Aseguran que proteger a los humedales es cuidar la salud humana

Fecha de Publicación: 03/02/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


En el día en el que se conmemora el aniversario 50 de la firma de la Convención sobre los Humedales en Ramsar, Irán, al que Argentina adhirió hace 30 años, varios especialistas argumentaron sobre la necesidad de proteger esos espacios ante el cambio climático y el uso de los suelos para la ganadería y la agricultura.
 La destrucción de hábitats naturales y la alteración de los ecosistemas facilitan la propagación de los virus por lo que se debe proteger a los humedales de Argentina, que representan más del 20% de los ecosistemas del país, aseguraron organizaciones socioambientales y reiteraron su pedido por una ley que protección al conmemorarse hoy el Día Mundial de los Humedales.
"La destrucción de hábitats naturales, la disminución de la biodiversidad y la alteración de los ecosistemas facilitan la propagación de virus. En este contexto, resulta necesario mantener a los ecosistemas naturales en un buen nivel de salubridad con políticas públicas", aseguró Rubén Quintana, presidente de Fundación Humedales e investigador principal del Conicet.
"Esperemos que esta dura experiencia que nos atraviesa con la actual pandemia nos haga reflexionar sobre la necesidad de repensar la relación de la sociedad con la naturaleza", expresó al explicar por qué la salud está "estrechamente ligada" a la salud ambiental.
En Argentina, los humedales ocupan una superficie estimada en 600.000 km2, más del 20% del territorio.
Entre ellos, se destacan las turberas de Tierra del Fuego y los mallines de la Patagonia, los Esteros del Iberá, las lagunas de altura y salares de la Puna y el Delta del río Paraná.
"En Argentina tenemos una tendencia a la degradación y desaparición en grandes áreas de humedales, que es algo que se ve a nivel mundial. Se están perdiendo estos ecosistemas. No hay datos específicos de pérdidas, pero sí sabemos que desde 1700 en todo el mundo se ha perdido el 87% de los humedales", dijo a Télam Daniel Blanco director de la Fundación Humedales.
Según explicaron los especialistas, los humedales se ven amenazados por el cambio climático y por el uso de los suelos para la agricultura, ganadería y urbanizaciones.
El año pasado en el Delta del Paraná según las estimaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se perdieron 328 mil hectáreas arrasadas por incendios como consecuencia de la acción humana.
"Lo del 2020 fue un panorama desastroso. La sequía histórica en el Río Paraná producida por el cambio climático y las modificaciones en el uso de la tierra por el avance de los monocultivos de soja y la ganadería produjeron que grandes extensiones de humedales que están secas como pajonales se prendieran fuego", explicó Blanco.
"Creemos que en lugar de respuestas de emergencia a la situación, es tiempo de tener políticas públicas que anticipen, prevengan y minimicen los riesgos e impactos asociados a las quemas. Los humedales están para ser aprovechados pero hay que pensar formas de producción innovadoras y más amigables con el medio ambiente", opinó Blanco.
Este martes se conmemora el aniversario 50 de la firma de la Convención sobre los Humedales en Ramsar, Irán, al que Argentina adhirió hace 30 años al igual que otros 171 países.
Allí se definió la Red de Sitios Ramsar, que nuclea a aquellos humedales considerados de importancia internacional por ser "esenciales para la vida en el planeta" y busca generar un compromiso por parte de los países para protegerlos y conservarlos para la gente y la naturaleza.

Los humedales en la Argentina
En la Argentina, se han designado hasta el presente 23 Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas de ambientes diversos, tales como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas, turberas y llanuras de inundación, entre otros.
A pesar de la suscripción de Argentina al acuerdo de Ramsar, desde las organizaciones socioambientales se alertó que, por fuera de los sitios definidos, los humedales no cuentan con una legislación que los proteja, por lo que reiteraron la necesidad de aprobar una Ley de Humedales.
"A la fecha no hay ley que ampare a los humedales. Esto permite que industrias, como la ganadera y la inmobiliaria, desarrollen sus negocios sobre humedales, lo que modifica directamente su composición y sus funciones como ecosistema. Por eso, necesitamos urgentemente la sanción de una ley que proteja los humedales", sostuvo Leonel Mingo, coordinador de clima y energía de Greenpeace.
Según la organización, la industria inmobiliaria ha generado daños severos al Delta del Paraná.
Datos de Fundación Humedales de 2018 registraban 543 urbanizaciones cerradas, construidas y proyectadas en el Delta del Paraná y en las planicies de inundación de los ríos y arroyos.
"Sólo el 2.5% del agua del planeta es dulce y menos del 1% puede utilizarse. Por esta razón, la protección de los humedales, que son nuestras reservas de agua dulce, debe ser una prioridad", concluyó Mingo.
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Empresa privada revela cómo usa el agua del río Atuel

Fecha de Publicación: 03/02/2021
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa


El intento privatizador de la Laguna del Atuel no deja de deparar sorpresas, desagradables para La Pampa -como era de esperar-. La empresa propietaria de la estancia El Sosneado, donde se encuentra la laguna, admite que utiliza no solo las aguas de ríos y arroyos tributarios del Atuel en su propio beneficio, sino también las del río Diamante. Habla de una «veintena de arroyos y ríos tributarios del Atuel y del Diamante» que cruzan su predio. Paradojas de la historia, la estancia fue fundada en 1901 por un pionero pampeano, Alfonso Capdevielle, que llegó allí luego de su agitada historia pampeana.
El comunicado de prensa que las empresas Sominar SA y Luncay SA emitieron el día 26 buscando convencer a los lectores de que el acuerdo firmado en 2018 con el gobierno mendocino para gestionar la Laguna del Atuel -donde nace el río que cruza esa provincia y termina en La Pampa- se ajustaba a derecho, abrió la puerta a conocer detalles sobre cómo se maneja el recurso interprovincial en esta parte de la provincia de Mendoza, a espaldas de La Pampa e ignorando de plano el carácter interprovincial del curso.
Los detalles surgen de la propia página web de la firma Sominar SA, alojada en la dirección www.sominar.com.ar. Allí se lee que «Sominar – Sociedad Minera Argentina Sociedad Anónima es una empresa argentina fundada el 28 de febrero de 1937» que hasta la década de los ’80 se dedicó a la explotación minera en las provincias de San Luis, Córdoba y Mendoza.
«Es una empresa de capitales argentinos que actualmente solo cuenta con propiedades en Mendoza», la principal de ellas «la estancia El Sosneado, donde realiza diversas actividades económicas».
Según un tríptico promocional que se puede descargar desde la página, en el año 1942 la firma Sominar «adquirió un campo de aproximadamente 330.000 hectáreas conocido como Estancia El Sosneado con el objeto de explotar la mina de azufre Volcán Overo, ubicada a 4.400 metros sobre el nivel del mar, en el cráter del volcán homónimo, en plena Cordillera de Los Andes».
La infraestructura creada para la extracción, transporte y procesamiento del mineral «marcaron un hito en la historia de la minería nacional», destacó la firma.

Veintena de arroyos.
Algunos detalles sobre cómo maneja el agua la empresa se encuentra en el apartado de Desarrollos & Proyectos de la página. Allí Sominar informa que «se encuentra analizando y desarrollando nuevos proyectos agrícola-ganaderos aprovechando el impresionante potencial y la riqueza natural que posee su extenso territorio, ubicado en plena Cordillera de Los Andes».
La estancia El Sosneado «tiene una extensión de 330.000 hectáreas, más de 16 veces la Capital Federal, en los departamentos San Carlos y San Rafael» y limita por el norte con el río Diamante, por el sur con el Atuel, al este se acerca a la ruta nacional 40 y al oeste termina en el límite internacional con Chile, detalló.
«Dentro de la estancia -se lee en la pestaña Agricultura- existen 500 hectáreas de potreros cercados, 280 destinadas al cultivo rotativo de papas para semilla certificada; ajos por exportación, zanahorias, alfalfa, y centeno, entre otros. Las hectáreas restantes son utilizadas para pastoreo de animales y para la forestación de bosques de álamos».
A renglón seguido surge un párrafo revelador: «la veintena de arroyos y ríos tributarios de los ríos Atuel y Diamante incrementan la disponibilidad de tierras para plantaciones pudiendo sembrarse además, todo tipo de pasturas para mejorar la alimentación del ganado en los campos».
Aprovechando ese privilegio, la empresa informó que «se encuentra realizando pruebas de cultivos que pueden desarrollarse en la zona, como membrillos ciruelas, manzanas, peras, damascos, uvas y nueces, entre otros», mientras que «también incorporará hectáreas de alfalfa para la sustentabilidad del proyecto ganadero».
El tríptico ahonda en los detalles: «Actualmente, parte del campo se ha destinado principalmente al cultivo de alfalfa y maíz forrajero. También se realizan cultivos rotativos de papa semilla certificada, zanahorias y centeno». El resto de la provincia «está arrendada mediante contratos para su explotación ganadera, en su mayoría caprino, ovino, vacuno y equino».

Manejo interprovincial.
Esta información era, hasta ahora, poco conocida y raras veces había formado parte de la discusión sobre el manejo integrado del río Atuel -algún día corresponderá hacerlo sobre el Diamante- que mantienen desde hace décadas Mendoza y La Pampa.
De hecho, Mendoza siempre ha querido, y de hecho lo ha logrado, acotar la discusión por la gestión del río al tramo inferior, y por ello la comisión que ha albergado esos encuentros se denomina Comisión Interprovincial del Atuel Inferior. Nunca estuvo, hasta los últimos años, en debate la gestión del río en el curso superior y el tramo medio.
En el año 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia pateó el tablero y dijo que el río debía manejarse con criterio «ecocéntrico» y espíritu federal, también dispuso que la gestión sea integral, desde un extremo al otro del curso.
Por ello está en marcha la creación de un comité de cuenca que ya no será del Atuel Inferior sino de todo el curso. Es el CIRA, el Comité Interjurisdiccional del Río Atuel, un proyecto que aún está tomando carrera porque Mendoza resiste a ultranza cualquier posibilidad de ceder el manejo de todo el curso.

El verdugo del Atuel.
Ironías de la historia: la estancia El Sosneado que ahora aparece como verdugo de los intereses pampeanos sobre los ríos Atuel y Diamante, fue fundada en el año 1901 -ó 1910 según otras fuentes- por Alfonso Capdevielle, el pionero pampeano que fue intendente de Victorica y luego fundó la localidad de Telén. Capdevielle fue incluso el primero en proyectar la construcción de la represa El Nihuil, para la cual había adquirido equipos en Alemania que nunca llegaron al país por el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Un artículo publicado por un portal de minería denominado «MiningPress», dice que las tierras donde está la estancia «fue conocida por Alfonso Capdevielle, un visionario francés, a principios del siglo XX durante los traslados de hacienda hacia Chile». El fundador de Telén «quedó impactado por la excelencia de las pasturas, la calidad de sus aguas, su ubicación estratégica y las riquezas mineras» de la zona.
«Hasta ahí llegó Alfonso Capdevielle, un francés soñador. Era el 2 de agosto de 1910, cuando decidió comprar más de 340.000 hectáreas», detalla el portal.
Una vez radicado en El Sosneado, Capdevielle «le dio vida a proyectos innovadores y trajo al paraje adelantos tecnológicos como luz, telégrafo, esquiladoras y elementos para el bienestar de pobladores locales».
Capdevielle murió en su estancia el 26 de enero de 1920 y su deceso «dejó inconcluso uno de sus más grandes proyectos: la construcción de la presa El Nihuil». Con ese objeto «ya había comprometido capitales privados y las maquinarias no pudieron ser trasladadas debido al estallido de la Primera Guerra Mundial».
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Cerdá sostuvo que habría otra ronda de debate por el proyecto

Fecha de Publicación: 03/02/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El ministro de Hidrocarburos del Chubut, Martín Cerdá, presidente del Consejo Federal Minero (COFEMIN), dijo que el Gobierno analiza organizar una nueva agenda para continuar con el debate por el proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta. Y, en este contexto, valoró el apoyo expresado por el presidente Alberto Fernández a la propuesta de desarrollo y generación de empleo.
«Nosotros continuamos con el proceso que se inició semanas atrás. Tuvimos varias reuniones y hemos recibido muchas propuestas que están siendo tenidas en cuenta y se ha informado al ámbito legislativo de todo lo recogido», dijo Cerdá, en declaraciones a la FM Cien Punto Uno de Comodoro Rivadavia, y consultado sobre la ronda de encuentros realizada durante toda la semana pasada.
«Esta semana hemos seguido en contacto con gente que sigue acercando cuestiones para seguir fortaleciendo el proyecto. Seguimos en ese camino y abiertos a todas las propuestas que quieran acercar o a toda discusión que se pueda dar», agregó. Respecto de la posibilidad de reeditar el debate próximamente, Cerdá indicó: «Se puede volver a hacer un ejercicio como el de la semana pasada cuando se convocó a diferentes sectores y se generó ese debate con aportes».
Y agregó que «debido a la agenda de esta semana» en la que el gobernador Mariano Arcioni y varios funcionarios tuvieron encuentros con ministros nacionales en Buenos Aires para realizar gestiones en distintas áreas, «no se hizo con esa modalidad, pero se está analizando armar una agenda para que se pueda continuar por ese camino».
«Nosotros emitimos un documento con un cierre de toda la semana de reuniones. Hemos recibido algunos aportes más, que también vamos a ir enviando a la Legislatura; y a medida que se haga el ejercicio como el de la semana pasada iremos informando todo lo que vaya aconteciendo», enfatizó.
Cerdá también se refirió a la reunión que Arcioni tuvo con Alberto Fernández y en la cual el Presidente expresó el apoyo al proyecto de zonificación minera.
«El Presidente tuvo la oportunidad de ver el marco regulatorio del proyecto de manos del propio gobernador», valoró el funcionario.
Y en este contexto agregó: «Por todo el camino que hicimos, recogiendo las mejores experiencias que tienen otras provincias, con un montón de encuentros de trabajo durante el año pasado, quedó plasmado el mejor proyecto que puede tener la actividad para el país».
Añadió que el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, «monitoreó desde el inicio el proyecto; fue lo que se le mencionó al Presidente en esa reunión y obviamente es una tranquilidad también para el Presidente que Chubut pueda haber contemplado todas las cuestiones que requiere esta actividad».
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El Riachuelo en pandemia: controles ambientales suspendidos, viviendas sin entregar y las cifras de una contaminación que persiste

Fecha de Publicación: 02/02/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo


Los análisis de ACUMAR reflejan que el icónico cauce mantuvo sus altos niveles de contaminación. Avances discretos en una zona en la que viven más de 4 millones de personas y 500 mil están en riesgo
Desde que empezó a ser utilizado hace 200 años como pozo ciego para desechos por la industria saladeril, el Riachuelo nunca logró ser saneado. Aunque nadie lo esperaba, tampoco el año de la pandemia trastocó los destinos del emblemático cauce. Y podría haber ocurrido. En muchos países, la caída del consumo de energía y de emisiones de dióxido de carbono ocasionados por las cuarentenas representaron un “alivio” ambiental. Para la región de la cuenca del Riachuelo, donde viven cerca 4.500.000 millones de personas, solo se trató de un año más.
Desde el fallo “Mendoza” del 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado con jurisdicción en la cuenca Matanza-Riachuelo avanzar en soluciones por el daño ambiental. Con ese fin, se creó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un paquete de 14 acciones para atender la compleja problemática socioambiental de la cuenca.
Sin embargo, los avances fueron discretos desde entonces. Según los últimos datos oficiales de 2020, la contaminación permaneció en sus niveles altos y habituales, sin poder cumplir los estándares mínimos de calidad ambiental. Incluso, varios de los controles previstos no se pudieron realizar debido a las restricciones del aislamiento obligatorio de la pandemia. En toda la cuenca, unas 502.398 personas viven en zonas urbanas de riesgo alto y muy alto por los déficit socio-ambientales, mientras que 700 familias viven en los márgenes del Riachuelo.
En principio, las autoridades y técnicos de Acumar, que lidera Martín Sabbatella, tienen objetivos más acotados que la búsqueda de un ambiente balneario donde se pueda nadar y pescar. Es lo deseable, pero la meta primaria de gestión es que los cursos de agua sean aptos para realizar “actividades recreativas pasivas”, es decir poder contemplarlos sin tener un contacto directo. A este tipo de indicador, el PISA lo define como “Uso-IV”. Pero esos parámetros tampoco se alcanzaron y obtuvieron el nivel más bajo desde 2010, a pesar de las acciones implementadas y las particularidades del monitoreo en pandemia.

Las industrias siguieron volcando
“El canal Millán (...), una vez tomada y envasada la muestra, comenzó a descargar un vertido de características visuales particulares, de color blanquecino y grasosa. No se pudo tomar una nueva muestra por falta de instrumental. Sin embargo, se dio aviso a las áreas pertinentes para que tomen las medidas necesarias”, señala uno de los reportes ambientales que se hicieron durante el 2020. Un botón de muestra de los tóxicos y elementos extraños que se pueden encontrar en el agua del Riachuelo.
Los expertos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) consideran que existen tres fuentes principales de contaminación en la región: la industrial, la cloacal y la causada por residuos sólidos, entre ellos, los basurales. La combinación de estos factores impacta sobre la calidad de vida de los millones que habitan en la cuenca hídrica.
En el área de influencia existen unos 8.000 establecimientos industriales. Durante el último empadronamiento efectuado en 2019, el sistema de autoregistro arrojó 5.266 establecimientos. De ese grupo, unos 1.000 vuelcan allí sus desperdicios.
“Entre ellos, 370 que fueron declarados Agentes Contaminantes (AC) aún conservan esa condición”, precisó a Infobae Bruno de Alto, director general ambiental de Acumar. Son 805 las fábricas y empresas industriales que emiten sustancias dañinas a la salud, pero no todas vuelcan.
“De los que vuelcan, no todos lo hacen con el mismo volumen de efluentes líquidos ni con el mismo grado de potencial contaminante. Uno de los objetivos estratégicos que hemos fijado es el de controlar de manera automática y en línea a las aproximadamente 80 empresas que son responsables del 90 % del volumen de vuelco”, agregó de Alto.
El método de control son monitoreos a distancia e inspecciones con tomas de muestras de los efluentes. Los vecinos también reclaman. En septiembre pasado hubo uno de esos casos. Después de clausuras preventivas, denuncias repetidas y un allanamiento judicial, se cerró de manera definitiva una curtiembre clandestina en Piñeyro, en el partido de Avellaneda, por violar la normativa ambiental.
Los controles del Estado son modestos. Con el recambio de administración a fines de 2019, solo había 30 planes de adecuación ambiental en las 807 plantas con agentes contaminantes. “Durante el 2020 se lograron 2 adecuaciones y que los planes de adecuación en trámite asciendan a 105″, señaló Bruno de Alto. “Estamos intimando formalmente, mediante comunicación oficial, a dichas empresas a que lleven a cabo el proceso de formulación, aprobación y ejecución de los Planes de Adecuación (PA) necesarios para que su actividad no tenga característica de contaminante”, agregó.
A lo largo del aislamiento obligatorio (ASPO), los establecimientos fabriles apenas redujeron su actividad en un período corto de tiempo. Por lo tanto, “los cambios en los cuerpos de agua van a ser la última variable en modificarse frente a cambios en los ecosistemas”, señaló el director general ambiental. Mientras tanto, se firmó un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INTI y empresas privadas para instalar equipos automáticos para que midan en tiempo real el caudal y la calidad de los vuelcos de las empresas. La intención también apunta a que los establecimientos implementen, en cooperación con la UTN, un sistema de autocontrol de sus descargas a los efluentes. “La idea es que estén en marcha en 2021″, indicaron.

Las conclusiones de la campaña 2020
El año pasado, Acumar llevó adelante tres campañas de monitoreo de los indicadores más relevantes de la cuenca del Riachuelo, que registran la calidad de agua superficial, sedimentos, y aire. Estos estudios no se pudieron hacer de manera completa a raíz de la cuarentena, por lo que no son “equivalentes” con años anteriores. Es decir, las muestras “ad hoc” recolectadas sobre el índice de calidad de agua superficial (ICA) son ilustrativas del estado de la cuenca durante la pandemia de COVID-19, y recién habrá resultados completos para las mediciones trimestrales de marzo y julio de 2021.
Ante la consulta de Infobae sobre la influencia en los niveles de contaminación, Bruno de Alto respondió que “los cambios observados en la calidad del agua no son directamente atribuibles a las medidas de ASPO, sino que se deben más tanto a variaciones estacionales como a las escasas precipitaciones observadas durante 2020″.
La conclusión del informe sobre la calidad de agua superficial es que no hubo modificaciones significativas en valores como oxígeno disuelto (OD), uno de los elementos del análisis claves para identificar el desarrollo de vida acuática. Para alcanzar ese estadio, es preciso detectar 4 a 5 mg/L en ese indicador de manera sostenida, un estándar que continúa sin ser alcanzado. “Los resultados durante la campaña de agosto 2020 resultaron en su mayoría similares a los que suelen encontrarse durante esta época del año”, señala el reporte sobre la muestra.
En sus estudios, Acumar mide si las muestras registran 2mg/L de OD, uno de los 10 parámetros físico-químicos vinculados al “Uso IV” del ecosistema que apunta a la realización de “actividades recreativas pasivas”. De las campañas de junio y agosto, solo en 4 de 20 estaciones se cumplieron esos niveles de oxígeno disuelto. Según los analistas, hubo “dificultades generales” para cumplir con los estándares en “prácticamente todos los puntos monitoreados”.
Si bien no es comparable por el tipo de análisis limitado por el ASPO, el nivel de cumplimiento de calidad de agua en 2020 alcanzó su registro más bajo desde abril de 2010. De los 20 sitios de muestreo, solo 1 cumplía condicionalmente con el uso IV de calidad de agua, y de los restantes, 9 no cumplían con al menos uno de los parámetros, en tanto que 10 no pudieron ser monitoreados.
Los resultados fueron más negativos en la cuenca baja, que cuenta históricamente con mayor deterioro ambiental. En los icónicos sitios de Puente La Noria, la desembocadura del Riachuelo y el Puente Alsina, donde hay tres puntos de muestreo, la conclusión fue que el nivel de oxígeno disuelto encontrado “no permite el desarrollo de la biota esperable”.
Otro dato típico registrado fue la presencia de bacterias. “La carga bacteriana es elevada en los 20 sitios seleccionados para esta campaña”, apunta el monitoreo, que detectó coliformes fecales y Escherichia Coli en la muestra de agosto. “En relación a la cantidad de unidades formadoras de colonias se concluye que en los tres puntos de muestreo mantienen elevada concentración para un cuerpo de agua natural”, precisó el estudio ambiental. De acuerdo a estos niveles, un entorno de agua dulce es apto para el uso recreativo directo si la escherichia coli cuenta con un nivel máximo de 573 UFC/100 mL. “En las aguas del Riachuelo dichos valores se superan en todos los casos”, concluye el monitoreo.

El deterioro ambiental y el impacto en la salud
La existencia de los basurales a cielo abierto y un inadecuado tratamiento de los residuos son factores de riesgo para la salud de la población.
Según la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos del organismo, de enero a noviembre de 2020 se retiraron 52.518,43 toneladas de residuos. En lo que refiere a la limpieza de los márgenes del Riachuelo, unos 18 cooperativas de trabajo -integradas por 592 cooperativistas- retiraron 23.306,30 toneladas. La Acumar destaca este tipo de trabajo en cuadrillas, ya que lo observa como un mecanismo de inclusión que genera fuentes de trabajo desde la propia comunidad, y al mismo tiempo, se incorpore una mirada de educación ambiental.
“Hoy el indicador principal de éxito no tiene que ser cuántas toneladas de residuos se recolectan del cauce principal, sino cuántas toneladas de residuos se recuperan para el sistema productivo”, definió Bruno de Alto.
En relación a la limpieza de basurales, hubo un retiro de 26.468,39 toneladas, mientras que otras 2743,74 de desperdicios que se removieron de la superficie del agua. De Alto informó que se hizo un trabajo de recuperación de las riberas, con la liberación del camino de sirga en un 88% de obstrucciones desde las cuatro bocas hasta la Ruta 4. Además, se concretó la limpieza de 185 km de las márgenes del cauce principal y arroyos, junto con 22 km de remoción de residuos flotantes entre el Puente La Noria y la desembocadura del Riachuelo.
De los 59 buques hundidos entre Puente Nicolás Avellaneda y el Puente Pueyrredón identificados por el fallo de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, faltarían removerse unas tres embarcaciones pendientes “que la anterior gestión no financió”. “El presupuesto plurianual 2021–2023 de ACUMAR tiene previsto su cuota parte para el cumplimiento”, puntualizó De Alto.
Desde Acumar admiten que las tarea de erradicación de basurales y de limpieza es incompleta por la complejidad de la cuenca. Es que parte del problema está vinculado con las condiciones de habitabilidad y de trabajo de las personas que habitan la región.
“Las empresas que contaminan no son el único peligro al que se ven expuestas las poblaciones, sino que, en gran medida, la exposición se relaciona con la actividad laboral “informal” como acopio de chatarra, baterías de autos, quema de cables”, sostuvo María Andrea Dakessian, directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar. “Esta situación no se resuelve con la relocalización, sino con educación ambiental y a través de programas que impulsen la generación de empleo verde sustentable o sostenible, entre otras políticas públicas saludables”, puntualizó.
Dakessian apunta que son 502.398 personas que habitan urbanizaciones emergentes categorizadas como de riesgo alto y muy alto, según el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental de ACUMAR. El número es aproximado y “podría ser aún mayor”, aclara. Este grupo está expuesto a una o más amenazas, como las condiciones inadecuadas de vida, no tener acceso a agua ni cloacas, manejo inseguro de la basura, contaminación atmosférica, suelos contaminados, la presencia de industrias contaminantes, entre otras.
Unas 10.069 personas son supervisadas por las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (Eisaar). En estos operativos se pueden identificar los “casos” de niños con vacunación incompleta, poblaciones con enfermedades crónicas no controladas y atender cuestiones de infraestructura básica en las urbanizaciones.
“No todas las situaciones requieren la relocalización de las familias, ya que en muchas situaciones se puede evitar la exposición brindando apoyo a través de soluciones habitacionales que permitan a las familias obtener mejores condiciones de hábitat sin tener que dejar su lugar de pertenencia ni sus vínculos cercanos”, aclaró Dakessian.
Durante 2020, Acumar midió el índice de calidad del hábitat de arroyos urbanos USHI (Urban Stream Habitat Index), como parte de la campaña de monitoreo del agua superficial. El indicador varía de cero a diez, siendo el valor más alto de diez una mejor calidad de hábitat. Se trata de un trabajo de campo recientemente implementado, que apunta a medir el deterioro ambiental de los afluentes por la presencia de basura y escombros, edificaciones, alteración de los arroyos y existencia de plantas acuáticas, entre otros factores.
Las conclusiones del registro no habilitan dudas. De las 15 estaciones relevadas, el 20% presentaron condiciones de hábitat “muy malas” y el 63% “malas”. Solo presentan “condiciones moderadas” el 27% de las áreas analizadas.

Cloacas, plomo y calidad de vida
Todo la región carece de instalaciones cloacales adecuadas. Apenas el 50% de la población cuenta con acceso al servicio, lo que impacta junto a la contaminación ambiental, al tener que eliminar de manera informal los desechos urbanos y domiciliarios.
Sin embargo, en 2020 hubo algunos avances en materia de obras en plantas de tratamientos cloacales de Cañuelas, Lanús, Laferrere o en la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires. La más importante es la mega obra de “Sistema Riachuelo”, que cuenta con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y está prevista su finalización estar finalizada en 2023. El año pasado se concluyeron 1,5 km del “Tramo Transporte” del Emisario Riachuelo o “hinca de risers”, con la instalación de 34 difusores para el tratamiento de los líquidos.
En el acceso al agua potable, los registros son algo mejores, pero se está lejos de lo deseable. “Para que se alcance el 100% de la cobertura, será imprescindible el previo acompañamiento de la urbanización de todos los sectores vulnerables”, indicó Bruno de Alto. Con ese fin, el pasado 21 de diciembre se realizaron relevamientos en barrios sin infraestructura y acceso como Villa Tranquila, Alianza, Isla Maciel, Villa Inflamable y La Saladita.
La ausencia de infraestructura acorde también impacta en la calidad de vida. Acumar mide este indicador en función a cuatro dimensiones (vivienda, educación, salud y entorno). Según el organismo, en el área que involucra a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, se registran los valores más altos de calidad de vida, mientras que en La Matanza aparecen los valores más bajos. El factor “entorno” es lo que más se deterioró entre 2016 y 2019, nuevamente en La Matanza, pero también en la Ciudad de Buenos Aires.
La mejoría en la calidad de vida se manifiesta en otro variable, como la medición de la valores de plomo en sangre de la población. En 2020, se detectaron valores menores, con un 13% de disminución de las plombemias en las personas con exposición confirmada.
“La variación depende de las mejoras en las condiciones de vida, así como del cumplimiento de las recomendaciones higiénico dietéticas del equipo especializado en seguimiento de casos con plombemias elevadas oportunamente. Sin embargo, los niveles de plomo no son indicadores que permitan medir directamente la efectividad de las acciones de cuidado en salud”, precisó Maru Dakessian.
En general, desde Acumar reconocen que los datos vinculados a la relación de los factores ambientales y su impacto en la salud “se basan en los operativos realizados y en la pesquisa en sistemas de información”, como el Eisaar, que “son de por sí sesgados”.
“Hay un déficit de información sobre todo la generada en el subsistema privado y de obras sociales. La propuesta de avanzar hacia un sistema integral de salud aportaría datos más cercanos a la realidad que permitan realizar un análisis epidemiológico acorde que sirva de base para la toma de decisiones”, subrayó Dakessian.
Entre las cuentas pendientes permanece una deuda histórica con el déficit habitacional. El fallo “Mendoza” obliga al Estado a realizar 17.771 viviendas para las personas relevadas en ese momento que estaban en riesgo ambiental. Doce años después de la sentencia, se entregaron 4.932 soluciones habitacionales, y en 2020, apenas 356. Mientras tanto, más familias pudieron haberse radicado en cuenca Matanza-Riachuelo, por lo que la cifra inicial no sea suficiente para resolver la problemática. Pero tampoco existe una expectativa de que se vaya a cumplir rápidamente la manda judicial.
“Es sabido que estos números duros son metas establecidas sobre un proceso absolutamente dinámico como es la dinámica poblacional”, planteó María Laura Rey, directora de Ordenamiento Territorial de Acumar. “El plan de reactivación que se está llevando a cabo a nivel nacional prevé la reactivación de cerca de 2000 soluciones habitacionales que se encontraban en situación de paralización desde el año 2016″, concluyó.
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Juan Cabandié: "Si se sigue ampliando la frontera agraria estaremos en peligro"

Fecha de Publicación: 02/02/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


 La modificación de la ley de bosques y, quizá, ir por un fuero ambiental son dos de las premisas que tiene en mente el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. En diálogo con La Nación, detalló el estado de situación tras los fuegos de 2020 y los que han empezado a desatarse este año.

-Tras los incendios del año pasado, ¿cuál es el estado de situación?
-Vamos bien encaminados. La ley de incendios es una ayuda. Pusimos en agenda el tema como no estaba antes. El trasfondo es la necesidad de revisar las prácticas productivas, por lo que significa la extensión de la frontera agropecuaria en contra de los ecosistemas. Tuvimos reuniones con ONG y especialistas para modificar la ley de bosques, que ya tiene 12 o 13 años. Durante el 2020 hubo 332.000 hectáreas afectadas y 100.000 hectáreas de desmonte. Entre las dos suman 420.000 hectáreas con bosques perjudicados y arrasados. Debemos ponerle ahínco al trabajo con las provincias para el combate rápido. Ha pasado que las provincias a veces tardaban en pedirnos ayuda. En agosto teníamos 14 provincias con fuegos simultáneos, por factores naturales y de gestión. Por eso dispusimos que los brigadistas de parques nacionales tengan estabilidad laboral. Serían unos 450 en total, estables en cada parque.
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-¿Qué tipo de modificación incluirá la nueva ley de bosques?
-Varias. Se tipificará el delito de incendio de bosque nativo. Y, como también es cierto que la categoría color verde quedó obsoleta, vamos a eliminarla. Porque gran parte de la deforestación es sobre áreas verdes. Es un problema, porque legaliza el desmonte. Habría que hacer un nuevo ordenamiento. Estamos conversando con los sectores, con ONG, movimientos campesinos, las provincias; estamos en condiciones de avanzar para que ingrese en marzo al Congreso.

-Se suele decir que las leyes ambientales argentinas están bien, pero que no se cumplen. En concreto, que las provincias no ejercen su poder de policía para evitar la deforestación.
-Por eso la tipificación de delito. En líneas generales, la posición es siempre que lo ambiental no sea obstáculo del desarrollo, pero que sea un desarrollo sostenible. Es la única salida por la gravedad de la situación planetaria. Las zonas amarillas no impiden la actividad productiva, siempre que sea con planificación, que haya un manejo integral del bosque. Quizá algún sector de la soja se quejará, pero si seguimos ampliando la frontera agraria estaremos en peligro real. Vimos las inundaciones de La Falda en estos días. Los bosques son fundamentales en la regulación hídrica, la protección del suelo, la fijación de gases de efecto invernadero. La pérdida del suelo por erosión es enorme y tiene consecuencias para la calidad de vida. Agotar el suelo no le sirve al sector productivo tampoco. Si se estresa el suelo, se desertifican zonas que podrían ser más productivas. Es un cambio de paradigma. Nuestras cuencas y bosques hay que cuidarlos. El sector productivo debe incorporar conceptos de sostenibilidad; es un territorio donde vivimos todos.

-Otro debate es la disyuntiva entre penalizar a quienes deforestan o convencerlos de que lo que hacen es malo para todos.
-Por eso la ley de educación ambiental. Hay que hacer las leyes poniendo el diálogo por adelante. Me ha pasado, por poner un ejemplo, con los fuegos artificiales, con la cámara que agrupa a los vendedores. Sacamos un decreto en diciembre donde el estado prohíbe las compras de esos fuegos sonoros. Vino la cámara enojada, dialogamos, y ahora volvieron, y este año hubo demanda para usar fuegos sin estruendo. El mercado se readaptó para ir solo a lo lumínico. Se beneficia así a personas con autismo, y también a las mascotas.

-¿Qué grado de efectividad pueden llegar a tener medidas como la ley de manejo del fuego?
-Fue pertinente. La legislación comparada muestra que es una medida que ha sido exitosa y bajó la tasa de fuegos. Este año ya no hay registros de focos significativos. Hoy en el Delta el ganado vacuno empieza a consumir pastos y evidentemente los incendios fueron para renovar pasturas. La medición de cómo funciona la ley en el terreno la vamos a tener en marzo o abril. Hay distintos eslabones de las cadenas de decisiones y en ese sentido la Justicia tiene un rol, como insistí desde el principio. Creo que habría que pensar en un fuero específico de lo ambiental, que los jueces no tengan excusas para aplicar las leyes.
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Organización de abogados del Noa repudia atropellos contra comunidades indígenas de Jujuy

Fecha de Publicación: 02/02/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy


La organización de Abogados y Abogadas del Noa en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) repudió hoy hechos de violencia sufridos durante una asamblea organizada por la comunidad indígena Las Capillas, y, por otro lado, la concreción de un desmonte ilegal en perjuicio de la Comunidad Tusca Pacha, ambas de Jujuy.
“Estos hechos no resultan aislados dentro de la provincia de Jujuy ni del país, sino que se correlatan con una serie de vulneraciones de los derechos humanos más elementales que defienden las comunidades indígenas que resisten: el derecho a sus territorios ancestrales y a una vida digna dentro de los mismos”, indicó Andhes, en un comunicado de prensa.
Del hecho de violencia contra la Comunidad de Las Capillas, del Pueblo Ocloyas, detallaron que ocurrió el pasado 23 de enero, durante una asamblea que convocaron para visibilizar los conflictos territoriales que atraviesan y de la que participaban representantes de pueblos indígenas de Jujuy, Salta y Santiago del Estero; de organismos nacionales; y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Andhes.
“Lamentablemente, mientras se llevaba a cabo dicha Asamblea Comunitaria, la vivienda de un anciano de unos 80 años que participaba de la reunión sufrió un ataque que produjo serios daños materiales y la sustracción de algunos elementos personales”, explicaron desde la organización.
Desde Andhes descartaron que se tratase de un hecho aislado, y argumentaron que la Comunidad viene sufriendo “constantemente diversos atropellos por parte de una empresa que ha mandado empleados a poner alambrados, cerramiento de paso, restricción de circulación de ganado en zonas de pastoreo, entre otros”, en el marco del conflicto territorial existente.
Respecto al desmonte ilegal sufrido por la Comunidad Indígena Tusca Pacha, de la localidad de Palpalá, indicaron que tuvo lugar la mañana del 25 de enero, cuando despertaron en el lugar con árboles caídos, arrancados por una máquina de desmalezar.
“Está ligado a los intereses empresariales vinculados a la inmobiliaria Sucre, por lo que el fatal desenlace es inminente sino se toman las medidas necesarias”, sostuvieron al respecto y señalaron que “el daño causado fue parcialmente detenido por integrantes de la comunidad que se apersonaron a la comisaría local para hacer la denuncia pertinente”.
“Desde Andhes se reitera el apoyo a la Comunidad Indígena Las Capillas y Tusca Pacha, resaltando el papel fundamental que debe tener en estos casos el Estado Argentino a fin de brindar las garantías necesarias para prevenir y castigar a las empresas junto con sus cómplices que quieran despojar a las comunidades indígenas de su territorio comunitario”, concluyeron. (Télam)
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Audiencia Pública: más del 97% de los oradores rechazó la privatización de Costa Salguero

Fecha de Publicación: 01/02/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Capital Federal


Entre los principales argumentos que fueron esgrimidos para rechazar el proyecto se encuentran sus contradicciones con la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico; el déficit de espacios verdes y la preservación del ecosistema ribereño y la pérdida de espacios públicos, entre otros.
La audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco, que se realizó en la Legislatura porteña a lo largo de los últimos dos meses, finalizó este sábado con el 97,6% de sus oradores rechazando el proyecto del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que busca habilitar en esos predios la construcción de edificios de hasta 10 pisos.
De acuerdo a un relevamiento realizado por los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT), Juan Manuel Valdés y Lucía Cámpora, expusieron en la audiencia un total de 2.057 personas, de las cuales 2.002 se opusieron a la iniciativa del Ejecutivo local, que propone cambiar las normas urbanísticas de estos dos predios, que están ubicados en la ribera del Río de la Plata y abarcan 32 hectáreas.
En tanto, sólo 55 participantes se manifestaron a favor de la iniciativa. De estos, 24 son o fueron funcionarios con cargos jerárquicos dentro del GCBA, mayormente en áreas vinculadas con la implementación del proyecto, y otros 7 tienen algún tipo de vinculación formal con el Gobierno porteño o con la fuerza política gobernante.
"Miles de ciudadanos y ciudadanas expresaron su rechazo al proyecto que se pretende desde el Gobierno de la Ciudad", dijo al respecto Valdés a través de un comunicado, en el cual agregó: "Tenemos que redoblar los esfuerzos para evitar que llegue al recinto".
Vecinos y vecinas de todos los barrios de la Ciudad, activistas ambientalistas, colectivos de profesionales de la arquitectura, autoridades de la universidad pública, referentes académicas/os, jóvenes y adultas/os mayores, artistas, comunicadores, senadores, diputados/as, comuneros/as, agrupamientos vecinales y agrupaciones políticas, se destacan en el amplio abanico de participaciones de las 30 jornadas de audiencia pública.
Entre los principales argumentos que fueron esgrimidos para rechazar el proyecto se encuentran sus contradicciones con la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico; el déficit de espacios verdes y la preservación del ecosistema ribereño y la pérdida de espacios públicos, entre otros.
Además, durante las audiencias fue señalado la problemática de la cercanía con el aeropuerto Jorge Newbery. En este sentido, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) advirtió que los edificios proyectados "atentan contra la seguridad aeronáutica", ya que se construirían a menos de 500 metros de la cabecera de una de las pistas del aeroparque metropolitano.
En tanto, la propuesta de crear un gran parque público fue contundente: se propuso llamarlo "Diego Armando Maradona".
“El Gobierno de la Ciudad debe escuchar la voz de los porteños y porteñas que se manifestaron en esta enorme audiencia, al igual que en las distintas manifestaciones que se llevan adelante en defensa de la costanera. Avanzar con un proyecto de estas características, desoyendo el pedido de tantos vecinos y vecinas, sería un acto de enorme sordera y un irremediable error en la historia de la Ciudad”, señalaron desde el bloque de legisladores del Frente de Todos.
El proyecto de rezonificación fue aprobado en primera lectura en la Legislatura porteña en octubre pasado, con votos del oficialismo (Vamos Juntos) y de bloques aliados (UCR-Evolución y Partido Socialista), y la audiencia pública era requisito para que la norma llegue al recinto para una segunda y definitiva votación.
En diciembre de 2019, el oficialismo porteño, que en ese momento contaba con 32 bancas en la Legislatura, de un total de 60, aprobó una ley que autorizaba la venta de las tierras de Costa Salguero y Punta Carrasco, que pertenecen al Estado local, y luego lanzó el "Concurso nacional de ideas", convocando a proyectos arquitectónicos que incluyeran la construcción los edificios.
Sin embargo, la venta de las tierras se encuentra suspendida por un fallo de la justicia local en segunda instancia, el cual consideró que las tierras ribereñas son de "especial tutela" por su valor ambiental; además, la Constitución porteña establece en su artículo 8° que los terrenos costeros son "públicos y de libre acceso y circulación".
Dicha Constitución también establece, en su artículo 1°, que la Ciudad de Buenos Aires, "organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa".
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Desde la UNR solicitan a Perotti que se reglamente la Ley de Humedales provincial

Fecha de Publicación: 01/02/2021
Fuente: Mirador Provincial
Provincia/Región: Santa Fe


En el primer mes de un año con nuevos focos ígneos y más de 1100 hectáreas incendiadas en las islas frente a Santa Fe, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario recordó al gobernador de la provincia la necesidad de reglamentar -para evitar un año de sucesivas quemas como fue el 2020- la postergada Ley de Humedales provincial (n°13.932) que fue aprobada por Congreso Provincial el 23 de noviembre de 2019.
 "En caso de que no se avance con la reglamentación de la Ley que nos ampara, y de avances en el Comité de Emergencia Ambiental intergubernamental creado por decisión de la Corte Suprema (que no se está reuniendo), en mayo o junio de este año, nos encontraremos con el mismo panorama de quemas de pastizales descontroladas y una nueva baja en la calidad del aire", fueron las palabras de advertencia del director del Observatorio Ambiental, Matías de Bueno, en diálogo con Mirador.
Esta ley generará, según explicó, un plan de reordenamiento del territorio en las islas que sean santafesinas. Para ello la ministra de Medioambiente Érika Gonnet deberá elaborar el proyecto con la decisión de qué autoridad de aplicación controlará cada zona, movilizará los permisos y prohibiciones, contará con presupuestos, grupos de intervención para las investigaciones, y mejores controles sobre el manejo del fuego.

"Decisión política"
"Para reglamentarla sólo es necesaria la decisión política, y por eso no se entiende si es omisión por desinterés o por cubrir intereses de terratenientes, y como sea es un abuso", fustigó De Bueno, quien recordó que "será Gonnet quien defina los detalles, que sólo deben estar en sintonía con la legislación nacional de presupuestos mínimos de preservación ambiental, y una vez reglamentada la ley, se aplica por decreto del gobernador Perotti".
Además destacó que si la provincia avanza en aplicar su propia ley, "nos fortalecerá a los santafesinos al pedir colaboraciones interjurisdiccionales a la hora de necesitar apagar focos", destacó. A eso se suma que una vez reglamentada, Santa Fe servirá de ejemplo y presión al Congreso Nacional de cara al año ordinario para que sea tratada finalmente la Ley Nacional de Humedales que quedó pendiente a fines del año pasado.
La recomendación que dio el referente del Observatorio Ambiental fue de "que se realice una asamblea pública, a modo de consulta popular sobre qué actividades permitir y dónde, que participen diversos sectores de la sociedad, principalmente quienes habitan esas zonas y viven el impacto ambiental". A eso se puede sumar la asesoría del propio Observatorio, así como de especialistas y consultores ambientales.
Este medio pudo saber además que hay organizaciones ecologistas que, para hacer cumplir al Estado la obligación de reglamentar la Ley de Humedales, piensan utilizar como recurso la Ley 10 mil, que protege a la ciudadanía cuando se violenta algún derecho de incidencia colectiva.
Es un recurso para "tutelar la salud pública, conservar la fauna, la flora, el paisaje, el medio ambiente, preservar el patrimonio histórico, cultural y artístico, la correcta comercialización de mercaderías a la población y en general", reza el texto en el Sistema Argentino de Información Jurídica.

El comienzo del año sin cambios
Como se precisaba al comienzo de este artículo, el cálculo sobre la cantidad de tierra quemada en las islas en lo que va del mes de enero es de 1.100 hectáreas, según las precisiones del Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR). Esa cantidad implica alrededor de 120 focos ígneos en el Delta del Paraná, de los cuales unos 40 pertenecen a las islas frente a la ciudad de Rosario.
Pero estos focos que se encienden durante el verano, difieren mucho según se observó, de los realizados durante el invierno pasado, ya que "en ese entonces había mucha biomasa para quemar y sequía, y no había turismo en las islas por la época del año, sumado a que no había controles casi por la pandemia, y por eso fue arrasador".
Actualmente las quemas se detectan hacia el sur de la provincia, hasta la provincia de Buenos Aires, y "más de la mitad de los focos actuales son desde San Nicolás hacia el sur", sumado a otras zonas dispersas frente a Santa Fe que "como no se habían quemado las están quemando ahora, y se sabe que son completamente intencionales", aseguró De Bueno.
También se detectaron algunos focos más cercanos al río Paraná, y según presunciones del monitoreo "esos sí se producen sin intenciones comerciales, probablemente por fuegos de turistas".
El cálculo sobre la cantidad de tierra quemada en las islas en lo que va del mes de enero es de 1.100 hectáreas, según las precisiones del Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR). Esa cantidad implica alrededor de 120 focos ígneos en el Delta del Paraná, de los cuales unos 40 pertenecen a las islas frente a la ciudad de Rosario.

Los estudios a las islas tras la tierra quemada
La UNR cuenta con diferentes grupos de investigaciones en la zona de la Isla de los Mástiles, frente a la ciudad de Baigorria, para investigar las consecuencias en la contaminación del aire, del agua, el contraste de las superficies quemadas y las no quemadas, y cómo se encuentran la fauna ictícola, las tortugas, las aves, los insectos y la fauna.
Las investigaciones llevarán unos dos años, y se realizan desde las facultades de Bioquímicas, Ciencias Agrarias, Veterinaria e Ingeniería, que luego serán tomados sus resultados de forma multidisciplinaria desde el Observatorio Ambiental, la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Plataforma Ambiental de la UNR. En marzo de este año ya habrá algunos informes preliminares.
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“Ecocidio” en Garuhapé: sin respuestas de Ecología y Industria

Fecha de Publicación: 01/02/2021
Fuente: Misiones Cuatro
Provincia/Región: Misiones


Tras las denuncias públicas motorizadas por una agrupación liderada por un dirigente del PAyS y el FdT, el Ministro de Ecología, Mario Vialey y el de Industria, Luis Lichowski, se mantienen en silencio y evitan todo contacto con la prensa.
 Luego de las fuertes denuncias contra el gobierno provincial por el “ecocidio” (destrucción del ecosistema) que empresas están realizando en la zona de Garuhapé, los apuntados ministros Mario Vialey (Ecología) y Luis Lichowski (Industria), evitaron todo pronunciamiento o desmentida. Ambos están señalados como cómplices de un grave daño ambiental que está siendo promovido por una empresa que fabrica cerámicos y estaría vinculada al Iprodha, por vía de tercerización de servicios.
Sin embargo, la situación salpica también al fantasmal ministerio del Cambio Climático, que estaría recibiendo una importante inversión pública, pero carece de una función o actividad conocida. Desde luego, el ministro Patricio Lombardi ya dejó en claro que no va a denunciar los desmontes en Misiones. Tampoco cuestionará las mega-represas en la provincia, pese a los efectos devastadores para el clima y el medioambiente. Pero esta denuncia lo expone. Es que Lombardi tampoco interviene de motus propio en temas vinculados a la ecología y la destrucción de ecosistemas como en el caso de Garuhapé.

Lo que denuncia la organización del dirigente del PAyS/FdT
Según la denuncia presentada por el Frente Kaapuera, una organización liderada por integrantes del Frente de Todos, empresas del cerámico avanzaron sobre la cobertura vegetal (selva en galería) del arroyo principal de Garuhapé. “La biodiversidad afectada es enorme y se habla de kilómetros de márgenes de arroyo que han desaparecido, tanto de tierra como de la selva”, alertaron desde el grupo.
De acuerdo con la denuncia, empresas de la cerámica, por el boom de la construcción, están depredando la cuenca del arroyo, prácticamente sin ningún control. Y no sólo extraen tierra, sino que talan los árboles de la zona de la selva en galería. “Es un ecocidio y recuperar esa selva será imposible”, manifestó uno de los referentes del Frente Kaapuera, conocido por haber sido candidato del PAyS, en pasadas elecciones.

Vialey y Lichowski en la mira
Desde la asociación, apuntaron a las responsabilidades de los ministros Lichowski y Vialey. El primero porque su organismo debe regular la actividad de la industria. Y el segundo porque Ecología es la autoridad de aplicación de la Ley XVI Nº 105 que establece el ordenamiento de los bosques nativos, los mecanismos a implementar para su conservación y el régimen de promoción de manejo sostenible.
Según la denuncia el bosque nativo que está arriba del suelo removido por las empresas de cerámica, también desapareció y se lo llevaron. Pero es el Ministerio de Ecología el que otorga las guías forestales que permiten el corte de materia nativa. De allí las denuncias presentadas ante el organismo que preside Vialey. Cabe recordar que este ministerio, según el Presupuesto 2021, tiene asignados $683.821.000.
De acuerdo con los denunciantes, como en Octubre, el ministerio de Ecología no respondió a los pedidos de informes sobre las guías forestales, en Noviembre hubo una nueva denuncia presentada ante ese organismo y ante el ministerio de Industria. Ninguno de los ministerios en cuestión, respondieron a las denuncias.

¿Interna entre el Frente de Todos y la Renovación?
Cabe acotar que las denuncias por el ecocidio están siendo impulsadas por una organización conducida por un dirigente kirchnerista del PAyS (Partido Agrario y Social), cuyos referentes estarían buscando posicionarse políticamente, con vistas a las inminentes elecciones legislativa. El PAyS ya avisó que va a competir electoralmente contra la Renovación, pese a que forman parte del mismo espacio oficialista.
Desde luego, el gobierno provincial de la Renovación K, es uno de los aliados del gobierno nacional, actualmente conducido por el Frente de Todos. Y el PAyS forma parte del Frente de Todos. De hecho, en casi todas las votaciones en el Congreso, renovadores y kirchneristas aportaron sus votos al oficialismo. Dada la pertenencia al mismo proyecto nacional, no extraña que los cuestionamientos no apunten a las empresas del cerámico. Una de ellas estaría vinculada -por terceros- al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.
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Santa Fe: para la Corte provincial, la presencia de agroquímicos en peces "requiere de atención"

Fecha de Publicación: 30/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


La presencia de agroquímicos en las vísceras de los peces del río Salado “requiere de una especial atención”, señaló Jorge Barraguirre, procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que investiga las causas de la masiva mortandad que desde diciembre afecta a la fauna acuática del río que atraviesa el sur de la provincia. Ambientalistas de la zona insistieron en que esa mortandad tiene que ver con la presencia de estas sustancias. “La debilidad de los peces es producto de la contaminación con agrotóxicos”, advirtió Carlos Manessi, integrante de la Multisectorial Paren de Fumigarnos.
El Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) registró la presencia de herbicidas -glifosato y ácido 2,4-D- y un insecticida -clorpirifos- en peces del río Salado. Según detalla el informe, el herbicida 2,4-D, junto con el glifosato y la atrazina “son los agroquímicos más empleados en el país”, principalmente en la fase previa a la siembra de soja y maíz transgénicos.
“Aunque no sea la causa directa de muerte, hay que estudiar el impacto de estas sustancias que no deberían estar ahí”, explicó a Página/12 Barraguirre y aclaró que se trata de “ver la película completa”. El informe advierte que “no se puede descartar” que la presencia de agroquímicos “no esté afectando la supervivencia de peces en condiciones ambientales extremas”, como la bajante extraordinaria que el río Salado sufre desde diciembre, un fenómeno que no ocurría a este nivel hace más de 50 años.
La Multisectorial, que engloba a especialistas de distintas profesiones comprometidos con el objetivo de proteger el medioambiente, asegura que la causa de la mortandad de los peces no tiene que ver únicamente con la bajante, sino con la debilidad de la fauna luego de recibir la contaminación de estas sustancias. “La hipoxia existe y existe la bajante del río, pero es parte de la naturaleza que los peces se acostumbren a la falta de agua. El eje del problema es otro”, señaló Manessi, referente del Centro de Protección a la Naturaleza e integrante de la Multisectorial, y explicó que “los peces están contaminados y eso los debilita físicamente”.
Hace más de diez años que los integrantes de la organización reclaman por una actualización o modificación de la Ley 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en Santa Fe. “Cuando llueve, el agua lava el campo y la correntía con los residuos de agroquímicos va a parar primero a la cuneta, después a las lagunas, los arroyos y termina en el río”, describió Manessi. "Los productores tienen que entender que ya no se puede seguir envenenando el ambiente”, advirtió.
El proyecto para modificar la Ley que regula el uso de agroquímicos, sancionada en 1995, un año antes de que el Gobierno nacional autorizara el cultivo de soja transgénica en la Argentina, está a la espera del tratamiento en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia. “Santa Fe es la segunda provincia del país con mayor producción sojera, después de Buenos Aires. Utilizamos entre 70 y 80 millones de litros de agrotóxicos por año”, alertó el especialista y agregó que "es una cantidad de veneno muy grande esparcida por todo el campo". El proyecto, firmado por el diputado Carlos Del Frade prevé la prohibición de la fumigación y aspersión aérea de agroquímicos y la restricción de la aplicación terrestre a mil quinientos, dos mil y tres mil metros del ejido urbano, según la clasificación del producto, para el cual existen cinco categorías según los niveles de toxicidad.
En otras provincias, como La Pampa o San Luis, se aprobaron recientemente normas similares para proteger la salud de la población y ecosistema que convive con la producción agrícola. En San Luis, con la norma sancionada en 2016, existe una restricción de 1.500 metros desde la última línea de edificación del trazado urbano, mientras que en La Pampa, desde diciembre del año pasado, la restricción es de 500 metros para la aplicación terrestre y de 3 mil para la aérea. "Se está produciendo de una forma que afecta a la salud de las personas", señaló Manessi. Desde la Multisectorial impulsaron otros dos proyectos de Ley para reducir la contaminación con agroquímicos en la provincia: uno de fomento a la producción agroecológica, y otro para reubicar los acopios de granos -silos- donde se almacenan las cosechas. "Los silos quedaron en medio de los pueblos. Cuando se ventea para secar el grano, se esparce la cáscara contaminada por todos lados", explicó el referente.

Seguir investigando
Hasta ahora, el Procurador coincidió con la postura del Gobierno de Santa Fe, que asegura que la causa de la mortandad de los peces es la bajante del río y la falta de oxígeno que sufrieron (hipoxia), pero alertó que el fenómeno requiere de una mayor observación. “El nivel de estrés que tiene la fauna da cuenta de que efectivamente hay algo que los tensiona”, evaluó Barraguirre tras recibir el informe del estudio que a pedido de la Procuraduría lleva adelante el investigador Rafael Lajmanovich, del Laboratorio de Ecotoxicología de la UNL.
En el próximo semestre los investigadores de la UNL seguirán tomando muestras de peces del río Salado para evaluar la evolución de la presencia de agroquímicos, y el impacto que tienen sobre el comportamiento de la fauna acuática. “En base a lo que encontremos, podría haber consecuencias en la regulación del uso de estos productos”, precisó el procurador.
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Se reabre una causa por contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 30/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


La petroquímica Electroclor cerró en 2013 en Capitán Bermúdez pero quedaron sustancias altamente tóxicas en la exfábrica, advirtió el Taller Ecologista.
Luego de que la Cámara Penal ordenara la realización de la audiencia imputativa contra el exfiscal regional Patricio Serjal por ordenar el archivo de una investigación contra la ex petroquímica Electroclor, por contaminación, en el cordón industrial, ayer la abogada del Taller Ecologista, Florencia Sívori, consideró fundamental la decisión de la Alzada que reabre la causa por el daño ambiental. "Los niveles de contaminación son alarmantes", dijo la letrada sobre los datos que reunió el Taller, que hizo denuncias administrativas desde 2016. Serjal está preso e imputado por connivencia con el juego ilegal y en breve sumará la nueva imputación.
La ex Electroclor, que funcionó hasta 2013 en Capitán Bermúdez, tenía una investigación penal en su contra debido a que una vez que dejó de funcionar hubo irregularidades, en relación al plan de cierre, y sanciones. En la causa penal, el entonces jefe de los fiscales de la regional Rosario ordenó que esa investigación no continuara, en 2019. Ahora, en prisión por cobrar coimas a un empresario del juego, la Fiscalía resolvió avanzar sobre aquella decisión del exfiscal y sobre la causa que había sido archivada bajo sus órdenes. En ese contexto, el año pasado resolvió que harían imputaciones a los entonces responsables de la ex petroquímica de Bermúdez, Sergio y Máximo Taselli y Matías Gallegos, al entonces fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini, por supuesto desestimiento; y a Serjal. La audiencia se iba a realizar en diciembre, pero el juez de San Lorenzo, Eugenio Romanini, consideró que el caso de contaminación ambiental ya era cosa juzgada.
Anteayer, tras un planteo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, el camarista Daniel Acosta resolvió que la audiencia debe desarrollarse y se espera que la Oficina de Gestión Judicial ponga fecha. Mientras tanto, desde el Taller Ecologista recordaron que en la planta se detectaron sustancias altamente tóxicas y peligrosos niveles de contaminación.
“La causa sobre la contaminación ambiental de la ex Electroclor de Capitán Bermúdez, se basa en una investigación penal, se iba a presentar un plan de mediación, y todo quedó en la nada. En 2020 denunciamos que en la empresa había movimientos de camiones y nadie controlaba. En Fiscalía habían dado órdenes de archivo”, dijo Sívori en LT8. Al mismo tiempo, recordó: “Sabíamos que la causa estaba avanzada y luego se archivó, pero nunca vimos la orden escrita de Serjal, algo así es poco probable que se vea por escrito, vemos los hechos, o mejor dicho, el no accionar de la fiscalía en ese momento".
La letrada señaló también que “cuando uno mezcla sustancias tóxicas, la potencialidad de los daños son superiores, se deben tener en cuenta factores geográficos, demográficos, como son una empresa al lado del río, con vientos que en muchos casos transportan las sustancias, pensamos concretamente en la población, la gente que vive en esa zona, próxima a la ex Electroclor. No se puede decir a corto plazo que desapareció la peligrosidad en un cien por ciento”, consideró.
Y, para cerrar, aseguró que “estas acciones no se pueden resolver en tres o cuatro meses, la desidia hace que lleve mucho tiempo la limpieza ambiental para después concretar un plan de obras. Veamos como ejemplo el caso del Riachuelo en Buenos Aires. El daño ambiental es grave y persiste en el tiempo, luego se ven las consecuencias, en el largo plazo”.
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Ley de educación ambiental: organizaciones ambientalistas solicitan que este año sea sancionada

Fecha de Publicación: 30/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Este martes 26 es el día de la educación ambiental y por eso, las organizaciones ambientalistas vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de un proyecto de Ley de Educación Ambiental federal. Si bien algunas provincias cuentan con su propia ley de educación ambiental, no existe una reglamentación que sea federal y plantee una
estrategia a nivel nacional.
A esa situación se suma que algunos planes de educación formal han avanzado en esta materia, los organismos plantean que hay puntos pendientes como la calidad de los contenidos, el sostenimiento de esos materiales y la formación docente.
En septiembre del 2021, el presidente Alberto Fernández anunció la presentación en el Congreso del proyecto deLey de Educación Ambiental con contenidos que se agregarán a la currícula educativa. Por su pedido expreso, también se incluirá la “jura por el medioambiente, que se sumaría a la tradicional promesa a la bandera.

Dos proyectos
Existen dos diputadas que están con el tema. Por un lado, desde 2015, Gisela Scaglia, Diputada por el PRO, promueve la sanción de un proyecto del tema. Y Gabriela Cerruti, Diputada por el Frente de Todos, también presentó un proyecto de ley de Educación Ambiental durante 2020 que espera ser tratado.

Una deuda pendiente
"Nosotros siempre vamos por la positiva, pero realmente es un delirio que arranquemos otro año lectivo sin una Ley de Educación Ambiental sancionada y reglamentada", plantea a PERFIL, Máximo Mazzocco, fundador de Eco House Global.
"La educación socioambiental es uno de los pilares fundacionales del siglo XXI. No hay agenda más inclusiva que la ambiental, porque le recuerda a la conciencia que lo importante son las similitudes, no las diferencias", agrega Mazzocco.
"Necesitamos urgente una estrategia educativa nacional, apartidaria, participativa y constante para avanzar realmente en la materia. Hoy las organizaciones sin fines de lucro tenemos la enorme responsabilidad de traccionar la educación ambiental en el país, con muy pocos recursos y miles de carencias", dice el fundador de la organización que educó a más de 70 mil alumnos de escuela en material socioambiental y cuenta con 29 programas relacionados.
Y agrega: "Es una falta de respeto que a esta altura del partido, con tantas leyes y tratados ambientales vigentes, sigamos de esta manera. Esperamos que se resuelva en las próximas semanas.
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La Provincia no habilitará nuevos desmontes hasta actualizar el ordenamiento

Fecha de Publicación: 29/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Así lo aseguró el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, durante una reunión que mantuvo con la diputada Alcira Figueroa. Igual se harán las audiencias públicas para cumplir con la Ley.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, le adelantó a la diputada nacional Alcira Figueroa que no se autorizarán desmontes en la provincia hasta que esté aprobado el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El compromiso se dio de manera verbal en la reunión que mantuvo el funcionario con la diputada nacional por el Frente de Todos el lunes último. La legisladora estuvo acompañada por el abogado especializado en temas ambientales y asesor legislativo Luis Segovia.
El OTBN de la provincia está vencido desde 2014. Sin embargo, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey no solo se continuó con la aprobación de la deforestación sino que además, a través de las llamadas recategorizaciones, se permitieron los desmontes en zonas que no debían ser desmontadas.
Solo en enero de este año, la Provincia convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes de 21.452,24 hectáreas. En diciembre se convocó a otras audiencias para el desmonte de 6.858. Las 28.310 hectáreas que involucran estos procedimientos representan una superficie de desmontes mayor a la del año 2019. En ese periodo se deforestaron 20.962 hectáreas,  según la comparación de imágenes satelitales realizadas por la organización ambientalista Greenpeace.
Figueroa contó que durante la reunión De los Ríos afirmó que se debía cumplimentar con las convocatorias a audiencias públicas porque “eran trámites que venían desde la época de Urtubey”. El funcionario añadió que en caso de no cumplir con la convocatoria del trámite administrativo, la Provincia podría ser llevada a la Justicia. “Ellos (la provincia) dicen que no van a autorizar los desmontes hasta que esté aprobado el nuevo ordenamiento territorial”, agregó Figueroa.
Otra idea que volcó De los Ríos es que dentro del sector amarillo en el OTBN (en donde tampoco se permite el desmonte) se pinte un “amarillo clarito”. Y fundó esta posición en que en esas zonas (sobre todo en los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín), existen pequeños productores criollos y comunidades indígenas que deben hacer uso del monte para, por ejemplo, la cría de ganado menor. Es que la impresión del ministro de Producción (hombre PRO y referente de los ruralistas salteños), es que tal como está hoy el mapa de OTBN implicó un retraso para que los pequeños productores puedan desarrollar sus actividades.
La visión del funcionario dista de la de los propios habitantes rurales, campesinos criollos y pueblos originarios, que vienen señalando la no regularizaicón de la tenencia de las tierras y la ineficiente ayuda estatal para afrontar los períodos de sequía, como las principales causas que impiden mejoras en sus condiciones de vida.

Patrimonio de la humanidad
El OTBN debe ser consensuado entre diversos sectores de la provincia. Figueroa sostuvo que se solicitó que la idea del amarillo clarito sea volcada en esa mesa de trabajo. Reconoció no obstante que el OTBN no es garantía del cuidado de los montes que quedan.
Un ejemplo claro es la recategorización que se permitió en 2014 a través de dos decretos firmador por Urtubey para autorizar el paso de las topadoras por zonas que estaban categorizadas como rojas y amarillas (en las que el desmonte no está permitido porque se considera prioritario la conservación de esos bosques). Las autorizaciones que se otorgaron a titulares registrales de 30 fincas quedaron suspendidas por una resolución que emitió el Ministerio de Ambiente de la Nación en 2018. Pero solo a los siete meses de la resolución, esa suspensión se dio por concluida y la posibilidad de continuar con el paso de las topadoras siguió en pie.
“Necesitamos un nuevo ordenamiento, sobre todo en la zona norte donde hubo muchos desmontes ilegales”, dijo Figueroa al indicar como imprescindible que ante el cambio climático se plantee a la biodiversidad y al bosque nativo “como patrimonio de la humanidad”.

Intereses de todos o de algunos
Segovia hizo algunas apreciaciones jurídicas ante la posibilidad de los reclamos de los empresarios que ya pidieron permisos para desmontar.
El abogado señaló que una de las posibles apelaciones de los empresarios podría ser la del “derecho adquirido” al iniciar el trámite de desmonte. Segovia entendió que las leyes ambientales “intentan compatibilizar el derecho de propiedad con el derecho colectivo, que en este caso se trata del derecho al ambiente”. Aseguró que cuando chocan intereses individuales como el de propiedad, con los colectivos, como el ambiente, se debe enmarcar como posible resolución la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1884. Esta indica que “contra el interés público no hay derechos adquiridos”. Es por ello que, a entender de Segovia y con todos los instrumentos legales en pie, de actualizarse el OTBN, se puede aplicar sobre los procedimientos administrativos que incluyeron las audiencias públicas, y frenar los desmontes solicitados en aquellas zonas en donde según el nuevo OTBN no debería haber desmontes.
“Los propietarios podrían alegar que se indemnice sus intereses, siempre y cuando comprueben que actuaron de buena fe”, añadió. El tema es que en Salta, el OTBN está vencido desde hace siete años según lo establecido por la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, que impone la actualización del mapa de ordenamiento territorial cada 5 años. “Sería un ejercicio abusivo permitirle al empresario actuar así, y el Estado no estaría compatibilizando los derechos”, concluyó el especialista.
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Gobierno envió a Legislatura conclusiones de las reuniones por la zonificación minera

Fecha de Publicación: 29/01/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El Gobierno de la Provincia envió ayer a la Legislatura las conclusiones de la ronda de reuniones mantenidas la semana pasada, en torno al proyecto 128/20 que establece la zonificación minera. Incluye las sugerencias de los distintos sectores que participaron de los encuentros.
Se trata de 16 puntos surgidos en los distintos encuentros. Algunos apuntan a:
- Definir la estructura de la reglamentación del compre local y la contratación de mano de obra local promoviendo el desarrollo de la cadena de valor chubutense, no sólo para los operarios sino para los profesionales y técnicos chubutenses.
- Excluir la referencia a la palabra «hasta» y fijar el valor en el 2% en los conceptos de renta: Bono de Compensación Minera, Fondo Fiduciario para Infraestructura y Fondo Fiduciario de Sustentabilidad.
- Plantear mecanismos que permitan la participación de Petrominera en las explotaciones mineras que se habiliten.
- Incorporar universidades e instituciones científico-técnicas dentro de los organismos de control a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación dentro de los centros que conforman el observatorio.
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Constatan que el zoológico de Batán no tiene documentos que acredite la tenencia de los animales

Fecha de Publicación: 29/01/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible encabezó hoy un operativo de inspección en el zoológico privado de Batán, a través del cual se pudo constatar que la habilitación estaba vencida y no contaba con documentación que acredite la tenencia legítima de los animales, se informó oficialmente.
A través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), la cartera a cargo de Juan Cabandié, comprobó que al momento de la verificación el zoológico ubicado en el partido de General Pueyrredón “carecía de la documentación que diera cuenta de la tenencia legítima del plantel faunístico, por lo que se le otorgó un plazo de 5 días hábiles para presentarla”.
En ese sentido, se intimó a que se presente en ese plazo “la información correspondiente para descartar cualquier situación de sospecha en relación a la procedencia de los animales y al sitio al cual son derivados, en el caso que fuesen quitados del plantel faunístico”
Luego de transcurridos los 5 días hábiles “se verificará cuál es el inventario —tal como lo exige la Ley n.º 12238 de Fauna de la provincia de Buenos Aires—, y se constatará si todos los ejemplares cuentan con los dispositivos electrónicos indicados para poder hacer el seguimiento”, indicaron.
Fueron relevados guacamayos amarillos, azules y rojos, cisnes, loros, cotorras, faisanes, flamencos, pavos reales, distintas especies de mono, tigres de bengala y blanco y pumas.
También un yaguareté, un guanaco, una mara, ñandúes, antílopes, muflones, ciervos, zorrinos, hipopótamos, un oso pardo, un coatí, un gato montés y reptiles como tortuga y serpientes pitón, yarará y boas, entre otros.
El operativo se realizó con el objetivo “de avanzar en la persecución del tráfico de fauna, en la identificación de todos los planteles faunísticos y en la promoción de la reconversión de todos los zoológicos hacia un modelo de mayor bienestar animal y menor exhibición de especies exóticas”.
La fiscalización, en conjunto con la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo tras denuncias que “señalaban irregularidades con el tratamiento de los grandes felinos”.
“Para revertir este tipo de situaciones, la cartera de Ambiente busca asegurar el bienestar animal, por lo que alienta a que los zoológicos se transformen en ecoparques que garanticen altos estándares para el plantel faunístico mediante cuidados e instalaciones que dispongan condiciones de habitabilidad y seguridad para cada especie”, remarcaron.
Para ello se solicita “la identificación de los ejemplares con una marca o señal distintiva para su individualización, que sea irremplazable”.
Asimismo, que estos centros “dispongan de un buen servicio veterinario y de zonas adecuadas para evitar el contagio en los casos de enfermedad o para guardar períodos de cuarentena, a los fines de evitar la propagación zoonóticas o enfermedades que puedan afectar a los animales”.
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