Ecología. Desarrollo sustentable, un reclamo que crece en la Argentina

Fecha de Publicación: 14/09/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Para el movimiento ecológico, la crisis sanitaria mundial que el nuevo coronavirus hizo estallar es una confirmación -en un único, brutal golpe- de algo que venía sucediendo en cuentagotas y que la ciencia anuncia desde hace al menos 20 o 30 años: hay dos colapsos ambientales que se dan al unísono y se retroalimentan: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (que no es sino una manera de llamar a la extinción de especies y ecosistemas planetarios). Y, aunque no parezca evidente a simple vista, están detrás de enfermedades de origen animal -zoonóticas- que saltan al humano justamente por la forma problemática, difícil hasta lo inviable, en que se producen bienes y se extraen recursos de la naturaleza para alimentar a casi 8000 millones de industriosos seres humanos. El salto lo dio el virus luego bautizado Sars-CoV2, pero pudo haberse dado antes. Lo que es peor, puede volver a darse.
En ese contexto, una vez más la Argentina está en condiciones de pensar qué tipo de desarrollo quiere, en virtud de una cada vez más onerosa cuenta ambiental local, resumida en quemas que destrozan islas y sofocan poblaciones, en un aumento de enfermedades prevenibles por agroquímicos, zonas enteras perdidas por la explotación minera intensiva y, sobre todo, la cada vez menos abstracta oposición de las poblaciones, hoy más amplia que una mera vanguardia verde. El último ejemplo de una larga cadena es la resistencia que ha generado un proyecto para instalar decenas de granjas porcinas para exportar a China (país donde estos animales sufrieron la peste porcina africana, que obligó a sacrificar más de un millón de cerdos), comunicado de forma equívoca por el Gobierno. El modo en que se maneja la información acerca de cuánto será producido (¿9 millones o 900.000 toneladas de carne?), quién hará la inversión inicial (¿2800 millones de dólares?) y en qué lugares (¿25 ciudades?) no hace sino aumentar las suspicacias de ecologistas y movimientos ciudadanos, que ven aquí a los mismos protagonistas que introdujeron la soja transgénica en la década de 1990. Pero se trata de un ejemplo, el más reciente y candente, de algo que trasciende.
"Hay que pensar un modelo de desarrollo donde siempre esté incluido el ambiente. Desarrollo sin ambiente no es desarrollo", dice Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales por la UBA y miembro del colectivo La vuelta al mundo (lavueltaalmundo.com.ar), que busca discutir lo ambiental desde lo social y político (o viceversa). "Se vuelve a dar una gran improvisación. Eso es lo que más discuto del tema de los cerdos, la falta de planificación", afirma.
"¿China necesita cerdos? Hacemos un memorándum. Pero hace falta mucho más: un plan de desarrollo con todos los sectores involucrados, zonificación, evaluación de impacto ambiental; si no, pasará lo mismo que con la soja transgénica", advierte Monkes. Y señala otro punto sensible: Vaca Muerta. "Allí también falta ordenamiento de la frontera extractivista para que no se lleve puesto a la gente que ya vive ahí y a todo el valle que produce peras y manzanas".
Todo en un escenario nacional que los ambientalistas conocen e incorporan en sus análisis; es decir, en medio de lo que los economistas llaman restricción externa y que podría resumirse en la expresión "faltan dólares", tanto para generar desarrollo como para pagar deuda.
Además de obtener licencia social (que la gente acepte localmente los emprendimientos), Monkes cree que se debe poner a trabajar a los técnicos y científicos que tiene el país para ordenar y fiscalizar.
Algún movimiento en ese sentido parece haber. Al menos, así lo explicó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, en una entrevista con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico. "En litio, en la extracción de petróleo y en las actividades agropecuarias estamos estableciendo una mirada transversal. La idea es que la producción tiene que ir de la mano del cuidado del ambiente", dijo.

El acuerdo con China
Respecto del acuerdo con China, agregó: "Participamos de reuniones en Casa Rosada. Vamos a armar una comisión que dé los protocolos y la información necesaria para la bioseguridad y el manejo de los residuos. La Argentina va a tener un proyecto en porcinos que siga las normas y estándares internacionales de manejo de residuos y bioseguridad en escala". Salvarezza dijo que hay un trabajo conjunto de su cartera con los ministerios de Ambiente, Agricultura, Cancillería y Producción.
La pregunta es si se alcanzarán los estándares internacionales más altos. Dada la cantidad de cerdos contemplada en el proyecto, el riesgo es el hacinamiento, que puede generar enfermedades y heces en tamaños inmanejables, potencialmente dañinos para los cursos de agua. Como en los asuntos farmacéuticos, la cuestión es la dosis que el medio ambiente no puede tolerar y que genera daños no incluidos dentro de la ecuación meramente económica.
Carolina Vera, jefa de gabinete en el ministerio de Ciencia y climatóloga de renombre mundial, afirma: "En la producción porcina hay que ver la escala, el uso del agua y los desechos; es mejor cuanto más pequeña es la escala y se puede hacer en regiones del país con animales a campo y cerca de zonas donde se producen granos. Y con tratamiento de efluentes, que pueden convertirse en biogás, en un proceso económica circular". Durante un encuentro online de la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras la semana pasada, afirmó: "Toda producción puede hacerse de manera sustentable".
Otro funcionario involucrado en las conversaciones señaló que la inquietud nace de Jefatura de Gabinete. "El pedido es que se trabaje lo productivo y lo ambiental en mesas amplias con miradas divergentes. Ni todo lo que propone el inversor, como en minería, pero tampoco no hacer nada, como quizás algunos sectores plantean. Son mesas que no abundan en la Argentina y no tenemos entrenamiento", se lamentó. Sin embargo, por ahora no se ha invitado a las ONG.
Cada país encuentra su manera propia de desarrollarse. Europa y los Estados Unidos, y también la relativamente efímera Unión Soviética, lo hicieron a expensas de exprimir sus recursos naturales para industrializarse, con un costo que aún tiene consecuencias globales. La quema de combustibles fósiles, sobre todo carbón, para alimentar la revolución de las máquinas afectó a sus poblaciones entonces y todavía genera el efecto invernadero que deriva en el cambio climático. El tardío Japón y los casos de Corea del Sur y China, entre otros, resultan difícilmente extrapolables al contexto sudamericano. El hecho de que el crecimiento se ha pagado y se paga con aire literalmente irrespirable en muchas de sus ciudades no es un dato menor: el gobierno chino en ocasiones pide que su población no salga de sus casas porque estar al aire libre significa incorporar aire venenoso.
"Compramos un GPS nuevo pero le pusimos la misma dirección de siempre", dice María Marta Di Paola, directora del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que generó un documento con la información acerca del acuerdo porcino y sus riesgos e incertidumbres.

Efecto invernadero
"Lograr esas 900.000 toneladas de carne porcina implicaría incrementar el stock de animales en casi 10 millones, sumar más de 2.200.000 toneladas de maíz y unas 750.000 toneladas de soja para la alimentación del ganado, lo que implica sumar casi 290.000 y cerca de 250.000 hectáreas cosechadas de uno y otro grano; eso duplicaría las emisiones de gases de efecto invernadero del sector porcino y demandaría unos 12.000 millones de litros de agua potable a lo largo de toda la producción, sin contabilizar el agua para la limpieza", reseña el documento.
"Estos últimos anuncios, de reactivación de Vaca Muerta, de búsqueda de atraer inversiones para gas también a través de plataformas offshore, el acuerdo con China sobre megafactorías de cerdo, los incendios, el no tratamiento de la ley de humedales. es todo lo mismo, pero peor", grafica el escrito.
Para Di Paola, hay un debate que el país se debe: pensar un modelo agropecuario que tienda hacia "una agroecología que ponga en valor saberes ancestrales, que permita internalizar los beneficios ambientales y sociales de este tipo de actividades; la generación de energía accesible para la población, que no esté centralizada en el petróleo y el gas, que va en contra de compromisos ambientales generales. Ir hacia lo local, más hacia adentro", propone.
Como Monkes, ella cree que la planificación es una de las claves. "China planifica mínimo a diez años, acá cuatro años es largo plazo y en ambiente cuatro años no es nada. Es apenas un mandato de gobierno, por eso las políticas resultan débiles". Di Paola niega que el movimiento ambientalista en sentido amplio "ponga trabas" al desarrollo.
"Todo depende de cómo el paquete genera beneficios económicos, sociales y ambientales de manera armónica. No que lo económico se lleve puesto todo", dice. Y presenta como esencial la idea de licencia social: los pobladores de donde se extraiga el agua y el maíz que necesitarán los cerdos deben dar su consentimiento informado, para usar otra expresión de la industria farmacéutica y los ensayos clínicos.
Ese punto, justamente, el de la licencia social, es el que esgrime el colectivo Jóvenes por el clima, organización nacida como una de las versiones argentinas del movimiento mundial que encabeza la militante sueca Greta Thunberg, de rutilante estrellato. La aparición de los jóvenes como un actor político deja claro que, aún con presentes espinosos, las previsiones marcan que el peligro mayor está en el futuro; ya no en el siglo XXII, sino en un tiempo que es el que van a vivir las y los Gretas del mundo, con fenómenos climáticos extremos frecuentes, con provisión de alimentos más difícil, con regímenes hidrológicos modificados, entre otras amenazas.

Otra perspectiva
"A nadie le gusta que el mundo esté camino a un colapso, y tendemos a matizar y ver qué parche o qué se puede hacer para solucionarlo, pero lo que muestra la tendencia en relación a emisión de gases es que no podemos enfrentar la crisis en la magnitud en que es necesaria. Es un fracaso de todos los países", dice Ana Julia Aneise, licenciada en economía y miembro de Jóvenes por el clima. "La Argentina necesita una perspectiva ambiental para todas sus decisiones de política económica y pública. Lo ambiental no es algo secundario, una evaluación previa. El mundo está atravesado por una crisis que cambia los patrones de comercio y producción, y moldea el futuro. La Argentina está en situación complicada por la deuda, la pobreza y la crisis del coronavirus, que profundiza todo. Es necesario planificar, no solo en relación con este acuerdo porcino sino también en todo lo productivo con una visión sistemática, porque los problemas afectan primeros a los de menores ingresos. El objetivo ambiental debe ser menos pobreza y desigualdad", dice Aneise, de 24 años, que tiene claro que, si las generaciones hoy a cargo no encaran la transición, van a sufrir las nuevas generaciones.
En un contexto internacional que demanda productos primarios, la transición hacia una producción con respeto al ambiente puede no ser opcional sino obligatoria, incluso en el marco de una globalización ralentizada o de pactos internacionales como el Acuerdo de París, en vías de cumplirse. Hay muchos mercados que comenzarán a cerrarse si los productos no vienen con una huella ecológica y hasta el FMI o el Banco Mundial consultarán por acciones ambientales antes de ir a lo financiero. Así de potente es la agenda.
La clave es la transición hacia lo más limpio, lo más amigable y menos fósil posible. "Entiendo que hay actividades productivas en curso y no se puede de un día para el otro hacer una modificación brusca. Pero es necesario pensar ya la transición. Y planificar, no tomar medidas en virtud de las urgencias", dice Aneise. Señala que desde el ambientalismo no se plantean dejar Vaca Muerta y la soja la semana que viene, sino que analizan que ese sistema es insustentable y que hay que modificarlo con cierta urgencia, y que esa proyección no se discute. "Lo piensan como secundario", se lamenta.
En ese contexto, con los sectores de agricultura y deforestación como los más emisores del país, sumar miles de cabeza de ganado solo podría añadir más puntos al incumplimiento de los compromisos climáticos. "La Argentina tiene capacidad para producir tecnología. Un ejemplo ilustrativo es el litio, un recurso estratégico para las baterías eléctricas. En sí misma, la exportación de litio no trae ingresos, no compite con la minería tradicional. Si el país tuviera un proyecto para construir las baterías, un objetivo que Bolivia tenía, un plan para valorar algo más que materia prima, sería mejor como modelo de desarrollo", dice Aneise.

Intereses en pugna
Son discusiones, las ambientales, que suelen tener como principal foro el Congreso. Allí se suceden, desde hace más de una década, luchas y disputas por distintas leyes que regulan y restringen la explotación indiscriminada. Lo insólito es que una vez sancionadas solo se cumplen de manera parcial, como la ley de bosques, que ordenó territorios pero nunca obtuvo, en más de una década, el presupuesto que la propia norma establecía.
Hoy la disputa es por la ley de humedales, ecosistemas imprescindibles para mantener la salud de personas y ambientes, cuya sanción podría afectar intereses inmobiliarios y agropecuarios particulares en función del interés general. "Es difícil y hace falta energía y tensión social para sancionarla, pero diversos ámbitos se empiezan a hacer eco de estas demandas. Hay terreno para profundizar", sostiene Aneise.
Su grupo se anotó una participación clave en la ley de cambio climático, sancionada hace casi un año; "una ley que jerarquiza e institucionaliza" a actores que buscan limitarlo, según explicó Mariano Villares, de Sustentabilidad sin Fronteras, en el evento citado. Allí afirmó: "Lo que favoreció su aprobación es el hecho de que es una ley que no afecta intereses de sectores económicos, a diferencia de la ley de humedales, que se trabajó en paralelo, pero no fue sancionada aún porque establece un inventario nacional de humedales que restringe actividades productivas y afecta intereses. La ley de cambio climático no fija plazos ni establece obligaciones a sectores económicos", reconoció.
Como se ve, todavía conspiran la imposibilidad de las autoridades de considerar el largo plazo así como egoísmos y posiciones insostenibles e insustentables. Si nada cambia, la próxima pandemia podría estar a la vuelta de la esquina.
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Arcioni, junto a sindicalistas y diputados con una agenda minera en el horizonte

Fecha de Publicación: 14/09/2020
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut


Será en el marco de una plan oficial para el desarrollo de la matriz productiva que el gobernador estaría anunciando en los próximos días. El miércoles, con absoluto bajo perfil, el gobernador recibió a los líderes más influyentes del gremio mercantil en la provincia para avanzar con la temática.
Por ahora con prudencia mediática pero a paso firme, el gobernador Mariano Arcioni comenzó esta semana una serie de reuniones con dirigentes sindicales que se extenderán durante el fin de semana con representantes del Poder Legislativo
El tema central de los encuentros es el mismo: un plan oficial para desarrollar la plataforma productiva de la provincia con un claro eje en el desarrollo minero, algo que por ahora no tiene un marco legal claro y es necesario un fuerte debate en la Legislatura.
El miércoles, con absoluto bajo perfil, Arcioni recibió a los dos líderes más influyentes del gremio mercantil en Chubut: Alfredo Béliz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) en la zona del Valle; y a José González, secretario general de Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Comodoro Rivadavia.
El relevante encuentro ocurrió al mediodía en la Residencia Oficial en Rawson, almuerzo de por medio. A la cita llegaron los dos sindicalistas y otros dirigentes que escucharon del gobernador un anuncio importante: en los próximos días habría un lanzamiento formal de un plan productivo integral que impondrá un fuerte debate de la matriz productiva de Chubut, con la actividad minera a la cabeza.
La idea, dijeron fuentes del encuentro, no es imponer nada sino abrir las puertas para un debate amplio.
De hecho, Béliz y González se enteraron en el encuentro de que la reunión a la que fueron invitados era una especie de punto de partida a encuentros que ocurrirán durante el fin de semana y en días posteriores con los diputados provinciales de todas las bancadas para abordar la temática como parte de la agenda.
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Continúan las reuniones del Comité de Emergencia Ambiental

Fecha de Publicación: 14/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Litoral Artentino


Las jurisdicciones informan el grado de avance en la implementación de acciones por los incendios en el delta del Paraná.
Mediante modalidad virtual, se realizó un nuevo encuentro del Comité de Emergencia Ambiental creado en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Administración de Parques Nacionales, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y los municipios de Victoria y Rosario, cada jurisdicción comunicó las acciones que lleva adelante para la prevención, el control y la cesación de los incendios irregulares en la región del delta del Paraná, bajo las bases del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) que lidera la cartera ambiental nacional.
De la reunión se destaca el compromiso con la estrategia de faros de conservación que impulsa el organismo que conduce Juan Cabandié. En ese sentido, la provincia de Entre Ríos anunció que aportará dos lugares importantes en el centro de las zonas afectadas por el fuego para instalar nuevos faros, ambos en el departamento Victoria, uno en el sur de Charigüé y otro a la altura de San Nicolás, ambos en el departamento entrerriano de Victoria.
Además, en el ámbito del Comité se conformaron tres grupos de trabajo específicos para cumplir con las medidas presentadas ante el Supremo Tribunal de Justicia: Comunicación, Planificación y Prevención y Combate al Fuego.
Como parte del orden del día, los representantes jurisdiccionales informaron las novedades y avances en la implementación de las once acciones consensuadas: declaración administrativa de emergencia ambiental; intensificación de la presencia de las fuerzas de seguridad; combate al fuego; información de alerta temprana; campaña comunicacional; creación de cortafuegos; Red de Faros de Conservación; control de ingresantes al valle fluvial del río Paraná, sector delta; elaboración de un plan sistemático de control; presentación de informes exhaustivo de cada jurisdicción; y Plan de Manejo del Fuego para el Delta.
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Fuerte debate ambiental por la reutilización de efluentes industriales

Fecha de Publicación: 12/09/2020
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El jefe de Irrigación afirmó que el re uso de estos líquidos es una medida para enfrentar la escasez y la sequía. Por su parte, el diputado Mario Vadillo criticó la decisión: "Es regresiva en materia ambiental, compromete nuestro recursos hídricos y sube los estándares para contaminar", expresó.
El Departamento General de Irrigación buscó hoy aclarar en la Legislatura los alcances de una nueva normativa sobre uso de efluentes industriales, pero no detuvo una polémica que ha surgido con parte de la oposición, que denuncia una posible contaminación de aguas.
El tema en debate es la modificación parcial de la resolución 778 de Irrigación, que databa de 1996. En su lugar se dictó la resolución 52, mucho menos restrictiva que la anterior sobre el vuelco de efluentes a cauces de agua.
"Es muy difícil hacer pasar una resolución regresiva en materia ambiental, que compromete nuestro recursos hídricos y sube los estándares para contaminar, menos aún con la creación del agente contaminante. La única respuesta es que la industria necesita trabajar sin control", expresó el diputado Mario Vadillo, después de escuchar las exposiciones de Irrigación.
Vadillo, como el senador Marcelo Romano, dicen que la resolución 778 de Irrigación tiene una importancia similar a la de la ley antiminera 7722.
En el caso de Vadillo, el legislador no se mostró para nada conforme con las explicaciones que dieron el superintendente Sergio Marinelli y el equipo del DGI hoy, ante dos comisiones del Senado y Diputados.
Marinelli aseguró que el trabajo para la resolución 52 fue "muy técnico". “Lo que buscamos, ante la escasez y ante la sequía, es lograr hacer un re uso de los efluentes que en caso de ser tratados como corresponde, es una nueva y única oferta que podemos tener en un ciclo como el que tenemos, en áreas de secano como las nuestras”, dijo Marinelli.
En tato, Noelia Torchia, abogada del Tribunal Administrativo de Irrigación, explicó: "Tenemos 1700 establecimientos inscriptos y sólo 5 contaban con un permiso de vertido y 50 con un convenio de gestión de permiso de vertido, que son las dos figuras que preveía la Resolución 778 en su versión original, para regularizar la situación de todos esos establecimientos que producto de su actividad, generan un efluente que debe ser dispuesto de una manera segura. Si aplicábamos estrictamente las disposiciones de la 778, teníamos 1645 establecimientos en situación de clausura. Esto nos llevó a plantearnos si quizá las herramientas que preveía dicha resolución, no estaban a la altura de las circunstancias para resolver esta problemática”.
Según Irrigación, en 2017 se inició un relevamiento de todas las empresas que estaban sin permiso y sin convenio de gestión de permiso de vertido. A estas empresas se las llamó "empresas en transición, para salir del primer incumplimiento formal de la norma que obligaba a la clausura”, expresó Torchia. Con ese procedimiento, se pasó de 5 a 53 permisos y de 50 a 350 convenios.
Irrigación considera además que "había una laguna legal" en la resolución 778 sobre el re uso de fluentes.“Por lo tanto, creamos una figura jurídica que es la autorización para re uso de efluentes industriales”, para lo cual se establecieron una serie de exigencias técnicas.
En cuanto a la fiscalización, se detalló que la resolución 778 había un procedimiento que establecía que el inspector que detectaba el vuelco podía catalogarlo de contaminación manifiesta sin necesitar extraer muestras.
“Nosotros hemos remplazado ese concepto de contaminación manifiesta por el de vuelco irregular y se va a exigir en todos los casos muestras y se ofrece contra-muestra, garantizando el debido proceso”, agregaron desde Irrigación.
Además, Irrigación dice que definió distintas zonas para preservar “el acuífero libre” y se puso un factor de localización. Todo ello, para determinar un índice de peligrosidad final, que tiene en cuenta “la peligrosidad y la vulnerabilidad de la zona”.
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Biocombustibles. Seis cámaras le piden a Martín Guzmán una actualización de precios

Fecha de Publicación: 12/09/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Seis cámaras que nuclean a empresas productoras de biocombustibles solicitaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, descongelar los precios para la actividad porque, según advirtieron en un documento conjunto, "la situación es insostenible". En el sector buscan reunirse con el ministro y el secretario de Energía, Darío Martínez, para encontrar respuestas a sus planteos.
Como informó LA NACION, en el caso del biodiésel el precio no ha sido actualizado desde diciembre 2019 y la cámara que aglutina a productores de esa industria ya alertó que están en riesgo 10.000 puestos de trabajo por el parate de las 30 firmas en el interior del país.
"Los precios de los productos que deben ser determinados por la autoridad de aplicación están congelados desde diciembre pasado, situación que se agrava por una caída de la demanda de 25% en 2020", indicaron las entidades.
 Las entidades que firmaron el documento son: La Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno; las cámaras Argentina de Biocombustibles, de Bioetanol de Maíz, de Productores de Biocombustibles en Origen; Cámara Santafesina de Energías Renovables y el Centro Azucarero Argentino.
Las industrias están padeciendo, dijeron, una situación crítica. Por lo que cada entidad y por separado le hizo llegar el reclamo al ministro Guzmán por la situación que vienen padeciendo desde hace meses. Solicitan la publicación urgente de un precio que compense costos y contemple una utilidad razonable.
En el caso de las plantas de biodiésel, que se encargan de abastecer el mercado interno, se encuentran paradas por el "colapso" consecuente del precio fijado en diciembre de 2019, según indican.
Por otro lado, las de bioetanol de caña de azúcar, cuya zafra está en marcha, en este momento registran costos muy por encima del precio congelado. Esto sumado al elevado costo financiero que origina la estacionalidad para distribuir el abastecimiento en 12 meses, configura un quebranto económico de la actividad, según alertaron.
Por último, señalan que la industria de bioetanol de maíz opera irregularmente ya que está agravada por los fuertes aumentos de la materia prima.
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El Gobierno de San Luis rescató más de 380 animales en lo que va del año

Fecha de Publicación: 12/09/2020
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis


El Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) ubicado en La Florida, recibió a 389 animales rescatados en diferentes operativos realizados durante el año.  Aves, zorros, tortugas, y lagartos ya se encuentran en período de rehabilitación.
El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Parques, en conjunto con la Policía Ecológica y Ambiental,  rescató a 389 animales víctimas del tráfico ilegal y mascotismo.
A pesar del contexto y las diferentes etapas de aislamiento, el Centro de Conservación de Vida Silvestre, ubicado en la Reserva Florofaunística, continúa rehabilitando los animales rescatados durante el año.
El jefe del Programa Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Darío Szklarek indicó que del total de animales recuperados, 379 son aves, de las cuales, hay dos águilas, y especies en peligro de extinción que corresponden a cardenal amarillo y rey del bosque.
Además Szklarek señaló  que el resto de los animales corresponde a cuatro zorros, tres tortugas, y un lagarto. Todos los animales rescatados transitan el período de rehabilitación, y en lo posible su posterior liberación a su hábitat natural.

Proceso de rehabilitación
Una de las etapas de recuperación que realizan los animales silvestres rescatados es el período de cuarentena, una etapa fundamental para evitar la transmisión de enfermedades a otros animales que ya transitan la rehabilitación.
Lamentablemente algunos animales no tienen la capacidad de rehabilitarse, como es el caso de los pumas, que durante los dos primeros años de vida, viven con la madre, quien les enseña todo lo necesario para vivir en su hábitat.
Esta especie cuando son privados de su libertad, o capturados por el hombre, pierden la capacidad de rehabilitarse y volver a vivir en la naturaleza. En estos casos, los pumas son hospedados en recintos adaptados, llamados pumeras, y reciben allí los cuidados necesarios.

La lucha contra el mascotismo y el tráfico ilegal: un compromiso social
Si se tiene conocimiento de alguien que posee ejemplares en forma ilegal o trafica con ellos, se debe realizar la denuncia llamando al Área Flora y Fauna de la Secretaría de Medio Ambiente y Parques, a los teléfonos 0266 – 4452000 internos 3372 o 3298, o bien con la Policía Ambiental al 911.
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El Senado firmó en comisión dictamen para la nueva ley de pesca

Fecha de Publicación: 11/09/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca avanzó con el proyecto, tras las exposiciones del ministro Luis Basterra y del Secretario de Malvinas, Daniel Filmus. La oposición criticó que se tratara una iniciativa que recibió media sanción en la sesión del martes pasado.
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado emitió este martes dictamen favorable al proyecto de ley que aumenta las multas para la pesca ilegal, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La iniciativa que reforma y actualiza la Ley Federal de Pesca contó con el respaldo de los senadores del Frente de Todos (FdT), en una videoconferencia que Juntos por el Cambio abandonó, tras advertir que no discutiría una norma aprobada en una sesión cuestionada ante la Justicia, luego de que presentara un amparo.
Con la firma de los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Roberto Mirabella, Eugenia Duré, Jorge Taiana, Antonio Rodas, María Teresa González, Daniel Lovera, Beatriz Mirkin, José Uñac, Carlos Caserio y José Mayans, el dictamen quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión del Senado.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, que expuso en el inicio de la reunión de la Comisión, afirmó que la propuesta forma parte de "una estrategia de ejercicio de soberanía" sobre el Mar Argentino y explicó que "no es una medida ni fiscalista ni abstracta, sino que forma parte de una política estratégica".
Al comenzar la videoconferencia, los senadores de Juntos por el Cambio avisaron que se desconectarían por estar en desacuerdo con el tratamiento de un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en una sesión cuyo protocolo de funcionamiento fue cuestionado ante la Justicia.
El senador Esteban Bullrich y su par Alfredo De Angeli reconocieron que el proyecto contra la pesca ilegal "es bueno", pero señalaron que el interbloque opositor no podía acompañar una propuesta "viciada de nulidad".
"No podemos tratar ese proyecto que nuestros diputados están impugnando. Si estamos impugnando legalmente y la Justicia ha hecho lugar, ha dicho que no hay protocolo claro para tratarse, no podemos tratar ese proyecto, no lo consideramos como proyecto valedero", argumentó Bullrich.
En el encuentro, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, mantuvo una fuerte discusión con De Angeli, al que acusó de "no respetar a las mayorías" cuando el senador opositor pidió el uso de la palabra para remarcar que avanzar con el tratamiento de una norma aprobada en forma "ilegal" implica "avanzar contra la Constitución".
Ante la retirada de los senadores opositores, el ministro Basterra continuó su exposición, junto al secretario de Malvinas, Daniel Filmus, quien lamentó la decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio, al sostener que el tema de la pesca "amerita que la Argentina muestre que estamos todos de acuerdo".
"Nos duele porque trabajamos mucho en este tema, aceptamos sugerencias que estaban bien", señaló, en alusión al consenso previo que se había logrado con los miembros de bancadas opositoras en ambas cámaras para avanzar en esta ley. Para el funcionario, la iniciativa que endurece las multas para la pesca ilegal en el Mar Argentino implica "la defensa de los recursos naturales" pero es al mismo tiempo "una estrategia de desarrollo y una mirada hacia el futuro".
El presidente de la comisión, Adolfo Rodríguez Saá, sostuvo que el oficialismo da "por válida" la sanción de Diputados y que "se presumen legítimos los actos hasta tanto no haya una declaración de nulidad".
El proyecto propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.
De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.
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Ambiente ratifica el cierre del zoológico de Luján y avanza en su clausura total

Fecha de Publicación: 11/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Buenos Aires


Asimismo, la cartera ambiental nacional presentará una denuncia ante la justicia federal de Mercedes, provincia de Buenos Aires, para que se investiguen las irregularidades manifestadas por visitantes y vecinos de Luján, a través de redes sociales, en relación con supuestos maltratos y desapariciones de animales en el predio.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que lidera Juan Cabandié, determinó ratificar el cierre del zoológico de Luján y avanzar en su clausura preventiva total por no acreditar un plan de reconversión; por sus sostenidos incumplimientos en materia de la normativa vigente, en los órdenes nacional y provincial, que rige el funcionamiento del establecimiento; y en función de irregularidades detectadas dentro del predio, en el marco de procedimientos de fiscalización que llevó adelante la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky. Por otro lado, se intimó a la institución a regularizar su situación en un plazo improrrogable de diez días.
“El Ministerio de Ambiente considera que, en función de no haber llevado a cabo el proceso de reconversión que se le indicó en el mes de febrero, se procede al cierre del zoológico, dado que tampoco está cumpliendo con la marcación y la colocación de chips para la adecuada identificación de su plantel faunístico”, afirmó Federovisky. Y agregó que “lo que estamos haciendo es garantizar que un zoológico que no responde a la normativa vigente, ni a la ética que la propia sociedad reclama, se reconvierta y no siga explotando la peor faceta de la exhibición y el contacto con los animales”.
La medida se implementó a través de una resolución ministerial, habida cuenta que transcurrió un lapso de diez días, establecido por una previa intimación que cursó la cartera ambiental nacional al establecimiento para que regularice su situación, sin que este haya dado una respuesta positiva.
A fines de agosto, el Ministerio de Ambiente nacional decidió que el zoológico de Luján no retomaría sus funciones tras la extinción del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia por COVID-19, vigente en el distrito en el cual se encuentra asentado, por carecer de una habilitación nacional y provincial, además de las citadas irregularidades sobre el manejo de fauna silvestre.
A mediados de febrero del corriente, funcionarios de la cartera ambiental nacional, del área de Protección Animal de la Defensoría de la provincia de Buenos Aires, autoridades municipales y representantes del establecimiento en cuestión, participaron de una reunión donde se delimitaron los lineamientos para que el zoológico de Luján avanzara en un procedimiento de reconversión. Específicamente, se definió el desarrollo de un documento con estándares de cumplimiento obligatorio y medidas inminentes para comenzar ese proceso o solicitar su cierre definitivo, en caso de no registrarse cambios.
Cabe recordar que pocos días después, el Ministerio a cargo de Juan Cabandié, junto con la Municipalidad de Luján y la Policía Ecológica bonaerense, fiscalizó el establecimiento y clausuró jaulas de leones, tigres, elefantes y guacamayos, por permitir el contacto de los visitantes con los animales, lo que está prohibido por la legislación provincial que regula en la materia.
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Refuerzan controles forestales en el norte de la provincia

Fecha de Publicación: 11/09/2020
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Inspectores forestales dependientes de la Dirección General de Control Forestal del Ministerio de Ecologia llevaron adelante durante tres jornadas controles por la zona norte de la provincia.
El marco del nuevo sistema de guías forestales digitales Sacvefor, montaron un control sobre la ruta  nacional 14 a la altura de la localidad de San Pedro, con el fin de fiscalizar  las documentaciones que validen la carga de la madera forestal en estado de rollos transportados sobre esa arteria nacional.
Otro grupo realiza controles en lotes de los planes de manejo sustentables dentro de la reserva de Biosfera Yaboty.  Se toman puntos de GPS en campamentos, planchadas y puntos de extracción corroborando sobre mapa catastral rodales habilitados y límites de lotes lindantes.
Ya en zona del Parque Industrial de San Pedro y en la segunda jornada de trabajo se procedió a inspeccionar dos aserraderos con material forestal nativa solicitando documentaciones correspondientes de habilitación y guías forestales que avalen la madera en sus respectivas industrias.
Cerrado el operativo en la última jornada, en otro sector del Parque Industrial se continuó con las inspecciones a dos nuevos aserraderos. Los resultados se caucionaron madera en estado rollo y aserrado sin amparo de guías forestales, se labraron actas correspondientes y se intimó a aserraderos no habilitados a regularizar documentaciones pertinentes.
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Alertan que en Salta se autorizaría el desmonte de 500 hectáreas de Selva Pedemontana de Yungas para la construcción de un country

Fecha de Publicación: 10/09/2020
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Salta


Las Yungas son áreas naturales protegidas, pero según la ONG se avanzaría en la habilitación de un negocio inmobiliario sobre una de las pocas áreas de Selva Pedemontana que quedan en la Argentina, en la localidad de San Lorenzo. “Se trata del proyecto urbanístico Los Maitines S.A., que afectará 500 hectáreas en una cuenca hídrica vital para la zona y en una ecorregión de la que sólo queda el 10% de la superficie original en el país”, alertaron desde Greenpeace.
El interés inmobiliario parece no tener freno y el gobernador de Salta, Gustavo Saenz, parece mirar para otro lado ante la intención de avanzar en un proyecto inmobiliario que afecta áreas naturales protegidas y reclaman a la máxima autoridad de la provincia, que “se declare en forma urgente la Emergencia Forestal, frene los desmontes e implemente políticas más fuertes en defensa de los bosques y sus históricos habitantes. Destruir bosques es un crimen”, señalaron desde Greenpeace Argentina.
Se trata de una finca que está clasificada en la Categoría II – Amarillo de la Ley Nacional de Bosques, por lo que su desmonte no está permitido. “Pretenden allí concretar un proyecto urbanístico llamado Los Maitines SA, que afectará 500 hectáreas en una cuenca hídrica vital para la zona y en una ecorregión de la que sólo queda el 10% de la superficie original en el país”, afirmaron a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
El gobernador de la provincia se desentiende de la iniciativa y deja en manos del Municipio de San Lorenzo la decisión de desmontar este frágil ecosistema. “Pero la Provincia es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques y no debe permitir que se viole la legislación vigente. Varios de los desmontes que se están ejecutando en plena cuarentena fueron aprobados de manera ilegal en la gestión anterior, pero el nuevo gobierno los convalidó, sumándose así a la complicidad de este crimen ambiental.
La zona del proyecto urbanístico es hábitat de la corzuela, el zorro gris y el gato montés; de numerosas aves como el carpintero, el picaflor cometa y el tucán; y de árboles como el tala blanca, el ceibo, el nogal, el horco molle y chal chal, entre otros.
“Si se concreta la destrucción de esta área, se sumaría a las que ya denunciamos durante la cuarentena por la pandemia: revelamos que entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de este año en Salta se desmontaron 9.079 hectáreas de bosques nativos”, precisaron desde la ONG ambiental.
Fundamentan que la iniciativa no es viable ya que enfrenta en el país a una emergencia sanitaria, forestal y climática. “Más desmonte significa más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, adviertieron.
Sin embargo, varios usuarios cuestionaron a la ONG por “desinformar” con la excusa de llevar adelante su lucha por la deforestación. “No es selva pedemontana, es bosque montano. Tampoco el desmonte implica 500 hectáreas, mas bien abarcarán 125 hectáreas. No hace falta desinformar para sostener esta justa causa”, precisó
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Buenos Aires tiene un tercio de los espacios verdes que recomienda la OMS

Fecha de Publicación: 10/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


La pandemia volvió a dejar al descubierto el profundo y crítico déficit de espacios verdes que padece la Ciudad de Buenos Aires. Es un índice que la ubica como una de las peores ciudades del mundo. Y si la cuarentena estricta de marzo, abril y mayo despertó un debate en torno a la calidad habitacional y el acceso a los servicios, la flexibilización del aislamiento llevó a muchas personas a tomar conciencia de la dificultad para acceder a un parque o una plaza para distenderse un rato, sobre todo en los barrios céntricos y las barriadas populares.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados de verde por habitante. La Ciudad tiene apenas 5,13. Es uno de los peores índices a nivel mundial y algo que podría empeorar con la aplicación irrestricta del Código de Planeamiento Urbano aprobado en 2018, mediante el cual se autorizaron departamentos de 17 metros cuadrados y que alienta la densificación de Buenos Aires. Es el viejo sueño del macrismo de duplicar la población de una ciudad que no crece en habitantes desde 1947.
Todo el pequeño territorio porteño, atravesado por intereses inmobiliarios de gran escala y todo terreno vacante es objeto de una puja feroz. Por un lado, organizaciones vecinales y ambientalistas que pugnan por convertirlos en espacio verde y de disfrute comunitario. Del otro constructoras y un gobierno que ha priorizado esos intereses, aprobando la venta de tierras públicas destinadas al mercado inmobiliario. En el transcurso de 12 años, Mauricio Macri -primero- y luego Horacio Rodríguez Larreta transfirieron más 400 hectáreas al sector privado. Se construyeron 9.142.970 metros cuadrados. En el mismo período, según datos oficiales, la disponibilidad de espacios verdes se redujo a la mitad.
“Lo primero que pensamos cuando tuvimos que quedarnos en nuestras casas para cuidar nuestra salud, fue: ¿estamos contentos con dónde vivimos, con nuestro hogar? Y cuando la cuarentena se empezó a flexibilizar un poco, en el AMBA, empezamos a preguntarnos por el espacio público. Cuando fue el problema de los runners corriendo todos juntos, la verdad es que el problema no era de los runners sino que no hay suficiente cantidad de espacios verdes en la Ciudad”, dice el sociólogo y especialista en temáticas urbanas, Fernando Bercovich.
La situación  no es igual en toda la Ciudad. Los vecinos de las Comunas 5 (Almagro y Boedo) y 3 (San Cristóbal y Balvanera) deben hacer largos recorridos para encontrar algo que se parezca a una plaza, aunque estén tapadas de cemento o gomaeva. La Dirección de Espacios Verdes certifica, con números, lo que se comprueba a simple vista: ambas comunas tienen 0,02 m2 y 0,04 m2, respectivamente, de superficies verdes por habitante.
Pero no sólo es una cuestión de cantidad. Mientras los barrios del norte tienen grandes extensiones de verde disfrutable, en el sur, donde las urgencias tienen otro cariz, desde el estallido del Parque Indoamericano en 2010, se ha desatado una pelea por el uso y ocupación de cientos de hectáreas vacantes. Así, el megaproyecto de la Villa Olímpica que albergó a los deportistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, y otros proyectos inmobiliarios, le arrebataron a la Comuna 8 más de 150 hectáreas de verde.
La situación se pone más peliaguda en los barrios populares: un mapeo de la CTA-A Capital indica que en la Villa 20 hay apenas 0,2 m2 de superficie verde por habitante; en la Villa 15, 0,22 y en el playón de Fraga, directamente, 0: ni un pedacito de verde.
Por eso no resulta extraño que la Fundación Bunge y Born haya relevado que más de 350 mil habitantes de la Ciudad de Buenos Aires (12,4%) viven lejos de un parque o de una plaza y que esta falta de acceso se incrementa en los sectores más vulnerables. Allí un 25% de esta población no accede a un espacio verde. Esta carencia afecta sólo a un 4% de los residentes de nivel socioeconómico más alto.
En materia de espacios verdes no sólo importa la cantidad sino la calidad. Una investigación de la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA analizó la provisión de servicios ecosistémicos en 45 municipios urbanos y periurbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, que pandemia mediante mostró sus dotes de paquidermo. El estudio revela que la mayoría, incluida la Ciudad, no alcanza el promedio de los bienes y servicios que deberían brindar sus espacios verdes, en relación a la superficie urbanizada y la cantidad de habitantes.
El trabajo fue realizado por Florencia Rositano, investigadora asistente del CONICET y de la cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la FAUBA, y por Gabriela Civeira, investigadora en el Instituto de Suelos del INTA y docente de la Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón.
“La CABA no tiene buena provisión de servicios de los ecosistemas. De los cuatro tipos de usos, están todos en negativo, por debajo del promedio. Tanto en áreas verdes como en el uso intensivo, extensivo y agricultura urbana”, dice Rositano a Diario Z.
¿Qué es un servicio del ecosistema? “Es todo proceso o funcionamiento que se da en cualquier ecosistema, tanto natural, como agrícola y urbano. Son dos grandes grupos: bienes ecosistémicos tangibles, con valor en el mercado: los commodities, la leche, la carne, la lana. Y los servicios del ecosistema que no son tangibles, que no tienen valor de mercado: control de contaminación del aire, el disfrute del paisaje, la polinización de abejas y pájaros, control de inundaciones”.
¿Qué pasa cuando hay déficit de acceso al verde? Rositano es tajante: “Hay una pérdida de salud, pero también una pérdida cultural. La posibilidad de sentarte en una plaza con tranquilidad, disfrutar del aire, de los pájaros. Estar en un espacio verde te da esa posibilidad. En la Ciudad vivimos en un departamento o en una casa sin jardín. El espacio verde genera satisfacción, la salud es muy beneficiada en relación a la cantidad de espacio verde”.
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Bronca de un funcionario de La Pampa por bidones de agroquímicos enterrados en un camino vecinal

Fecha de Publicación: 10/09/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: La Pampa


El subsecretario de Ambiente dijo que hay "impotencia y preocupación" por la situación, justo en medio de la polémica con la Fundación Campo Limpio.
En el marco de un operativo oficial, la policía, la Subsecretaría de Ambiente y la Justicia de La Pampa detectaron una gran cantidad de bidones de agroquímicos enterrados en un camino vecinal de la zona de Vértiz y se disparó la polémica, justo en el medio de la disputa con la Fundación Campo Limpio por la gestión de envases vacíos.
“Hay bronca porque el gobierno de la Provincia está poniendo mucho esfuerzo en cambiar la situación en toda la cadena de producción y aplicación de agroquímicos, y hay mucha gente que está colaborando e intentando hacer las cosas bien, y que sucedan este tipo de cosas realmente es increíble”, expresó el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli.
El funcionario aseguró que el tema está judicializado y remarcó que la idea es “castigar y tratar de desalentar este tipo de situaciones”.
Los bidones aparecieron al costado de un camino vecinal en medio de la localidad de Vértiz y de Ojeda, en una franja de unos 30 metros lineales y a unos cuatro metros de profundidad, según explicaron en forma oficial.
“No sabemos cuál fue el grado de contaminación que pudo haber generado, creemos que es mínimo porque es muy reciente, pero hay que tomar las precauciones del caso. Vamos a hacer los análisis correspondientes, las napas están muy cerca, a un metro, por lo que es indignante y esperemos que no pase a mayores”, detalló Tittarelli.
El hecho se conoció luego de una denuncia en la Dirección de Agricultura. Para el subsecretario, la situación es de “impotencia, bronca y preocupación” a causa del “grado de irresponsabilidad de la gente que hizo esto, porque encima enterrar bidones llenos, con el potencial tóxico que tienen, es muy serio”.
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Córdoba: En 20 años, se quemaron por los incendios 770.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 09/09/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba


En los últimos 20 años, en la provincia de Córdoba se quemaron unas 770.000 hectáreas. El dato surge de un relevamiento de las zonas serranas realizado por investigadores del Instituto Gulich (Universidad Nacional de Córdoba y Conae) a partir de imágenes satelitales. Entre 1999 y 2017, el fuego dañó unas 700.000 hectáreas, el resto serían las afectadas desde entonces según estimó para LA NACION Juan Argañaraz, uno de los autores del trabajo.
En ese lapso las Sierras Chicas fueron las más golpeadas; el área quemada representa el 38% de su extensión total. En el período medido, se registraron 5358 incendios, muchos de los cuales alcanzaron a las mismas tierras.
Argañaraz explicó que superpusieron imágenes satelitales con un registro cartográfico de los incendios y fueron detectando las zonas quemadas y las que no. El año de más incendios fue el 2003, con un total de 364 que perjudicaron 102.992 hectáreas. Sin embargo, el récord de superficie quemada es de 2013, con 106.206 hectáreas consumidas por 153 focos de fuego. "Las zonas que más veces se quemaron en el lapso estudiado son relativamente pequeñas y cerca de zonas urbanas; las más grandes tienen frecuencias intermedias y están más alejadas de áreas de continuidad de vegetación", apunta el investigador.
 Subraya que en las imágenes se ve claramente cómo "el borde del fuego llega al borde de los bosques bien conservados", lo que ratifica la importancia de que estos existan. "Su estructura es de material muerto en el suelo y troncos gruesos y copas altas; no hay continuidad vertical por eso el bosque es más resistente a quemarse".
 ¿Hay elementos comunes entre, por ejemplo, California y Córdoba, zonas de incendios recurrentes? Fernando Barri, biólogo del Conicet en Córdoba, explica que entre los patrones, las regularidades que observan los investigadores, hay factores propios del ecosistema y otros externos: "Los bosques de California y los chaqueños -que corresponden a Córdoba- no son muy parecidos, pero sí tienen en común una estación seca importante, lo que los hace más propensos al fuego. El otro aspecto es la superposición entre áreas afectadas y nuevas zonas urbanizadas".

La mano del hombre
"La frecuencia de incendios naturales es muy baja porque su origen es el rayo y como caen en épocas de lluvias el impacto es bajo por el nivel de humedad -continúa Barri-. En Córdoba la enorme mayoría son producidos por el ser humano; muchos se originan en malas prácticas agropecuarias que es quemar para el rebrote de pasturas y, en otros casos, se trata de áreas apetecidas por desarrollistas urbanos. Con la recurrencia del fuego hay desmonte y así se justifica el reclamar otras normas para el uso del suelo".
 Para el titular del Foro Ambiental Córdoba, el biólogo Federico Kopta, las condiciones naturales sobrevienen de la estacionalidad: baja humedad, incremento de la temperatura, días con mucho viento. En general, es en agosto cuando confluyen las máximas condiciones de incendio porque el invierno con sus heladas dejó "combustible fino que se enciende y se extiende con mucha facilidad". Coincide con Barri en que el "mayor problema" es la "chispa inicial, que es humana, sea en forma deliberada o accidental".
 Desde su especialidad Joaquín Deón, geógrafo, becario del Conicet y de la UNC, señala que Córdoba por ser la primera frontera geofísica que se le impone a la llanura pampeana, son el primer borde en la región pampeana y Litoral lo que hace que sea un punto de convergencia de vientos y de choques de temperaturas. Esa particularidad genera problemas que, a la vez, son potencialidad para la región: las lluvias se acumulan entre fines de noviembre y de marzo y después sigue un período de baja disponibilidad de agua en el que "la salvia baja en la masa forestal para compensar y los troncos se hacen más leñosos, hay más especies que pierden hojas y más materia orgánica en el suelo".
Enfatiza que esas características naturales son "moldeadas" por el hombre. "El modo de habitar incluye un proceso de desecologización básicamente por tres vectores": minería e infraestructuras (en las sierras, megaminería de cantera); agronegocios y desarrollo inmobiliario. Todos contribuyen a alterar los paisajes con nuevas especias forestales que, además de ser invasoras de los microclimas, generaron "más masa forestal".
También se avanzó con circuitos de enduro, quats o motocross que necesitan de estudios de impacto ambiental y audiencia pública para llevarse adelante, lo que no se cumple. Lo mismo pasa con microembalses o lagunas que se quisieron hacer después de las inundaciones de 2015 en Sierras Chicas. "Hay desmonte y tala para hacer los circuitos; hemos detectado 160 kilómetros de senderos en una superficie de 25.000 kilómetros, que destruyen ambiente. En el caso de las obras públicas, algunas se frenaron por las movilizaciones de las comunidades. ", sintetiza.

Remediación
Después de los incendios de las últimas semanas en Córdoba -donde se perdieron cerca de 40.000 hectáreas- el Gobierno provincial anunció una serie de medidas para atender a los afectados. En materia ambiental, se centrarán en la reforestación. Se proyecta la implantación de 400.000 unidades en dos años (65.000 en lo que resta de éste). Además, se anunció un trabajo de prevención que implicará la ejecución de un plan de picadas perimetrales y cortafuegos. La inversión estimada es de $ 25 millones en el área ambiental.
Desde la Secretaría de Ambiente provincial se convocó a algunos sectores a participar y hacer aportes. Barri subraya que la clave de la restauración ecológica es "dejar cicatrizar" los suelos afectados por los incendios. "No debe haber impacto posterior; para reforestar con especies nativas, hay que esperar unos tres o cuatro años", agrega. Respecto a aumentar el número de cortafuegos, dice que en zonas serranas son "desaconsejables porque implican movimiento de suelo".
 Barri indica que Córdoba tiene "estructura de mitigación" para actuar cuando el fuego ya se inició, pero coincide con Kopta en que el foco debe estar en la prevención temprana. "Ya sabemos que no se trata de eventos aislados, todos los años tenemos las mismas condiciones debemos prepararnos", insiste Kopta. Remarcan la importancia del bosque serrano en la dinámica del agua.
Deón aporta que hasta los 90 el fuego era una herramienta para el desmonte rápido; no había una legislación que lo restringiera; a eso se sumó que con la descentralización en los 80 los municipios dejaron de tener jurisidicción sobre la zona rural y quedaron "zonas grises". En 1999 Córdoba aprobó el Plan Provincial de Manejo del Fuego para empezar a organizarse y en 2010 la ley bosques prohíbe la utilización de fuego para limpiar campos y el cambio del uso del suelo en zonas quemadas.
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El sector de los biocombustibles busca una respuesta política ante la falta de precios

Fecha de Publicación: 09/09/2020
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


Expectativas ante una reunión con el nuevo secretario de Energía de la Nación. Empresarios y trabajadores encaran un camino unidos en la crisis
La situación del sector de los biocombustibles es crítica. Es por eso que la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, los sindicatos de Petróleo, Gas y Biocombustibles de San Lorenzo y de Bahía Blanca, y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), se reunieron en un encuentro virtual para tratar de encontrarle una salida a la crisis terminal que están atravesando las empresas pymes de biocombustibles ante el incumplimiento (desde hace más de 8 meses) por parte del Estado Nacional en la publicación de precios.
Rubén Pérez, secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles, manifestó que se está llegando al límite y señaló que se están paralizando todas las actividades y está quedando la gente en la calle”. El dirigente contó que en Buenos Aires ya hay suspensiones de trabajadores y dijo que Santa Fe está en las vísperas de eso.
“La situación es acuciante. Se lo planteamos al gobierno, nos reunimos con Kulfas en marzo, hoy estamos con la pandemia pero la situación de los biocombustibles es que prácticamente el costo de la materia prima supera al costo que fija la secretaria de energía para el biocombustible por lo que se hace inviable y quedarían este mes cientos de trabajadores suspendidos o despedidos y sin trabajo”, precisó Pérez.
Durante otro encuentro virtual que se realizó el jueves la federación que nuclea a todos los sindicatos del país confirmó que ya tienen en agenda una reunión virtual con el nuevo secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, para abordar la situación y no publicación de precios de referencia.
Pérez se lamentó porque un gobierno con el mismo signo político como el de Néstor Kirchner que en 2006 promovió la producción de biocombustibles en el interior del país hoy no pueda brindar respuestas a los reclamos. “Es incongruente”, remató al tiempo que comentó que el loby de las petroleras presiona para que no se aumente el nivel de corte de los biocombustibles porque les significa una importante inversión en instalaciones y le genera un costo extra y las automotrices también porque no quieren ajustar los vehículos a nuevas mezclas.
“El biocombustible es una realidad en muchos países de Europa, Asia y hasta Estados Unidos, que lo utilizan para sus vehículos y tractores. No es algo que pedimos a contramano del mundo. En .. Alemania tienen el corte al 18%”, precisó sobre un sector que reúne a unos 4000 mil trabajadores en puestos de trabajo directo y suma 8 mil con los indirectos.
Juan Facciano, presidente de Cámara Santafecina de Energías Renovables (Casfer), apuntó por su parte que todos los actores del sector “coincidimos que la crisis que está atravesando la industria de los biocombustibles es política y requiere una definición política por parte del Estado nacional”.
“El sector empresario y los representantes de los trabajadores queremos que el Estado nacional y la secretaría de Energía cumpla con la ley, con el marco regulatorio que rige la actividad. Desde diciembre no se publican los precios que por disposición legal deberían publicarse todos los meses. Esta situación llevó a que hoy la industria del biodiesel pyme este en una absoluta situación de quebranto y a las puertas de tener que cesar sus actividades de manera definitiva”, destacó.

Mesa de trabajo
La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles manifiesta su máxima preocupación por la profunda crisis que atraviesa la actividad de biodiesel en toda nuestra República Argentina poniendo en riesgo 9.000 puestos de trabajo, indicó en un comunicado.
La organización viene denunciando y solicitando respuesta desde hace meses, y hoy la situación ha empeorado notablemente con las consecuencias del parálisis total de plantas de biocombustibles y la suspensión y despidos de trabajadores. “La falta de una política clara sobre el sector energético empuja a las empresas, en su mayoría pymes, a discontinuar la producción y llevar a una realidad de total incertidumbre sobre el futuro de la actividad. Hoy tenemos compañeros afectados en distintas provincias, principalmente en Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, y es necesaria la urgente intervención de la Secretaria de Energía”, indicó.
La federación recordó que las empresas del sector fueron creadas durante la gestión del presidente Néstor Kirchner generando un gran impacto en las economías regionales, dando trabajo a miles de trabajadores en las zonas más alejadas de los centros urbanos. “Lamentablemente, en la actualidad y luego de cuatro años de falta de política energética en pos de la producción y el trabajo argentino, seguimos con la ausencia de acciones contundentes que defiendan esta actividad tan relevante en estos tiempos”, reseñó.
Los gremios que conformamos la Federación instaron a la conformación de una mesa de trabajo que lleve a soluciones urgentes a todos los actores de la rama biocombustible. “Necesitamos retornar al sendero de la producción y del trabajo”, resaltaron en un comunicado.

Pensando una nueva ley para la actividad
La Liga Bioenergética de Provincias Argentinas considera que, dada la relevancia de la industria sería mejor que el Congreso sancione una nueva ley para el sector. Este camino permitiría, entre otras cosas, ir hacia mayores porcentajes mínimos de corte, que hoy son del 12% para el bioetanol y del 10% para el biodiésel.
En el caso del bioetanol, el anteproyecto de la Liga Bioenergética prevé un corte obligatorio del 15% desde el inicio de su vigencia, que iría aumentando progresivamente hasta alcanzar el 27,5% en el año 2027, porcentaje que ya utiliza el mercado automotor de Brasil. Y también busca impulsar los vehículos con motores flex, que pueden utilizar 100% de etanol.
Este proyecto también ofrece un horizonte de largo plazo y reglas del juego previsibles, que permitirán a más jugadores invertir en el sector y favorecerán una mayor participación de las provincias en un modelo federal.
Sin embargo, esta posibilidad de desarrollo y agregado de valor ambiental y económicamente sostenible no es, lamentablemente, acompañada por todos. Hace unos días, comenzó a circular una propuesta que las petroleras le habrían presentado al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, con lineamientos generales para otra ley de biocombustibles. Este otro proyecto es totalmente antagónico al propuesto por la Liga Bioenergética. Entre sus características, prevé que se habilite a las petroleras a producir biocombustibles y la construcción de plantas de gran tamaño.
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Cabandié anunció obras y entrega de bienes en Salta, Chaco y Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 09/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Fue mediante una videoconferencia de la que participó el gobernador Jorge Capitanich y autoridades santiagueñas y salteñas. Las tres provincias recibirán una inversión total de $ 179 millones, otorgada por el BIRF y ejecutada por el Ministerio de Ambiente, para mejorar las condiciones de vida de numerosas comunidades rurales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, mediante una comunicación virtual con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y funcionarios de Santiago del Estero y Salta, encabezó el acto de firma de contratos para la adjudicación de pozos de agua, techos colectores y cocinas para más de 1500 familias campesinas e indígenas que viven en zonas de bosque nativo de dichas provincias.
La inversión total de las obras y bienes es de $ 179 millones, financiados por el Banco Mundial mediante el crédito BIRF 8493-AR. Este programa había sido subejecutado por la gestión anterior de la cartera de Ambiente, que había devuelto cerca de 40 millones de dólares. Además, la gestión precedente habían ejecutado estos fondos a un ritmo promedio de dos millones de dólares por año, mientras que ahora, por decisión de la actual gestión, ya se avanzaron en acciones por casi seis millones de dólares. Al respecto, el ministro Cabandié sostuvo que comienza a destrabarse “un préstamo que venía retrasado” destinado a la población más vulnerable de los bosques nativos.
Sobre las obras y bienes adjudicados, el titular de Ambiente afirmó: “Hoy dimos un gran paso y saldamos una deuda pendiente con las comunidades que habitan en nuestros bosques nativos”. “Las cocinas para reducir el consumo de leña y los techos recolectores de agua de lluvia son importantes, pero los pozos para el abastecimiento de agua tienen una importancia mayúscula, producto de lo que sucedió el último verano” en Salta. “Estamos saldando una deuda de muchos años, nos hemos propuesto llevar adelante siete pozos que son de mucha urgencia para que las comunidades locales tengan acceso a un derecho esencial, el agua”.
Por su parte, el gobernador Capitanich destacó con respecto a los beneficiarios que “además de pensar en el ambiente, se piensa en las personas que están muy alejadas de las grandes ciudades del país. Son familias humildes que esperan soluciones y medidas del Estado, acciones que les puedan cambiar la vida”.
Las obras de perforación profunda para el abastecimiento de agua con sistemas de bombeo alimentados por energía solar, que incluye el almacenamiento y el tratamiento de clorado para el consumo humano, demandan una inversión total de $ 112 millones y se estima un plazo de entrega por pozo de tres meses, que el ministro nacional pidió a los adjudicatarios sea respetado. Los siete pozos se emplazarán en el municipio de Santa Victoria del Este, del departamento salteño de Rivadavia, y beneficiarán a 500 familias.
Además se adjudicó el contrato a la empresa encargada de la provisión de cocinas para reducir el consumo de leña y mejorar las condiciones de salubridad en los procesos de cocción para más de 600 familias que habitan en el departamento de Rivadavia, Salta; el departamento de Güemes, Chaco; y los departamentos de Alberdi y Copo, Santiago del Estero.
En el acto, también rubricó la adjudicación la empresa que construirá los 17 techos de recolección de agua de lluvia. Se trata de tinglados de 160 m2 de superficie de captación y capacidad de almacenamiento de 40 mil litros de agua para 500 familias salteñas, chaqueñas y santiagueñas.
La iniciativa que cuenta con financiamiento del Banco Mundial es ejecutada a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad que busca fortalecer a comunidades rurales e indígenas que habitan zonas de bosques nativos. Martín Mónaco, director nacional de Bosques, sostuvo que la misma representa “una política para conservar los bosques mediante un aprovechamiento sostenible y con la gente que vive en zonas rurales, que tiene necesidades a cubrir y en eso el Estado tiene un rol central”.
Del acto participó de manera presencial en el Ministerio la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Soledad Cantero. Desde Chaco acompañó al gobernador la secretaria de Ambiente provincial, Marta Soneira. En representación del Gobierno de Salta participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal. Y por Santiago del Estero, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Argentino Cambrini.
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