La Laguna del Atuel será una “reserva privada”

Fecha de Publicación: 27/01/2021
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa


Se trata de 138.000 hectáreas en San Rafael, que pertenecen a las empresas Sominar y Luncay. Durante cinco años tendrán a cargo el cuidado del ecosistema, como ocurre en Villavicencio.
Aunque Mendoza viene trabajando desde hace años en la puesta en vigencia de las áreas naturales que posee, la pandemia de coronavirus generó un impulso en el sector, teniendo en cuenta que, tanto localmente como en el mundo, los turistas se están inclinando por visitar este tipo de atractivos en lugar de ciudades, museos o centros de compras.
Así, la Laguna del Atuel, ubicada en San Rafael, está cerca de convertirse en una Reserva Natural Privada a la que mendocinos y turistas podrán acceder una vez termine el proceso que lleva adelante el Gobierno provincial con las empresas dueñas de los terrenos.
Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, explicó que todo comenzó cuando “el propietario de ambas empresas nos hizo una propuesta para explotar el área protegida”.
El proceso avanzó con la firma de un convenio de cooperación y colaboración recíproca entre la Secretaría de Ambiente y Sominar Sociedad Minera Argentina S.A. y Luncay S.A. a fines de octubre de 2018, bajo la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo.
El 19 de enero pasado fue publicado el decreto que ratifica el mencionado acuerdo. “Actualmente estamos en la etapa de armar el plan de manejo para el área, que lleva mucho trabajo de campo”, indicó Mingorance.
El plan debía realizarse durante 2020 pero el contexto de pandemia y el cierre de las áreas y reservas condicionaron el avance sobre el mismo. Mediante ese plan se debe zonificar el área de manejo y se establecerán todos los detalles de la explotación.
“La Laguna del Atuel es una reserva y estos privados quieren crear un área más grande”, precisó Mingorance, aclarando que el Estado “no le está dando el territorio a un privado; esa zona ya es de un privado”.
La intención de las autoridades provinciales es que se dé una situación similar a la que ocurre en la Reserva Villavicencio, donde un privado tiene a cargo el cuidado del ecosistema. Lo recaudado, por lo tanto, quedaría para la empresa.
De esta manera, prácticamente todo el sector cordillerano provincial quedaría protegido, “a excepción de una zona de Malargüe”, detalló el funcionario provincial. El convenio abarca 138.000 hectáreas comprendidas entre la Laguna del Diamante y la Laguna del Atuel.
La vigencia del acuerdo, según establece la cláusula 7, “será de cinco años, contados a partir de la firma del mismo, prorrogándose en forma automática por otro período de cinco años calendario”, salvo que una de las partes rescinda, con un mínimo de 30 días antes.
Si bien las áreas naturales que comprenden ambos espejos de agua quedarían colindantes, la Laguna del Diamante seguiría siendo administrada por el Estado. En este sentido, Mingorance señaló que el territorio que comprende el área natural de esta última “tiene dos dueños: el Ejército y esta empresa”, en referencia a Sominar.
Sabiendo que el hecho de que la mencionada compañía sea minera puede generar preocupación o resistencia en algunos sectores de la ciudadanía, el secretario se encargó de resaltar que la misma “no hace explotación minera, si no que le interesa explotar el área protegida”.

Expectativas por mejoras en el lugar
Actualmente, la Laguna del Atuel no cuenta con ningún tipo de infraestructura para quienes deciden visitarla y sólo se puede acceder a ella con vehículos 4x4.
Por eso hay gran expectativa en las mejoras que generarían las empresas dueñas de los territorios que abarcará la reserva. También esperan que impacte en el desarrollo económico de la región.
Actualmente, según consta en la página oficial del Gobierno provincial, quienes desean visitar la Reserva Laguna del Atuel deben solicitar un permiso en la Delegación El Sosneado de la empresa Sominar S.A. y Valle de Las Leñas S.A.
Todas las actividades que se realicen en las áreas protegidas deberán adecuarse a las disposiciones y normativas que la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Recursos Naturales Renovables dicten en materia de uso público, conservación y realización de eventos especiales.

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En Mendoza: un empresa minera se queda con la Laguna del Atuel

Fecha de Publicación: 27/01/2021
Fuente: InfoHuella
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa


La Pampa va a la Corte y pide a la CIAI que se oponga al manejo arbitrario de Mendoza.
De acuerdo a informaciones periodísticas La Pampa vuelve a  tomar conocimiento de medidas de impacto en la cuenca del río Atuel,  que deberían  discutirse y consensuarse entre las provincias que comparten el recurso.  
La laguna del Atuel es un cuerpo de agua en plena montaña, a partir de la cual comienza el escurrimiento de ese  río. Tiene vital importancia en el comportamiento, en la calidad y en la cantidad de agua que fluye hacia el resto de la cuenca, por esto, cualquier actividad en esta zona, o en cualquier otro sector del área de influencia, debe ser discutida y definida de manera conjunta entre las provincias, con la participación del Estado Nacional.
La propia Corte Suprema de Justicia  determinó  la necesidad de tomar  la cuenca como una unidad ambiental, y fue La Pampa quien propuso en innumerables oportunidades que las decisiones que se tomen en ésta, sean en conjunto.
Se trabajó intensamente en fortalecer el organismo de cuenca para tratar este tipo de temas. Se concientizó sobre  la necesidad de considerar al ambiente como un usuario más para la toma de decisiones. Mendoza fue parte de estas mesas de trabajo en el proceso judicial, aunque como siempre actúa de forma unilateral, omitiendo cualquier tipo de solidaridad con el resto de las provincias que integran la cuenca.
La Pampa desconoce la forma y la dinámica de la “explotación” de la futura reserva natural privada, y con preocupación, manifiesta,  como lo ha hecho incontables veces en el organismo de cuenca, la necesidad de disponer buena fe entre las partes para el desarrollo de la cuenca en toda su integridad.
En esta línea, el Gobierno de la Provincia de La Pampa,  informará a la CSJN sobre estos antecedentes como fundamentos para el próximo fallo sobre el caudal apto, la conformación definitiva del comité de cuenca y las incumbencias del mismo. De forma paralela se solicitará en el marco del actual Comité (CIAI), la oposición ante la Corte  Suprema de Justicia a estas medidas unilaterales de la provincia de Mendoza sobre la cuenca del Atuel.
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Alberto Fernández en la Cumbre de Adaptación Climática: "es necesario que exista mayor compromiso de los países desarrollados”

Fecha de Publicación: 27/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El encuentro que se desarrolló de manera virtual tuvo como objetivo generar un espacio que permita el intercambio de iniciativas, nuevos compromisos, financiamiento y mejores prácticas en torno a la adaptación resiliente al cambio climático.
El presidente Alberto Fernández participó esta mañana de la sesión de apertura de la Cumbre de Adaptación Climática 2021 (CAS 2021), donde aseguró que “es necesario que exista un mayor compromiso por parte de los países desarrollados en la provisión de recursos técnicos y financieros”. “Nos encontramos ante la oportunidad de actuar colectivamente para dar respuesta al cambio climático”, reflexionó el mandatario al exponer en la conferencia global de alto nivel que busca impulsar una agenda para adaptar las sociedades y economías a los efectos de esa problemática en la próxima década.
Fernández aseguró que es necesario “actuar con solidaridad ante un problema que nos afecta a todos, pero cuyas peores consecuencias son sentidas por los sectores vulnerables”.
El primer mandatario convocó además a que esa tarea sea asumida con “un enfoque transversal que tenga en cuenta vulnerabilidades particulares, e integre la dimensión de género a lo largo de los sectores”. El Presidente dijo que si bien la pandemia de covid-19 “ha desafiado muchos aspectos”, y “ha presentado problemáticas profundas que debemos enfrentar como comunidad internacional”, la “urgencia de la acción climática permanece intacta”.
Además, Fernández afirmó que “la adaptación es una prioridad en la política climática de la Argentina, aun cuando somos un país en desarrollo y particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático”.
Durante su discurso, Fernández confirmó “el compromiso que la Argentina mantiene con la agenda climática” e informó que el país adelantó “la presentación de una nueva contribución determinada a nivel nacional”.
“Nuestra contribución incluye una comunicación de adaptación que busca fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los distintos sectores económicos, sociales y ambientales”, remarcó. Además, informó que la meta de mitigación o reducción respecto a las emisiones de la Argentina para el 2030 “representa un compromiso incondicional, que incluye a todos los sectores de la economía, y es un 26 por ciento más ambicioso que su anterior ejercicio”.
La Cumbre que se desarrolló de manera virtual tiene como objetivo generar un espacio que permita el intercambio de iniciativas, nuevos compromisos, financiamiento y mejores prácticas en torno a la adaptación resiliente al cambio climático.
Por eso, por la tarde se realizará la primera reunión del Diálogo Ministerial, el principal foro anual de alto nivel sobre adaptación, que contará con la apertura de John Kerry y de la que participará el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
Además, durante el encuentro que fue organizado por los Países Bajos se presentó la Agenda de Acción de Adaptación (Adaptation Action Agenda, en inglés) que surge del trabajo de una Comisión dirigida por el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el empresario, Bill Gates.Entre los líderes que formaron parte de la Cumbre se encuentran el organizador y primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte; el secretario General de la ONU, Antonio Guterres; la canciller de Alemania, Angela Merkel; los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, de Canadá, Justin Trudeau y de la India, Narendra Modi, y los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; de Chile, Sebastián Piñera; de Costa Rica, Alvaro Quesada y de Corea del Sur, Moon Jae-in.
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La provincia empieza a generar energía limpia

Fecha de Publicación: 27/01/2021
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


En febrero comenzará a ponerse en marcha lo producido desde paneles solares en Posadas y a partir de biomasa en Cerro Azul. Lo producido se inyecta al sistema
Misiones comenzará a generar en las próximas semanas energía limpia, tanto mediante el sistema de paneles solares como a partir de la biomasa.
Son dos proyectos para producir energía propia que ya están listos y según pudo saber El Territorio, en medio de la inauguración de las dos plantas, ya estará finalizado un tercer y posiblemente un cuarto proyecto para inyectar mayor porcentaje de energía. Así lo adelantó a este matutino Paolo Quintana, secretario de Energía de Misiones.
De esta manera, el primer parque solar fotovoltaico público montado en Posadas, ya está listo para comenzar a generar energía renovable. Las pruebas determinaron la generación exitosa de entre 420 a 430 kilovatios, por lo que se cumple el primer objetivo de generar en promedio unos 500 kilovatios (KW) destinados a abastecer a unas 240 viviendas emplazadas en inmediaciones al parque solar en el barrio Itaembé Guazú. No es la única buena noticia con la que arranca la provincia este año, porque también en Cerro Azul se está concretando la puesta a punto de calderas y turbinas, para generar energía e inyectar a la red a fines de febrero o principio de marzo.
Es lo que adelantó a este matutino el empresario santafesino René Mangiaterra, quien es el impulsor de la iniciativa de producir energía a partir de la biomasa (Ver En Cerro Azul ponen a punto..).
En cuanto al parque solar de generación de energía en Posadas, la obra es encarada por la Provincia y ejecutada desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y genera entusiasmo porque servirá como prueba piloto para montar proyectos similares y de mayores envergaduras en otros puntos de la provincia. De hecho, la actual con 1.520 paneles solares colocados, tiene posibilidades de ampliarse en el futuro. Cada 20 paneles tienen 12 conjuntos conectados a unos equipos llamados inversores que toman la corriente continua que generan los paneles y las convierten en corriente alterna que va a la red trifásica, para luego ser acondicionado a 220 kilovatios que es para el uso domiciliario.
Por lo tanto, en días más, será la primera planta solar en abastecer a la red pública, ya que existen proyectos de distintas envergaduras encarados por el sector privado. Desde la Provincia se trabaja para la generación de energía propia apuntando a la autonomía y lo hacen de manera conjunta desde la Secretaría de Industria, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y Energía de Misiones (ex Emsa), que recibirá próximamente esta planta para la administración y mantenimiento. De esta manera, el proyecto en Itaembé Guazú además de tratarse de la primera experiencia en energía renovable, será por ahora, en su condición de pública única en su tipo en Misiones y en el NEA.
La obra que se encuentra montada en el barrio 740 hectáreas de Itaembé Guazú, “en términos de potencia, es relativamente chica pero tiene la importancia de ser la primera experiencia en la que se va utilizar esta energía y abrirá la puerta a una cadena de proyectos de mucha más envergadura en el interior de la provincia”, dijo el ingeniero en electrónica Eduardo Nevoran de la empresa Orel Energy que fue subcontratado por Bor Com SA,  empresa que fue concesionada para llevar a cabo esta obra que demanda una inversión de más de 56 millones de pesos.
De esta manera, se observará el resultado de este sistema de generación de energía y luego replicar en mayor escala el nuevo proyecto, en un lugar donde está por definirse.
Esta experiencia piloto de generación de energía limpia sin utilizar los recursos fósiles, llegará a los hogares, sin que los usuarios deban realizar ninguna modificación porque directamente no sabrán si viene desde este nuevo sistema de abastecimiento o provistos de las habituales fuentes de alimentación como venía ocurriendo hasta ahora.
El ingeniero Nevoran, junto a Sebastián Olano, mostró a El Territorio las últimas tareas a las que están abocadas.
El ingeniero Nevoran sostuvo que “restan detalles por resolver, ya que se está en la etapa de puesta a punto”.  
Quedan pendientes obras complementarias como la instalación de cámaras de seguridad para proteger el predio.
Concluido ello y al ser la iniciativa impulsada desde el Iprodha se harán las correspondientes transferencias, para que se haga cargo Electricidad Misiones cuya razón social continúa siendo Emsa, que inyectará lo que produce el parque solar a las líneas del Servicio Integrado Provincial (SIP).

Lo que viene
Desde la Secretaría de Energía de la Provincia, por lo adelantado por el titular de la cartera, Paolo Quintana están terminando de elaborar dos nuevos proyectos.
Uno de ellos, cuyo proyecto estaría a punto de terminar de elaborarse, tendrá una generación muy superior a la que se inaugurará en las próximas semanas en Itaembé Guazú.
“Técnicamente tenemos resuelto”, afirmó el titular de Energía de Misiones, al recordar que esto que comienza a concretarse en Misiones es una idea impulsada desde el 2005 por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.
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El Gobierno analiza llamar a extraordinaria de Legislatura por la zonificación minera

Fecha de Publicación: 26/01/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


La posibilidad de una sesión extraordinaria de la Legislatura el jueves 28 de enero (ésta semana), está en análisis del Gobierno de Chubut.
La convocatoria se haría en función de darle tratamiento al proyecto de Ley 128/20, referido a la zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre. Sin embargo, hay sectores del mismo Ejecutivo que consideran que aún no hay seguridad de obtener los votos necesarios para su aprobación y prefieren esperar hasta marzo.
El Gobierno mantuvo durante toda la semana pasada una ronda de reuniones con partidos políticos, ONG’s, diputados, intendentes, científicos, cámaras empresarias y religiosos, recogiendo incluso opiniones y aportes que serán enviados a la Legisltura para enriquecer el proyecto original. Y algunos sectores declinaron participar del debate, siendo los casos más notorios los del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.
Pero sin dudas, el mayor impacto lo produjo la reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la que participaron el gobernador Mariano Arcioni; su vice Ricardo Sastre; el diputado provincial justicialista Carlos Eliceche (preside la Comisión de Medio Ambiente que tiene para el análisis el proyecto 128/20); y también el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Aquel encuentro del jueves en la Casa Rosada, fue todo un mensaje al justicialismo provincial que despreció la invitación de Arcioni al debate y se opone a dar tratamiento legislativo al proyecto.
Incluso, el presidente del justicialismo chubutense, Carlos Linares, se mostró en contra de la posición de su propio presidente partidario a nivel nacional, José Luis Gioja, quien en una entrevista concedida a EL CHUBUT ratificó su posicionamiento en favor de la actividad minera.
El presidente Fernández se mostró sorprendido en aquella reunión de que el proyecto de zonificación no haya tenido aún tratamiento legislativo. Incluso habría sugerido que el Gobierno provincial consideraba que tenía los votos necesarios para su aprobación, buscara que se tratara lo antes posible.
De allí habría surgido la idea de convocar a una sesión extraordinaria para el jueves de esta semana.
Pero hay quienes en el oficialismo no están convencidos de tener los votos necesarios para lograr que el proyecto sea aprobado y sugieren seguir con las conversaciones y esperar a marzo.
En el Gobierno dan por sentado que los diputados cordilleranos, oficialistas o de oposición, no acompañarán con su voto el proyecto de zonificación minera. Tampoco los radicales pero sí suman el acompañamiento del legislador del PRO, Sebastián López. Incluso hay algunas dudas con integrantes del interbloque de Chubut al Frente. Y claro, la incógnita del justicialismo y la advertencia de sanciones que lanzó Linares, más allá que la hiciera antes de la reunión con Alberto y la comitiva que encabezó Arcioni.
Todo esto está en evaluación por estos días, para definir si el Gobierno convoca a sesión extraordinaria para el jueves 28 o para febrero, o bien aguardar a las sesiones ordinarias de marzo.
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Para el Gobierno, no son los agroquímicos la causa de la mortandad de peces

Fecha de Publicación: 26/01/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Si bien se detectó la presencia de contaminantes -herbicidas (glifosato), plaguicidas, insecticidas y metales pesados (arsénico)- en la cuenca del río Salado, un informe del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia asegura que están muy por debajo de los niveles máximos establecidos en la ley nacional. "No hay dudas de que se trató de un fenómeno natural" lo ocurrido en diciembre pasado, se afirmó.
El gobierno provincial ratificó que la principal causa de muerte de peces en la cuenca del río Salado, que se visibilizó el mes pasado, se debió al fenómeno denominado "hipoxia" y no por la contaminación producto de la presencia en las aguas de herbicidas (glifosato), plaguicidas, insecticidas y metales pesados (arsénico), que, si bien sí fueron detectados en los análisis, están muy por debajo de los valores máximos establecidos por ley.
De esta forma, convalidó un informe presentado el pasado 24 de diciembre tras la aparición de peces muertos que fue muy visible en el Salado desde los pasos carreteros de Santo Tomé y la ruta 70. "La hipoxia es un fenómeno que se puede dar tanto en verano como en invierno y que se potencia por las condiciones hidrométricas (bajante) y climáticas", explicó Gaspar Borra, subsecretario de Recursos Naturales de la provincia de Santa Fe.
El funcionario destacó que, si bien las muestras recogidas detectaron la presencia de residuos contaminantes, estos "están muy por debajo de los valores establecidos en la ley nacional. Son sólo 6 microgramos por cada litro de agua, cuando la ley en nuestro país indica un máximo de 90 microgramos. Esta información la dimos a conocer en su momento de manera pública", explicó.
"A este fenómeno lo venimos detectando aguas arriba desde octubre. Las muestras que logramos tomar son tanto de los peces muertos como del agua. Se hicieron mediciones de oxígeno y dieron números realmente bajísimos. Es una hipoxia, casi anoxia" (falta o disminución de oxígeno en las células, los órganos o la sangre), sostuvo.

Cuidar los ecosistemas
Borra recordó que desde el inicio de la nueva gestión del gobierno provincial se realizan controles permanentes sobre los niveles de contaminación en la cuenca. A modo de ejemplo, expuso un caso reciente: "Luego de diez años, en 2020 se sancionó a una empresa que vertía desechos en el arroyo Las Prusianas, afluente del Salado. Se aplicó una multa muy importante y se procedió a remover todos los caños", dijo.
"Para nosotros, es fundamental que se discuta la protección del medio ambiente. Por eso monitoreamos los niveles de contaminación antrópicas (causadas por el hombre) y las causas naturales que puedan comprometer, en este caso, a la fauna ictícola", agregó.
En ese sentido, el funcionario puso énfasis en las acciones implementadas. "En nuestra provincia rige una veda pesquera hasta el 31 de marzo. Para la pesca deportiva abarca la modalidad con devolución de todas las especies y en la modalidad comercial sólo se puede pescar tres de los siete días de la semana", recordó.
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Los animales marinos pasan hambre

Fecha de Publicación: 26/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La falta de alimento fue la principal causa que afectó a la fauna marina rescatada por la Fundación Mundo Marino en la costa bonaerense, según un relevamiento realizado por esa organización con sede en la localidad de San Clemente del Tuyú.
"La falta de alimento ocupa, como en años anteriores, el primer lugar, representando 51,6% de los casos, afección que se vio presente sobre todo en los pinnípedos, puntualmente en los lobos marinos de uno y dos pelos", indicó un informe de la Fundación.
El mismo cuadro de situación se dio con los pingüinos magallánicos, ya que de 64 asistidos, 35 presentaron cuadros de desnutrición y deshidratación, señaló.
"En ambos casos, son especies marinas que metabolizan el agua a través del alimento sólido que ingieren, por lo que frente a la falta de alimento sobreviene un cuadro de desnutrición y de deshidratación seguido de hipotermia que, en algunos casos, lamentablemente lleva a la muerte del animal", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación.
Sobre las causas de por qué estos animales no encuentran alimento, Rodriguez Heredia sostuvo que "desde la sobrepesca hasta la emergencia climática que altera la temperatura de las aguas y la consiguiente distribución de las presas pueden afectar la normal oferta de alimento para estas especies".
"Lo que es claro es que estos animales con su sola presencia son centinelas de lo que ocurre mar adentro y no estamos pudiendo ver. Cada uno de ellos es un indicador biológico que evidencia las alteraciones que sufre nuestro ecosistema marino", dijo el especialista.
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Las empresas de energía eólica rechazan el “impuesto al viento” y piden la intervención de Alberto Fernández

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Señalan que una tasa que les aplica la municipalidad de Puerto Madryn pone en riesgo las inversiones y la continuidad de las empresas
La Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) alertó que la tasa municipal que pretende imponer Puerto Madryn genera “graves perjuicios económicos” sobre los proyectos que fueron construidos en la zona. Lo denominan “impuesto al viento”.
Las empresas que conforman la Cader se refieren a la Ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn cuando comenzaba el aislamiento preventivo, que obliga a las centrales de energías limpias en operación comercial a pagar impuestos municipales que, según explican mediante un comunicado son “millones de pesos que no fueron previstos en sus propuestas de inversión”, algo que genera “serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector”.
El problema que se generó es que por con la ampliación del ejido urbano de la cuidad los proyectos eólicos quedaron bajo el alcance municipal. Así, aunque las energías renovables están exentas de algunos tasas, el Concejo resolvió aplicar una “tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental” por los metros cuadrados de uso, algo que pagan todas las empresas.
Este cambio, dice la Cámara, impactará en la proyección de negocio de los parques eólicos ya que un parque de potencia promedio (100 MW) “se vería obligado a pagar 20 millones de dólares”.
“Como Cámara de representación empresarial del sector de las energías renovables con más de doce años de antigüedad y más de 100 firmas asociadas, representando toda su cadena de valor, rechaza categóricamente la implementación del ‘impuesto al viento’”, explica el comunicado.
Juan Manuel Alfonsín, Director Ejecutivo de la entidad señaló que “hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos”.
Un punto no menor es que por la Ley 27.191 los generadores de energía renovables tienen la posibilidad de trasladar al precio del producto cualquier impuesto, tasa o gravamen –nacional, provincial o municipal– que aparezca luego de la firma de los contratos. Esta especie de blindaje que en su momento estuvo amparado en la idea de la estabilidad para las inversiones hoy significaría que la tasa municipal se trasladará al valor con el que las empresas le venderán la energía a la red y, de ahí, a los consumidores.
“En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn”, alertó Alfonsín.
Hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos (Alfonsín)
Para Cader, de prosperar la norma, Chubut avanzaría en “una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191 mediante la ley provincial XVII N°95, invitando incluso a los municipios a que respeten sus postulados”.
Además, Alfonsín detalló que desde el punto de vista jurídico el “impuesto al viento carece de sustento legal, dado que no guarda relación con una prestación brindada por el municipio de Puerto Madryn”.
Ante esta situación, desde la cámara le reclaman al Gobierno Nacional que se involucre en la discusión. “Solicitamos a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto para evitar que las tarifas se vean incrementadas por un impuesto ilegítimo que penaliza la generación limpia, competitiva y eficiente”.
Ayer hubo un encuentro entre el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el tema fue parte de la agenda.
La preocupación pasó por la posibilidad que las empresas comiencen un camino judicial, algo que desde Cader ya adelantaron que se encuentran en estudio. “Estamos estudiando todas las acciones legales que ofrece la legislación vigente para impedir el cobro del impuesto al viento”, expresaron.
Desde la entidad fueron terminantes y señalaron que “en ningún país del mundo se castiga a la generación de energía limpia. Por el contrario necesitamos nuevos programas nacionales y locales para respetar el cumplimiento a los compromisos ambientales que anunciamos como país ante otros Estados soberanos en foros climáticos internacionales”.
Alfonsín dejó un mensaje final al señalar que Cader “ratifica su oposición a cualquier modificación o instauración de un nuevo impuesto, canon o tasa, que implique mayor carga fiscal para el sector de las energías renovables, dado que amenaza seriamente su desarrollo y continuidad en nuestro país”.
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Ordenan a la Provincia informar sobre la extracción de arena para fracking

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una solicitud de acceso a la información ambiental presentada por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, que solicitó saber si hubo estudios de impacto ambiental y audiencias públicas en los proyectos de extracción de arena silícea con destino a la explotación petrolífera de Vaca Muerta.
La resolución tomada por la Justicia fue en el marco de un amparo interpuesto por los administradores de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y un grupo de vecinos que temen por efectos contaminantes en la extracción de arena silícea.
El material es extraído en esa zona al sur de la provincia, a 363,7 kilómetros de Paraná, y es utilizada para la extracción de hidrocarburos bajo el polémico sistema de fractura hidráulica –fracking– en los yacimientos de Vaca Muerta en la cuenta neuquina.
La resolución fue emitida este lunes 18, en el marco del legajo “Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos LTDA c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos-Secretaría de Ambiente-S/Acción de Amparo”.
En rigor, el fallo confirmó la sentencia emitida emitido en primera instancia, el 24 de diciembre de 2020, por el juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez, quien hizo lugar a la pretensión de la Cooperativa de acceder a información ambiental.
En su resolución, el magistrado había declarado abstracto el pedido de información sobre el establecimiento minero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), puesto que el Estado hizo pública la información en una plataforma digital. Fue el único punto que respondió el Estado cuando la Cooperativa requirió información por la vía administrativa.
En tanto, el magistrado hizo lugar a lo solicitado en cuanto a las demás explotaciones que se encuentren instaladas y/o a instalarse en el departamento Ibicuy, para lo cual otorgó a la administración 30 días de plazo para dar información.
Sin embargo, el fallo no se cumplió inmediatamente porque la Fiscalía de Estado, a través de su fiscal adjunto, Sebastián Trinadori, apeló. Entre otros planteos, pidió que la vía del amparo sea declarada inadmisible ya que la petición todavía estaba tramitándose en el ámbito administrativo.
Por el contrario, la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, a través de su apoderado Ricardo José Luciano, reiteró que la instalación en el Departamento Islas del Ibicuy de areneras y canteras de arena preocupa a los administradores de la Cooperativa por los probables efectos contaminantes como así también por la profundizaciones de las napas de agua que por el uso de determinadas prácticas, insumos, técnicas y ausencia de prevención y control, que dichas explotaciones pueden llegar a producir.
Según el documento al que accedió Entre Ríos Ahora, refirió que esa preocupación es compartida por la comunidad de Ibicuy, y contó que junto a vecinos autoconvocados se reunieron con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes aconsejaron la realización de estudios técnicos sobre diferentes aspectos de las explotaciones areneras en la zona, como así también del impacto ambiental que la actividad produce.
En los argumentos para solicitar la información ambiental, explicó sobre la utilidad de la arena sílica -mineral extraído por las areneras y de las canteras situadas en la zona de Ibicuy- para la industria petrolera y particularmente con destino al yacimiento denominado «Vaca Muerta», ubicado en la provincia de Neuquén. La arena se utiliza para el fracking, técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
Además, señaló que las prácticas que se realizan para la extracción de arena pueden generar efectos nocivos para la salud humana y los ecosistemas, debido a que producen tanto la volatilización del sílice generada a consecuencia de la extracción de arena sílica por las areneras y canteras, como los producidos por su lavado que efectúan utilizando químicos denominados flucolantes.
El Superior Tribunal de Justicia, de feria, integrado por Bernardo Salduna, Marcelo Baridón y Andrés Manuel Marfil, finalmente confirmó la sentencia de primera instancia este lunes 18.
“Entiendo que con toda razón asiste derecho a la Cooperativa a indagar la información tenida en cuenta por la administración para categorizar a la actividad arenera y consecuentemente exigir o no el estudio de impacto ambiental como así también informarse sobre los resultados del mismo; en la medida en que indudablemente por tratarse de probables efectos nocivos sobre el agua para consumo humano, constituye información de interés público”, dijo Salduna en el voto que comandó el fallo, y al que accedió Entre Ríos Ahora.
Enseguida, recordó que la Cooperativa intimó mediante carta documento a la Secretaría de Ambiente a que brinde la información el 2 de octubre de 2020, y que, ante la falta de respuesta, se interpuso un amparo invocando el artículo 8 del Régimen de Libre Acceso a Información Pública Ambiental.
Más adelante, destacó que el amparo debe prosperar porque se dan dos situaciones: por una lado, la Constitución provincial, en su artículo 13, contempla la obligación de responder toda requisitoria sobre información pública; y por otro que las explotaciones areneras denunciadas se encuentran en una zona geográfica que el Estado de la Provincia de Entre Ríos declaró por ley 9718 «Área Natural Protegida», lo que obliga a la administración a integrar la conservación y el uso sostenible del área; a proteger el ambiente natural, los ecosistemas y particularmente los cursos de agua; a conservar los recursos genéticos y minimizar la erosión de los suelos, entre otros objetivos.
De ese modo, se condenó al Estado provincial a que en el plazo de 30 días hábiles administrativos brinde la información respecto de los establecimientos mineros areneros y canteras de arena instaladas y/o a instalarse y en trámite de instalación en el Departamento Islas del Ibicuy -a excepción del establecimiento minero «El Mangrullo» propiedad de YPF S.A-.
En su respuesta, el Gobierno deberá dar información sobre los siguientes puntos peticionados específicamente por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy:
– 1) Si las plantas extractadoras de arena radicadas en Ibicuy han cumplimentado con lo ordenado en los artículos 11 -obligatoriedad del procedimiento de evaluación ambiental-; 12 -declaración jurada sobre el impacto o no de la actividad y decisión administrativa si corresponde o no estudio de impacto ambiental-; y 13 -contenido del estudio de impacto ambiental- de la ley General de Ambiente N° 25.675;
-2) En relación al floculante utilizado brinde la siguiente información: a) Qué floculante se usa; b) Cantidades; c) Tratamiento del efluente; d) Qué tipo de piletas para el tratamiento de efluentes son utilizadas; e) Dónde y en qué cantidades por arenera por día se descarta floculante en los efluentes; f) Quién es el encargado de fiscalizar el destino de los efluentes, y con qué periodicidad se realizan los controles;
-3) Si dispone algún estudio sobre el impacto ambiental producido por la extracción de arena, cambio en la geografía por las fosas/cavas que quedan producto de la extracción, como así también si hay alguna exigencia de re forestación en las mismas, y si se realizan cuidados sobre la flora autóctona después de producidas las cavas.
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Greenpeace denuncia que el gobernador de Salta dio vía libre a los desmontes en la pandemia

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Salta


La organización ecologista denunció que Salta pretende habilitar en un mes más hectáreas de las que se deforestaron durante el año pasado.La agrupación ecologista Greenpeace alertó que el gobierno de Salta convocó a audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas por un total de 28.311 hectáreas.
“El gobernador (Gustavo) Sáenz aprovecha la pandemia de Covid-19 para darle vía libre a los desmontes. En un mes pretenden autorizar más de lo que se deforestó en Salta durante todo el año pasado. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014 y la realización de audiencias públicas con las actuales restricciones de circulación no garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario”, señaló la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.  
En 2020 se desmontaron 20.962 hectáreas en Salta, según el monitoreo que realiza Greenpeace comparando imágenes satelitales.
Cruz agregó que “la destrucción de bosques aumenta las enfermedades, como dengue y leishmaniasis. Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”, afirmó Cruz.         

Pedidos
Greenpeace detalló que los desmontes que el gobierno salteño busca aprobar son:
- 13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal,  solicitado por AGRONE S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
- 5.724,74 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Chaguaral, solicitado por Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
- 3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L., cuyo gerente es Martín Wierna, actual Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia de Salta.
- 3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud,  solicitado por Cresud S.A.C.I.F.yA., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
- 1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A., vinculada al ingenio azucarero y destileria San Isidro.
 - 662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA  S.R.L., de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola.
- 472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.
Greenpeace está impulsando una petición para que se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales en todo el país.
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La pandemia agudizó la pesca ilegal en el mar argentino

Fecha de Publicación: 23/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Se alerta sobre la presencia de buques pesqueros de origen oriental (chinos y coreanos) que funcionan como factorías, congelando y procesando a bordo.
En el contexto de la pandemia que atravesó gran parte del 2020, la gravísima problemática de la pesca ilegal en diversas costas de la región se acentuó con el correr de los meses.
Diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron en los últimos meses la presencia de cientos de buques y barcos, que expandieron su actividad industrial en la región incumpliendo todo tipo de normas y arrasando con el ecosistema marino.

Medidas en abril
En abril pasado, a raíz de las denuncias radicadas sobre la existencia de actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros en la "Zona Económica Exclusiva Argentina" (ZEEA), el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, dispuso la inmediata intervención de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización
Pesquera (DNCYFP), en una acción conjunta con la Prefectura Naval Argentina.
El objetivo por aquel entonces fue el de reforzar el control y el patrullaje en el mar Argentino tomando en cuenta que las acciones denunciadas "no sólo son depredatorias de los recursos naturales nacionales sino que también afectan a la seguridad de los trabajadores del sector". Pero las denuncias siguieron.

Depredación silenciosa
Según afirma el informe de Greenpeace "The Wild West Atlantic Report" (2019), el Atlántico Sur Occidental, zona de aguas internacionales también conocida como el "Agujero Azul", tiene un rol ecológico central dentro de los océanos globales: proporciona importantes áreas para el desove y alimentación de mamíferos marinos y aves, a la vez que es el hogar de importantes especies comerciales. El área también es un lugar de alimentación para especies clave, como la ballena franca austral y otras cuyo estado de conservación es vulnerable.

Sin embargo, la zona en cuestión sufre de un vacío legal: actualmente, la única organización regional de relevancia para la gestión pesquera que allí opera es la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico (ICCAT) que sólo se ocupa de la pesca dirigida al atún y especies afines. Por lo que otras actividades enfocadas en especies como calamares, merluza o merluza negra no están cubiertas por un organismo internacional.

A mediados del 2020, se alertó sobre la presencia de una flota de entre 350 y 400 buques pesqueros en la región. En su mayoría, se trata de barcos de origen oriental (chinos y coreanos) que funcionan como factorías, congelando y procesando a bordo. Suelen ser tangoneros (únicamente dedicados a la pesca de calamar) y de arrastre (pesca con red), y se instalan en las zonas elegidas por períodos superiores a un año.
Un dato alarmante sobre el trayecto de la flota que desde el pasado julio ha recorridolas costas de Ecuador, Colombia, Perú y Chile es que se mantuvo por aproximadamente dos meses en el límite de las áreas marinas protegidas del Parque Nacional Galápagos, depredando gran parte de su biodiversidad marina y poniendo en peligro este lugar único en el mundo. Tomando en cuenta que sobre finales del año varios de los buques pertenecientes a esta flota cruzaron el estrecho de Magallanes con
dirección al océano Atlántico, todo indicaría que el mar Argentino correría la misma suerte.
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Nacieron dos guacamayos de una especie en peligro de extinción en el Bioparque

Fecha de Publicación: 23/01/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires


Este tipo de aves habita en América del Sur y está considerando en peligro, ya que en muchas zonas ha mermado la población como consecuencia de las actividades ilegales como la caza y el tráfico.
Dos guacamayos azulamarillo (Ara arauna), una especie que está en peligro de extinción, nacieron en el Bioparque de la ciudad bonaerense de La Plata en el marco del trabajo de conservación y protección de las especies que permanecen en el predio.
Desde el Bioparque, que depende de la Secretaría de Espacios Públicos, informaron que el nacimiento se produjo días atrás y que los pichones "se encuentran en buen estado de salud".
"Las aves son cuidadas por profesionales del propio Bioparque. Esta es una gran noticia ya que también es un aporte para contrarrestar la pérdida de biodiversidad, dado que la especie está en peligro", señaló José Etchart, el responsable del área.
Este tipo de guacamayo habita en América del Sur (sectores de Colombia, Brasil, Perú, Bolivia) y está considerando en peligro, ya que en muchas zonas ha mermado la población como consecuencia de las actividades ilegales como la caza y el tráfico.
Uno de los comportamientos más curiosos de la especie es que, una vez formada la pareja, ya no se separan.
Anidan cada dos años entre los meses de agosto y enero, en sus hábitats naturales cavan agujeros en los troncos de los árboles y palmeras, y la hembra generalmente pone dos o tres huevos.
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Tucumán huele demasiado mal

Fecha de Publicación: 23/01/2021
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


La capital tucumana fue calificada el año pasado como la ciudad con peor calidad de vida de entre las 24 cabeceras argentinas -23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, según un amplio relevamiento realizado a nivel nacional. En la muestra de más de 12.000 casos, llevada a cabo por la consultora IPD (Innovación, Política y Desarrollo) se tuvieron en cuenta catorce variables, entre ellas: contaminación, costo de vida, empleo, vivienda, transporte, infraestructura, conectividad, seguridad, medio ambiente, higiene, deportes, educación, cultura y si le gusta vivir en su ciudad.
Entre las respuestas negativas que se destacaron primaron las quejas de los ciudadanos respecto de los malos olores que envuelven al área metropolitana tucumana, causados principalmente por los cientos de basurales a cielo abierto desparramados por la urbe, la falta de higiene generalizada, los derrames cloacales que asfixian a toda la ciudad y los vahos nauseabundos que se desprenden de la fermentación de la vinaza, uno de los desechos que genera la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar.
En algunos casos, la responsabilidad es compartida entre la población indiferente y mal educada, un gobierno provincial ineficaz y los municipios ineficientes, como ocurre con la falta de higiene y los basurales sin control.
En otros casos, la ausencia del Estado es alarmante y allí ninguna responsabilidad le cabe a la comunidad, como sucede con las cloacas explotadas en todas las esquinas y los ríos de aguas servidas, y con el irresponsable tratamiento que le dan los ingenios a la maloliente vinaza.
Hasta hace una década, aproximadamente, este derivado de la producción del alcohol, entre muchos otros desechos industriales, se arrojaban directamente a los ríos, lo que provocó que la Cuenca Salí-Dulce llegara a ser, como sigue siendo hoy, la segunda más contaminada de la Argentina, según informes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Tras varios juicios, multas y sanciones, desde 2012 comenzó a disminuir el volcado de vinaza a los cursos de agua y empezó a emplearse para regar campos de caña o para realizar compostajes.
El problema es que cuando la vinaza fermenta, y bajo ciertas condiciones climáticas, el aire en la provincia se torna irrespirable.
Los tucumanos llevamos años de promesas oficiales respecto de que esta contaminación atmosférica estaba en vías de solucionarse, mediante diferentes tratamientos industriales. Lejos de remediarse, a medida que aumenta la producción de alcohol para biocombustibles este flagelo se agrava cada año. Incluso, la vicepresidenta del Ente de Turismo, una de las oficinas que más debería preocuparse por la calidad ambiental, llegó a justificar estos olores nauseabundos, con el argumento de que forman parte de la idiosincrasia de la industria madre de los tucumanos, que es la producción azucarera.
Un razonamiento que hubiera encontrado cierto asidero a fines del Siglo XIX. Punto de vista que resulta insólito en la actualidad, cuando la economía de la provincia, según el Ministerio de Economía, depende un 66% de las actividades terciarias o de servicios, mientras que las actividades primarias o extractivas, y las secundarias o industriales
representan el 10% y el 24%, respectivamente.
Es decir, si es por su gravitación dentro del producto bruto interno, el sector de servicios hoy es la verdadera “industria madre” de la provincia. Al margen de este dato, no menos importante, no es un problema meramente económico sino que afecta a la salud de la población y a la maltratada calidad del medio ambiente provincial.
A demasiados organismos oficiales les compete solucionar este drama ambiental, desde el gobernador hasta la Secretaría de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Protección Ambiental, la Dirección de Medio Ambiente, la Policía Ecológica, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Ambiental de la Legislatura, además de fiscales y jueces.
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Denuncian loteos en tierras afectadas por los incendios

Fecha de Publicación: 22/01/2021
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba


A pocos meses de los devastadores incendios que consumieron más de 300.000 hectáreas en toda la provincia, y tras observarse imágenes desgarradoras en distintos puntos cercanos a zonas urbanizadas, vecinos de Villa Santa Cruz del Lago denunciaron ayer la realización de loteos y trabajos de acondicionamiento en terrenos afectados por las llamas.
En las imágenes difundidas por los residentes de la zona conocida como El Pato se observaron conexiones de agua potable y topadoras abriendo caminos, algo ilegal en virtud de la categorización “amarilla” dada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, y de la vigencia de la nueva Ley Nacional del Fuego (ver aparte).
Frente a la situación, personal de Policía Ambiental y propio intendente de esa localidad Omar De Geovanni, llegaron al lugar y junto a los vecinos lograron frenar las obras. Según trascendió desde la Municipalidad, en principio una empresa constructora habría presentado un proyecto de obra el 29 de diciembre, el cual aún no fue analizado ya que el Concejo Deliberante está en receso. “Por todo eso, la realización de trabajos es ilegal”, señalaron.
“Se abrieron caminos, zanjas y se colocaron caños para agua. No sabemos con qué permisos lo hacen, todo ese sector no se puede tocar”, contó una vecina en declaraciones dadas a conocer por el sitio Carlos Paz Vivo. Incluso, cargó contra las autoridades municipales al sostener que “nos dijeron que iban a labrar un acta, que los van a citar a los responsables, pero la verdad es que no tienen idea de leyes ambientales”.

Grave denuncia
En octubre del año pasado, Gabriel Napal, de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel, había denunciado que los incendios fueron “intencionales”. “Se quemó zona de reserva, zona amarilla que no está poblada ni urbanizada donde se quería hacer el complejo Torres del Lago. No son sospechas, el inicio fue intencional. Lo tenemos filmado, dos focos con diferencias de kilómetros en el mismo predio”, especificó Napal, quien dijo que los terrenos rinden económicamente.

La sugestiva oferta de venta por Internet
En octubre del año pasado, la Provincia había presentado una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue un hecho vinculado a la supuesta venta por Internet de estos mismos predios, que fueron objeto de feroces incendios.
La denuncia fue realizada por el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, quien estuvo patrocinado por el procurador del Tesoro, Juan Delgado, quienes adjuntaron la documentación que corrobora las ofertas de los terrenos en cuestión. Según se indicó, el lugar se encuentra al límite de la jurisdicción de Carlos Paz y Villa Santa Cruz del Lago. De cualquier manera, al haber sido afectados por las llamas se encontrarían protegidos por la Ley Nacional del Fuego, que prohíbe la modificación de su uso por espacio de entre 30 y 60 años.
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Provincia firmará convenio con Naciones Unidas para auditoría internacional a la actividad minera

Fecha de Publicación: 22/01/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El Gobierno Provincial inició la ronda de mesas de trabajo y debate en torno al proyecto de ley que promueve el desarrollo industrial minero metalífero sustentable.
El Gobierno del Chubut comenzó ayer con las mesas de trabajo y la agenda de debate con distintos sectores económicos, productivos y empresariales vinculada al tratamiento de las bases para la ampliación sustentable de la matriz productiva, plasmadas en el proyecto de ley 128/20 que promueve el desarrollo industrial minero metalífero sustentable.
La reunión de trabajo se realizó desde las 17 horas de manera virtual, y estuvieron presentes los ministros de Hidrocarburos, Martín Cerdá; de Ambiente y Desarrollo del Control Sustentable, Eduardo Arzani; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, y la subsecretaria Cecilia Domínguez.
Participaron, entre otros, la Federación Empresaria del Chubut; la Cámara Industrial de Puerto Madryn; la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros; Colegio de Ingenieros, Colegio de Geólogos; Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia; Cámara de Industria y Comercio de Puerto Madryn: Cámara de Industria de Puerto Madryn; Cámara de Comercio, Industria y Comercio de Rawson; Cámara de Empresas del Golfo San Jorge; Cámara de Comercio de la Meseta, Sociedad Rural del Valle del Chubut y la Unión Industrial de Chubut. También formaron parte del encuentro virtual los diputados provinciales Carlos Eliceche, Graciela Cigudosa y Mariela Williams.
La apertura estuvo a cargo del ministro Cavaco y el detalle de la presentación fue realizada por los ministros Cerdá y Arzani y la subsecretaria Domínguez, quien destacó la necesidad de «un acuerdo para la construcción de consensos». Y partió del compromiso de que la zonificación no alcanzará a la zona cordillerana, será sin impacto sobre el río Chubut, sin uso de cianuro y sin derogar la ley 5.001.
Destacó además que el desarrollo en los Departamentos Gastre y Telsen abarca el 16 por ciento de la superficie provincial, que se reduce a un 12 por ciento cuando se contabilizan las zonas intangibles. Expuso además que, a diferencia de lo que ocurrirá en Chubut, los departamentos Gastre y Telsen tendrán un decrecimiento poblacional de entre el 8 y 12 por ciento hasta el año 2025, según proyecciones del INDEC.
Domínguez mencionó además que la única actividad económica es la ganadería y que desde el 2005 se perdieron el 50 por ciento de cabezas de ganado en el Departamento Gastre y el 80 por ciento en el Departamento Telsen.

«Efecto multiplicador»
Por su parte, el ministro Cerdá detalló que la inversión prevista ronda entre 1.300 y 1.600 millones de dólares, con la creación de 6.000 puestos de trabajo directos en la fase de construcción (años 1 y 2). Y durante 20 años, 2.600 puestos de empleo directos y 6.000 indirectos. «La participación del empleo chubutense será de 80 por ciento como mínimo en la planta de cada proyecto. La participación de proveedores será no menor al 50 por ciento y debe alcanzar un 70 por ciento al momento de la plenitud de proyecto», precisó.
Destacó además que se proyecta, por año, un movimiento económico por alimentos y catering de unos 4,5 millones de dólares; 2,1 millones de dólares en el rubro ferretería y 1,2 millones de dólares en indumentaria. Cerdá informó que las regalías serán de un 3 por ciento del valor boca de mina y que se implementará un Bono de Compensación del 2 por ciento, además de los Fondos Fiduciarios de Infraestructura (2 por ciento) y de Sustentabilidad (2 por ciento). Agregó a ello los ingresos por impuestos indirectos, como es el caso del 3,5 de Ingresos Brutos y del 0,4 por ciento sobre bienes y servicios.

Controles ambientales
El ministro de Ambiente detalló 18 artículos del proyecto de ley están referidos a aspectos vinculados al cuidado y protección del ambiente, detalló los procesos de cierres de mina. Y confirmó la realización de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, que prevé la instrumentación de una auditoría internacional.
En ese orden, precisó los aspectos alcanzados por la Sustentabilidad, Estudios de línea de base, Estudio de Impacto Ambiental, constitución de garantías o pólizas de caución, plan de cierre y Participación Social y Control Ambiental para la minería y la creación del Observatorio de Recursos Naturales.

Consultas de participantes
Luego de la presentación detallada del proyecto, los participantes pudieron hacer las preguntas y consultas que les parecían pertinentes. Hicieron preguntas Celso Pontet (Uich), Gerardo Caldera (Campem), Oscar Dethier (Cima), Fernando Locci (Colegio de Geólogos), Pablo Tedesco (Camad), José María Molina (Colegio de Ingenieros) y Carlos Montegro (Cámara de Comercio de la Meseta), Donato Laurita (Cima), y Roberto Williams (Sociedad Rural Valle del Chubut), entre otros.
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Avanza el proyecto Ecoparque Socioambiental Quilmes

Fecha de Publicación: 22/01/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Ambiente recibió dos propuestas para la definición de la estructura organizacional y capacitación para la operación del nuevo complejo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, realizó esta mañana el acto de apertura en el que recibieron dos propuestas para la definición de la estructura organizacional y de capacitación para la operación del nuevo Complejo Socioambiental “Ecoparque Quilmes”.
Las propuestas recibidas apuntan al desarrollo de un organigrama de gestión y operación para la planta de reciclaje del ecoparque, con indicaciones de los perfiles de las candidatas y candidatos a ocupar cada puesto, detalles sobre las líneas de procesos de todo el complejo y las pautas de intervención en cada línea de trabajo. Al mismo tiempo, las proposiciones debían incluir programas de capacitación básica y específica, con una planificación que comprendiera las instancias de evaluación, calificación y seguimiento.
El proyecto “Ecoparque Quilmes” es una iniciativa que busca minimizar la generación y el enterramiento de residuos, formalizar la actividad de recuperación, mejorar los servicios de higiene urbana y promover la separación en origen. Además, contempla una planta para unos 310 trabajadoras y trabajadores que desempeñen sus tareas en adecuadas condiciones laborales de resguardo y salubridad.
Esta iniciativa es articulada por la cartera nacional de Ambiente junto al municipio bonaerense de Quilmes, a través del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, y recibe financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El monto estimado para la consultoría asciende a los 158 mil dólares.
Del acto participó el director de Proyectos con Financiamiento Externo, Martín Illescas.
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