“Los permisos de desmonte y los incendios parecen ser la prioridad”

Fecha de Publicación: 21/08/2020
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La quema de un predio judicializado sumada a la falta de respuestas en la Justicia y el Ejecutivo vuelven a movilizar a ambientalistas.
Mañana se cumplirán tres semanas desde que la organización socioambiental Somos Monte denunció la quema intencional en uno de los 53 predios recategorizados. Desde mediados de julio, en dos parcelas del departamento Almirante Brown, a 16 kilómetros del parque nacional Copo, se empezó a incendiar una parte de monte que hasta agosto 2018 era protegido.
“El campo de la firma Nottebohm Agustín, Marchetti Marcelo W. y otros y tuvo permisos especiales de la Dirección de Bosque para desmonte donde la ley 26.331 no lo permite”, señalan. Como se excedieron en 130 hectáreas “se abrió un expediente de infracción y una multa de más de $4 millones que se desconoce si se pagó”, describe Somos Monte.
Al exponer la situación -el 2 de agosto- el movimiento destaca que lo habitual es que los autores de los desmontes ilegales no paguen multas y aunque se reconocen esfuerzos de la Dirección de Bosques para fiscalizar, advierten que se sigue violando la ley con total impunidad.
Además de la contradicción de que la autoridad que controla sea la misma que dio hasta 2018 permisos de desmontes irregulares.
“Parece que los permisos de desmonte y para incendios son la prioridad y no nuestro reclamo de hace meses, pese a que es parte de una crisis ambiental y climática global que nos trajo a que hoy estemos usando un barbijo”, cuestiona una de las integrantes vía telefónica a NORTE.

Lo que se denuncia
En marzo Somos Monte aportó pruebas a la Justicia de que las medidas previstas en la Ley de Bosques no se cumplían y que nadie está vigilando los predios. “Los incendios son solo una de la pruebas, técnicamente se habla de quema de subproductos forestales del desmonte”, señalan.
Mientras que en el caso específico de las parcelas 544 y 545, pese a que se desmontó de más, se denuncia que el juez autorizó la extracción de la madera del campo después de una fiscalización (sin presencia de las partes y los amicus curiae).
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La crisis reabre el debate de la minería en Mendoza: los efectos sobre el Atuel

Fecha de Publicación: 21/08/2020
Fuente: El Diario La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ratificó que avanzará con un proyecto para que su departamento quede exceptuado de los alcances de la Ley 7722. "Vamos a cuidar la cuenca del río", se escudó el jefe comunal.
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ya lo tiene decidido y en treinta días o un poco más presentará un proyecto de ley en la Legislatura para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera.
El mecanismo que planteará el departamento sureño para reabrir el debate -prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses, cuando fracasó estrepitosamente el intento del gobernador Rodolfo Suarez para modificar la Ley 7722- será precisamente pedir una excepción a esta norma.
“Vamos a generar la iniciativa y las consultas necesarias para poder modificarlo pero básicamente siempre vamos a hablar de cuidar la cuenca del río Atuel para que los vecinos de General Alvear y San Rafael no tengan miedo y así nos dejen hacer minería”, declaró el intendente.
Además, insistió en que “hoy la historia nos ha demostrado que siempre vamos un paso detrás. Malargüe no quiere vivir de los subsidios, Malargüe quiere producir y vivir del trabajo genuino”.
Eso mismo dijo Ojeda ante los vecinos de Malargüe, hacia finales de julio, cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Según el intendente hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

Borrador del proyecto
El portal digital mendocino MDZ accedió al borrador del proyecto de Ley que ya comenzó a circular entre algunos senadores provinciales y que además fue entregado a varios empresarios que están dispuestos a respaldarlo en público y que, asimismo, ya han comenzado a tratarlo en privado.
La iniciativa a la que se está tratando de rodear de consenso y legitimidad en un escenario adverso desde lo político y en buena medida desde lo social, consta de 14 artículos y, además de la excepción propone la creación de un Fondo de Compensación para que un porcentaje de las regalías mineras sea destinado a obras hídricas en el departamento y en el resto de la provincia.
Asimismo se crea una Comisión Bicameral de Contralor Ambiental que será, desde la Legislatura, la responsable de elaborar un informe anual acerca del estado ambiental del departamento; se asume el compromiso de contratar consultoras internacionales a modo de auditoría y el municipio plantea la alternativa de generar, sesenta días después de sancionada la norma, un mecanismo de acceso remoto a la información “simple y ágil” en el marco de la legislación nacional que ya existe al respecto.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia y, como se evita la aplicación de la 7722, la autorización de los proyectos no deberá pasar el filtro d ella Legislatura. Uno de los aspectos centrales que se intentó modificar sin éxito en aquella arremetida de Suarez de principios de gestión.

Megaobra frustrada
El intendente Ojeda esgrime argumentaciones jurídicas para avanzar con su intención, aunque los motivos de peso son sociales.
"Entre las primeras, el intendente apelará al cumplimiento del artículo 5 de la Constitución Nacional que hace referencia a las autonomías municipales", destacó el portal MDZ en un nota periodística.
Y subrayó: "Pero en el fondo el tema es otro: Malargüe enfrenta una situación muy delicada desde lo económico, agravada ya no solo por la situación de la pandemia del coronavirus, sino también por las sombras que aparecieron sobre Portezuelo del Viento, la megaobra que apunta a generar miles de puestos de trabajo en el Sur y que desde hace un par de meses entró en duda".
"Solo algunos datos. Desde hace años, el único ingreso importante del departamento está basado en las regalías petrolíferas que, en 2020, han caído para la comuna en niveles del 70%. Hasta aquí, Malargüe no logró diversificar su economía y de una población económicamente activa de alrededor de 16.000 personas, unas 6.000 tienen problemas de empleo La mitad de ellos están precarizados y la otra mitad directamente son desocupados", analizó el sitio digital en el mismo artículo.

¿Qué hará Suarez?
En Mendoza todavía no se sabe qué hará el gobernador Rodolfo Suarez. "Es prematuro decirlo", aseguró MDZ.
El gobernador prácticamente clausuró el debate en el mes de mayo cuando sostuvo que la minería era “un tema cerrado”.
De todos modos, en Mendoza creen que hay que "seguir muy de cerca la actividad de algunos empresarios" que ya comenzaron a contactarse con legisladores para intentar avanzar con el proyecto. A través del sector privado, el Gobierno tratará de ir sondeando el escenario.
El desarrollo de la minería era una de las patas sobre las cuales el gobierno Suarez pretendía pararse. Hoy, con una profunda crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus, vuelve un debate que se daba por cerrado.
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El Aconcagua se transformó en un depósito de excrementos

Fecha de Publicación: 21/08/2020
Fuente: elotro.com.ar
Provincia/Región: Mendoza


La Reserva Provincial presenta hoy una triste imagen: más de 200 cilindros abiertos que contienen materia fecal dominan el ingreso.  El gobierno debió retirar los recipientes hace varios meses. Una nueva muestra de desidia en la errática gestión ambiental.
La fotografía muestra un gran número de tachos de colores dispersos en un sitio de alta montaña. Para los que no conocemos el lugar, ni la lógica de ese paraje, la irrupción de los contenedores resulta extraña pero cabe suponer que es solo una eventualidad controlada. Contrariamente, para los que frecuentan y valoran el sitio la situación se resume en pocas palabras: desidia, inoperancia y abandono.
El paisaje pertenece al Parque Provincial Aconcagua y la foto fue tomada en la última semana. Lo que se aprecia es la entrada a la Reserva, ocupada en este momento por más de 200 contenedores con materia fecal humana, que se acumuló durante la temporada y que la Secretaría de Ambiente debió retirar en marzo.
Deportistas que tienen acceso al lugar, indignados con la realidad que presenta uno de los sitios más preciados del continente y del mundo, tomaron estas fotografías con la intención de denunciar lo que sucede. Con ese objetivo hicieron llegar las imágenes -y lo que hay detrás de ellas- a EL OTRO.
Los barriles que acumulan las heces de los andinistas y trabajadores de toda la temporada 2019-2020 están ubicados en el kilómetro 1223 de Ruta 7, en una playa que está a unos 50 metros de la misma y a 250 metros del Río Cuevas. A la mayoría de los barriles el viento les voló las tapas o los volteó, y todos desprenden los líquidos de su interior por orificios que poseen, generando un espectáculo repugnante.
La Secretaría de Medio Ambiente debió retirar los cilindros, que suman más de 80 toneladas, al finalizar la temporada. El trabajo consiste en bajarlos con helicópteros hasta Horcones y luego llevarlos en camiones hasta la planta de residuos de El Borbollón.  Los deportistas relataron que en los últimos años esta situación se ha repetido.
El caso suma otra foja en el expediente de la errática gestión ambiental a cargo de Humberto Mingorance, subsecretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial. La semana pasada este diario denunció el desmanejo de los residuos urbanos que se realiza en Ciudad, que no es más que una demostración contundente de lo que sucede con la basura en el Gran Mendoza y gran parte de la provincia. Además, el desfinanciamiento inexplicable por parte del gobierno del COINCE, planta modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos del Valle de Uco, no deja dudas de que el cuidado del ambiente no está entre las prioridades.
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Exigen un plan de salvataje de la flora y fauna del delta

Fecha de Publicación: 20/08/2020
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Litoral Argentino


Entidades ambientalistas pidieron al Estado nacional y provinciales aplicar un plan de contingencia por los incendios en humedales.
Agrupaciones socioambientales de todo el país exigieron al Estado Nacional y provinciales la pronta aplicación de un “plan de contingencia y salvataje de fauna y flora autóctona” afectada por la quema de humedales en el Delta del Paraná, y que se garantice la “recuperación y restauración del ecosistema”.
Más de 50 organizaciones socioambientales solicitaron a los Estados Provinciales y Nacional “la pronta atención a este requerimiento” por la emergencia que vive el delta del Paraná a raíz de los incendios de humedales.
“Entendemos que a más de 6 meses de haberse iniciado los primeros focos de incendios en el delta del Paraná, aún no se han utilizado todos los recursos necesarios para su combate definitivo, o estos no han sido suficientes para combatirlo”, dijeron en un comunicado.
Y remarcaron que hasta la actualidad “no se ha implementado un plan de contingencia y salvataje de fauna y flora autóctona que salvaguarde sus vidas y continuidad”.
“Es inminente, además, comenzar a establecer límites y prohibiciones inmediatas a los fines de garantizar una recuperación y restauración de estos ecosistemas”, añadieron los ambientalistas.
Por esa razón es que tras solicitar que se “apague el fuego” los ecologistas pidieron “atender y disponer de todos los recursos existentes en el combate del fuego en el delta del Paraná”.
También solicitaron la “atención y salvataje de flora y fauna autóctona”, y que se disponga “de forma urgente personal y áreas capacitadas para la detección, socorro, atención y posterior reinserción de especies nativas afectadas por las quemas”.
“A su vez, coordinar con las universidades nacionales y los centros de investigación del Conicet de la región, el relevamiento exhaustivo de la afectación del fuego sobre la flora, la fauna y el suelo de estos humedales”, añadieron.
Por otra parte, solicitaron que se prohíban “las actividades antrópicas en general, salvo las realizadas por los pobladores locales que son armónicas con el humedal, por un lapso mínimo de 3 años en la superficie del delta afectada por el fuego”.
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Los seis ejes en los que Argentina sentará el plan de desarrollo minero

Fecha de Publicación: 20/08/2020
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Minería de la Nación definió los ejes a trabajar entre todos los sectores, incluida la sociedad, para impulsar la actividad. Las decisiones serán claves en las economías regionales. Empleo, Medio Ambiente, Innovación, Competitividad, entre otros.
El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, dio a conocer el documento “Hacia una construcción de una visión compartida sobre la minería en Argentina”. Con este escrito, el máximo responsable de la política minera argentina invitó a los actores a participar de un proceso histórico para el desarrollo económico nacional y de la actividad minera.
“Asumir los desafíos que se presentan e impulsar el desarrollo de la actividad requiere de acciones consensuadas por todos los sectores de nuestra sociedad, orientadas a elaborar una propuesta de visión compartida y una serie de iniciativas públicas y privadas”, explica el funcionario sanjuanino.
El documento es la continuidad de aquella videoconferencia que impulsó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a cargo de Matías Kulfas, a fines de julio. En esa ocasión el Gobierno Nacional anunció el inicio del trabajo de una “mesa facilitadora” con la misión de debatir las prioridades que se deben atender para el desarrollo minero. Estará conformada por organismos del Estado Nacional, provincias, sindicatos, empresas, referentes de universidades, academias y la sociedad civil.
Para alcanzar una “minería sostenible, competitiva, inclusive e integrada”, la industria debe contener las siguientes prioridades de acción: “Institucionalidad y Desarrollo Minero”; “Competitividad regional”; “Minería y su relación con el ambiente natural”; “Cadena de valor e innovación”; “Desarrollo territorial y participación ciudadana”, y “Minería y Empleo”.
Nación adelantó que en el “diálogo a lo largo del proceso serán incorporados al documento general que dará origen al Plan Federal Minero propiamente dicho y buscará igualarse con países como Canadá, Perú o Chile, territorios de larga trayectoria minera que cuentan con una estrategia compartida y consensuada para el desarrollo”, que será una clara señal al capital inversor para que regrese al país.

Mapa minero
El potencial de la industria minera argentina y su capacidad para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país “es asombroso”. Argentina “no sólo se ubica en el sexto lugar mundial entre los países con mayores recursos mineros, sino que además las estimaciones oficiales dan cuenta que la superficie con posible desarrollo minero es de alrededor de 750.000 km2”. El 75% aún debe ser explorado.
El informe destaca que la cartera actual se compone de más de 329 proyectos. “Solamente la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado significaría una inversión de hasta USD 30.000 millones, la creación de más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por más de USD 11 mil millones al año”.
Así, provincias como “Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro y San Juan podrían hacer frente a la agenda post pandemia mejor posicionadas”. Inclusive territorios como Chubut y Mendoza que se declararon abiertamente anti mineros y prohibieron la actividad.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que Argentina no es un destino prioritario para la inversión minera. Las estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de Minería de la Nación hablan por sí solas.
Entre 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción: Cerro Moro y Don Nicolás, ambas ubicadas en el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Además, en la actualidad no existen proyectos a gran escala en construcción. En el mismo plazo, las exportaciones mineras pasaron de USD 5 mil millones a USD 3.2 millones, exhibiendo una reducción de un 36%.
Por último, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) señaló a La Opinión Austral que es “positivo trabajar para adaptar la industria a la idiosincrasia nuestra y lograr una minería con sello argentino”; “estamos abriendo el diálogo a la sociedad y hay ideas nuevas y distintas que les sirven al país y al inversor”
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Clausuraron una planta termoeléctrica en Pilar por contaminación sonora

Fecha de Publicación: 20/08/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Está a metros de una zona residencial en Villa Rosa, pegada también al municipio de Escobar. Pertenece a la empresa Araucaria.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (ODPS) y el Municipio de Pilar clausuraron la central termoeléctrica perteneciente a la empresa Araucaria, ubicada en la localidad pilarense de Villa Rosa, en el límite con Matheu, partido bonaerense de Escobar.
La medida fue concretada en base a las mediciones auditadas el pasado 1º de mayo, cuando funcionarios del OPDS constataron la contaminación sonora generada por la central termoeléctrica, tras una serie de denuncias formuladas por vecinos de Escobar y Pilar.
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, celebró la novedad y consideró que se trata de "un paso fundamental para el cierre definitivo de la planta y su consiguiente relocalización".
"Con las convicciones de siempre, seguimos trabajando por consolidar en nuestro distrito, y en toda la región, un ambiente sostenible. El crecimiento de nuestros municipios debe ir en consonancia con el respeto y cuidado por nuestros recursos naturales y el bienestar de nuestros vecinos", enfatizó.
Evaluó que "la lucha constante y coherencia obtienen hoy sus primeros resultados" debido a que "desde el primer momento peleamos por los derechos ambientales de escobarenses y pilarenses".
"Hoy tenemos, tanto en la provincia como en el municipio vecino de Pilar gestiones respetuosas del ambiente y de la calidad de vida de los bonaerenses", dijo y destacó también "el cambio de postura en los gobiernos de Provincia y Pilar".
Las plantas están ubicadas en la Ruta 25 y la calle Alborada, que oficia de límite con Escobar. Ese otro municipio había demandado a la Municipalidad de Pilar porque las plantas fueron permitidas a metros de su localidad.
El predio era una zona para usos residenciales y de clubes de campo o rurales. Pero el Concejo Deliberante de Pilar lo rezonificó como "Industrial Exclusivo", posibilitando de esa manera la instalación de las plantas, que son Industrias Contaminantes Grado 3. Todo fue avalado por el Gobierno provincial.
Finalmente la central se instaló en 2018, a pesar de las advertencias sobre su ubicación en una zona poblada y no rural, como es recomendable. Desde entonces, los vecinos grabaron varios videos en los que se escucha a las turbinas funcionando.
Contaron que a veces las prenden durante la noche, transformando una zona residencial y arbolada en un verdadero infierno. Porque las plantas están a apenas tres cuadras de barrios habitados.
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Medio ambiente: buscan que Argentina sea carbono neutral en 2050

Fecha de Publicación: 19/08/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional


Organizaciones ambientalistas presentaron un plan. Las energías renovables.
Desarrollo de energías renovables, transportes eléctricos, detener la deforestación y cambios en el sector agropecuario son algunas de las propuestas que organizaciones civiles y ambientalistas presentaron para llegar a la neutralidad de carbono para 2050 en Argentina, que hoy es uno de los 25 países que, según dicen, más gases de efecto invernadero emite, consigna la agencia Télam.
El informe “Elementos para una estrategia a largo plazo baja en carbono”, elaborado por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en colaboración con ClimateWorks Foundation y Fundación Vida Silvestre, advirtió que debe haber cambios en el sector energético y en el uso del suelo en el país para que la temperatura global promedio no se incremente en más de 1,5 °C con respecto a valores preindustriales.
Argentina es un país que a nivel global representa menos del 1% de las emisiones mundiales, lo que coloca al país entre los 25 más responsables del cambio climático.
Según explicó *Enrique Martu*a, integrante de FARN, Argentina tiene una matriz de emisiones donde el 56% proviene del sector energético, incluyendo el transporte, y el 37% viene del uso de la tierra (deforestación, agricultura, ganadería), mientras que el restante se reparte en procesos industriales (metalúrgico y cemento) y basura.
El informe establece que la descarbonización de la matriz productiva debería promover el uso racional y eficiente de la energía, la electrificación de la demanda de energía donde sea posible y la producción de electricidad a partir de fuentes renovables.
Este uso racional y eficiente de recursos debe implicar la transformación modal del transporte para luego pensar en una transformación tecnológica hacia vehículos eléctricos o a hidrógeno.
“En el sector energético, planteamos que hay un rango de combinaciones para obtener la neutralidad como impulsar el hidrógeno, la electrificación y los biocombustibles. Queremos mostrar factibilidad, que sea viable”, aseguró Martua.
*Carlos Tanides*, ingeniero eléctrico, de Vida Silvestre, aseveró que se debe trabajar sobre la demanda en el sector energético. “Es un tema descuidado en la Argentina y tiene un potencial gigantesco. Debemos activar políticas concretas para bajar el consumo. Para 2050 podríamos estar consumiendo la misma cantidad de energía que ahora y lograr eso tiene un costo menor que producir más energía”, afirmó.
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Inspectores paralizaron desmontes ilegales en los Dptos. Copo y Moreno

Fecha de Publicación: 19/08/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero


La Dirección de Bosques y Fauna, dependiente del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, realizó operativos en las localidades de El Caburé, Pampa de los Guanacos, Dpto. Copo y Otumpa, Dpto. Moreno, logrando paralizar desmontes que no contaban con la correspondiente autorización.
En El Caburé, dicha actividad se llevaba a cabo sin la autorización correspondiente, por un empresario ganadero, reincidente. Durante la actuación se logró paralizar un desarbustado de más de 100 hectáreas.
En la proximidad de la ciudad de Pampa de los Guanacos, se intervino en la detención de un desmonte de aproximadamente 120 ha., en el cual se detectó desmonte total con aprovechamiento de producto forestal. Se procedió al secuestro preventivo de la maquinaria, una topadora Caterpillar D7 con rolo desarbustador, paralizando totalmente la actividad ilegal.
Por último, unos kilómetros al norte de la localidad de Otumpa, se procedió a realizar las actuaciones al haberse detectado un desmonte ganadero sin autorización de aproximadamente 75 ha.
Se confeccionaron las correspondientes actas de infracción y secuestro en cada caso contra los responsables.
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El Movimiento Antinuclear Argentino calificó de "insólita y sin ética" la campaña infantil sobre héroes nucleares impulsado por Nucleoeléctrica Argentina, NASA.

Fecha de Publicación: 19/08/2020
Fuente: Diario Opinión
Provincia/Región: Nacional


MARA, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, calificó de "insólita y sin ética" la campaña infantil sobre héroes nucleares impulsado por Nucleoeléctrica Argentina, NASA.
NASA convocó a las niñas y niños que viven en cercanías de las centrales nucleares de Atucha I y Atucha II en la provincia de Buenos Aires, y Embalse en la provincia de Córdoba, a enviarle dibujos de héroes nucleares que luchan contra el coronavirus.
Córdoba, Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, 15 de agosto de 2020. MARA, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, calificó de "insólita y sin ética" la campaña infantil sobre héroes nucleares impulsado por Nucleoeléctrica Argentina, NASA. Lo hizo a través de un documento del que participó técnicamente FUNAM, la Fundación para la defensa del ambiente, ONG miembro del MARA.
NASA convocó a las niñas y niños que viven en cercanías de las centrales nucleares de Atucha I y Atucha II en la provincia de Buenos Aires, y Embalse en la provincia de Córdoba, a enviarle dibujos de héroes nucleares que luchan contra el coronavirus.
El MARA consideró que "toda campaña destinada a aumentar la prevención ante el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, la COVID-19, es bienvenida. Pero Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima "carece de ética para dirigirse a las niñas y niños que viven cerca de las centrales nucleares de potencia pues sus actividades descargan rutinaria y accidentalmente bajas dosis de materiales radiactivos que pueden afectar la salud de esas niñas y niños. Los tres reactores en operación representan además el peor riesgo tecnológico para las actuales y futuras generaciones, aún cuando dejen de operar".
Los miembros del MARA se preguntaron "cuál es sentido de relacionar héroes nucleares y  coronavirus, cuando la mejor lucha es la protagonizada por niñas, niños y adultos corrientes haciendo aislamiento social y manteniendo condiciones adecuadas de higiene. Esa ambigua caracterización solo induce a confusión, supuestamente para mejorar la maltrecha imagen de NASA y del sector nuclear argentino".     
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y miembro del MARA recordó que "en el hipotético caso de que cualquiera de las centrales nucleares de potencias sufra el peor accidente o evento nuclear, el llamado Nivel 7 en la escala del INES, podrían verse afectadas la salud de las personas y el ambiente en un radio de 500 kilómetros alrededor de cada reactor siniestrado".
"Peor aún, los residuos altamente radiactivos que van dejando las inseguras operaciones de los tres reactores nucleares de potencia de Argentina, se almacenan en depósitos vulnerables que mantienen su riesgo por más de 240.000 años (1). Una verdadera pesadilla. Cuando dejen de operar las tres centrales sus depósitos altamente radiactivos serán siendo peligrosos por milenios".
"Basta que un avión comercial de gran porte impacte por ejemplo en el parque de silos de la central nuclear de Embalse, donde se almacena el altamente radiactivo combustible nuclear agotado, para que se produzca un evento equivalente a varios Chernobyl. Cada año hay más silos, más combustible agotado altamente radiactivo, y más riesgo".
Silvana Buján de BIOS, otra de las organizaciones que integran el MARA, sostuvo que Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima "nunca se preocupó por preparar a la familias que viven hasta 500 kilómetros de cada central nuclear de potencia, y que podrían sufrir los efectos de un hipotético peor accidente o evento. Durante años han venido haciendo deficientes simulacros para accidente nuclear leve unos 10 kilómetros alrededor de cada central nuclear. Las familias de las niñas y niños que vivían y viven fuera de ese radio de 10 kilómetros nunca fueron informadas de los riesgos, ni preparadas".
FUNAM señaló además que hubo en el pasado "visitas organizadas de alumnas y alumnos de escuelas primarias a las centrales nucleares de potencia, lo que es una aberración pues cualquier central puede sufrir un accidente o evento extremadamente grave. Ninguna autoridad educativa permitiría que sus alumnas y alumnos visitaran las instalaciones de un complejo petroquímico en pleno funcionamiento en Campana o la ciudad de Río Tercero, pero sí han permitido tales visitas a reactores nucleares. Las áreas gubernamentales de educación deben revisar este absurdo para que no se siga arriesgando la salud y la vida de niñas y niños. Si no lo hacen serán co responsables".
Agustín Saiz del Movimiento Antinuclear de Zárate-Campana, un colectivo miembro del MARA, recordó que "en el Ministerio de Salud de Ucrania, de las 2.397.863 personas inscriptas para recibir tratamiento médico como consecuencia del accidente de Chernobyl un total de 453.391 son niñas y niños. Aunque estos pequeños no nacieron en la zona del accidente ocurrido en 1986, sus padres –que eran niños entonces- sufrieron los efectos de la contaminación radiactiva. Hoy esas 453.391 niñas y niños sufren anormalidades genéticas, malformaciones, cáncer y otras patologías. Nosotros no queremos que esto nos pase a nosotros en Argentina. La campaña de los héroes nucleares impulsada por Nucleoeléctrica Argentina es una burla peligrosa y siniestra".   
El Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) recordó que si algo caracteriza a la industria nuclear en Argentina y otros países "es el crónico ocultamiento de sus gravísimos riesgos, mantener en secreto los accidentes y brindar información falsamente tranquilizante. Es usual que repitan que las descargas rutinarias de materiales radiactivos al ambiente respetan la normativa vigente, sosteniendo, falsamente, que tales descargas son inocuas. La población debe saber que no hay ningún valor inocuo de radiación ionizante –radiación ionizante es la que liberan los materiales radiactivos. Cualquier valor es de riesgo conforme lo establecieron claramente las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos en el documento BEIR VII Segunda Fase".
"Si Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima quiere hacer algo por las niñas y niños de Argentina debe decir la verdad, y preparar a esas niñas, niños y sus familias -que viven en un radio de 500 kilómetros alrededor de cada central nuclear de potencia- para que puedan actuar ante un eventual Chernobyl local", indicó Fabiana Vega del MAR, otro colectivo del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA).
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El auto eléctrico avanza a paso lento en el mercado argentino

Fecha de Publicación: 18/08/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


 Poco a poco, en la Argentina se empieza a hablar del auto eléctrico. Lejos todavía de la presencia que este tipo de vehículos tiene en China, -que es donde más se vende-, en Estados Unidos o en algunas plazas europeas, nuestro país inicia su camino hacia lo que se estima será la tecnología automotriz por excelencia en un futuro no tan lejano.
Por el momento, las marcas internacionales que comercializan modelos eléctricos en el mercado doméstico son Renault, con su Kangoo ZE; Nissan, con su Leaf, y Porsche, con su Taycan. Además, Audi anunció que traerá dos modelos de la familia E-Tron, en versión SUV y Sportback. A su vez, hay dos empresas argentinas que empezaron a fabricar los suyos: Volt Motors, en Córdoba, y Sero Electric, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires (una tercera, Coradir, de San Luis, anunció que tendrá su auto listo para fin de año).
Según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), de la Asociación de Concesionarios de la Argentina (Acara), entre enero y julio de este año se vendieron 19 vehículos eléctricos, lo que representa el 0,01% del mercado, y su crecimiento respecto de igual período de 2019 fue de 5,56%.
Es que los eléctricos siguen, por ahora, lejos de sus "primos", los híbridos, que funcionan a nafta y a electricidad. En las estadísticas de Siomaa, estos últimos captaron 0,77% del mercado entre enero y julio, con un crecimiento de 104,72% respecto de igual lapso de 2019. En esta categoría se destaca Toyota, con los modelos Prius, Lexus, Corolla y CH-R, y también están Ford, con Mondeo y Kuga; Hyundai, con Ioniq, y Mercedes Benz, que lanzó GLC 350e, su híbrido enchufable.
Roberto Stazonni, PMS del segmento de electromovilidad en ABB, empresa dedicada a electrificación y orientada a movilidad eléctrica en los últimos años, comenta que el mercado del auto eléctrico en la Argentina es incipiente, pero con mucho potencial de crecimiento. "Además, es necesario para la preservación del medio ambiente; en Europa ya se incentiva con regulaciones y que pronto llegará acá", señala.
Daniel Parodi, CEO de Volt Motors, coincide en que el mercado de la movilidad eléctrica urbana en la Argentina está en una etapa incipiente y tiene una alta potencialidad. "El hecho de que el país cuente con un vehículo de desarrollo nacional homologado, como el de Volt Motors, ya lo inscribe dentro de las naciones comprometidas con la producción de automóviles sostenibles", subraya el ejecutivo.
Parodi opina que los vehículos eléctricos están llamados a reemplazar, gradualmente, a los de combustión tradicional. "Creemos que desafían esquemas y generan un nuevo paradigma de movilidad, al ofrecer un nuevo segmento dentro de lo que son los city cars. Son una nueva opción para quienes buscan una movilidad más económica, amigable con el ambiente y que integra alta tecnología con economía del conocimiento", destaca.
Claro que el auto eléctrico también enfrenta limitaciones, que demoran u obstaculizan su avance: la primera de ellas está relacionada con el precio, que por el momento es superior al de un vehículo convencional, y la segunda está vinculada a la falta de infraestructura para la carga en la vía pública.
Respecto del precio, un factor que influye mucho a nivel local es la carga impositiva: los autos están alcanzados por impuestos internos, que los lleva a tener una alícuota del 20% del valor de venta al público si su valor es de entre $1,3 millones y $2,5 millones, y del 35% si cuestan más de $2,5 millones de pesos (datos actualizados a mayo de 2020).
De todos modos, Stazzoni hace hincapié en que si se analiza el precio desde el punto de vista del costo del total del capital y se internalizan los costos ambientales y de salud que generan los vehículos que contaminan, el valor pasa a ser relativo. "Una ganadería sustentable da como resultado que el kilo de carne sea más caro que el que produce una ganadería no sustentable, pero su contribución al ambiente es invaluable", argumenta el experto.
En cuanto a la limitación referida a la falta de infraestructura para la recarga, hay que tener en cuenta que solo sería necesaria para quienes usen el auto eléctrico para distancias superiores a los 300 kilómetros, ya que la carga que se hace en el hogar (como la de un teléfono celular, por ejemplo) permite una autonomía de 250/300 kilómetros. "El problema se da cuando se extiende ese rango; entonces ahí lo que hay que hacer es colocar cargadores rápidos en la vía pública, los llamados 'de oportunidad', en las ciudades y en puntos intermedios entre grandes ciudades", explica Stazzoni.
Pablo Roca, director de Marketing de Nissan Argentina, opina que el auto eléctrico ganará su lugar. "El Leaf es la máxima expresión de lo que para nosotros es el futuro de la movilidad. Estas características propias del auto se reflejan en nuestra visión de marca, que definimos como Nissan Intelligent Mobility, y que puede resumirse en nuestra forma de mirar hacia el futuro, respecto de cómo los autos serán conducidos (de manera autónoma), propulsados (de manera 100% eléctrica) y conectados (integrados con la sociedad)", dice.
El optimismo por lo que sucederá con esta tecnología en el país se puede ver en las proyecciones de producción que elaboró Volt Motors. "En una etapa de maduración del mercado y de nuestra empresa, es decir, en unos tres años, prevemos la producción y comercialización de 3000 unidades entre ambos modelos por año. Este año prevemos alcanzar un nivel de producción equivalente al parque actual de eléctricos en el país, es decir de entre 60 y 100 unidades", cuenta Parodi.
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En plena zafra, Tucumán pasó la prueba y no hay contaminación en Río Hondo

Fecha de Publicación: 18/08/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


Lo anunció Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente de la Provincia. Tucumanos y santiagueños tomaron muestras de la cuenca.
Junio y julio son los meses rojos para la contaminación en la cuenca Salí-Dulce. Es la época de plena zafra sucro-alcoholera en la provincia, y en la que cualquier desajuste en los valores normales del agua, principalmente del embalse Río Hondo, puede significar un conflicto con la vecina provincia de Santiago del Estero, con la que Tucumán mantiene una disputa judicial de casi 10 años.
Este 2020 sumó un nuevo desafío para sostener los valores en los parámetros admitidos para la calidad del agua. Pero los resultados han sido altamente positivos, afirmó *Alfredo Montalván*, secretario de Medio Ambiente de la Provincia.
“A pesar de la pandemia y de la cuarentena, redoblamos esfuerzos para seguir tomando muestras periódicas y monitorear la calidad del agua. No dejamos de hacerlo en ningún momento y, de hecho, ya hemos superado ampliamente la cantidad de muestras de 2015, que fue cuando más hicimos”, celebró el funcionario.
El hecho de redoblar esfuerzos a pesar de la cuarentena respondió a una necesidad y a un temor que estuvo latente. “Por todo el trastorno que significó la cuarentena, con las fábricas a media máquina, con una dotación mínima o directamente nula de personal, los ingenios arrancaron la zafra sin la preparación previa necesaria para el tratamiento de sus efluentes. Por lo tanto, debimos estar más atentos que nunca para evitar problemas”, detalló Montalván, y se refirió a cuáles serían esos
problemas: “en virtud de un acuerdo que tenemos con Santiago del Estero, a partir de la denuncia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de 2011, cualquier desajuste en los parámetros del agua puede significar que se paralice totalmente la producción del alcohol. Es el compromiso que asumió la Provincia y las empresas locales y si no se hacen las cosas como corresponden, la Corte manda que paralicemos la producción de alcohol inmediatamente”, advirtió.

Los valores
El oxígeno disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en el agua y es fundamental para la vida de los peces, plantas, algas, y otros organismos; por eso, se considera un indicador de la capacidad de un río para mantener la vida acuática.
En los 11 sitios de muestreo los valores de oxígeno disuelto en el agua dieron por encima de los 2 mg/l. Los puntos más críticos son las desembocaduras de los ríos en el embalse, donde los valores dieron un rango de entre 0 y 2 mg/l, como en el caso de la desembocadura del río Troncal.
*Juan González*, especialista en medio ambiente, también interpretó como positivos los valores publicados por la Secretaría que comanda Montalván, aunque advirtió que algunos puntos están sin datos y en otros, como el arroyo Mista en Los Romanos, el OD desciende a un rango de entre 0.5 y 1 mg/l. “Esto puede indicar que estén ingresando contaminantes”, señaló.
Según Montalván, es normal que se den esos valores en algunos tramos de los cauces, pero que luego se recuperan los índices normales. “Lo más importante de todo son los valores dentro del embalse y dieron muy bien. De hecho, muchas de las muestras fueron tomadas por los mismos santiagueños, porque a muchos puntos de medición no podemos acceder por las restricciones del aislamiento”, informó el funcionario. Además, explicó, los puntos sin datos se deben a la imposibilidad de acceder en estos momentos.
“Nosotros cada tres meses tenemos que informarle a la Corte el estado de la cuenca. Y estamos muy tranquilos y trabajando en conjunto, y con
confianza, con los vecinos santiagueños. Por supuesto, el monitoreo es
una tarea permanente que vamos a seguir haciendo”, finalizó el funcionario.
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El caso Pergamino, 'un límite simbólico' a las fumigaciones en todo el país

Fecha de Publicación: 18/08/2020
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Pergamino es centro de una batalla entre la Justicia y uno de los sectores del agronegocio más poderoso del país. Con el procesamiento de siete productores, se abren las puertas para que empiece a haber condenas frente a excesos en la aplicación de agroquímicos.
El avance de una causa judicial, en Pergamino, bien al norte del mapa bonaerense, puede abrir un nuevo paradigma con respecto al uso de los agroquímicos en la provincia y en el país. Así lo entienden ambientalistas y defensores del derecho a la salud, pero también los actores del negocio, que ayer emitieron un fuerte comunicado con el que se pusieron en alerta.
La novedad es el procesamiento de cuatro productores rurales que fumigaron ilegalmente a metros de dos barrios de la localidad del norte bonaerense, y que se suman a otros tres procesamientos dictados el año pasado. Esas medidas judiciales abren las puertas a algo impensado hace algunos años: que el Estado, en este caso la Justicia, le ponga límites al agronegocio, sancionando tanto a los autores materiales como a los responsables políticos.
En septiembre del año pasado, el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a manos del juez Carlos Villafuerte Ruzo, le ordenó al intendente Javier Martínez (Juntos por el Cambio) detener las fumigaciones e impuso una distancia mínima para las pulverizaciones en los campos, de más de 3 mil metros para su aplicación aérea, y más de 1500, en forma terrestre. El incumplimiento de ese fallo es la causal de los siete procesamientos.
Además, ese mismo año, el juez de la causa citó a indagatoria al jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, Mario Tocalini y Guillermo Naranja, los funcionarios municipales que debían controlar el uso responsable de las fumigaciones.
Las señales de la justicia frente a uno de los sectores más poderosos en la economía nacional, genera entusiasmos y una lectura clara: el caso Pergamino tiene un “peso simbólico” para el resto del país”.
Así lo cree el vicepresidente de Greenpeace en la Argentina, Martín Santos. Un abogado ambientalista que, además, es oriundo de esa localidad. “Esperamos que esto pueda ser utilizado como un punto de inflexión que simbólicamente marque un límite para el resto de los productores”, le cuenta a INFOCIELO, y agrega: “Es posible que así, el resto que hasta ahora no tenía ningún tipo de recaudos, se sienta tocado”.
Santos toma el ejemplo que ocurrió con la multinacional y líder en productos para el agronegocio, Bayer-Monsanto, que en junio de este año anunció que llegó a un acuerdo con miles de víctimas de las fumigaciones por un total de 11 mil millones de dólares.
Fue a raíz de las consecuencias ambientales y a la salud de miles de personas por el uso de RoundUp, Dicamba y el hallazgo de agua con PCB.
“Si se toma lo que sucedió en Estados Unidos, donde después de los primeros fallos hubo un impulso muy grande de los estudios jurídicos y de los reclamos a la justicia se multiplicaron, podemos esperar que la fuerza simbólica de este fallo (en Pergamino) tenga un efecto multiplicador para que más personas afectadas tengan el derecho de que se les reconozca el daño que le generaron, y así se termine de una vez por todas esta locura”, enfatiza el directivo de Greenpeace.
Pero para comprender realmente la importancia de lo que ocurre en Pergamino, es necesario un poco de contexto y de datos.
Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en la Argentina se fumigan anualmente 28 millones de hectáreas, con un equivalente a más de 300 millones de litros. Esta increíble cantidad de diferentes agroquímicos, de los cuales al menos 107 son considerados “altamente peligrosos” por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), son esparcidos a pocos metros de la población rural y urbana.
Con estos números, Argentina se convierte así en uno de los países donde más se fumiga en el mundo, si se tiene en cuenta la cantidad de hectáreas afectadas y el número de población.
De hecho, se calcula que son al menos 13 millones de personas las que están constantemente expuestas a las fumigaciones. Una realidad que se vive en carne propia en Pergamino, con el testimonio de cientos de personas de los barrios de Villa Alicia, La Guarida, Santa Julia y Luard Kayard, que denuncian un incremento de casos de cáncer y otras enfermedades.
Al respecto, recientemente el titular de la Cátedra de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi, confirmó que en sus denominados “campamentos sanitarios” realizados en pueblos fumigados de Santa Fe, se encontraron localidades con 386 y hasta 786 casos de cáncer por cada 100 mil habitantes. Una estadística que, en los términos estándar, registra solo 206 casos por cada 100 mil personas.
Vale aclarar que en el país, no existe estadísticas oficiales respecto a cuánto se fumiga y cuántos casos de cáncer existen en lugares expuestos a los agroquímicos. Ante esa ausencia, los ambientalistas encontraron la forma de calcularlo a través de algunos datos que se arrojaron (al menos por un tiempo) por parte de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).

La primera condena por envenenamiento en la historia
A pesar de que son millones las personas afectadas por las fumigaciones (una acción que significa solo una parte del agronegocio, que fomenta el desmonte, la concentración de la tierra y la pérdida de la soberanía alimentaria), la mirada respecto al cuidado de la tierra sigue siendo subestimado por gran parte de los gobiernos de turno, así como también de la comunidad científica y los medios de comunicación.
Por supuesto, en este sistema que parece “dejar hacer” a costa de la contaminación y la enfermedad de la gente, también entra la justicia. Son pocos e inéditos los casos en donde se dan fallos que condenan a los fumigadores y protegen a las verdaderas víctimas. De hecho, la primera vez que se enjuició en el país a productores acusados de envenenar a la población fue en 2012, luego de que un tribunal cordobés ordene la detención de dos propietarios tras una larga lucha de las denominadas “Madres de Ituzaingó Anexo”.

Pergamino: agroquímicos en el agua y daño genético
El fallo histórico que se dio en Pergamino se sumó a esa excepción y abrió un camino para otros conflictos ambientales de la zona, así como en toda la Argentina.
El contexto, tampoco es menor: la localidad es una de las zonas en donde más se concentra el monocultivo de soja en toda la provincia. De las 300 mil hectáreas que tiene el partido, el 60% por ciento está destinado a la plantación de la soja transgénica, hecho que atrae a bastas empresas nacionales y multinacionales ligadas al agronegocio.
Lo expuesto en la causa a cargo de Villafuerte Ruzo y el fiscal Matías Di Lello, se basó en varios estudios, entre ellos un informe del equipo de Toxicología de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la presencia de 18 tipos de agroquímicos en las napas de agua en los barrios peritados, así como también en sangre de los vecinos de esa zona.
La contundencia en las medidas que tomó la justicia federal, se plasmaron el 5 de agosto de 2019, luego de que un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volviera a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agregó la verificación del daño genético que sufre una familia entera por encontrarse expuesta a las constantes fumigaciones.
Algo que ya se había instalado a raíz de un trabajo realizado por el científico fallecido, Andrés Carrasco, quien llegó a presidir el CONICET y que comprobó cómo los agroquímicos en sangre producen desde muerte celular hasta malformaciones.
Por todo esto, el pasado 6 de agosto, el juez Villafuerte Ruzo procesó a otros cuatro productores rurales por fumigación. Así, el total de los procesados son: Fernando Esteban Cortese, José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattin, Hugo Ariel Sabattini, Víctor Hugo Tiribo y Mario Roces.
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Vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental: de qué se trata el Acuerdo de Escazú

Fecha de Publicación: 17/08/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Durante la cuarentena, se hizo evidente nuestra relación con el medio ambiente y con la sobreexplotación extractiva, contaminante e insostenible que deteriora cada vez más los ecosistemas y nos expone a la emergencia de enfermedades zoonóticas
El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental y es la base del Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
En el documento, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), se sentaron las bases para el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, entre otros grandes temas.
La pandemia por SARS-CoV-2 nos deja un planteo fundamental ante una crisis de valores impostergable. Debido a la cuarentena que vivimos como medida preventiva a la pandemia de COVID-19, los abrazos a nuestros familiares hoy tienen otra valoración y la posibilidad de ver a nuestros seres queridos adquirió una nueva dimensión, de la misma manera que reivindicamos y reconocemos a la solidaridad y la empatía como protagonistas para salir adelante y superar la situación.
Sin embargo, durante la cuarentena, otro aspecto se hizo evidente y adquirió una relevancia inusitada: nuestra relación con el medio ambiente y con la sobreexplotación extractiva, contaminante e insostenible que deteriora cada vez más los ecosistemas y nos expone a la emergencia de enfermedades zoonóticas, además de degradar el medio ambiente en que vivimos.
A nivel local, los constantes desmontes y deforestación en el norte de nuestro país, el conflicto con la minería, los incendios en las islas del Delta, la pesca ilegal en el mar Argentino y la pesca indiscriminada durante la bajante histórica del Rio Paraná, fueron y son acontecimientos que matizan la cuarentena generando un amplio repudio viralizado dentro de la sociedad, ONGs y activistas ambientales.
Esta situación se extiende en el espacio y el tiempo cuando recordamos los incendios intencionales y devastadores que representaron la pérdida de más de 2,5 millones de hectáreas sólo en el mes de agosto de 2019 en el Amazonas, los conflictos con la megaminería en varios países de América Latina, que provocaron en nuestro país el desastre de Jáchal, la tala para madera ilegal y desforestación descontrolada para agroindustria en la región, las inundaciones e incendios debido al cambio climático en nuestro país, y, lo mas preocupante, el asesinato de activistas ambientales que defienden los recursos de tierra y agua frente a los intereses de minería, agronegocios y combustibles fósiles.
La OMS estima que la degradación ambiental es responsable de 23% de todas las muertes en el mundo y de acuerdo a la ONG Global Witness, el año 2019 representó un récord, de una tendencia en aumento, con 212 asesinatos registrados de activistas ambientales, a pesar de que muchos casos no son documentados o son silenciados con amedrentamientos.
Más de dos tercios de estos asesinatos ocurrieron en América Latina, principalmente en Colombia, lo que nos convierte en la región mas peligrosa a nivel mundial. El medio ambiente comienza a ser un nuevo punto de conflicto para los derechos humanos por la demanda continua de productos como madera, minerales y aceite de palma. Según el informe de Global Witness, el 40% de los defensores asesinados eran indígenas, a pesar de que estas comunidades representan solo el 5% de la población mundial, sus territorios representan el 20% del planeta, de acuerdo a la ONU. Cada vez se utilizan métodos más violentos para apropiarse de las tierras, debido a que están generalmente intactas con una vasta riqueza en recursos naturales que las coloca en la mira de los intereses explotadores de grandes industrias.
Todos estos acontecimientos causan impotencia y repudio generalizado ante los hechos de vandalismo y sobreexplotación ambiental y ponen en relieve la orfandad y falta de herramientas de las comunidades locales a la hora de frenar estos abusos. En el marco de este reclamo silencioso que cada vez se hace mas fuerte surge el Acuerdo de Escazú como un instrumento internacional que articula el derecho a vivir en un ambiente sano como derecho humano.
El “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido Acuerdo de Escazú por la cuidad Costarricence donde fue adoptado en marzo de 2018, es un nuevo acuerdo vinculante de derechos ambientales para América Latina y el Caribe y un instrumento jurídico pionero que promueve la democracia ambiental integrando a grupos históricamente excluidos y comunidades más vulnerables, dando respuestas a algunos de los conflictos más urgentes del desarrollo que explota intensivamente los ecosistemas en la región.
El documento de Escazú tiene tres pilares fundamentales: El derecho del público a la información en temas ambientales que determina que cualquier persona tiene derecho a acceder a la información pública en manos del Estado. Para ello el Estado debe promover la elaboración de informes en formatos y lenguajes accesibles para todos los interesados y hacer que la información sea disponible con restricciones excepcionales, contempla, además, mecanismos de revisión independientes para facilitar la transparencia.
El derecho del público a participar en las los procesos de toma de decisiones ambientales que propone la participación del público y las comunidades locales en la toma de decisiones en materia de gestión y actividad ambiental y en sus revisiones desde etapas tempranas, promoviendo un Estado proactivo en la convocatoria especialmente de grupos locales y/o vulnerables con mecanismos alternativos de solución de controversias.
Y el acceso a la justicia en asuntos ambientales que asegura el derecho a impugnar y recurrir en situaciones donde se vulnere los derechos anteriormente mencionados, y el derecho a un recurso operativo en daños ambientales que afectan negativamente los derechos humanos de las comunidades estableciendo las garantías y condiciones para que el acceso a la justicia sea efectivo con posibilidad de medidas cautelares y medidas reparatorias del daño. Es el primer acuerdo que empodera a los defensores del medio ambiente estableciendo obligaciones que garanticen un entorno seguro y propicio para actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad promoviendo todos sus derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo Escazú incluye un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos y, además, evaluaciones independientes de desempeño ambiental, como prioridad para la gestión racional de productos químicos y desechos, ya que, si bien los productos químicos contribuyen al desarrollo, su manejo inadecuado puede crear fuentes peligrosas de contaminación para las comunidades y el medio ambiente.
Ya existe un referente al Acuerdo de Escazú y es el Convenio de Aarhus que incluye actualmente los 27 países de la Unión Europea y otros 51 Estados de Europa y Asia Central como Estados parte. Este convenio regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Contempla, además, el Registros de Emisiones y Transferencias de Sustancias Contaminantes (Protocolo de Kiev). El Convenio de Aarhus, al igual que el Acuerdo de Escazú, no representan sólo un acuerdo medioambiental, sino también un acuerdo sobre la responsabilidad del gobierno, la transparencia y la capacidad de respuesta. La experiencia del Convenio de Aarhus, vigente desde el 30 de octubre de 2001, demostró ser viable y positiva para el desarrollo de la democracia ambiental, revelando que la participación es un proceso vital para el éxito de las iniciativas. El Convenio de Aarhus ha sido un modelo en las aspiraciones del Acuerdo Escazú que fue adaptado a las necesidades y particularidades de nuestra región.
Argentina lideró desde el 2013 el proceso de negociación que ocurrió en el marco de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). El Acuerdo se abrió para firmas durante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2018. Actualmente ha sido firmado por 22 países (incluida Argentina) y se necesita que 11 países ratifiquen para que el acuerdo entre en vigor. Hasta la fecha 9 países han ratificado y nuestro país tiene plazo para hacerlo hasta el 26 de septiembre próximo. Ratificar el Acuerdo de Escazú representaría para nuestro país, la adquisición de un nuevo instrumento de resolución democrática de conflictos ambientales cada vez más frecuentes y visibles.
Sin una gestión segura de sustancias y materiales, sería imposible lograr igualdad, justicia y dignidad humana para todos. Colocar los derechos humanos en el centro de la acción ambiental es crucial, asumiendo que el desarrollo sostenible sólo puede lograrse con la participación de todos los sectores involucrados preservando los ecosistemas en una convivencia armónica y respetuosa con las demás formas de vida que habitan nuestro planeta.
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Ave en riesgo de extinción ahora será protegida como un monumento natural

Fecha de Publicación: 17/08/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


El proyecto de ley impulsado por la Defensoría del Pueblo también obtuvo ayer el aval del Senado. Ahora sólo resta su promulgación. Quienes infrinjan la normativa, serán pasibles de abonar elevadas multas.
Investigadores del Cecoal (Conicet-Unne) en marzo del 2016 realizaron una publicación sobre una especie endémica de Sudamérica, que vive en los esteros correntinos y que está en peligro de extinción. En base a esos estudios, el Defensor del Pueblo, César Vallejos Tressens, propuso declarar al ave capuchino Iberá como un monumento natural de la provincia para así poder protegerlo. En noviembre del año pasado, Diputados aprobó  el proyecto. Ayer, también lo hizo el Senado.
Adrián Di Giacomo y Cecilia Kopuchian fueron los profesionales que años atrás descubrieron que esa especie habitaba en esta zona y por determinadas características que tienen los ejemplares que viven en el área de reserva de Corrientes la denominaron capuchino Iberá.
En aquella oportunidad,  la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn) y Birdlife International también la incluyeron en la lista roja que publican cada año para advertir sobre las especies que se consideran más amenazadas en todo el mundo.
Teniendo en cuenta que esas aves que están en riesgo de extinción vuelan en el cielo correntino, el Defensor del Pueblo provincial, César Vallejos Tressens, envió a la Legislatura un proyecto para que se declare a la especie como monumento natural de Corrientes y generar así un marco legal para protegerla.
Fue así que esa propuesta obtuvo media sanción en la última sesión del período ordinario de la Cámara de Diputados de la Provincia.
Mientras que ayer, el Senado también otorgó su aval. Por lo que sólo resta su promulgación. Y una vez que entre en vigencia contemplará una serie de medidas que van desde la profundización de los estudios sobre la especie hasta la concreción de multas para todos aquellos que dañen a los ejemplares considerados monumentos naturales de Corrientes.
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Toma impulso proyecto de humedales que inquieta al Gobierno y empresarios

Fecha de Publicación: 17/08/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional - San Juan


La iniciativa comenzó a debatirse en comisión y de avanzar podría afectar la actividad minera local.
El comienzo del debate el martes de la semana pasada en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de ley para proteger los humedales, que son los grandes reservorios de agua dulce, trajo preocupación en el Gobierno provincial y en los empresarios vinculados al sector minero. Es porque, entre otros aspectos, la iniciativa plantea la confección de un inventario nacional y la determinación de áreas de preservación en las que no se podrán llevar adelante algunas actividades, como podría ser la minería. Por el tema ya hubo dos encuentros con la participación de funcionarios del área y legisladores nacionales por San Juan.
Los humedales son las áreas en las que se acumula el agua o se inundan en algunos períodos y son importantes para el desarrollo de la flora y la fauna y para prevenir las consecuencias del cambio climático. Pero, a raíz de la quema en las últimas semanas de los humedales en el Delta del Paraná, con focos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación apuró el tratamiento en comisión de una ley de "Presupuestos Mínimos Para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales". En el caso de San Juan, según dijo Laura Asandri, directora de Articulación Institucional de la Secretaría de Ambientales, las principales zonas de humedales son el Parque Sarmiento, en Zonda; las Lagunas de Guanacache, en Sarmiento; y las vegas en la cordillera sanjuanina.
La preocupación que existe, aunque en el Gobierno son cautos con el tema, es que si avanza la iniciativa y se llegan a determinar zonas en las que no se podrán llevar adelante actividades económicas, como la minería, puedan llegar a afectarse la llegada de nuevos proyectos. Y justo cuando por la pandemia y para reactivar la economía hacen falta la llegada de inversiones, el proyecto legislativo puede llegar a desalentar el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Desde el Ministerio de Minería de San Juan dijeron que se está convocando a todos los sectores interesados en el tema, incluidos todos los legisladores nacionales, para avanzar en un debate y tomar una posición común frente al tratamiento legislativo.
Desde la Cámara Minera, Mario Hernández, que participó en la última reunión, dijo que "en primer lugar creo que los recursos de las provincias deben ser administrados por las provincias pero, además, en esta etapa los diputados deberían estar más abocados al tratamiento de proyectos que tengan que ver con el desarrollo y la inversión y no con estos temas. Ya hay legislación sobre los recursos hídricos y hay que dejar que las provincias controlen sus propios recursos".
Asandri agregó que "la legislación no debe ser una traba para el desarrollo sustentable, sino que debe permitir el desarrollo productivo de las distintas regiones".
El último encuentro tuvo lugar el martes en la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, con la participación de funcionarios del Ministerio de Minería, de la Secretaría de Ambiente, Cámara Minera de San Juan y los seis diputados nacionales por San Juan.
En la actualidad hay al menos tres proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación y la intención en el debate en comisión es unificar una sola iniciativa, para que luego se trate en el recinto.

Mecanismo
Para que el proyecto avance en Diputados, primero debe tratarse en la Comisión de Recursos Naturales del cuerpo. Luego, cuando la iniciativa tenga despacho favorable, recién podrá ser tratada en el recinto en una sesión. Los diputados por San Juan pueden intervenir en las dos etapas.
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