Uso de agroquímicos y conflictos territoriales, dos caras de una misma moneda

Fecha de Publicación: 02/03/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Existe una investigación en curso sobre las fumigaciones en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. Su coordinadora hace un adelanto de los primeros resultados.
Actualmente avanza una investigación sobre los Riesgos e impacto socio sanitarios de las fumigaciones con agroquímicos en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. La coordinadora de la investigación es Mariana Schmidt, socióloga y doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), e investigadora asistente del CONICET. Ante las consultas realizadas por Salta 12, la especialista explicó que esta se trata de un trabajo en curso que busca analizar la emergencia de conflictos y controversias vinculados al uso de agroquímicos.
Afirmó que se han realizado entrevistas y relevado múltiples fuentes de información secundaria: documentos e informes técnicos; informes y denuncias; artículos científicos e investigaciones; jurisprudencia y legislación; material estadístico y hemerográfico, con el fin de llevar adelante un análisis de los marcos regulatorios, las políticas públicas y la emergencia y trayectoria de conflictos y/o controversias.
“Para el periodo 1999-2020, se relevaron y sistematizaron un total de 166 casos de Salta únicamente, los cuales no representan la totalidad de los existentes sino aquellos sobre los que se tuvo conocimiento a través de la información disponible y/o accesible”, dijo.
Es así que la conflictividad que emerge de los testimonios informales o denuncias formales “refieren a la contaminación de aguas, la mortandad de fauna y/o flora y las afecciones a la salud. Se apunta a intoxicaciones agudas, accidentes y/o derrames en el manejo de productos tóxicos, pero también a impactos crónicos derivados de las fumigaciones cotidianas cercanas a cursos de agua, canales de riesgo y zonas habitadas, del lavado de maquinaria y/o disposición de envases en fuentes de agua, entre los principales".
"Estos impactos ambientales y sanitarios remiten de modo simultáneo a aquello que hemos categorizado como ‘malas prácticas’ (en oposición a las ‘buenas prácticas agrícolas’ pregonadas por el sector productivo y gubernamental): fumigaciones en campos próximos a viviendas y/o escuelas sin respetar zonas de resguardo, horarios o categorías de toxicidad; almacenamiento y/o descarte de envases, estacionamiento y/o circulación de maquinaria agrícola en áreas urbanas”, entre otros puntos reseñados por la coordinadora.
Explicó que las políticas provinciales de gestión y reciclado de envases vacíos a partir de la creación de Centros de Acopio Transitorio (CAT) se insertan en las regulaciones previstas por la Ley Nacional Nº 27.279. Pero “si bien buscan disminuir impactos ambientales y sanitarios a partir del tratamiento de los residuos generados, no están orientadas a la disminución y/o prohibición de su uso. Más aún, no abarcan a la totalidad de los envases utilizados y desechados, que en gran medida terminan siendo utilizados como recipientes de acopio de agua (entre otros usos) por las poblaciones indígenas y campesinas, que no acceden a servicios de agua potable”, añadió.
Afirmó que en los casos de la población originaria y campesina, los riesgos ambientales y sanitarios se vinculan de modo estrecho a otro problema de gran profundidad histórica en la región, “como es la cuestión del acceso y tenencia de la tierra. En estos territorios, la conflictividad por el uso de agroquímicos no puede desvincularse de los conflictos territoriales por desalojos y falta de acceso a los bienes naturales en cantidad y calidad suficiente para la salud individual y comunitaria”.
A consideración de la investigadora del CONICET “en realidad lo que hace falta es una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos que regule/prohíba el uso de los agroquímicos (distancias y categorías de toxicidad permitidas)”, lo cual sostuvo ahora es “competencia de las provincias y/o municipios”.
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Una “ciudad” al borde del Mar Argentino: las increíbles imágenes nocturnas de la depredación pesquera en el Atlántico Sur

Fecha de Publicación: 02/03/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Como en años anteriores, unos 300 buques extranjeros, mayormente chinos, llegados a fin de 2020 apuntan principalmente al calamar. Estiman entre 2.000 y 3.000 millones de dólares el valor de captura “en bodega”
El espectáculo es impresionante. Por la luminosidad, parece el sobrevuelo de una ciudad de mediano porte. Pero no. Son los aproximadamente 300 buques extranjeros -chinos, coreanos, taiwaneses, españoles, portugueses- pescando en la llamada “Milla 201”, en el borde exterior del Mar Argentino, la Zona Económica Exclusiva (ZEE) reservada para la pesca de los buques con bandera argentina.
La imagen de arriba es de esta semana, desde un Turbotracker de la Armada Argentina. La luminosidad es parte de la técnica de pesca: atraer los cardúmenes de Calamar Illex, una especie migratoria y fotosensible, de modo que se refugien de la luz debajo, precisamente, del casco de los barcos poteros, diseñados específicamente para la pesca del calamar, que con sus potas comienzan la captura.
Así lo explica el capitán de Corbeta Ricardo Schroeder, en el video adjunto, en este caso desde un Super King Air 200, de Beechcraft, a fines de enero, en una operación de control de la Armada que pudo registrar Infobae. Es una nave modificada en los 90s, por un trabajo conjunto entre la Armada y la entonces secretaría (hoy Ministerio) de Agricultura y Ganadería, de la que depende la Subsecretaría de Pesca.

Volúmenes en juego
Hoy en día cada uno de esos barcos está capturando entre 10 y 20 toneladas de calamar por día, dice Juan Redini, presidente de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), la parte de la industria pesquera argentina dedicada al calamar. En diez días, estima Redini, esa ciudad marina de buques extranjeros pesca unas 30.000 toneladas, en un mes 90.000, en dos meses 180.000, con lo que ya supera lo que en todo el año pasado pescaron los poteros argentinos, 170.000 toneladas.
La flota extranjera, mayormente china, llegó al Atlántico Sur a mediados de diciembre, después de incursionar primero frente a las costas de Ecuador, Perú y Chile y cruzar por el Estrecho de Magallanes para llegar a la Argentina justo al inicio de la zafra del Calamar Illex, que sigue hasta julio/agosto.
En los últimos años, la zafra del calamar se fue adelantando, precisamente para intentar achicar el daño de la pesca de buques extranjeros, pero este año, por el protocolo covid-19, empezó el 17 de enero. El daño económico es difícil de mensurar, pero es inmenso. “Los poteros acá somos 70 barcos, y vendemos a los mismos mercados; si ellos (por los buques extranjeros) pescan bien, los precios pueden caer de un rango de entre USD 2.700 y 3.000 la tonelada debajo de los USD 2.000. Y los costos nuestros son mucho más altos, en una proporción de 10 a 1, explica Redini.
Parece exagerado, pero el titular de CAPA explica que muchos buques extranjeros operan con combustible subsidiado por el Estado y pagan unos salarios de USD 200 mensuales. Para un promedio de 30 tripulantes, son unos USD 6.000 mensuales, mientras para un buque argentino descargar 700 toneladas en puerto sale $12 millones, precisa Redini, más de USD 120.000 al tipo de cambio oficial.
“Es una competencia totalmente desleal”, dice Redini. “Lo venimos hablando en Congresos, en la FAO; lo que decimos nosotros es que hay que regular de una vez por todas esas aguas”.
Eduardo Pucci, director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sur (Opras) dice que si bien con la Ley 27.564, sancionada en octubre de 2020, aumentaron fuertemente las penalidades para los buques extranjeros detectados pescando dentro de las 200 millas (de un máximo de $10 millones, que había quedado desactualizado por la inflación y la devaluación del peso, se pasó a un régimen variable según el costo del combustible, desde un mínimo de 500.000 litros de gasoil hasta un máximo de 3 millones de litros) y se mejoró el control del espacio marítimo, la “Milla 201” sigue siendo agua de nadie.
“Era algo de esperar. Los esfuerzos que hace la Argentina, con alto costo económico y operativo, no impiden que el escenario se repita fuera de la ZEE y con los mismos protagonistas. Desde el punto de vista de cooperación con los buques extranjeros no se avanzó. No hay nada nuevo”, dijo Pucci a Infobae.
“La Argentina está comprometida con su política de resolver la controversia de soberanía de Malvinas y las posibilidades de cooperación están limitadas por eso. Vamos a tener efectos sobre el recurso y sobre la posibilidad de captura de la flota argentina, sobre los precios y sobre el mercado. Las consecuencias son graves y no hay señales de que la situación pueda cambiar a breve plazo”, dijo Pucci, quien estimó en unos USD 3.000 millones el valor “en bodega, en Alta Mar” de las capturas de los buques extranjeros (para todas las especies), con un valor de mercado superior y claramente dañino para la industria pesquera argentina, que en el caso del calamar está casi enteramente enfocada a la exportación, principalmente a Europa y China.

No sólo el calamar
El fenómeno afecta no solo al calamar, sino a todo el ecosistema, explica Pucci, porque además la flota extranjera viene con una parafernalia logística de buques de combustibles, víveres y factoría para hacer trasbordos en Alta Mar, de modo de minimizar la necesidad de un centro logístico, como es el puerto de Montevideo.
La depredación pesquera en el Atlántico Sur es un tema que ya ha sido reconocido por Brasil y Uruguay, porque afecta a toda la región, aunque Uruguay mantiene una posición ecléctica, explica Pucci: apoya a la Argentina por Malvinas, pero sigue dando apoyo logístico a buques que asolan el Mar Argentino. El nuevo gobierno uruguayo (de Luis Lacalle Pou) “parece tener otro criterio”, dice Pucci. Al fin y al cabo, explica, Argentina y Uruguay ven afectada una zona común de pesca, aunque la industria pesquera uruguaya sea de mucho menor peso que en la Argentina.
“Desde Uruguay mismo están pidiendo que se revea la política y se respete el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp), auspiciado por la FAO, una agencia de Naciones Unidas, para limitar la Pesca Ilegal, no Reglamentada y no Declarada (Irrnd). La Argentina no firmó el Amerp, para que no se interprete como un reconocimiento implícito de soberanía británica sobre las Islas Malvinas, pero respeta sus normas, en tanto Uruguay lo firmó, pero lo ha respetado poco, aunque últimamente la Dinara (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Uruguay) lo está implementando, dice Pucci.
La operación de buques extranjeros en el puerto de Montevideo llevó en varias ocasiones a incendios y muertes de bomberos uruguayos (el más reciente, en junio de 2020), pero ya en 2018 la organización Healthy Oceans (Océanos Sanos) citó, en base a un informe internacional, que el puerto de la capital uruguaya “está catalogado como el segundo a nivel mundial en recibir pesca de transbordo sospechada de ser Indnr”. Además, denunció que “la flota de barcos Lu Rong Yuan Yu, reconocida por innumerables accidentes de pesca ilegal en todo el mundo, es sin embargo una de las principales clientes del puerto de Montevideo”.
El informe también citó el caso del Yun Mayo 168, un pesquero taiwanés que se negó a evacuar un tripulante en Alta Mar, afectado inicialmente por un fortísimo dolor de muelas y lo descargó muerto en Montevideo. Otro caso, de 2014, mencionaba la fuga en Montevideo de 28 tripulantes africanos de un pesquero chino que denunciaron condiciones de semiesclavitud y tenían marcas de grilletes en los tobillos. “Lo que resta aún conocer es cuál es el destino de cada cadáver que los buques pesqueros extranjeros descargan en el Puerto de Montevideo, una vez al mes, cuáles son los costos, y cuáles son los procesos legales y administrativos”, resaltó el demoledor informe.
Pero volviendo al Mar Argentino, el impacto inmediato de los cerca de 300 pesqueros operando en su borde, no es sólo sobre la industria local del calamar. “Lo que nos pasa a nosotros no es muy distinto”, dice Darío Sócrates, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), que agrupa a empresas dedicadas a la merluza Hubbsi. “Nosotros pescamos todo el año, porque a diferencia del calamar, que tiene un ciclo de vida anual, la merluza llega a vivir entre 8 y 10 años. Los peces no saben de fronteras, lo que se pesca en la milla 199 es lo mismo que en la milla 201. La merluza es una especie de fondo, de profundidad; todo lo que sea sobrecaptura no declarada y no reglamentada, más allá de infligir las normas, tiene un impacto sobre las capturas que hacemos en la Zona Económica Exclusiva, respetando las normas, pero con la competencia desleal de los que pescan afuera”.
Igual en el caso del calamar, también para la merluza el principal mercado es externo. La variedad Hubbsi se exporta a Europa, algo a Rusia y bastante a Brasil. Según datos de la subsecretaría de Pesca, en los primeros once meses de 2020 se exportaron 90.000 toneladas, por USD 199 millones, mientras que del Calamar Hillex se destinaron al exterior 188.400 toneladas, por USD 388 millones.
Otro factor que afecta la pesca en el Atlántico Sur son las licencias otorgadas desde Malvinas. El pasado 12 de febrero, por caso, “Penguin News” informó que el gobierno de las Islas ya había autorizado 36 de las 105 embarcaciones que pidieron permiso para la pesca del Calamar, para hacerlo desde el 15 de febrero hasta el 15 de junio. En la misma nota se precisa que la captura total de los pesqueros con “licencia Falklands” capturan unas 200.000 toneladas, de las cuales un 75% (unas 150.000 toneladas) son de calamar illex.
Datos que se suman a ese enorme ciudad flotante de la Milla 201. “No solo abusan en número; vienen con logística de buques mercantes, de combustible, víveres, todo muy desarrollado y con apoyo del Estado de pabellón”, dice Pucci.
Algunas cosas están reguladas por la Organización Marítima Internacional (OMI, la agencia de la ONU responsable de la seguridad y protección de la navegación y prevención de la contaminación marítima) y la Convención de Derechos del Mar, pero no está prohibido el trasbordo en Alta Mar.
“Hay gente trabajando en la FAO con la OMI y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque en muchos casos las condiciones de trabajo son casi de esclavitud, sobre estos temas”, explica Pucci. “La pesca en Alta Mar tiene que ser materia de un instrumento nuevo que refuerce la Convención de los Derechos del Mar. Una nueva ley es la única forma de salvar los océanos de la depredación”, concluye.
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La Rioja tendrá la primera planta de pellets olivícolas del país

Fecha de Publicación: 02/03/2021
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: La Rioja


Con una inversión inicial de $80 millones, se instalará la primera planta no convencional a partir de residuos olivícolas para la calefacción de hogares e industrias.
Con una inversión inicial de $80 millones, en La Rioja se instalará la primera planta no convencional del país de pellets a partir de residuos olivícolas para la calefacción de hogares e industrias, informó hoy el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La empresa Valle de la Puerta avanza en la puesta a punto de la planta para producir este biocombustible, cuya fabricación comenzará en octubre de este año y tendrá un 98% de maquinaria nacional.
"Los biocombustibles vienen ganando cada vez mayor protagonismo no sólo a nivel mundial sino también en Argentina --que ingresó en este mercado recién en la última década--, por ser una fuente de energía renovable y alternativa a otras de origen fósil como el gasoil, gas propano, gas natural y carbón mineral", indicó el INTI en un comunicado.
En este sentido, el CEO de Valle de la Puerta, Julián Clusellas, sostuvo que "la producción permitirá aprovechar cinco millones de kilos de residuos que se generan luego de la poda de olivares".
"Con la tecnología como aliada, el alcance de los biocombustibles en Argentina no tiene techo. Queremos ser un caso testigo para que otros fruticultores y olivicultores se animen a seguirnos", concluyó Clusellas.
Los pellets que se fabricarán servirán como combustible natural con un alto poder calorífico, ideal para zonas sin acceso al gas natural por su bajo costo, que representa aproximadamente un 60 por ciento del valor del gas envasado al consumidor.
Entre las ventajas se destaca "la sustentabilidad ambiental, ya que se obtiene de aserrín prensado de madera y otras biomasas, con lo que se evita la tala de árboles".
En su estrategia de expansión, la firma privada trabaja junto al INTI con empresas metalmecánicas para fabricar estufas que utilicen pellets como insumo y también se está preparando para exportar, principalmente a Chile, donde la quema de leña está restringida.
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El gobierno de Chubut no pudo avanzar con el proyecto para habilitar la megaminería

Fecha de Publicación: 01/03/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut


El debate quedó en suspenso gracias a la movilización social. El gobernador Arcioni adelantó que se tratará durante las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Sin embargo, muchos dudan que se discuta el tema durante un año electoral
La enorme movilización social, un informe científico y la dilación de la Justicia suspendieron, por el momento, el debate para habilitar la megaminería en Chubut. El gobierno provincial, encabezado por Mariano Arcioni, pretendía aprobar un proyecto de zonificación que permitiera la extracción de plata y cobre en plena meseta.
Pero no tuvo éxito. El gobernador reconoció, en declaraciones públicas, que la discusión se dará en algún momento del período ordinario de sesiones de la Legislatura chubutense, aunque las voces consultadas por Infobae dudan de que avance en este año electoral.
“La prioridad es el inicio de clases, la zonificación minera puede esperar”, dijo Arcioni a la prensa local desestimando una nueva convocatoria, como la que fracasó el 5 de este mes. Y también indicó que continúa “el debate [sobre el proyecto oficial] y el mejoramiento, dando los tiempos que nos han requerido, porque somos respetuosos”.
El Ejecutivo provincial presentó un proyecto de zonificación que, en rigor, es parte de la reglamentación de la ley 5001, que prohíbe la megaminería y el uso de cianuro para separar el mineral de la roca. La iniciativa del gobierno chubutense, pensada a medida de la empresa canadiense Pan American Silver, busca que se desarrolle la explotación a cielo abierto del proyecto Navidad, uno de los depósitos de plata más grandes del mundo. La compañía espera desde hace 11 años que se revise la normativa para empezar con la producción.
“Ahora se le pone más difícil el debate. Siempre digo que la minería es ‘piantavotos’ y lo demuestra el hecho de que hasta el propio Arcioni para ganar la elección se declaraba antiminero. Es un año electoral y se les va complicar, por eso querían acelerar el debate para evitar esta situación. Pero nuestra lucha continúa porque, al mismo tiempo, la Legislatura está obligada a debatir antes de julio la iniciativa popular que propone un modelo de desarrollo sin minería química”, explicó Pablo Lada, miembro de la Unión de Asambleas de la Comunidades de Chubut. Con este análisis coinciden al menos tres diputados consultados por Infobae, que pidieron reserva de su identidad.
Lada destaca la oposición de la comunidad a la minería química ya que se pretende instalar en la opinión pública, como sucedió en Mendoza entre 2008 y 2013, que el proceso de extracción será más amigable con el ambiente porque no se utilizará la lixiviación con cianuro, sino que se hará mediante la técnica de flotación que utiliza detergentes y xantatos.

Los xantatos
Para poder sortear las prohibiciones de las leyes provinciales, como la de Mendoza o la de Chubut, las mineras proponen como técnica la flotación que utiliza agua, detergentes y reactivos para poder rescatar el mineral (plata, cobre, molibdeno) y separarlo de la roca. Uno de esos reactivos es el xantato. En este proceso se genera una molienda que se mezcla con reactivos y espumantes para armar las burbujas a las cuales quedarán “pegados” los minerales. El proceso de explotación en Chubut terminaría con un concentrado que podría ser exportado por Puerto Madryn, a unos 320 km de la mina.
En Mendoza, el debate fue muy similar hace unos años. “El xantato y la policriamida son dos reactivos que, según la empresa, no estaban incluídos en la prohibición de la 7722 [de Mendoza], pero nosotros demostramos técnicamente que al xantato se lo puede encasillar dentro de las otras sustancias. Se puede incluir en las sustancias tóxicas. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico”, detalló a la prensa, hace poco menos de un mes Federico Soria, técnico en administración de Parques Nacionales, licenciado en turismo y técnico en Conservación de la Naturaleza, es uno de los referentes de las asambleas vecinales de Uspallata.
Los ejecutivos de la compañía argumentan que el proyecto Navidad puede crear 200 empresas y 800 empleos directos, además de 2800 puestos indirectos y asegura que se trata de un esquema cerrado que no usa cianuro, donde “la roca se separa de la plata con una sustancia biodegradable”.
Durante el intento de cambiar la ley chubutense en 2014, Horacio Gabriel, gerente de sustentabilidad de Pan American Silver dijo: “Tenemos un yacimiento de plata asociada a un 1% de oro, se utilizan otros métodos de separación distintos a la cianuración, sino con detergentes simples, porque la mejor forma de separar al mineral de la roca es a través de este método de burbujeo”, dijo. Y realizó una polémica declaración respecto de los movimientos populares: “Impiden totalmente todo hasta el detergente para las amas de casa, confío en que no se va a aprobar porque carece de sentido común”.
Pero para poder dimensionar el grado de afectación al ambiente también es necesario analizar las características del proyecto Navidad, un yacimiento que Pan American Silver espera explotar hace 11 años. El estudio preliminar estimaba una producción de 15.000 toneladas diarias, en promedio, considerando una vida útil de la mina 18 años. Según el mismo análisis, publicado en la página web de la compañía, la producción de la planta de procesamiento iba a ser de 20 millones de onzas anuales durante los primeros cinco años y luego, un promedio de 16,5 millones de onzas de concentrados de plata-cobre y plata-plomo, que serían exportados para su refinación.
“Los concentrados de plata de cobre se embolsarán y colocarán en contenedores y probablemente se transportarán por camión 320 km al este hasta Puerto Madryn en la provincia de Chubut, en el Atlántico. El concentrado de plomo-plata a granel será transportado en camiones o en remolques de contenedores hasta los puertos de Argentina o Chile. Los concentrados se exportarán para su tratamiento y recuperación del metal contenido, ya que en Argentina no existen instalaciones adecuadas de fundición y refinería”, indica el análisis de la empresa.
Para Lada, el xantato es tan dañino como el cianuro e insiste en que se discuta la iniciativa popular. “Ya arruinaron el río Loa en el norte de Chile. El proyecto popular es muy claro, rechaza la minería química y cualquier actividad nuclear. Según la Constitución chubutense están obligados a debatir antes de julio ya que ingresó el proyecto a fin de año con 31.000 firmas, el 7% del padrón, el doble de lo que exige la ley”, detalló Lada.
En Chile, en 1997 la rotura de un dique de contención de una minera contaminó con ácido sulfúrico, xantato y cobre disuelto el río Loa, que atraviesa el desierto de Atacama. Acabó con todo resto de vida en el agua.
El xantato, sin embargo, no figura en ninguna norma argentina como sustancia tóxica. En 2015, el senador Fernando Solanas presentó un proyecto de ley para prohibir su uso al incluirlo entre las sustancias químicas peligrosas y dañinas para el ambiente. La iniciativa fue acompañada por Magdalena Odarda (Río Negro) y el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Nunca fue llegó al recinto.

No a la mina
En Chubut, las asambleas y los ciudadanos están movilizados hace muchos años. Desde 2003 cuando en Esquel un plebiscito le dijo “No a la mina”, los vecinos se juntan incansablemente, todos los meses, los días 4. La semana próxima, volverán a hacerlo. Estos últimos días, además de celebrar que pudieron frenar la sesión extraordinaria en la que la Legislatura iba a dar vía libre al proyecto, comenzarán con una serie de charlas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Los manifestantes, que realizaron marchas y abrazos a las sedes académicas, también reclaman que sus voces sean incluidas en las mesas convocadas por la casa de altos estudios para analizar el proyecto cuya conclusión será enviada al Poder Ejecutivo provincial.
Aunque la semana pasada 27 entidades vinculadas al sector productivo presentaron un documento en apoyo al proyecto, el gobierno provincial quiere dar legitimidad a un proyecto que la sociedad rechaza. La presunta adulteración y falsificación de un informe oficial al inicio del proceso empañó la presentación e incluso está siendo investigado en la justicia. Es el Ministerio Público Fiscal el que debe definir si avanza o no con la falsificación del documento.

Agua y cambio climático
Además, un reporte técnico crítico presentado por una mesa técnica del Conicet-Centro Nacional Patagónico terminó con la ilusión de contar con los votos en la sesión especial.
“El Río Chubut es uno de los de menor caudal de la Patagonia, que a su vez abastece del recurso a más del 50% de la población sumado a su uso en la producción del Valle” y que la megaminería lo pondría en peligro, sostiene el reporte.
Además el estudio agrega que el cambio climático provocará una reducción del caudal en las próximas décadas: “Sumado a las condiciones de escasez de agua de la región, los escenarios de cambio climático por sí mismos generarán situaciones preocupantes de estrés hídrico en el futuro. En las últimas décadas se han registrado cambios en las variables climáticas que regulan la disponibilidad de agua dulce en nuestra región”.
Si el proyecto se concreta se desarrollará en la cuenca de Sacanana. Los argumentos oficiales sostienen que se trata de una cuenca endorreica, es decir que no se comunica con el río Chubut. Sin embargo, los científicos aseguran que los acuíferos de esa región podrían ser los reservorios de agua del futuro, cuando el caudal del curso de agua disminuya por efectos del calentamiento global.
El debate político está en suspenso, pero la movilización popular está más activa que nunca. Temen, que nuevamente, se legisle a sus espaldas.
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Denuncian que Minera La Alumbrera contrabandea más de U$S8 mil millones al año

Fecha de Publicación: 01/03/2021
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


La investigadora y socióloga Alcira Argumedo dio a conocer cifras preocupantes a través de su cuenta de Twitter. Metales más valiosos que el oro, sin declarar. Preocupación por la explotación de Agua Rica avalada por la UNT.
La socióloga, investigadora del CONICET y ex diputada de Proyecto Sur Alcira Argumedo denunció a través de su cuenta en la red social Twitter el "contrabando" de Minera La Alumbrera. Para respadar su denuncia alegó un estudio realizado por Geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sobre el barro, denomindo 'tierras raras', que la multinacional saca fuera del país y que sería más valioso que el oro que se extrae de la mina.
Según explicó a través de tuits, los profesionales universitarios analizaron el barro de exportación de Minera La Alumbrera y lograron determinar que el monto del contrabando de las denominadas tierras raras asciende a 8.267 millones de dólares. La ex legisladora nacional consignó que la firma declara 3 metales, pero de contrabando hay 22 más: "son tierras raras más valiosas que el oro", indicó.
La investigadora del CONICET reparó en que las cifras corresponden sólo a una de las empresas mineras que explotan el suelo argentino, que son varias más ubicadas en zonas estretégicas del país. "Todas las mineras exportan sólo tres metales: oro:72%; plata: 19%, plomo:1.3%; total: 92.3%. El resto es litio, con un 5.1% del porcentaje total de exportaciones. El total d eingresos es U$S 3.043 millones. La estafa anual estimada de los mineras es de 15.000 millones dólares/año", ponderó la dirigente de SUR, el espacio político que lideraba Fernando 'Pino' Solanas.
En estos momentos, en Chubut movimientos ciudadanos se resisten a la instalación de un megaproyecto minero al que suponen una amenaza para la provisión de agua potable, libre de contaminación, en toda la Provincia. En Tucumán, en tanto, agrupaciones ambientalistas como PRO Eco y organizaciones vecinales denunciaron que la UNT avanza con la explotación de Agua Rica utilizando la infraestructura de La Alumbrera, sin considerar a las poblaciones afectadas por la continuación del proyecto minero en Andalgalá, Catamarca.  
"Estamos haciendo cálculos más ajustados. Pero en grandes trazos puede afirmarse que con el valor de un año del contrabando de cerealeras, petroleras, mineras y otras exportadoras, casi casi se podría pagar al contado la deuda  del FMI", indicó Argumendo en la serie de tuits ay consideró que "o cerramos esta vena abierta o no hay futuro".

Denuncias por Agua Rica
En septiembre de 2019, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT y la organización ambientalista Pro-Eco denunció el avance de la Universidad Pública de Tucumán en la consecución del proyecto minero. "El Consejo Superior de la UNT recientemente formó una comisión de expertos sin incluir a las poblaciones afectadas en este proyecto minero que se pretende explotar en Andalgalá", denunció Freddy Carbonel, quien participó el año pasado de una Mesa Panel junto a Juan Figueroa (Asamblea El Algarrobo/Andalgalá), Mariana Katz (abogada querellante), Elizabeth Quintero (Coordinadora nacional SERPAJ) y Diego Toscano (ADIUNT) para denunciar el avance de megaminería en Catamarca, con respaldo de la UNT.  
"Agua Rica utilizaría la infraestructura de minera La Alumbrera, que está en el centro de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Por lo tanto, pertenece a la UNT y a Catamarca", describió Carbonel en esa oportunidad. "El año pasado habíamos logrado, junto a las distintas asambleas socioambientales del Noroeste argentino, que no se firmara un proyecto de integración entre este proyecto y la infraestructura de La Alumbrera", recordó el activista, quien denunció que el Consejo Superior desconoció una resolución del 2019 en la que se contemplaba la participación ciudadana en esta instancia.
"Bajo la nueva modalidad de pandemia, se reúne el Consejo Superior y borra con el codo lo que había escrito el año pasado, ya que la resolución contemplaba la participación de la comunidad y de las organizaciones que nos venimos oponiendo a estos proyectos ecocidas", sostuvo y detalló que la explotación "se quiere instalar 15 kilómetros aguas arriba de Andalgalá". "Este emprendimiento va a afectar a todo el Noroeste argentino, a Tucumán, a los nevados del Aconquija y a nuestras fuentes de agua", expuso en esa oportunidad el activista.  
Carbonel evaluó que el proyecto de Agua Rica se trata de "un nuevo capítulo de implicancia de la UNT con la megaminería". "Nosotros venimos sosteniendo una larga lucha con las distintas asambleas y con el gremio de los docentes. Nosotros manifestamos nuestra oposición a que no nos hayan incluido en esta comisión de expertos y, por otro lado, invitamos a todos a pensar y a cuestionar la megaminería: 20 años de La Alumbrera demostraron que sólo dejó contaminación, saqueo y corrupción".  
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Argentina endurece su postura ante Uruguay por la ampliación de las plantas químicas de Botnia

Fecha de Publicación: 01/03/2021
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional


Nuestro país ya comunicó a Uruguay que impugnó “por incompleta” toda la documentación elevada por el Canciller Bustillo en relación a la ampliación de Kemira y Linde
El pasado 19 de febrero, la Cancilleria Argentina comunicó oficialmente al gobierno uruguayo que rechazó “por incompleta” toda la documentación presentada el Ministro de Relaciones Exteriores oriental Francisco Bustillo, sobre la ampliación de las plantas de Kemira y Linde, ubicadas dentro de la Zona Franca de Botnia. Nuestro país considera que, a la vista de la documentación presentada por las autoridades uruguayas es imposible hacer cualquier estudio o análisis serio de la situación que permita avalar dichas ampliaciones.
Actualmente, ambas fábricas son las encargadas de elaborar y suministrar los insumos químicos que se requieren en el proceso de elaboración de la pasta de celulosa que se produce en Fray Bentos pero que también lo harán cuando comience a operar UPM 2, a orillas del río Negro y por ende, se requieren expandir sus instalaciones para permitirles aumentar la capacidad de producción de gases industriales.
En este caso concreto, y en virtud del Estatuto del Río Uruguay, el vecino país debe no solo comunicarlo a nuestro país sino que, además, debe aportar toda la documentación técnica completa para que pueda ser estudiada por parte de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Precisamente, en este último aspecto es donde las autoridades de nuestro país comprobaron que, tal y como venía alertando desde 2018 la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, dichas plantas químicas de Fray Bentos carecen de la más mínima documentación técnica.
En tal sentido, la respuesta oficial argentina a la Cancillería uruguaya sostiene que “solo podría evaluarse” una  eventual propuesta sobre la ampliación de las plantas químicas de Kemira y Linde si se cumplimenta con por lo menos cuatro cuestiones:
- “Presentación del Estudio de Impacto Ambiental original y sus modificaciones o ampliaciones”
- “Descripción y estudio de impacto pormenorizado sobre el área de influencia del proyecto de ampliación”  de ambas plantas químicas
y otras dos cuestiones no menos importantes:
- El detalle pormenorizado de “los efluentes líquidos” de Kemira y Linde “que ingresan a la Planta de Tratamiento de la planta Orión” (la pastera propiamente dicha) y que luego son volcados al río Uruguay
- “Las emisiones de cloro”, en este caso vinculadas a las emanaciones gaseosas de esa sustancia a la atmósfera.

El pasajero del silencio
De acuerdo a lo que se ha podido saber de forma extraoficial, existen por lo menos cuatro antecedentes documentados que se remontan a más de siete años atrás, momento en el que Argentina comenzó a solicitarle a Uruguay que presentara gran parte de la mencionada documentación técnica sobre Kemira y Linde. Jamás esos requerimientos fueron atendidos por el vecino país.
Desde que comenzó a operar Botnia en Fray Bentos, el complejo químico ubicado en la Zona Franca de Fray Bentos siempre se manejó en el limbo. Al punto tal que la existencia de una de las plantas –Linde- recién fue constatada por Argentina en 2010, tres años después que Botnia comenzara a producir pasta de celulosa. Es decir que, durante todo ese tiempo, la planta de Linde tenía una existencia irreal, como si fuera parte de una fábula fantástica. Pero no era así: el pasajero del silencio – la corporación de origen alemán Linde-  siempre estuvo allí junto a Kemira, ambas sirviendo a Botnia.
Uno de los aspectos más inquietantes se refiere a la imprescindible presentación del Estudio de Impacto Ambiental de ambas plantas químicas, que fue solicitado por las autoridades argentinas al vecino país el 17 de enero de 2013. Ante las respuestas evasivas y confusas del lado uruguayo, se reiteró el pedido a través de dos comunicaciones de fechas 27 y 30 de agosto de 2013.
La última reiteración del pedido de información a Uruguay sobre Kemira y Linde del que habría constancia documental se remonta al 30 de septiembre del año pasado, es decir ya con las actuales autoridades nacionales en funciones tanto en nuestra Cancillería como en la Delegación Argentina ante la CARU. Tampoco hubo respuesta uruguaya.
La sospecha más que fundada es que la negativa uruguaya a responder los reiterados requerimientos argentinos se debe a una cuestión muy sencilla: no existe ni nunca existió el Estudio de Impacto Ambiental de las dos plantas químicas que abastecen de insumos a la pastera de Botnia en Fray Bentos y que ahora se pretende ampliar para satisfacer las necesidades de la futura UPM 2.
La traducción práctica no es otra de que las dos plantas químicas que operan en la Zona Franca de Fray Bentos, son ilegales. Es así de claro.

El conflicto nunca termino
Estos episodios vienen a demostrar palmariamente que, contra lo que predicaron muchos funcionarios políticos de cualquier espectro y los medios de comunicación de toda laya a ambas orillas desde 2010, el conflicto entre nuestro país y Uruguay por la instalación de las pasteras no está superado ni mucho menos concluido.
Las únicas excepciones en tal sentido han sido la Asamblea Ciudadana Ambiental y, desde 2015 a la fecha el actual Gobierno Municipal de Gualeguaychú. Hay que reconocer que, desde que inició su gestión el gobierno de Martín Piaggio –con sus más y sus menos y le guste o no a quien sea - siempre tuvo y continúa teniendo una posición de acompañamiento en semejante lucha ambiental del pueblo de nuestra ciudad que ya se acerca a las dos décadas.
Pero el de las plantas químicas no es el único frente abierto con Uruguay. Hay otro que promete profundizar aún más el conflicto: la reforma del Digesto para el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, modificado por la CARU a fines de 2019, en las postrimerías de la gestión macrista de Mauro Vazón en el organismo binacional.
Lo cierto es que la actual Delegación Argentina ante la CARU encabezada por José Lauritto propuso formalmente a la Delegación Uruguaya ante dicho organismo “suspender con fines de revisión” las modificaciones realizadas al Digesto.
La respuesta uruguaya –también oficial- no se hizo esperar: si bien acepta que se pongan sobre la mesa de debate cuáles son los temas que Argentina quiere “revisar” de dicha reforma, se niega tajantemente a que mientras dure esa eventual discusión, el nuevo Digesto quede suspendido.
Ahora, la Delegación Argentina ante la CARU deberá definir que temperamento adopta para impedir que se perpetúe esta suerte de nuevo Código de Procedimientos para contaminar con absoluta impunidad el río Uruguay, que viola todos los principios del Derecho Ambiental internacionalmente reconocidos por los países. Una reforma del Digesto hecha a la medida de Botnia, las corporaciones de la forestación y también, en función de la patria pastera.
Seguramente en los próximos días habrá novedades sobre la controversial reforma macrista del Digesto.
Por ahora, lo que se vislumbra es que la pelota está transitando, lenta pero inexorablemente, por el área uruguaya hacia el destino inevitable. No hay zagueros ni arquero para defender el arco desguarnecido. Salvo que en el instante supremo, alguien llame desde el VAR y evite que el silbato del Juez La Haya señale el centro del campo de juego.
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Respaldo empresario al nuevo Director de Minería y a impulsar esa actividad

Fecha de Publicación: 27/02/2021
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Desde la Unión Industrial de Mendoza y la Federación Económica de Mendoza insisten con la necesidad de impulsar al sector minero y celebraron que un empresario con trayectoria en ese rubro sea el nuevo director de Minería de la provincia.
A pesar de que fracasó la reforma de la ley 7722, empresarios insisten con la necesidad de impulsar la minería en la provincia de Mendoza. Y el gobernador Rodolfo Suarez tuvo un gesto importante: nombró  al frente de la Dirección de Minería a un empresario con larga trayectoria y militancia por la minería y contra la ley. Se trata de  Roberto Zenobi, que ayer se reunió con las cámaras empresarias para comenzar a diagramar una nueva estrategia.
En la mesa estuvieron representantes de la Unión Industrial de Mendoza y de la Federación Económica de Mendoza. "La minería como actividad es sin dudas una gran generadora de empleo y dinamizadora de toda la economía. Queremos trabajar en conjunto para alcanzar la meta propuesta por la gestión gubernamental local, para que en el 2030 la minería aporte a Mendoza el equivalente a la actividad petrolera", aseveran desde esas instituciones.
Más allá de la resistencia que existe en gran parte de la sociedad, los empresarios sostienen que la minería permitirá desarrollar una cadena de proveedores e industrias derivadas que agregue valor a sus productos, y sea un actor clave y sustentable de la matriz económica mendocina, integrada con el resto de las actividades económicas.
Zenobi conoce esa parte del mostrador. Fue presidente de la Cámara de Empresarios Mineros y rechazó la ley 7722 desde su sanción en 2007. Suarez lo nombró a principio de mes, pero ahora se hizo cargo luego de que también la provincia tomara posesión real del proyecto y las instalaciones de Potasio Río Colorado.
La primera medida que tomó Rodolfo Suarez como gobernador fue enviar un proyecto para modificar la ley 7722 para permitir la minería metalífera. La norma fue aprobada, pero luego derogada por el rechazo social. Sin embargo, la idea de impulsar la actividad sigue y las cámaras empresarias respaldan ir en ese camino. "Sin dudas avanzar con firmeza en los controles de las pocas actividades que se desarrollan, fortalecer a la Dirección de Minería con los recursos presupuestarios necesarios, los que están ya previstos por ley; trabajar coordinadamente con el resto de las áreas de gobierno en medidas de educación, concientización del buen uso de nuestros recursos naturales y cuidado del medio ambiente, y por supuesto, poder avanzar en todos los proyectos o iniciativas que estén en el marco de nuestra legislación", sostienen desde la UIM y la FEM.
"Nos preocupa seriamente el crecimiento de Mendoza, y la ampliación de su matriz productiva. Desde el sector productivo venimos reclamando políticas de Estado que nos permitan generar empleo y trabajo registrado bien remunerado. Hay que crear condiciones para que todas las actividades productivas puedan desarrollar todo su potencial y lo cierto es que esto no está pasando", aseveran y subrayan que la provincia ya tiene dos millones de habitantes per cada vez menos empleo.
Desde la UIM y la FEM celebraron la designación al frente de la Dirección de Minería de Roberto Zenobi. "Es una persona conocedora de la actividad y con las capacidades técnicas y profesionales necesarias para darle impulso a una agenda de trabajo realmente necesaria para Mendoza", sostienen.
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Preocupa a legisladores la posible extracción de arena para Shell Oil en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 27/02/2021
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La diputada Sara Foletto impulsó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle si tiene conocimiento de extracción en Entre Ríos de arena silícea para ser utilizada por Shell Oil en el proceso de fractura hidráulica – fracking. Además, la legisladora indicó a AIM que reclamó datos sobre el control del Estado.
La petrolera “estaría sacando arena en los departamentos Diamante, Concordia y Uruguay”, dijo a esta Agencia Foletto. En ese marco, la diputada realizó un pedido de informes “sobre la autorización para la extracción en la provincia de arena silícea u otras similares para ser utilizado en la extracción de combustible mediante fracking”.
En ese marco, requirió datos sobre el tiempo de la extracción de la arena y cuál es el volumen del mineral que se tomó hasta la fecha.
También, demandó conocer “si previo a la autorización para la extracción de la arena silícea u otras similares, se realizó por parte de la secretaría de Ambiente dependiente del ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, un estudio de impacto ambiental, audiencias públicas y demás protocolos establecidos en la Ley 25.675”.
Asimismo, pidió al Ejecutivo que devele si se concretaron controles y si se sabe de que para la extracción se estarían utilizando floculantes.
Además, el pedido de informe demanda datos sobre el contralor que realizan organismos públicos provinciales de la cantidad de material extraído, tratamiento y eliminación de los desechos producidos, método de transporte y su recorrido dentro del territorio provincial.
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El Consejo Provincial del Ambiente avanza en una estrategia sobre cambio climático

Fecha de Publicación: 27/02/2021
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Se trató la adhesión a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático y la aplicación de la Ley Yolanda, entre otros temas.
En la jornada del martes, el Consejo Provincial de Ambiente llevó adelante la segunda reunión de la comisión de Cambio Climático y Riesgo Ambiental, con el objetivo de promover la participación y la integralidad de las políticas ambientales. Como eje principal, se avanzó en la elaboración de una Estrategia Provincial de Cambio Climático.
Asimismo, se trató la adhesión a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático y el interés de participar y aportar a la aplicación de la Ley Yolanda. Para esto último se propuso articular acciones con la comisión de Educación Ambiental, instando a los funcionarios a capacitarse en Cambio Climático, entre otras temáticas ambientales.
La Ley Yolanda (27.592), destinada a todas las personas que se desempeñan en la función pública, tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectivas para un desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático.
Desde la comisión también se está vinculando con la ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático (27.520); norma que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación del cambio climático.
La puesta en marcha del Consejo Provincial del Ambiente promueve la participación y la integralidad de las políticas ambientales como preocupación del Estado, en tanto que la comisión de Cambio Climático y Riesgo Ambiental impulsa acciones para fortalecer la acción climática: desde la asistencia en forma conjunta con otros organismos provinciales a las diferentes localidades afectadas por fenómenos de alto impacto, hasta el fortalecimiento de capacidades para el abordaje de esta problemática.
En esta oportunidad, desde la comisión se presentó un modelo sobre la Estrategia Provincial de Cambio Climático, además de planificar una propuesta de participación para que la ciudadanía se involucre en esta problemática que afecta a todos y todas. “Estoy muy contenta de poder sumarnos a este compromiso que asumió nuestro país y es importante que el Chaco lo tenga en agenda”, expresó Paula Soneira, como asesora de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia.
“Debemos articular ideas y posibles soluciones para enfrentar los hechos o circunstancias que ocasionan el cambio climático; trabajamos para eso y por ende la conformación de esta comisión”, agregó Paula Soneira.

“Sager: Tenemos un compromiso como Estado”
El presidente del Poder Legislativo del Chaco, Hugo Sager, participó de la segunda reunión de la comisión de Cambio Climático, afirmando que “tenemos el compromiso como Estado, nuestro Poder lo tiene; nos toca legislar y ser el soporte parlamentario en relación a esta cuestión climática. Trabajamos para encontrar los consensos necesarios y aunar criterios”.

Guillón: “un testimonio y un ejemplo concreto”
El subsecretario de Fortalecimiento de Gobiernos Locales, Rubén Guillón, afirmó que “como Provincia podemos dar un testimonio y un ejemplo concreto; es necesario que al momento de adherirnos a la Ley Yolanda esta capacitación sea obligatoria para todos los organismos provinciales y municipios; además de sumar a todos los actores involucrados en la temática ambiental”.

Ferrario: “plantar árboles tanto en las zonas urbanas como rurales”
El titular del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), Héctor Ferrario, remarcó “la necesidad de plantar árboles tanto en las zonas urbanas como rurales y la necesidad de reunirse los integrantes de todas las comisiones cada dos meses”. Además, consideró fundamental llegar con las capacitaciones tanto a los trabajadores del sector público como privado.
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Denuncian aplicación de agroquímicos sobre un campo lindero a una entidad educativa

Fecha de Publicación: 27/02/2021
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos


El campo fumigado está ubicado a 500 metros de la Fundación Arbolar Espacio Vivo, una institución educativa que está en el ejido urbano. El dueño de las tierras es de Buenos Aires, pero lo alquila a alguien de 1º de Mayo.
Una Fundación Arbolar, ubicada en el ejido de Colón, denunció en sede policial que una avioneta sobrevoló el campo en el cual desarrollan un espacio educativo, realizando una fumigación aérea.
El hecho habría ocurrido el domingo 14 de febrero alrededor de las 07:30 cuando la avioneta (matrícula LV-LDZ) sobrevolaba de manera circular, a muy baja altura, aplicando agroquímicos en un campo lindero al de la Fundación Arbolar Espacio Vivo, a 7 kilómetros de la ciudad de Colón.
“En la zona, el campo de Arbolar es uno de los pocos que conserva intacta su flora y fauna. En otros linderos se está desmontando para realizar loteos”, indicaron los denunciantes.
La denuncia fue ratificada y ampliada este lunes ante la Dra. María Noelia Batto, en la Unidad Fiscal de Colón.

Riesgos y protocolos no cumplidos
“Nos sentimos muy expuestos. Más allá de que no haya arrojado nada sobre nuestro campo, el riesgo está igual, ya que el viento nos expone a recibir los residuos tóxicos. Además, está atravesado por un curso de agua que llega hasta nuestro campo. El riesgo es real y concreto”, precisaron.
“Consultamos en la comisaría de Colonia Hughes si el responsable de la avioneta había informado que se fumigaría, si había entregado la receta donde debe constar qué tipo de sustancias se aplicarán y si estas son aptas para la salud. Nos dijeron que ese trámite no se había cumplimentado y que debíamos radicar la denuncia en la Jefatura de Policía de Colón, a donde se dirigieron. Nos hicieron saber que el tema se había enviado a Fiscalía para realizar las averiguaciones pertinentes”, denunciaron.
“La ordenanza 55/2012 vigente en la Municipalidad de Colón dice en su Art. 32, al referirse a las aplicaciones aéreas: Queda expresamente prohibida la aplicación de agroquímicos mediante aeronaves en toda la superficie del ejido municipal de Colón y hasta una distancia de tres mil (3.000) metros del límite del mismo en atención a las corrientes de aire así como a los vientos zonales que puedan servir como agentes que trasladan los agroquímicos en el aire”, recuerdan.
Entre las contraindicaciones que representa la fumigación en condiciones inadecuadas, “hay suficientes testimonios en Entre Ríos, además de informes de médicos y científicos, que alertan sobre los riesgos de los agroquímicos en la salud humana. Sabemos que hay campos linderos que son fumigados y que, por reversión térmica, esas sustancias ingresan a nuestro espacio”, expresaron desde la ONG.
“El campo fumigado está ubicado a 500 metros de la Fundación Arbolar. Su dueño es de Buenos Aires y se lo alquila a una persona de 1º de Mayo”, agregaron como dato.
“Esta es la segunda fumigación que se realiza en ese lugar. Existe un protocolo a nivel provincial que no se cumplió. La Policía nos tomó la denuncia, y si bien nos dijeron que no había registro de que se iba a fumigar, no nos podían dar constancia por escrito de lo que nos estaban diciendo”.
“Vemos muchas irregularidades naturalizadas. Queremos que esto no suceda más y que se activen los protocolos provinciales y municipales, haciéndose cargo los organismos correspondientes”, concluyen. (
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Jujuy: las cámaras detectaron la presencia de un yaguareté en una reserva natural

Fecha de Publicación: 26/02/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Jujuy


Está en peligro de extinción y fue declarado Monumento Natural Nacional, máxima categoría de protección para una especie
Un ejemplar de yaguareté, el mayor felino y depredador del continente, que está en peligro de extinción, fue captado por el sistema de cámaras de una reserva natural de la provincia de Jujuy.
La Fundación ProYungas difundió las imágenes registradas del animal a través de equipos de fotosensibilidad. “El avistamiento de esta especie en peligro de extinción reafirma la presencia del felino más grande de Sudamérica en las yungas jujeñas y es un indicador de las buenas condiciones del ecosistema”, afirmaron voceros del organización ecologista.
En el material se muestra su paso en una zona selvática en la que también hay un arroyo de agua, donde el animal se arroja en medio de la noche. La Fundación ProYungas y la empresa Ledesma precisaron que como parte del programa de monitoreo de biodiversidad, “se han realizado más de 13 muestreos de mamíferos grandes y medianos a través de cámaras sensibles al calor”.
En ese marco se registraron “32 especies de animales, dentro de las cuales se encuentran algunas más vulnerables como el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero” y los estudios sirvieron para la intervención en distintas zonas de las 100.000 hectáreas que posee la reserva natural.
En los trabajos realizados se destacan “escaleras laterales en sus canales de riego para que los animales puedan usarlos como bebederos”, detallaron. El monitoreo de la biodiversidad forma parte del Programa Paisaje Productivo Protegido, que llevan adelante desde hace 10 años.
No es la primera vez que un yaguareté es avistado por cámaras de monitoreo en una reserva natural. A fines de agosto de 2019, apareció el primer registro de yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco.
Durante una recorrida de rutina, agentes del lugar y de la Dirección Regional NEA de la Administración de Parques Nacionales, junto a investigadores del IDEA-CONICET pertenecientes al Proyecto Yaguareté, avistaron huellas, que fueron medidas y fotografiadas para su posterior análisis.
El hallazgo significó la presencia del felino más grande del continente americano en esa área protegida desde su inauguración en 2017. A raíz de ello, personal del parque nacional colocó nuevas cámaras de trampa, que se sumaron a otras ya instaladas y así reforzaron el monitoreo en las 130 mil hectáreas de extensión del lugar creado para preservar su biodiversidad, investigar y resguardar el mayor remanente natural del impenetrable chaqueño.
Las cámaras instaladas por The Conservation Land Trust registraron por primera vez imágenes de la especie (Panthera onca) y desde la APN, sostuvieron que “la confirmación de la presencia de yaguareté en el Parque Nacional acentúa la importancia del rol del área protegida y sus valores de conservación asociados, incentivando los esfuerzos y el trabajo en la protección de la diversidad biológica”.
El yaguareté fue declarado en 2001 Monumento Natural Nacional, máxima categoría de protección para una especie. La misma se encuentra en peligro crítico de extinción en el país según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos en el Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de la Argentina. También es Monumento Natural provincial en varias provincias del norte argentino.
Y días atrás, un hecho importantísimo para la especie sucedió en el Parque Nacional El Impenetrable en la provincia de Chaco, Tania -una yaguareté que vivió en cautiverio en el zoológico de Mar del Plata- dio a luz a dos cachorros luego de que se cruzara con Qaramta, un macho silvestre que habita en la zona.
El encuentro entre ellos se produjo el 17 de octubre pasado y fue la una experiencia inédita: nunca un ejemplar de cautiverio y otro silvestre habían sido cruzados aquí. Los juntaron durante cuatro días en el interior de los jaulones que prepararon para concretar la unión.
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Se intensifican los operativos de fiscalización para frenar la caza furtiva y pesca ilegal en la zona norte de Misiones

Fecha de Publicación: 26/02/2021
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


En procedimientos realizados por Guardaparques del Ministerio de Ecología y de Recursos Naturales Renovables de Misiones y la División Lacustre y Policía Ambiental (UR-V), en las últimas horas se realizaron nuevos procedimientos de control y fiscalización contra actividades ilegales relacionadas a la pesca ilegal y caza furtiva en zonas del Lago Urugua-í.
«La patrulla estuvo orientada en distintas áreas protegidas del Perilago zonas denominadas (Falsa Bahía y La Porocha) donde los agentes de fiscalización secuestraron cinco redes de distintas mallas de más de 600 metros», detallaron en un informe de prensa desde el organismo.
Asimismo, en el perímetro de la zona se halló rastros de embarcaciones y huellas que conducían a un campamento procediéndose al secuestro de los elementos hallados carpas, prendas de vestir y elementos de cocina.
Paralelamente la justicia continúa la investigación a fin de determinar si estos nuevos elementos podrían guardar relación con el hecho ocurrido el pasado 19 de febrero, donde cazadores abrieron fuego contra los uniformados y Guardaparques.
Este viernes el ministro de Ecologi, Mario Vialey, visitó a los guardaparques heridos ante el «inescropuloso accionar de personas que prefieren estar al margen de las legislaciones vigentes y ponen en riesgo la vida de profesionales que realizan su trabajo, cuidando y protegiendo de flora y la fauna misionera», señaló.
En este sentido el titular de cartera ecológica agradeció a todas las instituciones que se pusieron a disposición ante tan cobarde hecho, y destacó la noble tarea de los profesionales que integran el plantel de guardaparques de la provincia de Misiones. Cabe resaltar que ambos guardaparques se encuentran en buen estado de salud y en etapa de recuperación.
Por otra parte, desde Ecología indicaron que «este tipo de patrullas se continúan realizando sin pausas, con el único propósito de frenar las actividades ilegales vinculadas a la pesca y a la caza furtiva, y lograr la detención de las personas que optan por estar fuera de las normas y leyes vigentes, y que sin lugar a dudas con actos indebidos, provocan graves daños al ecosistema y a la selva misionera», concluyeron.
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Caso Petroquímica Bermúdez: sólo dos de los acusados quedaron imputados

Fecha de Publicación: 26/02/2021
Fuente: Mirador Provincial (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe


En la causa que investiga graves delitos ambientales ocasionados por la firma, únicamente los funcionarios quedaron imputados formalmente este lunes en la audiencia celebrada en los tribunales de San Lorenzo.
 Por la acusación de graves delitos ambientales ocasionados por la empresa Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor), solamente dos de los cinco implicados quedaron formalmente imputados en la audiencia que se llevó a cabo este lunes en los tribunales de San Lorenzo. Se trata del exfiscal regional, Patricio Serjal, y el Fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini. Mientras que los dueños de la firma, el empresario Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, representados por el abogado Mariano Cúneo Libarona, no fueron imputados dado que el juez actual, Carlos Andrés Gazza, considera que todavía sigue vigente una resolución del juez, Juan José Tutau, que extingue la acción penal contra ellos. Por este motivo, se pasó a un cuarto intermedio con fecha de reanudación el próximo 5 de marzo, donde se discutirá la validez de dicha resolución.
Así las cosas, Serjal y Luzzini quedaron formalmente imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Y a Patricio Serjal por omisión de persecución. A los titulares de la ex–Electroclor, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, pretenden imputarlos por contaminación dolosa y perjuicio al medioambiente.
Una de las hipótesis con la que especulan los fiscales tiene que ver con los motivos que habría tenido el exfiscal regional, Patricio Serjal, para haber aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que habría ocasionado un daño ambiental irreversible. Allí concentran la investigación.

El caso, paso a paso
El caso salió a la luz el 25 de marzo de 2015 cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.
Capitán Bermúdez vendría siendo contaminada por los residuos tóxicos de la Ex Electroclor desde hace, por lo menos, siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera a Celulosa, estarían esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales y una exposición mayor produce la muerte.
El propio municipio de Capitán Bermúdez detectó emisiones con los sensores de cloro y el 14 de enero de 2015 corroboró el mal estado de las instalaciones fijas, cañerías, compresores, motores, instrumental de control y tanques de almacenamiento de cloro, con gran cantidad de recipientes móviles para el traslado de cloro a clientes desperdigados por todo el predio, con cilindros oxidados por la sustancia corrosiva que contenían. En ese estado no es posible la producción de sustancias tóxicas debido al alto riesgo de generarse fugas de gases.
En este contexto, la empresa presentó un informe ambiental, pero la Secretaría de Medio Ambiente lo desestimó y solicitó otro sobre el pasivo ambiental de la compañía. De esta manera, el 16 de noviembre de 2016 la misma cartera provincial generó un documento sobre el estado deficiente de la empresa, que había dejado de funcionar en 2014. Se sospechaba que había presencia de residuos peligrosos. A la vez, se constató emisión de gas cloro que afectó a parte de los empleados de la firma lindera Celulosa SA proveniente de la Ex Electroclor. Por esto, fue intimada al cierre seguro de su planta, pero no procedió a ello.
Cuatro meses después, el 27 de marzo de 2017, el aún gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, ordenó a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondiera contra Petroquímica Bermúdez para lograr el cese de cualquier actividad contaminante que constatara.
Esto derivó en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, que en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA. La intervención de un perito a instancias de Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Ledesma avanzó hacia una imputación, pero recibió a último momento la directiva del exfiscal regional para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.
La idea que moviliza a los fiscales contra Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente.
Cabe señalar que la empresa tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el ahora Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y cuyas tareas ya iniciaron.
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Neuquén: se produjo un sismo de 2,9 grados en Vaca Muerta y ya es el segundo del 2021

Fecha de Publicación: 25/02/2021
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Neuquén


Se registró este martes a las 17:20 y tuvo una profundidad de cuatro kilómetros.
Este martes por la tarde se produjo un sismo de 2,9 grados de magnitud en la zona del yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Ya es el segundo que se da en el mismo lugar en lo que va del 2021, y el anterior había ocurrido el 9 de enero. Expertos alertaron la relación entre el «fracking» y estos movimientos telúricos.
Según informó la agencia NA, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inprés) informó que el sismo en Vaca Muerta se registró a las 17:20 de este martes, y que tuvo una profundidad de aproximadamente cuatro kilómetros. De todas formas, estos estudios suelen tener cierto margen de error y no se pueden conocer todavía los números exactos.
Los expertos Javier Grosso y Guillermo Tamburini Beliveau, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y el CONICET respectivamente, ratificaron que existe un margen de error de 15 kilómetros en la localización del sismo, y advirtieron sobre la proximidad que existe con un área de la modalidad de extracción del «fracking».
Grosso y Tamburini Beliveau señalaron que «es evidente la proximidad» del sismo con los «pozos del área de La Calera, operada por la firma Pluspetro», y explicaron que se trata de un «área en la que se está fracturando hace tres meses». También pidieron realizar algunos cambios para poder estudiar mejor la gravedad del sismo.
«Insistimos con la necesidad de ampliar la red sismográfica para que la precisión sea mayor y se puedan hacer análisis más complejos», agregaron. El «fracking» es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Es una de las formas de estimulación de pozos en los yacimientos de hidrocarburos.
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Se agudiza la sequía y el río trae 36% menos de agua que lo pronosticado

Fecha de Publicación: 25/02/2021
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


El déficit del 50% entre lo que trae y la demanda actual se está sacando de los diques que están muy pobres.
Cuando falta un mes para que termine el verano y empiece a declinar más el derretimiento de nieve en la cordillera, el río San Juan que nutre al Valle de Tulum, Ullum y Zonda; está trayendo mucha menos agua de lo que se había previsto en octubre, cuando se hizo el pronóstico hídrico. O sea, debería traer 30 metros cúbicos por segundo (m3/s), y en realidad en los meses de enero y febrero ha estado derramando en el orden de los 19m3/s, según datos de la Secretaría del Agua. Los 11 m3/s que faltan significan 36% menos agua de lo pronosticado. Pero además, entre lo que trae el río, y lo que se gasta en riego agrícola y consumo hay un déficit del 50% que se está sacando de las reservas de los diques, que ya están bastante deprimidas. En números la situación hídrica de la provincia es la siguiente: el río trae un caudal de 19 m3/s, se erogan de 38 a 40 m3/s para atender la demanda poblacional (un déficit en el orden del 50% promedio). La situación de los embalses también es complicada. Entre Los Caracoles, Punta Negra y Ullum; sólo tienen 280 hectómetros cúbicos, es decir apenas un 22 % del volumen total si estuvieran llenos (ver recuadro). En general, se está desarrollando un ciclo atípico: hubo más nevadas que en el anterior (2019/2020) pero el tiempo se mantiene fresco en la cordillera, no se derrite nieve, y por eso el volumen de agua no crece lo suficiente y San Juan sigue en una larga crisis hídrica, la quinta peor temporada del último siglo. Los datos han hecho variar incluso la previsión hídrica para la actual temporada: el pronóstico de volumen de agua para el ciclo de octubre 2020 a septiembre 2021 era de 815 hm3, y ahora está más cerca de los 640 hm3, informó Juan Carlos Caparros, secretario del Agua. Este panorama encendió las luces amarillas en el Concejo Provincial para Control de Embalses y Seguridad de Presas (COCEP), cuyos integrantes se han puesto de cabeza a analizar cómo se va a administrar ese recurso escaso, con el objetivo de mantener o incrementar las reservas de los embalses para la próxima temporada 2021/22. También le presentaron un pantallazo de la situación la semana pasada al gobernador Sergio Uñac. Más perforaciones, más días de corte para riego e impulso a manejo inteligente de riego, son las tareas que se planifican (ver abajo) en el equipo creado por ley hace 13 años, conformado por el ministerio de Obras, la Secretaría del Agua, Hidráulica, Recursos Energéticos, EPSE y OSSE.
"Estamos gastando las reservas de agua y lo que nos preocupa es que si el río no se recupera rápidamente, o este invierno no hay una nevada importante; esas reservas de los embalses pueden estar complicadas para el ciclo 2021/ 2022", explicó el secretario del Agua. Caparrós desestimó que la situación sea catastrófica, o que la gente o los productores vayan a quedarse sin agua "porque el río seguirá trayendo algo de agua". Agregó que el equipo está anticipándose a lo que pueda suceder el próximo ciclo hídrico. "Queremos planificar qué medidas adicionales se pueden tomar para poder enfrentar un ciclo que si es similar en caudales a este podríamos estar con reservas muy al límite", dijo el funcionario. "Estamos haciendo una previsión a un año, porque el río no está reflejando lo que nosotros esperábamos", agregó.
El problema que existe es que entre los meses de diciembre y marzo, cuando el río trae agua, coincide con la etapa de mayor demanda de agua por parte del riego agrícola. La esperanza está puesta en que el clima de una señal positiva a esta provincia donde casi no llueve y sólo depende de la nieve que se junte en la cordillera. La semana pasada hubo nevadas y se están cruzando los dedos para que esa nieve no se evapore y termine derramando en el río.

Los embalses de la provincia
Las tres represas ubicadas sobre el río San Juan si estuvieran llenas contendrían 1.300 hm3 de agua, pero actualmente sólo tienen 280 hm3, lo que significa un 22% del total de sus capacidades de reserva, informo Caparrós. El funcionario dijo que se continuaran con las cortas de agua previstas para el sector agrícola para permitir sostener este ciclo hídrico hasta octubre del 2021. Añadió que la baja reserva también afecta el uso energético de las presas de Los Caracoles y Punta Negra, ya que no están generando electricidad. "Técnicamente se pueden aprovechar Ullum y Punta Negra porque quedan cotas operativas que se mantienen como para poder operar desde el punto de vista turístico", dijo.

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