Río Negro lanza “leyes verdes” y pedirá millonarias compensaciones a petroleras

Fecha de Publicación: 24/08/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Un paquete de iniciativas ambientales llega a la Legislatura. Los emisores de gases de efecto invernadero deberán aportar en relación a la huella de carbono que generan.
La “agenda verde” se instalará con fuerza en la Legislatura de Río Negro durante este segundo semestre. El gobierno enviará en las próximas horas un paquete de proyectos, que prevé entre sus puntos más importantes la creación de un sistema que exigirá a los grandes emisores de gases de efecto invernadero que compensen su huella de carbono y los perjuicios generados por incidentes imprevistos. La meta principal es ambiental, pero también pondrá números en debate: las estimaciones oficiales plantean una imposición anual a las empresas del sector hidrocarburífero, que rondaría los 2 millones de dólares.
La idea del Ejecutivo rionegrino es que esos montos lleguen en especies, trasladando a los actores privados la responsabilidad de la plantación, cuidado y mantenimiento de especies arbóreas nativas, en forma proporcional al volumen de la emisión nociva que realizan.
De acuerdo con los estudios previos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, las emisiones declaradas durante 2020 permitirían incorporar a los bosques rionegrinos unas 190.000 plantas.
Las otras dos leyes que impulsará el Poder Ejecutivo están centradas en la promoción de la movilidad sostenible -con vehículos que no usen combustibles fósiles- y en el “etiquetado de inmuebles”, previendo beneficios impositivos para aquellas casas o departamentos que garanticen un consumo energético eficiente.
Todas las iniciativas se desprenden de la Ley 5.140, sancionada en el año 2016, que tiene como objeto regular la intervención provincial en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y en la adopción de las medidas de adaptación frente al cambio climático.
Dentro de ese marco, las secretarías de Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible llevarán adelante los diferentes programas, que en el caso de los planes de forestación y reforestación apuntará principalmente a las empresas petroleras.
Este direccionamiento de las exigencias de “compensación” surge del propio proyecto de ley, que detalla la matriz de gases de efecto invernadero de Rio Negro.
“Se observa que del total de CO2 emitido proviene del Sector Energético un 67,2% del total de emisiones y genera 3.872,2 Gg de Emisiones Netas en CO2. En segundo lugar, la Agricultura, Ganadería y Uso de la Tierra representa un 21% del total de emisiones y genera 1.209,4 Gg de Emisiones Netas en CO2. Y por último, los Residuos Sólidos Urbanos: son el 11,2% del total de emisiones y generan 642,5 Gg de Emisiones Netas en CO2”, sostiene el documento anticipado a RÍO NEGRO.
“La reforestación mediante la plantación de árboles es una estrategia fundamental para contrarrestar el Cambio Climático ya que los mismos ofician como un sumidero natural de carbono, permitiendo reducir la huella, y a su vez emiten oxígeno en el proceso de fotosíntesis. Asimismo, aportan a la mejora de otras problemáticas ambientales como la deforestación y la desertificación y acrecientan la biodiversidad, combaten la sequía y previenen la erosión del suelo”, agrega el proyecto.

Evaluaciones anuales
De esa manera, el Sistema de Compensación le implicará a los grandes emisores compensar su huella de carbono con la plantación de una cantidad determinada de especies arbóreas nativas en orden a las emisiones netas de gases de efecto invernadero que generen, aumentando o disminuyendo este número proporcionalmente en cada evaluación anual que se realice.
El proyecto aclara que ese compromiso será independiente de cualquier tributo que les corresponda abonar en virtud de normas vigentes y que además de los sectores energético; Agrícola, Ganadero y Uso de Suelo y de Residuos Sólidos Urbanos, “la Autoridad de Aplicación podrá ampliar el alcance si lo estima pertinente”.
Los grandes emisores de gases de efecto invernadero deberán presentar un proyecto de compensación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible armará un listado con potenciales áreas de forestación, que servirá de base para llevar adelante las medidas.

Cómo se calcula la reparación
La secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, explicó cómo prevé cuantificarse la compensación que deberían realizar los generadores de gases de efecto invernadero una vez que la ley entre en vigencia.
Recordó que en el rubro energético, las compañías que operan yacimientos hidrocarburíferos declaran ante el Estado sus emisiones surgidas del “venteo”, como también los incidentes que ocurren en sus locaciones y provocan afectación ambiental.
“Ellos declaran los metros cúbicos de gas que se emite a la atmósfera. A través de una fórmula, ese volumen se transforma a co2 (dióxido de carbono) y luego se calcula el monto de compensación, tendiendo en cuenta el valor internacional de la tonelada de co2”, detalló la funcionaria.
Los informes que sustentan el proyecto de ley indican que, en el 2020, todas las empresas del rubro energético que operan en Río Negro informaron emisiones por el equivalente a unas 260.000 toneladas co2. Con respecto al 2021, hasta principios de mayo se contabilizaron 106.000 toneladas.
Migani explicó que la tonelada de co2 tiene un valor de entre 7 y 10 dólares. Por eso el gobierno hizo una estimación de 1,9 millones de dólares anuales de compensación para el rubro.
Los informes oficiales también asignan un valor promedio de 10 dólares a cada ejemplar desarrollado de una planta, por lo tanto se estimó la posibilidad de incorporar 190.000 árboles por año.
De todas maneras, la titular de Ambiente aclaró que la compensación no se limitaría a plantas, sino que también pueden acordarse con las empresas tareas de acondicionamiento de tierras o de protección de bosques.
Migani recordó también que estas cifras corresponden a la actividad hidrocarburífera, pero que también deberán hacer compensaciones los generadores del sector agrícola-ganadero, el transporte y los responsables de residuos sólidos urbanos.
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La desesperación obliga a wichis a beber agua contaminada

Fecha de Publicación: 24/08/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Vienen reclamando un pozo desde hace años, pero deben abastecerse de una cañada donde mueren los animales.
"Estamos desesperados por el agua. Ahora con el calor de vuelta, la misma desesperación nos lleva a consumir al agua que sabemos que está contaminada y que sacamos de una cañada donde hay animales muertos". Las palabras del cacique Osvaldo Gómez de la comunidad wichi de San Ignacio, a 10 kilómetros de Santa Victoria Este, resultan el mismo repique de un pedido que se pierde en la burocracia estatal.
La comunidad, donde viven unas 60 familias wichi, viene reclamando la perforación de un pozo de agua desde hace años y pese a las promesas y proyecciones que se hicieron, aún no tienen solución, mientras las altas temperaturas se instalan nuevamente en la profundidad del Chaco salteño.
Una serie de desafortunadas circunstancias hizo que la situación en esa sufrida comunidad se torne dramática, ya que pese a que la zona estuvo en el radar del Gobierno nacional y provincial para la perforación de nuevos pozos, San Ignacio nunca pudo obtener el beneficios, aunque el cacique Gómez viene gestionado esa obra desde el año 2017.
En forma precaria, las familias de San Ignacio se abastecían con una manguera de dos kilómetro que llega desde El Tigre, otra comunidad que tiene pozo de extracción, pero cuya producción cayó a cero en las últimas semanas. No obstante, El Tigre tiene otro pozo de donde se abastece esa población, pero el suministro hacia San Ignacio se interrumpió en forma total.
Al conocer la difícil situación de San Ignacio, la Fundación Siwok hizo su aporte y perforó un pozo somero de 50 metros de donde la gente comenzó a proveerse, pero la salinidad es tan alta que ni siquiera los animales pueden tomar esa agua. "Estuvimos muy contentos con la obra de la fundación, pero la alegría nos duró poco porque el agua empezó a salir muy salada y no la podemos tomar. No se puede utilizar ni para lavar". Osvaldo envió a El Tribuno un análisis de laboratorio de la Cruz Roja Argentina donde se demuestra que el nivel salobre del agua es tres veces superior al máximo permitido en el Código Alimentario Argentino. "Lo que tenemos miedo es que el Gobierno se confíe en que la fundación ya nos hizo el pozo y se olvide de nuestro reclamo que todavía sigue", expresó.
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Aves Argentina destacó el reconocimiento ambiental de la Yacutinga, nuevo monumento natural de Misiones

Fecha de Publicación: 24/08/2021
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


La Yacutinga, una de las aves más bellas de la selva misionera, recibió así una importante categoría de protección ambiental. Víctima de la caza furtiva, del atropellamiento en las rutas y de la pérdida de hábitat, esta especie es endémica del Bosque Atlántico y se encuentra en peligro de extinción en los tres países donde habita: Argentina, Paraguay y Brasil.
A través de una alianza con Aves Argentinas, la centenaria organización ambientalista que inaugura su Programa Bosque Atlántico, a partir de esta edición estaremos compartiendo semanalmente secretos sobre la biodiversidad de nuestra Maravilla Natural. Exclusivo de Misiones On Line.
Esta semana la Legislatura provincial declaró “monumento natural provincial y de interés público” a la especie de ave autóctona comúnmente denominada “Yacutinga”, con la finalidad de lograr su preservación, conservación y reproducción, y evitar su extinción.
La norma prohíbe en el territorio provincial la caza, tenencia, transporte, exhibición, oferta, demanda, comercialización de ejemplares de esta especie, así como productos, pieles, plumas, trofeos realizados con estos animales embalsamados.
También cualquier acción u omisión que pueda afectar la preservación, conservación y reproducción de la especie.
Desde la organización ambiental Aves Argentinas expresaron: «Felicitamos a la Provincia de Misiones porque a través de su Legislatura declaró a la Yacutinga como Monumento Natural Provincial, por ley XVI 143 del 19 de agosto de 2021».
Indicaron que desde la ONG acompañaron al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones y a otras entidades involucradas en la conservación de esta amenazada especie.

Primer Taller para la Conservación de la Yacutinga en la Argentina
«Con este marco auspicioso para la especie, desde el Programa Bosque Atlántico de Aves Argentinas estamos organizando el Primer Taller para la Conservación de la Yacutinga en la Argentina», indicó Damián Lozano.
Durante el día 27 de agosto se reunirán diferentes instituciones involucradas con el estudio y la conservación de la biodiversidad en la provincia para diseñar un plan de trabajo para su protección efectiva.
Conocida como «pava de monte», esta hermosa especie de ave puede seguir siendo observada en el Norte de la provincia. Una fija para observarla es el Arroyo Uruzú, en el Parque Provincial Urugua-í.
La Yacutinga es, sin duda, una de las aves emblemáticas de la selva misionera, por ser exclusiva del Bosque Atlántico, pero también por su impactante contraste de colores y un diseño de plumaje refinado.
Parece una gran gallina, llamativa en todos los sentidos. Pertenece al grupo de las pavas de monte, que en nuestro país tiene unas cinco especies. La Yacupoí es su pariente. Es la única que tiene ese diseño tan contrastante, negro azabache con parches y pinceladas blancas. La cara es una obra de arte: celeste, rojo, blanco, negro. Sublime.
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Los carpinchos de Nordelta y el problema de construir sobre humedales

Fecha de Publicación: 23/08/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional


La presencia de carpinchos en Nordelta llevó a los vecinos a organizarse para reclamar que se regularice o controle la reproducción de los roedores. En medio de un debate que se replicó también a las redes sociales, la dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires comunicó que está realizando estudios en el territorio para determinar cuál es la mejor estrategia de control poblacional.
Desde la agrupación de vecinos señalaron que estos animales provocaron destrozos en jardines, accidentes de tránsito y heridas en animales domésticos. Además, mostraron su preocupación porque los carpinchos no tienen depredadores naturales en la zona. "Cada 120 días tenés 600 carpinchos más", alertó Gustavo Iglesias, integrante de la comisión pro carpinchos en Nordelta.
Por su parte, la especialista en ecología y manejo de carpinchos, María José Corriale, enfatizó que el barrio avanzó sobre una zona que no estaba intervenida y en ese lugar había muchos carpinchos. "El desmonte hizo que los carpinchos que estaban en ese lugar pasen a la zona más urbana buscando nuevos lugares donde establecerse", comentó.
En ese mismo sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación resaltó que "el avance de la urbanización sobre los humedales afecta a nuestra fauna nativa de manera directa". El mensaje estuvo acompañado por un video en el que se puede ver a un carpincho grande con sus crías en su hábitat natural.
"Los carpinchos son animales que viven en zonas de humedales, son herbívoros y no representan ningún peligro para las personas u otras especies en tanto no son predadores", agregaron.

¿Hay una sobrepoblación de carpinchos en Nordelta?
La doctora en ciencias biológicas aseguró que actualmente en Nordelta no hay una sobrepoblación de carpinchos y aclaró que ninguna población "crece indeterminadamente", sino que está condicionada "por las características del hábitat, que tiene una capacidad de carga máxima".
Por este motivo, no es correcto aventurar una invasión de carpinchos en los próximos meses o años. "Una vez que se llegue a esa capacidad, que no sabemos cuál es, la población va a tender a estabilizarse y autorregularse sola", aclaró Corriale.
No hay antecedentes de presencia de carpinchos en este tipo de urbanizaciones. Otros barrios construidos sobre humedales presentaron "problemas" con castores, comentó la especialista y destacó que finalmente la reproducción de estos animales pudo controlarse.
Sobre este punto, cabe aclarar que en Buenos Aires, está prohibida la caza de carpinchos y, especialmente en ambientes urbanos, la caza de cualquier especie.
Cómo controlar la reproducción de los carpinchos
La investigadora del CONICET relató que se llevan a cabo estudios para determinar cuál es la estrategia más adecuada para limitar la reproducción de los carpinchos en Nordelta. Por lo general, "lo que se hace para controlar sus poblaciones son modificaciones del ambiente que hacen que no sea tan beneficioso para que se sigan reproduciendo", explicó.
Los carpinchos "cortan el pasto y pueden comer alguna planta ornamental, pero ante eso se puede poner alambrados o boyeros eléctricos, incluso se pueden usar repelentes para que no se coman esas plantas", recomendó.
Por su parte, Astrid Waldberg, vecina de Nordelta indicó en declaraciones televisivas que en la rotonda cercana a su casa "había seis carpinchos inmensos comiendo el pasto de la rotonda y eso es re peligroso para todos, porque puede haber accidentes".
Al respecto, la doctora en ciencias biológicas coincidió en la peligrosidad de los accidentes de tránsito que puedan generarse por la circulación de carpinchos en las rutas o vías de circulación interna. "A priori se tiene que lograr una convivencia y reducir los conflictos", recomendó.

De qué se alimentan los carpinchos
Este tipo de roedor se alimenta exclusivamente de hierbas. Prefiere las que crecen en las inmediaciones de estanques, plantas herbáceas y ribereñas, pero también tiene la capacidad de roer la corteza de los árboles con sus dientes que crecen continuamente.
Un carpincho adulto puede consumir hasta 3,6 kilos de hierbas a diario. Suelen realizar sus recorridas para alimentarse por la noche y al atardecer. Durante el día prefieren permanecer en reposo.
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Medio ambiente: el Senado dio media sanción a un proyecto para el reciclado de neumáticos

Fecha de Publicación: 23/08/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa, aprobada con el apoyo de todos los bloques, busca disminuir el impacto sobre el ambiente y promover emprendimientos sustentables que generen trabajo en torno a su reciclado.
Un proyecto de ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los neumáticos fuera de uso fue aprobado este jueves por unanimidad en el Senado, con el acuerdo de oficialismo y oposición, y girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
En la nueva norma, se establecen presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU) con el objetivo de reducir la disposición final de esos productos, para disminuir el impacto sobre el ambiente y promover emprendimientos sustentables que generen trabajo.
La propuesta fue aprobada en una sesión en la que estuvo presente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. "Cuidamos nuestra casa común, con responsabilidad ambiental", tuiteó el funcionario.
La iniciativa establece que la generación de los neumáticos fuera de uso y el descarte deberá prevenirse y minimizarse en términos de su cantidad y potencial de causar riesgos e impactos negativos o daños al ambiente o la salud humana.
En cuanto al ciclo de vida integrado, el texto sostiene que los neumáticos deberán manejarse de manera tal que se minimicen los impactos negativos al ambiente o la salud durante todas las actividades que se desarrollen en su ciclo de vida (producción, uso, reutilización, reciclaje, valorización, tratamiento y/o disposición final).
El tratamiento de los NFU deberá realizarse en sitios cercanos al lugar de su generación y los procesos en materia de puesta en el mercado de neumáticos y gestión integral de NFU deberán ser transparentes y trazables, permitiendo conocer stocks, flujos de generación, trayectos y cantidades.
Se excluyen de lo dispuesto neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores como bicicletas, triciclos y aquellos que formen parte de juguetes, entretenimientos o servicio de personas.
El proyecto fue consensuado entre oficialismo y oposición tras unificarse textos de los senadores del Frente de Todos, Alfredo Luenzo y Silvina García Larraburu.
Luenzo explicó que "la ley es necesaria porque se generan 130 mil toneladas al año de residuos de neumáticos que terminan en basurales a cielo abierto generando contaminación e infecciones, como el dengue" y advirtió que "la crisis ecológica es una crisis social" y "si no se entiende de esta forma el mundo no tiene escapatoria".
El senador informó que "un 90 por ciento de esos residuos tienen capacidad de reciclado" y aclaró que en el país "no existe ninguna ley que regule este reciclado, con el que se puede generar trabajo, creándose una nueva industria de reciclado en la Argentina, lo que llamamos empleo verde".
 García Larraburu dijo, por su parte, que "este es el resultado de un trabajo en conjunto" que apunta a "reducir la contaminación ambiental" buscando "dar un uso racional a los neumáticos fuera de uso" ya que "pueden tardar más de 500 años en degradarse" y su acumulación puede transmitir diversas enfermedades.
La senadora rionegrina mencionó como ejemplo que en el verano pasado "del lago Nahuel Huapi se extrajeron más de 100 neumáticos fuera de uso" y exhibió fotografías del operativo para la extracción de las gomas del lecho de ese cauce.
La presidenta de la comisión de Ambiente, la senadora del PRO Gladys González, indicó en tanto que con la iniciativa se busca "dar prioridad a la reutilización y reciclado al caucho, y aseveró que "genera empleo, genera economía circular y soluciona, en cierta manera, un problema importante que afecta a la salud de todos".
"Tenemos que escuchar más a la ciencia y entender el alcance de las consecuencias de este tema. Se generan 130 mil toneladas de neumáticos fuera de uso, el 80% no se recuperan y terminan en el ambiente produciendo daños en la salud pública y la economía", dijo.
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El COFEMA celebró su asamblea ordinaria número 100

Fecha de Publicación: 23/08/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
 

La jornada fue encabezada por el ministro Juan Cabandié y participaron las autoridades ambientales de cada provincia.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, realizó la apertura de la Asamblea Ordinaria n.° 100 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), acompañado por el presidente del organismo, Santiago Azulay, quien también es secretario de Ambiente La Rioja y la vicepresidenta, Dina Migani, a su vez secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro. La reunión se desarrolló de manera presencial en la sede de la cartera de Ambiente, con las restricciones y cuidados que la situación sanitaria vigente demanda.
Cabandié destacó: “La primera asamblea se realizó hace 31 años en la provincia de La Rioja, y eso ha marcado un camino en sí mismo, con el espíritu federal y la estructura gubernamental que tiene la República Argentina que ha sido validado por el COFEMA a través de cada una de las agendas ambientales del país”. “Tenemos el desafío de poner la agenda ambiental en el centro de la acción, esa es una de las tareas principales que nos planteamos”, expresó. También declaró que incidir en la agenda ambiental es “defender un proyecto, una idea de sociedad y un modelo de producción sostenible”.
Al referirse a su participación en la Reunión de Ambiente, Energía y Clima del G20 celebrada en julio en Italia, el ministro recordó que Argentina entregó su segunda contribución nacionalmente determinada en diciembre pasado y sumó: “En el mes de abril, actualizamos nuestro compromiso que ahora es un 27,7 % más ambicioso que el presentado en 2016. Eso implica acciones concretas vinculadas a la movilidad sostenible, a la preservación de los bosques nativos, la modificación de la matriz energética, entre otras”.
“Debemos tener en cuenta que nuestro país es acreedor ambiental frente a las naciones que han podido subir la escala del desarrollo a costa de la calidad de vida de las generaciones futuras”, expresó el ministro. “La agenda ambiental y la agenda de cambio climático hoy nos convocan a hacer crecer la economía pero de una manera sostenible. Para eso necesitamos financiación”, indicó y agregó: “En el marco de la búsqueda de mecanismos de innovación elaboramos la propuesta del canje de deuda por acción climática”.
A su turno, Azulay expresó: “Después de todos estos meses, es realmente una emoción. Hemos trabajado en los momentos más duros de esta pandemia y hoy, estar acá, de manera presencial, celebrando nuestra asamblea número 100 en el Ministerio, un lugar que sentimos como nuestra casa, es trascendental”.
Entre los temas tratados, los representantes dialogaron en torno a la emergencia hídrica en varios puntos del país y expresaron conformidad respecto al rumbo tomado en materia de manejo del fuego. Desde el Ministerio, Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, explicó que se trata de un problema ambiental que, entre otras cosas, está relacionado con el cambio climático y que tiene incidencia en la aparición incendios forestales y de pastizales, favorecidos por las situaciones de estrés hídrico que los tornan recurrentes. Además, celebró que se hubiera logrado incorporar una mirada ambiental más amplia al abordaje de la problemática y realizó un repaso de acciones llevadas a cabo, entre las que se destacan la dotación permanente de brigadistas en algunas zonas y la puesta en operación del fondo para financiar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, mediante alícuotas de seguros, lo que permitirá licitar para los siguiente dos años los medios aéreos que den apoyo al combate de incendios forestales. Por último, recordó que estos medios tienen un rol complementario en el manejo del fuego y aseguró que resulta fundamental el desarrollo de programas de prevención activos y en territorio.
A su turno, el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Rodrigo Rodríguez Tornquist se refirió al Sexto Informe de Evaluación del IPCC y a los últimos encuentros internacionales en los que estuvo involucrada Argentina en materia de acción climática. En tal sentido, mencionó la participación en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático, realizada en abril, y en la Reunión de Ministros de Ambiente, Energía y Clima en el marco del G20 que se llevó a cabo en Italia, en julio. En esa misma línea, el funcionario manifestó que es importante hablar de medios innovadores de implementación y que se deberá trabajar intensamente en la agenda de adaptación, dado que los episodios climáticos extremos serán más frecuentes. Además, recordó que en algunas semanas se llevará a cabo la Conferencia de las Partes (COP 26) que se realizará en Glasgow, cuyo tema central se prevé que sea el de las finanzas.
Durante el encuentro también se repasó el estado de situación de las rendiciones para los bosques nativos del país y se propuso realizar un informe, con posibilidad de actualizarlo cada 20 días, de manera de aportar datos relevantes para todas las provincias.
Cabe indicar que durante la asamblea se avalaron los lineamientos generales de la Ley Yolanda, los que fueron presentados por la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente nacional, María Cristina Ruíz del Ferrier. La norma establece la capacitación obligatoria en la temática ambiental para las personas que se desempeñen en todos los niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En la jornada, el COFEMA le giró al Ministerio de Ambiente, por primera vez, un proyecto de ley de autoría propia, el Proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, para que la cartera continúe el proceso pertinente con vistas a que alcance tratamiento legislativo.
Además, el COFEMA resolvió acompañar el tratamiento en el Senado de un proyecto de ley orientado a lograr un régimen previsional diferencial para los combatientes de incendios forestales y rurales, considerando que este personal requiere gozar del beneficio jubilatorio de manera anticipada por las características de su tarea.
Por parte del Ministerio de Ambiente nacional, también participaron Soledad Cantero, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; Martín Mónaco, director Nacional de Bosques; Nicolás Fernández, director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información; y Gabriela González Trilla, directora nacional de de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos.
Por su parte, representaron a las jurisdicciones: Juan Brardinelli, director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires; Ricardo Robador, director de Gestión Ambiental del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia de Catamarca; Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad de Chaco; Eduardo Arzani, ministro de Industria, Agricultura y Ganadería de Chubut; Juan Carlos Scotto, secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba; Daniela García, secretaria de Ambiente de la Entre Ríos; Hugo Bay, Subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la provincia de Formosa; Estefanía Sánchez Cuartielles, directora de Planeamiento Estratégico del Ministerio Ambiente de Jujuy; Fabián Tittarelli, subsecretario de Ambiente de La Pampa; Mario Vialey, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones; Lucía Redondo, secretaria de Recursos Naturales y Ambiente de la provincia de Neuquén; Juan Adrián Medrano de la Serna, coordinador jurídico del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta; Gustavo Mercado, subsecretario de Administrativa Contable de San Juan; Natalia Spinuzza, secretaria de Medio Ambiente de la provincia de San Luis; Mariano Bertinat, secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz; Érika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe; Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de Santiago del Estero; Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente de Tucumán.
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Pumas en peligro: Argentina, el 7° exportador mundial de “trofeos de caza”

Fecha de Publicación: 21/08/2021
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La especie es una de las más amenazadas por la caza deportiva. Varias ONG se unieron para pedir que se prohíba la actividad y ya juntaron 30.000 firmas.
Organizaciones ambientalistas y conservacionistas lanzaron una petición para prohibir la caza deportiva del puma, una actividad que atrae decenas de cazadores extranjeros anualmente y mueve decenas de miles de dólares para obtener el “trofeo de caza”.
Pero además, referentes conservacionistas del puma advierten que es necesario terminar con la matanza de estos animales porque es una especie que funciona como alarma sobre desequilibrios ecológicos.
El lanzamiento de la petición en Change.org reunió más de 36 mil firmas en apenas diez días. Detrás de la iniciativa están los refugios Pumakawa de Córdoba, Fundación Cullunche de Mendoza, la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES) y la Humane Society International.
 La conservacionista Kai Pacha, desde su refugio Pumakawa, ubicado en Villa Rumipal en el Valle de Calamuchita, cuenta el objetivo de la petición. “Queremos cambiar la ley que permite la caza del puma. Es una ley de la Dictadura que permite el trofeo de caza, su exportación e importación”, explica. Es la ley nacional N° 22421 de Conservación de la Fauna, que tiene un decreto reglamentario durante el gobierno de Carlos Menem en 1997.
“Esta ley es muy antigua. El paradigma cambió en el mundo, hemos evolucionado y la relación con el medio ambiente cambió. Hay países que están prohibiendo la caza deportiva y en vez de apuntar a un negocio de pocos, los cazadores, se reconvierte a la actividad turística”, dice Pacha, dedicada a la preservación del puma a la vera de la ruta provincial 5, en la serranía cordobesa.
La Argentina es el séptimo exportador del mundo de trofeos de caza. “Tenemos que salir de ese lugar”, dice Pacha.
El 30 de agosto de cada año es el Día Internacional del Puma. Y sus conservacionistas se ponen una meta para avanzar en la protección de la especie.
“El puma es bastante maltratado. Se lo cree perjudicial y se lo considera dañino, cuando es el revés: es clave para la preservación del ecosistema”, asegura Kai Pacha.
En Costa Rica, desde el año 2012, la caza deportiva está prohibida. “Hasta Sudáfrica prohibió la cría de leones para caza”, exclama Pacha. La población de leones cayó un 98% en los últimos dos siglos, según la organización conservacionista Four Paws.
En La Pampa, en la temporada 2019 llegaron 253 cazadores extranjeros. Fueron los que compraron el permiso para cazar pumas, ciervos, búfalos y otras especies. La mayoría provenientes de EE.UU. (171) y Canadá (24), además llegaron desde Europa (Suecia, 9; Alemania, 8; Suiza, 1; Luxemburgo, 2; Inglaterra, 1; Hungría, 1; Holanda, 1; Dinamarca, 7; Rumania 1), de otros países sudamericanos (Brasil, 7; Austria, 8; Uruguay, 3; Paraguay, 1 y Perú, 3). También arribaron cazadores desde México (2), Australia (1) y Namibia (1).
En esa temporada, la Subsecretaría de Recursos Naturales pampeana informó que se cazaron 17 pumas en los criaderos-coto de caza habilitados. En 2020 la temporada de caza estuvo prohibida por la pandemia y en 2021 quedó reducida a unas semanas, por el cierre ante la segunda ola de Covid que comenzó en mayo.
La caza deportiva del puma se practica además de La Pampa, en cotos de caza de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. El puma está presente en Chubut,  Santa Cruz, Córdoba, Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan y la Mesopotamia.
En el Congreso nacional hay un proyecto de ley para prohibir la exportación e importación de trofeos de caza. El objetivo es desalentar el negocio de la caza deportiva. Ese es el camino para terminar con la caza deportiva del puma.
Además la iniciativa de las organizaciones proteccionistas involucra a las aerolíneas. A través de una carta, pidieron a Aerolíneas Argentinas que se sume a la prohibición de transporte de trofeos de caza.
“Esto está en sintonía con lo que ocurrió con 'Cecil' el león fue capturado en Zimbabue”, dijo Pacha. Se refería al caso del león, que era el más querido de ese país y fue llevado fuera de un parque nacional para su captura por un cazador estadounidense, el dentista Walter Palmar. Este pagó 55.000 dólares por esa cacería. Después de ese escándalo, 40 aerolíneas prohibieron el transporte de trofeos de caza.
En la pandemia, el cierre de fronteras reveló que una parte del negocio de la caza está en la ilegalidad. En un campo cercano a Balcarce, sobre la ruta nacional 226, en enero se hallaron 300 ejemplares de especies silvestres, entre ellas tigres, pumas y ciervo. “Esto es una muestra. Hay 10 pumas que pueden venir a nuestra reserva. Esto tiene que terminar”, reclama Kai Pacha porque las reservas están desbordadas de pumas detectados en manos de cotos ilegales.
Kai Pacha tiene en su refugio en Villa Rumipal crías de pumas que fueron lastimadas por maquinaría agrícola cuando se realizaba la cosecha de maíz.
“Esto revela la adaptabilidad del puma. Y es superior a la del yaguareté”, explica la conservacionista. “Cuando el puma sale de su medio ambiente, es porque no tiene animales silvestres para cazar. Y esto es un dato ecológico”, remarca.
“El puma daña el ganado cuando se le terminaron los animales silvestres. Es un fusible del ambiente. Durante 50 años se lo mató al puma y no da resultado. Es matar la fiebre, el síntoma”, afirma la conservacionista cordobesa.
Se refiere a que en Chubut, el gobierno paga hasta 5.000 pesos por un cabeza y el cuero del puma. La Fundación Silvestre Argentina ya le pidió el gobernador Mariano Arcioni que derogue esta norma, la ley XVII-N° 52.
La proteccionista Kay Pacha reclama otras estrategias hacia el puma, que reemplacen la matanza utilizada como “caza de control”. “Hay muchas estrategias para tener con el puma. Perros protectores, llamas, luces intermitentes, el burro. Cuando el puma hace daño, el porque hay un problema ambiental”, insiste.
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La fauna del Paraná, en jaque por contaminación del plástico

Fecha de Publicación: 21/08/2021
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Litoral Argentino


Una investigación de Martín Blettler (UNL) y Clara Mitchell (UNR) da cuenta de cómo las especies se ven afectadas por los desechos de los humanos.
Dos científicos santafesinos, Martín Blettler (UNL) y Clara Mitchell (UNR), dieron cuenta de cómo afecta la contaminación por plásticos a la fauna del río.
El trabajo de ambos fue publicado por la prestigiosa revista “Science of the Total Environment”, donde visibilizaron el perjuicio que provocan los residuos humanos sobre la naturaleza.
“Siempre se habla de la contaminación del plástico en los mares y no del río, tierra adentro y pedimos armar una convocatoria donde la gente cuando viera una interacción plástico-fauna tomara una foto o video”, explicó Mitchell a Cadena 3.
De este modo le llegaron más de 90 imágenes diferentes, de 44 especies de agua dulce y terrestres, y donde el 70% eran de aves, aunque también aparecieron mamíferos, reptiles y peces.
El dato interesante es que casi el 60% de todas esas interacciones son letales para los animales.
“Vimos mucho animal atrapado por partes de plástico atoradas en el cuerpo, animales muertos por la interacción”, lamentó.
El objetivo de este trabajo fue demostrar que la contaminación no sólo es de especies en zonas marítimas, sino que también sucede en la costa rosarina, y que el descuido del hombre con los desechos puede provocar la muerte de numerosas especies.
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Vecinos del Uruguay denunciaron por violar los DDHH a UPM ante la OEA

Fecha de Publicación: 21/08/2021
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió el martes pasado la denuncia de varias organizaciones sociales de la República Oriental del Uruguay sobre las lesiones de los derechos humanos de vecinos y de la población en general por los acuerdos firmados entre el gobierno y la multinacional UPM (ex Botnia) para la instalación de una tercera planta de celulosa en el hermano país.
La denuncia la presentaron vecinos de las localidades orientales de Durazno, 25 de Mayo, Florida, Progreso, La Paz, Canelones, Peñarol, Sayago, Colón y el Municipio de Montevideo, que se oponen al paso del tren de UPM por esas zonas densamente pobladas, junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, Redes AT de Uruguay y el Colectivo Ecofeminista Dafnias, se indicó en un comunicado dado a conocer por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).
Las organizaciones socio ambientales recordaron que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA creado en 1959 para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, Estados Unidos. Junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH).
“La denuncia presentada se basa en las irregularidades cometidas por el Estado uruguayo y UPM para instalar la planta de celulosa eludiendo las garantías del debido proceso, alterando los procedimientos de autorización ambiental, desconociendo la Constitución y las leyes protectoras de derechos humanos y ambientales y los tratados internacionales respectivos de los cuales es signatario Uruguay”, explicaron en la presentación a la prensa.
Las personas afectadas apelaron al derecho de petición ante el Poder Ejecutivo y el Parlamento uruguayo para objetar el contrato firmado, han recurrido a las vías administrativa y judicial para impugnar los actos irregulares sin obtener respuesta. Los vecinos de las localidades atravesadas por el tren de UPM utilizaron una ley vigente para promover un cambio o decidirlo por una consulta popular, pero fueron ignorados, publicó el portal Era Verde.
“En defensa de la dignidad, la integridad y los derechos de los uruguayos, llamamos a cumplir con los principios establecidos por las Naciones Unidas y ratificados por Uruguay, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados posteriores en esa materia, en especial, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, expresa la petición presentada al organismo interamericano.
Las organizaciones firmantes solicitan a la Comisión la realización de una auditoría externa e independiente con el fin de evaluar el Contrato ROU-UPM y sus consecuencias potenciales sobre el ambiente y los derechos humanos, así como para analizar lo que está ocurriendo actualmente en Uruguay en relación al proyecto de la multinacional finlandesa y el respeto de los derechos involucrados.
Esta denuncia se complementa con la presentada en febrero pasado al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU por tres organizaciones sociales finlandesas sobre las consecuencias de las actividades de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia en la actuación de empresas multinacionales cuya sede central se encuentra en ese país.
En sus conclusiones, el CDESC lamentó que Finlandia no tenga un marco normativo que obligue a las empresas bajo su jurisdicción a respetar los derechos humanos y expresó su preocupación por la falta de una evaluación completa sobre los impactos del proyecto de UPM en Uruguay. El Comité fijó un plazo de dos años para que Finlandia adopte un marco normativo sobre empresas y derechos humanos.
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Avanzan las negociaciones para construir dos centrales y recuperar la producción de agua pesada

Fecha de Publicación: 20/08/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional gestiona la construcción de dos reactores: uno de uranio enriquecido y agua liviana y otro de uranio natural y agua pesada.
En medio de una etapa clave para que el país comience a cumplir con la premisa mundial de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, tal como indica el Acuerdo de París, la Argentina avanza hacia la construcción de dos nuevas centrales nucleares: una de ellas con tecnología china Hualong y otra de reactor Candu, que será emplazada con conocimientos nacionales y el apoyo de Canadá.
Se trata de dos proyectos de estratégica importancia para las relaciones geopolíticas que se traducirán en la generación de miles de empleos, nuevos conocimientos y la duplicación de la producción energética de cara a los próximos 15 años.
Con la llegada al poder del gobierno del Frente de Todos, la política nuclear volvió a ser un eje de importancia para el desarrollo. Por eso, entre otras cosas, desde abril pasado se retomaron los contactos con China para el reinicio de una negociación que había quedado estancada durante el macrismo para construir una nueva central nuclear de uranio enriquecido y agua liviana.
"Cuando llegamos comenzamos a planificar nuestro plan de acción a futuro con una programación a corto plazo y un plan estratégico porque los proyectos nucleares son de largo plazo. En ese marco, primero vamos a comenzar la construcción de la central de tecnología Hualong de 1.100 megavatios y para ello lo inmediato nos encomienda que terminemos de negociar para formalizar el contrato y comenzar la construcción durante el segundo semestre del año que viene”, contó a PERFIL José Luis Antúnez, presidente de la estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A., a cargo, entre otras cosas, de gestionar Atucha I, II y Embalse, las tres centrales operativas que tiene el país.

La cuarta central
Según contó, el plazo de construcción de la cuarta central es de 8 años a partir de la conclusión de los acuerdos y los trámites necesarios para que se concrete el financiamiento chino.
Por ello, la negociación tendrá dos etapas: la primera prevé que Nucleoeléctrica Argentina y la Comisión Nacional de Energía Atómica se pongan de acuerdo con el gigante asiático en el contrato que incluirá también la transferencia tecnológica para la fabricación del combustible que abastecerá a esa central, es decir, para producirlo en el territorio. “Estimamos que las conversaciones se extiendan hasta noviembre o diciembre”, dijo Antúnez.
La segunda etapa, en tanto, busca encuadrar al proyecto dentro del acuerdo bilateral que se firmó en 2014. En paralelo, la Secretaría de Energía encabezará las negociaciones vinculadas al “paquete financiero” que se debe recomponer debido a que “las ofertas están vencidas”, según el titular de Nucleoeléctrica. “Una vez que avancemos en eso, las autoridades de ambos países pondrán la firma y se iniciará la construcción, algo que esperamos que ocurra a mediados del año que viene”, estimó.
Mientras tanto, Antúnez dijo que “vamos a adelantar los preparativos en el terreno, vamos a realizar los estudios de suelo, la nivelación y el emplazado de los caminos de acceso”. También se va a montar la estructura para abastecer de energía y agua a los obradores y “a los más de 5 mil trabajadores que llegarán al predio Atucha, donde estará la central”.

Tecnología adquirida y apoyo de Canadá
Por otra parte, desde Nucleoeléctrica ya piensan en la construcción de la quinta central nuclear. Se trata de un proyecto “nacional” que contará con el apoyo de Canadá, país que transfirió la tecnología que se utilizará. De ese modo, las relaciones bilaterales en términos energéticos que comenzaron cuatro décadas atrás durante la construcción de la Central de Embalse, en Córdoba, continuarán por lo menos por otros 40 años.
Los lineamientos generales de ese proyecto ya están definidos: será una planta de uranio natural y agua pesada, con un reactor de tecnología conocida como Candu, que se encarará con recursos propios y “una programación distinta a la habitual”.
“Vamos a realizar la ingeniería en la Central Embalse, donde está depositada toda la experiencia de construcción, diseño y operación que tenemos para esas centrales. Por eso vamos a contar con técnicos y profesionales de la zona para producir los componentes, que serán muchísimos y de industria nacional, es decir, vamos a concentrar allí los recursos que tenemos de la industria manufacturera y metalmecánica”, explicó Antúnez.
Si bien el país adquirió la tecnología años atrás, los conocimientos están actualizados debido a que recientemente se cerró un proceso clave que fue la extensión de la vida útil de la central cordobesa, que ya está operativa. “Todavía no elegimos el sitio donde la vamos a construir. Puede ser en algún punto del litoral marítimo o fluvial, o en el predio Atucha o cercanías. A eso lo dejamos para más adelante porque nos vamos a concentrar en la fabricación de los componentes”, anticipó.
Entre ambos proyectos, la Secretaría de Energía de la Nación proyecta duplicar la potencia energética instalada del país de acá a 15 años. “Entre las tres centrales que están operativas en la actualidad tenemos aproximadamente 1.700 megavatios. A partir de la entrada en funcionamiento de los reactores Hualong y Candu vamos a añadir una cantidad similar a la instalada en Nucleoeléctrica”, sostuvo el presidente de la empresa estatal.
Consultado acerca de la importancia que tendrán los proyectos en términos geopolíticos, Antúnez consideró que “va a significar relaciones bilaterales a largo plazo” y, en el caso de China, “el inicio de unos largos lazos científicos y comerciales como nos pasó con Canadá a partir de Embalse. “Cuando construyamos la central Candu, si bien será un proyecto nacional con nuestra tecnología, vamos a tener participación canadiense”, completó.

La planta de agua pesada
En ese contexto, Argentina también avanza hacia la recuperación de la planta de producción de Agua Pesada de Arroyito, en Neuquén, que fue desactivada durante el gobierno de Cambiemos y sus trabajadores despedidos. Esa planta producía un compuesto de vital importancia para el funcionamiento de Atucha I y II y Embalse, y lo será también para la central Candu: el óxido de deuterio.
En la actualidad, la sustancia es importada desde el exterior, lo que significa un costo mayor al que implicaría la producción local. A propósito de las negociaciones para reactivarla, este diario pudo saber que “el proyecto está avanzando” a partir de que “Energía tomó las medidas necesarias para que se recupere la producción de agua pesada de origen nacional”.
Pese a que hay que recurrir al mercado externo, indicaron que en la actualidad las tres centrales consumen 25 toneladas de agua pesada por año, por lo que “no estamos importando grandes cantidades”. Una vez que se inicie el proyecto de recuperación de la planta de Arroyito se deberá esperar un año más para que vuelva a abastecer a las centrales.
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“Es la punta de un iceberg”

Fecha de Publicación: 20/08/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La maniobra de usar papeles falsos para extraer madera de lugares no autorizados quedó plasmada en la causa a cargo del juez de Buenos Aires, Sebastián Casanello.
Camionadas en fila con rollos de madera por las rutas del norte provincial son parte de un panorama conocido por quienes las recorren. Y el secreto a voces, y en más de una ocasión denunciado en la justicia salteña, es que se tala de manera ilegal en distintos sectores. Pero esos árboles derribados cuya madera pasa a la vista de los agentes de seguridad en las rutas, tienen como justificación las guías de transporte que emiten las autoridades ambientales. Muchas indican que el producto transportado es de una finca en particular, pero en la realidad suele suceder que la madera es talada en lugares no autorizados.
Ese es en resumen la práctica que existe cuando se trata de la tala ilegal de madera que quedó plasmada en una investigación que llevó adelante en Buenos Aires el juez Sebastián Casanello, que en julio último procesó a 14 personas por el presunto contrabando de 1.282 toneladas de madera de palo santo comercializados en 2013 por una empresa ubicada en Salta, una de las tres provincias argentinas donde crece este árbol. El procesamiento también es por la presunta falsificación de documentos públicos que se habrían utilizado —según el fallo— para fraguar el origen real de la madera de palo santo. Así surge de una nota de CNN en Español.
“Eso es la punta de un iceberg. Seguro que hay muchas otras cosas”, dijo la presidenta de la Red Agroforestal e integrante de Asociana, Ana Álvarez, al indicar que si bien desconoce esta denuncia en particular, se sabe que “el problema de la extracción ilegal de palo santo es común a Salta y a Chaco”. La operatoria es recurrente. “Se extrae (la madera), con guías de zonas de otros lados, por ejemplo, fincas aprobadas para un desmonte, pero se extraen en volúmenes muy superiores”.
En el caso que investiga Casanello, de hecho, se pudo corroborar la irregularidad por un control de imagen satelital. En enero de 2014 la Dirección Nacional de Bosques procedió a corroborar la información de los permisos oficiales concedidos a las empresas que buscaban exportar la madera. Un técnico del organismos nacional, quien declaró en la causa como testigo, pudo verificar a través de un programa de imágenes satelitales que no había rastros de desmonte en la finca Las Colmenas, de donde supuestamente provenían estas 1.282 toneladas de palo santo. Entonces, si la madera no se sacó de ese lugar (claramente no desmontado), era indefectiblemente de otros lugares.

La connivencia estatal
“Esto hay sido una práctica común. No brindar legitimidad de los lugares de donde salían (los árboles talados), habilitar exportaciones de madera de palo santo de lugares sin monitorear. Esto llevó a distintas causas en distintos lados pero casi siempre hay connivencia con funcionarios de Ambiente que deben autorizar la extracción”, sostuvo Álvarez ante el conocimiento de este tipo de situaciones en distintas zonas.
En el fallo de Casanello hay entre los acusados cuatro ex funcionarios públicos procesados como supuestos "partícipes primarios" del delito de contrabando, tres de los cuales estuvieron “de los dos lados del mostrador” en distintas etapas de la maniobra denunciada: trabajaron para la empresa responsable del desmonte y, en otro momento, tuvieron cargos en la Secretaría de Ambiente de Salta.
En 2007, la empresa Tierra Vasca SA intentó por primera vez obtener los permisos para talar palo santo en la finca de su propiedad. Entonces, quien se ocupó de los trámites como ingeniero forestal de la compañía fue Gustavo Enrico Paul. Ese mismo año, el intento fracasó debido a que las autoridades ambientales de la provincia de Salta no autorizaron la tala en la finca Las Colmenas, ubicada en el departamento de Orán.
La compañía volvió a presentar la solicitud de tala cinco años más tarde, en mayo de 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Ya en ese momento Paul asumió como secretario de Ambiente y quien se presentó como apoderado de la empresa ante la provincia fue Cristian Heraldo Gribaudo. Según el fallo, este había sido funcionario de Ambiente de la provincia en 2007 y había participado de las audiencias públicas realizadas como paso previo a analizar la entrega de permisos. Otra ex empleada de Tierra Vasca SA, Natalia Rangeón, también pasó a ocupar en 2012 un cargo clave en el estado provincial: era directora general de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta.
Para Casanello, la participación de estos tres ex funcionarios habría sido central para que la empresa Tierra Vasca SA consiguiera los permisos oficiales para comercializar la madera de palo santo, supuestamente adulterando el origen real de los árboles en los documentos. Además, ninguno de los dos funcionarios se excusó de participar en la aprobación de los permisos de tala de la empresa para la que habían trabajado cinco años antes, afirmó el juez en el procesamiento. Según indicó el actual secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal (también ex consultor de empresas dedicadas al agronegocio), en una comunicación con Radio Nacional, cualquier funcionario debe excusarse en todos aquellos expedientes que involucren a empresas para las cuales trabajó antes de asumir en el cargo.
El 22 de mayo de 2013, el área de Ambiente de Salta otorgó los permisos para que Tierra Vasca SA talara unas 3.000 hectáreas de bosque y utilizara esa extensión para ganadería y agricultura. Luego autorizó a la empresa a comercializar la madera de palo santo, según consta en el fallo judicial, que resalta que la inspección y el monitoreo del proyecto quedó en menos del área encabezada por Paul. La investigación judicial determinó que estos permisos de tala se otorgaron sin tener ningún respaldo técnico o documentación que corroborara qué cantidad de árboles se podían extraer de esa finca, sin inspeccionar en el lugar la existencia de los árboles ni la ubicación ni fechas de las tareas de tala.

El negocio de la exportación
Álvarez recordó que por la época en la cual se investiga la causa que involucra a privados y ex funcionarios públicos, en la Nación existía un registro en el que debían estar anotados quienes exportaban palo santo. Esta madera, considerada preciosa, es muy buscada “en el mercado oriental para hacer pisos”, dijo Álvarez, al sostener que el producto suele ser exportado a Japón. Pero afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri el sistema de ese registro fue eliminado y actualmente la información solo es enviada por las provincias. En Salta, según lo afirmado por el propio Aldazábal, Ambiente solo cuenta con dos camionetas para realizar los controles.
Volviendo al fallo de Casanello, de su texto surge que Tierra Vasca SA vendió la madera a otras tres compañías que iban a exportarla: Entrecomex Global SRL, Tropical Bushes SRL y Winner International SRL, que llegaron a trasladar la madera hacia distintos puertos argentinos para enviarla al extranjero. Sus responsables en este caso fueron procesados como presuntos co-autores de contrabando en tentativa.
Los trámites llegaron al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación cuando las tres empresas exportadoras presentaron la documentación sobre el origen de la madera para sacar del país las 1.282 toneladas que habían comprado a Tierra Vasca SA en Salta. En un primer paso, intervino el cuarto funcionario acusado en la causa, Eduardo Álvarez, quien no se desempeñaba en la provincia de Salta sino en el gobierno nacional y avaló los permisos sobre la base de la documentación entregada por las empresas. El juez le reprocha que no corroboró el origen del producto forestal. Eduardo Álvarez declaró ante el juez que nunca cometió delitos en el ejercicio de su función de control en la exportación de la madera y dijo que se limitó a examinar la documentación que provenía de Salta.
En enero de 2014, el proyecto llegó a la Dirección Nacional de Bosques. Un funcionario a cargo del control de la madera para exportación buscó constatar la información aportada por las empresas. Tras corroborar a través del análisis de imágenes satelitales de la finca detectó que no había rastros del desmonte autorizado. El funcionario viajó hasta la propiedad junto a otra inspectora oficial para comprobar la sospecha: los árboles de palo santo no habían sido talados en Las Colmenas, aseguró ante el juez.
Los funcionarios nacionales concluyeron que la madera que se quería exportar provendría de otros bosques, sobre los que Tierra Vasca SA no tenía permiso oficial para deforestar. En base a esa conclusión, la Dirección Nacional de Bosques frenó la exportación de la madera y denunció la supuesta falsedad de la información que constaba en los permisos oficiales.

La pantalla de la depredación
En 2018, tras varios allanamientos a cargo de la Policía Federal Argentina, el juez del caso sostuvo que “la finca Las Colmenas fue utilizada como pantalla para justificar falsamente el origen de la madera que se pretendió exportar” y habló de “connivencia” entre los funcionarios públicos investigados y los empresarios.
Los procedimientos policiales permitieron el secuestro de documentos sobre la madera que estaban en poder de los empresarios e incluso de más cantidad de palo santo que estaba listo para su distribución en una finca que habría funcionado como depósito de madera ilegal.
Según el magistrado, “lo ocurrido aquí no se habría tratado de un caso aislado, sino que se enmarcaría en un esquema de actuación más amplio, sumamente organizado”, y que la “madera de palo santo” se originó “en la actividad de tala clandestina”.
Casanello también dictó embargos de bienes y dinero de los 14 procesados que, en el caso de las empresas investigadas, alcanzó los 430 millones de pesos, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares.
En Salta, una de las comunidades indígenas de la ruta nacional 86 (en el departamento San Martín), Territorios Originarios Wichí, ya presentó una denuncia y se intervino desde la Justicia para pedir los controles correspondientes a la Secretaría de Ambiente. Ana Álvarez recordó las conocidas y múltiples denuncias que hay, por ejemplo, en la depredación de los árboles de los ex lotes fiscales 55 y 14, en el departamento Rivadavia. Por esta degradación ambiental en particular se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ya emitió un fallo para resolver sobre esta y otras cuestiones que se plantean en la zona donde coexisten comunidades indígenas y criollas. La tala está prohibida. “Pero el Estado no estuvo presente para controlar la extracción ilegal”, dijo Álvarez.
“En Chaco, en zona de El Impenetrable me comentaron que también es un problema la extracción y he cruzado camiones de distintos tamaños de palo santo. Falta registro y control exhaustivo de cuánto se podría sacar y de dónde. Nadie lleva un registro de la extracción y por lo tanto de la tasa de recuperación del palo santo”, sostuvo la referente de la Red Agroforestal.
Según lo citado por CNN, se busca evitar que el palo santo ingrese en la categoría “riesgo de extinción”, según el Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Medio Ambiente para la conservación de este árbol. Con este panorama, parece tarea difícil.
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Reunión para analizar estado actual de la Cuenca Salí-Dulce y reforzar controles de monitoreo e inspección a Ingenios

Fecha de Publicación: 20/08/2021
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Las escasas precipitaciones, generan caudales mínimos y la alteración en la calidad del agua que llega al Embalse puede generar problemas ambientales.
El Lic. Sergio Zaltz Coordinador de Proyectos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, se reunió con el Ing. Alfredo Montalván Secretario de Ambiente de la provincia de Tucumán, con el fin de analizar el estado actual de la Cuenca Salí-Dulce.
Las escasas precipitaciones, generan caudales mínimos y la alteración en la calidad del agua que llega al Embalse puede generar problemas ambientales.
En ese sentido, para tratar de adelantarse a la ocurrencia de estos eventos se acordó reforzar controles de monitoreo e inspección a Ingenios, tareas que se realizan a diario en forma articulada con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero en consonancia con la política ambiental que impulsa el gobierno del Dr. Zamora respecto al control de la contaminación.
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Llegó a Buenos Aires la caravana de kayaks que reclama la Ley de Humedales

Fecha de Publicación: 19/08/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


La Multisectorial Humedales arribó al Dique Luján. El miércoles marcharán desde Plaza de Mayo al Congreso para exigir el tratamiento del proyecto de ley.
La Multisectorial Humedales arribó este martes al Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, con la caravana de kayaks que se inició hace una semana en Rosario y navegó por la cuenca del Río Paraná, y el miércoles marcharán desde Plaza de Mayo al Congreso para exigir el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales.
La travesía náutica partió de Rambla Catalunya para recorrer 350 kilómetros, y en la tarde del miércoles sus participantes marcharán al Congreso, informó este martes a Télam Ivo Peruggino de la Multisectorial.
"Alrededor de las 18 horas, una vez que lleguemos al Congreso, la Multisectorial Humedales Rosario entregará formalmente el petitorio que se trabajó en conjunto con organizaciones de todo el país, para que las comisiones que faltan y traban la ley, lo trabajen en conjunto, de manera unificada y simultánea", aseguró.
La caravana de más de 60 kayakistas pedirá a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros, que continúen tratando el proyecto unificado de la Ley de Humedales.
La organización ecologista explicó que la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano "ya le dio tratamiento" a la iniciativa que pasó, con un texto que unificó 15 proyectos, a la comisión de Agricultura y Ganadería.
"Hace más de seis meses que está cajoneado el proyecto en esa comisión, y cuando le dé dictamen aún falta que pase por otras dos comisiones para después pasar a ser votado en el recinto", explicó Peruggino, quien añadió que buscan que las tres comisiones "trabajen en conjunto y saquen el dictamen antes de que pierda estado parlamentario como ha sucedido otros años".
Con respecto a la travesía, Peruggino comentó que se encontraron "con mucho apoyo de parte de la sociedad de todas las localidades por las que pasamos en la cuenca del Paraná y de muchas organizaciones socioambientales de todo el país."
Y afirmó que impulsan esa simbólica protesta "en medio de una grave situación socioambiental, marcada por una bajante histórica del Río Paraná" y en un contexto "de incendios crecientes en todo el Delta, al igual que el año pasado".
Los referentes de la Multisectorial precisaron que durante 2020 "se quemaron más de 400 mil hectáreas" y en lo que va de 2021 "continúa ese ritmo" y destacaron que se trata "de un territorio reconocido como sitio Ramsar (es un humedal designado como de importancia internacional)" porque allí se alojan múltiples reservas y parques nacionales y provinciales.
"Para quienes prefieren los datos científicos, antes que las voces de los territorios, tenemos el último informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático) que nos informa, con un consenso general, que sobrepasamos todos los límites geo-físicos del planeta y nos encontramos inmersos en un colapso eco-sistémico sin precedentes", dijo sobre el trabajo presentado la semana pasada sobre los avances del cambio climático en el mundo.
Por último, recordó que las tratativas "por una Ley que resguarde los humedales están por cumplir una década de trámite legislativo si se tiene en cuenta que el primer proyecto de Ley de Humedales fue presentado por Elsa Ruiz Díaz (FPV) al Congreso de la Nación en 2013".
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La Pampa acudirá nuevamente al consejo de cuenca del río Colorado para trabar Portezuelo del Viento

Fecha de Publicación: 19/08/2021
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


El gobernador Sergio Ziliotto pedirá con urgencia una reunión de gobernadores para avanzar con los estudios de Impacto Ambiental. En el Poder Ejecutivo no se sorprenden e insistirán en que los estudios “ya están aprobados”. El rol clave del Presidente.
Luego de que el Gobierno Provincial recibiera un aval importante de parte del fiscal de Estado Fernando Simón en cuanto al avance de la obra Portezuelo del Viento, tras analizar algunas presentaciones que tenían como objetivo frenar la licitación, ahora el Poder Ejecutivo deberá enfrentar nuevamente otra embestida de La Pampa en contra de la adjudicación y posterior construcción de la presa.
Precisamente el gobernador pampeano Sergio Ziliotto pedirá este martes al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, una nueva reunión “urgente” del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), para presionar al presidente Alberto Fernández para que laude en contra de Mendoza y se dispongan nuevos estudios de Impacto Ambiental a los que ya realizaron las universidades del Litoral y la de La Plata. Desde Mendoza reaccionaron y destacaron que “todos los estudios están hechos y aprobados por el Coirco” y nuevamente destacaron que no sorprenden las declaraciones del mandatario pampeano.
El dictamen favorable de Simón respecto al avance de la licitación de la obra de U$S 1.023 millones, en el que no encontró fundamentos para darla por fracasada, tuvo repercusiones negativas en la vecina provincia. El propio Ziliotto embistió contra la dirigencia política de Mendoza, al indicar que “ni el rechazo de cuatro provincias ni la angustiante crisis hídrica los detiene” y que se trata de una obra “ambiental y económicamente inviable. Ya nos robaron el Atuel, ¡no nos robarán el Colorado!” expresó.
Funcionarios pampeanos indicaron al diario local La Arena que se pedirá al consejo conformado por los mandatarios de Mendoza (Rodolfo Suárez), La Pampa (Ziliotto), Buenos Aires (Axel Kicillof), Neuquén (Omar Gutiérrez) y Río Negro (Arabela Carreras) que avance en “la realización de una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica, pero también que se analicen los registros y pronósticos nivales del río Colorado, “a fin de estudiar la situación hídrica existente, en base a la cual se deben reasignar los cupos de uso que cada provincia condómina tiene sobre el río”.
De parte del gobierno de Suárez indicaron que si existe una nueva reunión del Consejo de Gobierno irán con la misma postura que ha tenido Mendoza en los últimos años, que es marcar que “todos los estudios están hechos y aprobados por el comité ejecutivo del Coirco, quién es el que los debía aprobar y los aprobó”.
Además, sostuvieron que no resulta sorpresiva la actitud de La Pampa, en la cual “históricamente han estado en contra de la obra”, y también señalaron que esta nueva actitud “forma parte de la campaña electoral y política del oficialismo”, a poco menos de un mes de las elecciones primarias.
No obstante, marcaron que Mendoza seguirá tal cual lo viene haciendo en el análisis de la oferta presentada por el consorcio Malal Hue (conformado por la china Sinohydro, Impsa, Ceosa y Obras Andinas), y si bien no acelerará el proceso de la licitación para presentarlo como una “victoria” de campaña electoral, tampoco dará marcha atrás o lo ralentizará.

El poder presidencial
Es importante remarcar que la suerte de Mendoza en torno a Portezuelo del Viento cambió para mal en términos políticos con el gobierno de Alberto Fernández, ya que en la gestión de Mauricio Macri no sólo el entonces presidente había laudado a favor de la obra (tras un voto en contra de La Pampa sobre la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental), sino que también su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había archivado una presentación ante la Justicia de la provincia en la que insistía con más estudios.
No obstante, con la asunción del peronista a fines del 2019 el ministro De Pedro desarchivó el reclamo de La Pampa, lo que devino en una sucesión de momentos que perjudicaron la intención de Mendoza en avanzar firmemente con la obra, ya que en otra reunión de gobernadores de provincias que integran el Coirco, resolvieron realizar más estudios ambientales, en una votación que Mendoza quedó esta vez sola y perdió 4 a 1.
Allí fue cuando Suárez pidió el laudo presidencial. Lo complejo para la provincia es que en el oficialismo hay quienes creen que la provincia no podría adjudicar la obra hasta que no se apruebe el Impacto Ambiental, y para eso necesitaría del laudo positivo de Fernández.
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Causa Desmontes: convocan a oenegés a participar como “amigos del tribunal”

Fecha de Publicación: 19/08/2021
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió invitar a la participación ciudadana a través de la figura de “amigos del tribunal” a las asociaciones y fundaciones interesadas en el trámite de la acción de amparo en la que se deberá resolver sobre la continuidad o no de los desmontes en el Chaco, debido a la demora en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, vencido hace siete años.
Con las firmas de las juezas Natalia Prato y Silvia Varas, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo invitó a todas las asociaciones y fundaciones que tengan interés en la materia a intervenir como amigos del tribunal en el marco del trámite de la acción de amparo impulsada por la asociación “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos Asociación Civil”.
En octubre de 2020, la Cámara hizo lugar a una medida cautelar innovativa y ordenó a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco la inmediata suspensión de todo permiso y trámite de autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo-desmonte correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley Nº 1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente.
La resolución de las juezas de la Sala Primera de convocar a la participación ciudadana como “amicus curiae” (amigos del tribunal), dictada la semana pasada, se tomó luego de que la accionante se presentara en el expediente para solicitar “que cese el estado de incertidumbre en relación a los permisos de cambio de uso de suelo y desmonte otorgados por las autoridades provinciales” y que se determine si la falta de actualización del OTBN “trae como consecuencia la prohibición de otorgar permisos o, en su defecto, la prórroga automática del último OTBN aprobado”; y si la Provincia “puede conceder permisos una vez operado el vencimiento del plazo de cinco años establecido en el Decreto N 91/2009”.
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