incendios forestales, que al día de hoy “están contenidos” en la tierra colorada, según indicó el mandatario provincial.
Allí, además, recordó que Misiones pasa por una “sequía histórica y un momento con uno de los peores índices de humedad del suelo”. Por ello llamó a seguir trabajando, e invirtiendo, en la lucha contra el cambio climático y contra los problemas que este genera.
En ese contexto, el ministro Juan Cabandie informó que en los próximos días visitará Misiones, y Corrientes, para monitorear el trabajo que viene haciendo la Nación en las dos provincias.
.

Desaparecieron dos poblaciones de aves emblemáticas de los pastizales del Iberá

Fecha de Publicación: 17/02/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Los tordos amarillos y los yetapá de collar son Monumentos Naturales de la provincia de Corrientes.
“Hoy no sabemos qué fue de ellos”, aseguraron desde el portal Carambola, uno de los nueve ingresos al Parque Nacional Iberá. Dos poblaciones de tordos amarillos y yetapá de collar se perdieron de vista a causa de los incendios de su hábitat natural en Corrientes.
Para graficar la importancia de los yetapá de collar, la administración de Parques Nacionales puso la imagen de la especie en el escudo y en el logo de Iberá. Por su parte, los tordos amarillos incentivaron un gran proyecto nacional de conservación de la naturaleza en el centro de la provincia.
La advertencia fue dada por un guardaparque, para una inmensa red nacional de vigilancia y observación de aves: sus guardianes. Investigadores científicos, asociaciones y clubes de protección animal y hasta la hidroeléctrica Yacyretá han aportado para el rastreo de estas especies.
Era una bandada de alrededor de 60 tordos amarillos, colaborando con las monjitas dominica, que mantienen la guardia mientras ellos remueven insectos que ellas consumen.
Fueron avistados a finales del otoño pasado, por un grupo de guardaparques en Carambola.
“Tenemos una población de tordos amarillos que no sabemos qué fue de esa población. Se incendió toda el área donde estaban apareciendo”, dijo ayer el guardaparque Adrián Kurt.
Ese grupo de tordos amarillos representa el 10% de la población total de la especie en Argentina.
“Es una especie vulnerable, en peligro de extinción y hay toda una campaña a nivel argentina para cuidar a esos animalitos. Tenemos una muy buena población de yetapá de collar que también son especies vulnerables y hoy no sabemos qué fue de muchos de ellos”, indicó el guardaparque a Radio Belgrano.
El último cálculo oficial señala que se han quemado 115.899 hectáreas de pastizales en Corrientes este año, donde estas poblaciones de aves se alimentaban de insectos.
“Probablemente se hayan muerto, otros escaparán o se quedarán sin alimento”, lamentó Kurt.
“Estamos agotados por lo que está pasando; pero más que agotados, estamos tristes”, concluyó el guardián del Iberá.
.

Ushuaia | Un grupo de delfines encalló en la costa y los vecinos los rescataron

Fecha de Publicación: 17/02/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Tierra del Fuego


El domingo pasado, decenas de delfines quedaron varados en el Club Náutico Ushuaia y, ante su desorientación, comenzaron a golpearse y chocarse, hasta que recibieron ayuda de vecinos de la zona y de Prefectura Naval Argentina. Todavía no se determinó el motivo del hecho.
Un grupo de más de 20 delfines quedó varado en el muelle del Club Náutico en la costa de Ushuaia el domingo pasado por motivos aún no determinados. Muchos vecinos se acercaron a salvar a la mayoría de estas denominadas "falsas orcas" mientras que Prefectura Naval logró rescatar al resto.
Los mamíferos, en medio de la desorientación, comenzaban a chocarse entre ellos y con piedras de la costa, y por esto la mayoría necesitó de la ayuda de la gente que circulaba por la zona, quienes en muchos casos se arrojaron al agua para rescatarlos.  Sin embargo, hubo dos cetáceos que quedaron atrapados debajo del muelle, lo que motivó el rescate por parte de Prefectura Naval Argentina, según informó TN.
El grupo de rescate del PNA, en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Tierra del Fuego, realizaron un operativo exitoso que logró que los delfines volvieran al mar sanos y salvos.
Muchos videos del momento comenzaron a aparecer por redes sociales, sobre todo en Twitter, donde usuarios que presenciaron el momento mostraron cómo los vecinos de la zona ayudaban a los desorientados delfines.

Las teorías detrás de la llegada de delfines al Club Náutico de Ushuaia
Ni la Prefectura Naval Argentina ni la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales pudo determinar el motivo verdadero detrás de la llegada de tantos delfines a las costas de Ushuaia. Por ahora se manejan algunas hipótesis, y la primera apunta a que quizás lo que buscaban los animales era alimento, pero que al buscarlo se perdieron.
Por otro lado, la segunda teoría habla de que probablemente los delfines nadaron escapando de un barco de la zona; y la última está relacionada a que, debido a la presencia de ballenas en el Canal de Beagle donde siempre suelen estar, quizás huyeron en busca de refugio.
Lo que sí pudo afirmar la doctora en Ciencias Naturales, Licenciada en Biología e investigadora adjunta del CONICET del Grupo de Mamíferos Marinos, Natalia Andrea Dellabianca en conversación con Infobae es que estos delfines ya habían sido vistos en la costa: "Su aparición no fue repentina: venían dando vueltas por el lugar desde el día anterior. Hasta el momento no teníamos registros de ellos adentro del canal porque, por lo general se los ve pasar por la zona del Estrecho de Magallanes. Ahora ¿por qué se vararon acá? Todavía no lo sabemos".
.

Avanzan las negociaciones para iniciar las obras de Atucha III antes de fin de año

Fecha de Publicación: 16/02/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


La construcción del reactor de 1.200 MW que se instalará en el Complejo Nuclear de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, tendrá un pico de empleo de 6.000 trabajadores y un impacto en desarrollo de proveedores locales por US$ 500 millones.
El presidente de la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José Luis Antúnez, aseguró que se avanzará con la negociación del contrato financiero y otras condiciones para la construcción de la cuarta central nuclear que comenzará antes de fin de año, con un pico de empleo de 6.000 trabajadores y un impacto en desarrollo de proveedores locales por US$ 500 millones.
Nucleoeléctrica y la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC) acaban de firmar el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear, Atucha III, un reactor de 1.200 MW que se instalará en el Complejo Nuclear de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.
El experto, de larga trayectoria en el sector, destacó el aporte de la energía nuclear a las metas de descarbonización de la matriz eléctrica, valoró la calidad de la tecnología Hualong que llevará la central y la transferencia de conocimiento para la fabricación de combustible nuclear con uranio enriquecido que el país podrá dominar a partir del entendimiento con China.
Los siguientes son los principales tramos de la entrevista con Télam:

- Télam: ¿Qué aporta este acuerdo al sector nuclear y a la matriz energética?
- José Luis Antúnez: Primero la contribución de una energía limpia a la matriz eléctrica porque el mundo va rumbo a la descarbonización con metas extremadamente ambiciosas que significan que en algún momento de este siglo va a haber que generar energía eléctrica con generación cero de carbono. Y la energía nuclear es una de esas alternativas limpias. En el contexto del país es volver a darle al sector la participación que merece en la matriz eléctrica, y va a ser una contribución grande con una máquina de 1.200 Mw, individualmente la más potente del país en el lugar que hoy ocupa Atucha II, y va a contribuir a pasar el 10% de participación nuclear en la matriz eléctrica.

-T: ¿Qué nivel de desarrollo y proveedores locales contempla?
-JLA: Desde lo laboral tiene gigantes oportunidades para la construcción de la obra con empleo de entre 5.000 y 6.000 personas de forma directa, y la central va a crear unos 700 puestos permanentes. Esto tendrá tremenda influencia en al región, tan importante como la obra de Atucha II, con alrededor de 60 millones de horas hombre que van a quedar en la Argentina con el proyecto. El aporte estimado en compra locales, teniendo en cuenta que es el reactor de una nueva tecnología va a ser menor a la de Atucha II, pero van a volver a la industria nacional alrededor de US$ 500 millones en equipos, componentes y sistemas.

-T: ¿Habrá transferencia de la tecnología Hualong que el país no domina?
-JLA: El contrato incluye el compromiso de China de transferir la tecnología necesaria para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conae) fabrique los componentes metálicos del combustible para este reactor. Una tecnología que domina es la de combustible de uranio natural que se usa en las tres centrales en operación, pero esto introduce a la Conae en el mundo de la fabricación de combustible nuclear con uranio enriquecido. Esto es un contrato para fabricar combustible por 60 años que es la vida inicial de la central, y es un valor agregado científico tecnológico e industrial.

-T: Se alzaron algunas críticas sobre la tecnología Hualong ¿Qué tan modernas y eficiente son este tipo de centrales ?
-JLA: Este contrato data de hace casi 12 años, la tecnología Hualong proviene de la HPR-1000, es decir unos 20 años, y cuando comenzamos a tratar el tema no había ninguno en funcionamiento. Pero con la acostumbrada celeridad de los chinos hoy ya tienen cuatro Hualong en funcionamiento, seis en construcción y otras tantos en planificación. Es una flota de reactores en la cual vamos a participar con toda la tecnología nueva y el contrato establece que China va a ir pasando la actualización futura. El Hualong ha sido exitoso y ya han sido exportados y en funcionamiento.

-T: ¿Cómo siguen los hitos de desarrollo del proyecto?
-JLA: Hay una cantidad de condiciones para entrar en vigencia este contrato. Por ejemplo deben cumplirse los pasos en el marco del tratado país-país para llegar a la adjudicación directa del proyecto -porque no se trata de un concurso publico-, y que fue aprobado por leyes de ambos países. La segunda es negociar el contrato financiero ahora de conocido el precio, y otro tema es que haya habido acuerdo sobre el tema de la transferencia de tecnología con una firma de contrato específica. Además de tener listo el estudio ambiental, la presentación regulatoria y condiciones técnicas como estudios de suelos y haber despejado el sitio para entregarlo a la construcción. Todo este demandará unos cuatro meses y luego llega la autorización en ambos países para adjudicar directamente el contrato a al corporación nacional china y se estará en condiciones de comenzar la obra en alrededor de 4 o 5 meses por lo que fin de año nos encontrará trabajando en el sitio, con un contrato de 90 meses de construcción.

-T: ¿Cuál será la incidencia en el empleo del proyecto?
-JLA: Ya tenemos unas 300 personas trabajando y estimamos que a fines de este año nos va a encontrar con no menos de 1200 personas. Se estima un pico de empleo de unas 6000 personas y dependerá de cómo la empresa china organiza la marcha del proyecto, pero va a haber un pico grande porque 90 meses es un plazo muy exigente.

-T: Hablar de esta cantidad de gente hay que pensar en capacitación y recuperar mano de obra especializada ¿Cómo va a ser esa dinámica?
-JLA: Tenemos el ejemplo de lo que hicimos en Atucha II que nos indica lo que vamos a hacer. Lo primero fue instalar escuelas de especialidades en la zona y capacitar a la gente. Formamos 1.400 soldadores durante el transcurso de Atucha II y vamos a formar montadores, electricistas y vamos a convocar a todos los que quieran volver a trabajar. Y en cuanto a los profesionales lamentablemente antes de nuestro gobierno se despidieron mas de 300 especializados, y vamos a trabajar en convenios con todas las facultades de ingeniería de todo el país para absorber jóvenes profesionales.
.

El BID analizará desarrollo minero en Malargüe y habrá mesa de diálogo

Fecha de Publicación: 16/02/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Funcionarios del organismo estuvieron con ministros locales. Controles y cuidado el ambiente en la agenda.
Funcionarios del BID han estado la semana pasada en Mendoza y se han reunido con ministros, con encargados de distintas reparticiones y con referentes de diferentes sectores para avanzar en dos puntos importantes para Mendoza: uno es comenzar a realizar una mesa de diálogo para el desarrollo de la minería en Malargüe dentro de las posibilidades que permite la ley 7722. El otro punto consiste en analizar la estructura de funcionamiento y los procedimientos que sea necesario modernizar de la Dirección Provincial de Minería.
Si bien admite que es todo muy incipiente, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, destacó que “habrá un camino de diálogo para hacer minería, nos cansamos de hacer estudios y no llegar nunca al final del camino”.

Minería en paz
Los representantes del BID escucharon a los funcionarios locales y entendieron que se debe avanzar en una mesa de diálogo, como la que realizó la administración Cornejo, para escuchar a los distintos referentes y realizar así las acciones necesarias para desarrollar “minería en paz” en Malargüe. Los funcionarios del BID tienen experiencia porque han trabajado en Chile y también con el gobierno nacional.
En Malargüe hay muchas manifestaciones que indican que se podría avanzar en desarrollo de yacimientos de cobre que son compatibles con lo que fija la ley 7722, como lo es San Jorge en Uspallata, el problema será la Declaración de Impacto Ambiental que deberán aprobar los legisladores locales. Así el Estado provincial termina frenando varios proyectos mineros, y una parálisis similar se comienza a ver en el sector petrolero en donde distintas voces ya advierten que es necesario reformar la ley de hidrocarburos para mejorar la competitividad de las empresas y posicionar mejor a Mendoza.
Los que están cerca de las negociaciones y saben lo que demoran las contrataciones de consultoras, afirman que en no más de seis meses puede estar funcionando la mesa de diálogo.

La apuesta del BID
En el BID han cambiado sus enfoques tradicionales y desde hace un tiempo ven a la minería como una actividad que, bien realizada, puede ayudar a desarrollar a las sociedades.
Es por esto que en el 2020, el Comité de Política y Evaluación del Directorio del BID, aprobó el Marco Sectorial de Industrias Extractivas, un tema de que consideran de singular relevancia para Latinoamérica en general y para Argentina en particular.
En el banco están convencidos que las industrias extractivas pueden convertirse en un sector clave para el desarrollo que la región necesita cada vez con más apremio. Afirman que la explotación responsable de un conjunto de minerales, esenciales para las nuevas tecnologías, es la herramienta más a mano para lograr los objetivos de crecimiento, desarrollo social y reducción de la pobreza.
Entienden que en el caso de Argentina, pese a tener una enorme cantidad de recursos minerales, la actividad minera explica una porción muy menor de su PBI. Así entonces, si tomamos como ejemplo el 2018 se puede ver que la minería representó solo el 0,6% del Producto, mientras que en países que se asumen mineros esos valores son muy superiores, en Chile el valor agregado de la minería al PBI en ese mismo año fue de 9,8% y en Perú de 8,2%.
Consideran también que nuestro país tiene un potencial minero “impresionante y no podemos dejar pasar esta oportunidad histórica de apalancar su explotación”. También señalan que para que la actividad minera tenga el mayor impacto en nuestro desarrollo, debemos generar condiciones para la inversión y demostrar capacidad para integrar verdaderas cadenas de valor, dejar de ser meros exportadores de materias primas para consolidar un modelo productivo basado en la incorporación de tecnología, investigación e innovación.
Es por eso que definieron como objetivo, que la política minera del Banco se oriente hacia el apoyo de proyectos y programas cuya finalidad sea la identificación y explotación económica de los recursos minerales en los países miembros regionales en vías de desarrollo y de las instituciones del sector, guardando consistencia, en su caso, con los respectivos planes de desarrollo económico.

¿Y el medio ambiente?
No se les escapa a los funcionarios del BID las resistencias de los grupos ambientalistas en contra de la minería. Es por esto que afirman que si bien la actividad minera genera resistencias en diversos grupos y comunidades, tanto por sus eventuales impactos ambientales, como porque ha habido sonados casos con sospechas de corrupción, es que consideran que no hay dudas que esas preocupaciones deben ser atendidas y por ello es esencial que toda explotación minera se haga con los máximos niveles de responsabilidad social y ambiental, así como con altos grados de transparencia y rendición de cuentas.
También, dentro de los criterios de evaluación, el BID señala específicamente que atenderá los posibles efectos de la contaminación ambiental y maneras de evitar o minimizar los efectos ecológicos adversos del proyecto que evalúe, así como la adopción de las medidas de salubridad y de seguridad personal.
Al enfocarse en las posibilidades de financiamiento por parte del BID, advierten que hay áreas en las que el conocimiento y la experiencia serían aportes de gran valor. También los marcos de protección ambiental de los proyectos, así como los mecanismos de transparencia serían contribuciones más que relevantes.
Algunas de esas áreas son los marcos normativos y regulatorios. Este es un espacio en el que el BID puede jugar un rol importante, tanto apoyando con conocimiento técnico mediante fondos de cooperación, como proveyendo financiamientos específicos para la generación de marcos legales e institucionales que protejan los intereses de la comunidad, generen incentivos adecuados para la inversión y sean sostenibles en el mediano y largo plazo.
También en los procesos de fortalecimiento y capacitación de las instituciones públicas que regulan y controlan la actividad minera. El BID puede proveer recursos para que esas instituciones cuenten con los mejores profesionales, ya que es fundamental “nivelar la cancha” balanceando el bagaje técnico que suelen tener las grandes empresas internacionales que son actores típicos del sector extractivo. De esta forma se preservan los intereses de nuestras comunidades, se garantizan condiciones sostenibles de explotación y se previenen conductas poco transparentes.
Está también el apoyo a cadenas productivas más integradas a nivel nacional, de forma que se agregue localmente valor a los minerales extraídos, con los evidentes beneficios para las comunidades involucradas. El BID puede aportar financiamiento para apoyar la integración vertical de esas cadenas que enfoquen en el agregado de valor y en la generación de empleos. La producción de baterías en nuestro país, el desarrollo de vehículos o autopartes para vehículos que utilicen energías limpias, la elaboración de materiales de construcción o la producción local de fertilizantes son solo algunas de las áreas en las que se podrían plantear inversiones.
En el BID entienden que la transición energética es una realidad acuciante debido a que ven muy de cerca los efectos devastadores del cambio climático y sostienen que Argentina está en una posición ideal para aprovechar las oportunidades de esta transición y ser un actor positivo en la protección del mundo. El apoyo a la buena gestión minera debe integrarse con el abordaje de los proyectos de transporte, vivienda, uso del suelo, etc., incorporando una visión holística que aumente la eficacia de las operaciones.
Tienen claro que las inversiones del BID puede agregar valor financiando al sector privado en proyectos estratégicos, en los que su principal aporte serían las adicionalidades no financieras, sobre todo asegurando marcos de salvaguardas ambientales y sociales con los más altos niveles internacionales, y su capacidad de apalancamiento para movilizar inversiones privadas significativas al nivel de las necesidades de financiamiento de estos grandes proyectos mineros. Por su parte, el laboratorio de innovación, Bid Lab sería el agente de identificación de opciones de pequeñas empresas o startups enfocadas en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la utilización de nuevos materiales.
Además hay dos temas en los que el conocimiento del BID también puede ayudar y tienen que ver con las particularidades de la minería en Argentina. Dado que legalmente los recursos mineros pertenecen a las provincias, es imprescindible que se siga trabajando en la profundización de la coordinación entre el gobierno federal y las provincias para asegurar que los beneficios de la minería lleguen en forma adecuada a las comunidades involucradas, se integre la explotación minera en las cadenas productivas nacionales, se proteja el ambiente en forma adecuada y se transparente la gestión de los recursos e ingresos provenientes de la minería.

La mesa de diálogo que funcionó y lo que dispuso sobre el agua
La mesa de diálogo minero que funcionó en Mendoza entre 2016 y 2019, se formó para crear un espacio de diálogo en el cual las diferentes posiciones sobre los temas más importantes relacionados con la minería pudieran ser expuestas y evaluadas, para poder así generar una política de Estado para el sector.
En el documento de 65 páginas que elaboraron señalan que la propuesta tuvo aceptación por parte de gran mayoría de la comunidad y críticas por los sectores más radicalizados en ambos extremos del espectro de posiciones. Se realizaron más de 70 exposiciones sobre aspectos sociales, legales, económicos, ambientales, institucionales y técnicos, cubriéndose un amplio espectro de temas desde diversos puntos de vista. Dichas exposiciones totalizaron más de 100 horas y fueron seguidas por más de 500 horas de diálogo respetuoso aunque no libre de debate. Participaron más de 1.500 personas, incluyendo representantes del poder ejecutivo y legislativo, la Dirección General de Irrigación, Universidades, Institutos Técnicos, ONGs, cámaras empresariales, colegios profesionales, profesionales independientes, estudiantes y público en general.
En los mecanismos de compensación hídrica acordaron que ningún emprendimiento minero podrá realizarse en una región en la cual su demanda de agua afecte los derechos de los usuarios precedentes y sus aprobaciones deberán ser realizadas siguiendo estrictamente los procedimientos existentes por el DGI.
También que todo emprendimiento minero mediano y grande cuya demanda de agua se encuentre debidamente aprobada por el DGI, deberá implementar un mecanismo por el cual el equivalente a la cantidad de agua autorizada para su uso, sea repuesto a partir de la purificación y/o limpieza de aguas superficiales y/o subterráneas no aptas para consumo humano y/o agrícola. Alternativamente, el emprendimiento podrá proponer obras al DGI que permitan incrementar la eficiencia en la distribución y/o el riego de forma tal de compensar el agua usada, a través de las perdidas por absorción y/o vaporización. El agua disponibilizada a través de este mecanismo de compensación será administrada por el DGI de acuerdo con las leyes vigentes y reglamentos del organismo.
El agua producto de la compensación hídrica en ningún caso podrá ser comercializada por el emprendimiento minero ni recibirá ningún tipo de compensación económica por la misma y el emprendimiento minero captará el agua para su uso y en la medida de lo técnicamente posible, aguas debajo de las salidas de sus efluentes tratados, con el objeto de asegurar el menor consumo posible de agua fresca y el mayor compromiso posible en la calidad de dichos efluentes.
.

Sacan a 30 curtiembres del Riachuelo para que no sigan contaminando

Fecha de Publicación: 16/02/2022
Fuente: La Crítica
Provincia/Región: Riachuelo


Unas 30 plantas de tratamiento de cuero que funcionan actualmente en la cuenca del Riachuelo podrían instalarse a partir del año próximo en el Parque Industrial Curtidor que están construyendo en el barrio ACUBA de Villa Jardín, en el partido de Lanús.
La construcción del predio, que comenzó en 2019, ya está completada en un 95%, según informaron desde la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que ejecuta las obras supervisadas por el Municipio de Lanús.
Según detallaron, a principios de 2023 podrían empezar a trasladarse al predio de la zona Sur del Gran Buenos Aires alrededor de 30 curtiembres que ya tienen prevista la relocalización. De acuerdo con los registros de Acumar, en la cuenca del Riachuelo hay 61 plantas que se dedican a la actividad.
A su vez, en el lugar construyen una Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales, que beneficiará al saneamiento de la Cuenca.
La obra comenzó su fase de red cloacal a fines del año 2018, mientras que la planta propiamente dicha empezó a ser construida en 2020. Actualmente, los trabajos en el Parque Industrial Curtidor (PIC) están avanzados en un 95% y se espera que esté lista el año que viene.
La obra contempla la construcción de redes eléctricas, de gas, agua potable y para los procesos industriales, cloacas, desagües industriales y pluviales, con el fin de que se instalen empresas del sector curtiembre.
“Con esta obra se promueve la mejora de la infraestructura a las pequeñas y medianas curtiembres ubicadas en la cuenca, así como el manejo y tratamiento compartido de los efluentes industriales, al mismo tiempo que permite el ahorro de costos y un bajo impacto ambiental”, explican desde el Municipio de Lanús.
El predio está ubicado en General Olazábal 3500, en ACUBA, y cuenta con 23 lotes para radicar a las industrias, donde se están finalizando las tareas para la conexión de agua y de electricidad.

Las curtiembres, un emblema de la zona
“El avance de esta obra nos produce una gran satisfacción porque eso significa que estamos cada vez más cerca de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos así cómo de un sector de la industria muy significativo en Lanús como son las curtiembres”, señala el jefe de Gabinete local, Diego Kravetz.
Según detallaron desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), se debe tener en cuenta que los contaminantes de la Cuenca Matanza Riachuelo son en un 30% de origen industrial. Es por eso que el Parque Industrial Curtidor, cumplirá un papel importante para el saneamiento de la Cuenca, al reducir significativamente la carga de efluentes que llegan al Riachuelo.
De este modo, es a través de la Planta de Tratamiento que los efluentes que generen tanto las curtiembres que se ubiquen en el parque, como los provenientes de las industrias linderas, se volcarán en el Colector Margen Izquierda del Sistema Riachuelo. Actualmente, se realiza la ejecución las piletas de decantación y la cámara de entrada de los efluentes.
“La idea es que el parque no solo albergue a las curtiembres, sino también a las industrias que necesiten utilizar la planta de tratamiento”, adelantan desde la comuna.
Las obras parten de una iniciativa llevada adelante por la ACUMAR junto a la Cámara de Curtidores de Buenos Aires, y están financiadas por el Banco Mundial. A su vez, ambas permitirán un manejo mucho más eficiente de los residuos, generando menor impacto ambiental, debido a que el conjunto de industrias compartirá la misma tecnología de tratamiento, homogeneizando de ese modo la calidad del vertido final.
También se logrará un control industrial más efectivo, que reducirá la carga contaminante que genera la producción curtiembre no solo en el Riachuelo sino en el ambiente en general.
En cuanto a la inscripción y los requisitos para instalarse en el predio, representantes de la Acumar señalaron que se encuentran elaborando el reglamento para solicitud formal, registro y asignación de espacios.
.