Ambiente celebró la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú

Fecha de Publicación: 23/04/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


En el marco del Día Internacional de la Tierra, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, celebró la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú
Se trató de un encuentro virtual para aclamar la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe —-Acuerdo de Escazú—, suscrito y ratificado por Argentina.
El titular de la cartera ambiental nacional, Juan Cabandié, celebró la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y envió palabras de agradecimiento a quienes participaron del encuentro. Para el ministro “se trataba de una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”. Asimismo, consideró que el acuerdo es "sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó que "con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”.
Durante el evento, la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cristina Ruiz del Ferrier, agradeció la participación de las y los expositores y recordó palabras del ministro Juan Cabandié: “El momento de actuar es ahora, no tenemos planeta B. En ese sentido la juventud, el papa Francisco, las organizaciones de la sociedad civil, cada una de las provincias del país, somos actores indispensables para poder, de manera democrática, articulada y consensuada estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”.
Por su parte, el secretario de Ambiente de La Rioja y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), Santiago Azulay, sostuvo que “el planeta viene hablando, a través de los eventos climáticos que viene poniendo sobre los escritorios, sobre la necesidad de contemplar en las políticas públicas una mirada de sostenibilidad”.
Además, recordó que lo trascendental del acuerdo es que se trata de “una herramienta jurídica que va a significar una bisagra que va a marcar un antes y un después de este cuerpo de disposiciones legales para América Latina y el Caribe”, y brindó un reconocimiento al ministro Juan Cabandié “que apenas asumió su función enarboló la bandera de empujar los consensos necesarios para que Argentina ratifique el acuerdo y para que entre en vigencia esta norma en nuestro país”.
Las y los expositores hicieron hincapié en el acceso público en las tomas de decisiones, al ordenamiento, políticas, programas y normas; en la participación ciudadana y sobre la justicia en materia ambiental. También hablaron sobre fortalecer la teoría del derecho ambiental que está relacionado en el ámbito de los derechos humanos; que las normas reflejen las necesidades de la ciudadanía y sean visibles a través de una normativa. Sobre la necesidad de generar normas en el marco del acuerdo y facilitar el acceso a una información fidedigna, reutilizable y con estándares modernos.
Participaron del encuentro virtual: el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli; en representación de la Fundación Sustentabilidad sin Fronteras, Mariano Villares; además, expusieron el abogado especialista en Derecho Ambiental, Néstor Cafferatta; la abogada y coautora del informe: "Ley de Acceso a la Información Pública Comentada", del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación (2016), Marisa Pugliese; la doctora en Derecho, Especialista en Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente y profesora de grado y posgrado, Claudia Valls; y el jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Embajador Dr. Guillermo Justo Chaves.

Objetivos del Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
Cabe recordar que en septiembre pasado, el acuerdo fue ratificado en la Cámara de Diputados de la Nación, convirtiéndose en ley. Había sido adoptado a nivel internacional en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Para su entrada en vigor era necesario que 11 estados lo ratificaran.
.

La larga lista de las empresas que contaminan el Riachuelo

Fecha de Publicación: 23/04/2021
Fuente: eldiarioar.com
Provincia/Región: Riachuelo


Shell, Coto, YPF, Axion, Puma, Día, Aeropuertos Argentina 2000, Swift, Covelia, Mercedes-Benz, Clorox, Molinos y Coca-Cola Femsa figuran en un listado de 795 establecimientos de compañías. En la embotelladora y en otras firmas responden que ya reconvirtieron sus plantas, pero la autoridad de la cuenca, la Acumar, insiste en que aún les faltan trámites para salir de la categoría de agentes de polución.
 Se intercambiaron elogios mutuos. El último 29 marzo, Alberto Fernández inauguró una planta de propelentes de Raízen (50% de la angloholandesa Shell y 50% de la brasileña Cosan) en el polo petroquímico Dock Sud, al lado de Villa Inflamable, y destacó: “Agradezco y valoro la confianza en el país. Tenemos que seguir trabajando juntos”. Uno de los ejecutivos de Raízen le respondió: "Usted nos pidió paciencia el año pasado y hoy se está viendo la reconstrucción argentina”. Ni uno ni otros hicieron hueco en sus discursos para recordar que las instalaciones de Raízen están en la última lista oficial de 795 establecimientos de empresas consideradas agentes contaminantes del Riachuelo.
 La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) elabora ese listado desde 2011. En un principio había 1.370 firmas, pero el 42% se adecuó a las normas. En cambio, a febrero pasado seguían en infracción el 58%, incluidas multinacionales, que en muchos casos se comportan mejor en sus países de origen, y grandes compañías nacionales, así como también pymes. La contaminación industrial constituye una de las tres fuentes de contaminación del río que divide la ciudad de Buenos Aires del sur del conurbano, y que es uno de los diez más sucios del mundo. Las otras son los residuos cloacales y sólidos.
En la lista figuran los supermercados Coto, la fabricantes de materiales de la construcción Parex Klaukol, Alfajores Jorgito, Coca-Cola Femsa (embotelladora mexicana de la compañía estadounidense), la firma de cosmética Silkey, los laboratorios Bio Sidus, Biogénesis Bagó y Roemmers, las avícolas Granja Tres Arroyos y Proteinsa (ex Rasic), las empresas de colectivos La Nueva Metropol, Andesmar, El Rápido, Nueva Chevallier, Monsa y Dota, YPF, la petrolera Puma, Petrolera del Cono Sur (de la estatal venezolana PDVSA), el mayorista Makro, Aeropuertos Argentina 2000, la constructora Helport, Shell (como sociedad independiente de Raízen), Axion Energy, la embotelladora de aguas Siffredi, Walmart (pero por un local que vendió y ahora pertenece a Día), el frigorífico Swift, el Automóvil Club Argentino (ACA), la recolectora de residuos Covelia, la química Air Liquide, Mercedes-Benz, la colchonería Simmons, la cerealera Cofco (pero por una planta que le transfirió y en la actualidad corresponde al grupo Beltrán), la alimenticia Molinos Río de la Plata, la elaboradora de productos de higiene Clorox y la estatal de asistencia a aviones en tierra Intercargo, entre las de mayor renombre. El listado completo de la Acumar, cuyo presidente es Martín Sabbatella, se puede consultar aquí abajo.
 Unas 14 curtiembres aparecen en la lista. Una es Sadesa, la de la familia de Marcos Galperin. Las otras son Tortosa, Biondo, Don Luis, Cefalo, Torres, Liotti, Napolitana, San Antonio, Martinov, Fieno, Urcioli, Di Palma y Gonella.
Varias empresas sostienen que figuran en la lista pese a haber cumplido con los trámites y los procesos de reconversión de sus plantas. Sin embargo, en la Acumar responden que si aparecen es porque aún siguen pendiente tareas para salir de la lista de agentes contaminantes. También advierten que algunas compañías llegaron a deslistarse hace unos años, pero han vuelto a ser nombradas después de posteriores inspecciones que detectaron nuevos casos de polución.
Coto es la empresa que más aparece en el listado, con 20 establecimientos. En la firma comentan que ya presentaron los planes para la adecuación de la mitad de ellos y esperan respuesta de las autoridades. Agregan que esperan ser notificados de la contaminación de los otros diez.
En la lista hay dos plantas de Coca-Cola Femsa. "Se trató de dos hechos puntuales que ya fueron corregidos hace tiempo”, contestan en la firma mexicana. “El registro está desactualizado. Es importante destacar que no se afecta al Riachuelo en modo alguno. Hemos solicitado a Acumar que nos saque del listado de agentes contaminantes y nos incluya en el Registro de Remediaciones Activas, conforme disponen las normas vigentes”, agregan en Coca-Cola Femsa, pese a que en el ente que preside Sabbatella sostienen que la lista es correcta. Al igual que las otras grandes empresas mencionadas, Coca-Cola Femsa también aparecía allí cuando gobernaban Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
La estatal Intercargo respondió a elDiarioAR con un informe escrito en el que reconoce que en 2013 fue clausurado un establecimiento en Ezeiza por vuelco de líquidos efluentes, al año siguiente se reabrió al presentarse un plan de reconversión industrial, pero, como no se instrumentó, volvió a aparecer en la lista de agentes contaminantes en 2019. Añadió que las nuevas autoridades que asumieron el gobierno a fines de ese año pidieron a la empresa RCAR que le elaborara un nuevo programa de adecuación para presentar a las autoridades.
La francesa Air Liquide se defiende: “No somos agente contaminante y hemos presentado toda la documentación necesaria ante Acumar desde 2017, con los respectivos análisis de parámetros y monitoreos pertinentes. El extracto de un acta de Acumar del 27 de enero de 2021 da cuenta de que Air Liquide Argentina ha ‘presentando monitoreos del efluente líquido con los valores de parámetro dentro de los exigidos’. ‘Posteriormente se realizaron inspecciones de control y seguimiento en las cuales, hasta el día de la fecha, no se detectaron desviaciones ambientales relevantes para la legislación. No se detectaron irregularidades en materia ambiental.’ Un nuevo PRI (plan de reconversión industrial) fue presentado en febrero de 2021 y está en trámite de ser aprobado por Acumar. Continuamos a la espera de la finalización de este proceso para ser excluidos del listado de empresas”.
En algunas empresas consultadas prefirieron guardar silencio. Tales son los casos de Trafigura (dueña de Puma), Biogénesis Bagó, Clorox, Mercedes-Benz, Axion, Corporación América (Aeropuertos y Helport), Raízen, YPF, Día y Molinos.
.

Catamarca asegura que garantiza la participación en proyectos mineros

Fecha de Publicación: 23/04/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Al cabo de 10 días emitieron un comunicado en el que resaltan la realización de audiencias públicas y se refieren a Agua Rica.
Los conflictos desatados en Andalgalá en contra de la explotación minera motivaron un informe del gobierno Provincial, en el que aseguran que “Catamarca garantiza desde hace una década la participación ciudadana en proyectos mineros”.
Al mediar la segunda semana después de los acontecimientos en el que se produjeron daños totales en las oficinas de Agua Rica Alumbrera (Proyecto MARA), y otros tantos en la sede del PJ, se emitió un pormenorizado informe sobre los resguardos ambientales y los intentos por alcanzar la licencia social sobre la minería en el oeste catamarqueño.
“El procedimiento de evaluación del informe de Impacto Ambiental y la Participación Ciudadana son mecanismos que están regulados desde hace más de una década por normativa nacional y provincial, y de los cuales puede participar todo aquel que tenga un interés directo o indirecto en la materia”, señaló la ministra de Minería, Fernanda Ávila.
“El Gobierno de la provincia vino cumpliendo con todo este proceso en los distintos proyectos mineros que se radicaron en Catamarca en los últimos años, convocando a representantes municipales, de la sociedad civil, asociaciones, entes estatales, Universidad, a participar en las reuniones de evaluación sobre las distintas etapas de los emprendimientos”, aseguraron.
La respuesta de gran parte de los vecinos andalgalenses, sin embargo, sigue siendo la misma; el lema de la defensa riojana se replica hoy en Catamarca: “El Aconquija no se toca”, en alusión a “El Famatina no se toca”, que remite a una década de defensa de los cerros riojanos.
En 2010 la Asamblea El Algarrobo frenó el paso de las máquinas de exploración al yacimiento que está en la sierra del Aconquija (Agua Rica), acciones en las que hubo heridos en una violenta jornada.
Once años después, con fallos judiciales a favor y en contra de la exploración, en los que colisionan la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la Corte provincial, el pueblo de Andalgalá sigue dividido.
Los grupos ambientalistas llevan casi 600 marchas en contra de la explotación, que sostienen sábado a sábado. Mientras tanto, otra parte de los vecinos están a favor del desarrollo minero. Los dos últimos intendentes de Andalgalá basaron sus campañas electorales en contra de la megaminería: Alejandro Páez y Eduardo Córdoba.
La mayor preocupación de la población de Andalgalá es la defensa del agua. Profesionales de la Asamblea El Algarrobo sostienen que el proyecto de Yamana Gold (empresa que impulsa Agua Rica Alumbrera), está asentado en cuencas hídricas de más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Juan José Cólica, integrante de la Asamblea El Algarrobo, define al lugar como “de una fragilidad muy grande, que la mínima intervención del hombre puede ocasionar grandes disturbios”.
En diálogo con Pulso Minero, Cólica aseguró que el río Minas “tiene un efecto alcalino para neutralizar el PH de dos de los ríos que alimentan el río Andalgalá”, que es la cuenca más importante de la que se abastece la zona. El río Andalgalá se alimenta de los ríos Potrero, Candado, Minas y Blanco. Los asambleístas aseguran que Agua Rica está en zona de glaciares, y que el agua que abastece al pueblo se filtraría a los pozos de exploración.
El gerente del proyecto Agua Rica Alumbrera, Gustavo Cruz, por su parte, asegura que las exploraciones no alterarían los componentes de los ríos, y que están a más de 10 kilómetros de las cuencas de los ríos Candado y Blanco.
Ayer lunes, el gobierno de la provincia emitió el comunicado en el que asegura que “Catamarca garantiza desde hace una década la participación ciudadana en proyectos mineros”, y que lo hace a través de audiencias públicas, charlas técnicas e informativas, convocatoria a organismos estatales provinciales y municipales, monitoreos y consulta de expedientes. “Los mecanismos se implementan en las diversas etapas de los proyectos mineros radicados en la provincia, tal es el caso de Agua Rica”, expresan.

Sobre Agua Rica
“En el caso concreto del proyecto Agua Rica se dispuso la consulta pública, abierta y sin restricción, del Informe de Impacto ambiental, en tres espacios geográficos a la vez, con el objetivo de posibilitar acceso a la información a interesados ubicados en diferentes localidades, pudiendo requerirse copia digitalizada del expediente. De igual modo, se invitó a distintos actores a intervenir de las instancias de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se llevaron a cabo. La consulta pública presencial se efectuó el 4 de junio de 2020, en Capillitas, Andalgalá, adaptándose a las medidas de cuidado con relación a la pandemia COVID-19”, explicaron.
.

La Hidrovía, los agronegocios y los territorios impactados

Fecha de Publicación: 22/04/2021
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional


La Hidrovía Paraguay-Paraná se puso en marcha en la década de 1990 y, en Argentina, acompañó la implementación del modelo agroexportador que se consolidaría hacia el siglo XXI. Desde entonces, esta vía navegable ha jugado un rol clave en la conexión de los territorios de producción primaria hacia los centros productores globales y los mercados agroalimentarios internacionales.
El proyecto original abarca los sistemas de los ríos, Paraná y Paraguay, desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Puerto Nueva Palmira (Uruguay), desembocando en el océano Atlántico. Los proyectos impulsados por los gobiernos de la región desde los años ‘90 previeron obras de dragado y mantenimiento de “pasos críticos” para garantizar la navegación diurna y nocturna de convoyes de barcazas y grandes buques, durante todo el año. Si bien tales proyectos no se han concretado en su totalidad, en el tramo argentino se realizaron sucesivas obras de dragado para adaptar el río Paraná a las exigencias del mercado internacional, principalmente el agroalimentario.
Desde sus inicios, la Hidrovía ha sido concebida en términos netamente mercantilistas. Para las empresas usuarias, es soporte infraestructural para la generación de ganancias; para el Estado nacional, es generadora de divisas. La lógica que vincula dragado, optimización de la capacidad de carga de los buques, disminución de costos y ganancias, ha sido la rectora en las decisiones sobre la misma.

Acerca de los impactos territoriales
Como toda obra de gran escala, esta megainfraestructura tiene impactos de orden múltiple. Por un lado, se encuentran los directos, provocados por las obras y la navegación, que tienen incidencia, por ejemplo, en la fauna ictícola, la biota acuática, las barrancas; y por el otro, están aquellos impactos que son indirectos aunque estrechamente vinculados a la Hidrovía.
Entre estos últimos se encuentran los impactos territoriales que comprenden las transformaciones en los ambientes, en la organización de los espacios fluvial, rural y urbano; y en las actividades económicas, que acarrean efectos negativos en los medios y modos de vida de las poblaciones, así como en su calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de impactos territoriales nos estamos refiriendo a un conjunto de aspectos en el que convergen lo biológico, social, político y cultural.
Estos impactos, por lo general, van adquiriendo visibilidad en largos lapsos de tiempo y muchas veces tienen carácter acumulativo, es decir, resultan de efectos sucesivos, incrementales y/o combinados de la actividad, y pueden sumarse a los efectos de otros emprendimientos o actividades existentes.
En el caso de la Hidrovía, los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) contratados no han contemplado este último tipo de impactos. A pesar de que en la década del `90 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -uno de los organismos financiadores de la Hidrovía- dispuso en sus Términos de Referencia para la realización de EsIA que se estudien los efectos indirectos de la Hidrovía y propuso una hoja de ruta para la confección de los mismos, tales recomendaciones no fueron concretadas por las consultoras dedicadas a la tarea. A más de dos décadas de funcionamiento, estos impactos ya no pueden ocultarse y derivan principalmente de la expansión de la frontera agrícola y de las instalaciones agroportuarias en el área de influencia de la vía navegable.
En primer lugar, esta expansión requiere de la eliminación de bosque, lo cual deriva en la disminución de la capacidad de los suelos para absorber el agua de lluvia. La sobreexplotación de los mismos, a través del monocultivo y la siembra directa, provoca procesos de deterioro y empobrecimiento de suelos, a lo que se suma el uso intensivo de agroquímicos, arrojados sobre los cultivos y también sobre áreas pobladas. Esta actividad contaminante viene siendo denunciada por médicos y pobladores desde hace casi dos décadas.
En segundo lugar, la concentración de tierras en unas pocas firmas -característica del modelo de agronegocios- ha desplazado otras actividades de menor escala, como los cultivos anuales, las plantaciones frutales y las actividades pecuarias tradicionales. Este desplazamiento ha tenido sus impactos sociales, ya que el monocultivo requiere una cantidad notablemente menor de trabajadores que los cultivos tradicionales, así como tecnología de avanzada que sólo pueden solventar los grandes capitales. Esta situación ha provocado migraciones forzadas y pérdida de medios de subsistencia para los campesinos, pequeños productores agrícolas y comunidades indígenas.
En tercer lugar, se producen impactos urbanos, como es el caso del cordón industrial perteneciente al Gran Rosario. Este enclave es el principal polo de industrialización y molienda de granos -mayormente de soja- a nivel mundial. En 2007, un informe encomendado por el Gobierno de Santa Fe (OAM, 2007) afirmaba que el avance de las industrias y terminales portuarias -en su mayoría pertenecientes a multinacionales agroalimentarias- había llevado a las localidades que conforman el cordón industrial, a una situación de colapso ambiental y urbano.
Congestionamiento del transporte; eliminación de múltiples sustancias tóxicas en el aire, el suelo y el agua (con su consecuencia en la salud de los pobladores); privatización de las costas; discontinuidades en los usos urbanos por la instalación de industrias (que funcionan como barreras materiales) y ruidos, son algunas realidades con las cuales los pobladores de esas localidades tienen que convivir todos los días.
Estos tres tipos de impactos asociados al modelo agroexportador, y en los que destacamos los aspectos más críticos, se encuentran indirecta pero estrechamente vinculados a la Hidrovía: a mayor profundidad de la vía navegable, mayor es su capacidad para transportar commodities, ampliándose las posibilidades de siembra. Así por ejemplo, desde 2005, momento en que la profundidad de la Hidrovía en los tramos Santa Fe-Puerto Gral. San Martín y Puerto Gral. San Martín-Buenos Aires pasó de 22 a 28-30 pies, la superficie de explotación sojera aumentó un 133,4% en el área de influencia de la misma (Gómez Lende, 2015) y de las instalaciones agroportuarias en el área de influencia.

¿Qué hacemos con la Hidrovía? ¿Qué hacemos en los territorios?
Hoy en Argentina asistimos a una nueva etapa para la Hidrovía. Ante el vencimiento del contrato de licitación con el consorcio privado Hidrovías SA, el gobierno nacional propuso crear una empresa estatal para la administración de las concesiones de obras, dando participación a las provincias implicadas en la vía navegable.
Si bien aún no se han publicado detalles sobre los proyectos venideros, puede esperarse sin dudas, un aumento en la profundidad del río para ampliar la capacidad de las bodegas en los buques. Esto sería necesario para llevar adelante la agenda 2020-30, de reactivación agroindustrial exportadora, donde se encuentra el controvertido Acuerdo Porcino con China. Con este Plan se pretende profundizar el modelo agroexportador, y por lo tanto es de prever la intensificación de los impactos mencionados si no se toman medidas adecuadas.
Por esta razón, desde el Taller Ecologista consideramos que es urgente abrir un debate democrático sobre la planificación de esta infraestructura. Los estudios y evaluaciones ambientales a realizarse deberían contemplar los impactos indirectos y territoriales de las obras, teniendo en cuenta que la Hidrovía no es una infraestructura aislada, sino la columna vertebral de un sistema. Las metodologías científicas exigen un ejercicio de selección de lo que se pretende evaluar, y tal selección se encuentra asociada políticas determinadas que se desplegarán en los territorios.
Asimismo, los estudios no deberían dejarse en manos de las empresas usuarias de la Hidrovía, como se vino haciendo hasta el momento. En Argentina tenemos científicos y académicos altamente capacitados para realizar los estudios y las evaluaciones en los diferentes campos. La promoción de líneas de investigación en las dependencias del Ministerio de Ciencia y Técnica y su financiación por parte de las empresas usuarias de las obras, debería ser una prioridad en el momento de llevar adelante el proceso de licitación y la elección de obras a ejecutar.
Y en este proceso, por supuesto es necesaria la democratización de los procesos de licenciamiento. El acceso público a la información sobre la Hidrovía y la creación de distintas formas de participación en los estudios y evaluaciones y en la toma de decisiones, tanto de organizaciones ecologistas y sociales, como de la población afectada, son cuestiones que hoy, después de 25 años de funcionamiento de la vía navegable, deberíamos incorporar como experiencia ineludible.
.

El debate de uso de agroquímicos en Entre Ríos arrancó con desconfianzas, reclamos y recelos

Fecha de Publicación: 22/04/2021
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos


Un borrador del Ministerio de la Producción puso en alerta a organizaciones ambientalistas no convocadas para debatirlo. Se aclaró desde el Senado que el texto no tiene rango de proyecto de ley, pero se le parece bastante.
La anunciada Comisión Bicameral de Fitosanitarios, a la que aludió el gobernador Gustavo Bordet en la apertura de sesiones ordinarias, el 15 de febrero, no ha arrancado aún pero su tarea se inicia con desconfianzas, reclamos y recelos.
Fue a raíz de la presentación de una propuesta de manual de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en Entre Ríos. El texto fue elaborado por el Ministerio de la Producción y fue presentado como un trabajo elaborado en conjunto por funcionarios, técnicos y profesionales de la cartera junto a representantes de 31 organizaciones que integran la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias.
El portal EraVerde.com.ar, que ha seguido el tema en las últimas semanas, dio cuenta de reproches cruzados entre oficialismo y oposición por la convocatoria realizada a los legisladores para avanzar en el tema; y entre senadores y diputados por el cariz que tendría esa reunión en el debate de un texto que, en principio, aparecía como un proyecto de ley cerrado.
Hubo incluso planteos de sectores ruralistas porque el texto final no contemplaba sus pretensiones, pero fundamentalmente la queja llegó de parte de organizaciones ambientalistas no convocadas a debatir la iniciativa que tuvo su formal ingreso en Diputados, en febrero, junto a una nota del ministro Juan José Bahillo que respalda la propuesta sustentada en “el trabajo minucioso y detallado” a lo largo de seis meses.
El 30 de marzo pasado, por caso, el Foro Ecologista, los Agricultores Agroecológicos de Entre Ríos y el Colectivo Basta es Basta “enviaron formalmente notas a todos los legisladores y las autoridades de cámaras, solicitando una serie de precisiones oficiales”, publicó Era Verde. Treinta organizaciones reclamaron el “texto oficial del proyecto presentado por el Ministerio de Producción de la provincia” junto con precisiones sobre el encuadre de la bicameral, su integración y los mecanismos previstos para la participación ciudadana.
Finalmente, intervino la vicegobernadora Laura Stratta respondiendo al planteo con una nota a los ambientalistas en la que intentó poner blanco sobre negro sobre la instancia en la que se encuentra el debate y el carácter del paper en estudio.

Respuesta
Stratta informó que el 12 de marzo tuvo ingreso en el Senado la iniciativa del equipo de Bahillo. Dijo que la pretensión es “contribuir como insumo en el tratamiento de la Comisión Bicameral, que eventualmente se conforme para tratar proyectos de ley referidos a la materia”.
Destacó que “no se trata de un proyecto de ley, sino de un aporte que podrá ser considerado por los legisladores y legisladoras; y que por ello no se encuentra publicado en la página web del Senado, como sí lo están los proyectos de Ley, de Resolución, de Declaración o de Comunicación”.
Aclaró además que “no se ha conformado una comisión bicameral para el tratamiento de este tema, ni se ha convocado formalmente a las comisiones pertinentes, en los términos de los artículos 60° y 62° del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos”. Finalmente, expresó su acompañamiento a la decisión oficial de debatir una ley en materia de agroquímicos y dejó expresado su compromiso de “convocar oportunamente a los diferentes sectores para que manifiesten su postura al respecto”.

Distancias, prohibiciones y permisos
El borrador está presentado con el formato de un extenso proyecto de ley de 90 artículos.
Define como objetivos de “la presente ley” la “protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”.
En el Capítulo XIII, “de las aplicaciones y sus áreas”, surge el debate de interés social más importante. Donde se puede y donde no aplicar agroquímicos.
La propuesta, en un artículo 38, define “zona de exclusión”, con restricción absoluta para el uso de agroquímicos; “zonas de amortiguamiento”, donde sólo se pueden usar algunos fitosanitarios y de forma condicionada y “zona de libre aplicación”, sin restricciones.
Las distancias se miden en relación a “áreas sensibles” como son “viviendas, establecimientos educativos o recreativos, salas sanitarias, puestos policiales, cursos naturales y reservorios de agua, áreas naturales o reservas, granjas avícolas y apiarios”.
Se prohíbe aplicación con equipo de accionamiento manual desde el límite de áreas sensibles hasta un radio de 10 metros. Para aplicaciones de forma terrestre la distancia de exclusión es de 100 metros. Se prohíbe la aplicación aérea en la distancia de 200 metros para la fumigación aérea.
Un artículo (40º) prevé que en caso de “campañas nacionales, provinciales, municipales o situaciones especiales de control de adversidades” que requieran flexibilizar estos márgenes, deberá contarse con el aval del Consejo Provincial Fitosanitario contemplado en el proyecto que integrarían instituciones sociales, universidades, distintas áreas del Estado a nivel nacional y provincial.
Se ubica a la “zona amortiguamiento” desde el límite de la zona de exclusión hasta 30 metros para aplicaciones con equipos de accionamiento manual; desde el límite de la zona de exclusión hasta 300 metros para aplicaciones terrestres; y desde el límite de la zona hasta 600 metros para aplicaciones áreas”. En esas zonas se pueden utilizar fitosanitarios de categorías toxicológicas III y IV (de banda azul y verde).
Son zonas de libre aplicación, a 30 metros de áreas sensibles para aplicaciones con equipos de accionamiento manual; 300 metros desde áreas sensibles para aplicaciones terrestres; y 600 metros desde áreas sensibles para aplicaciones aéreas.
Se contempla particularmente el caso de las escuelas rurales. Las distancias consignadas deben medirse desde 150 metros de los establecimientos educativos.
.

San Juan: una minera pone en riesgo al Parque Nacional San Guillermo

Fecha de Publicación: 22/04/2021
Fuente: El Resaltador
Provincia/Región: San Juan


La actividad extractivista es una problemática que se registra en diferentes puntos del país. Son las vecinas y vecinos de las zonas afectadas quienes visibilizan a las empresas que atentan contra el ambiente.
El Parque Nacional San Guillermo, ubicado en el departamento Iglesia en San Juan, Argentina, peligra. La empresa minera Desarrollo de Prospectos Mineros S.A. (DEPROMINSA), con su proyecto Josemaría, se instalaría cerca de esa área natural para realizar prácticas extractivistas. Ante este panorama, habitantes de esa localidad lanzaron un petitorio para defender al parque.
“La Minera Josemaría quiere destruir glaciares y fuentes de agua, ocupará 86400000 litros de agua por día, que proviene de la Cordillera, para poder sacar oro. A la Argentina le queda solo el 3 % del capital y todo el desecho tóxico producido por tal actividad minera”, puede leerse en el escrito.
El Proyecto se ubica en el extremo norte de la Provincia de San Juan, específicamente se emplaza sobre la Cordillera Frontal en el Macizo del Potro. Para ser más claros, el área de la obra minera se encuentra ubicada dentro de la Reserva Provincial San Guillermo (como parte de la Reserva de Biosfera San Guillermo) y contigua a la Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava.
Es importante resaltar que ambas Reservas conservan y preservar el hábitat natural de una de las mayores concentraciones de vicuñas y guanacos de la Argentina, así como también una diversidad genética propia y característica de las ecorregiones de la Puna y los Altos Andes.
La mina estaría en zonas de transición y zona de amortiguamiento, que corresponden a lo que es reserva de biosfera y parque Provincial, dentro del parque Nacional no hay nada.
Vale aclarar que la reserva de biosfera se divide en un área núcleo, que en este caso corresponde con el Parque Nacional, y luego tiene un área de amortiguamiento, que corresponden con el Parque Provincial, para proteger esa área núcleo de la otra gran zona de transición o usos múltiples, donde se hace la actividad económica, en este caso, la maninera a cielo abierto.
Siguiendo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el área de estudio existen poblaciones y comunidades de fauna de sumo interés para la conservación de la biodiversidad.
En relación al punto anterior, a modo de ejemplo, podemos mencionar que se identificaron 13 especies de aves en categoría de conservación, siendo el flamenco andino el más relevante por su categoría de “En Peligro”. Con respecto a los mamíferos, se identificaron 6 especies en categoría de conservación, entre los cuales se destaca la vicuña.
Según explica el EIA, que fue criticado por quienes juntan firmas contra el proyecto extractivista, el propósito de la minera Josemaría es el aprovechamiento de recursos minerales de cobre (Cu), con contenidos de oro (Au) y plata (Ag) durante un periodo estimado de 19 años, mediante minado convencional a cielo abierto y procesamiento del mineral mediante trituración, molienda, flotación, espesamiento y filtración del concentrado.
Este proyecto, según el petitorio de firmas, afectara a San Juan, que en este moemento atraviesa una emergencia hídrica, con una sequía sin procedencia. Además, recuerdan que la Barrick, la otra minera que está operando en Iglesia “está dejando porcentajes altísimos de metales pesados en el dique de Rodeo y en los ríos de Jachal, el cual era un lugar de Agricultura y Ganadería”
Para visibilizar este atropello al ambiente, están recolectando firmas, necesitan que el resto de la población se entere de lo que está pasando en la cordillera, a la actividad minera de la Barrick Gold, desde 2004 en la zona, se sumaría el proyecto Josemaría, que va a ser el doble de grande, que se ubicaría en una zona periglaciar, dentro de un Parque Nacional.
En dialogo con este medio, un vecino de Iglesia dijo que “no hay una conciencia de lo que puede pasar a futuro. Ciertas personas están interesadas, pero hay poca información de lo que está sucediendo en este momento”
En esa línea, comentó que él se enteró del proyecto porque habita en la localidad seleccionada por la minera, y además, hay una página web de la empresa, donde se posiciona como un ente cuyo objetivo es “generar empleo”, a la vez que reflejan un discurso de minería sustentable, algo que sabemos es contradictorio.
“El departamento Iglesia tiene muy poco empleo, pocas industrias que no sean mineras que generan trabajo. Hay pocos sueldos para sustentarse, la única alternativa para las personas del pueblo es trabajar en la mina, el turismo y la agircultura se fueron dejando de lado”, reflexionó el entrevistado.
Este vecino de Iglesia no cree que la empresa de marcha atrás, porque es una compañía muy grande y son decisiones que “vienen de arriba”. Lo que ve como cercano y posible es empezar a poner ciertos puntos de restricciones a la actividad minera para que pueda ser encauzada en un ámbito que no perjudique tanto al ambiente: “quieren pasar por el medio del parque nacional en vez de pasar por el costado, al límite con La Rioja”
.

Comienzan a debatir proyectos para penar los delitos contra el medio ambiente

Fecha de Publicación: 21/04/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional


La penalización de las acciones contra el medio ambiente comenzó hoy a debatirse en un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores, durante una audiencia que contó con varios especialistas que defendieron la tipificación de ese tipo de delitos dentro del Código Penal de la Nación.
Las iniciativas fueron presentadas por los oficialistas Alfredo Luenzo y Antonio Rodas; y por las opositoras Gladys González y Lucila Crexell; y obtuvieron mayor impulso luego de los incendios intencionales que se registraron al final del verano sobre la zona de bosques de la Patagonia.
En las próximas semanas, los asesores de los legisladores buscarán unificar los proyectos en un solo expediente, en tanto que el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, propuso "armar una agenda de trabajo" y consultar al Poder Ejecutivo, ya que el Ministerio de Ambiente de la Nación estaba confeccionando una iniciativa similar.
Durante el plenario de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Ambiente y Desarrollo Sustentable, los legisladores escucharon a varios especialistas en delitos ambientales.
El magister en Derecho Ambiental y consultor en organismos internacionales, nacionales y provinciales, José Alberto Esain, afirmó que "el bien jurídico existe y solo falta la legislación que regule ese ambiente en el marco del derecho penal".
Además, advirtió que las conductas alcanzadas "deben ser limpias de resultado", porque "en los delitos en los que se tipifica el resultado hizo que sea de muy compleja probanza en las causas".
"Lo mejor es tener conductas que no sean resultadistas", insistió.
Por su parte, Gustavo Aboso, defensor oficial de Cámara en lo Penal, Contravencional y Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remarcó que los cuatro proyectos "proponen un cambio de paradigma" al "sacar el problema de la persona humana y empezar a tener otros elementos en cuenta".
Aboso pidió "apuntar a la responsabilidad penal de la empresa que es el sujeto contaminante" y "regular la responsabilidad específica de esa forma social de responsabilidad penal".
Por su parte, el fiscal federal de Primera Instancia, Federico Luspa, destacó que "no hay figura penal que criminalice los daños graves e irreversibles contra el medio ambiente" que "es un bien jurídico muy importante y debe integrar el catálogo del derecho penal".
Además, a diferencia de lo que mencionó Esain, consideró que "debe agravarse el delito en función del resultado".
Finalmente, el abogado Enrique Viale, especialista en derecho ambiental y fundador de la Asociación de Abogados Ambientalistas, aseguró que "hay una gran impunidad ambiental en la Argentina porque los tipos penales se complican para aplicar".
"El nuestro es uno de los pocos países del mundo que no tiene una Ley Ambiental", mencionó Viale y consideró que la sanción en el caso de daño al medio ambiente "debe llegar a los CEOs y presidentes de las empresas porque, si no, queda solamente en el operario".
.

Conservación: nuevo registro del zorro pitoco, por primera vez en áreas protegidas de Salto Encantado

Fecha de Publicación: 21/04/2021
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


Luego de nueve años de monitoreo ininterrumpido con cámaras trampa en el Parque Provincial Salto Encantado y alrededores, investigadores de la Red Yaguareté captaron por primera vez a este extraño y escaso cánido sudamericano, que en Argentina solamente vive en Misiones.
El monitoreo con cámaras trampa que realiza la Red Yaguareté en convenio con el Ministerio de Ecología de Misiones, permite conocer no solo las poblaciones del gran felino americano, sino toda la fauna silvestre de gran valor para los Argentinos, como es el zorro pitoco.
«Este pequeño zorro pesa de 4 a 7 kg, posee un cuerpo macizo y compacto, cabeza robusta, cuello grueso, y patas y cola cortas, nunca había sido documentado en esta área y solo habían unas pocas referencias de tiempo atrás», explicaron desde la Red.
Recientemente logró ser fotografiado en dos ocasiones, cuando dos ejemplares caminaron por delante de una de las estaciones de muestreo equipadas con cámaras fotográficas que se activan con sensores al paso de la fauna.
«Esta magnífica confirmación de su presencia tan al sur de las sierras centrales misioneras realza el valor de esta área protegida y la necesidad de continuar con los trabajos de convivencia con vecinos y actividades productivas», remarcan desde la organización ambiental.
«Si bien nuestro trabajo se focaliza en el yaguareté, también nos interesan todas las especies y en especial las difíciles de encontrar o que se encuentran amenazadas. Luego de nueve años de incesante trabajo el ‘Pitoco’ se muestra por primera vez ante las cámaras y es una enorme alegría que compartimos junto a guardaparques y trabajadores de Salto Encantado», indicó Norberto Angel Nigro, presidente de la ONG.
.

Un amparo busca prohibir la extracción de arena en Ibicuy para el fracking en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/04/2021
Fuente: El Entre Rios
Provincia/Región: Entre Rios


En la Justicia provincial ingresó un amparo que busca que se declare la nulidad del certificado de aptitud ambiental que obtuvo el establecimiento arenero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), ubicado en Islas del Ibicuy, a 363,7 kilómetros de Paraná, al sur de la provincia.
La firma extrae allí arena sílica que es utilizada para el fracking en los yacimientos de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Se trata de una técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
El amparo fue presentado por la Fundación Cauce (Cultura Ambiental-Causa Ecologista) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Aagmer). El gremio docente viene de advertir que la Escuela Ejército Argentino Nº 30, de Ibicuy, se encuentra a 500 metros de la planta El Mangrullo, por lo cual la comunidad educativa está expuesta a la presunta contaminación de la empresa.
El trámite está en manos de la vocal Valentina Ramírez Amable, de la Cámara II de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná. En el escrito, las organizaciones solicitan que se condene a la Municipalidad de Ibicuy “por su accionar ilegal y declare la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental emitido por el municipio firmado por su presidente municipal Gustavo Roldán, revocándolo en todos sus términos”.
En segundo término, también piden se condene al Gobierno provincial “por sus omisiones en el control que debió ejercer en su carácter de garante de la protección ambiental y de todos los bienes ambientales que le pertenecen por encontrarse en su territorio, principalmente, en el desarrollo del proceso de evaluación de impacto ambiental”.
Finalmente, peticionan que también se condene a YPF “por su accionar ilegal e inconstitucional al incumplir de manera explícita la regulación legal ambiental Nacional y de la Provincia al comenzar la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de lavado de arenas silíceas de manera previa a la finalización del proceso de evaluación de impacto ambiental, en un área natural protegida por ley provincial y formar parte principal de una audiencia pública viciada desde su origen; ordenándole retirar todo lo construido en el predio El Mangrullo y la recomposición del ecosistema al estado anterior a su intervención”.

La denuncia de un abogado
Es el segundo amparo ambiental que se presenta en la Justicia que advierte sobre el accionar de las empresas que, al sur de la provincia, extraen arena para el fracking.
En diciembre del año pasado, Ricardo José Luciano, abogado y apoderado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, presentó un amparo para conseguir información sobre las actividades de las areneras en la zona.
Dos fallos le dieron la razón: uno fue emitido el 24 de diciembre, a instancias del juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez; y el segundo fue el 18 de enero de este año, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) –con integración de feria- confirmó la sentencia de primera instancia.
Recientemente el letrado advirtió que los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas, entre ellas YPF, son “un dibujo”, puesto que los consultores contratados realizan “un trabajo a medida de las exigencias estatales” para aprobar los requisitos de admisibilidad ambiental.
Este sábado, el letrado envió un artículo en el que volvió a denunciar lo que está sucediendo en Ibicuy y alrededores. “Miles y miles de toneladas de arena se extraen mensualmente de los departamentos Islas del Ibicuy, Victoria, Diamante, Concepción del Uruguay, entre otros, dejando cráteres a su paso, contaminado con el uso de floculantes, residuos de combustibles, esparcimiento por el aire de arena sílica que está probado científicamente que es cancerígena por inhalación”, denunció.
Además, afirmó que producto de esa actividad “se inundan campos linderos a las plantas como ya está sucediendo en el departamento Islas del Ibicuy; se destruyen caminos, complicando el traslado de enfermos a centros de atención” y se pierde “una biodiversidad abundante, autóctona, propia a la idiosincrasia de los habitantes de la zona”.
“Vida vegetal y animal que durante cientos de años se adecuó a las condiciones particulares de la zona, hoy a raíz de los grandes cambios que se están produciendo, estamos soportando pacíficamente un ‘ecocidio’. Se está destruyendo el hábitat natural de innumerables variedades de animales autóctonas, con efecto a corto plazo de extinción de los mismos- Así también se está aniquilando la flora, contaminando arroyos, ríos, el Acuífero Guaraní, y se están profundizando las napas de agua, contaminando el aire, por lo tanto, a todos los seres vivos (vegetal, animal y humando), que lo inhalan diariamente. Todos se encuentran expuesto a una silenciosa pero infalible contaminación, con las consecuencias más letales”, advirtió.
El abogado explicó además que, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de YPF, la planta El Mangrullo tiene una superficie de 430 hectáreas e “informan que van a tener una producción anual de 400 mil toneladas de arena sílica”.
A partir de esa información, estimó que si la empresa trabaja durante 240 días (contando sólo de lunes a viernes) extraerá 400.000 toneladas, lo que representaría sacar 1.666 toneladas diarias. “La cuenta nos da 55 camiones por día. Instalaciones con menos de la mitad de infraestructura que la planta El Mangrullo extraen el doble diariamente. Lo evidente no necesita explicación”, sentenció.
Luego aseguró que el Estado provincial no brindó toda la información requerida en el marco del amparo por información ambiental. “En el mentado amparo, el Estado provincial no pudo informar quién, cómo, y cuándo se controlan las actividades que desarrollan las areneras, y por consiguiente, el grado de contaminación y devastación que producen”.
En ese marco, denunció que hay funcionarios que “miran para otro lado” o “no quieren” controlar a las firmas areneras que explotan el sur provincial. “Estamos a tiempo de evitar lo inminente y de prevenir la destrucción de toda una zona rica en biodiversidad. El único escollo que tenemos es que es un negocio millonario en dólares. Cada tonelada extraída de arena sílica se vende con un precio base de U$S 40, con el pago de un canon ínfimo de $14,70”, afirmó.

.

Nación pide planchar debate minero, pero se aceleran tiempos

Fecha de Publicación: 20/04/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Chubut


La situación epidemiológica de Chubut no es ajena a lo que sucede en gran parte del país ante el avance de la segunda ola de contagios por covid-19. “Estamos en una situación crítica”, aseveró el ministro de Salud, Fabián Puratich, a propósito de la curva ascendente de positivos y su consecuente alza en la internación de pacientes.
Sin embargo, con este escenario de frente, la Legislatura intentará esta semana, según le confiaron fuentes internas a este diario, ir por un nuevo capítulo en la batalla por la rezonificación minera. El contexto está más claro que nunca. Y ya no existen grises. Hay dos posiciones tomadas y, en la actualidad, dos proyectos que esperan su tratamiento: zonificación minera y la prohibición absoluta de la actividad, denominado “Iniciativa Popular”.
Sobre esto discutieron en las últimas horas diversos especialistas como parte del segundo ciclo de conversatorios organizado por la Cámara de Proveedores y Empresario Mineros (CAPEM) de Chubut.
“Uno habilita la explotación de los recursos mineros en la Meseta Central con los máximos estándares de cuidado ambiental y el otro no solo golpearía a la actividad minera sino además a otras actividades, producto de la pobreza del lenguaje utilizado en su redacción y de la vaguedad interpretativa”, aseguró el vicepresidente de CAPEM, Mario Bensimón.
Por su parte, el economista Eduardo Crespo manifestó que si bien existen problemas ambientales “la solución no pasa por la prohibición de actividades y el no crecimiento, sino al contrario”. Y manifestó que “quienes se oponen a la minería se oponen a la producción pero no al consumo: todos los que dicen estas cosas tienen celular, smart TV y vehículos. Pero quieren seguir consumiendo, con lo cual vamos a tener que importar todo lo equivalente a la minería”. Y completó: “No hay ninguna posibilidad de cuidado ambiental si no hay desarrollo económico”.
Estas son algunas de las miradas a favor de un proyecto promovido desde Nación y que cuenta con un acompañamiento que compromete los destinos políticos del gobernador Mariano Arcioni. Y es que, como viene sucediendo en los últimos días en Andalgalá (Catamarca), los hechos de violencia se suceden y parecen no dejar margen para la acción legislativa. “No hay margen. Los que somos políticos sabemos a qué nos enfrentamos. Pero no podemos seguir postergando un debate para el que tenemos los votos y que significaría un cambio de raíz para la Provincia”, le aseguró a este diario un diputado provincial oficialista.
Sin embargo, los hechos de violencia vienen aletargando la discusión. Y lo que realmente se pone en juego es el voto para las elecciones intermedias. “El oficialismo necesita responderle a la Nación, pero nosotros no tenemos ningún apuro en generar un debate acorde. Los que votamos en contra lo hacemos en favor de las ciudades que representamos donde la gran mayoría de sus habitantes han demostrado no estar de acuerdo y hasta lograron la presentación de un proyecto que también tendrá que ser tratado en la Legislatura”, sostuvo en diálogo con este medio un legislador opositor.
Con una salvedad: el proyecto de iniciativa popular tiene fecha de caducidad para mayo. Y los días corren.
Sin embargo, Nación ya bajó la idea de planchar el proyecto hasta después de las elecciones. Pero las posiciones en la Legislatura están tomadas. El problema es que una gran parte de los bloques no tiene unanimidad. Y se provocan internas calientes que generaron un desmembramiento masivo en la casa legislativa. Y es que detrás de ambos proyectos está en juego el futuro del peronismo provincial. Un proyecto que divide, en un momento donde desde la Nación solo reclaman unidad.
.

Comenzó la capacitación sobre el Plan Integral de Conservación del Cóndor

Fecha de Publicación: 20/04/2021
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan


Se dicta en el marco del programa Santuarios del Cóndor para la Conservación de la Naturaleza (SCCN) y está destinada a guardaparques, técnicos de áreas naturales protegidas y fuerzas de seguridad.
En el marco del Programa de Conservación del Cóndor, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja de manera conjunta con la Fundación Bioandina y Ecoparque de Buenos Aires.
A través de un acta acuerdo firmada en octubre del 2020 se desarrollan actividades científicas, educativas e investigaciones para impulsar la conservación de esta especie.
Bajo esta premisa todas las áreas naturales protegidas que están bajo jurisdicción provincial y cuentan con poblaciones naturales de esta especie amenazada, fueron declaradas “Santuarios del Cóndor para la Conservación de la Naturaleza (SCCN)”.
Para alcanzar los objetivos de conservación se desarrolla la capacitación Plan Integral para la Conservación del Cóndor Andino. La misma tendrá dos etapas, los días viernes 16 de abril y 30 del corriente. Está destinada a guardaparques y técnicos de las áreas protegidas de San Juan, Policía Rural, Policía Ecológica y Gendarmería.
En el curso se trabajará sobre diferentes ejes temáticos, como son:
- Introducción a la biología y estado de conservación de la especie.
- Plan integral de conservación cóndor andino.
- Estrategia de acción en áreas protegidas.
- Protocolos de rescate.
- Relevamiento de condoreras y nidos.
- Censos.
- Impacto del turismo.
.

Biocombustibles: ante el peligro de una marcha atrás en el camino emprendido

Fecha de Publicación: 20/04/2021
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Faltando un mes para el vencimiento de la Ley, hay un intenso debate con final incierto.
Hace catorce años, tuve la oportunidad de asistir a la firma del decreto reglamentario de la ley 26093, que inauguraba la era de los biocombustibles en la Argentina. Quien lo firmó fue el entonces presidente Néstor Kirchner, acompañado por su ministro de Infraestructura Julio De Vido, y el Secretario General Carlos Zannini. Es decir, lo más granado del kirchnerismo. En el Salón de Acuerdos de la Casa Rosada.
 El objetivo fue alinearse con la demanda ambiental, consolidada en los acuerdos para combatir el calentamiento global. Pero en lo concreto, se convirtió en una de las pocas (si no la única) medidas de política agropecuaria que claramente favorecieron al sector, al implantar el corte obligatorio del gasoil con un mínimo de 5% de biodiesel, y la nafta con 5% de bioetanol. La ley había sido sancionada después de un memorable paso por el senado, donde su titular Daniel Scioli (a la sazón, vicepresidente de la Nación) logró el voto unánime de todo el cuerpo, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner.
La promulgación de la ley desencadenó un fuerte proceso de inversiones en el interior del país. Según informa Claudio Molina, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, desde ese momento se levantaron 54 plantas de biocombustibles e instalaciones anexas, con una inversión de 3 mil millones de dólares. Ello permitió entregar al mercado interno 11 millones de metros cúbicos de biodiesel en sustitución de gasoil, y otros 7 de bioetanol (mezclado en la nafta), por una cifra superior a los 9 mil millones de dólares. Significó además crear nuevos mercados para las materias primas agrícolas, que en su mayor parte se exportan sin valor agregado adicional. Convertir el aceite en biodiesel y el maíz en etanol significa quitar producto del mercado internacional. Son dos productos (en particular el aceite de soja) donde la Argentina es formadora de precios. A mayor oferta, cotizaciones más bajas.
Pero la ecuación económica no es lo más impactante, aunque conviene agregar que esto fue también ahorro de divisas, ya que se han sustituido importaciones por ese monto. Hay varias cuestiones cualitativas: la política de biocombustibles fue el único aporte significativo del país en materia de emisiones. Y además iniciaba la cuenta regresiva en la era de los combustibles basados en petróleo, que no solo generan daño ambiental sino también afectación de la salud. Por otro lado diversificó la matriz energética, dando lugar a nuevos actores en un negocio hasta entonces de pocos players.
Bueno, la ley 26093 llega a su término dentro de un mes. Hay un fuerte debate con final incierto. Las provincias de base agropecuaria, lideradas por Córdoba, están dando una batalla para profundizar en el camino. Pero el área de Energía está en manos de las provincias petroleras. La influencia de Vaca Muerta pone una impronta muy fuerte.
Los cruces son fenomenales. El diputado rosarino Marcos Cleri, del riñón kirchnerista, impulsa un proyecto de ley que implica una marcha atrás absoluta en el camino emprendido. Esto le valió una fuerte pelea con el gobernador santafesino Omar Perotti. Conviene recordar que la provincia de Santa Fe alberga al 90% de la capacidad de producción de aceite, materia prima del biodiesel, y es la número uno del mundo en glicerina refinada, subproducto de la elaboración del biocombustible. La glicerina es el insumo crítico del alcohol en gel, junto al etanol.
Mientras tanto, el mundo avanza con los biocombustibles en todas las versiones. Estados Unidos y Brasil redoblan la apuesta en movilidad con etanol y biodiesel. Más biogás con productos agrícolas y efluentes. Lo mismo en Europa. La Argentina está exportando semilla de Carinata a Francia, donde elaboran combustible para aviones. La transición hacia la movilidad eléctrica no será tan rápida, y los biocombustibles siguen siendo considerados como la alternativa indispensable. Con este panorama, el mejor escenario sería una prórroga de la actual ley por un plazo razonable, que permita un debate serio y profundo. Para seguir alineados con la tendencia global.
.

Liberan a tres yaguaretés en reserva Iberá de Argentina

Fecha de Publicación: 19/04/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Corrientes


Una hembra y dos cachorros de yaguareté fueron liberados en el Parque Nacional Iberá en la provincia argentina de Corrientes (noreste) como parte de un programa que intenta reintroducir en su hábitat natural esta especie en peligro de extinción, informó este sábado la oenegé Rewilding Argentina.
Con este caso ya suman seis los yaguaretés liberados en el Parque Iberá este año, un área protegida de casi 200.000 hectáreas de esteros, ríos y lagunas rodeadas de pastizales y montes con árboles de gran porte y una fauna variada dentro de la cual este gran felino estuvo extinto por 70 años.
"Está comprobado que el regreso de especies clave en el funcionamiento de los ecosistemas como el yaguareté, contribuye a revertir la crisis de extinción de especies, nos ayuda a secuestrar dióxido de carbono para detener el calentamiento global y evita la aparición de nuevas pandemias", afirmó Sebastián Di Martino, Director de Conservación de Rewilding Argentina.
En esta ocasión fue el turno de una hembra a la que llamaron Juruna y de sus dos cachorros nacidos en diciembre pasado.
Juruna es una hembra silvestre proveniente del norte de Brasilia adonde fue rescatada junto a su hermana, llamada Mariua, la que también ya vive libre con sus dos cachorros en el Parque Iberá desde enero.
Ambas habían sido recogidas por el Instituto Brasileiro de Medio Ambiente cuando, a los pocos meses de nacidas, cazadores furtivos mataron a su madre.
El proyecto para reintroducir el yaguareté en Corrientes lleva una década de trabajo.
"Es la primera vez en la historia que se intenta devolver a este gran felino a un ambiente donde el hombre lo ha exterminado", afirmó la oenegé.
El yaguareté está considerado en peligro crítico de extinción por causas humanas. Argentina perdió el 95% de la distribución original de estos animales y se estima que sobreviven entre 200 y 300 individuos esparcidos en las yungas de Salta, la selva de Misiones, Chaco y Formosa.
La deforestación, el avance de la frontera agrícola y los incendios forestales junto con la caza furtiva lo habían hecho desaparecer de Corrientes.
"El proyecto posiciona a la Argentina a la vanguardia mundial en restauración de ambientes naturales y especies en peligro, a la vez que trae empleo, desarrollo y bienestar a las comunidades de la región", sostuvo el gobernador de esa provincia, Gustavo Valdés.
El yaguareté se suma a otras especies clave reintroducidas en el Iberá, como el venado de las pampas, el oso hormiguero gigante, el pecarí de collar y el guacamayo rojo.
"Las comunidades vecinas al Gran Parque Iberá, que suman unos 200.000 habitantes, hace años que prosperan a partir de actividades vinculadas al turismo de observación de fauna", destacó.
Los Esteros del Iberá son uno de los mayores atractivos naturales emergentes de Argentina y hasta antes de iniciarse la pandemia de coronavirus recibía a unos 45.000 visitantes al año.
.

Gualeguaychú reafirma la marcha contra las pasteras

Fecha de Publicación: 19/04/2021
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag) confirmó la caravana para este 25 de abril “en defensa del agua, el aire y la tierra, es decir, por la vida”, indicó a AIM Javier Pretto, integrante de la organización. La jornada repudia la planta de pasta de celulosa UPM I, la instalación de otra pastera sobre el río Negro, la ampliación de la planta química de Kemira y la flexibilización del Digesto del río Uruguay.
En el 2020 se realizó de forma virtual la manifestación y este 2021 se realizará la XVII marcha en forma presencial, con una gran caravana hasta el puente general San Martín. La concentración de vehículos “será a las 15:30 en la banquina de Arroyo Verde y a las 16 comenzará la marcha al puente general San Martín, que une Argentina con Uruguay y la proclama y arenga se hará en Arroyo Verde, sin bajar de los vehículos (que será trasmitida por radio de FM 88.1)”, contó a esta Agencia Pretto, quien confirmó la jornada, ya que la modalidad se encuadra en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar la propagación del Covid-19.
La caravana “será en defensa de la vida, porque sin agua, aire y tierra limpia no tenemos vida (desde los seres humanos a los animales y plantas). Los seres humanos somos los más destructivos para el planeta tierra, no quiero hablar de seres racionales porque hay un grupo de humanos que actúan irracionalmente, porque sino no estaríamos en las luchas que estamos”, dijo el activista.
En ese sentido, precisó que “hay que defender el planeta tierra, la casa en común que tenemos, porque si la seguimos destruyendo las generaciones futuras no tendrán dónde vivir, porque se seguirá contaminando el agua, el aire y la tierra y sin ellas la vida será de mala calidad y las expectativas de vida se acortarán, porque tendremos más enfermedades”. En ese marco, ilustró que “la pandemia que atravesamos es porque no supimos cuidar el ambiente para que algunos pocos se enriquezcan y los otros seamos más pobres, viviendo en un ambiente más pobre, endeble y contaminado”.
Particularmente, la protesta será contra la ilegal UPM I “instalada en la ribera del río Uruguay que comparte Argentina y Uruguay”, indicó el activista, quien recordó que la Corte Suprema de La Haya determinó que “Uruguay violó (por los hechos consumados) el Estatuto del río Uruguay (de 1975) en cinco oportunidades, normativa que prevé que si hay algún emprendimiento en algún país el vecino se debe pedir autorización para hacerlo y debe ser permitido por las dos naciones y Argentina no le dio la autorización a Botnia (hoy UPM I), que para nosotros es un emprendimiento ilegal”. También, “está el problema de UPM II, que se instalará en el río Negro, que es afluente del río Uruguay, por lo que contaminará el río Uruguay; además, Uruguay pidió autorización a Argentina para ampliar la planta química Kemira (en Fray Bentos) para abastecer también a UPMII y no se presentó el estudio de impacto ambiental; asimismo, se pretende acrecentar la empresa Linde (que está en UPM I), que no tiene controles; y a todo eso se suma la barbaridad de que en la gestión de Mauricio Macri (junto al gobierno de Uruguay) que hizo más permisivo el Digesto y se violó el principio de no regresión establecido en el Estatuto del río Uruguay al reducir la calidad del agua y que el monitoreo de la planta que existe”, dijo.
Al respecto, subrayó que el digesto vigente “se hizo a medida de emprendimientos contaminantes para instalarse en el río Uruguay, lo que es nefasto e implica destruir el río Uruguay sin derecho a reclamo alguno de la ciudadanía”.

Sin controles del aire
Por otro lado, Pretto denunció que el gobierno provincial no realiza los controles de aire más allá de disponer del equipamiento: “En 2014 Nación y Entre Ríos firmaron un acuerdo para realizar un monitoreo del aire de UPM I en la que el gobierno nacional giró 5 millones de pesos para poner en funcionamiento y realizar un control global de control de aire en la provincia y hasta ahora es muy poco lo que se hizo”.
“En 2014 el dólar estaba a 10 pesos y ahora a 98.50 pesos por lo que la plata ahora no alcanza para hacer lo que se tenía que realizar, por lo que el gobernador (Gustavo Bordet) y sus funcionarios de Ambiente deben hacerse responsables por inacción, ya que ese dinero que envió Nación no se ejecutó como debía ser y ahora dicen que la plata no les alcanza por lo que hay incumplimiento de los deberes de funcionario público”, advirtió.
.

Nación estableció el listado oficial de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras del país

Fecha de Publicación: 19/04/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se busca posibilitar la gestión de estas especies, así como su detección temprana, control y erradicación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución n.° 109/21, publicada ayer en el Boletín Oficial, estableció un listado que categoriza las especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras presentes en el territorio nacional, de acuerdo con su grado de invasividad y su eventual importancia para las actividades productivas o para otros usos. Asimismo, el Ministerio que conduce Juan Cabandié conformó una mesa de trabajo federal e interinstitucional para abordar la problemática de estas especies, lo que facilita la conformación de una nueva instancia de gestión para tratar esta problemática.
De esta manera, se cuenta con el marco normativo para abordar el control de aquellas especies de mayor riesgo y generar las condiciones adecuadas para los sistemas productivos que dependen de especímenes de menor riesgo, con el fin de evitar su eventual introducción y movimiento interjurisdiccional y promover así las acciones de contención, prevención, detección temprana, control y erradicación según sus características.
Las especies invasoras son una de las principales amenazas a la conservación de la diversidad biológica. Sus riesgos asociados pueden aumentar debido al incremento del comercio mundial, el transporte, el turismo y el cambio climático. Muchas de las especies exóticas que se vuelven invasoras fueron trasladadas de manera intencional, con fines como la producción y el aporte de insumos para la industria, la caza, su uso ornamental, como animales de compañía y otros.
Por todo esto, los países signatarios del Convenio de Diversidad Biológica se comprometieron a impedir que sean introducidas especies exóticas y a controlarlas o erradicarlas cuando amenacen ecosistemas, hábitats u otras especies.
Es importante recordar que el Convenio de Diversidad Biológica define las especies exóticas invasoras como aquellas plantas, animales o microorganismos trasladados de manera voluntaria o accidental más allá de sus límites naturales de distribución, cuya introducción y propagación amenaza los ecosistemas, hábitats o especies, produciendo daños económicos o ambientales. Se trata de uno de los mayores riesgos para el desarrollo sostenible en distintas regiones del mundo.
Esta norma constituye una herramienta fundamental en materia de protección de la biodiversidad. Es producto del proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza para la Protección de la Biodiversidad Mediante la Formulación e Implementación de la Estrategia Nacional Sobre Especies Exóticas Invasoras”, que lleva a cabo la cartera nacional de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales.
.